martes, 28 de febrero de 2017

HONDURAS - COMUNICADO DE COPINH: A 1 Año de la Siembra de Nuestra Coordinadora General: Berta Vive, COPINH Sigue! // AMNISTÍA INTERNACIONAL: “VERGONZOSA INVESTIGACIÓN EN CRIMEN DE BERTA CÁCERES” // "HONDURAS IS DANGEROUS" // Radio Progreso: Hernández avanza en proyecto continuista legalizando criminalización de la protesta pública // Trump promete la mayor militarización de la historia y enarbola su nacionalismo // Acciones de Trump contra migrantes, "acto de terror": Arquidiócesis // Episcopados de México y EEUU se unen en apoyo de migrantes // Estado español: Amnistía acusa a España de violar el derecho al refugio y a la libertad de expresión


COPINH
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
lunes, 27 de febrero de 2017

COMUNICADO DE COPINH: A 1 Año de la Siembra de Nuestra Coordinadora General: Berta Vive, COPINH Sigue!


(Leído durante la conferencia de prensa de hoy, 27 de febrero, anunciando el inicio de la jornada. Durante la conferencia, transmitida en vivo en nuestro fb y en nuestras radios, cortaron la luz y se interrumpiò la transmision.....)

Berta Cáceres, hermana, compañera y Coordinadora General, nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, nos enseñó que el pueblo Lenca ha sufrido por mucho tiempo debido a la discriminación y dominación de siglos en nuestros territorios. Berta nos enseñó que la dignidad no se compra ni se vende y que las batallas justas le dan sentido a la vida de los pueblos, nos enseñó que entregar la vida a la lucha por la construcción de una nueva sociedad inclusiva vale la pena, y que no hay que tener miedo en defender lo que nos corresponde.

Hace un año asesinaron a la compañera Berta Cáceres, le quitaron la vida, porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territorios y saliera victoriosa.

La asesinaron porque en este país se prefiere asesinar que dialogar y se piensa que matando personas se matan las ideas.

El COPINH exige que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, a quien no solamente desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor comunitaria. Que el Estado hondureño se responsabilice por la concesión de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las muertes de las comunidades.
El congreso es culpable del asesinato de Berta Cáceres por otorgar de manera inconsulta, los territorios Lenca a la empresa privada.
El gobierno de JOH es responsable del asesinato de Berta Cáceres por desprotegerla y mantener en dictadura al pueblo hondureño, por proteger la impunidad y favorecer los intereses de quienes representa a costa del pueblo hondureño.

Responsabilizamos a estructuras criminales dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras que son caldo de cultivo para el desarrollo del sicariato. La vinculación de los asesinos detenidos en el caso de nuestra compañera así lo demuestran.
Las Fuerzas armadas son responsables del asesinato de Berta Cáceres por formar asesinos y escuadroneros de la muerte, que por migajas acaban con la vida de pueblos y comunidades.
Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta, quienes ordenaron su asesinato siguen en la impunidad y seguramente planeando más asesinatos contra las organizaciones sociales.
DESA es la empresa asesina la que con el terror quiere despojar al pueblo Lenca de sus riquezas y matar a quienes nos oponemos.

Asesino es el Banco Centroamericano de Integración Económica, asesino es el Banco FMO, asesino es el fondo Finnfund, quienes solapados en el supuesto desarrollo invierten en la muerte de los pueblos indígenas.
Asesinos son los gobiernos de EEUU que arman a un pueblo para que se mate por sí mismo.
Asesino es un pueblo intolerante y racista que discrimina a su misma esencia cultural e histórica.

Sabemos de la precariedad de las acusaciones en contra de los imputados en el caso de Berta Cáceres, un juicio verdadero no podrá sentenciar a los detenidos, en especial a los intermediarios entre la empresa y los sicarios y todo se dirige a la total impunidad. El Estado no quiere una comisión internacional de expertos para investigar porque teme que se demuestren sus responsabilidades.

A un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia.

El COPINH se declara en rebeldía, en insurrección contra la injusticia, contra la tragedia a la que ha sido conducida el pueblo hondureño y los pueblos indígenas. Y en la que nuestros compañeros y compañeras han caído asesinados en la defensa de la vida y por el futuro de la humanidad. A ellas y ellos les recordamos y abrazamos como ancestros y ancestras, que nos acompañan desde el plano espiritual.
Sin embargo, exigimos justicia, exigimos que los responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica de asesinar a quienes pensamos diferente.

El COPINH no está en contra de la vida digna y una sociedad justa en Honduras. El COPINH se opone a la mentira que llaman desarrollo por la cual quieren justificar tanta muerte y despojo en nuestros territorios. Que una empresa destruya un río y una comunidad no saca de la pobreza al país, por el contrario, la hunde en más desigualdad, cuando los únicos beneficiados son unos pocos que se llenan los bolsillos a costa del país entero. Queriendo ganar 500 millones dando 5mil a las comunidades, como sucede en la represa Agua Zarca.

Nunca va a existir una Honduras mejor si no se entiende y se respeta la autonomía de las comunidades indígenas, si no se toman en cuenta nuestras cosmovisiones y formas de ver el mundo. Pero no con una reglamentación de la consulta previa, manoseada y perversa, o con leyes terroristas que buscan criminalizar la protesta, sino con muestras de voluntad política de dialogar y debatir.
El COPINH sigue y seguirá luchando por esa inclusión y por ese respeto, en la búsqueda de una sociedad justa en la que la vida sea respetada.

La muerte de Berta Cáceres es una derrota, una pérdida invaluable para nuestra organización y para el pueblo hondureño. Pero es una victoria que sigamos aquí, presentes, denunciando la injusticia y proclamando nuestra lucha por el respeto de las comunidades, los territorios y la identidad del pueblo Lenca. A un año de la pérdida de nuestra coordinadora general, el COPINH se compromete con su legado y sigue de pie construyendo vida y siendo alternativa. Porque Berta Vive, el COPINH sigue.
Exigimos que se establezca una comisión independiente de investigación en el caso de Berta Cáceres que devele las estructuras de toda índole que planearon su muerte.

Demandamos la salida inmediata de la empresa DESA y toda su muerte del río Gualcarque, así como cualquier proyecto que intente afectarlo. Los dueños y gerente de DESA deben ser condenados por sus acciones.
Exigimos la derogación de todas las concesiones que existen en los territorios del pueblo Lenca, realizados sin consulta a las comunidades.
Llamamos a la terminación de la persecución contra el COPINH y las demás organizaciones que defendemos los territorios. Los ataques contra nuestra organización continúan y responsabilizamos de más muertes y agresiones a las autoridades hondureñas.

¡Berta Cáceres vive!
¡Berta Vive, el COPINH sigue!
¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Fuera proyectos de muerte de nuestros territorios!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 27 días del mes febrero del 2017



AMNISTÍA INTERNACIONAL: “VERGONZOSA INVESTIGACIÓN EN CRIMEN DE BERTA CÁCERES”

  • “La ausencia de una verdadera investigación en el asesinato de Berta Cáceres, es un mensaje aterrador para quienes se atreven a levantar su voz contra los poderosos”, ha dicho Amnistía Internacional, asimismo alerta que “te matarán” si tu labor de derechos humanos incomoda a los que tienen el poder.
La reconocida dirigente indígena hondureña, Berta Cáceres, fue asesinada la noche del pasado 2 de marzo de 2016, en su casa de habitación en la ciudad de la Esperanza, aunque ya había recibido amenazas a muerte, las autoridades no la protegieron.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, ha dicho Amnistía Internacional, al cumplirse el próximo 2 de marzo, un año de la muerte de la malograda ambientalista.
Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, el asesinato de Cáceres, solo demuestra el lamentable estado de los derechos humanos que se vive en Honduras.
“El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”, alertó, Guevara.
El organismo internacional cuestionó  la investigación del crimen de Berta Cáceres, a la que calificó  de “vergonzosa y deficiente”, porque no han identificado a los autores intelectuales, asimismo  “la ausencia de un mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia.”
Cuando no se hace justicia los y las activistas medioambientales hondureños se aproximan a un final trágico y al no protegerlos tampoco se  defienden los recursos naturales, que son necesarios para la subsistencia de la humanidad, añadió Amnistía.
Berta Cáceres, fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), también era una defensora del ambiente y de los pueblos lencas, se oponía a la construcción de  la represa Agua Zarca, en la zona de Rio Blanco, había recibido amenazas a muerte, el 2 de  marzo de 2016, fue asesinada en su casa en la ciudad de la Esperanza, por individuos que ingresaron de manera violenta. Meses antes de su muerte, fue honrada con el prestigioso “Premio Goldman”, mundialmente conocido como el “Nobel en Ambiente”.
Las autoridades han capturado ocho supuestos implicados en el crimen de Cáceres, pero aún no han logrado dar con los autores intelectuales de ese crimen.


Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Persecución y criminalización de los pueblos indígenas y el derecho a la Consulta Previa en América Latina

Sambo Creek, febrero 28 de 2017.- El próximo dos de marzo cumple un año del asesinado de Berta Cáceres, la que fue ultimada por su defensa acérrima del territorio del pueblo Lenca y el respeto a la consulta previa, libre e informada (CPLI). La defensa del río Gualcarque y el empecinamiento de la empresa DESA en construirla, tuco como resultado lo que se puede denominar una crimen de estado.
La violencia con que ha respondido la clase empresarial y funcionarios estatales  en relación a la implementación de la consulta previa, se viene dando a lo largo y ancho de América . Como ejemplos recientes se encuentra el asesinato el mes de enero pasado de Sebastián Alonso Juan, de 72 años de edad y originario de Yulchen (Guatemala), hasta la milltarazación en diciembre del año pasado de la comunidad  Shuar de NanKints en Morona de Santiago Ecuador, la cual fue concesiónada a una empresa minera China, pasando a la construcción de la represa de Barro Blanco Panamá  y la inundación de la aldea sagrada de Kiad, sin respetar la posición asumida por el pueblo Buglé en la consulta efectuada.
Abundan los  ejemplos de intervenciones estatales en nombre de un supuesto “desarrollo” que vienen acompañadas de militarización y violencia. A los pueblos indígenas en pleno siglo XXI se nos impone la visión occidental de  acumulación de capital y su producción en contraposición a  nuestras cosmovisiones. que giran alrededor del respeto a la madre tierra.
Después de más de dos décadas de haber surgido el Convenio 169 de la OIT  -cuya piedra angular es la consulta previa- los organismo internacionales viene presionando a los estados-nación para que finalmente adopten ese marco jurídico supuestamente creado para salvaguardar los pueblos indígenas y sus territorios, y así lograr maquillar las imposturas colonialistas.
A pesar de los cientos de consultas realizados en Colombia, Guatemala, Chile y Perú, los estados-nación y las empresas interesadas persisten en desconocer los resultados y manipular a los líderes, y en ultima instancia judicializarlos y en caso dado hasta ejecutarlos.
En el caso de Honduras, las diferentes administraciones gubernamentales a partir de la ratificación del Convenio 169, han eludido su aplicación utilizando una variada gama de estratagemas, que incluye la creación de espacios indígenas más al servicio del  Estado que de los intereses de los pueblos.
A partir de las opiniones vertidas por la Relatora de Naciones para Pueblos Indígenas, la sra. Vicky Tauli Corpus, sobre las anomalías en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de consulta, señaló la ausencia de buena fe del estado, y la carencia por parte de las federaciones indígenas de voluntad para defender los intereses de los pueblos indígenas que supuestamente representan.
Como resultados de análisis efectuados en diferentes países del continente por los pueblos indígenas donde hay leyes de consulta previa o reglamentes, es que puede  existir la ley o el reglamento perfecto, estas se diluyen en su aplicación ante la debilidad existente en la implementación del estado de derecho, y la corrupción imperante en América Latina.
El racismo arraigado en un continente donde prevalece el feudalismo, convierten a la ley de consulta en un mero formalismo que las empresas deben sortear para ejercer en asociación con los estados-nación el colonialismo en el siglo XXI.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH



COFADEH socializa Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH

Tegucigalpa.

Por Marvin Palacios
El Mecanismo de Protección y la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su Reglamento, fue el tema central del taller impartido a unos 30 defensores y defensoras de derechos humanos de distintas regiones del país, convocados por el  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con el propósito de socializar dicha legislación y brindar herramientas en la defensoría de derechos humanos.

L a actividad es parte de  la continuación del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”,  impulsado por el COFADEH), con el apoyo de Diakonia-Unión Europea.
felipe benitez
Felipe Benítez, coordinador de MILPA-H
Una treintena de representantes de organizaciones magisteriales, ambientalistas, sindicales, juveniles, campesinas, del movimiento de la diversidad sexual y redes de defensoras y defensores de derechos humanos conformadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), conocieron la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su Reglamento.
El Coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Felipe Benítez dijo que una de las cosas que le llamó la atención es que dentro de los participantes y las participantes; existen redes de defensores y defensoras de derechos humanos destacadas en varias regiones del país.
“Se han conocido nuevas experiencias, donde hay compañeras y compañeros que han estado haciendo trabajo de defensoría en derechos humanos y aquí se vinieron a dar cuenta que hay una ley, hay un protocolo para ellos, y mucha gente van claros que hay una ley que va a proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y que la obligación del estado es aplicarla”, comentó Benítez.
Del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), llegó a recibir el taller la educadora Fátima Fuentes, quien manifestó que le ha gustado conocer sobre el mecanismo de protección y “es bonito saber que hay un reglamento que habla de nosotras, en las aulas a veces hablamos con los alumnos y alumnas de esto, pero no tenemos ni idea qué son los derechos humanos”.
La actividad se desarrolló en un hotel capitalino los días jueves 23 y viernes 24 de febrero de 2017. Los participantes han conocido los contenidos de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su reglamento.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 33,730 de fecha 15 de mayo de 2015.
Con dicha ley el estado de Honduras se obliga a reconocer el derecho que toda persona tiene, individual o colectivamente a promover y procurar la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a defender los Derechos Humanos, lo cual incluye el ejercicio pleno de la Libertad de Expresión y el Acceso a la Justicia.
Por otro lado el Reglamento a la Ley, se publicó en el Diario oficial La Gaceta bajo el número 34,117 del 20 de agosto de 2016, donde se establecen los criterios de articulación y coordinación que deben desempeñar todos los actores involucrados en el deber de proteger, respetar y garantizar los derechos establecidos en la Ley.
El Reglamento diseña la estructura y establece las facultades de los órganos encargados de la implementación bajo principios claros de actuación, entre otros, la aplicación de la norma más favorable, el respeto a la dignidad humana, el principio de no discriminación, la perspectiva de género y el enfoque diferencial en el cumplimiento y desempeño de sus labores.


EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO/FEB 2017: "HONDURAS IS DANGEROUS"

Juan no tiene la experiencia de gastar su propio lempira o de sacar avante una familia con trabajo privado que forja carácter y enseña economía, ni la cosmovisión que antepone la responsable y visionaria tarea de poner pasos adelante a una Nación.
EDITORIAL
“Honduras is dangerous” 
Juan Hernández sabe que tiene enemigos y los ha tenido todo hombre entre más poder y riqueza acumula, hasta por razones inimaginables. Están los odiados por los tiranos y amados por sus pueblos. Cristo era abominable para los líderes religiosos de su época, eran una pelmasa de hipócritas poseída por la codicia que colmaban a cambio de amarrar su gente al yugo del imperio romano. 
El rechazo se gana siendo virtuoso o perverso. ¿Por qué en los caminos de Honduras cientos de miles desde que asumió la presidencia le gritan “fuera JOH”? Pero no le importa y no los oye, tanto, que buscó la reelección y otra vez adónde va fuertemente protegido por fuerzas especiales, el ciudadano grita “fuera JOH”. ¿Callará esa petición el ansiado Código Penal?
Hernández no ha gobernado para la nación hondureña, ha sido infame, indolente con los más sufridos y con los que añoran una sociedad justa y habitable para progresar con trabajo honrado; sabe que el pueblo llora y muere en las calles, no lo ignora, carece de vocación que lo incline sensible a luchar por los demás. Y los otros son los que en su sencillez confían sólo en Dios porque en la tierra no hallan nada especial desde que nacen hasta que mueren, son como el martillo hechos para golpes, los demás son esos hambrientos fabricados por centenarios gobiernos rentados por el capital indecente. JOH se extravió o nunca transitó por el camino correcto pues ¿locura o extrema incultura? llegó al exceso de imprimir su foto en todos los productos que se compran con el dinero de todos los hondureños, así que cuando el necesitado, adentro de su pobreza, saca de la “bolsa solidaria” un confite, frijoles o la camisa del niño, tiene que mirar un rostro regordete de hombre próspero, sonrosado y la nívea camisa que luce bordada con el colorido logo de “Marca País”.
Juan no tiene la experiencia de gastar su propio lempira o de sacar avante una familia con trabajo privado que forja carácter y enseña economía, ni la cosmovisión que antepone la responsable y visionaria tarea de poner pasos adelante a una Nación. Eso es chiste para un mandatario convencido que Honduras está cambiando, aunque los jefes de Nealon no creen en la fábula del humo y el vinagre, todos los años, en los últimos tres de este gobierno han dicho a los estadounidense que “Honduras is dangerous”, muy peligroso, que no vengan. Nunca un presidente hondureño fue causa de tanto humor negro, desprecio y desencanto, ¡Fuera JOH! Ya es título para libros de historia política de países fatales; aun el régimen rural y pocas letras del general Carías –desde la distancia— se alivia cuando quienes lo trataron narran que se retiró del poder para llevar hasta sus últimos días una vida campesina nada ostentosa, que no dejó deuda externa y que los pícaros eran sus colaboradores; un informe confidencial enviado al Departamento de Estado por el entonces embajador de Estados Unidos tilda de ladrón al papá del cardenal Rodríguez. Dicen los mayores que no puede compararse a JOH con Carías, porque si era grosero con los opositores, pero se dormía con la puerta abierta, con Juan los militares aplauden la “dolce vita”, pero sólo en 2016 asesinaron a más de 5.000 hondureños y las masacres diarias suman y siguen, en los primeros 40 días de este año mataron otras 488 personas.- JOH hereda una deuda pública impagable cercana a 180,000 millones de lempiras. Ya es tarde, Juan cometió el error de Esaú, vendió su primogenitura al capital por un plato de lentejas, en su libro del humo y el vinagre quizá también esté esa moraleja.


Sindicalista enfrentará juicio tras denunciar un atentado contra su vida


Danlí, El Paraíso.
Por Sandra Rodríguez
¿Por qué me están juzgando a mí y no al Ministerio Público? Es la pregunta que se repite muchas veces José Armando Flores Jiménez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras, SITRASAOH, quien fue querellado por difamación hace año y medio, tras conocer de un supuesto atentado contra su vida.

Todo se originó en julio del año 2015, cuando un medio de comunicación divulgó un supuesto entierro de medicamentos en los predios de la Región de Salud #7, antiguo Hospital “Gabriela Alvarado”, en la oriental ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.
Para ese entonces la responsable era la Región era la doctora Sonia Arely Cruz, de ahí surgió una investigación de parte de las autoridades competentes, y comprobaron el entierro de medicamentos vencidos y otros que vencían en 2017 (dos años después), detalló el dirigente sindicalista.
Hubo requerimiento fiscal contra varios responsables de la Región Sanitaria, entre ellos Cruz y su esposo el médico de la región Germán Mauricio Erazo,  también empleado del hospital con actividades en la Región Sanitaria de El Paraíso, ellos me señalaron como responsable de haber dado información al medio de comunicación, agregó José Armando Flores, mientras esperaba que se diera la una y media de la tarde, del jueves 23, para presentarse ante los Tribunales de Justicia de Danlí, citado a una audiencia de conciliación.
Audiencia que se decretó “fracasada” ya que los demandantes no aceptaron conciliar, puesto que, en 2015, Flores se enteró que había un supuesto plan para acabar con su vida, por lo que después de considerar varias opciones decidió ir al Ministerio Público, MP, a interponer la denunciar por amenazas, responsabilizando a los galenos, pues así se lo informó una fuente allegada, relató.
Y fue así, que le se inició un proceso por difamación contra el honor de los doctores, quienes han manifestado que no pueden conciliar porque eso les ha causado daños físicos y emocionales, tras 20 años de servir con atenciones médicas a la población danlidense.
El presidente del SITRASAOH, considera que las persecuciones son por el afán de representar y defender los derechos de los trabajadores, hecho que lo le gusta a los que dirigen el poder.
Quiero manifestar que yo no hice esa denuncia del entierro de los medicamentos –refiriéndose a las publicaciones en el medio de comunicación- pero ¿cuál es el delito de denunciar?, se preguntó Flores, pues el lote de medicamentos era una cantidad considerable y no se supo el motivo del hecho que atentó contra el derecho a la salud pública.
Agregó que “a quien deberían investigar es a las personas que dieron la orden.  Era una gran cantidad de medicamento que mejor se lo hubiera dado a la gente pobre”. Además, el MP también debería ser investigado porque no ha cumplido con su labor investigativa, sino que actuó en mi contra, cuando fui a denunciar un hecho.
Se llegó a pensar que la forma en que yo “no les haga daño” es mandándome a matar, pero ante la denuncia interpuesta, hubo un juez que a ellos los dejó libres y después me acusaron de falsas calumnias e injurias. Lamentó el presidente del Sindicato.
“Quienes recibieron mi denuncia en la Fiscalía, son abogados, yo desconozco las leyes. Si consideraban que la denuncia no procedía por falta de elementos, la hubieran cerrado y me lo hubieran notificado, quien decidió traernos ante este juzgado fue el Ministerio Publico ¿Por qué nos trajeron? Yo no tengo la culpa, sino el MP y sus actuaciones”.
En cuanto a la manifestación de los querellantes, que a ellos se les ha dañado su honor, yo creo que el honor se lo daña cada quien, ellos se lo dañaron con sus acciones, a mí también este proceso me ha hecho daño.
Yo decidí denunciar las amenazas en mi contra, porque hay casos que se han quedado en la impunidad, como el asesinato de Juan Carlos Argeñal, un comunicador social que había denunciado actos de corrupción en el hospital “Gabriela Alvarado”, ese hecho sucedió en el año 2013 cuando era director del hospital el doctor Erazo, relacionó el líder del SITRASAOH.
En este proceso judicial que enfrenta el máximo líder sindical de la regional número 7,  la solidaridad de parte de sus compañeros ha sido constante. En la audiencia anterior al menos cincuenta trabajadores se hicieron presentes en el juzgado, para que Armando se sienta acompañando, afirmaron en una reunión que sostuvieron al salir del recinto, para que el abogado de la defensa les explicará lo que procedería.
Yo temo por mi vida, por las amenazas y que le hagan daño a mi familia. Hay lugares que ya no frecuento, actividades de las que me abstengo, enfrentar persecuciones no permite una vida con normalidad, declaró a defensoresenlinea.com, Armando Flores.
Además, considera que éste es un ataque al sindicalismo hondureño, porque si en este proceso ellos –los doctores- ganan, será como pisotearnos, escupirnos la cara, quitar el trabajo a quien sea, decir que ellos tienen la razón, y los demás dirigentes sindicales no se atreverán a denunciar los abusos ni defender los derechos de los sindicalistas, por temor a que los maten o metan presos.
“Aquí nadie responde, el Gobierno no está pensando en defender al pueblo, sino entre ellos y la parte política”, por eso he solicitado acompañamiento de organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, expresó el dirigente.
Si en Honduras se aplicara la justicia de forma correcta, yo no estaría procesado, sino que se investigaría los hechos de corrupción, el entierro de los medicamentos y las denuncia que interpuse, afirmó José Armando Flores, presidente del SITRASAOH, quien deberá ser notificado para la audiencia de juicio oral y público, acusado del delito de difamación contra Sara Cruz y Germán Erazo, que fungieron como directora de la Región #7 de salud y director del Hospital “Gabriel Alvarado” de Danlí, respectivamente.
Comunicador social también denunció amenazas
En el 2013, el director del canal de televisión Vida Tv, Juan Carlos Argeñal, denunció actos de corrupción en el hospital de esa ciudad. Fue asesinado la tarde del sábado 7 de diciembre en de ese mismo año, en su casa de habitación donde también tenía el estudio televisivo. Meses antes había denunciado amenazas incluso de muerte, que se relacionaban con su trabajo comunicativo.
Juan Carlos Argeñal sacó a la luz el caso de corrupción del hospital regional de “Gabriela Alvarado” en Danlí. En este se detallaba un gran desfalco de fondos y un hurto mayor de los suministros del mismo hospital que se realizaron por parte de un administrador interno junto con un líder político local, ha denunciado su hermano el dirigente magisterial y líder político del Frente Nacional de Resistencia Popular, RNRP, Mario Argeñal.
Una semana antes de su muerte en diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal le dijo a su familia que había recibido amenazas de muerte de personas que estaban relacionadas con la administración del hospital. Argeñal se contactó con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, para informarle de estas amenazas el 14 de noviembre de 2013.
La familia de Juan Carlos Argeñal entregó a la policía toda la información sobre estas amenazas en el momento de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de su hermano, tres años después, el crimen sigue en la impunidad, como un monumento a la corrupción.


Radio Progreso

Hernández avanza en proyecto continuista legalizando criminalización de la protesta pública

Feb 24, 2017
Después de varias semanas de propaganda electoral disfrazada de preocupación por la inseguridad y criminalidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y la bancada del Partido Nacional aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”.
Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.
En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.
Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.
Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.
El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.
Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.
“Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.
La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.
“Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.
Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.
Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.
“Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.
Asesor presidencial vota por reformas penales
El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.
En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.
El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.
“No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.
Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.
Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH
Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.
La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.
“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.
La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.
La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.


Comunidad internacional muestra preocupación por aprobación de reformas penales regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión

Comunidad internacional muestra preocupación por aprobación de reformas penales regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión
Washington, EE.UU/ Tegucigalpa, Honduras (Tomado de www.oas.org) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresan su preocupación ante la aprobación de las reformas al código penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos fundamentales y  la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país. 
El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el 22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo, dirigido a castigar a "quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión". 
La CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la OACNUDH en Honduras ven con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos.
Si bien corresponde al Estado la determinación de las conductas que van a ser calificadas como delitos en su obligación de tomar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de la población hondureña, del principio de legalidad se derivan elementos que deben ser observados por los Estados al momento de ejercer la mencionada potestad. En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son sancionables bajo otras figuras penales. Las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad. 
Sobre la incitación a la violencia —entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional—  la CIDH de forma reiterada ha señalado que debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión —por dura, injusta o perturbadora que ésta sea—, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. 
La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo –entendida como un llamado directo a la participación en el terrorismo que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto terrorista-, o a la participación misma en actos terroristas.
En cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación, los Estados no deben limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia, de acuerdo con la declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al extremismo violento adoptada por los Relatores de Libertad de Expresión en 2016.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Acerca de OACNUDH Honduras
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos.


Trump promete la mayor militarización de la historia y enarbola su nacionalismo

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Donald Trump en su alocución ante los republicanos. Foto: EFE.
Donald Trump en su alocución ante los republicanos. Foto: EFE.
El último presidente en asistir a la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) del Partido Republicano durante su primer año de mandato fue Ronald Reagen, y lo hizo en 1981.
Donald Trump ha decidido romper con la tradición y ha acudido este viernes 24 de febrero a la cita republicana para dar un discurso altamente nacionalista. Trump no se salió del guión: inmigración, seguridad, Obamacare, desregulación financiera, satanización de los medios… Los tópicos que suele llevar en la cartuchera emergieron al completo.
En su comparecencia, ha aprovechado para subrayar su intención de hacer de Estados Unidos una nación más poderosa y enfatizar que él no representa al mundo, sino a su país.
“No soy el presidente del orbe, sino de Estados Unidos”, afirmó.
En la reunión celebrada a orillas del río Potomac, en Washington, el Presidente ha declarado que el futuro pertenece a su país y presentó sus medidas para conseguirlo.

¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra?

Donald Trump quiere que nadie se meta con Estados Unidos y, para ello, pretende aumentar el gasto en defensa. El incremento del poder militar ha sido una de las prioridades del magnate durante su discurso en la CPAC, donde subrayó su idea de conseguir la paz “a través de la fuerza”.
“¿Cuándo fue la última vez que ganamos? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra, algo?”
Trump también dijo que pondrá en lo más alto el arsenal nuclear de Estados Unidos, otra de las medidas para empoderar al país que gobierna desde el 20 de enero.
“El futuro es nuestro. Estados Unidos será mayor, más grande y fuerte que nunca”, prometió a sus seguidores.

La construcción del muro, cada vez más adelantada

Una de las promesas más polémicas durante la campaña de Trump, la construcción del muro fronterizo entre Estados unidos y México, no podía faltar durante su discurso.
En enero, el mandatario firmó dos órdenes ejecutivas que permitía la construcción del muro y restringe la entrada de migrantes a Estados Unidos.
Donald Trump aseguró que los planes para edificación del muro van “muy por delante de lo esperado” y que los ciudadanos de Estados Unidos tendrán prioridad por delante de todas las nacionalidades.
Por otro lado, aseguró que si frenan el flujo de migración ilegal, el país tendrá muchos menos problemas impositivos. Los dólares que perdemos son mucho más de lo que se puedan imaginar, son dólares de impuestos que pueden servir para reconstruir nuestros cascos urbanos, dijo.

La resurrección del Partido Republicano

Según el presidente de Estados Unidos, el éxito del Partido Republicano se debe al movimiento creado por él mismo.
“El Partido Republicano volverá a ser el partido de los trabajadores. Si vierais lo grande que se ha vuelto durante este ciclo, desde las primarias… Millones de personas se han unido a nosotros, no voy a decir que gracias a mí… pero sí, ha sido gracias a mí”, aseguró.
Al despedirse, Trump prometió no decepcionar a sus seguidores durante sus cuatro años de presidencia, en los que, según él, hará de Estados Unidos un país mejor y más fuerte que antes.

Campaña contra las noticias falsas

El magnate ha criticado duramente las noticias falsas, fake news, que según él maquillan las historias. Durante su discurso en Washington, el presidente ha descrito este tipo de noticias como “el enemigo de la gente”.
“Son muy listos y muy deshonestos y tenemos que combatirlos”, comentó.
Sin embargo, Trump aclaró que sus críticas no son en contra de los medios de comunicación, sino contra las noticias falsas.

Las medidas contra el terrorismo

La opción más efectiva para evitar el terrorismo es no dejar entrar a los terroristas en Estados Unidos. Este es el plan de Trump para acabar con el terrorismo islámico.
El magnate se refirió a la lucha contra Daesh, a quien afirma destruirá junto con aliados, y recordó los ataques de París de 2015. Para ello, citó una anécdota de un amigo que viajaba cada año a la capital francesa pero que, después de los ataques, dejó de visitar la ciudad. Para Trump, “París ya no es París”.
“Mirad lo que ocurre en el mundo. Nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser inteligentes para evitarlo. Vamos a mantener fuera de nuestro país a los terroristas islámicos”, afirmó.
La cita conservadora se ha celebrado un día después de que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, viajaran a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.
(Con información de agencias)


Estados Unidos anuncia un histórico aumento del gasto militar

28 de febrero de 2017 - LIBRERED

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aumento histórico del 10 por ciento en el gasto militar, equivalente a 54.000 millones de dólares, lo que supone el eje central de la ley de presupuesto para 2018.
Los fondos provendrán de un recorte drástico en otros sectores como el del medio ambiente, de la Agencia de Protección del Desarrollo (EPA), o de la ayuda al exterior, administrado por el Departamento del Estado.
El gobierno trabaja en definir el proyecto y cuyas líneas guías serán ilustradas en las próximas horas por el propio presidente durante su primera aparición ante el Congreso en sesión plenaria.
“Será un presupuesto que respeta mi promesa de proteger a los estadounidenses”, aseguró el magnate.

Lo que será presentado el próximo 13 de marzo es la ley de presupuesto “para la defensa y la seguridad”, explicó Trump en vísperas de la cita en Capitol Hill, que el presidente quiere aprovechar para acreditarse como “un hombre de acción”, listo a mantener todos los compromisos asumidos en campaña electoral.
A partir de resucitar los faustos de la potencia militar norteamericana, relanzando de hecho una carrera a los armamentos, y de “restablecer orden y legalidad combatiendo a los enemigos de Estados Unidos fuera y dentro de las fronteras nacionales”.
Así el miércoles -afirman en la Casa Blanca- debería ser el día de la esperadísima y muy temida “prohibición bis”, el nuevo decreto para prohibir el ingreso en este país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán). Mientras en el despacho del Salón Oval estaría definido -según trascendidos en la prensa- el borrador del plan contra el Estado Islámico puesto a punto por el jefe del Pentágono, James Mattis, y el jefe de las fuerzas armadas, Joseph Dunford. En su interior hay una serie de “opciones preliminares” que podrían llevar a una escalada de la presencia militar de Estados Unidos en Irak y Siria, como el envío de soldados regulares al frente. Pero por ahora no trascienden los detalles.
En síntesis, para Trump es tal vez la semana más crucial desde que asumió en la Casa Blanca.
Y el esperado discurso a la nación desde el aula de la Cámara de Representantes es visto por el magnate como la oportunidad de poner las cosas en claro luego de un mes de gestión caótica del poder que dejó su popularidad, ya en mínimos históricos, por el suelo. - LibreRed | Ansa



Acciones de Trump contra migrantes, "acto de terror": Arquidiócesis
Carolina Gómez Mena | domingo, 26 feb 2017 13:33 - LA JORNADA
Ciudad de México. Las acciones ejercidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los migrantes son un "verdadero acto de terror", es la aplicación de un "legalismo inhumano", asegura la Arquidiócesis de México.
En el editorial del semanario Desde la fe, titulado Terrorismo migratorio, precisa que las amenazas antiinmigrantes del otrora candidato se volvieron hechos.
"Donald Trump amenazó como candidato, y ahora lo cumple como presidente de los Estados Unidos: los mexicanos indocumentados, todos, sin excepción, serán deportados. Pero no solo aquellos que tienen algún antecedente penal -lo cual podría ser compresible-, sino cualquiera que haya ingresado sin papeles, no importa si es un trabajador ejemplar, si paga sus impuestos y es parte del desarrollo de ese país.
"Todo mexicano indocumentado será deportado sin miramiento alguno, sin ningún respeto a su dignidad humana, sin tomar en cuenta sus derechos fundamentales, sin importar en qué situación quede su familia. Todos serían tratados como criminales y enviados a México; pero no solo eso, también serán devueltos a nuestro país los inmigrantes no mexicanos que hayan cruzado por nuestro territorio".
Refiere que ante esta situación "nuestros hermanos indocumentados tienen miedo, sus hijos sufren una verdadera sicosis" y mientras esto sucede "las autoridades mexicanas no aciertan a actuar".
Dice que "solo hacen declaraciones y promesas", las cuales frente a la magnitud del problema resultan "tibias" y "peor aún" estas actitudes reflejan "sumisión".
Indica que pareciera que el gobierno está más preocupado por explicar el gasolinazo, "mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la obscena corrupción" y "nuestros hermanos inmigrantes no tienen quien los defienda ni a quién acudir, están huérfanos y no saben qué hacer, pues no confían en un gobierno que es el causante de su exilio; es más se han dado cuenta que a la clase política no le interesa su suerte".
Critica que los partidos políticos y altos funcionarios reciban "inmoralmente miles de millones de pesos" y el gobierno "gasta de forma irresponsable millonadas en su fallida publicidad" mientras hace llegar a los consulados "migajas -mil millones de pesos- para atender esta emergencia humanitaria".
Señala que "no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria" y remarca que para esto "se necesita pericia, experiencia, ni aprendices donde hace falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia,y sensibilidad humana y política".



Episcopados de México y EEUU se unen en apoyo de migrantes
Carolina Gómez Mena | domingo, 26 feb 2017 14:51 - LA JORNADA
Ciudad de México. Las conferencias episcopales de México y Estados Unidos están reforzando y ampliando los lazos existentes entre ambas instancias para apoyar a los migrantes ante la política antimigrante del presidente Donald Trump.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se reunió con José Gómez, vicepresidente de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) y arzobispo de Los Ángeles, en dicha ciudad.
Ambos coincidieron en "reforzar y ampliar los lazos existentes entre ambas conferencias episcopales y proyectar el trabajo conjunto en temas como la migración, la ayuda a los pobres, la libertad religiosa y la comunicación".
En el tema particular de la migración, la Iglesia pretende ofrecer una "ayuda concreta, y un acompañamiento más cercano a los migrantes, a través de los múltiples centros de atención, los albergues, los comedores, las cáritas parroquiales y diocesanas, los agentes especializados de pastoral, las redes de comunicación eclesial, la promoción del voluntariado, la recolección de ropa y víveres; y al mismo tiempo, impulsar alternativas estructurales, que a largo plazo, eliminen la migración acelerada y sin protección".
"El sentir y caminar de las Conferencias Episcopales de México y EUA, se estrechan en el objetivo común de alentar los amplios esfuerzos para crear una extensa red dedica a la defensa y los servicios sociales en favor de las familias migrantes".
La CEM precisó que la administración de Trump "tiene como sello particular la toma de medidas que atentan contra la dignidad de los hermanos migrantes, al incrementar el dolor, el temor y la angustia por la posible separación física de las familias, la pérdida de empleos, con la consecuente eliminación de su fuente de ingreso; ello, aunado a las persecuciones, discriminaciones y expresiones de racismo, que con estas medidas del gobierno estadunidense, se han intensificado".
Añadió que frente a "esta cruda y triste realidad, la Iglesia Católica a través de sus Conferencias Episcopales en Estados Unidos (USCCB) y México (CEM), en comunión con el Papa Francisco, quien en días recientes durante la VI edición del Foro Internacional “Migración y Paz sobre integración y desarrollo: de la reacción a la acción”, realizada en El Vaticano, nos llama a “acoger, proteger, promover e integrar” el desarrollo de migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, convocándonos a actuar con decisión y firmeza".
Recordó que desde 1986, los obispos de la frontera noreste de México y la frontera sur de Texas, Estados Unidos, comenzaron a sostener reuniones para "reflexionar, analizar y planear trabajo conjunto, procurando la mejor atención a los fieles que habitan ambos países hermanos, siendo desde entonces la vida y realidad pastoral de nuestros hermanos migrantes, una de las preocupaciones centrales. Fruto de ello, fue la Carta Pastoral Ya no somos extranjeros: Juntos en el camino de la esperanza (2003)".
Recordó que la más reciente reunión se llevó a cabo en la diócesis de Brownsville, del 13 al 15 de febrero pasado, en la cual se dieron cita obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de las ciudades fronterizas. También participó Cristophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos.
El compromiso común de ese encuentro es “dar acompañamiento y seguimiento a las situaciones difíciles que sufren nuestros hermanos migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, en estos momentos”.
Posterior a este evento, se sostuvieron dos encuentros simultáneamente entre el 15 y 18 de febrero; por una parte, Guillermo Ortiz Mondragón, presidente de la dimensión de movilidad humana de la CEM, acudió a la reunión con países de Centroamérica del denominado triángulo norte – sur en El Salvador, para analizar las acciones que se requieren con urgencia ante el problema migratorio, así como establecer el proyecto de un encuentro entre Canadá, Estado Unidos, México, Centroamérica y El Caribe, para el mes de febrero 2018.
La CEM detalló que en México existen más de 63 centros de atención a migrantes, dirigidos y administradas por la Iglesia Católica (divididos en tres grandes regiones: norte, centro y sur), las cuales cuentan con la colaboración de 71 agentes de la pastoral de movilidad humana, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos, así como organizaciones religiosas con enfoque social y laicos voluntarios.
La región norte tiene 31 centros de atención a migrantes; es la unidad de apoyo más grande de estás regiones y está a cargo de las arquidiócesis de Tijuana, Hermosillo y Monterrey y las diócesis deMexicali, Ensenada, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Saltillo, Piedras Negras, Mazatlán y Torreón. "La labor de estas casas es primordial ya que puede representar para el migrante el primer acompañamiento, luego de ser deportados por los Estados Unidos".
En la región centro hay 11 centros de atención a migrantes a cargo de las arquidiócesis Primada de México, de Morelia y de Guadalajara y las diócesis de Irapuato, Querétaro, San Luis Potosí y San Juan de los Lagos.
La región sur incluye a 24 centros de atención a migrantes de las arquidiócesis de Oaxaca, Puebla y Tuxtla Gutiérrez y las diócesis de Tehuantepec, Puerto Escondido, Tapachula, San Cristóbal de la Casas, Tlaxcala, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Córdoba, Veracruz, Tabasco e incluye la prelatura de Cancún-Chetumal.
"Al ser esta zona, el primer filtro en el andar del migrante, las casas de migrantes de la región sur, ponen mucho interés en el cuidado de los derechos humanos frente a las autoridades mexicanas y las políticas migratorias locales".
A través de estos centros de atención, de la red de casas de migrantes coordinadas por congregaciones de la vida consagrada y de caridades católicas en Estados Unidos, "la Iglesia continúa ofreciendo un servicio de caridad pastoral a los migrantes; así mismo se mantiene presencia constante en los campos de detenciones, casas y centros de asistencia de migrantes desde la frontera sur de México hasta todo el territorio de los Estados Unidos".
Además, se estableció el compromiso de desarrollar e implementar cursos de formación para los agentes de pastoral de la movilidad humana de las diócesis y provincias, como una tarea urgente para establecer líneas de acción comunes en el trabajo a favor de los migrantes, tomando como base las acciones que al respecto ya se realizan en diócesis como Monterrey, Chihuahua, Tapachula, San Cristóbal y otras diócesis de Tuxtla Gutiérrez, incluyendo algunos presbiterios y seminarios.


El candidato de Trump a secretario de la Armada de EE.UU. renuncia a ocupar el cargo

Publicado: 27 feb 2017 00:22 GMT | Última actualización: 27 feb 2017 01:11 GMT - RT
El Pentágono ha asegurado que Philip Bilden, candidato de Donald Trump para encabezar el Departamento de la Armada de Estados Unidos, ha rechazado su candidatura y ha decidido no ocupar el cargo.
El candidato de Trump a secretario de la Armada de EE.UU. renuncia a ocupar el cargo
Philip Bilden / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0
Philip Bilden, el candidato del presidente Donald Trump a secretario de la Armada de EE.UU., ha renunciado este domingo a ocupar dicho cargo, según lo ha confirmado a través de un comunicado citado por el portal USNI News. En su mensaje, Bilden asegura que apoya "completamente" a la agenda del mandatario y a James Mattis como secretario de Defensa, pero que no va a ocupar el cargo al "no poder reunir los requisitos de la Oficina de Ética Gubernamental sin una interrupción inapropiada y sin una liquidación económicamente adversa de los intereses financieros privados de mi familia".
Por su parte, Mattis ha comentado que la renuncia de Bilden es una "decisión personal motivada por preocupaciones de privacidad" y por los desafíos que afrontó al intentar "separarse de los intereses empresariales". Asimismo, prometió presentarle al mandatario otras candidaturas muy pronto.
La noticia de la posible renuncia de Bilden se filtró a los medios hace unos días. Sin embargo, el 18 de febrero el vocero presidencial, Sean Spicer, salió al paso de la filtración en su cuenta de Twitter, afirmando que el candidato estaba "comprometido al 100%" a ocupar el cargo.
Aunque Bilden no tiene mucha experiencia en el ámbito de la Armada, la Casa Blanca había calificado su candidatura como "la elección correcta" debido a que cuenta con tres décadas de experiencia en gerencia internacional, liderazgo e inversiones.
Philip Bilden fue un miembros clave de HarbourVest Partners LLC, un fondo estadounidense de capital riesgo que gestiona fondos por valor de más de 42.000 millones de dólares. Después 25 años en la empresa, Bilden se retiró en 2016.


¿Cómplices? Cómo Peña Nieto 'puso los cimientos' para el muro de Trump

Publicado: 31 ene 2017 19:27 GMT | Última actualización: 1 feb 2017 03:46 GMT - RT
El politólogo John M. Ackerman sostiene que si México contara con unas autoridades que se preocupan por el bienestar de su gente, las acciones de Trump "serían detenidas por completo".
Edgard GarridoReuters
"Resulta que Trump tiene un cómplice mexicano clave para lograr sus objetivos: el presidente Enrique Peña Nieto", sostiene el politólogo John M. Ackerman en 'The Atlantic'. El columnista asegura que el presidente de EE.UU. "no sería capaz de hacer lo que planea", como la construcción del polémico muro en la frontera, sin la complicidad del Gobierno mexicano.
"Si México tuviera autoridades que se preocuparan por el bienestar de su gente, sus acciones serían detenidas por completo", denuncia.

"México contribuyó a la victoria de Trump"

Ackerman sostiene que Peña Nieto contribuyó "directamente" al éxito de la campaña Trump. "El 31 de agosto de 2016, el presidente mexicano organizó lo que parecía una recepción real para Trump en la residencia presidencial de Los Pinos en Ciudad de México. El candidato republicano estaba luchando en las encuestas en ese momento", recuerda.
El politólogo señala que uno de los puntos más débiles de Trump en esos momentos es que "era percibido como incapaz de realizar el trabajo de comandante en jefe o de ser respetado por los líderes extranjeros". Sin embargo, Peña Nieto "sería la solución": tras celebrar una conferencia de prensa en un salón normalmente reservado para los jefes de Estado extranjeros, "Trump se convirtió milagrosamente, sin modificar sus políticas un centímetro, en amigo de México y de los mexicanos". "Sus encuestas se levantaron después de eso", añade.
El autor del artículo hace hincapié en que, después de las presidenciales en noviembre, "Peña Nieto continuó sus esfuerzos para agradar a Trump": en enero, el presidente mexicano nombró como nuevo secretario de Relaciones Exteriores al hombre que orquestó la visita del Trump en agosto, Luis Videgaray. 

Peña Nieto, ¿dispuesto a traicionar a su país?

Después de todo, Trump y Peña Nieto "tienen mucho en común", destaca el columnista. "El presidente mexicano ya aplica políticas de deportación masiva, del tipo de las que Trump prometió, contra los centroamericanos que tratan de cruzar México hacia EE.UU.", indica Ackerman, añadiendo que Peña Nieto también ha comenzado, "con ayuda estadounidense", la construcción "de lo equivalente a un 'muro' de alta tecnología en la frontera sur de México con Guatemala".
Asimismo, el politólogo afirma que aunque la reunión entre ambos líderes prevista para este martes fuera cancelada "en respuesta a las presiones políticas", el mandatario mexicano continuará impulsando "su agenda subyacente" dirigida a "negociar la impunidad para su gobierno a medida que su administración llega a su fin".
"De hecho, estaba dispuesto a traicionar a su país con la esperanza de que Trump ignorase los vastos escándalos de corrupción y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos al sur de la frontera", concluye.


Exigen en México la dimisión de Peña Nieto

26 de febrero de 2017 - LIBRERED

Cientos de personas se manifestaron el viernes en la Ciudad de México contra el presidente de la nación, exigiendo su destitución.
Bajo el lema “Fuera Peña”, cerca de 500 personas se congregaron en el centro de la capital para mostrar su rechazo al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo entregaron al Congreso del país un documento con más de 500.000 firmas que piden la destitución legal del mandatario.
“México es un país rico al que no le faltan recursos, le sobran ladrones”, aseguró Amín Cholac Manzur, luchador social de México Libre, quien entregó la petición ciudadana al Parlamento nacional.
De esta forma, los manifestantes expresaron su descontento con las reformas estatales, la corrupción y la impunidad que reina entre la clase política de su país. - La Jornada | HispanTV


Reino Unido: Diputados se niegan a que Trump hable ante el parlamento

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John Bercow. Foto tomada de Daily Express.
John Bercow. Foto tomada de Daily Express.
John Bercow, presidente de la Cámara de Diputados del Reino Unido, se negó a que el presidente norteamericano Donald Trump hable ante el parlamento británico durante su próxima visita oficial a esa nación europea.
En una inusual declaración durante la sesión de este lunes, Bercow, quien debe permanecer imparcial a declaraciones políticas, se pronunció en contra de que el mandatario estadunidense se dirija al parlamento, porque esa “es una distinción que se debe ganar”.
“Un mensaje por un líder extranjero a ambas cámaras del parlamento no es un derecho automático. Es una distinción que se gana. Además, hay muchos antecedentes de visitas de Estado que se han hecho a nuestro país que no incluye un mensaje a las dos cámaras del parlamento”, dijo.
La postura de Bercow fue recibida con aplausos de los diputados de oposición, a pesar de que es una regla no aplaudir en el interior del recinto legislativo.
El político, quien preside la Cámara Baja desde 2009, afirmó que está en contra de que Trump se dirija al parlamento desde antes de la prohibición al ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana decretada por el gobernante estadounidense.
Después de la imposición de la prohibición migratoria, “me opongo todavía más rotundamente a un mensaje del presidente Trump en Westminster Hall”, afirmó categórico.
Bercow, encargado de poner orden y dar la palabra a los diputados en las sesiones, criticó también el ‘racismo y sexismo’ del mandatario estadunidense.
‘Nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo por la equidad ante la ley y un poder judicial independiente son consideraciones de gran importancia para la Cámara de los Diputados’, señaló Bercow.
Durante la sesión, el diputado del opositor Partido Laborista, Stephen Doughty, presentó una moción firmada por 163 legisladores para que Trump no sea invitado al parlamento.
Entre los líderes mundiales que han en Westminster Hall, el recinto principal del parlamento, figuran el ahora expresidente estadunidense Barack Obama (2011) y la líder de la oposición birmana Aung San Suu Kyi (2012), mientras que otros mandatarios han usado otros salones.
Analistas comentaron que la intervención de Bercow y el largo aplauso que le brindaron no tienen precedentes en la historia parlamentaria.
Para convertirse en presidente o ‘speaker’ en la cámara en 1999, Bercow se dio de baja inmediata de las filas de su partido y se convirtió en diputado independiente, que no toma parte en los debates y en las votaciones.
Entre sus funciones se encuentra presidir los debates parlamentarios y decidir sobre las cuestiones de orden de la cámara.
El exprimer ministro de Escocia, Alex Salmond, afirmó que es correcto no invitar a Trump a dirigirse al parlamento, ‘porque ninguna mujer se presentaría además de la primera ministra Theresa May’.
Se requiere del consenso del presidente de ambas cámaras (baja y de los Lores) para que un jefe de gobierno pueda emitir un mensaje al parlamento.
(Con información de Notimex)


Estado español

Derechos Humanos

Amnistía acusa a España de violar el derecho al refugio y a la libertad de expresión

El Informe  anual de la ONG advierte de las consecuencias de la retórica del "nosotros contra ellos" que ha entrado en la agenda de las grandes potencias y que está fomentando el retroceso de los derechos humanos en el mundo.
Inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla /REUTERS 
España no se queda al margen del menoscabo de los derechos humanos recopilados por Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual hecho público hoy en todo el mundo. En este documento, la ONG analiza la situación de los derechos humanos en 159 países durante el año 2016. 
Entre las principales violaciones de estos derechos en nuestro país, resalta la insuficiente acogida de personas que huye de conflictos o de graves violaciones derechos humanos y la expulsión masivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Amnistía también señala a España por utilizar el delito de "enaltecimiento del terrorismo" para limitar de forma desproporcionada la libertad de expresión.
"Aunque España se comprometió en septiembre de 2015 con la Unión Europea a la rehubicación y reasentamieto de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034, un 6% de su compromiso. Una cifra que es claramente insuficiente", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
España sólo acogió al 6% de los refugiados que se comprometió a recibir
El informe denuncia que nuestro país utilizó la "amplia y vaga" definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal, para limitar de forma desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y cita, entre otros, el caso de los titiriteros encarcelados durante una representación. "Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la seguridad nacional", señala Beltrán.
La impunidad de las fuerzas de seguridad son otro apartado en el que España suspende, según la ONG. "Es una tendencia cada vez más extendida en las violaciones de derechos humanos. Los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza raramente son identificados y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente", recoge el informe. Además, la organización resalta que tampoco se han realizado avances en la investigación de los crímenes contra el derecho Internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. 
Amnistía Internacional recuerda que durante 2016 denunció nuevos casos del uso desproporcionado de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia o exhaustividad. Cita el ejemplo de Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma y la absolución en 2016 de los policías implicados, por no poder demostrarse quién había disparado.  "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigan adecuadamente y afirma que la impunidad se consolida por falta de investigación".
El informe resalta que en nuestro país hay pendientes de tramitación más de 29.800 solicitudes de asilo y que estas se han casi triplicado en los últimos tres años. Si en 2013 el número de peticiones fue de 4.513, entre enero y octubre de 2016 ya se habían registrado unas 12.525 solicitudes de asilo. "España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepción y seis años después de su entrada en vigor, la Ley de Asilo seguía sin implementarse, lo que hizo que el acceso de las personas solicitantes de asilo a la asistencia que tienen derecho no fuera el mismo en todo el país", afirma AI en un comunicado.

Un mundo menos humano

A nivel internacional, la organización denuncia que a medida que los grandes Estados dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos, esto actúa como un efecto dominó y advierte que la retórica "tóxica y deshumanizadora"  de el "nosotros contra ellos" está creando un mundo más dividido y peligroso. 
"La política de demonización que se hace en la actualidad, difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana", afirma Salil Shetty, secretario general de la organización.
Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los "cínicos intentos" de retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.  Y advierte que la solidaridad global y la movilización popular serán de vital importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos y a los cuales sus gobiernos tachan de "amenaza".
¿Quién va a defender los derechos humanos? se interpela AI y afirma que el mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas. Entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Iraq, Sudán del Sur y Sudán. 
En 2016 los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, derecho de asilo, libertad de expresión, asesinato o tortura
"En 2016 los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscaban el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas y justificaron la tortura,  la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos", afirma AI.

Espía y promete seguridad

Varios países han adoptado medidas intrusivas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Se ha instalado "la seguridad como excusa para justificar la represión en todo el mundo". Los gobiernos ofrecieron a los ciudadanos la promesa de seguridad y mejora económica a cambio de ceder derechos de participación y libertades democráticas. 
Amnistía Internacional pone en el foco a Turquía, que intensificó su represión a los disidentes durante el estado de excepción que siguió al intento del golpe de Estado. Más de 90.000 personas empleadas en el sector público perdieron su trabajo por sus "presuntos" vínculos con organizaciones terroristas ,118 periodistas fueron encarcelados preventivamente y se cerraron 184 medios de comunicación. 
El drama de los refugiados ocupa una parte importante de su informe. Desvela que 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. 
En 22 países se asesinaron a defensores de los derechos humanos durante el año pasado por cuestionar intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas o por oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.
"No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos ; somos las personas quienes tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana", concluye Salil. 


La defensa de los detenidos en Alsasua denuncia que se les aplica la ley antiyihadista

El polémico artículo 573 del Código Penal fue cuestionado por cinco relatores de la ONU, quienes en febrero de 2015 advirtieron que “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”. Hoy sirve para mantener presos a tres jóvenes, acusados de agredir a dos guardias civiles en una reyerta de bar.
Cartel en Alsasua: 'Montaje policial no. Dejadnos en paz'. E.P.
Corría febrero de 2015. En plena ola de ataques yihadistas en Europa, el gobierno de Mariano Rajoy (con el apoyo del PSOE) aprovechaba para endurecer el Código Penal e introducía una definición bastante amplia sobre el significado de terrorismo. O mejor dicho, de los motivos por los que alguien puede ser encarcelado bajo esa acusación. Cinco relatores de la ONU advirtieron entonces que no eran las mejores ni más democráticas maneras de atajar el problema. Dos años más tarde, tres jóvenes de Altsasu están en la cárcel gracias a ese concepto ampliado de delitos terroristas, según denuncian sus abogados.
Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno (encarcelados desde hace tres meses en Soto del Real) no pertenecen a ningún grupo terrorista. Ni yihadista ni de ningún otro tipo. Sus problemas con los tribunales tienen fecha y hora: el 15 de octubre a las 5.00 de la madrugada, se vieron envueltos en una trifulca con dos guardias civiles de paisano. Ocurrió en un bar, durante una noche de copas.
El pasado lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Ramírez, Arnanz y Unamuno por “terrorismo”. Por su parte, otros seis jóvenes de esa localidad navarra se encuentran actualmente en libertad provisional, a la espera de juicio. También están imputados dos menores de edad.
Fuentes de la defensa señalaron a Público que las acusaciones se amparan en el polémico artículo 573 del nuevo Código Penal, lo que conllevaría penas de prisión de entre 10 y 15 años. Se trata, precisamente, de la norma introducida por el gobierno de Rajoy para ampliar de manera imprecisa la definición de terrorismo, tal como denunciaron los relatores de la ONU a comienzos de 2015. De hecho, los expertos advirtieron que esa modificación “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”.

Libertad denegada

Gracias a ese cuestionado artículo del Código Penal, los tres jóvenes de Altsasu seguirán encarcelados bajo régimen FIES (una situación penitencia más restrictiva que la evidente privación de libertad) por tiempo indefinido.
Las escasas esperanzas de sus abogadas empezaron a desmoronarse este martes en la Sección Primera de la Audiencia Nacional: la sala que previsiblemente se encargará de juzgarles rechazó la petición de libertad que había formulado la representación legal de Adur Ramírez de Alda, bajo el argumento de que existe “riesgo de fuga”.
Sin embargo, la defensa lo niega tajantemente: “Adur se presentó voluntariamente ante la Audiencia Nacional en dos ocasiones, incluso cuando sabía que el Fiscal le acusaría de terrorismo y pediría penas muy altas de prisión”. Hoy sigue en Soto del Real.