Acción Global 02/12/2019
Este lunes 2 de Diciembre se dará la sentencia escrita que condenó a
los 7 autores materiales del asesinato de nuestra compañera Berta
Cáceres
Acompañanos en la Corte Suprema de Justicia a la 1:00 pm en Tegucigalpa o súmate a la acción global #JusticiaParaBerta
Acompañanos en la Corte Suprema de Justicia a la 1:00 pm en Tegucigalpa o súmate a la acción global #JusticiaParaBerta
Sentencia a asesinos de Berta Cáceres debe esclarecer estructura criminal detrás de su asesinato
noviembre 29, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
| Tegucigalpa.- Ante la lectura de la
primera sentencia por el caso de Berta Cáceres, que tendrá lugar el
próximo lunes 02 de diciembre, desde el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) esperan que el Tribunal de Sentencia
retome las conclusiones presentadas en su fallo oral del juicio el
pasado 29 de noviembre de 2018.
Cejil celebra que, en dicho fallo, el
Tribunal reconoció a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo,
Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como
coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal
reconoció a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte como responsables por
tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. Asimismo, recuerda que el Tribunal dio por probado que “las acciones de represalias” en contra de Berta Cáceres se realizaron “con la finalidad de debilitar el movimiento que ella lideraba” y que su asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Estado de Honduras debe reconocer que este asesinato no fue un hecho aislado, sino el continuo de una serie de ataques y amenazas ejecutadas con el fin de acabar con la labor de defensa de derechos humanos y la oposición que lideraba Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instalado en territorio lenca. La sentencia condenatoria por el juicio contra los autores materiales del crimen debe representar un primer paso hacia la investigación, juzgamiento y sanción de toda la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres, incluyendo a aquellos que se beneficiarían económicamente de su asesinato. Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera Honduras. |
Los patrones de represión para desmantelar gobiernos que estorban a EUA
Tuesday, 12 November 2019 22:31 Written by Heidy Dávila - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Estados Unidos y sus alianzas con oligarquías de América Latina
para derrocar gobiernos que le estorban, han utilizado a lo largo de la
historia estrategias sangrientas de dominación contra países que no
siguen sus líneas de sometimiento, eso le pasó a Bolivia, donde su
presidente Evo Morales fue obligado a salir del poder la semana pasada.
La mayoría de países en Latina tienen relaciones estratégicas con los
Estados Unidos, sin embargo a través de la historia durante el siglo XX
y XXI se ha profundizado el poder hegemónico de esa nación del Norte ,
lo que impacta en las decisiones comerciales y militares.
El apoyo de los Estados Unidos al Golpe de Estado en Bolivia este 10 de noviembre del 2019, ha levantado la polémica en América Latina. La derecha aprobando y los movimientos sociales han dejado ver su inconformidad en el proceso de intromisión en un país que se contempla con una posición de izquierda y anti-imperialista.
Patrones de represión
La similitud entre los patrones de ataques hacia la población que se manifiestan en los golpes de Estado auspiciados por los Estados Unidos es tal que se llevan a cabo agresiones físicas, torturas, heridas de balas, golpes con toletes, golpes con bombas lacrimógenas y asfixia respiratoria, heridas por piedras y balas de goma, en las situaciones más graves abuso sexual y asesinato.
La impunidad sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, también es tan similar, y o es extraño debido a que los cuerpos represivos han sido entrenados por los Estados Unidos en lo que antes se llamaba la Escuela de Las Américas y ahora Instituto para el Hemisferio Occidental.
Allí aprenden a entrenarse en guerra sicológica, torturas, desapariciones forzadas, seguimientos, vigilancia y otras formas represivas para entorpecer los avances de los movimientos sociales en el hemisferio.
En el 2009 quedó demostrado que el país del norte apoyó el golpe de Estado para sacar a fuerza de balazos al presidente Manuel Zelaya Rosales. En ese contexto hubo una escalada represiva sin precedentes en Honduras.
Los viejos alumnos de la Escuela de Las Américas e integrantes en los 80 del Escuadrón de la Muerte 3-16, salieron a la luz pública, como Jackeline Flogia; Billy Joya Améndola, y otros que jugaron un papel protagónico en la guerra sucia.
En Bolivia el nivel de violencia generado por paramilitares, grupos de choque y los cuerpos represivos del Estado junto con la oligarquía boliviana que estaba desesperada por los cambios estructurales impulsados por Evo Morales, sacaron por la fuerza del poder al presidente.
En Honduras a raíz de las protestas que duraron desde las elecciones del 26 de noviembre del 2017, hasta inicios del 2018, se reportaron al menos 15 muertos y más de 80 heridos. En Bolivia en los 22 días de protestas ha habido tres muertes y más de 340 heridos, además de persecución al presidente Morales, persecución contra su familia y los miembros de su gobierno.
En Honduras las agresiones cometidas por las fuerzas armadas y policía nacional no han tenido ningún tipo de responsabilidad ya que el sistema de justicia tiene una tendencia a protegerlos.
En cambio, cuando el policía ha sido identificado con nombre y apellido suelen desvincular el delito para que recaiga sobre el individuo y no de la institución como tal, eso se visualizó en un proceso de defensores de derechos humanos.
Otro de los ataques parecidos al golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales en Honduras, es el desmantelamiento de los medios de comunicación hasta donde llegan las botas militares a imponer censura para que no se siga informando sobre la verdadera situación, así ha ocurrido en Bolivia que desde el 09 de noviembre, los estudios de Bolivia TV, que es un medio público, fueron ocupados por grupos afines al golpismo.
Más golpes orquestados por Washington
La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, fue acusada de fraude y privada de sus funciones por 180 días, impulsado por el presidente de la cámara de diputados Jair Bolsonaro, donde se estableció un gobierno de facto en el cual ella no podría volver a concluir su periodo presidencial, antes de ello el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando la situación del país con la militarización y la reforma judicial a cargo de James Mattis, quién mantenía una cercanía con Bolsonaro, como presidente de la cámara y militar retirado.
El apoyo de los Estados Unidos al Golpe de Estado en Bolivia este 10 de noviembre del 2019, ha levantado la polémica en América Latina. La derecha aprobando y los movimientos sociales han dejado ver su inconformidad en el proceso de intromisión en un país que se contempla con una posición de izquierda y anti-imperialista.
Patrones de represión
La similitud entre los patrones de ataques hacia la población que se manifiestan en los golpes de Estado auspiciados por los Estados Unidos es tal que se llevan a cabo agresiones físicas, torturas, heridas de balas, golpes con toletes, golpes con bombas lacrimógenas y asfixia respiratoria, heridas por piedras y balas de goma, en las situaciones más graves abuso sexual y asesinato.
La impunidad sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, también es tan similar, y o es extraño debido a que los cuerpos represivos han sido entrenados por los Estados Unidos en lo que antes se llamaba la Escuela de Las Américas y ahora Instituto para el Hemisferio Occidental.
Allí aprenden a entrenarse en guerra sicológica, torturas, desapariciones forzadas, seguimientos, vigilancia y otras formas represivas para entorpecer los avances de los movimientos sociales en el hemisferio.
En el 2009 quedó demostrado que el país del norte apoyó el golpe de Estado para sacar a fuerza de balazos al presidente Manuel Zelaya Rosales. En ese contexto hubo una escalada represiva sin precedentes en Honduras.
Los viejos alumnos de la Escuela de Las Américas e integrantes en los 80 del Escuadrón de la Muerte 3-16, salieron a la luz pública, como Jackeline Flogia; Billy Joya Améndola, y otros que jugaron un papel protagónico en la guerra sucia.
En Bolivia el nivel de violencia generado por paramilitares, grupos de choque y los cuerpos represivos del Estado junto con la oligarquía boliviana que estaba desesperada por los cambios estructurales impulsados por Evo Morales, sacaron por la fuerza del poder al presidente.
En Honduras a raíz de las protestas que duraron desde las elecciones del 26 de noviembre del 2017, hasta inicios del 2018, se reportaron al menos 15 muertos y más de 80 heridos. En Bolivia en los 22 días de protestas ha habido tres muertes y más de 340 heridos, además de persecución al presidente Morales, persecución contra su familia y los miembros de su gobierno.
En Honduras las agresiones cometidas por las fuerzas armadas y policía nacional no han tenido ningún tipo de responsabilidad ya que el sistema de justicia tiene una tendencia a protegerlos.
En cambio, cuando el policía ha sido identificado con nombre y apellido suelen desvincular el delito para que recaiga sobre el individuo y no de la institución como tal, eso se visualizó en un proceso de defensores de derechos humanos.
Otro de los ataques parecidos al golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales en Honduras, es el desmantelamiento de los medios de comunicación hasta donde llegan las botas militares a imponer censura para que no se siga informando sobre la verdadera situación, así ha ocurrido en Bolivia que desde el 09 de noviembre, los estudios de Bolivia TV, que es un medio público, fueron ocupados por grupos afines al golpismo.
Más golpes orquestados por Washington
La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, fue acusada de fraude y privada de sus funciones por 180 días, impulsado por el presidente de la cámara de diputados Jair Bolsonaro, donde se estableció un gobierno de facto en el cual ella no podría volver a concluir su periodo presidencial, antes de ello el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando la situación del país con la militarización y la reforma judicial a cargo de James Mattis, quién mantenía una cercanía con Bolsonaro, como presidente de la cámara y militar retirado.
Aseguran que neoliberalismo y autoritarismo está provocando profundo descontento en América Latina
22 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El sociólogo Armando Orellana explicó que el actual modelo neoliberal, sumado a los vientos de autoritarismo, está provocando revoluciones en la región, así como las conspiraciones de élites para recapturar el Estado como en Bolivia.
Agregó que gran parte del actual escenario político regional «es multicausal, pero fundamentalmente es la insatisfacción de la población frente a políticas públicas».
Orellana expuso que las gestiones de gobierno que se plantean en la actualidad «no son para el bien común y la teoría que ha planteado el neoliberalismo del derrame no han hecho efectivo realmente una distribución de la riqueza».
“Me parece concretamente que Honduras al igual que Centroamérica, también tiene hechos similares; tenemos pólvora regada en el suelo que puede causar volatilidad en la región», indicó Orellana.
El analista estimó que la crisis de estos países, incluyendo a Honduras, «tiene que ver con muchos factores y hay que tomar en cuenta los escenarios internacionales, la lógica de dominación del imperialismo genera expectativa con la idea que estos actores podrían intervenir».
También consideró que “es importante valor la cuestión mediática, los medios de comunicación que generan campañas de miedo, hay una enorme tarea que desarrollo, salvo raras ocasiones”.
Aseguró que el grado educativo de la población es importante «porque al hacer esta referencia, en el caso concreto de Chile, donde hay altos niveles de escolaridad, vemos que se enciende más rápido y que hay mayores niveles de conciencia y ese pueblo sale y se despierta con facilidad».
El sociólogo Armando Orellana explicó que el actual modelo neoliberal, sumado a los vientos de autoritarismo, está provocando revoluciones en la región, así como las conspiraciones de élites para recapturar el Estado como en Bolivia.
Agregó que gran parte del actual escenario político regional «es multicausal, pero fundamentalmente es la insatisfacción de la población frente a políticas públicas».
Orellana expuso que las gestiones de gobierno que se plantean en la actualidad «no son para el bien común y la teoría que ha planteado el neoliberalismo del derrame no han hecho efectivo realmente una distribución de la riqueza».
“Me parece concretamente que Honduras al igual que Centroamérica, también tiene hechos similares; tenemos pólvora regada en el suelo que puede causar volatilidad en la región», indicó Orellana.
El analista estimó que la crisis de estos países, incluyendo a Honduras, «tiene que ver con muchos factores y hay que tomar en cuenta los escenarios internacionales, la lógica de dominación del imperialismo genera expectativa con la idea que estos actores podrían intervenir».
También consideró que “es importante valor la cuestión mediática, los medios de comunicación que generan campañas de miedo, hay una enorme tarea que desarrollo, salvo raras ocasiones”.
Aseguró que el grado educativo de la población es importante «porque al hacer esta referencia, en el caso concreto de Chile, donde hay altos niveles de escolaridad, vemos que se enciende más rápido y que hay mayores niveles de conciencia y ese pueblo sale y se despierta con facilidad».
Opinion
Militares
20 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
Por Víctor Meza
Los acontecimientos en el cono sur han vuelto a poner de moda a los militares. ¡Quién lo diría! Después de tanta barbarie cometida, tanta brutalidad y tanta estulticia demostrada, uno pensaría que los señores uniformados difícilmente volverían a ocupar un lugar destacado y beligerante en el escenario político de sus respectivos países. Pero no ha sido así. Con los inevitables matices y variantes, los militares están volviendo por sus fueros y amenazan, de nuevo, reconvertirse en la institución factótum de la política latinoamericana.
Pero esto no solo sucede en el sur. También en la parte norte y central del continente acontecen hechos parecidos. Aquí, en Centroamérica, en donde nunca han perdido plenamente su rol arbitral y su vocación tutelar en la política local, los uniformados conservan y, con indeseable frecuencia, amplían y consolidan sus radios de influencia.
En el caso específico de nuestro país, las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de la ruptura constitucional realizada el fatídico 28 de junio del año 2009, han logrado, entre otros, los siguientes objetivos: a) conservar y asegurar los espacios de influencia o control que ya tenían antes del 28 J, herencia bien guardada de los procesos de militarización del Estado puestos en marcha a partir del año 1963, cuando usurparon el poder mediante un golpe de Estado y frustraron el incipiente proceso de construcción democrática de la sociedad hondureña; b) ampliar esos espacios en la medida de lo posible y recuperar los ya perdidos en el proceso de la vacilante desmilitarización puesto en práctica a partir del año 1994, y finalmente c) adquirir nuevos espacios e irradiar su influencia institucional sobre otros eslabones de la cadena estatal.
De esta forma, poniendo en práctica la estrategia de conservar, ampliar y adquirir nuevos espacios, los militares han condenado a la sociedad hondureña a revertir gradualmente la dinámica de la débil desmilitarización y poner en marcha otra, la de la remilitarización. Esta sustitución de procesos, en la que la desmilitarización pierde fuerza y, al mismo tiempo, cobra vigor la dinámica contraria, la remilitarización, no habría sido posible sin el golpe de Estado del año 2009 y, sobre todo, sin la complicidad oportunista y cobarde de buena parte de la mal llamada “clase política” local.
Fueron esos denominados “operadores” políticos de las élites, los agentes cupulares de los partidos políticos tradicionales, los que avalaron el rol intervencionista de la institución castrense, auparon a sus generales traidores y, al final, consumaron el mazazo demoledor sobre el débil proceso de construcción democrática en Honduras. Sus nombres, como sus acciones, deben quedar registrados para siempre en la borgesiana “Historia universal de la infamia”.
Actualmente, la sociedad hondureña vive – y padece – un grotesco e inaceptable proceso de remilitarización de la vida nacional. Las élites gobernantes no vacilan en estimular y patrocinar este proceso, concediendo canonjías y prebendas de todo tipo a los hombres de uniforme, al tiempo que, consciente o inconscientemente, debilitan o simplemente destruyen las frágiles instituciones del país. Ingenuamente, creen que al fortalecer a los militares y ser tan permisivos con sus desmanes y ambiciones, logran el objetivo de fortalecer las estructuras del régimen y promover la influencia de los políticos civiles.
Nada más equivocado y anodino. Al fortalecer a los uniformados, la estructura civil del gobierno se debilita y erosiona. Al ceder en demasía ante las pretensiones del estamento castrense, las instituciones se vuelven más vulnerables y el aparato del Estado poco a poco se desnaturaliza y desvirtúa.
No es lo mismo favorecer las ambiciones de un militar determinado que promover el desarrollo y fortalecimiento del militarismo. Los “operadores políticos” de las élites, con la venia del señor inquilino ilegal de la Casa de Gobierno, actúan en ambas direcciones: premian a los jefes castrenses de turno y, al mismo tiempo, facilitan y promueven el establecimiento del militarismo, en tanto que sistema, en la sociedad hondureña.
A los ejemplos me remito: la entrega en manos militares del programa de recuperación de la agricultura y el manoseo opaco de millonarios recursos del Estado. Esta decisión, avalada por supuestos “líderes” campesinos, tan oportunistas como lambiscones, es apenas una muestra de la remilitarización de nuestra sociedad. Lo triste es así.
El exalcalde de la capital y
dirigente nacionalistas, Ricardo Álvarez, anunció que no participará en
la convención nacionalista, diciéndole no a Juan Orlando Hernández;
quien pregona la unidad del partido.
Álvarez, en reiteradas ocasiones ha manifestado su descontento con las acciones de Hernández, en cuanto a su participación en las decisiones de partido.
Uno de los factores que mantienen divididos a Álvarez y la fracción orlandista es la candidatura presidencial de Nasry Asfura, la cual es promovida por Juan Orlando Hernández y pretenden imponer sin desarrollar elecciones internas.
No es la primera vez que el exedil no asiste a una convención, reforzando la división en el Partido Nacional y que la unidad pasa por consensos a lo interno de la fuerza política.
Hace tres meses, el líder de Salvemos Honduras, advirtió a sus correligionarios que la verdadera unidad pasaba por cero imposiciones.
WASHINGTON, DC – Hoy, Representantes de los
Estados Unidos Jan Schakowsky (IL-09), Mark Pocan (WI-02), James P.
McGovern (MA-02) y Jesus G. “Chuy” Garcia (IL-04) emitieron la siguiente
declaración sobre el asesinato de un líder laboral de Honduras:
“Condenamos el asesinato injusto del sindicalista Hondureño, Jorge Alberto Acosta, este fin de semana. Acosta fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) en la Lima, Cortes, Honduras. Durante el año pasado, Acosta recibió amenazas crecientes en su contra y también en contra de otros miembros de SITRATERCO. En respuesta a la solicitud de los sindicatos y de la red anti-violencia del sindicato nacional, el gobierno autorizó una medida de protección para él, pero la protección nunca llegó. El asesinato de Acosta es una más en una ola brutal de asesinatos, amenazas, secuestros, golpizas, tortura y desapariciones forzadas de activistas del movimiento social y laboral en Honduras dirigido a mujeres Afro-indígenas, campesinos, maestros sindicalistas, activistas en la oposición política, periodistas e muchos otros.
“El movimiento laboral de Honduras está en más peligro ahora que nunca. Sin embargo, el gobierno de Honduras no brinde los sistemas de protección que obliga la ley, no investiga ni lleva ante la justicia quienes amenazan y asesinan activistas sindicales, y no aplica sus propios leyes laborales. Como ha sido documentado por el AFL-CIO y sindicatos Hondureños, el gobierno de Honduras no ha cumplido con sus obligaciones legales bajo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y América Central (CAFTA) para prevenir violencia anti-sindical y otros violaciones desenfrenados.
“El gobierno de Honduras tiene que investigar al fondo y llevar a juicio el asesinato de Jorge Alberto Acosta, incluyendo los autores intelectuales y materiales del crimen. Tiene que brindar la protección que la ley obliga a otros miembros del Comité Ejecutivo de SITRATERCO e investigar y enjuiciar todas las amenazas que han recibido. El gobierno debe proteger la seguridad, derechos y libertades de todos los sindicalistas. También hacemos un llamado al gobierno de los EEUU a mantener abierto el proceso de Monitoreo y Plan de Acción de CAFTA (MAP) y avanzar con la denuncia de Honduras, llevándolo al segundo etapa del proceso de solución de controversias. El Congreso debe considerar H.R. 1945, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, lo cual suspendería fondos a Honduras para operaciones de la policía y el ejército hasta que el gobierno de Honduras investigue alegaciones creíbles de violaciones extremas de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad.
“En vez de legitimar y apoyar el gobierno de Honduras, la administración de Trump debe denunciar públicamente estos asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. En vez de tratar los migrantes quienes huyen de este terror como invasores peligrosos, debemos recibirlos como asilados.”
Los acontecimientos en el cono sur han vuelto a poner de moda a los militares. ¡Quién lo diría! Después de tanta barbarie cometida, tanta brutalidad y tanta estulticia demostrada, uno pensaría que los señores uniformados difícilmente volverían a ocupar un lugar destacado y beligerante en el escenario político de sus respectivos países. Pero no ha sido así. Con los inevitables matices y variantes, los militares están volviendo por sus fueros y amenazan, de nuevo, reconvertirse en la institución factótum de la política latinoamericana.
Pero esto no solo sucede en el sur. También en la parte norte y central del continente acontecen hechos parecidos. Aquí, en Centroamérica, en donde nunca han perdido plenamente su rol arbitral y su vocación tutelar en la política local, los uniformados conservan y, con indeseable frecuencia, amplían y consolidan sus radios de influencia.
En el caso específico de nuestro país, las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de la ruptura constitucional realizada el fatídico 28 de junio del año 2009, han logrado, entre otros, los siguientes objetivos: a) conservar y asegurar los espacios de influencia o control que ya tenían antes del 28 J, herencia bien guardada de los procesos de militarización del Estado puestos en marcha a partir del año 1963, cuando usurparon el poder mediante un golpe de Estado y frustraron el incipiente proceso de construcción democrática de la sociedad hondureña; b) ampliar esos espacios en la medida de lo posible y recuperar los ya perdidos en el proceso de la vacilante desmilitarización puesto en práctica a partir del año 1994, y finalmente c) adquirir nuevos espacios e irradiar su influencia institucional sobre otros eslabones de la cadena estatal.
De esta forma, poniendo en práctica la estrategia de conservar, ampliar y adquirir nuevos espacios, los militares han condenado a la sociedad hondureña a revertir gradualmente la dinámica de la débil desmilitarización y poner en marcha otra, la de la remilitarización. Esta sustitución de procesos, en la que la desmilitarización pierde fuerza y, al mismo tiempo, cobra vigor la dinámica contraria, la remilitarización, no habría sido posible sin el golpe de Estado del año 2009 y, sobre todo, sin la complicidad oportunista y cobarde de buena parte de la mal llamada “clase política” local.
Fueron esos denominados “operadores” políticos de las élites, los agentes cupulares de los partidos políticos tradicionales, los que avalaron el rol intervencionista de la institución castrense, auparon a sus generales traidores y, al final, consumaron el mazazo demoledor sobre el débil proceso de construcción democrática en Honduras. Sus nombres, como sus acciones, deben quedar registrados para siempre en la borgesiana “Historia universal de la infamia”.
Actualmente, la sociedad hondureña vive – y padece – un grotesco e inaceptable proceso de remilitarización de la vida nacional. Las élites gobernantes no vacilan en estimular y patrocinar este proceso, concediendo canonjías y prebendas de todo tipo a los hombres de uniforme, al tiempo que, consciente o inconscientemente, debilitan o simplemente destruyen las frágiles instituciones del país. Ingenuamente, creen que al fortalecer a los militares y ser tan permisivos con sus desmanes y ambiciones, logran el objetivo de fortalecer las estructuras del régimen y promover la influencia de los políticos civiles.
Nada más equivocado y anodino. Al fortalecer a los uniformados, la estructura civil del gobierno se debilita y erosiona. Al ceder en demasía ante las pretensiones del estamento castrense, las instituciones se vuelven más vulnerables y el aparato del Estado poco a poco se desnaturaliza y desvirtúa.
No es lo mismo favorecer las ambiciones de un militar determinado que promover el desarrollo y fortalecimiento del militarismo. Los “operadores políticos” de las élites, con la venia del señor inquilino ilegal de la Casa de Gobierno, actúan en ambas direcciones: premian a los jefes castrenses de turno y, al mismo tiempo, facilitan y promueven el establecimiento del militarismo, en tanto que sistema, en la sociedad hondureña.
A los ejemplos me remito: la entrega en manos militares del programa de recuperación de la agricultura y el manoseo opaco de millonarios recursos del Estado. Esta decisión, avalada por supuestos “líderes” campesinos, tan oportunistas como lambiscones, es apenas una muestra de la remilitarización de nuestra sociedad. Lo triste es así.
REFLEXIÓN / ¿POR QUÉ JUAN NO RENUNCIA? O EL “PAPÁ DE LOS POLLITOS”
“Ábranse
que llevo lumbre, o se quitan o los quito, ya saben que yo no juego,
tengo fama de maldito, por si no saben yo soy, el papa de los pollitos”.
Al fondo del salón con cerveza en mano, el hombre sonríe.
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Un grupo de helicópteros rompe la noche en el pequeño poblado de El
Paraíso, Copán, occidente de Honduras; es la 1:00 de la mañana y ya
todos los invitados llegaron, los habitantes de esa aldea han aprendido a
ver y no hablar, pocas cosas los sorprenden ya. La fiesta de capos ha
empezado.
Invitan
a las jóvenes del pueblo, alcohol fluye y las horas pasan, las fajas
gruesas, sombreros grandes y las botas de marcas importadas son los
distintivos, no se distinguen bien, entre los que son políticos y los
que son narcos y se mezclan tan bien que al final de la noche serán los
mismos.
Para
ellos han pedido música en vivo, Los Tucanes de Tijuana, música al
gusto de personas con primaria truncada, no es cualquier día, es un
evento especial, celebran en Colombia, México y Honduras, el narco
llegaba a ser “presidente” y controlar el poder estatal para el
beneficio del crimen organizado. “Ábranse que llevo lumbre, o se quitan o
los quito, ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito, por si no
saben yo soy, el papá de los pollitos”. Al fondo del salón con cerveza
en mano, el hombre sonríe.
Tiempo
atrás una reunión similar, un Ricardito diciendo y gritando que le
habían hecho fraude, misteriosamente después de algún viaje, mencionó
que no había problema, que apoyaba al partido Nacional y al candidato
democráticamente electo (en el Paraíso, Copán), los capos no necesitan
un niño de la Americana, con ínfulas de “Chicago Boys”, necesitan
alguien que “haga lo que tenga que hacer”, para permanecer en el poder,
por y para ellos. Señoritos de nurschool bañados con agua azul en “Pool
party” (fiesta de piscina) como Ricky o Sikaffi, no están para este
mundo, “déjennos trabajar” con Melex y té de valeriana.
En
símil al escritor francés Guy de Maupassant, que en sus últimos días y
en estado de locura gritaba: “¿Dónde están mis ideas?”; los más geniales
analistas de Honduras, desde el Doctor Hugo Noé Pino, el Doctor Pastor
Fasquelle, el Doctor Rafael Murillo Selva, Víctor Meza, hasta los
doctores filósofos del Derecho, Rodil Rivera Rodil, Edmundo Orellana y
Raúl Pineda, ven incrédulos desde las altas esferas celestes del
conocimiento qué pasa y no comprenden, los análisis se han gastado,
ninguna de las ciencias nos da respuesta, ni las económicas, ni las
políticas, ni las sociales explican qué pasa hoy en Honduras, pero…
¡Amigos!
Es que esto no es política, ni un gobierno de las ciencias, esto es el
crimen y el narco reinando, bien vendría ver “Narcos” o “Breaking Bad”
en Netflix, para comprender; aunque Televicentro también nos regala cada
año, seis meses continuos de narconovelas durante las 24 horas de todos
los días (estudio hecho en casa). Si queremos comprender lo que hoy
aquí pasa abandonemos las ciencias o terminaremos como Guy. O quizá con
un pensamiento más ligero y conveniente como el analista favorito de
Televicentro Edgardo Rodríguez, a esos cerebros nunca pasa nada, el
poliestireno en el cerebro lo recubre bien. Además, los cerebros
sensibles al sufrimiento humano la naturaleza los da sólo a los más
inteligentes. Eso es ciencia.
Quien
lo entendió primero fueron los gringos y nunca más trajeron a un
embajador ¿Y es que son papos pue? Y luego el imperio católico, mandó a
dormir al Cardenal y se impuso la sabia Conferencia Episcopal, donde
apenas representa un voto y que, por cierto, ya está alineado ¡Basta ya!
Gritaron y así la santa iglesia vivirá; después el pobre de Evelio que
se fue a su cueva, tarde, pero comprendió que defendía no sólo
corrupción (o sea, la corrupción uno puede trabajar y llevarse pinta,
chequecito por aquí y por allá), sino algo mucho más grande y peligroso,
él sabe bien.
Ese
vacío de actores claves, permitió que el narco pueda llevarse con lo
más vulgar de la sociedad, femenino y masculino, el sedimento en el
fondo del agujero, surgieron los Marvin Ponce, Anduray, Edgardo, obvios
comunicadores y los aprendices de pastor como el pequeño Roy Santos,
después que lo llevaron a Israel, temerario salió, y dice que habla con
Dios, y que el señor quiere una nueva reelección de Juan. Número uno,
silueta de religioso, es pecado jugar con la imagen de Dios para
beneficio propio y número dos, ¡Santa Rosita ahí te vamos!
Los
medios tradicionales de comunicación, los que pertenecen a grupos, no
hablo de las pulperías, han marcado su distanciamiento (obviamente no
tanto como para que no les pauten), mientras los tradicionales más
nuevos se han bañado en vulgaridad, fango y dinero, no se disimula usted
sabe, engañar con noticias apropiadas para la ocasión, hagamos fitness
mientras cruje el hambre; hablemos del ovni mientras acribillan al
pueblo y huyen del país las empresas o quiebran, etc., arrodillarse al
“líder” para recoger la bolsa, con una población estratégicamente
analfabeta, no es complicado permearse con chanza, rusticidad e idiotez.
En
Chile, Piñera retrocedió, en Ecuador, Moreno retrocedió, en Puerto
Rico, Ricky renunció, en Brasil, Bolsonaro no sabe qué hacer y tuvo que
liberar a Lula; todos estos países, no tienen ni la mitad de los
horrores que hemos visto en ascenso macabro en la última década. En
algunas de las manifestaciones bastó un solo asesinato para detener un
proyecto, pero es que los presidentes de esos países saben que hay
justicia, tienen proyectos importantes de vida y carrera política;
entienden que esos son delitos de lesa humanidad y que no prescriben.
En
Honduras eso no importa, aquí sólo se quedó a vivir el temerario o
quien no tiene adonde irse en el extranjero, o quien se resiste a dejar
de la mano a su hoy desgraciada Patria; miren esa interminable galería
de rótulos en bellos inmuebles de zonas exclusivas de Tegucigalpa, “se
vende”, “Se renta” o ambas, pues aquí se mata a quien sea, y quien manda
si se tiene que morir con el tequila en la mano y el AK-47 en la otra,
en la oficina presidencial, así se hará.
“Ya
saben que soy el jefe y que conmigo no pueden, más vale que me
respeten, porque son bravos mis plebes, con una clave se activa, eso sí
pecan de crueles”, esa línea la conoció bien Magdaleno, sigue la tonada
al fondo del salón, Juan no se puede ir de casa de gobierno, no es
opcional, Dorian Gray y su retrato lo supo antes, ni siquiera la muerte
los puede separar cuando se ha contraído un trato con el diablo. No
tiene retorno al paraíso, después del pecado ni Adán ni Eva pudieron
volver.
La
ira y la muerte andan agarradas de las manos en Honduras, el hondureño
grita, pelea, se embriaga, está pobre y desesperado, se suicida o anda
angustiado, no hay vida tranquila, el problema es que ya no hay Estado
porque murió el gobierno, la sociedad ya no siente su cuerpo ¿habremos
muerto? Y por eso las empresas van muriendo y no lentamente. Es ley, los
cuerpos gobernados por enfermedades llegan al final para que renazca la
vida en otro cuerpo sano y fuerte, y esos nacimientos deben ser
violentos cuando nadie quiere paz por las buenas.
Desde
una tarima en un pueblo abandonado grita Oliva: “Juan Orlando es el
papá de los pollitos”, y tenía razón. “Ya saben que soy el jefe y que no
soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos y
les recuerdo que soy el papa de los pollitos”. Sigue sonando la misma
canción…
Publicado el 25 Noviembre, 2019
Álvarez, en reiteradas ocasiones ha manifestado su descontento con las acciones de Hernández, en cuanto a su participación en las decisiones de partido.
Uno de los factores que mantienen divididos a Álvarez y la fracción orlandista es la candidatura presidencial de Nasry Asfura, la cual es promovida por Juan Orlando Hernández y pretenden imponer sin desarrollar elecciones internas.
No es la primera vez que el exedil no asiste a una convención, reforzando la división en el Partido Nacional y que la unidad pasa por consensos a lo interno de la fuerza política.
Hace tres meses, el líder de Salvemos Honduras, advirtió a sus correligionarios que la verdadera unidad pasaba por cero imposiciones.
Crisis económica y social hará que empresarios se sumen al clamor general: Rodil Rivera Rodil
noviembre 21, 2019
Redacción
Por: Glenn Flores*
El abogado Rodil Rivera Rodil fue uno de los negociadores del depuesto gobierno de Manuel Zelaya en el golpe de Estado del 2009. Rodil es un intelectual de obligada consulta para conocer la realidad de Honduras. En un diálogo franco con Criterio nos compartió las siguientes impresiones sobre el empresariado y su relación con el actual régimen.
Rivera Rodil dialogó con nuestro columnista Glenn Flores sobre el papel de los empresarios en la crisis política social y económica que vive Honduras desde el golpe de Estado en junio de 2009 y que ha arreciado en los últimos años con los gobiernos ilegítimos de Juan Hernández que además está señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico junto a su hermano que ya guarda prisión en la ciudad de Nueva York.
“P ¿Por qué el COHEP ha sido tan condescendiente con JOH en estos dos períodos presidenciales?
R.- La empresa privada hondureña, en gran medida por la debilidad inherente al mismo subdesarrollo que agobia a nuestro país, en muy raras ocasiones se ha mostrado dispuesta a enfrentar a los gobiernos de turno, salvo en los contados casos en que ha considerado, con fundamento o sin él (como cuando el golpe de Estado del 2009), que sus intereses y más exactamente los de las grandes empresas del país, están siendo afectados. Nuestros hombres de negocios han actuado casi siempre en función, casi exclusivamente, de sus intereses particulares, en otras palabras, con muy poco sentido de clase.
Pero, además, en la actualidad, específicamente desde la llegada al poder del actual gobierno, concurren otras circunstancias que han incrementado la sumisión de los empresarios hacia el gobierno, como son el chantaje de que son objeto, sea por evasión de impuestos u otros delitos, reales o fabricados, o bien, por trabas, retrasos y hasta paralización de sus negocios por la burocracia estatal si se atreven a protestar o denunciar, y lo más importante, la corrupción en la que al involucrarse en ella, obligados o por propia iniciativa, terminan atrapados y convertidos en cómplice del sistema y del poder. Se vuelven actores y víctimas, a la vez.
Lo anterior explica esa “condescendencia” del COHEP con el presidente, de que usted habla, pero también arroja luz sobre la división que hoy podemos ver en la cúpula empresarial: por un lado, el COHEP critica la actual movilización popular por las pérdidas económicas que acarrea, mientras que, con cierto oportunismo, se ofrece como mediadora con el gobierno, en tanto que, por su lado, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, con mucha más visión y sentido de oportunidad, asume partido y exige al gobierno que derogue los decretos que desencadenaron la crisis.
2) P ¿Qué peso político han tenido los empresarios en el gobierno de JOH?
R.- En el gobierno de JOH, por las razones que acabamos de explicar y en buena medida, asimismo, por su carácter autoritario, la empresa privada, como tal, esto es, institucionalmente, ha perdido mucha influencia, pero un reducido sector de ella integrado por los que hacen negocios con el gobierno y por los grandes tenedores de los títulos de la deuda pública, tiene hoy más poder que nunca. Así lo podemos apreciar en las acciones del Poder Legislativo y del Ejecutivo que frecuentemente lo están favoreciendo, en muchas oportunidades de manera descarada e ilegal.
3) P ¿Actualmente qué conflicto tiene JOH con el empresariado nacional?
R.- Yo diría que el principal conflicto se da con la casi totalidad del empresariado y radica en las enormes pérdidas económicas que le está ocasionando la desmesurada alza de las cargas tributarias decretadas durante los dos gobiernos de JOH:
Del año 2014 a la fecha, es decir, en apena 5 años, el gobierno ha aumentado desmedidamente el presupuesto nacional en casi cien mil millones de lempiras, de los que, dicho sea de paso, la mayor parte se ha esfumado en gastos innecesarios o superfluos, en actos de corrupción y en cubrir la deuda externa, la cual, según el Fosdeh, subió no a los 11 mil millones de dólares que dice el gobierno sino a 15 mil millones, lo que supone un servicio, o pago de capital e intereses, solo para este año 2019, no de 40,000 millones, como también afirma el gobierno, sino de más de 45,00 millones de lempiras.
En resumen, que la política fiscal del presidente JOH, además de repercutir negativamente en los costos de la empresa privada, ha traído una gravísima contracción de la economía nacional en detrimento de toda la población y, por supuesto, de la actividad privada.
4) P ¿Cómo es la relación de JOH con las empresas transnacionales?
R.- Ningún gobierno en la historia de Honduras ha podido sustraerse a la influencia y presión de las trasnacionales extranjeras. La antigua y conocida subordinación de nuestros gobiernos, o mejor dicho, de nuestros gobernantes, a los dictados de las corporaciones mineras y bananeras estadounidenses sigue siendo una realidad en la época presente con otras compañías extranjeras, claro que con los cambios y matices que ha traído consigo la globalización de la economía y sin tampoco desconocer el menor y relativo poder que ha adquirido un reducido número de empresarios nacionales derivado mayormente de actos de corrupción.
5) P ¿Cuál sector empresarial estuvo siempre alejado de JOH?
R.- Creo que se puede sostener que el sector empresarial más alejado del poder, o por mejor decir, menos sujeto a este ha sido, por definición, el que, igualmente, menos depende del gobierno, como es el caso de unos pocos exportadores, del rubro de prestación de servicios, de la agroindustria, de productos tecnológicos, etc., pero sin olvidar que en un país del Tercer Mundo como es Honduras, este tipo de empresas son muy escasas, por lo que, ya sea directa o indirectamente, en una u otra medida, todas prácticamente sin excepción están expuestas a sufrir la injerencia del gobierno. A veces es solo cuestión de tiempo o de oportunidad para que las autoridades se inmiscuyan con ellas, en especial, cuando deciden asumir posiciones críticas.
6) P ¿Qué sector empresarial fue perjudicado por JOH desde el inicio de su gobierno?
R.- Creo que no puede hablarse de “sectores” de empresarios porque, como dije antes, todos han sido perjudicados. Son muy pocos los empresarios que no han sido perjudicados, los que se han librado ha sido, básicamente, por haberse sumado a la corrupción imperante. No debe olvidarse que los corruptos al obtener por esta vía más ganancias que sus competidores pueden llevarlos a la bancarrota. Por tal razón, son pocos los empresarios cuyos principios, pero más que todo su capital les puede permitir conducir sus negocios con apego a la legalidad. Al final, son actores y víctimas a la vez.
Luis Casado, columnista del periódico serbio Politika, el diario más antiguo de los Balcanes escribe lo siguiente sobre este tema: “Nada logra satisfacer las ansias de beneficios cada vez más sustanciales. Si alguna empresa logra mejorar su “rentabilidad” mediante procedimientos de dudosa legalidad se sitúa automáticamente en posición ventajosa de cara a sus competidores que se verán forzados a copiar o imitar sus procedimientos”.
7) P ¿Piensa abogado que el empresariado se está desmarcando de JOH y por qué?
R.- Absolutamente, por la sencilla razón de que ya no aguanta más la incapacidad del gobierno para enderezar la economía ni para reducir la desmedida corrupción e impunidad que lo corroe, pero por desgracia no se está desmarcando de manera pública e institucional, sino, con algunas honrosas excepciones, solo en privado y en forma aislada, ello, como hemos visto, por temor a las represalias que les pueden sobrevenir.
8) P ¿Algo más que agregar abogado?
R.- Muy brevemente, en lo personal tengo una razonable confianza en que el mal gobierno, el desprestigio de la cúpula gubernamental y la descomunal corrupción que lo carcome está llevando al país en general y a la empresa privada en particular a una crisis económica y social tan grande que en algún momento la obligará a sumarse al clamor general por la pronta salida del poder del presidente Hernández”.
* Glenn Flores.- Periodista e investigador académico. Abogado, empresario y autor de nueve libros
El abogado Rodil Rivera Rodil fue uno de los negociadores del depuesto gobierno de Manuel Zelaya en el golpe de Estado del 2009. Rodil es un intelectual de obligada consulta para conocer la realidad de Honduras. En un diálogo franco con Criterio nos compartió las siguientes impresiones sobre el empresariado y su relación con el actual régimen.
Rivera Rodil dialogó con nuestro columnista Glenn Flores sobre el papel de los empresarios en la crisis política social y económica que vive Honduras desde el golpe de Estado en junio de 2009 y que ha arreciado en los últimos años con los gobiernos ilegítimos de Juan Hernández que además está señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico junto a su hermano que ya guarda prisión en la ciudad de Nueva York.
“P ¿Por qué el COHEP ha sido tan condescendiente con JOH en estos dos períodos presidenciales?
R.- La empresa privada hondureña, en gran medida por la debilidad inherente al mismo subdesarrollo que agobia a nuestro país, en muy raras ocasiones se ha mostrado dispuesta a enfrentar a los gobiernos de turno, salvo en los contados casos en que ha considerado, con fundamento o sin él (como cuando el golpe de Estado del 2009), que sus intereses y más exactamente los de las grandes empresas del país, están siendo afectados. Nuestros hombres de negocios han actuado casi siempre en función, casi exclusivamente, de sus intereses particulares, en otras palabras, con muy poco sentido de clase.
Pero, además, en la actualidad, específicamente desde la llegada al poder del actual gobierno, concurren otras circunstancias que han incrementado la sumisión de los empresarios hacia el gobierno, como son el chantaje de que son objeto, sea por evasión de impuestos u otros delitos, reales o fabricados, o bien, por trabas, retrasos y hasta paralización de sus negocios por la burocracia estatal si se atreven a protestar o denunciar, y lo más importante, la corrupción en la que al involucrarse en ella, obligados o por propia iniciativa, terminan atrapados y convertidos en cómplice del sistema y del poder. Se vuelven actores y víctimas, a la vez.
Lo anterior explica esa “condescendencia” del COHEP con el presidente, de que usted habla, pero también arroja luz sobre la división que hoy podemos ver en la cúpula empresarial: por un lado, el COHEP critica la actual movilización popular por las pérdidas económicas que acarrea, mientras que, con cierto oportunismo, se ofrece como mediadora con el gobierno, en tanto que, por su lado, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, con mucha más visión y sentido de oportunidad, asume partido y exige al gobierno que derogue los decretos que desencadenaron la crisis.
2) P ¿Qué peso político han tenido los empresarios en el gobierno de JOH?
R.- En el gobierno de JOH, por las razones que acabamos de explicar y en buena medida, asimismo, por su carácter autoritario, la empresa privada, como tal, esto es, institucionalmente, ha perdido mucha influencia, pero un reducido sector de ella integrado por los que hacen negocios con el gobierno y por los grandes tenedores de los títulos de la deuda pública, tiene hoy más poder que nunca. Así lo podemos apreciar en las acciones del Poder Legislativo y del Ejecutivo que frecuentemente lo están favoreciendo, en muchas oportunidades de manera descarada e ilegal.
3) P ¿Actualmente qué conflicto tiene JOH con el empresariado nacional?
R.- Yo diría que el principal conflicto se da con la casi totalidad del empresariado y radica en las enormes pérdidas económicas que le está ocasionando la desmesurada alza de las cargas tributarias decretadas durante los dos gobiernos de JOH:
Del año 2014 a la fecha, es decir, en apena 5 años, el gobierno ha aumentado desmedidamente el presupuesto nacional en casi cien mil millones de lempiras, de los que, dicho sea de paso, la mayor parte se ha esfumado en gastos innecesarios o superfluos, en actos de corrupción y en cubrir la deuda externa, la cual, según el Fosdeh, subió no a los 11 mil millones de dólares que dice el gobierno sino a 15 mil millones, lo que supone un servicio, o pago de capital e intereses, solo para este año 2019, no de 40,000 millones, como también afirma el gobierno, sino de más de 45,00 millones de lempiras.
En resumen, que la política fiscal del presidente JOH, además de repercutir negativamente en los costos de la empresa privada, ha traído una gravísima contracción de la economía nacional en detrimento de toda la población y, por supuesto, de la actividad privada.
4) P ¿Cómo es la relación de JOH con las empresas transnacionales?
R.- Ningún gobierno en la historia de Honduras ha podido sustraerse a la influencia y presión de las trasnacionales extranjeras. La antigua y conocida subordinación de nuestros gobiernos, o mejor dicho, de nuestros gobernantes, a los dictados de las corporaciones mineras y bananeras estadounidenses sigue siendo una realidad en la época presente con otras compañías extranjeras, claro que con los cambios y matices que ha traído consigo la globalización de la economía y sin tampoco desconocer el menor y relativo poder que ha adquirido un reducido número de empresarios nacionales derivado mayormente de actos de corrupción.
5) P ¿Cuál sector empresarial estuvo siempre alejado de JOH?
R.- Creo que se puede sostener que el sector empresarial más alejado del poder, o por mejor decir, menos sujeto a este ha sido, por definición, el que, igualmente, menos depende del gobierno, como es el caso de unos pocos exportadores, del rubro de prestación de servicios, de la agroindustria, de productos tecnológicos, etc., pero sin olvidar que en un país del Tercer Mundo como es Honduras, este tipo de empresas son muy escasas, por lo que, ya sea directa o indirectamente, en una u otra medida, todas prácticamente sin excepción están expuestas a sufrir la injerencia del gobierno. A veces es solo cuestión de tiempo o de oportunidad para que las autoridades se inmiscuyan con ellas, en especial, cuando deciden asumir posiciones críticas.
6) P ¿Qué sector empresarial fue perjudicado por JOH desde el inicio de su gobierno?
R.- Creo que no puede hablarse de “sectores” de empresarios porque, como dije antes, todos han sido perjudicados. Son muy pocos los empresarios que no han sido perjudicados, los que se han librado ha sido, básicamente, por haberse sumado a la corrupción imperante. No debe olvidarse que los corruptos al obtener por esta vía más ganancias que sus competidores pueden llevarlos a la bancarrota. Por tal razón, son pocos los empresarios cuyos principios, pero más que todo su capital les puede permitir conducir sus negocios con apego a la legalidad. Al final, son actores y víctimas a la vez.
Luis Casado, columnista del periódico serbio Politika, el diario más antiguo de los Balcanes escribe lo siguiente sobre este tema: “Nada logra satisfacer las ansias de beneficios cada vez más sustanciales. Si alguna empresa logra mejorar su “rentabilidad” mediante procedimientos de dudosa legalidad se sitúa automáticamente en posición ventajosa de cara a sus competidores que se verán forzados a copiar o imitar sus procedimientos”.
7) P ¿Piensa abogado que el empresariado se está desmarcando de JOH y por qué?
R.- Absolutamente, por la sencilla razón de que ya no aguanta más la incapacidad del gobierno para enderezar la economía ni para reducir la desmedida corrupción e impunidad que lo corroe, pero por desgracia no se está desmarcando de manera pública e institucional, sino, con algunas honrosas excepciones, solo en privado y en forma aislada, ello, como hemos visto, por temor a las represalias que les pueden sobrevenir.
8) P ¿Algo más que agregar abogado?
R.- Muy brevemente, en lo personal tengo una razonable confianza en que el mal gobierno, el desprestigio de la cúpula gubernamental y la descomunal corrupción que lo carcome está llevando al país en general y a la empresa privada en particular a una crisis económica y social tan grande que en algún momento la obligará a sumarse al clamor general por la pronta salida del poder del presidente Hernández”.
* Glenn Flores.- Periodista e investigador académico. Abogado, empresario y autor de nueve libros
Tráfico de influencias: Odir Fernández coloca a madre y polémico juez en ternas en Facultad de Derecho de UNAH
25 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El todopoderoso e influyente jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, suele cuestionar las ilegalidades que se cometen en la administración pública, opinar de temas de los cuales no tiene el bagaje intelectual, al tiempo que coloca a su madre y un cuestionado juez a formar parte de ternas evaluadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes reciben hasta mil lempiras por cada alumno que aspira a especializarse en derecho penal.
Y es que esta nueva faceta de Fernández, cuyo padre estaría involucrado en ilícitos contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pudo colocar a su progenitora y al juez de sentencias Crosby Lanza, como miembros de ternas evaluadoras en la Facultad de Derecho de la UNAH, ya que funge como coordinador de la maestría de derecho penal y derecho procesal penal, por lo que está incurriendo en tráfico de influencias y nepotismo.
En otras palabras, el luchador anticorrupción está organizando su familión dentro de la administración pública lo que provoca conflictos de intereses en perjuicio de la institucionalidad.
Radio Globo y ConfidencialHN supieron que cada persona que presenta su tesis a la terna compuesta por su progenitora y Lanza, deben pagar mil lempiras y en ocasiones los candidatos al máster llegan a pagar hasta tres mil lempiras para que su tesis pueda ser examinada, sin que haya una garantía que puedan aprobar la última etapa que les permita tener el grado academico superior.
El número dos de la denominada instancia de sociedad civil también puso en la terna evaluadora a uno de sus mejores amigos, de nombre Sergio Mejía, quien también recibe el estipendio que proporciona cada aspirante a la maestría y cuyo nombramiento fue de dedo, pues Fernández tiene amplios poderes dentro del posgrado que dirige.
Uno de los conocedores del tema comentó a este periódico que los candidatos a máster llegan a pagar hasta nueve mil lempiras por defender su tesis, sumado a la cuota que deben pagar cada mes que es de dos mil 950 lempiras.
«Sólo a sus amigos manda a las ternas y cada uno de ellos gana mil por tesis evaluada y a veces los grupos de tres alumnos llegan a pagar hasta nueve mil, es decir tres mil cada uno», comentó una fuente que solicitó mantenerse en el anonimato para evitar el carácter histriónico del jefe investigador del CNA.
Cada análisis de terna, detalló la fuente, suele durar una hora exacta y -de todos modos- quien toma la decisión final es Fernández.
La mano derecha de la directora del CNA Gabriela Castellanos no cuenta con experiencia como procurador en los tribunales de justicia, a pesar de contar con maestrías en derecho penal; tampoco se le conoce trayectoria que le ayude a comprender cómo opera el sistema judicial y sus altibajos respecto al trato que reciben los imputados.
No obstante, es reconocido en los círculos mediáticos y oenegeístas
como un osado crítico de la aplicación de la ley y suele emitir
opiniones o comentarios en torno a la legislación vigente. De hecho,
Fernández ha sido uno de los operadores del titular del Ejecutivo
nacionalista Juan Orlando Hernández infiltrados en la sociedad civil que
busca anular la vigencia del nuevo Código Penal sin tener la
experiencia como litigante y sin tener conciencia de los alcances que
tendrá la misma cuando comience a funcionar en mayo de 2020.
El nepotismo de este personaje y su círculo familiar también vienen a contradecir su fastuoso discurso anticorrupción que ha tenido en los últimos cinco años; el exdirector del IHSS, Mario Zelaya -preso por corrupción- le recordó hace unos años que su padre fue destituido de la entidad porque halló irregularidades cuando fungió en la secretaría general y, por tanto, sus dichos y cuestionamientos están basados en conflictos de intereses.
Es más, el progenitor -Odir Antonio Fernández Herrera- pretendió en abril anterior convertirse en el superitendente de concesiones de las alianzas públicas y privadas, según un listado que divulgó el Legislativo, quedando fuera del mismo ya que fue elegido el diputado nacionalista y exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Leo Castellón Hirezi.
Llama la atención que se coloque en la terna al juez de sentencias Crosby Lanza, fuertemente criticado por su carácter pusilánime, cobarde y mandilón, ya que suele ser influenciado por altos funcionarios judiciales para que emita veredictos contrarios a las normas vigentes y que pone en peligro la vida de quienes suelen ser procesados.
De hecho, Lanza formó parte de la terna de jueces del Tribunal de Sentencias que, transgrediendo la legislación penal, condenó al director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, ya que recibió órdenes directas del corrupto exconcejal Teodoro Bonilla, quien a su vez obtuvo una orden expresa de Juan Orlando Hernández en represalia por las denuncias de corrupción del IHSS y actos irregulares que salpican al exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.
Este operador judicial sustituyó junto con Indiana Castellanos y Geraldina Mejía Rivera al exjuez Dimas Agüero Echenique, quien advirtió a Romero de que había línea dictada por Hernández a través de Bonilla para condenarlo, extremo que le costó el cargo y fue removido a una posición de baja categoría como coordinador de la defensa pública.
La ratificación de la condena contra el comunicador -quien reveló nexos del hombre fuerte del régimen nacionalista con el narcotráfico y delincuencia organizada- se efectuó por los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial, quienes a su vez tienen un prontuario que colinda con la corrupción y crimen.
En esta relación de hechos, se evidencia cómo los nexos del número dos del Consejo Nacional Anticorrupción forma parte de una trenzada y sólida red de tráfico de influencias -cuan títere de teatro- que dirige de manera personal Hernández en su afán por tener controlada la institucionalidad como mecanismo de blindaje ante las denuncias en su contra que podrían colocarlo en el futuro como un perseguido de la justicia.
El todopoderoso e influyente jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, suele cuestionar las ilegalidades que se cometen en la administración pública, opinar de temas de los cuales no tiene el bagaje intelectual, al tiempo que coloca a su madre y un cuestionado juez a formar parte de ternas evaluadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes reciben hasta mil lempiras por cada alumno que aspira a especializarse en derecho penal.
Y es que esta nueva faceta de Fernández, cuyo padre estaría involucrado en ilícitos contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pudo colocar a su progenitora y al juez de sentencias Crosby Lanza, como miembros de ternas evaluadoras en la Facultad de Derecho de la UNAH, ya que funge como coordinador de la maestría de derecho penal y derecho procesal penal, por lo que está incurriendo en tráfico de influencias y nepotismo.
En otras palabras, el luchador anticorrupción está organizando su familión dentro de la administración pública lo que provoca conflictos de intereses en perjuicio de la institucionalidad.
Radio Globo y ConfidencialHN supieron que cada persona que presenta su tesis a la terna compuesta por su progenitora y Lanza, deben pagar mil lempiras y en ocasiones los candidatos al máster llegan a pagar hasta tres mil lempiras para que su tesis pueda ser examinada, sin que haya una garantía que puedan aprobar la última etapa que les permita tener el grado academico superior.
El número dos de la denominada instancia de sociedad civil también puso en la terna evaluadora a uno de sus mejores amigos, de nombre Sergio Mejía, quien también recibe el estipendio que proporciona cada aspirante a la maestría y cuyo nombramiento fue de dedo, pues Fernández tiene amplios poderes dentro del posgrado que dirige.
Uno de los conocedores del tema comentó a este periódico que los candidatos a máster llegan a pagar hasta nueve mil lempiras por defender su tesis, sumado a la cuota que deben pagar cada mes que es de dos mil 950 lempiras.
«Sólo a sus amigos manda a las ternas y cada uno de ellos gana mil por tesis evaluada y a veces los grupos de tres alumnos llegan a pagar hasta nueve mil, es decir tres mil cada uno», comentó una fuente que solicitó mantenerse en el anonimato para evitar el carácter histriónico del jefe investigador del CNA.
Cada análisis de terna, detalló la fuente, suele durar una hora exacta y -de todos modos- quien toma la decisión final es Fernández.
La mano derecha de la directora del CNA Gabriela Castellanos no cuenta con experiencia como procurador en los tribunales de justicia, a pesar de contar con maestrías en derecho penal; tampoco se le conoce trayectoria que le ayude a comprender cómo opera el sistema judicial y sus altibajos respecto al trato que reciben los imputados.
Tanto
la madre de Odir Fernández (de saco negro), como el juez de sentencias
Crosby Lanza, fueron colocados por el jefe investigador del CNA; la dama
de rojo es asistente de Fernández en la instancia de sociedad civil y
junto a ella aparece el Javier Gómez, un litigante privado que realizó
la entrevista para acceder a la maestría en derecho penal.
El nepotismo de este personaje y su círculo familiar también vienen a contradecir su fastuoso discurso anticorrupción que ha tenido en los últimos cinco años; el exdirector del IHSS, Mario Zelaya -preso por corrupción- le recordó hace unos años que su padre fue destituido de la entidad porque halló irregularidades cuando fungió en la secretaría general y, por tanto, sus dichos y cuestionamientos están basados en conflictos de intereses.
Es más, el progenitor -Odir Antonio Fernández Herrera- pretendió en abril anterior convertirse en el superitendente de concesiones de las alianzas públicas y privadas, según un listado que divulgó el Legislativo, quedando fuera del mismo ya que fue elegido el diputado nacionalista y exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Leo Castellón Hirezi.
Llama la atención que se coloque en la terna al juez de sentencias Crosby Lanza, fuertemente criticado por su carácter pusilánime, cobarde y mandilón, ya que suele ser influenciado por altos funcionarios judiciales para que emita veredictos contrarios a las normas vigentes y que pone en peligro la vida de quienes suelen ser procesados.
De hecho, Lanza formó parte de la terna de jueces del Tribunal de Sentencias que, transgrediendo la legislación penal, condenó al director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, ya que recibió órdenes directas del corrupto exconcejal Teodoro Bonilla, quien a su vez obtuvo una orden expresa de Juan Orlando Hernández en represalia por las denuncias de corrupción del IHSS y actos irregulares que salpican al exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.
Este operador judicial sustituyó junto con Indiana Castellanos y Geraldina Mejía Rivera al exjuez Dimas Agüero Echenique, quien advirtió a Romero de que había línea dictada por Hernández a través de Bonilla para condenarlo, extremo que le costó el cargo y fue removido a una posición de baja categoría como coordinador de la defensa pública.
La ratificación de la condena contra el comunicador -quien reveló nexos del hombre fuerte del régimen nacionalista con el narcotráfico y delincuencia organizada- se efectuó por los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial, quienes a su vez tienen un prontuario que colinda con la corrupción y crimen.
En esta relación de hechos, se evidencia cómo los nexos del número dos del Consejo Nacional Anticorrupción forma parte de una trenzada y sólida red de tráfico de influencias -cuan títere de teatro- que dirige de manera personal Hernández en su afán por tener controlada la institucionalidad como mecanismo de blindaje ante las denuncias en su contra que podrían colocarlo en el futuro como un perseguido de la justicia.
Congresistas Schakowsky, Pocan, McGovern, y Garcia Denuncian Asesinato de Sindicalista Hondureño
Por defensores -
20 noviembre, 2019“Condenamos el asesinato injusto del sindicalista Hondureño, Jorge Alberto Acosta, este fin de semana. Acosta fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) en la Lima, Cortes, Honduras. Durante el año pasado, Acosta recibió amenazas crecientes en su contra y también en contra de otros miembros de SITRATERCO. En respuesta a la solicitud de los sindicatos y de la red anti-violencia del sindicato nacional, el gobierno autorizó una medida de protección para él, pero la protección nunca llegó. El asesinato de Acosta es una más en una ola brutal de asesinatos, amenazas, secuestros, golpizas, tortura y desapariciones forzadas de activistas del movimiento social y laboral en Honduras dirigido a mujeres Afro-indígenas, campesinos, maestros sindicalistas, activistas en la oposición política, periodistas e muchos otros.
“El movimiento laboral de Honduras está en más peligro ahora que nunca. Sin embargo, el gobierno de Honduras no brinde los sistemas de protección que obliga la ley, no investiga ni lleva ante la justicia quienes amenazan y asesinan activistas sindicales, y no aplica sus propios leyes laborales. Como ha sido documentado por el AFL-CIO y sindicatos Hondureños, el gobierno de Honduras no ha cumplido con sus obligaciones legales bajo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y América Central (CAFTA) para prevenir violencia anti-sindical y otros violaciones desenfrenados.
“El gobierno de Honduras tiene que investigar al fondo y llevar a juicio el asesinato de Jorge Alberto Acosta, incluyendo los autores intelectuales y materiales del crimen. Tiene que brindar la protección que la ley obliga a otros miembros del Comité Ejecutivo de SITRATERCO e investigar y enjuiciar todas las amenazas que han recibido. El gobierno debe proteger la seguridad, derechos y libertades de todos los sindicalistas. También hacemos un llamado al gobierno de los EEUU a mantener abierto el proceso de Monitoreo y Plan de Acción de CAFTA (MAP) y avanzar con la denuncia de Honduras, llevándolo al segundo etapa del proceso de solución de controversias. El Congreso debe considerar H.R. 1945, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, lo cual suspendería fondos a Honduras para operaciones de la policía y el ejército hasta que el gobierno de Honduras investigue alegaciones creíbles de violaciones extremas de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad.
“En vez de legitimar y apoyar el gobierno de Honduras, la administración de Trump debe denunciar públicamente estos asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. En vez de tratar los migrantes quienes huyen de este terror como invasores peligrosos, debemos recibirlos como asilados.”
BASTA YA DE ASESINATOS CONTRA EL PUEBLO GARIFUNA
La OFRANEH ante la racha de asesinatos
de Garifunas que se ha venido dando en los últimos meses, manifestamos
un rechazo total a la narrativa de violencia que se ha apoderado de
Honduras, la que viene siendo utilizado con tintes políticos además de
ser una estrategia de despojo para fomentar el éxodo, el cual ha sido
institucionalizado en Honduras.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquilo el incipiente estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en áreas urbanos y ciertas regiones del país, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de vastos territorios utilizados para el trasiego de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron las plantaciones de palma africana, promovidas por las ultimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a nuestra cosmovisión, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Es claro que después de haber habitado en Honduras por más de 222 años, continuamos siendo considerados extranjeros, y persista el racismo extremo hacia nuestro pueblo por parte de la cultura dominante que suele vernos como bailarines al servicio de una imagen folclórica que exporta el gobierno de Honduras.
La hecatombe social que ha sido impuesta en Honduras ha utilizado la violencia como parte del control social, además de instigar el éxodo masivo, que “aumenta” el ingreso de remesas, las que se han convertido en el pilar económico del país.
Es para el 2012, cuando Honduras llega al pico de la violencia, la que aparentemente ha descendido las cifras de homicidios, mientras en la actualidad aumentan las masacres, teniendo como resultado desplazamientos poblacionales, en un país convertido en un laboratorio político del neoliberalismo.
La expulsión de los Garífunas de la Bahía de Trujillo por los “empresarios canadienses” asociados al “rey del porno¨ y el puertorriqueño Santiago Mario, al mismo tiempo que la fiebre de la instauración de plantaciones de palma africana, la que viene siendo utilizado por el crimen organizado para apropiarse de bastos territorios, que generan la desecación de los humedales; así como la instalación de proyectos inconsultos como la Térmica de la Ensenada, muestran que existe un plan muy claro para desaparecer las comunidades y el pueblo Garifuna. Mientras tanto el Estado se niega a cumplir las sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana en el 2015, por la violación de los derechos humanos de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Las muertes de 16 Garifunas solo en el año 2019 hace que reflexionemos sobre la terrible encrucijada en que nos encontramos los Garífunas en Honduras, y los desafíos que confrontamos para lograr nuestra sobrevivencia como cultura diferenciada y la preservación del territorio que ocupamos desde hace más de dos siglos.
BASTA YA DE ASESINATOS CONTRA NUESTRO PUEBLO¡¡¡
La Ceiba, 5 de Noviembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tegucigalpa. – El regidor municipal de la corporación de Marcala, departamento de La Paz, Marlon Enrique Calles Domínguez fue conminado por el Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos a salir del país en vez de garantizar su seguridad y procurar la investigación sobre quienes lo están amenazado.
Calles Domínguez de 29 años ejerce su labor de defensoría de los bienes de la naturaleza, en especial del bosque y el agua.
El regidor municipal está siendo amenazado a muerte y el pasado domingo 17 de noviembre se levantó muy temprano y fue a su vehículo por un cargador, sin percatarse de lo que había dentro. Cuando el abrió la puerta del lado del conductor, fue cuando descubrió que le han quebrado el vidrio con una tapadera de cemento y le habían dejado una nota donde dice: » ESTÁS MUERTO».
El Comité de Familiares Detenidos y desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha interpuesto denuncias en tres ocasiones ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por las amenazas de que ha sido víctima y por haber sido detenido ilegalmente por la Policía Nacional.
El 20 de enero de 2019, a su teléfono fijo en esta ocasión una voz masculina desconocida le dijo «es una advertencia, deja de tocar el tema de la deforestación»
El 21 de enero recibió una segunda llamada nuevamente una la voz masculina desconocida le dijo «Ya tenemos la dirección de tu madre así que cállate» ese mismo día en horas de la tarde recibió un mensaje de texto en su celular con la advertencia siguiente «ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de madera. Nos estás afectando el negocio y hay gente enojada, te estamos avisando con tiempo»
El 22 de enero recibió una nueva llamada al Teléfono fijo, le dijeron «no pongas denuncia, te estamos siguiendo los pasos y solo es una advertencia de lo que viene” Las amenazas coinciden con una moción presentada por Marlon que también es regidor municipal, en sesión del pleno de la Corporación Municipal de Marcala, a fin de solicitar a la Fiscalía del Ambiente, al Ministerio Público y al IFC, la investigación sobre la deforestación de la reserva del Jilguero.
El COFADEH exige que se reconozca públicamente la labor de Marlon Calles, que se cumpla con la obligación de garantizar su protección efectiva, atendiendo las necesidades específicas del caso y cumpla con las recomendaciones y obligaciones en materia de derechos humanos del SIDH y de la ONU. Y de manera efectiva e inmediata con la debida diligencia a fin de esclarecer los motivos y circunstancias del atentado en contra la vida de Marlon Calles e identificar y sancionar a las personas que resulten responsables.
Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquilo el incipiente estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en áreas urbanos y ciertas regiones del país, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de vastos territorios utilizados para el trasiego de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron las plantaciones de palma africana, promovidas por las ultimas administraciones gubernamentales.
El pueblo Garífuna hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a nuestra cosmovisión, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.
Es claro que después de haber habitado en Honduras por más de 222 años, continuamos siendo considerados extranjeros, y persista el racismo extremo hacia nuestro pueblo por parte de la cultura dominante que suele vernos como bailarines al servicio de una imagen folclórica que exporta el gobierno de Honduras.
La hecatombe social que ha sido impuesta en Honduras ha utilizado la violencia como parte del control social, además de instigar el éxodo masivo, que “aumenta” el ingreso de remesas, las que se han convertido en el pilar económico del país.
Es para el 2012, cuando Honduras llega al pico de la violencia, la que aparentemente ha descendido las cifras de homicidios, mientras en la actualidad aumentan las masacres, teniendo como resultado desplazamientos poblacionales, en un país convertido en un laboratorio político del neoliberalismo.
La expulsión de los Garífunas de la Bahía de Trujillo por los “empresarios canadienses” asociados al “rey del porno¨ y el puertorriqueño Santiago Mario, al mismo tiempo que la fiebre de la instauración de plantaciones de palma africana, la que viene siendo utilizado por el crimen organizado para apropiarse de bastos territorios, que generan la desecación de los humedales; así como la instalación de proyectos inconsultos como la Térmica de la Ensenada, muestran que existe un plan muy claro para desaparecer las comunidades y el pueblo Garifuna. Mientras tanto el Estado se niega a cumplir las sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana en el 2015, por la violación de los derechos humanos de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Las muertes de 16 Garifunas solo en el año 2019 hace que reflexionemos sobre la terrible encrucijada en que nos encontramos los Garífunas en Honduras, y los desafíos que confrontamos para lograr nuestra sobrevivencia como cultura diferenciada y la preservación del territorio que ocupamos desde hace más de dos siglos.
BASTA YA DE ASESINATOS CONTRA NUESTRO PUEBLO¡¡¡
La Ceiba, 5 de Noviembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Peligro eminente enfrenta el regidor y defensor de derechos humanos Marlon Calles
Por defensores -
20 noviembre, 2019
Marlon Calles aseguró que continuará en la defensa de la montaña El Jilguero texto/foto: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
“Marlon no tiene enemigos, el único enemigo es la decisión personal que
ha tomado de defender los recursos naturales, el agua y los bosques”,
denunció Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante las constantes
amenazas contra la vida del regidor de la corporación municipal de
Marcala, La Paz, Marlon Calles, quien se ha pronunciado en defensa de la
Montaña El Jilguero, zona proveedora de agua.
El Jilguero está siendo descombrada,
continuamente salen camiones cargados de madera, y estas denuncias que
hace el defensor del bosque y el agua, puede ser el detonante para su
persecución.
Cabe señalar que el defensor es
beneficiario de medidas de protección a cargo del Mecanismo Nacional de
Protección, y las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio
Público (MP), ya que desde el 2018 el COFADEH ha acompañado, documentado
y denunciado las amenazas que lo tienen riesgo.
Ha habido compromiso de parte del
Mecanismo de Protección de garantizar la seguridad de Calles, en su
labor de defender los bienes comunes de la naturaleza, y el regidor,
siendo un hombre que confía, creyó que el Mecanismo iba cumplir su
palabra. Sin embargo Marlon sufrió las peores amenazas el pasado fin de
semana, cuando le colocaron en su vehículo una nota con la leyenda
“estás muerto”, denunció Oliva.
Si bien el mecanismo ha dicho que no es a
esa instancia que le compete investigar, si tienen la obligación de
exigir que se investigue, afirmó Oliva, quien acompañó a Calles en la
conferencia de prensa.
Por su parte, Calles responsabiliza al
Estado de Honduras por lo que pueda suceder contra él y su familia y
afirmó que “estoy dispuesto a seguir en la defensa del agua y el
bosque”.
De lo que pasó el domingo, él se levantó
muy temprano y fue a su vehículo por un cargador, sin percatarse de lo
que había dentro, cuando el abre la puerta del lado del conductor, es
allí donde se da cuenta que le han quebrado el vidrio con una tapadera
de cemento, y lo más grave que le han dejado una nota donde dice: ”
ESTAS MUERTO”.
El defensor de derechos humanos y del
ambiente, Marlon Calles, ha expresado que a costa de su vida seguirá
defendiendo la zona de reserva y denunciando el crimen contra la
naturaleza.
Mecanismo de Protección pide a regidor que salga del país en vez de protegerlo
noviembre 20, 2019
Redacción
“No me voy a ir del país y desde ya responsabilizo al Estado de Honduras por lo que me pase a mí o a mi familia”: Marlon CallesPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El regidor municipal de la corporación de Marcala, departamento de La Paz, Marlon Enrique Calles Domínguez fue conminado por el Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos a salir del país en vez de garantizar su seguridad y procurar la investigación sobre quienes lo están amenazado.
Calles Domínguez de 29 años ejerce su labor de defensoría de los bienes de la naturaleza, en especial del bosque y el agua.
El regidor municipal está siendo amenazado a muerte y el pasado domingo 17 de noviembre se levantó muy temprano y fue a su vehículo por un cargador, sin percatarse de lo que había dentro. Cuando el abrió la puerta del lado del conductor, fue cuando descubrió que le han quebrado el vidrio con una tapadera de cemento y le habían dejado una nota donde dice: » ESTÁS MUERTO».
El Comité de Familiares Detenidos y desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha interpuesto denuncias en tres ocasiones ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por las amenazas de que ha sido víctima y por haber sido detenido ilegalmente por la Policía Nacional.
El 20 de enero de 2019, a su teléfono fijo en esta ocasión una voz masculina desconocida le dijo «es una advertencia, deja de tocar el tema de la deforestación»
El 21 de enero recibió una segunda llamada nuevamente una la voz masculina desconocida le dijo «Ya tenemos la dirección de tu madre así que cállate» ese mismo día en horas de la tarde recibió un mensaje de texto en su celular con la advertencia siguiente «ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de madera. Nos estás afectando el negocio y hay gente enojada, te estamos avisando con tiempo»
El 22 de enero recibió una nueva llamada al Teléfono fijo, le dijeron «no pongas denuncia, te estamos siguiendo los pasos y solo es una advertencia de lo que viene” Las amenazas coinciden con una moción presentada por Marlon que también es regidor municipal, en sesión del pleno de la Corporación Municipal de Marcala, a fin de solicitar a la Fiscalía del Ambiente, al Ministerio Público y al IFC, la investigación sobre la deforestación de la reserva del Jilguero.
Nota relacionada Defensores de derechos humanos: mecanismo de protección es disfuncional
Moción que fue aprobada por unanimidad de votos y transmitida a las instituciones pertinentes. Se presume que la Fiscalía Especial del Ambiente inició una investigación que comenzó con una inspección del área 23 de enero de 2019.El COFADEH exige que se reconozca públicamente la labor de Marlon Calles, que se cumpla con la obligación de garantizar su protección efectiva, atendiendo las necesidades específicas del caso y cumpla con las recomendaciones y obligaciones en materia de derechos humanos del SIDH y de la ONU. Y de manera efectiva e inmediata con la debida diligencia a fin de esclarecer los motivos y circunstancias del atentado en contra la vida de Marlon Calles e identificar y sancionar a las personas que resulten responsables.
Familiares de migrantes desaparecidos, presentan recurso de Amparo contra “Acuerdo de Tercer País Seguro”
noviembre 25, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Este lunes un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes activos de Comités de Familiares de Familiares Migrantes Desaparecidos (COFAMIPRO, COFAMICENH, COFAMIGUA & COFAMIDEAF[1]), presentó, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del “Acuerdo de Tercer País Seguro” firmado por los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el pasado 25 de septiembre del presente año.
Desde la firma del mencionado “Acuerdo de Tercer País Seguro” el Gobierno de Honduras ha facilitado y colaborado activamente en la deportación forzada y “express” de hondureños sin ser identificados previamente en el país norteamericano, así como también ha dejado abierta la posibilidad, a discreción del Gobierno de Estados Unidos, que Honduras como “país seguro” reciba personas extranjeras para brindarles “refugio” mientras aguardan la resolución de solicitud de asilo presentada en el país del Norte.
Dicho acuerdo se suscribe en el contexto de firmas de acuerdos idénticos entre el gobierno de los Estados Unidos de América a y los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según declaraciones de diversos funcionarios estadounidense, los acuerdos tienen como objetivo, limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia.
El recurso de Amparo se presentó solicitando a la Sala de lo Constitucional decrete con carácter de urgente, la medida precautoria de suspensión de la ejecución del “Acuerdo de Tercer País Seguro”, hasta tanto el mismo no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
De igual forma, dicho Acuerdo contradice abiertamente disposiciones constitucionales, tratados internacionales de los que Honduras es signataria y leyes secundarias, por lo que el Presidente de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, están en la obligación de someter el acuerdo impugnado, a la aprobación del Congreso Nacional bajo el procedimiento de reforma de la constitución, es decir con una mayoría calificada, previo a que el mismo entre en vigencia. La usurpación de facultades de un Poder del Estado, de acuerdo a la Constitución, es delito y da además como resultado la nulidad absoluta de los actos de la administración ejecutados usurpando funciones.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Sala ante quien se presentó el recurso de amparo, debe resolver sobre su admisión y la urgente suspensión del “Acuerdo de Tercer País Seguro” el día que se presenta el recurso o el día hábil siguiente.
[1] Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Comité de Familiares de Migrantes Desparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Comitè de Familiares Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua) y Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf).
Tegucigalpa.- Este lunes un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes activos de Comités de Familiares de Familiares Migrantes Desaparecidos (COFAMIPRO, COFAMICENH, COFAMIGUA & COFAMIDEAF[1]), presentó, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del “Acuerdo de Tercer País Seguro” firmado por los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el pasado 25 de septiembre del presente año.
Desde la firma del mencionado “Acuerdo de Tercer País Seguro” el Gobierno de Honduras ha facilitado y colaborado activamente en la deportación forzada y “express” de hondureños sin ser identificados previamente en el país norteamericano, así como también ha dejado abierta la posibilidad, a discreción del Gobierno de Estados Unidos, que Honduras como “país seguro” reciba personas extranjeras para brindarles “refugio” mientras aguardan la resolución de solicitud de asilo presentada en el país del Norte.
Dicho acuerdo se suscribe en el contexto de firmas de acuerdos idénticos entre el gobierno de los Estados Unidos de América a y los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según declaraciones de diversos funcionarios estadounidense, los acuerdos tienen como objetivo, limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia.
El recurso de Amparo se presentó solicitando a la Sala de lo Constitucional decrete con carácter de urgente, la medida precautoria de suspensión de la ejecución del “Acuerdo de Tercer País Seguro”, hasta tanto el mismo no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
Nota relacionada Más de 700 hondureños desaparecidos en su ruta hacia el “sueño americano”
El “Acuerdo de Tercer País Seguro”, que ha sido negociado y firmado en un ambiente de ocultamiento de información, desinformación y declaraciones contradictorias sobre el alcance y contenido; violenta las garantías constitucionales arriba señaladas, especialmente la de “No Devolución o expulsión”, poniendo en riesgo la vida de nacionales y extranjeros, limitando o impidiendo que las personas que buscan protección la obtengan, obligándoles a esperar a la resolución de su solicitud de asilo en terceros países con condiciones socioeconómicas y de violencia iguales o peores que de los países que huyen. Honduras específicamente, no es un país seguro para recibir refugiados, su Gobierno no es capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos ni siquiera de sus connacionales, todo de acuerdo con el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en el presente mes de noviembre.De igual forma, dicho Acuerdo contradice abiertamente disposiciones constitucionales, tratados internacionales de los que Honduras es signataria y leyes secundarias, por lo que el Presidente de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, están en la obligación de someter el acuerdo impugnado, a la aprobación del Congreso Nacional bajo el procedimiento de reforma de la constitución, es decir con una mayoría calificada, previo a que el mismo entre en vigencia. La usurpación de facultades de un Poder del Estado, de acuerdo a la Constitución, es delito y da además como resultado la nulidad absoluta de los actos de la administración ejecutados usurpando funciones.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Sala ante quien se presentó el recurso de amparo, debe resolver sobre su admisión y la urgente suspensión del “Acuerdo de Tercer País Seguro” el día que se presenta el recurso o el día hábil siguiente.
[1] Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Comité de Familiares de Migrantes Desparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Comitè de Familiares Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua) y Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf).
Más de cuatro años de esperas: dilatorias inexplicables en juicio contra la UNAH en Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Thursday, 21 November 2019 22:36 Written by Dina Meza - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Un juicio por violación a los derechos fundamentales de seis
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,UNAH, se
ventila en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo desde el año
2015, pero las dilatorias en todo el proceso han sido inexcusables. Este
15 de noviembre fue pospuesta por enésima vez la Audiencia Preliminar
"por un olvido" en citar a las partes.
Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla
Figueroa, José Luis Herrera Somoza, Dayanara Castillo, Javier Barahona y
Sergio Luis Ulloa Rivera, fueron expulsados, solo Somoza por un periodo
académico mientras que los demás por dos consecutivos como sanción de
la facultad de Ciencias Sociales dirigido por la decana Martha Lorena
Suazo, por haber hecho uso de su derecho a la protesta social.
Desde el 22 de julio del 2015 se inició el juicio. La expulsión se realizó la administración de la ex rectora Julieta Castellanos en diciembre de 2014.
“Lo que se vivió en la universidad era un régimen que trataba de dar un ejemplo a través de nosotros para cualquiera que se opusiera a lo que ellos querían”, manifestó uno de los jóvenes criminalizados quien en el momento de la ser acusado se encontraba en otro , adonde huyó de la persecución en el 2015.
La denuncia por violaciones a los derechos estudiantiles fue interpuesta por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, a través de la abogada Kenia Oliva del área legal de la organización en ese entonces y por la abogada independiente Ivania Galeano.
Crisis universitaria
La universidad en ciudad universitaria situada en Tegucigalpa ha criminalizado a estudiantes que se mantienen en oposición aún en la actualidad por falta de la participación en el Consejo Universitario, reconocido en la Ley Orgánica vigente, por medio de elecciones estudiantiles desde que se reformó la Ley Orgánica desde 2006. En el 2013 a tres jóvenes se les requirió por su accionar en el movimiento estudiantil lo que inició una pauta de represión que se agudizó con los años.
Aparte de las expulsiones antes mencionadas, en el 2015 tres fueron judicializados y en la actualidad están sentenciados por el delito de usurpación. Dicha sentencia solamente está en audio.
En el 2016 se marcó un hito con casi más de 100 días de toma de las instalaciones en ciudad universitaria, como respuesta la UNAH, el Ministerio Público y la policía se unieron para generar una persecución judicial, estudiantes capturados y llevados a la Policía Metropolitana Número Uno, a quienes se les abrió un juicio por usurpación.
En junio de 2017 cuando estaba el juicio contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, unos 25 estudiantes en solidaridad decidieron tomarse el edificio administrativo de la UNAH. Allí fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. Guardias de seguridad y policías los amenazaron con matarlos colocándoles armas con bala en boca en sus cabezas. La oportuna intervención de defensores de derechos humanos y el periodista Ronnie Huete, lograron que no se produjera una masacre.
La criminalización disminuyó con la salida de la ex rectora de Julieta Castellanos, pero los procesos judiciales se mantienen dirigidos por el mismo cuerpo legal.
Hace unos días unos 20 jóvenes conciliaron por no poder seguir manteniendo un proceso abierto donde algunos han manifestado que no pueden conseguir un trabajo o tienen bloqueos para graduarse en la UNAH.
El 15 de noviembre recién pasado estaba programada la Audiencia Preliminar, pero por enésima vez las partes no fueron notificada y no se sabe cuándo se reprogramará dicha audiencia.
Desde el 22 de julio del 2015 se inició el juicio. La expulsión se realizó la administración de la ex rectora Julieta Castellanos en diciembre de 2014.
“Lo que se vivió en la universidad era un régimen que trataba de dar un ejemplo a través de nosotros para cualquiera que se opusiera a lo que ellos querían”, manifestó uno de los jóvenes criminalizados quien en el momento de la ser acusado se encontraba en otro , adonde huyó de la persecución en el 2015.
La denuncia por violaciones a los derechos estudiantiles fue interpuesta por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, a través de la abogada Kenia Oliva del área legal de la organización en ese entonces y por la abogada independiente Ivania Galeano.
Crisis universitaria
La universidad en ciudad universitaria situada en Tegucigalpa ha criminalizado a estudiantes que se mantienen en oposición aún en la actualidad por falta de la participación en el Consejo Universitario, reconocido en la Ley Orgánica vigente, por medio de elecciones estudiantiles desde que se reformó la Ley Orgánica desde 2006. En el 2013 a tres jóvenes se les requirió por su accionar en el movimiento estudiantil lo que inició una pauta de represión que se agudizó con los años.
Aparte de las expulsiones antes mencionadas, en el 2015 tres fueron judicializados y en la actualidad están sentenciados por el delito de usurpación. Dicha sentencia solamente está en audio.
En el 2016 se marcó un hito con casi más de 100 días de toma de las instalaciones en ciudad universitaria, como respuesta la UNAH, el Ministerio Público y la policía se unieron para generar una persecución judicial, estudiantes capturados y llevados a la Policía Metropolitana Número Uno, a quienes se les abrió un juicio por usurpación.
En junio de 2017 cuando estaba el juicio contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, unos 25 estudiantes en solidaridad decidieron tomarse el edificio administrativo de la UNAH. Allí fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. Guardias de seguridad y policías los amenazaron con matarlos colocándoles armas con bala en boca en sus cabezas. La oportuna intervención de defensores de derechos humanos y el periodista Ronnie Huete, lograron que no se produjera una masacre.
La criminalización disminuyó con la salida de la ex rectora de Julieta Castellanos, pero los procesos judiciales se mantienen dirigidos por el mismo cuerpo legal.
Hace unos días unos 20 jóvenes conciliaron por no poder seguir manteniendo un proceso abierto donde algunos han manifestado que no pueden conseguir un trabajo o tienen bloqueos para graduarse en la UNAH.
El 15 de noviembre recién pasado estaba programada la Audiencia Preliminar, pero por enésima vez las partes no fueron notificada y no se sabe cuándo se reprogramará dicha audiencia.
En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos
- 19/11/2019
Comunidades dijeron NO a las mineras y fotovoltaicas.
A
través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la
población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de
rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques
fotovoltaicos.
Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.
Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.
“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.
Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.
Consultas
Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.
Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.
“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.
El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.
La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro. Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.
Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.
Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.
“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.
Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.
Consultas
Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.
Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.
“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.
El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.
La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro. Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.
Consultas realizadas en la consulta municipal en Namasigüe.
Amenazas
en el sur
La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.
La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.
La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.
noviembre 1, 2019
La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.
La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.
La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.
Coyuntura desde los territorios | Mujeres insurgentes: tejiendo un nuevo movimiento socio-ambiental en Honduras
Por Redacción
Foto: swissaid
Autoras del documento: Nancy García / Lucía Vijil
Edición: Claudia Mendoza
Ya lo ha dicho Global Witness, Honduras
es el país más peligroso para defender
el medio ambiente y bienes comunes[1].
Pero, ¿qué implica ese argumento para
las defensoras, en realidad?
¿De qué deben estar alertas?
¿Por quienes defienden el territorio?
es el país más peligroso para defender
el medio ambiente y bienes comunes[1].
Pero, ¿qué implica ese argumento para
las defensoras, en realidad?
¿De qué deben estar alertas?
¿Por quienes defienden el territorio?
I. Contexto nacional en el que conviven las defensoras del territorio
Durante los años 2016 y 2017, la Red
Nacional de Defensoras, una estructura de mujeres que se creó en el 2009
para acompañar a mujeres que defienden sus territorios en el país y que
han enfrentado y siguen enfrentado abusos y violaciones a sus derechos,
registró un total de mil doscientas treinta y dos (1, 232) agresiones
sufridas por defensoras, sus familias y organizaciones[2].
El mismo documento de registro establece que los ataques contra la
integridad y la reputación de las defensoras representan el mayor
porcentaje en relación con otras formas de agresión, que alcanzan el 24%
del total. Por otro lado, durante el 2019, al menos 6 mujeres[3] han sido asesinadas por su labor de defensoría. Lo más lamentable es que todos los casos permanecen en la completa impunidad.
Describir, reflexionar y analizar a
profundidad sobre el contexto al que se enfrentan las mujeres que en las
comunidades del interior país han asumido un papel beligerante, de
defensa de los ríos, bosques y/o territorios, es una tarea pendiente. Si
bien se enfrentan a los peligros propios de la lucha, su condición de
mujeres las somete a otras situaciones que las coloca en desventaja en
relación con los hombres.
En el sentido anterior, el contexto
nacional para las defensoras de los territorios en Honduras no es fácil
por las condiciones propias que se han generado desde el Estado y
gobierno, más las que arrastra su propia condición de mujer. Al
analizarse, 4 situaciones lo marcan:
- Ofensiva extractivista en las comunidades y territorios
La ofensiva extractivista en las
comunidades se manifiesta claramente con el aumento de número de
concesiones a nivel nacional, tal como lo indica el informe “Territorios
en Riesgo II”[4],
hasta julio del 2018, año y fecha en la que el Estado de Honduras
registraba 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de
energía, abarcando el 65% de los municipios de Honduras.
El aumento del número de empresas
extractivas instaladas se refleja en daños significativos en la salud de
las mujeres, ya que al asumir tareas domésticas y de cuidado familiar,
se ven expuestas en mayor proporción a las enfermedades provocadas por
la contaminación ambiental en sus comunidades: enfermedades en la piel
por agua contaminada, enfermedades respiratorias por exposición al
polvo, resultado de las explosiones con dinamita en cerros, etc.
Asimismo, las empresas extractivas están
propiciando nuevos escenarios de violencia hacia las mujeres con la
presencia de hombres, guardias de empresas privadas y extranjeros en las
zonas que, de acuerdo con las mujeres de las zonas, están propiciando
la prostitución, trata de mujeres y agresiones sexuales.
2. Redes de corrupción estatales
Los movimientos socio-territoriales han
denunciado cómo los funcionarios de las instituciones estatales, junto a
las empresas extractivas en Honduras, llevan a cabo procesos ilegales
utilizando como mecanismo, las llamadas redes de corrupción con las que
también han cooptado los recursos naturales del país.
Un caso emblemático al respecto, es el
que en marzo del 2019, dio a conocer la Unidad Fiscal Especial contra la
Impunidad Corrupción de la Corrupción del Ministerio Público de
Honduras (UFECIC-MACCIH), cuando anunció la investigación del caso
“Fraude sobre el Gualcarque”, en el que se acusa a 16 funcionarios y ex
funcionarios del Estado de delitos contra la administración pública,
para apoyar que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese
beneficiada con el contrato de operaciones, contrato de suministro de
potencia y de energía[5].
La investigación partió de la denuncia
de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de los bienes
comunes de la naturaleza, asesinada precisamente por denunciar
arbitrariedades en el proceso de concesión del Río Gualcarque, al igual
que las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas,
en especial los de las comunidades Lencas. Este caso, que se evidenció a
escala mundial, es uno de decenas a través de los que se han
evidenciado los procesos de concesiones de los recursos naturales en los
cuales la institucionalidad hondureña se acopló a la dinámica de las
empresas extractivas, vulnerando derechos humanos en las comunidades.
3. Militarización de los territorios
Los dos puntos mencionados anteriormente
no podrían concretarse si no se contara con la complicidad de las
fuerzas policiales y militares, de inteligencia y de seguridad privada,
que constantemente vigilan, persiguen, hostigan y asechan a las mujeres
que defienden los territorios.
Un estudio realizado por el CESPAD[6]
reveló cómo en el conflicto de Guapinol, la campaña de intimidación
policial y militar dio resultado positivos. Según los resultados de una
encuesta que se realizó durante el estudio, el 75% de la población
indicó que la presencia militar les generó inseguridad y terror. Las
estrategias de terror, acompañan de manera proporcional a todos los
focos de conflicto, pero las mujeres defensoras asumen doble riesgo
precisamente porque las armas son los indicativos más potentes del
poderío patriarcal sobre los territorios y en el caso de las mujeres,
ese poderío se extiende de diferentes formas, hasta sus cuerpos.
Las defensoras en su doble rol de
protección, resguardan sus recursos naturales y aseguran condiciones
mínimas y básicas para sus familias. La exposición de ellas es aún mayor
en territorios militarizados.
4. Patrones machistas y racistas
El contexto para las defensoras si bien
es cierto es el mismo que enfrentan los hombres, varía por la condición
misma de ser mujer. Los patrones de comportamientos patriarcales y
racistas, tanto en sus hogares como en el ámbito de acción política,
dentro de sus organizaciones, delinean un problema serio para las
mujeres defensoras.
Estos patrones y violencias machistas se manifiestan:
-
- En la pretensión de los hombres en las zonas, los guardias de seguridad privados, militares y policías, de tocar y abusar de los cuerpos de las mujeres. En algunas zonas se han denunciado violaciones sexuales, siempre al tenor de la pretensión de ser dueños de la voluntad y de los cuerpos de las mujeres de las comunidades, al igual que de las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. A este tipo de acciones, las consultadas le denominan: control de los cuerpos de las mujeres.
- En la imposición de los hombres del comportamiento que deben tener las mujeres dentro y fuera del hogar. Las defensoras se ven en la disyuntiva de luchar para evitar ser relegadas solo a las tareas del hogar, las que implican cuidar los hijos, mantener limpias las casas o tener preparados los alimentos del resto de los miembros de la familia. Muchas mujeres y defensoras han luchado contra la obligación que imponen los hombres sobre no opinar de política, del cambio climático y muchos menos a involucrase dentro de las estructuras de liderazgos comunales.
- En la burla y prohibición por parte de los hombres, de poner en práctica nuevas formas de supervivencia económica. Las mujeres consideran que es tiempo de mutar a nuevas relaciones colectivas de producción y consumo, como una mejor garantía de sobrevivencia de las familias de las comunidades.
- En la consideración de burdo y sin sentido, por parte de los hombres, del traslado generacional de patrones y saberes culturales y ancestrales.
II. ¿Quiénes son ellas?: los rostros en defensa de los territorios
Son cientos de mujeres las que defienden
los bienes comunes de la naturaleza en Honduras. Sin embargo, hay
relatos cotidianos, vivencias, enfrentamientos contra el poder y
apuestas colectivas que las hace encontrarse. Identificamos algunas de
las mujeres que están resistiendo frente a esta ola neo extractivista:
Miriam Miranda Chamorro. Desde el 2008 es la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Mirian Miranda.
“Para nadie es desconocido que hoy
por hoy y a lo largo del planeta, somos las mujeres quienes estamos al
frente de la lucha por la defensa de los recursos naturales, los bienes
comunes de la naturaleza en los territorios, la defensa de los ríos, las
semillas, los bosques, etc. Por eso, también somos las mujeres las que
estamos enfrentando una mayor estigmatización, criminalización,
judicialización y asesinatos”[7].
Esly Banegas. Desde muy joven estuvo
afiliada a El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario
(SITRAINA), haciendo un trabajo por el reconocimiento y respeto de los
derechos laborales y recuperación de tierra para los y las campesinas.
En 1997 fue participe de la fundación de la Coordinadora de
Organizaciones Populares de Aguán (COPA) y desde 2014 ha estado al
frente de la defensa de los bienes comunes del sector San Pedro y el río
Guapinol[8].
Esly Banegas
“He sido una luchadora que se aferra
a la necesidad de cambiar las condiciones de vida como pueblo, que se
nos respeten los derechos. Esta lucha es de todas y debemos alzar la voz
por aquellas que no han tenido esa oportunidad. A pesar de todo, siento
que quieren callarnos y esa decisión de no lograr que nos callemos, eso
es lo que nos hace seguir adelante”.
Rode Murcia, es descendiente de los
indígenas Maya-Chortí. Su abuela Nepatalia Lara era maestra y fue una de
las mujeres que la inspiró para defender los derechos de su población.
Sus inicios en la lucha están enmarcados por las amenazas que han tenido
por parte de empresas que pretender instalar mineras en la zona. Es
parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de
Honduras (CONAMINH) y sub coordinadora de la Coalición Ambientalista de
Copán[9].
Rode Murcia.
“Estoy más que convencida que sin
nuestra participación en la defensa de nuestros territorios la lucha no
saldrá adelante. Somos las mujeres quienes en su mayoría encabezamos la
lucha territorial y del país. No solo defendemos nuestro territorio,
también el cuerpo. Tenemos una lucha constante contra el patriarcado. La
revolución en Honduras la haremos las mujeres”.
Donatila Girón creció cercana a los
ríos, los bosques y los animales. A los 15 años empieza a dar sus
primeros pasos en la lucha como facilitadora de procesos educativos. Fue
mediante una amiga que la invitó a participar en una reunión del
Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), que
decide involucrarse en la defensa del agua, los bienes comunes de la
naturaleza y los derechos de los pueblos originarios. Además, es parte
de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras, (CONAMIN)[10].
Donatila Girón.
“Me interesa que todas las mujeres
se involucren. En estos momentos tenemos muchas mujeres marginadas y con
la participación en las comunidades irán conociendo los derechos que
tenemos”.
Estas defensoras han conquistado la
participación en los espacios organizativos y se han posicionado a nivel
nacional, regional, local e internacional. La lucha por la defensa de
los bienes comunes es la lucha de su cuerpo, su territorio y es través
de sus pensamientos que buscan una nueva forma de mirar al mundo y de
verse en él.
Las voces que rompen el cerco mediático
Las mujeres en las comunidades no solo
se enfrentan al despojo de los bienes comunes de la naturaleza, también
se enfrentan a la ausencia de canales o mecanismos para hacerse escuchar
y contarle al mundo lo que acontece tierra adentro, en sus comunidades.
Los medios de comunicación corporativos continúan respondiendo a una
lógica en la que confluyen el sector empresarial, político y los propios
dueños de esos medios de comunicación que coartan el derecho de
participar y acceder a frecuencias que permitan crear nuevos medios, a
través del proceso legal que establece la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).
La mayor concentración del espectro
radioeléctrico está en manos de grupos empresariales que poseen una
importante cantidad de frecuencias. En contraposición, de las radios
comunitarias solo han otorgado siete licencias: 4 pertenecen a emisoras
evangélicas y 3 radios comunitarias[11].
Cuando hablamos de radios comunitarias en este escrito, nos referimos a
aquellas que responden a las demandas específicas de los movimientos
socio territoriales.
El Estado de Honduras ha hecho caso
omiso a la advertencia realizada en 2015, por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), de asignar la administración del espectro
radioeléctrico a un órgano independiente de injerencias del poder
político y económico[12].
Frente a este cerco mediático, muchas
mujeres que están defendiendo los territorios han ido luchando por
adquirir y mantener sus propios medios comunitarios, específicamente
dentro de espectro radiofónico.
Ada Díaz
En Tocoa, Colón, Ada Díaz, integrante de
COPA, es una de las voces que ha mantenido informada a la población,
transmitiendo desde “La Voz del Aguán”. Ada reside en Trujillo, pero la
distancia se ha convertido en un motor para seguir trabajando. Tiene 5
años de ser parte de la organización y 2 de formar parte de la radio.
“Es de llevar una palabra crítica a
la sociedad que está completamente desinformada, no sabe ni como
defender su territorio. Desde la radio es una herramienta, es la voz que
se lleva a la gente que todavía no está consciente de la situación que
vive”, Ada.
Tania Carolina Hernández es originaria
de Intibucá y forma parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH). Actualmente es la presentadora del
programa de mujeres “Canasto de Palabras”, transmitido a través de la
radio Guarajambala, en la frecuencia 97.1 FM[13].
Tania Hernández
“Cuando hablamos de las radios
comunitarias, se convierten en ese instrumento mediante el cual
viabilizamos la palabra de nuestras compañeras. Desde el momento en que
traemos testimonios desde las propias comunidades que están en lucha y
resistencia constantemente y en el tema de búsqueda de justicia para la
compañera Berta, se ha vuelto un arma bien importante”, Tania.
Bety Castañeda
Bety Castañeda es parte de La Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (Red COMAL),
y trasmite el programa “La mujer de Hoy”, de la radio “Los hijos de
Puca”, en alusión a la montaña donde residen. Desde la radio ha logrado
llegar a los hogares y frenar la tala de bosques en la zona. Bety, es la
única mujer que está en la radio[14].
“Las mujeres debemos involucrarnos
Debemos despertar, que nosotras podemos cubrir esos espacios. Nosotras
tenemos derecho a decir no a muchas cosas”, Bety.
María Dolores, reside en San Juan
Pueblo Atlántida y es parte de “Radio Dignidad”, una apuesta de
comunicación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Transmite el programa “Atardecer en el Atlántico”, el espacio
informativo de la organización.
María Dolores
“Siempre creemos que es importante
la voz de las mujeres en la radio. Desde otro espacio, espacios
organizativos también participan otras compañeras. En algún momento se
suman en espacios de la radio, cuando se hacen programas de análisis.
Allí están ellas. Y así compañeras de los diferentes sectores que hay
luchas territoriales”[15].
A través de las radios comunitarias, las
mujeres han visibilizado las apuestas de las organizaciones a las que
pertenecen, comenzando con la democratización de la palabra para que
exista una pluralidad que represente a los sectores que históricamente
han sido despojados y vulnerados de sus derechos. De igual forma, luchan
por el respeto de los derechos humanos, tomando como partida el derecho
a la comunicación.
Se han planteado otra forma de crear,
narrar, contar las vivencias de las comunidades, de forma aislada a la
cultura dominante de la comunicación, convirtiéndose así en la voz de la
organización que da participación y representación a las diferentes
voces, culturas y costumbres de una comunidad.
Estas mujeres han creado otra mirada de
la comunicación, la que no reproduce estereotipos sobre los roles
tradicionales de género que impone el sistema patriarcal. Han roto con
la idea de que solo los hombres pueden acceder a los espacios públicos,
haciendo uso de medios como la radio, la televisión y la prensa escrita.
Ellas han tomado la palabra de muchas mujeres y han colocado no solo
los intereses organizativos, sino la lucha de las mujeres para romper
esa brecha desigual que histriónicamente les ha negado la participación
en los espacios públicos.
III. Desafíos delas mujeres frente al Estado y al movimiento social-territorial
La acción de
defensoría territorial implica riesgos y cada una de las defensoras sabe
que en un estado de indefensión, como el de Honduras, difícilmente
podrán tener respuesta frente a los diferentes riesgos y situaciones de
vulnerabilidad a los que se enfrentan.
Desafíos de las mujeres frente al Estado:
- La lucha contra el uso de la normativa penal con la que se criminaliza la acción de defensa territorial, como el caso de la comunidad de Guapinol, en donde los/las defensoras de los bienes comunes fueron judicializados en juzgados de jurisdicción nacional, incumpliendo así, con las diferentes recomendaciones[16] y estándares internacionales de organismos de derechos humanos respecto a la judicialización de defensoras.
- La política de seguridad y defensa nacional que agudiza la forma en que se vigila y hostiga a los diferentes puntos de conflicto territorial y que hace uso desproporcional de la fuerza en contra de las defensoras.
- La influencia y aparente colusión de las empresas extractivas con las instituciones del Estado, representa un grado más alto de indefensión para las personas que ejercen defensoría de derechos humanos, puesto que los intereses de las empresas se sobreponen ante el interés común de las comunidades.
- El incumplimiento por parte del Estado de Honduras, de las obligaciones enmarcadas en los 3 principios rectores de Empresa y Derechos Humanos, especialmente en el tema de las reparaciones de daños por parte de las empresas a las comunidades, muchos menos desde un enfoque de género.
Desafíos frente al movimiento socio territorial en Honduras
- Incorporación de agendas feministas en la lucha de los movimientos socio-ambientales. Existen casos positivos en los que ya ha habido avances, resultados de diálogos y redefinición de las posturas políticas de las organizaciones. Sin embargo, aún hay debates pendientes que deben darse entre organizaciones para una apuesta política más integral y de reconocimiento a la labor de las defensoras.
- Aumentar el número de mujeres en posiciones de poder en el marco de las decisiones al interno de las organizaciones, asegurando que los temas de interés para las defensoras sean siempre un punto sobre las discusiones.
IV. Apuestas en construcción
Dentro de las propuestas de acciones por
parte de las defensoras de los bienes comunes, se identifican 4
apuestas para la transformación de los entornos de acción política y de
convivencia:
- Radicalización de la democracia, entendiéndose como la facilitación del diálogo e interacción entre defensoras, movimientos y comunidades. Este ejercicio, con el objetivo de romper las estructuras de la democracia representativa de partidos políticos, es una apuesta a la apertura de nuevos y mejores canales de participación ciudadana como puntos de partida para la descentralización del poder y de discursos.
- La gestión de lo común/colectivo exige enfrentar el sistema económico vigente, para que se garanticen los derechos a la subsistencia, en los cuales la propiedad estatal se oriente a la función social y a la protección colectiva. También son necesarias nuevas formas comunitarias de convivencia, lejos de la mercantilización de cada uno de los que deberían ser derechos asegurados (bienes comunes).
- Reconocimiento, conservación y respeto de los saberes, valores culturales y cosmovisiones de las defensoras, dentro de las comunidades.
- Transformación de la política nacional a una política integral, que parta de lo común/colectivo, que reemplace el individualismo y el despojo por la acción colectiva y gestión comunitaria de los bienes comunes.
[1]
https://www.globalwitness.org/
[2] http://im-defensoras.org/wp-
[3] Red Nacional de Defensoras Entrevista. Octubre, 2019.
[4] https://cng-cdn.oxfam.org/
[5]
http://www.oas.org/es/sap/
[8] Entrevista a defensora de los derechos humanos de la zona norte. Tegucigalpa, octubre de 2019.
[9] Entrevista a defensora de los derechos humanos de la zona occidental. Tegucigalpa, octubre de 2019.
[10] Entrevista a defensora de los derechos humanos de Marcala. Tegucigalpa, octubre de 2019
[11] Datos sustraídos de conversación con Helen Ocampo, Periodista. Progreso, octubre de 2019.
[13] Entrevista a la comunicadora de COPINH. Tela, octubre de 2019.
[14] Entrevista a la comunicadora de COMAL. Tela, octubre de 2019.
[15] Entrevistas a la comunicadora del MADJ. Tegucigalpa, octubre 2019.
[16]
Sobre este punto, como resultado de la observación in loco de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó del 30 de julio al
03 de agosto del 2018, destacó su preocupación por procesos penales de
usurpación, injurias y calumnias, atentados, o la amenaza de presentar
demandas civiles en contra de las personas que defienden los derechos
fundamentales de la población como método para obstaculizar su labor.
