Centenares de hondureños disfrutaron de concierto ''voces contra el golpe''
En el concierto, organizado por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del 28 de junio pasado, intervinieron grupos de teatro, cantantes y agrupaciones musicales de Venezuela, Argentina, Nicaraguay y hondureños.
Corte Suprema de facto hondureña rechaza propuesta de Arias
TeleSUR _ Hace: 07 horas
"Cualquier arreglo de tipo político que se derive del Acuerdo de San José, no obstante su objetivo de lograr la unidad y reconciliación nacional", debe implementarse "bajo el amparo de la Constitución y las leyes" de Honduras, señala un comunicado difundido este domingo por la Corte.
En el texto, el órgano judicial sentencia que no aceptará la solución negociada que sugirió el mandatario costarricense desde la capital de su país, como alternativa para terminar con la crisis originada por el golpe de Estado, por considerarla fuera de la Legislación local.
"Sería un auténtico contrasentido" que el acuerdo se implementara fuera de la Legislación hondureña, refiere en el comunicado la Corte.
El plan Arias contempla la creación de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, encabezado por el presidente derrocado por el golpe militar, Manuel Zelaya, el adelanto de las elecciones, una amnistía para los delitos políticos, una comisión de la verdad y otra de verificación, entre otros aspectos.
La vicecanciller hondureña de facto, Martha Alvarado, dijo a la prensa que los cancilleres son "bienvenidos", pero reiteró que el retorno de Zelaya, como lo contempla el acuerdo de San José, "no es negociable" y que "la comunidad internacional no puede imponerle a un país lo que sea por encima de las leyes".
La administración de Roberto Micheletti y todos los entes que se desglosan de ésta, se desenvuelven en el marco de la ilegalidad, por ser un gobierno instaurado fuera de los estatutos que contempla la Constitución de Honduras, a partir de un golpe de Estado.
La OEA ha anunciado que enviará este lunes una comisión para dar un nuevo impulso a sus gestiones en Honduras y convencer al gobierno de facto de que acepte el Acuerdo de San José.
Según la agenda, la delegación de la OEA tenía planeado reunirse en Honduras con distintas instancias públicas y privadas con el fin de impulsar la firma del Acuerdo de San José.
La misión está compuesta por el secretario de Estado de Canadá para Asuntos Exteriores en el continente americano, Peter Kent; y los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana; Costa Rica, Bruno Stagno; Jamaica, Kenneth Baugh; México, Patricia Espinosa; República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, y Panamá, Juan Carlos Varela.
CIDH: Gobierno de facto tiene obligación de investigar y juzgar a responsables por violaciones
TeleSUR _ Hace: 1 dia
El informe, que fue leído por la presidenta del ente, Luz Patricia Mejía, indicó que en caso de que las autoridades hondureñas omitan estas obligaciones, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es un organismo autónomo, deberá emprender las acciones pertinentes para proteger la vigencia de esas garantías.
El reporte destaca el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las manifestaciones contrarias al gobierno de facto, la mayoría de las cuales, reconoce, fueron pacíficas.
La misión constató "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", que se ha manifestado en contra de la instalación de un gobierno de facto, surgido luego del golpe de Estado contra el presidente legítimo de ese país, Manuel Zelaya.
Añade como un factor preocupante el empleo de las fuerzas armadas en las acciones contra las marchas opositoras, junto a cuerpos especializados para estas funciones, como la Policía.
La misión del organismo denunció además que el gobierno ilegal dirigido por Roberto Micheletti ha aplicado arbitrariamente toques de queda, ha detenido a miles de personas y ha practicado "tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención".
Los delegados también comprobaron que "la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil".
Se refirió igualmente a la suspensión de garantías constitucionales a través de la implementación de un toque de queda "que no cumple con los estándares del derecho internacional y la irregularidad en la eficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas".
De igual manera, recogió informes sobre maltratos especiales a mujeres, entre ellas violaciones sexuales, como el caso de una mujer, ultrajada por cuatro policías en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
La misión de la CIDH inició el lunes pasado su labor en el terreno en Honduras para verificar la situación de las libertades civiles tras el derrocamiento de Zelaya y entrevistó a víctimas de los abusos policiales así como diversos actores de la sociedad hondureña, como organismos de derechos humanos, movimientos sociales, víctimas de excesos y autores del golpe de Estado, entre ellos el ministro de defensa de facto, congresistas y la Policía.
También fueron interrogados algunos periodistas que denunciaron falta de libertad de expresión.
Durante su visita de evaluación, los enviados de la CIDH, encabezados por Mejía, dialogaron con el alto mando de las Fuerzas Armadas de facto, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez y el ministro de defensa de facto Ángel Edmundo Orellana.
Gobierno de facto de Honduras amenaza a sacerdote católico con expulsarlo
TeleSUR _ Hace: 10 horas
El ministro Justicia del Gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti, Oscar Raúl Matute dijo que "si el religioso no observa el respeto de las leyes hondureñas no se descarta esa posibilidad".
La amenaza de expulsar a Tamayo se adoptó luego de las investigaciones por parte del Gobierno de facto sobre la supuesta implicación del religioso en actos delictivos durante las marchas a favor de "Mel" Zelaya.
Tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya, el padre Tamayo se sumó al Frente de la Resistencia y ha declarado abiertamente su rechazo al régimen instalado en Tegucigalpa.
"Lo que veo es que simplemente el poder se ha apoderado de todo, hasta de la conciencia del pueblo, él es el que tiene todo el mando, todas las decisiones, uno no es libre, en ningún momento, es lo que han hecho a través de la radio, a través de sus periodistas y analistas; le han robado la conciencia a la gente, no los dejan hablar, sólo transmiten lo que ellos quieren, cada día hay más violencia, los militares tratan de intimidar al pueblo para que no salga a las calles, tratan de meterse a las casa para que la gente no salga", expresó el sacerdote a principios de julio pasado, desde la clandestinidad.
Tamayo, originario de El Salvador, renunció a su nacionalidad para obtener la hondureña, pues deseaba luchar por la preservación de los recursos naturales del país centroamericano.
Sobre las declaraciones del funcionario de facto, Tamayo aseguró que "es una persecución política que están haciendo con mi persona y yo quería preguntarle al mismo gobierno que si es delito acompañar a un pueblo, me siento seguro de lo que hago, me siento firme, no voy a claudicar, no voy a retroceder, estas amenazas tampoco a mi me van a debilitar (...) lejos de eso me hacen más fuerte".
Desde que tomó el poder por la fuerza, el gobierno de facto ha venido emitiendo órdenes para expulsar a personalidades internacionales que se oponen al golpe de Estado.
Ejemplo de ello fue la orden que emitieron de expulsar a diplomáticos venezolanos y argentinos y las amenazas sufridas por los equipos periodísticos de teleSUR y de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) para que abandonaran el país.
El 12 de julio, funcionarios del gobierno de facto de Honduras arrestaron a los equipos periodísticos de teleSUR y de VTV, les dijeron que no regresaran al hotel donde se hospedan, que se dirigieran directo al aeropuerto pues en ese país "no hay nada qué informar" y argumentaron, en tono amenazante, que estos atropellos eran responsabilidad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su más reciente visita finalizada el viernes pasado, recibió denuncias por parte de movimientos sociales y cientos de personas, quienes le expusieron pruebas que evidenciaban diversas violaciones a los derechos fundamentales por parte de los organismos militares y policiales al servicio del Gobierno de facto.
En su informe preliminar, este organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), instó al Ejecutivo de facto de Micheletti a "investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos" y denunció, entre otras cosas "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", que apoya el regreso de Zelaya.
La misión del organismo añadió que este gobierno ilegal ha aplicado arbitrariamente toques de queda, ha detenido a miles de personas y ha practicado "tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención".
La pasada semana 24 personas fueron detenidas después de haber sido brutalmente golpeadas y heridas de gravedad, tras ser acusados de participar en manifestaciones violentas (pese a que muchos de ellos no hacían parte de ninguna protesta) y se convirtieron en los primeros presos políticos del gobierno inconstitucional.
Asimismo una nota del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, publicada el jueves pasado, comunicó que el Gobierno de facto ha venido haciendo audiencias ilegitimas, dando prisión preventiva, medidas sustitutivas y arrestos domiciliarios.
Honduras: Autopsia
Primero vino la muerte, después el entierro y después el olvido. Y después, un mes y medio después, llegaron los especialistas para desenterrar el cadáver y hacer la autopsia.
Santiago O’Donnell | Página 12 | 23-8-2009 |
www.kaosenlared.net/noticia/honduras-autopsia
Primero vino la muerte, después el entierro y después el olvido. Y después, un mes y medio después, llegaron los especialistas para desenterrar el cadáver y hacer la autopsia. Los especialistas, en este caso, son cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial para la Libertad de Expresión de ese organismo.
Esta semana estuvieron en Honduras para auscultar el cuerpo social y preparar un informe sobre la muerte de su democracia. No fue un trabajo difícil para veteranos acostumbrados a escuchar a familiares de desaparecidos argentinos, a indígenas bolivianos en condición de servidumbre y a sobrevivientes de las masacres de los paramilitares colombianos.
La causa de muerte de la democracia hondureña estaba cantada: golpe de Estado. Hace un mes y medio militares hondureños secuestraron al presidente electo y lo echaron del país. Así, fulminante, como un ataque al corazón.
La comisión lo explica en términos clínicos:
“Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.
Después de un golpe, lo demás es casi automático. El gobierno de facto nace sin legitimidad y sin posibilidades de legitimarse por la vía natural de las urnas. Entonces debe hacerlo a través de la represión, suprimiendo los anticuerpos democráticos. A medida que la resistencia va muriendo, la represión afloja un poco y entonces es posible acercarse al cadáver, que luce desgarrado y deformado, y que huele a putrefacción.
Después de cuatro días de viajes y reuniones por todo el país, en combi y helicóptero, después de abrir una oficina para recabar denuncias en el Hotel Intercontinental, después de hablar con golpistas y golpeados, represores y reprimidos, los especialistas informaron lo que vieron con la asepsia propia del lenguaje diplomático:
“La Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. De particular gravedad es la muerte de cuatro personas (foto) y varios heridos de arma de fuego... La Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado”.
Jamás lo pondrá en sus informes, pero hasta el forense más curtido se conmueve ante un cuerpo tan mutilado. Este cronista habló con dos miembros de la delegación antes de que partiera de Tegucigalpa. ¿Quieren saber lo que vieron? Vieron a una mujer de 25 años que fue detenida el 14 de agosto en medio de una manifestación en San Pedro Sula y llevada a un baldío, donde fue violada consecutivamente por cuatro policías.
Vieron que los policías golpeaban a los manifestantes hombres pero manoseaban a las manifestantes mujeres, mientras les gritaban qué estaban haciendo ahí, en vez de estar cocinando o cuidando a sus hijos.
Vieron a un hombre con la cara deformada que dijo que se había arrodillado con las manos en la nuca en señal de rendición en una marcha en El Paraíso, y que en esa posición lo molieron a culatazos.
Pudieron comprobar la militarización de la sociedad hondureña, especialmente de las alcaldías y las escuelas de los pueblos del interior, donde el gremio docente encabezó la resistencia. Vieron los retenes militares donde fueron fusiladas tres de las cuatro víctimas fatales del golpe. Vieron a jueces cobardes que avalaron lo actuado y a jueces valientes que intentaron, hablar con los prisioneros de los militares, pero fracasaron en el intento.
Vieron a decenas de personas que fueron golpeadas y torturadas en el sótano del Congreso, y que luego fueron juzgadas por “terrorismo”. Vieron que los militares prestaron apoyo a las fuerzas policiales en tareas represivas, y que las de elite Cobra fueron la fuerza de choque utilizada para romper las manifestaciones.
Vieron a periodistas amenazados por el régimen, que contaron cómo los militares tomaron una antena de televisión y cortaron el cable para censurar las transmisiones de Telesur y CNN en las horas cruciales que siguieron al golpe.
Vieron que miles de personas fueron detenidas arbitrariamente con la excusa del toque de queda, que ya no rige en la capital porque ya no hace falta. Vieron aparecer a un desaparecido, de apellido Armendáriz, que no había sido visto desde que la policía se lo llevó después del golpe.
Vieron que la presión económica y diplomática funciona pero no alcanza, y vieron que la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya para lo que queda de su mandato es casi una utopía. Vieron que en dos semanas empieza la campaña electoral y que la participación popular en esa campaña servirá para legitimar al régimen que la promueve.
“La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas”, advierten los comisionados.
¿Tiene sentido pedirle a un asesino que no siga matando? ¿Vale la pena hacer la autopsia, si la autopsia no lleva a la cárcel a los culpables de esa muerte?
El comisionado argentino Víctor Abramovich dice que sí. Además de los liberados, del aparecido, de los retenes que se levantaron para no empañar la visita, de las manifestaciones que no fueron reprimidas por la misma razón, además de los que hicieron fila en el hotel para que finalmente alguien los escuche, el especialista citó otra razón. “Acá todos los medios dicen que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional. Que vengamos nosotros y digamos que hubo un golpe es muy importante”, señaló.
La muerte de una democracia es una muerte contagiosa. Primero infecta a los organismos multilaterales que no pudieron impedirla ni revertirla, después el virus suele prender en el vecindario.
Primero la muerte, después el olvido, después el lamento tardío. Hay gente dentro y fuera de Honduras que sigue luchando para mantener vivos la memoria del fallecido y el sueño de su resurrección. Otros apenas cumplen con el ritual de masajear el corazón del muerto, sabiendo que no servirá de nada. Otros dan vuelta la cara para no espantarse.
La semana que viene llega a Honduras una delegación de seis cancilleres en representación de la OEA. Su objetivo de máxima parece ser la remoción del dictador Goriletti y su reemplazo con un títere del régimen, lo que ellos llaman “la solución intermedia” al Plan Arias. El Plan Arias, vale recordar, se había vendido como “la solución intermedia” a la vuelta de Zelaya. Pero la restitución del presidente legítimo es la única cura posible, la única medicina que receta ese vademécum de la OEA que se llama Carta Democrática.
Por eso, por más que lleguen llenos de bríos y cargados de buenas intenciones, los cancilleres ya lo saben, o lo deberían saber. El muerto está frío, la autopsia está hecha y sólo les queda cumplir con el trámite de firmar el certificado de defunción.
sodonnell@pagina12.com.ar
Honduras: CIDH advierte sobre papel represivo de los militares
La presencia militar en la represión de manifestaciones contra el golpe de Estado con las normas internacionales, advirtió la CIDH al término de su visita de cinco días a este país
Thelma Mejía | IPS | 23-8-2009 | 54 lecturas | 2 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/honduras-cidh-advierte-sobre-papel-represivo-militares
TEGUCIGALPA, 22 ago (IPS) - La presencia militar en la represión de manifestaciones contra el golpe de Estado en Honduras está reñida con las normas internacionales, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al término de su visita de cinco días a este país.
Al presentar su informe preliminar, la misión de alto nivel de la CIDH indicó que recibió cientos de denuncias y varios testimonios sobre violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe cívico militar contra el presidente Manuel Zelaya, secuestrado en su residencia en la madrugada del 28 de junio por soldados que lo llevaron en pijama a un avión con rumbo a Costa Rica.
"Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos", señala la CIDH en su informe preliminar de 15 páginas.
El régimen de facto alegó que un mandato constitucional autoriza a militares y policías a actuar conjuntamente para "controlar disturbios".
"Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericana, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades", señaló la CIDH.
El chileno Felipe González, segundo vicepresidente de la CIDH y relator para Honduras, dijo que "el entrenamiento que reciben (los militares) está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, que es propio de los entes policiales".
La delegación de la CIDH dijo haber constatado un "uso excesivo" de la fuerza contra las manifestaciones a favor del retorno del depuesto Zelaya.
La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, reportó "graves excesos" y cuatro personas muertas en acciones represivas, presumiblemente a manos de uniformados, todas en proceso de investigación, pero negó que hubiera "decenas de muertos", según denuncias de grupos humanitarios nacionales e internacionales.
En un mensaje antes de regresar este sábado a Washington, Mejía manifestó que "la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras".
"La Comisión pudo constatar... que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas", indicó.
El toque de queda instaurado por el régimen ilegítimo que encabeza Roberto Micheletti, según la CIDH, violentó principios humanitarios básicos y careció de un fundamento legal sólido, al no cumplirse una serie de requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El primero de esos requisitos, explicó Mejía, es que la suspensión de garantías sea adoptada por un gobierno que ejerza el poder en forma legítima, dentro del contexto de una sociedad democrática.
"La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona", dijo Mejía, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el golpe, miles de personas han sido afectadas en sus derechos y garantías, ya sea por los toques de queda o por la represión de manifestaciones de protesta, advierte en su informe la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ese foro hemisférico suspendió a Honduras como miembro activo el 4 de julio, pero no la excluyó del sistema interamericano de derechos humanos, del cual la CIDH forma parte.
La CIDH, con sede en Washington, es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en América. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Cómo órgano autónomo de la OEA, la CIDH tiene un mandato de la carta interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su función principal es "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos".
La misión viajó a varios sitios en el norte y el oriente de Honduras para recabar testimonios, denuncias y otras informaciones.
En materia de violaciones a los derechos humanos, la Comisión comprobó control de la información mediante el cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir a ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al régimen.
También registró agresiones, amenazas e intimidaciones a reporteros y medios que mostraron simpatías o rechazos al retorno de Zelaya. La Comisión Interamericana advirtió una fuerte polarización en la prensa que hace difícil la existencia de una información equilibrada.
La activista Reina Rivera, del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos en Honduras, dijo a IPS que el informe preliminar de la CIDH "viene a reafirmar lo que muchos de nosotros hemos estado diciendo en cuanto al uso excesivo de la fuerza en la represión, así como agresiones y maltratos contra personas, además de atentados al ejercicio de la libertad de expresión".
"Compartimos su preocupación en cuanto a la presencia militar en los operativos policiales", añadió.
Lo que viene a develar la CIDH es que "los responsables del control de las fuerzas de seguridad, como el ministerio público, por desconocimiento, por complicidad o por tolerancia, no han estado cumpliendo su labor" señaló Rivera.
Se estima que el informe final de la misión de la CIDH esté concluido en dos meses, contemplando una serie de recomendaciones para el Estado.
Esas recomendaciones "deben ser acogidas de inmediato por el régimen de facto del señor Micheletti, porque si continúa con la represión como hasta ahora, la vía que queda es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió Rivera.
El canciller de facto, Carlos López Contreras, estimó que el contenido del informe de la CIDH "era previsto, y nosotros, en su momento, haremos las argumentaciones y defensas en cada uno de los puntos expuestos".
Durante su estadía, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto, autoridades de los tres poderes del Estado, y diversos sectores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales y organizaciones no gubernamentales.
Además de Mejía y González, la misión estuvo conformada por el primer vicepresidente, el argentino Víctor Abramovich, el comisionado Paolo Carozza, de Estados Unidos, el secretario ejecutivo Santiago Canton, de Argentina, la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de Colombia, y personal de la secretaría ejecutiva.
de: "Granma"
Comenzará en Honduras foro sobre derecho penal internacional
TEGUCIGALPA, 23 de agosto (PL).— Un foro público sobre la evolución del derecho penal internacional frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos comenzará mañana en esta capital.
En la conferencia, que se prolongará hasta el martes próximo, participarán el juez español Baltasar Garzón y expertos de la Corte Penal Internacional (CPI) como Montserrat Carboni, confirmaron a Prensa Latina organizadores de la cita.
El propósito central,precisaron, es el de enviar un mensaje preventivo para que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos en Honduras y, en particular, crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado indican que el foro se recordará a los operadores judiciales hondureños su deber de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos.
De igual manera se requiere documentar los hechos que podrían ser constitutivos del crimen de persecución política de competencia de la CPI), para solicitar la acción preventiva del Fiscal General de esta, agrega.
Apunta también que se dará a conocer por expertos de primer orden las consecuencias frente al derecho penal internacional de eventuales crímenes de lesa humanidad, tanto en la práctica de la jurisdicción universal como de la CPI.
Según el programa adelantado a Prensa Latina, en un primer panel, Garzón expondrá el tema Posibilidades y límites de la jurisdicción universal en España frente a crímenes de lesa humanidad.
Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presentará el tema Experiencia de la jurisdicción universal en el caso contra el ex-dictador Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad en Guatemala.
Almudena Bernabeu, experta en derecho penal internacional, abordará El caso de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador, en ejercicio de la jurisdicción universal en España.
En el segundo panel, las cortes Penal Internacional y a la Impunidad de crímenes de lesa humanidad, intervendrá la delegada de la CPI Montserrat Carboni y Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El tercer panel abordará la administración de justicia en Honduras frente a graves violaciones de los derechos humanos, indica el programa.
de: "Granma"
Cancilleres de Brasil y Ecuador tratarán Cumbre UNASUR y Honduras
BRASILIA, 23 de agosto (PL).— Los cancilleres de Brasil, Celso Amorim, y de Ecuador, Fander Falconi, se reunirán mañana aquí, ocasión en la que examinarán la agenda bilateral y abordarán temas regionales como la Cumbre Extraordinaria de UNASUR y la situación en Honduras.
Amorim y Falconi hablarán también sobre las perspectivas de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela) durante la presidencia pro tempore que ocupa Ecuador desde el pasado día 10.
Una nota de prensa de la cancillería brasileña precisa que Falconi realizará mañana una visita de trabajo durante la cual será recibido por Amorim para conversar sobre la Cumbre Extraordinaria de UNASUR, en Bariloche, Argentina, el próximo día 28 para tratar el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.
Ese acuerdo le permitirá a las tropas norteamericanas utilizar siete bases en territorio colombiano, algo que no agrada a las naciones vecinas, que ven con mucha preocupación la presencia militar extranjera en la región.
Respecto a la situación en Honduras, víctima de un golpe de Estado el 28 de junio pasado, Brasil y Ecuador han exigido el retorno inmediato e incondicional al poder del presidente constitucional de ese país, José Manuel Zelaya, como única forma de alcanzar la estabilidad democrática.
Por otra parte, los dos cancilleres abordarán temas bilaterales como el comercio entre las dos naciones, que en 2008 alcanzó los 920 millones de dólares, de los cuales 878 millones de dólares correspondieron a exportaciones brasileñas.
Reportes periodísticos desde Quito, indican que Falconi tratará con Amorim aspectos relativos a los mecanismos de diálogo sobre inversiones y el potencial incremento de la relación comercial, algo que está basado en la capacidad exportable de nuevos productos ecuatorianos.
La agenda estratégica de cooperación girará alrededor de temas de biotecnología, investigación, transporte y planificación, entre otros, refieren las fuentes.
de: "surysur"
Hablando de imperialismo: Honduras y la patita liberal alemana
Gonzalo Tarrués.
El pasado 13 de agosto desde Berlín el periodista Harald C. Neuber informaba que la Union Europea "considera apoyar la celebración de elecciones anticipadas en Honduras, organizadas por el régimen instalado en ese país tras el golpe de Estado". La información, registrada por Prensa Latina, se complementa con otra del mismo periodista, ésta del 22 de agosto, referida a la Fundación Friedrich Naumann y su interés en Honduras. Surge una pregunta: ¿cómo describir al imperialismo?
Para los efectos de este artículo es anécdota –pero más que anecdótico– el hecho de que la UE además de apoyar ese llamado electoral considera enviar una misión observadora. Dice Neuber: "El requisito para el despliegue de la misión sería un 'desarrollo positivo' de la situación en el país centroamericano".
El 22 de agosto el periodista –siempre desde Berlín según Prensa Latina– señalaba: "El apoyo de la fundación alemana Friedrich-Naumann al régimen golpista de Honduras recibe cada vez más críticas en Alemania.
"En una interpelación al gobierno federal, la fracción parlamentaria del partido socialista Die Linke (La Izquierda) cuestionó la legitimidad del trabajo de la fundación, la cual es cercana al FDP (Partido Demócrata Liberal de Alemania)". Y agregaba:
"Christian Lüth, director de la oficina local de la fundación Naumann, activa en Honduras desde 1984, había afirmado en varias 
ocasiones que era una 'leyenda decir que en Honduras había ocurrido un golpe de Estado contra el gobierno".
Honduras laboratorio
Mucho antes, el dos de julio la abogada y analista de asuntos políticos Eva Gollinger afirmó:
"Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa (…) Mientras ocurría el golpe de Estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada de EEUU en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento de los sucesos.
"Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. ..."
"La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook". El texto de la abogada venezolana-estadounidense fue publicado por TeleSur .
El 10 de agosto en este portal se publicó un artículo del escritor hondureño Julio Escoto; en una de sus partes señalaba que el diario La Prensa de Tegucigalpa el 29 de marzo de este año aparecían "dos noticias de su redactora Yessile Ponce: una era que según el novato Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Tomás Vaquero, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, estaba interesada en explorar petróleo en Honduras.
"Lo cual luciría como información usual si no fuera por el antecedente registrado en la misma sección, que informa: 'Noruegos ya iniciaron exploración. Honduras firmó un convenio con la Petroleum Geo Services, PGS, que realizará estudios en 10 mil kilómetros de líneas sísmicas del mar territorial de Honduras, para posteriores exploraciones de crudo durante los próximos diez años".
Informa además Escoto que se realizó un seminario en Houston, EEUU, en el que el ministro hondureño aseguró que sí, que había petróleo en Honduras y que efectivamente PDVSA está interesada en negociar con el gobierno los términos de su instalación en el pais. Más adelante señala:
"Para conjurar ese alto riesgo intermediarios de Chevron, Exxon Mobil y Shell debieron comisionar a militares, políticos y financistas hondureños ejecutar con brevedad quirúrgica, aunque igual lo hicieron con torpeza, la operación del golpe, probablemente el inicial petrolero y el debutante para la clase empresarial de América en el siglo presente. Si este tiene triunfo habrá muchos otros triunfos más; si este falla será inevitable una recomposición de las potencias energéticas del mundo…" (El artículo completo puede leerse aquí).
La fundación a que se ha hecho referencia existe en Alemania desde fines de la década de 1951/60; es una de las mayores organizaciones de tipo ideológico del país, junto con la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Konrad Adenauer. Está vinculada al Partido Democrático Libre, del mismo modo que la Ebert a la Social-democacia y la Adenauer a la Democracia-cristiana. Su objetivo es la promoción internacional de la ideología del liberalismo, fomentando la liberalización económica, el desarrollo de las libertades individuales y soluciones sociales mediante el libre mercado, el Estado de Derecho y la libertad del individuo. Tiene presencia en el continente americano.
Suele trabajar con los miembros de la Internacional Liberal; en América Latina sus principales contrapartes son el Partido Liberal de Honduras, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Movimiento Libertario de Costa Rica y diversas instituciones liberales de Suramérica.
Ha pasado mucha agua desde los desvelos del pastor protestante Naumann. A partir de 1965 la fundación abrió sedes en Argentina, Brasil, México, Perú y desarrolla proyectos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en Centroamérica, así como en Uruguay y Paraguay. Para ello tiene oficinas en Honduras, Nicaragua y Uruguay. En Argentina, por ejemplo, colabora con los partidos fundados por Ricardo López Murphy y por Mauricio Macri, actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La sede del imperio
¿Qué se dice cuando se habla del "imperialismo yanki"? No es incorrecta una respuesta afirmativa, es 
incompleta. No son países ya los imperiales. No son los Estados los imperialistas conducidos por uno u otro gobierno. Dicen bien los estadounidenses cuando piensan en su gobierno como de una administración.
Gobernalle es el instrumento que permite fijar la dirección de un barco, gobernar, etimológicamente, es pilotar una nave. Por eso todavía suele decirse que el gobernante es quien lleva el timón de la nave del Estado; en términos políticos gobernar es dirigir, controlar, arbitrar en caso necesario, representar a toda la sociedad, conducir las instituciones estatales, lo que realiza por mediación de los poderes del Estado, su policía y fuerza armada.
En no poca medida la descripción anterior difícilmente puede aplicarse a la realidad política contemporánea. La extensión planetaria del capitalismo –el proceso de globalización, efecto de la mundialización de las actividades económicas no es más que una transición en marcha desde Estado (y gobiernos) fuertes arcaicos hacia nuevas formas de organización reales de las sociedades del futuro– convierte a los gobiernos en administadores de los aparatos estatales para que mejor cumplan el rol de correa de transmisión entre lo que es necesario al aparato económico, las corporaciones multinacionales, y lo que precisan las masas productoras-consumidoras para cumplir sus tareas.
El imperio lo conforman esas corporaciones; un imperio sin territorio central delimitado, esto es: sin fronteras, sin ciudad capital fija, cuyos dirigentes no son conocidos por lo que antes era la ciudadanía y no dan cuenta de sus acciones –aunque sea la masa humana la que paga sus errores y obtiene sus aciertos. Un imperio con pocos habitantes comparados con la suma de los que pueblan el planeta. Un imperio no visible todavía.
Un imperio, en definitiva, que funciona por la consecución de riquezas y poder. ¿Hay riqueza en Honduras? Si la hubiere, no importa cuan lejos esté, la larga mano corporativo-imperial se dejará caer. Como un monstruoso mosquito chupará toda la sangre que pueda.
Funciona tras la obtención de riqueza y poder, pero ¿cómo? A través de los distintos gobiernos. No importa si de segunda clase, ciudadanos del imperio necesitan plantar pinos para hacer papel; los territorios mapuche son aptos para esa siembra. Se arrasa entonces con flora y fauna, se cortan los árboles originarios y si es necesario se estrangula por hambre a sus habitantes. Tarea que cumple el Estado de Chile en Chile y de la Argentina en la Argentina.
¿El imperio necesita de la Amazonia? Pues ahí están los sin tierra y los gobiernos de Brasil. ¿Aceite? Pues se siembran en Colombia miles de hectáreas de palma aceitera. ¿Petróleo? Pues ese tal Chávez molesta: hay que eliminarlo. Bolivia es rica, pero el indio Morales... etc...
Cuando los gobiernos nacionales carecen de fuerza, para eso están los "marines"; si los gobiernos nacionales se oponen, para eso está la CIA y los yanaconas internos. Pero parece demasiado definir a los estadounidenses como imperialistas; los pobres en ese país no viven mejor que los pobres de cualquier otro lugar. 
Son, quizá, más ignorantes, les han lavado mejor la sesera.
Maese Obama es un buen mayordomo, como lo fue el señor Bush antes que él y el señor Clinton antes que Bush and so on
Lo vemos todo esto en Honduras como lo vimos en Brasil, en Chile y en todo el Cono Sur: las corporaciones imponen su pax corporativa a través de guerras periféricas a los territorios de sus oficinas. Y si las cosas no pintan bien o les cuesta convencer de sus propósitos, bueno, en tal caso, so sorry, ¿qué pasó con el World Trade Center?
Carta abierta a los responsables de la Masacre de Trelew
Por Alicia Bonet *Me dirijo a los que programaron, decidieron, ejecutaron, fueron actores directos o cómplices de la masacre de Trelew. Hace 35 años el pueblo no les creyó las diferentes versiones que inventaron para justificar el primer acto de terrorismo de Estado que ustedes llevaron adelante y a pesar de ello continúan mintiendo, silenciando, olvidando, hoy delante de la Justicia.
Los presos de Rawson, cuando organizaron la fuga del penal, estaban con las armas que fueron recuperando a medida que iban tomando el penal. Con esa armas, el grupo de 19 que queda en el aeropuerto de Trelew hizo un acuerdo con ustedes para rendirse. Acto mayor de coraje y humildad que las tres organizaciones deciden para evitar que en el enfrentamiento contra ustedes muera el centenar de civiles que estaba en el aeropuerto. Ellos depositan sus armas y ustedes los traicionan con sus órdenes: en vez de reintegrarlos al Penal de Rawson, los llevan a la Base Almirante Zar.
Cuando nosotros los familiares fuimos a Rawson y a Trelew, el 15, 16 y 17 de agosto de 1972 tocando todas las puertas para que nos permitieran llevarles comida, ropa, medicamentos, ustedes dieron la orden de apresarnos. Llovieron las amenazas y meses o años después ustedes mataron a gran parte de los familiares y de los abogados de Trelew.
Nosotros sabíamos, el 22 de agosto, que era imposible fugarse de la Base, en medio del desierto patagónico, rodeado de cientos de ustedes con todo tipo de armamentos. Por ese convencimiento fue que inmediatamente exigí que abrieran el cajón para reconocer si era Rubén, y su cuerpo con cada detalle de lo que vi me acompaña como una fotografía que no se puso amarilla con los años. Era mi esposo, tenía balas y hematomas en diferentes partes del cuerpo, pero además, y sobre todo, tenía la cabeza destrozada.
Cuando una semana después les inicio juicio en Capital Federal, el juez ordena la autopsia. En la morgue judicial está el número, el día y los médicos que procedieron a realizarla y en los archivos de Tribunales los resultados. Aquí se los comunico: las heridas de bala que tiene en el cuerpo no son mortales, el tiro de la cabeza es dado en posición horizontal a poca distancia, con arma de fuerte calibre que entra por la oreja y sale por la cabeza. Ese tiro es mortal.
Cuando se continúa el juicio y se constituye el juez en la enfermería de la Cárcel de Devoto, los tres sobrevivientes, Haidar, Camps y Berger, están heridos, incomunicados y con fuerte custodia policial y militar y a pesar de ello tienen el coraje –ellos dicen el “deber”– de declarar delante de nosotros (juez, familiares y abogados) para que nos encarguemos de decir a la Argentina la verdad de toda la operación que ustedes planificaron y llevaron a cabo para matar a los presos que estaban bajo la responsabilidad del Estado, de ustedes, del general Lanusse y sus camaradas de las Fuerzas Armadas.
“Cambiaron la guardia ese día, nos levantaron a las 3 de la madrugada entre gritos e insultos, nos hicieron salir de las pequeñas celdas enfrentadas y desde el frente del pasillo comenzaron a ametrallarnos, los que estaban en las primeras celdas murieron en el acto, los que estábamos más lejos nos tiramos al suelo y esperamos, conteniendo la respiración, escuchamos el cese de los tiros y después pasaron celda por celda y nos tiraron con el arma que tenían en sus cinturones a quemarropa. Nunca pensaron que podía quedar alguno vivo.” Estas declaraciones las sigo escuchando cada vez que se habla de Trelew.
Los militares que vienen a tomar servicio en la mañana del 22 de agosto encuentran seis heridos: Astudillo, Kohon, Berger, Haidar, Camps y Bonet. Ellos los llevan a la enfermería de la Base.
Haidar, Camps y Berger cuentan que estuvieron en el piso de la enfermería toda la mañana sin ninguna asistencia médica y que ven morir a su lado primero a Kohon y luego a Astudillo. Cerca del mediodía los trasladan en avión al hospital de la base de Bahía Blanca, Rubén está vivo y la última que lo ve con vida es María Antonia Berger, a quien trasladan cerca de las 13.00; ella cuenta que no había perdido el conocimiento, que los escuchaba a ustedes inventando explicaciones de “intentos de fuga” y sabe la hora porque tenía un reloj delante de ella.
Ustedes mataron e hicieron desaparecer a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, unos años después, cuestión de borrar cualquier intento de que la verdad de sus actos trascendiera.
Los diarios de la mañana del 22 de agosto dan cuenta de 15 muertos y 4 heridos. Ahora quiero que ustedes me contesten ¿quién le dio a las 12.55 un “tiro de gracia” a Rubén?, tal vez el doctor Louis, que firmó el acta de defunción donde figuran estos datos, recuerde lo que paso ese día. Los otros certificados de defunción empiezan a las 3.30 y siguen hasta la mañana. ¿Quién dio la orden, y por qué, de fusilar dos veces a mi marido?
Todo esto está en manos de la Justicia, hay testimonios, hay libros, la Historia se escribe a pesar de querer cambiarla, con la Verdad y la Memoria.
Ustedes tienen un pacto de silencio, de sangre, de muerte, por el cual niegan, mienten, se callan o se suicidan sobre los actos que cometieron, ustedes que tuvieron coraje y valentía para torturar, vejar, violar, matar, robar, quemar, lanzar al agua a Hombres y Mujeres Argentinos que no estaban de acuerdo con sus ideas y su accionar, ahora se callan.
El ejemplo que dan a la Historia y al pueblo argentino y del mundo es su cobardía. Morir moriremos todos, pero nos diferencia el orgullo que tenemos y que continuamos transmitiendo de generación en generación por haber tenido un familiar al que ustedes mataron por querer un país más justo y libre y solidario.
Sus silencios y mentiras hacen de ustedes lo peor que tuvo y tiene que vivir la sociedad argentina, ustedes siempre creyeron estar por encima de las leyes, del Estado de derecho, de la Justicia, se atribuyeron la capacidad de ser dioses que podían decidir sobre la vida y la muerte de sus compatriotas.
Ese pacto que continúan reivindicando los sitúa fuera de lo que se llama “Humanidad”.
A pesar de todo: Espero sus respuestas.
- Viuda de Rubén Bonet, fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar.
EL PAIS › REPORTAJE UN MES ANTES DE SU MUERTE
Gorriarán Merlo cuenta su versión
En una larga charla realizada el 16 de agosto con un periodista marplatense, el dirigente del ERP y del MTP contó su vida política, desde la campaña por Frondizi y las luchas por “laica o libre”, hasta el copamiento de La Tablada. Cómo planeó el atentado contra Somoza. La fuga de Rawson. El debate sobre el foquismo y la coordinación con Montoneros.
Por Juan CarráEnrique Haroldo Gorriarán Merlo vive en un amplio departamento en un edificio antiguo y muy bien cuidado. Su estudio atiborrado de libros tiene una mesa con una computadora y muchos papeles. A los 64 años, cuenta su carrera política en sus términos.
–¿Cómo fue la fuga del penal de Rawson?
–Llego a Rawson con Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Roby en abril del ’72, después de haber elaborado un plan de fuga en Devoto que se frustró porque nos trasladaron. En esa época, como no había una instancia legal, como ahora, que estuve preso por La Tablada, lo primero que planificábamos era la fuga. En lo de La Tablada apostamos a una defensa jurídica para lograr un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de ahí presionar por la libertad. Cuando llegamos a Rawson había un plan para seis compañeros basado en el apoyo de un guardiacárcel de apellido Fazio, de quien el “Gringo” Domingo Mena se había hecho amigo. Era para hacer un túnel que cruzara el muro, de ahí tomar un auto para ir hasta Bahía Blanca aprovechando el tiempo que va entre el último recuento de la noche y el primero de la mañana, lo que daba unas nueve o diez horas. Comenzamos analizar la situación vimos que Fazio podía entrar armamento, que es lo que hizo, y un uniforme militar. Eso nos permitía copar el penal desde adentro hacia afuera, que era fundamental porque el ejército tenía todo el sistema de seguridad previendo una incursión desde afuera y no desde adentro. Esto requería un apoyo externo muy limitado, tres vehículos para trasladarnos del penal al aeropuerto y ocupar el avión para lo cual iban a estar dos compañeros en el aeropuerto y otros dos en el avión que venía de Comodoro Rivadavia. Ahí se habló con las FAR y con Montoneros, todavía no estaban unidos, de las FAR estaban los dos máximos dirigentes: Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, y Fernando Vaca Narvaja por Montoneros. Montoneros no apoyó el plan de fuga pero permitieron que participaran los que estaban adentro. O sea que el apoyo externo estaba a cargo de las FAR y del ERP. El responsable externo fue Jorge Marcos, del ERP. A este compañero se suman dos más del ERP que venían en el avión, Ana Weis de las FAR, que estaba con Jorge en el aeropuerto, y tres compañeros también de las FAR que son los que estaban encargados de los vehículos. Esta es la parte que falla del plan: cuando tomamos el penal se produce un pequeño enfrentamiento armado, entonces uno solo de los compañeros de los vehículos, Carlos Goldemberg, ingresa con el auto con el que nos íbamos nosotros a ver cómo podía ayudar. Mientras que los otros dos se retiraron, creyendo que se había abortado la operación.
–En la película Trelew el responsable de los vehículos dice que ve la señal de que la operación estaba abortada.
–Eso es falso. Había una sola señal, para entrar. Lo que pasa es que ellos tenían la concepción de que la operación podía fallar, así que cuando escucharon los disparos es como que se les confirmó la suposición.
Entonces se retiran y se van. Cuando los encuentra Jorge Marcos en el aeropuerto, Jorge les dice que fue un error y vuelve con ellos al penal. Peor: ya estaba todo rodeado. Después se da lo más conocido, llegamos nosotros al aeropuerto y el avión ya estaba carreteando. Vaca Narvaja y yo fuimos a la torre y les dijimos que éramos del ejército y que pararan el avión porque había una denuncia de atentado. Cuando los compañeros arriba del avión se enteran de que supuestamente el ejército lo había frenado lo ocupan. Nosotros vamos para la pista, copamos el avión, vamos para la cabecera de la pista y cuando nos enteramos que la represión estaba al tanto de todo decidimos salir para Chile. Ahí el gobierno de Chile nos dio las garantías de no devolvernos a Argentina, pero nos pedían los tiempos políticos para que la cosa no generara un resquebrajamiento brutal de las relaciones entre Chile y Argentina. Es lo que hizo Allende y cumplió estrictamente.
–¿El los recibió personalmente?
–No, a Allende nunca lo vimos, eso que se dice que se reunió con Roby es mentira y mucho menos que le regaló un arma. Allende te podía regalar un libro pero nunca un arma, era pacifista y murió creyendo en eso. Lo digo respetuosamente porque él creía en esa forma de actuar. El que hacía los contactos entre él y nosotros era Juan Bustos, secretario general del Partido Socialista de la zona centro, que ahora es diputado.
EL PAIS › SE ENCONTRARON IMAGENES INEDITAS SOBRE LOS PRESOS FUSILADOS EN TRELEW
Las fotos que la Armada oculta
Un denunciante anónimo envió a la fiscalía de Rawson documentos del sumario oficial que hizo la Marina en 1972 para encubrir la masacre. Son las primeras imágenes de los cuerpos después del fusilamiento. Se incorporaron como pruebas a la causa.
La Armada Argentina no se rinde. Pese a su desastrosa performance en tribunales, donde ostenta el record de procesados por delitos de lesa humanidad en el pasado y espionaje ilegal en el presente, la fuerza que comanda el almirante Jorge Godoy se empeña en destruir pruebas para ocultar sus trabajos sucios. El mes pasado un alto jefe de inteligencia naval ordenó destruir documentación sensible. Pero algo falló. Una vez más alguien no quiso ser cómplice y dos hojas sueltas llegaron a la Justicia. Se trata de documentos de enorme valor histórico: las fotos de los cadáveres de las víctimas de la Masacre de Trelew. El sello de la Armada en sus extremos demuestra que no fueron extraídas del archivo de un fotógrafo aficionado sino del sumario instruido para reforzar el cuento oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables, el mismo sumario que los marinos se niegan a entregarle al juez federal de Rawson y que ratifica que los archivos de inteligencia que las Fuerzas Armadas niegan ante la Justicia gozan de buena salud.
La denuncia anónima llegó el mes pasado por vía postal al despacho de Fernando Gelvez, el fiscal de la causa. Incluye unas pocas líneas, dos fotos de mala calidad con los nombres de siete víctimas, un sello con la leyenda “Armada Argentina. Juzgado de Instrucción ad-hoc”, el ancla en el centro y el número de folio. “Todo sugiere que son parte del sumario militar, el sello lo dice –señaló el secretario del juzgado, Mariano Miquelarena–. La pregunta es dónde está el resto del sumario y, si lo destruyeron, cuándo lo hicieron y quién dio la orden”, agregó. Gelvez coincidió en que pertenecen a la instrucción oficial.
–¿El anónimo dice dónde estaban las fotos? –preguntó Página/12.
–El anónimo dice que las fotos eran muy fuertes y por eso no cumplieron la orden de destruirlas –explicó Miquelarena.
–¿Dice quién dio la orden?
–Dice que un alto jefe militar dio la orden de destruir todo lo que quedó. Pero en principio es un anónimo, que cobra fuerza cuando el cabo (Carlos) Marandino reconoce que los cuerpos habían quedado en esa posición y en ese lugar, la entrada al calabozo, y cuando se logra diferenciar con claridad la figura de Mariano Pujadas.
El secretario aceptó describir las imágenes antes de que Página/12 tuviera acceso. “Se ven dos cuerpos boca abajo y Pujadas boca arriba. Se ve el rostro e incluso el pulóver que tenía cuando fue detenido”, el mismo con el que dio la conferencia de prensa en el aeropuerto viejo de Trelew tras la fuga del penal de Rawson. “Se alcanzan a ver los impactos de bala en las piernas, que echan por tierra la versión de Sosa (el capitán Luis Sosa declaró que forcejeó con Pujadas, cayó de un golpe, entró en estado de shock cuando escuchó las ametralladoras, y al recobrar el conocimiento no tenía un rasguño pero lo rodeaban 16 cadáveres) y se condice con la descripción de (Horacio) Mayorga sobre las ametralladoras, en el sentido de que se puede tener precisión en los primeros dos o tres disparos pero que en una ráfaga es incontrolable”, explicó Miquelarena.
En la segunda foto aparece el cuerpo de María Angélica Sabelli, tendida en el piso, adentro de un calabozo. “Habría que ver la foto original, pero da la sensación de que cayó ahí, que el cuerpo no fue arrastrado. De lo contrario se verían las figuras que dejan las gotas de sangre”, agregó. Según el relato de los sobrevivientes, Sabelli compartía con Susana Lesgart la última celda de la izquierda.
El sumario interno que respaldó la versión oficial fue encomendado por el almirante Hermes Quijada al entonces capitán de navío Jorge Enrique Bautista. Su carátula es toda una garantía de imparcialidad: “Investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la base Almirante Zar”. El cabo Marandino, procesado como autor directo de la masacre, declaró que le ordenaron mentirle a Bautista para encubrir el fusilamiento. Durante su declaración indagatoria el marino de 82 años aseguró no recordar a qué conclusiones arribó, pero sí que “me hacían llegar el apuro que tenía (el presidente de facto Agustín) Lanusse por que yo terminara el sumario”. Cuando el juez Hugo Sastre lo procesó como cómplice secundario de los homicidios y ordenó trasladarlo al penal de Marcos Paz, Bautista se descompensó y quedó internado en el Hospital Naval. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aún no se pronunció sobre su situación.
Cada vez que el magistrado solicitó el sumario la Armada respondió que no lo tenía. Es comprensible que no aparezca. En el procesamiento de Bautista el juez concluyó que “la supuesta investigación formó parte del plan preparado por el gobierno de facto del ex presidente Lanusse, y fue direccionada a justificar los actos del personal militar”. La instrucción “resultó ser una burda defensa del discurso oficial emitido para todo el país, sin importar cuál fue la verdad de lo ocurrido”, escribió Sastre. El pacto de silencio se resquebraja día a día. Los archivos no existen, pero que los hay los hay. En teoría los controla el director de Inteligencia Naval, contraalmirante Mario Rubén Abadal
EL PAIS › RODOLFO MATTAROLLO, DEFENSOR DE PRESOS
“Algo se preparaba”
En agosto de 1972, Mattarollo viajó a Trelew para asistir a su defendida.
Por Adriana MeyerRodolfo Mattarollo fue uno de los abogados que viajó a Trelew entre la fuga y la masacre. Tenía 30 años, era defensor de presos políticos de distintas ideologías, en aquel caso lo fue de María Angélica Sabelli, una de las militantes fusiladas. Reabierta la causa declaró como testigo sobre las gestiones infructuosas que hicieron en aquel momento, que revelaban ya “la gestación de un crimen de lesa humanidad como anticipo del plan criminal que se aplicaría con la Junta Militar a partir de 1976”, según recordó en diálogo con Página/12. Mattarollo, ex subsecretario de Derechos Humanos, militaba en la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires.
–¿Qué pasó en aquel viaje?
–Intentamos entrar a la cárcel de Rawson para ver a los presos pero fue imposible, lo mismo pasó en la Base Almirante Zar. Viajamos en remises porque no había pasajes. Intentamos ver a nuestros defendidos, a María Angélica, de quien tengo un recuerdo imborrable, de su sonrisa, de su juventud. Era profesora de matemáticas, una de las víctimas asesinadas ese 22 de agosto. Intentamos hacer una conferencia de prensa, pero volaron con una bomba el estudio de un colega que nos lo había facilitado. Nos dimos cuenta de que teníamos que volvernos. Lo habían detenido a Mario Abel Amaya, luego asesinado bajo la dictadura, abogado radical, muy valiente. A nosotros también nos llevaron a una comisaría pero luego nos liberaron.
–¿Volvieron frustrados?
–Tuvimos la sensación de que algo se preparaba, lo denunciamos y, lamentablemente, lo anticipamos. Había un clima ominoso: un juez que no nos recibe, una cárcel imposible de acceder, una bomba en un estudio, un cuadro muy nefasto. Cuando llegamos a Buenos Aires nos encontramos con la noticia (de la masacre), y ponen otra bomba en la Asociación de Abogados, por eso dimos la conferencia de prensa en la calle.
–¿No había nada más que hacer?
–En Rawson y Trelew no. Acá sí. Había un clima tal de enfrentamiento con la dictadura, fueron tan burdas las explicaciones que dieron, diferentes y contradictorias, sobre lo ocurrido. Había una gran repulsa de vastos sectores, el sindicalismo clasista y combativo, los curas del Tercer Mundo, protestas en las universidades, periodismo de investigación e intelectuales que abrazaban la causa popular. Era una situación de conmoción que no nos permitió el desaliento.
–¿Qué fue lo determinante para llegar a estos procesamientos?
–Se está derribando el muro de la impunidad, después del Juicio a las Juntas, es el proceso más importante porque remonta a los orígenes del terrorismo de Estado. Trelew fue un ensayo de eso, y por eso constituye un crimen de lesa humanidad, porque anticipa un plan sistemático como el que se comprobó en el Juicio a la Juntas. Es el resultado del clima de lucha contra la impunidad. Pero para nosotros mismos fue inesperado. Es la realización de una larga aspiración de verdad y justicia, que ya parecía un capítulo cerrado. Para los familiares que sobreviven, como Alicia Bonet que vive en Francia, es una experiencia inimaginable que pudiera llegar este día.
EL PAIS › LA SITUACION PROCESAL DE LOS MARINOS DETENIDOS
Los presos por la masacre
Por Diego MartínezA treinta y cinco años de la masacre de Trelew, cuando nadie creía posible un mínimo esbozo de justicia, el juez federal Hugo Sastre resolverá esta semana la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su participación en las privaciones ilegales de la libertad, fusilamientos y encubrimiento por parte de la Armada y la dictadura de Alejandro Lanusse. A excepción del cabo primero (R) Carlos Marandino, quien admitió que abrió las puertas de los calabozos y tuvo que salir por orden de cuatro oficiales de la Armada alcoholizados, la situación de los imputados que reiteraron la versión oficial del intento de fuga es compleja. Los capitanes de fragata (R) Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa confirmó que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real prefirió no hablar. El contraalmirante (R) Horacio Mayorga y el capitán de navío (R) Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que fueron los superiores inmediatos de los fusiladores. “Nunca imaginé que esto pudiera darse alguna vez, ni siquiera las indagatorias. La expectativa es enorme, son demasiado años de espera”, confió a Página/12 Germán Camps, que tenía nueve años cuando se produjo la masacre a la que su hermano Alberto logró sobrevivir.
Los hechos del 22 de agosto de 1972 nunca fueron investigados por la Justicia. La Armada instruyó un sumario con su relato oficial, que ni siquiera se dignó a entregar al juez. A partir de las presentación de un grupo de familiares de las víctimas, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez tomó decenas de declaraciones testimoniales a personas que trabajaban en la base. Veinte días atrás ordenó las primeras cinco detenciones. De ese grupo original el único marino que no fue capturado es el teniente de navío (R) Roberto Bravo, el mayor símbolo de la masacre junto con Sosa. Página/12 informó en exclusiva que Bravo vive en Florida, Estados Unidos, donde es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Con los datos surgidos en las indagatorias, Sastre ordenó otras tres detenciones. Se concretó la del contraalmirante Mayorga y están pendientes las del general (R) Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia, y la del capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista, que instruyó el simulacro de sumario por orden del almirante Hermes Quijada. Su carátula es elocuente: “Investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la Base Almirante Zar”. La declaración de Bautista, que tiene 82 años y padece problemas cardíacos, se producirá recién la próxima semana. “Su médico no lo autorizó a viajar y no somos partidarios de tomar declaraciones por exhorto; consideramos que debemos estar presentes”, aclaró el secretario del juzgado, Mariano Miquelarena.
Si bien la Armada nunca entregó el sumario, Sastre conoce su conclusión: ningún indicio permitía sospechar de la existencia de delitos. A partir de las pruebas obrantes en la causa y de la declaración del suboficial Marandino, quien admitió que la Armada le ordenó mentir para respaldar la versión oficial, es improbable que Bautista encuentre argumentos sólidos para tomar distancia del encubrimiento. El juzgado también espera ansioso la respuesta de Interpol, encargada de detener al teniente empresario Bravo. Interpol consultó al juzgado si pretendían que Bravo fuera extraditado. Sastre respondió que sí pero no volvió a tener noticias.
Errores y horrores
Los lectores de Página/12 conocen mejor que nadie qué declararon los imputados. Sólo faltó desmenuzar el memorable relato del contraalmirante Mayorga, acusado como cómplice necesario de los fusilamientos. Mayorga admitió que “ante la presencia de gente extraña en Trelew” él ordenó “medidas de máxima seguridad” al capitán Paccagnini. Pidió que les informara a los presos que “se recurrirá a las armas aun cuando hubieran tomado rehenes para facilitar el canje”.
Mayorga llegó a Trelew al mediodía del 22 de agosto. Vio “los cuerpos en el pasillo” y “uno o dos que habían conseguido su acceso” a los calabozos. La versión del fusilamiento es “una falsedad propagandística” porque en ese caso no habría habido sobrevivientes, dijo. “Vi algún tiro en la cara, uno en la frente del cual emanaba bastante sangre” pese a las nueve horas transcurridas. Leyó su declaración antes de firmarla pero no se percató de la traición de su lengua cuando destacó “la habilidad de Quijada para extraer cómo pasaron las cosas”.
También sugirió que la declaración de Marandino estuvo “preparada y pagada”. Cuando el juez le recordó que el suboficial trabajó como chofer del agregado naval en Washington hasta fines de 2004 con un sueldo de 3900 dólares admitió que “la Armada protegió a los actores de este suceso, alejándolos del país y facilitando su vivir”.
–¿La protección fue a cambio de su silencio? –preguntó el fiscal Fernando Gélvez.
–El silencio total de una persona no se puede comprar nunca si no es con la eliminación de la misma –respondió. Nada sugiere que hable de oídas.
–¿Usted recibió la orden de eliminar a las 19 personas detenidas en la base Zar? –interrogó Gélvez.
–No. De haberla recibido creo que no la hubiera cumplido y si me hubieran convencido de hacerlo no habría habido errores ni dudosos marandinos (sic) para resolver el problema.
–¿Cómo explica que Sosa desoyó su orden al circular con la pistola en la cartuchera entre dos filas de detenidos?
–Creo que no desobedeció intencionalmante. Pasa que, al ser un hombre impetuoso, de decisiones rápidas, olvida lo de su propio armamento, que le es quitado en una acción de fuga. Sosa es un buen infante de marina pero estas circunstancias creo que lo superaron.
–Si admite que había entre novecientos y mil marinos en la base, que habían tomado todas las medidas de seguridad y les habían advertido a los presos que no se iban a canjear rehenes, ¿no es contraria al sentido común la versión del intento de fuga? –preguntó Gélvez.
Mayorga gambeteó la respuesta pero sinceró su concepto de las víctimas:
–No podíamos poner los mil hombres dentro de la guardia. Usted no pone toda su familia a cuidar al perro.
“El reconocimiento implícito del fusilamiento por parte del cabo Marandino, sumado a los testimonios recolectados por el juzgado, deja a los imputados a un paso del procesamiento. Si las detenciones implicaron un avance significativo en la causa, con los procesamientos que esperamos resuelva la Justicia se empieza a iluminar un crimen paradigmático, que es además el antecedente más claro del terrorismo de Estado”, consideró Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, que patrocina a los familiares de las víctimas.
“En relación a Mayorga, Paccagnini y Sosa por su responsabilidad en la cadena de mandos, y a Del Real por la propia imputación de Sosa, no tengo dudas de que les cabe el procesamiento por todos los delitos. La situación de Marandino, que no integraba la cadena de mandos y no está imputado de disparar, entiendo que es distinta y el juez debe dilucidarla desde esa perspectiva”, consideró Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos que también se sumó como querellante. Duhalde adelantó que una vez resueltas las situaciones procesales solicitará la exhumación de algunas víctimas y un peritaje por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para constatar la existencia o no de tiros de gracia.
El juez Hugo Sastre, elegido por el Consejo de la Magistratura para subrogar el cargo vacante en Rawson, se someterá el miércoles a las preguntas de los senadores nacionales que deben confirmar su designación en el cargo. Cuando vuelva a Chubut resolverá las situaciones procesales de los marinos. Su debut como juez federal no pasará desapercibido.
Mayorga es el quinto detenido en la causa de la masacre de Trelew
Es un veterano golpista del ‘55 y quien dio la orden de llevar a los guerrilleros rendidos a la base aérea, faltando a la promesa de retornarlos al penal. Bocón, hostil, fue el almirante que propuso fusilar con Coca-Cola en un estadio.
Por Diego MartínezEl octogenario contraalmirante (R) Horacio Mayorga, que mañana declarará por su responsabilidad en la masacre de Trelew de 1972, es tal vez la última síntesis viva del golpismo militar y el terrorismo de Estado que caracterizó a la Armada durante la segunda mitad del siglo pasado. En 1955 participó del golpe contra Juan Perón. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue comandante de la Aviación Naval. Tras el fusilamiento en la base Almirante Zar justificó: “Se hizo lo que se tenía que hacer”. En 1973 anunció la formación de patotas clandestinas. En los ’80 fue el primer oficial naval en reconocer la aplicación de torturas en la ESMA. Defendió ante la autodenominada Justicia militar a símbolos de la barbarie y la cobardía como el almirante Rubén Chamorro y Alfredo Astiz. En 2003 fue sancionado por el almirante Jorge Godoy por criticar la política de derechos humanos del gobierno nacional. Sin embargo, el destino fue generoso con Mayorga: nunca debió dar explicaciones ante la Justicia.
El contraalmirante es el quinto marino preso en la causa por la masacre de Trelew. Fue detenido tarde el viernes. Ayer fue trasladado a Rawson. Quedó incomunicado. La noticia no lo sorprendió: días pasados faxeó al juez Hugo Sastre una nota en la que reconoció que el 15 de agosto de 1972, como comandante de la Aviación Naval, transmitió desde Puerto Belgrano la orden de trasladar a los guerrilleros que acababan de entregar sus armas a la base Zar y no al penal de Rawson, como la Armada había prometido.
No sólo se lo indagará por su rol en los secuestros. Reivindicó la masacre ante su tropa: “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela (muerto en la fuga del 15 de agosto) y que los argentinos del orden público muertos en servicio”.
La de Trelew no fue su primera masacre. En 1955 era secretario del ministro de Marina. Justificó el bombardeo de la Plaza de Mayo: “Se buscaba un tratamiento de shock para evitar la reacción de la tropa civil peronista”. Admitió que “se sabía que iba a caer gente inocente pero mucha menos que en un ataque a toda la República”. “Todo lo arruinó el mal tiempo, la mala puntería y una rendición del enemigo que no se produjo nunca”, resumió. El 16 de junio, cuando aviones con el símbolo “Cristo Vence” bombardearon Plaza de Mayo y asesinaron a 364 civiles, Mayorga sí se rindió. Fue en el edificio del Ministerio de Marina, luego de tirotearse contra militares leales. “Temíamos que los ‘negros’ entraran y nos acuchillaran. Muchas veces pensamos: ‘Antes de que entre la turba y nos aplaste, me pego un tiro’. Yo tuve la pistola en la mano pero no me animé a hacerlo”, confesó. En el juicio por traición a la patria “nos defendimos diciendo que en realidad estábamos defendiendo a Perón. Era infantil nuestro argumento”, admitió. Se negó a firmar su propia declaración. Tuvo suerte: no fue fusilado sino liberado a los 20 días.
El 18 de junio de 1973, en su despedida como comandante de Aviación Naval y ante la inminente liberación de los presos políticos, anunció que “se están preparando bandas armadas clandestinas”. Dos días después fue la Masacre de Ezeiza y en noviembre hizo su aparición pública la Triple A. No hablaba de oídas. En 1976 estaba retirado pero conservaba su ascendente sobre futuras celebridades. Años después dijo haber disentido con la conducción naval: “Habría que haber fusilado en River con Coca-Cola gratis y televisándolo. Yo no estaba de acuerdo con eso de trabajar por izquierda”, eufemismo para describir procedimientos clandestinos. El trabajo por izquierda no lo amilanó: se ofreció para defender ante la “Justicia militar” al director de la ESMA Rubén Chamorro y al valiente marino que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, Alfredo Astiz.
“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada? 300 Astiz”, declaró en 1985. “¿Qué han matado gente? Claro. Todo el mundo sabe que los eliminábamos (sic). Se detenían cuatro o cinco y ¿cuántos había recuperables? Uno. Y era mucho”, agregó. A la periodista Tina Rosenberg intentó convencerla del humanitarismo naval. “Me preguntará por qué teníamos que gastar una inyección en esos prisioneros. Pero lo hicimos”, dijo. Cristiano al fin, no ocultó sus problemas de conciencia. “Debemos condenar la tortura. El día en que dejemos de condenar la tortura –aunque torturamos–, el día en que nos volvamos insensibles ante las madres que perdieron a sus hijos guerrilleros –aunque guerrilleros– habremos dejado de ser seres humanos.” En 2003 el almirante Godoy lo sancionó por cuestionar la política de derechos humanos del Gobierno y luego por criticar a los jefes de las tres Fuerzas Armadas ante 200 oficiales en actividad. Pese a su reiterada incontinencia verbal, nunca fue dado de baja de la Armada.
EL PAIS › PAGINA/12 ACCEDIO A LA DECLARACION DEL CABO MARANDINO, QUE CULPA A LA ARMADA
“Los fusiladores estaban ahí”
El cabo Carlos Amadeo Marandino declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en el ’72 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de los presos. Dijo que en octubre de 2007, los capitanes Vázquez y Poggi lo citaron al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
Por Diego Martínez
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende: se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada: en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado: según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina “Grupo de Contención” y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas, dijo. Portaban pistolas 45, agregó. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada 15 o 20 minutos por las mirillas de los calabozos. “De vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”, puntualizó.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres.
–¿Cuál fue el comportamiento de los detenidos durante sus guardias?
–Ningún problema, nunca.
–¿Gritaban, protestaban o hacían escándalo?
–En ningún momento. Siempre había silencio.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval.” Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo”, detalló. “Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor.” Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”, dijo.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso.” Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Página/12 informó que vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los 32 años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.
EL PAIS › OPINION
Finalmente patéticos
Por Luis BruschteinFusilar y que todo el mundo sepa que fue un fusilamiento, pero negarlo y decir, jurar y perjurar que fue un intento de fuga, tiene una carga igual a la de los desaparecidos. Se los secuestra y desaparece y que todo el mundo lo sepa, pero se lo niega. No hay reglas de juego, yo soy el amo, el que tiene poder y no necesita justificarlo ante nadie. Decido sobre la vida y la muerte y no tengo que rendir cuentas. Y que todo el mundo lo sepa. Que la sociedad lo sepa y lo incorpore en el lugar más recóndito de sus miedos. Sobre todo, el miedo como algo presente pero negado, espectral, amenazante. Eso fue la dictadura. Y eso comenzó a despuntar con los fusilamientos de Trelew y luego con los desaparecidos.
Parecerá vetusto hablar de los fusilamientos de Trelew, darle importancia a un hecho que pasó hace más de treinta años. Pero esa trama tejida sobre el miedo espectral que flotó sobre la sociedad, impregnó todos sus rincones y delineó conductas y actitudes, fue tan fuerte por el secreto, por lo no reconocido, que cuando se hace la luz, cuando los fantasmas se disuelven con la luz, quedan solamente los hechos, la cobardía de un acto arbitrario, salvaje e innecesario. No es un acto de poder, es barbarie pura y despreciable. Y así se va desanudando esa trama cerrada del miedo profundo que modeló a una sociedad.
El cabo Marandino dice: no fue un intento de fuga. Dice: los sacaron de las celdas y los fusilaron. Dice: cantaban el Himno porque se dieron cuenta de que iban a morir. Confirma lo que dijeron los sobrevivientes. Y los verdugos, despojados de los atributos de ese poder oscuro, quedan incluso disminuidos frente a sus víctimas, aun cuando no se esté de acuerdo con ellas. No hay legitimidad ni valentía en fusilar prisioneros inermes sin siquiera asumir la responsabilidad de haberlo hecho. Hay miseria, seres pequeños con un poder sin épica.
La voz oficial siempre fue ambigua: fusilamos, pero no fusilamos. Mucha gente tomó la palabra oficial, aceptó que fue un intento de fuga, porque la palabra oficial es más creíble, es más seria. Pero en el fondo sabía que fue una masacre y tejió sus miedos o sus rabias o asumió la falsa moral de ese discurso. Esa es la lección con que la masacre de Trelew alimentó a la sociedad y que luego se reproducirá 30 mil veces con la dictadura.
Los verdugos tienen ahora el patetismo de los fantasmas a la luz del día. “¿Esos eran nuestros héroes?”, dirán algunos. “¿A eso le teníamos tanto miedo?”, pensarán otros. Son las preguntas que disuelven los nervios de una lógica que amarró al país. Que lo sofocó en su momento y en los que siguieron. Porque hasta ayer seguían siendo héroes o monstruos y hoy son nada más que seres patéticos, despreciables.
Marandino dice que sus jefes de ese momento le ordenaron que debía mentir. Y comenzaron a tejer un andamiaje de mentiras que terminaron embarrando más que sosteniendo a toda la Armada, que con esa masacre trataba de obstaculizar el proyecto del dictador Alejandro Lanusse de iniciar la retirada del poder. Los prisioneros fueron fusilados por las diferencias internas entre las Fuerzas Armadas, ni siquiera fue un episodio de la “guerra antisubversiva” o una revancha por la fuga de los jefes guerrilleros. La luz disuelve las tinieblas, aun después de tantos años. Pone las cosas en su lugar y les da un orden ético y moral que alivia, porque puede dejar los miedos a un lado.
22:47 › LA MASACRE DE TRELEW
El capitán Sosa acusó a sus camaradas
El capitán de fragata retirado Luis Emilio Sosa, sindicado como uno de los ejecutores de la "Masacre de Trelew", donde fueron acribillados 19 militantes de izquierda y 16 resultaron muertos el 22 de agosto de 1972, declaró durante más de seis horas y culpó a sus camaradas por los disparos.
Sosa comenzó a declarar poco antes de las 11 y fue interrogado hasta cerca de las 17, tras lo cual abandonó el juzgado mascullando "sin comentarios... sin comentarios", mientras ocultaba su cara de las cámaras detrás de una carpeta para ascender a un auto policial y volver a la celda.
Sastre reveló que "Sosa repasó los sucesos con lujo de detalles, en primera persona, como protagonista. Se prestó a la declaración indagatoria, cosa que para nosotros es impo
