blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
COMUNICADO DE COPINH: A 1 Año de la Siembra de Nuestra Coordinadora General: Berta Vive, COPINH Sigue!
(Leído durante la conferencia de prensa de hoy, 27 de febrero,
anunciando el inicio de la jornada. Durante la conferencia, transmitida
en vivo en nuestro fb y en nuestras radios, cortaron la luz y se
interrumpiò la transmision.....)
Berta Cáceres, hermana, compañera y Coordinadora General,
nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, nos enseñó que el
pueblo Lenca ha sufrido por mucho tiempo debido a la discriminación y
dominación de siglos en nuestros territorios. Berta nos enseñó que la
dignidad no se compra ni se vende y que las batallas justas le dan
sentido a la vida de los pueblos, nos enseñó que entregar la vida a la
lucha por la construcción de una nueva sociedad inclusiva vale la pena, y
que no hay que tener miedo en defender lo que nos corresponde.
Hace
un año asesinaron a la compañera Berta Cáceres, le quitaron la vida,
porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera
valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territorios y
saliera victoriosa.
La asesinaron porque en este país se prefiere asesinar que dialogar y se piensa que matando personas se matan las ideas.
El
COPINH exige que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el
asesinato de la compañera Berta Cáceres, a quien no solamente
desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor
comunitaria. Que el Estado hondureño se responsabilice por la concesión
de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las
muertes de las comunidades.
El congreso es culpable del asesinato de
Berta Cáceres por otorgar de manera inconsulta, los territorios Lenca a
la empresa privada.
El gobierno de JOH es responsable del asesinato
de Berta Cáceres por desprotegerla y mantener en dictadura al pueblo
hondureño, por proteger la impunidad y favorecer los intereses de
quienes representa a costa del pueblo hondureño.
Responsabilizamos
a estructuras criminales dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras que
son caldo de cultivo para el desarrollo del sicariato. La vinculación de
los asesinos detenidos en el caso de nuestra compañera así lo
demuestran.
Las Fuerzas armadas son responsables del asesinato de
Berta Cáceres por formar asesinos y escuadroneros de la muerte, que por
migajas acaban con la vida de pueblos y comunidades.
Demandamos ante
todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta,
quienes ordenaron su asesinato siguen en la impunidad y seguramente
planeando más asesinatos contra las organizaciones sociales.
DESA es la empresa asesina la que con el terror quiere despojar al pueblo Lenca de sus riquezas y matar a quienes nos oponemos.
Asesino
es el Banco Centroamericano de Integración Económica, asesino es el
Banco FMO, asesino es el fondo Finnfund, quienes solapados en el
supuesto desarrollo invierten en la muerte de los pueblos indígenas.
Asesinos son los gobiernos de EEUU que arman a un pueblo para que se mate por sí mismo.
Asesino es un pueblo intolerante y racista que discrimina a su misma esencia cultural e histórica.
Sabemos
de la precariedad de las acusaciones en contra de los imputados en el
caso de Berta Cáceres, un juicio verdadero no podrá sentenciar a los
detenidos, en especial a los intermediarios entre la empresa y los
sicarios y todo se dirige a la total impunidad. El Estado no quiere una
comisión internacional de expertos para investigar porque teme que se
demuestren sus responsabilidades.
A un año de su muerte Berta nos
sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los
pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber
continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la
injusticia.
El COPINH se declara en rebeldía, en insurrección
contra la injusticia, contra la tragedia a la que ha sido conducida el
pueblo hondureño y los pueblos indígenas. Y en la que nuestros
compañeros y compañeras han caído asesinados en la defensa de la vida y
por el futuro de la humanidad. A ellas y ellos les recordamos y
abrazamos como ancestros y ancestras, que nos acompañan desde el plano
espiritual.
Sin embargo, exigimos justicia, exigimos que los
responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica
de asesinar a quienes pensamos diferente.
El COPINH no está en
contra de la vida digna y una sociedad justa en Honduras. El COPINH se
opone a la mentira que llaman desarrollo por la cual quieren justificar
tanta muerte y despojo en nuestros territorios. Que una empresa destruya
un río y una comunidad no saca de la pobreza al país, por el contrario,
la hunde en más desigualdad, cuando los únicos beneficiados son unos
pocos que se llenan los bolsillos a costa del país entero. Queriendo
ganar 500 millones dando 5mil a las comunidades, como sucede en la
represa Agua Zarca.
Nunca va a existir una Honduras mejor si no
se entiende y se respeta la autonomía de las comunidades indígenas, si
no se toman en cuenta nuestras cosmovisiones y formas de ver el mundo.
Pero no con una reglamentación de la consulta previa, manoseada y
perversa, o con leyes terroristas que buscan criminalizar la protesta,
sino con muestras de voluntad política de dialogar y debatir.
El
COPINH sigue y seguirá luchando por esa inclusión y por ese respeto, en
la búsqueda de una sociedad justa en la que la vida sea respetada.
La
muerte de Berta Cáceres es una derrota, una pérdida invaluable para
nuestra organización y para el pueblo hondureño. Pero es una victoria
que sigamos aquí, presentes, denunciando la injusticia y proclamando
nuestra lucha por el respeto de las comunidades, los territorios y la
identidad del pueblo Lenca. A un año de la pérdida de nuestra
coordinadora general, el COPINH se compromete con su legado y sigue de
pie construyendo vida y siendo alternativa. Porque Berta Vive, el COPINH
sigue.
Exigimos que se establezca una comisión independiente de
investigación en el caso de Berta Cáceres que devele las estructuras de
toda índole que planearon su muerte.
Demandamos la salida
inmediata de la empresa DESA y toda su muerte del río Gualcarque, así
como cualquier proyecto que intente afectarlo. Los dueños y gerente de
DESA deben ser condenados por sus acciones.
Exigimos la derogación de
todas las concesiones que existen en los territorios del pueblo Lenca,
realizados sin consulta a las comunidades.
Llamamos a la terminación
de la persecución contra el COPINH y las demás organizaciones que
defendemos los territorios. Los ataques contra nuestra organización
continúan y responsabilizamos de más muertes y agresiones a las
autoridades hondureñas.
¡Berta Cáceres vive!
¡Berta Vive, el COPINH sigue!
¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Fuera proyectos de muerte de nuestros territorios!
¡Con
la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se
levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y
paz!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 27 días del mes febrero del 2017
AMNISTÍA INTERNACIONAL: “VERGONZOSA INVESTIGACIÓN EN CRIMEN DE BERTA CÁCERES”
La
reconocida dirigente indígena hondureña, Berta Cáceres, fue asesinada
la noche del pasado 2 de marzo de 2016, en su casa de habitación en la
ciudad de la Esperanza, aunque ya había recibido amenazas a muerte, las
autoridades no la protegieron.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
“Vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a
quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental
hondureña Berta Cáceres, envía un aterrador mensaje a los cientos de
personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, ha dicho
Amnistía Internacional, al cumplirse el próximo 2 de marzo, un año de la
muerte de la malograda ambientalista.
Según
la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika
Guevara-Rosas, el asesinato de Cáceres, solo demuestra el lamentable
estado de los derechos humanos que se vive en Honduras.
“El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”, alertó, Guevara.
El
organismo internacional cuestionó la investigación del crimen de Berta
Cáceres, a la que calificó de “vergonzosa y deficiente”, porque no han
identificado a los autores intelectuales, asimismo “la ausencia de un
mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y
defensoras de los derechos humanos, muestra la falta de interés de las
autoridades de Honduras en que se haga justicia.”
Cuando
no se hace justicia los y las activistas medioambientales hondureños se
aproximan a un final trágico y al no protegerlos tampoco se defienden
los recursos naturales, que son necesarios para la subsistencia de la
humanidad, añadió Amnistía.
Berta
Cáceres, fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH), también era una defensora del
ambiente y de los pueblos lencas, se oponía a la construcción de la
represa Agua Zarca, en la zona de Rio Blanco, había recibido amenazas a
muerte, el 2 de marzo de 2016, fue asesinada en su casa en la ciudad de
la Esperanza, por individuos que ingresaron de manera violenta. Meses
antes de su muerte, fue honrada con el prestigioso “Premio Goldman”,
mundialmente conocido como el “Nobel en Ambiente”.
Las
autoridades han capturado ocho supuestos implicados en el crimen de
Cáceres, pero aún no han logrado dar con los autores intelectuales de
ese crimen.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Persecución y criminalización de los pueblos indígenas y el derecho a la Consulta Previa en América Latina
La violencia con que ha respondido la clase empresarial y funcionarios estatales en relación a la implementación de la consulta previa, se viene dando a lo largo y ancho de América . Como ejemplos recientes se encuentra el asesinato el mes de enero pasado de Sebastián Alonso Juan, de 72 años de edad y originario de Yulchen (Guatemala), hasta la milltarazación en diciembre del año pasado de la comunidad Shuar de NanKints en Morona de Santiago Ecuador, la cual fue concesiónada a una empresa minera China, pasando a la construcción de la represa de Barro Blanco Panamá y la inundación de la aldea sagrada de Kiad, sin respetar la posición asumida por el pueblo Buglé en la consulta efectuada.
Abundan los ejemplos de intervenciones estatales en nombre de un supuesto “desarrollo” que vienen acompañadas de militarización y violencia. A los pueblos indígenas en pleno siglo XXI se nos impone la visión occidental de acumulación de capital y su producción en contraposición a nuestras cosmovisiones. que giran alrededor del respeto a la madre tierra.
Después de más de dos décadas de haber surgido el Convenio 169 de la OIT -cuya piedra angular es la consulta previa- los organismo internacionales viene presionando a los estados-nación para que finalmente adopten ese marco jurídico supuestamente creado para salvaguardar los pueblos indígenas y sus territorios, y así lograr maquillar las imposturas colonialistas.
A pesar de los cientos de consultas realizados en Colombia, Guatemala, Chile y Perú, los estados-nación y las empresas interesadas persisten en desconocer los resultados y manipular a los líderes, y en ultima instancia judicializarlos y en caso dado hasta ejecutarlos.
En el caso de Honduras, las diferentes administraciones gubernamentales a partir de la ratificación del Convenio 169, han eludido su aplicación utilizando una variada gama de estratagemas, que incluye la creación de espacios indígenas más al servicio del Estado que de los intereses de los pueblos.
A partir de las opiniones vertidas por la Relatora de Naciones para Pueblos Indígenas, la sra. Vicky Tauli Corpus, sobre las anomalías en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de consulta, señaló la ausencia de buena fe del estado, y la carencia por parte de las federaciones indígenas de voluntad para defender los intereses de los pueblos indígenas que supuestamente representan.
Como resultados de análisis efectuados en diferentes países del continente por los pueblos indígenas donde hay leyes de consulta previa o reglamentes, es que puede existir la ley o el reglamento perfecto, estas se diluyen en su aplicación ante la debilidad existente en la implementación del estado de derecho, y la corrupción imperante en América Latina.
El racismo arraigado en un continente donde prevalece el feudalismo, convierten a la ley de consulta en un mero formalismo que las empresas deben sortear para ejercer en asociación con los estados-nación el colonialismo en el siglo XXI.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
COFADEH socializa Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH
Tegucigalpa.
Por Marvin PalaciosEl Mecanismo de Protección y la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su Reglamento, fue el tema central del taller impartido a unos 30 defensores y defensoras de derechos humanos de distintas regiones del país, convocados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con el propósito de socializar dicha legislación y brindar herramientas en la defensoría de derechos humanos.
L a actividad es parte de la continuación del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, impulsado por el COFADEH), con el apoyo de Diakonia-Unión Europea.
El Coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Felipe Benítez dijo que una de las cosas que le llamó la atención es que dentro de los participantes y las participantes; existen redes de defensores y defensoras de derechos humanos destacadas en varias regiones del país.
“Se han conocido nuevas experiencias, donde hay compañeras y compañeros que han estado haciendo trabajo de defensoría en derechos humanos y aquí se vinieron a dar cuenta que hay una ley, hay un protocolo para ellos, y mucha gente van claros que hay una ley que va a proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y que la obligación del estado es aplicarla”, comentó Benítez.
Del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), llegó a recibir el taller la educadora Fátima Fuentes, quien manifestó que le ha gustado conocer sobre el mecanismo de protección y “es bonito saber que hay un reglamento que habla de nosotras, en las aulas a veces hablamos con los alumnos y alumnas de esto, pero no tenemos ni idea qué son los derechos humanos”.
La actividad se desarrolló en un hotel capitalino los días jueves 23 y viernes 24 de febrero de 2017. Los participantes han conocido los contenidos de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su reglamento.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 33,730 de fecha 15 de mayo de 2015.
Con dicha ley el estado de Honduras se obliga a reconocer el derecho que toda persona tiene, individual o colectivamente a promover y procurar la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a defender los Derechos Humanos, lo cual incluye el ejercicio pleno de la Libertad de Expresión y el Acceso a la Justicia.
Por otro lado el Reglamento a la Ley, se publicó en el Diario oficial La Gaceta bajo el número 34,117 del 20 de agosto de 2016, donde se establecen los criterios de articulación y coordinación que deben desempeñar todos los actores involucrados en el deber de proteger, respetar y garantizar los derechos establecidos en la Ley.
El Reglamento diseña la estructura y establece las facultades de los órganos encargados de la implementación bajo principios claros de actuación, entre otros, la aplicación de la norma más favorable, el respeto a la dignidad humana, el principio de no discriminación, la perspectiva de género y el enfoque diferencial en el cumplimiento y desempeño de sus labores.
EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO/FEB 2017: "HONDURAS IS DANGEROUS"
Juan
no tiene la experiencia de gastar su propio lempira o de sacar avante
una familia con trabajo privado que forja carácter y enseña economía, ni
la cosmovisión que antepone la responsable y visionaria tarea de poner
pasos adelante a una Nación.
EDITORIAL
EDITORIAL
“Honduras is dangerous”
Juan
Hernández sabe que tiene enemigos y los ha tenido todo hombre entre más
poder y riqueza acumula, hasta por razones inimaginables. Están los
odiados por los tiranos y amados por sus pueblos. Cristo era abominable
para los líderes religiosos de su época, eran una pelmasa de hipócritas
poseída por la codicia que colmaban a cambio de amarrar su gente al yugo
del imperio romano.
El
rechazo se gana siendo virtuoso o perverso. ¿Por qué en los caminos de
Honduras cientos de miles desde que asumió la presidencia le gritan
“fuera JOH”? Pero no le importa y no los oye, tanto, que buscó la
reelección y otra vez adónde va fuertemente protegido por fuerzas
especiales, el ciudadano grita “fuera JOH”. ¿Callará esa petición el
ansiado Código Penal?
Hernández
no ha gobernado para la nación hondureña, ha sido infame, indolente con
los más sufridos y con los que añoran una sociedad justa y habitable
para progresar con trabajo honrado; sabe que el pueblo llora y muere en
las calles, no lo ignora, carece de vocación que lo incline sensible a
luchar por los demás. Y los otros son los que en su sencillez confían
sólo en Dios porque en la tierra no hallan nada especial desde que nacen
hasta que mueren, son como el martillo hechos para golpes, los demás
son esos hambrientos fabricados por centenarios gobiernos rentados por
el capital indecente. JOH se extravió o nunca transitó por el camino
correcto pues ¿locura o extrema incultura? llegó al exceso de imprimir
su foto en todos los productos que se compran con el dinero de todos los
hondureños, así que cuando el necesitado, adentro de su pobreza, saca
de la “bolsa solidaria” un confite, frijoles o la camisa del niño, tiene
que mirar un rostro regordete de hombre próspero, sonrosado y la nívea
camisa que luce bordada con el colorido logo de “Marca País”.
Juan
no tiene la experiencia de gastar su propio lempira o de sacar avante
una familia con trabajo privado que forja carácter y enseña economía, ni
la cosmovisión que antepone la responsable y visionaria tarea de poner
pasos adelante a una Nación. Eso es chiste para un mandatario convencido
que Honduras está cambiando, aunque los jefes de Nealon no creen en la
fábula del humo y el vinagre, todos los años, en los últimos tres de
este gobierno han dicho a los estadounidense que “Honduras is
dangerous”, muy peligroso, que no vengan. Nunca un presidente hondureño
fue causa de tanto humor negro, desprecio y desencanto, ¡Fuera JOH! Ya
es título para libros de historia política de países fatales; aun el
régimen rural y pocas letras del general Carías –desde la distancia— se
alivia cuando quienes lo trataron narran que se retiró del poder para
llevar hasta sus últimos días una vida campesina nada ostentosa, que no
dejó deuda externa y que los pícaros eran sus colaboradores; un informe
confidencial enviado al Departamento de Estado por el entonces embajador
de Estados Unidos tilda de ladrón al papá del cardenal Rodríguez. Dicen
los mayores que no puede compararse a JOH con Carías, porque si era
grosero con los opositores, pero se dormía con la puerta abierta, con
Juan los militares aplauden la “dolce vita”, pero sólo en 2016
asesinaron a más de 5.000 hondureños y las masacres diarias suman y
siguen, en los primeros 40 días de este año mataron otras 488 personas.-
JOH hereda una deuda pública impagable cercana a 180,000 millones de
lempiras. Ya es tarde, Juan cometió el error de Esaú, vendió su
primogenitura al capital por un plato de lentejas, en su libro del humo y
el vinagre quizá también esté esa moraleja.
Sindicalista enfrentará juicio tras denunciar un atentado contra su vida
Por Sandra Rodríguez
¿Por qué me están juzgando a mí y no al Ministerio Público? Es la pregunta que se repite muchas veces José Armando Flores Jiménez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras, SITRASAOH, quien fue querellado por difamación hace año y medio, tras conocer de un supuesto atentado contra su vida.
Todo se originó en julio del año 2015, cuando un medio de comunicación divulgó un supuesto entierro de medicamentos en los predios de la Región de Salud #7, antiguo Hospital “Gabriela Alvarado”, en la oriental ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.
Para ese entonces la responsable era la Región era la doctora Sonia Arely Cruz, de ahí surgió una investigación de parte de las autoridades competentes, y comprobaron el entierro de medicamentos vencidos y otros que vencían en 2017 (dos años después), detalló el dirigente sindicalista.
Hubo requerimiento fiscal contra varios responsables de la Región Sanitaria, entre ellos Cruz y su esposo el médico de la región Germán Mauricio Erazo, también empleado del hospital con actividades en la Región Sanitaria de El Paraíso, ellos me señalaron como responsable de haber dado información al medio de comunicación, agregó José Armando Flores, mientras esperaba que se diera la una y media de la tarde, del jueves 23, para presentarse ante los Tribunales de Justicia de Danlí, citado a una audiencia de conciliación.
Audiencia que se decretó “fracasada” ya que los demandantes no aceptaron conciliar, puesto que, en 2015, Flores se enteró que había un supuesto plan para acabar con su vida, por lo que después de considerar varias opciones decidió ir al Ministerio Público, MP, a interponer la denunciar por amenazas, responsabilizando a los galenos, pues así se lo informó una fuente allegada, relató.
Y fue así, que le se inició un proceso por difamación contra el honor de los doctores, quienes han manifestado que no pueden conciliar porque eso les ha causado daños físicos y emocionales, tras 20 años de servir con atenciones médicas a la población danlidense.
El presidente del SITRASAOH, considera que las persecuciones son por el afán de representar y defender los derechos de los trabajadores, hecho que lo le gusta a los que dirigen el poder.
Quiero manifestar que yo no hice esa denuncia del entierro de los medicamentos –refiriéndose a las publicaciones en el medio de comunicación- pero ¿cuál es el delito de denunciar?, se preguntó Flores, pues el lote de medicamentos era una cantidad considerable y no se supo el motivo del hecho que atentó contra el derecho a la salud pública.
Agregó que “a quien deberían investigar es a las personas que dieron la orden. Era una gran cantidad de medicamento que mejor se lo hubiera dado a la gente pobre”. Además, el MP también debería ser investigado porque no ha cumplido con su labor investigativa, sino que actuó en mi contra, cuando fui a denunciar un hecho.
Se llegó a pensar que la forma en que yo “no les haga daño” es mandándome a matar, pero ante la denuncia interpuesta, hubo un juez que a ellos los dejó libres y después me acusaron de falsas calumnias e injurias. Lamentó el presidente del Sindicato.
“Quienes recibieron mi denuncia en la Fiscalía, son abogados, yo desconozco las leyes. Si consideraban que la denuncia no procedía por falta de elementos, la hubieran cerrado y me lo hubieran notificado, quien decidió traernos ante este juzgado fue el Ministerio Publico ¿Por qué nos trajeron? Yo no tengo la culpa, sino el MP y sus actuaciones”.
En cuanto a la manifestación de los querellantes, que a ellos se les ha dañado su honor, yo creo que el honor se lo daña cada quien, ellos se lo dañaron con sus acciones, a mí también este proceso me ha hecho daño.
Yo decidí denunciar las amenazas en mi contra, porque hay casos que se han quedado en la impunidad, como el asesinato de Juan Carlos Argeñal, un comunicador social que había denunciado actos de corrupción en el hospital “Gabriela Alvarado”, ese hecho sucedió en el año 2013 cuando era director del hospital el doctor Erazo, relacionó el líder del SITRASAOH.
En este proceso judicial que enfrenta el máximo líder sindical de la regional número 7, la solidaridad de parte de sus compañeros ha sido constante. En la audiencia anterior al menos cincuenta trabajadores se hicieron presentes en el juzgado, para que Armando se sienta acompañando, afirmaron en una reunión que sostuvieron al salir del recinto, para que el abogado de la defensa les explicará lo que procedería.
Yo temo por mi vida, por las amenazas y que le hagan daño a mi familia. Hay lugares que ya no frecuento, actividades de las que me abstengo, enfrentar persecuciones no permite una vida con normalidad, declaró a defensoresenlinea.com, Armando Flores.
Además, considera que éste es un ataque al sindicalismo hondureño, porque si en este proceso ellos –los doctores- ganan, será como pisotearnos, escupirnos la cara, quitar el trabajo a quien sea, decir que ellos tienen la razón, y los demás dirigentes sindicales no se atreverán a denunciar los abusos ni defender los derechos de los sindicalistas, por temor a que los maten o metan presos.
“Aquí nadie responde, el Gobierno no está pensando en defender al pueblo, sino entre ellos y la parte política”, por eso he solicitado acompañamiento de organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, expresó el dirigente.
Si en Honduras se aplicara la justicia de forma correcta, yo no estaría procesado, sino que se investigaría los hechos de corrupción, el entierro de los medicamentos y las denuncia que interpuse, afirmó José Armando Flores, presidente del SITRASAOH, quien deberá ser notificado para la audiencia de juicio oral y público, acusado del delito de difamación contra Sara Cruz y Germán Erazo, que fungieron como directora de la Región #7 de salud y director del Hospital “Gabriel Alvarado” de Danlí, respectivamente.
Comunicador social también denunció amenazas
En el 2013, el director del canal de televisión Vida Tv, Juan Carlos Argeñal, denunció actos de corrupción en el hospital de esa ciudad. Fue asesinado la tarde del sábado 7 de diciembre en de ese mismo año, en su casa de habitación donde también tenía el estudio televisivo. Meses antes había denunciado amenazas incluso de muerte, que se relacionaban con su trabajo comunicativo.
Juan Carlos Argeñal sacó a la luz el caso de corrupción del hospital regional de “Gabriela Alvarado” en Danlí. En este se detallaba un gran desfalco de fondos y un hurto mayor de los suministros del mismo hospital que se realizaron por parte de un administrador interno junto con un líder político local, ha denunciado su hermano el dirigente magisterial y líder político del Frente Nacional de Resistencia Popular, RNRP, Mario Argeñal.
Una semana antes de su muerte en diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal le dijo a su familia que había recibido amenazas de muerte de personas que estaban relacionadas con la administración del hospital. Argeñal se contactó con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, para informarle de estas amenazas el 14 de noviembre de 2013.
La familia de Juan Carlos Argeñal entregó a la policía toda la información sobre estas amenazas en el momento de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de su hermano, tres años después, el crimen sigue en la impunidad, como un monumento a la corrupción.
Hernández avanza en proyecto continuista legalizando criminalización de la protesta pública
Feb 24, 2017
Después de varias semanas de
propaganda electoral disfrazada de preocupación por la inseguridad y
criminalidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y la bancada del
Partido Nacional aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad
de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”.
Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.
En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.
Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.
Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.
El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.
Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.
“Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.
La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.
“Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.
Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.
Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.
“Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.
Asesor presidencial vota por reformas penales
El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.
En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.
El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.
“No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.
Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.
Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH
Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.
La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.
“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.
La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.
La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.
Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.
En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.
Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.
Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.
El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.
Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.
“Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.
La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.
“Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.
Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.
Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.
“Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.
Asesor presidencial vota por reformas penales
El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.
En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.
El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.
“No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.
Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.
Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH
Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.
La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.
“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.
La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.
La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.
Comunidad internacional muestra preocupación por aprobación de reformas penales regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión
Washington, EE.UU/ Tegucigalpa, Honduras (Tomado de www.oas.org) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras
expresan su preocupación ante la aprobación de las reformas al código
penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el
ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos
fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de
expresión en el país.
El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el 22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo, dirigido a castigar a "quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión".
La CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la OACNUDH en Honduras ven con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos.
Si bien corresponde al Estado la determinación de las conductas que van a ser calificadas como delitos en su obligación de tomar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de la población hondureña, del principio de legalidad se derivan elementos que deben ser observados por los Estados al momento de ejercer la mencionada potestad. En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son sancionables bajo otras figuras penales. Las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad.
Sobre la incitación a la violencia —entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional— la CIDH de forma reiterada ha señalado que debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión —por dura, injusta o perturbadora que ésta sea—, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos.
La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo –entendida como un llamado directo a la participación en el terrorismo que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto terrorista-, o a la participación misma en actos terroristas.
En cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación, los Estados no deben limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia, de acuerdo con la declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al extremismo violento adoptada por los Relatores de Libertad de Expresión en 2016.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
******************************
Acerca de OACNUDH Honduras
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos.
El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; el 22 de febrero, en la misma ley, fue agregado y aprobado el artículo 335 B que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo, dirigido a castigar a "quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión".
La CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la OACNUDH en Honduras ven con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos.
Si bien corresponde al Estado la determinación de las conductas que van a ser calificadas como delitos en su obligación de tomar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de la población hondureña, del principio de legalidad se derivan elementos que deben ser observados por los Estados al momento de ejercer la mencionada potestad. En ese sentido los tipos penales deben estar formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas sancionadas como delito, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen conductas ilegales o son sancionables bajo otras figuras penales. Las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad.
Sobre la incitación a la violencia —entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional— la CIDH de forma reiterada ha señalado que debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión —por dura, injusta o perturbadora que ésta sea—, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos.
La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo –entendida como un llamado directo a la participación en el terrorismo que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto terrorista-, o a la participación misma en actos terroristas.
En cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación, los Estados no deben limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia, de acuerdo con la declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al extremismo violento adoptada por los Relatores de Libertad de Expresión en 2016.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Acerca de OACNUDH Honduras
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos.
Trump promete la mayor militarización de la historia y enarbola su nacionalismo
Donald Trump en su alocución ante los republicanos. Foto: EFE.
Donald Trump ha decidido romper con la tradición y ha acudido este viernes 24 de febrero a la cita republicana para dar un discurso altamente nacionalista. Trump no se salió del guión: inmigración, seguridad, Obamacare, desregulación financiera, satanización de los medios… Los tópicos que suele llevar en la cartuchera emergieron al completo.
En su comparecencia, ha aprovechado para subrayar su intención de hacer de Estados Unidos una nación más poderosa y enfatizar que él no representa al mundo, sino a su país.
“No soy el presidente del orbe, sino de Estados Unidos”, afirmó.
En la reunión celebrada a orillas del río Potomac, en Washington, el Presidente ha declarado que el futuro pertenece a su país y presentó sus medidas para conseguirlo.
¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra?
Donald Trump quiere que nadie se meta con Estados Unidos y, para ello, pretende aumentar el gasto en defensa. El incremento del poder militar ha sido una de las prioridades del magnate durante su discurso en la CPAC, donde subrayó su idea de conseguir la paz “a través de la fuerza”.“¿Cuándo fue la última vez que ganamos? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra, algo?”Trump también dijo que pondrá en lo más alto el arsenal nuclear de Estados Unidos, otra de las medidas para empoderar al país que gobierna desde el 20 de enero.
“El futuro es nuestro. Estados Unidos será mayor, más grande y fuerte que nunca”, prometió a sus seguidores.
La construcción del muro, cada vez más adelantada
Una de las promesas más polémicas durante la campaña de Trump, la construcción del muro fronterizo entre Estados unidos y México, no podía faltar durante su discurso.En enero, el mandatario firmó dos órdenes ejecutivas que permitía la construcción del muro y restringe la entrada de migrantes a Estados Unidos.
Donald Trump aseguró que los planes para edificación del muro van “muy por delante de lo esperado” y que los ciudadanos de Estados Unidos tendrán prioridad por delante de todas las nacionalidades.
Por otro lado, aseguró que si frenan el flujo de migración ilegal, el país tendrá muchos menos problemas impositivos. Los dólares que perdemos son mucho más de lo que se puedan imaginar, son dólares de impuestos que pueden servir para reconstruir nuestros cascos urbanos, dijo.
La resurrección del Partido Republicano
Según el presidente de Estados Unidos, el éxito del Partido Republicano se debe al movimiento creado por él mismo.“El Partido Republicano volverá a ser el partido de los trabajadores. Si vierais lo grande que se ha vuelto durante este ciclo, desde las primarias… Millones de personas se han unido a nosotros, no voy a decir que gracias a mí… pero sí, ha sido gracias a mí”, aseguró.
Al despedirse, Trump prometió no decepcionar a sus seguidores durante sus cuatro años de presidencia, en los que, según él, hará de Estados Unidos un país mejor y más fuerte que antes.
Campaña contra las noticias falsas
El magnate ha criticado duramente las noticias falsas, fake news, que según él maquillan las historias. Durante su discurso en Washington, el presidente ha descrito este tipo de noticias como “el enemigo de la gente”.“Son muy listos y muy deshonestos y tenemos que combatirlos”, comentó.
Sin embargo, Trump aclaró que sus críticas no son en contra de los medios de comunicación, sino contra las noticias falsas.
Las medidas contra el terrorismo
La opción más efectiva para evitar el terrorismo es no dejar entrar a los terroristas en Estados Unidos. Este es el plan de Trump para acabar con el terrorismo islámico.El magnate se refirió a la lucha contra Daesh, a quien afirma destruirá junto con aliados, y recordó los ataques de París de 2015. Para ello, citó una anécdota de un amigo que viajaba cada año a la capital francesa pero que, después de los ataques, dejó de visitar la ciudad. Para Trump, “París ya no es París”.
“Mirad lo que ocurre en el mundo. Nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser inteligentes para evitarlo. Vamos a mantener fuera de nuestro país a los terroristas islámicos”, afirmó.
La cita conservadora se ha celebrado un día después de que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, viajaran a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.
(Con información de agencias)
Estados Unidos anuncia un histórico aumento del gasto militar
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un
aumento histórico del 10 por ciento en el gasto militar, equivalente a
54.000 millones de dólares, lo que supone el eje central de la ley de
presupuesto para 2018.
Los fondos provendrán de un recorte drástico en otros sectores como el del medio ambiente, de la Agencia de Protección del Desarrollo (EPA), o de la ayuda al exterior, administrado por el Departamento del Estado.
El gobierno trabaja en definir el proyecto y cuyas líneas guías serán ilustradas en las próximas horas por el propio presidente durante su primera aparición ante el Congreso en sesión plenaria.
“Será un presupuesto que respeta mi promesa de proteger a los estadounidenses”, aseguró el magnate.
Lo que será presentado el próximo 13 de marzo es la ley de presupuesto “para la defensa y la seguridad”, explicó Trump en vísperas de la cita en Capitol Hill, que el presidente quiere aprovechar para acreditarse como “un hombre de acción”, listo a mantener todos los compromisos asumidos en campaña electoral.
A partir de resucitar los faustos de la potencia militar norteamericana, relanzando de hecho una carrera a los armamentos, y de “restablecer orden y legalidad combatiendo a los enemigos de Estados Unidos fuera y dentro de las fronteras nacionales”.
Así el miércoles -afirman en la Casa Blanca- debería ser el día de la esperadísima y muy temida “prohibición bis”, el nuevo decreto para prohibir el ingreso en este país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán). Mientras en el despacho del Salón Oval estaría definido -según trascendidos en la prensa- el borrador del plan contra el Estado Islámico puesto a punto por el jefe del Pentágono, James Mattis, y el jefe de las fuerzas armadas, Joseph Dunford. En su interior hay una serie de “opciones preliminares” que podrían llevar a una escalada de la presencia militar de Estados Unidos en Irak y Siria, como el envío de soldados regulares al frente. Pero por ahora no trascienden los detalles.
En síntesis, para Trump es tal vez la semana más crucial desde que asumió en la Casa Blanca.
Y el esperado discurso a la nación desde el aula de la Cámara de Representantes es visto por el magnate como la oportunidad de poner las cosas en claro luego de un mes de gestión caótica del poder que dejó su popularidad, ya en mínimos históricos, por el suelo. - LibreRed | Ansa
Los fondos provendrán de un recorte drástico en otros sectores como el del medio ambiente, de la Agencia de Protección del Desarrollo (EPA), o de la ayuda al exterior, administrado por el Departamento del Estado.
El gobierno trabaja en definir el proyecto y cuyas líneas guías serán ilustradas en las próximas horas por el propio presidente durante su primera aparición ante el Congreso en sesión plenaria.
“Será un presupuesto que respeta mi promesa de proteger a los estadounidenses”, aseguró el magnate.
Lo que será presentado el próximo 13 de marzo es la ley de presupuesto “para la defensa y la seguridad”, explicó Trump en vísperas de la cita en Capitol Hill, que el presidente quiere aprovechar para acreditarse como “un hombre de acción”, listo a mantener todos los compromisos asumidos en campaña electoral.
A partir de resucitar los faustos de la potencia militar norteamericana, relanzando de hecho una carrera a los armamentos, y de “restablecer orden y legalidad combatiendo a los enemigos de Estados Unidos fuera y dentro de las fronteras nacionales”.
Así el miércoles -afirman en la Casa Blanca- debería ser el día de la esperadísima y muy temida “prohibición bis”, el nuevo decreto para prohibir el ingreso en este país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán). Mientras en el despacho del Salón Oval estaría definido -según trascendidos en la prensa- el borrador del plan contra el Estado Islámico puesto a punto por el jefe del Pentágono, James Mattis, y el jefe de las fuerzas armadas, Joseph Dunford. En su interior hay una serie de “opciones preliminares” que podrían llevar a una escalada de la presencia militar de Estados Unidos en Irak y Siria, como el envío de soldados regulares al frente. Pero por ahora no trascienden los detalles.
En síntesis, para Trump es tal vez la semana más crucial desde que asumió en la Casa Blanca.
Y el esperado discurso a la nación desde el aula de la Cámara de Representantes es visto por el magnate como la oportunidad de poner las cosas en claro luego de un mes de gestión caótica del poder que dejó su popularidad, ya en mínimos históricos, por el suelo. - LibreRed | Ansa
Acciones de Trump contra migrantes, "acto de terror": Arquidiócesis
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domingo, 26 feb 2017
13:33 - LA JORNADA
Tijuana, BC. Migrantes deportados por la garita de El Chaparral, en la frontera entre Tijuana y San Ysidro, EU. Foto Cuartoscuro
Ciudad de México. Las
acciones ejercidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
en contra de los migrantes son un "verdadero acto de terror", es la
aplicación de un "legalismo inhumano", asegura la Arquidiócesis de
México.
En el editorial del semanario Desde la fe, titulado Terrorismo migratorio, precisa que las amenazas antiinmigrantes del otrora candidato se volvieron hechos.
"Donald Trump amenazó como candidato, y
ahora lo cumple como presidente de los Estados Unidos: los mexicanos
indocumentados, todos, sin excepción, serán deportados. Pero no solo
aquellos que tienen algún antecedente penal -lo cual podría ser
compresible-, sino cualquiera que haya ingresado sin papeles, no importa
si es un trabajador ejemplar, si paga sus impuestos y es parte del
desarrollo de ese país.
"Todo mexicano indocumentado será deportado
sin miramiento alguno, sin ningún respeto a su dignidad humana, sin
tomar en cuenta sus derechos fundamentales, sin importar en qué
situación quede su familia. Todos serían tratados como criminales y
enviados a México; pero no solo eso, también serán devueltos a nuestro
país los inmigrantes no mexicanos que hayan cruzado por nuestro
territorio".
Refiere que ante esta situación "nuestros
hermanos indocumentados tienen miedo, sus hijos sufren una verdadera
sicosis" y mientras esto sucede "las autoridades mexicanas no aciertan a
actuar".
Dice que "solo hacen declaraciones y
promesas", las cuales frente a la magnitud del problema resultan
"tibias" y "peor aún" estas actitudes reflejan "sumisión".
Indica que pareciera que el gobierno está más preocupado por explicar el gasolinazo,
"mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la
obscena corrupción" y "nuestros hermanos inmigrantes no tienen quien
los defienda ni a quién acudir, están huérfanos y no saben qué hacer,
pues no confían en un gobierno que es el causante de su exilio; es más
se han dado cuenta que a la clase política no le interesa su suerte".
Critica que los partidos políticos y altos
funcionarios reciban "inmoralmente miles de millones de pesos" y el
gobierno "gasta de forma irresponsable millonadas en su fallida
publicidad" mientras hace llegar a los consulados "migajas -mil millones
de pesos- para atender esta emergencia humanitaria".
Señala que "no vemos altura ni inteligencia
en los responsables de atender esta crisis humanitaria" y remarca que
para esto "se necesita pericia, experiencia, ni aprendices donde hace
falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia,y sensibilidad
humana y política".
Episcopados de México y EEUU se unen en apoyo de migrantes
|
domingo, 26 feb 2017
14:51 - LA JORNADA
En la imagen, protesta afuera de un centro de detención de inmigrantes que serán deportados de EU, en Elizabeth, Nueva Jersey. Foto Afp
Ciudad de México. Las
conferencias episcopales de México y Estados Unidos están reforzando y
ampliando los lazos existentes entre ambas instancias para apoyar a los
migrantes ante la política antimigrante del presidente Donald Trump.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se reunió con José Gómez, vicepresidente de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) y arzobispo de Los Ángeles, en dicha ciudad.
Ambos coincidieron en "reforzar y ampliar los lazos existentes entre ambas conferencias episcopales y proyectar el trabajo conjunto en temas como la migración, la ayuda a los pobres, la libertad religiosa y la comunicación".
En el tema particular de la migración, la Iglesia pretende ofrecer una "ayuda concreta, y un acompañamiento más cercano a los migrantes, a través de los múltiples centros de atención, los albergues, los comedores, las cáritas parroquiales y diocesanas, los agentes especializados de pastoral, las redes de comunicación eclesial, la promoción del voluntariado, la recolección de ropa y víveres; y al mismo tiempo, impulsar alternativas estructurales, que a largo plazo, eliminen la migración acelerada y sin protección".
"El sentir y caminar de las Conferencias Episcopales de México y EUA, se estrechan en el objetivo común de alentar los amplios esfuerzos para crear una extensa red dedica a la defensa y los servicios sociales en favor de las familias migrantes".
La CEM precisó que la administración de Trump "tiene como sello particular la toma de medidas que atentan contra la dignidad de los hermanos migrantes, al incrementar el dolor, el temor y la angustia por la posible separación física de las familias, la pérdida de empleos, con la consecuente eliminación de su fuente de ingreso; ello, aunado a las persecuciones, discriminaciones y expresiones de racismo, que con estas medidas del gobierno estadunidense, se han intensificado".
Añadió que frente a "esta cruda y triste realidad, la Iglesia Católica a través de sus Conferencias Episcopales en Estados Unidos (USCCB) y México (CEM), en comunión con el Papa Francisco, quien en días recientes durante la VI edición del Foro Internacional “Migración y Paz sobre integración y desarrollo: de la reacción a la acción”, realizada en El Vaticano, nos llama a “acoger, proteger, promover e integrar” el desarrollo de migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, convocándonos a actuar con decisión y firmeza".
Recordó que desde 1986, los obispos de la frontera noreste de México y la frontera sur de Texas, Estados Unidos, comenzaron a sostener reuniones para "reflexionar, analizar y planear trabajo conjunto, procurando la mejor atención a los fieles que habitan ambos países hermanos, siendo desde entonces la vida y realidad pastoral de nuestros hermanos migrantes, una de las preocupaciones centrales. Fruto de ello, fue la Carta Pastoral Ya no somos extranjeros: Juntos en el camino de la esperanza (2003)".
Recordó que la más reciente reunión se llevó a cabo en la diócesis de Brownsville, del 13 al 15 de febrero pasado, en la cual se dieron cita obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de las ciudades fronterizas. También participó Cristophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos.
El compromiso común de ese encuentro es “dar acompañamiento y seguimiento a las situaciones difíciles que sufren nuestros hermanos migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, en estos momentos”.
Posterior a este evento, se sostuvieron dos encuentros simultáneamente entre el 15 y 18 de febrero; por una parte, Guillermo Ortiz Mondragón, presidente de la dimensión de movilidad humana de la CEM, acudió a la reunión con países de Centroamérica del denominado triángulo norte – sur en El Salvador, para analizar las acciones que se requieren con urgencia ante el problema migratorio, así como establecer el proyecto de un encuentro entre Canadá, Estado Unidos, México, Centroamérica y El Caribe, para el mes de febrero 2018.
La CEM detalló que en México existen más de 63 centros de atención a migrantes, dirigidos y administradas por la Iglesia Católica (divididos en tres grandes regiones: norte, centro y sur), las cuales cuentan con la colaboración de 71 agentes de la pastoral de movilidad humana, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos, así como organizaciones religiosas con enfoque social y laicos voluntarios.
La región norte tiene 31 centros de atención a migrantes; es la unidad de apoyo más grande de estás regiones y está a cargo de las arquidiócesis de Tijuana, Hermosillo y Monterrey y las diócesis deMexicali, Ensenada, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Saltillo, Piedras Negras, Mazatlán y Torreón. "La labor de estas casas es primordial ya que puede representar para el migrante el primer acompañamiento, luego de ser deportados por los Estados Unidos".
En la región centro hay 11 centros de atención a migrantes a cargo de las arquidiócesis Primada de México, de Morelia y de Guadalajara y las diócesis de Irapuato, Querétaro, San Luis Potosí y San Juan de los Lagos.
La región sur incluye a 24 centros de atención a migrantes de las arquidiócesis de Oaxaca, Puebla y Tuxtla Gutiérrez y las diócesis de Tehuantepec, Puerto Escondido, Tapachula, San Cristóbal de la Casas, Tlaxcala, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Córdoba, Veracruz, Tabasco e incluye la prelatura de Cancún-Chetumal.
"Al ser esta zona, el primer filtro en el andar del migrante, las casas de migrantes de la región sur, ponen mucho interés en el cuidado de los derechos humanos frente a las autoridades mexicanas y las políticas migratorias locales".
A través de estos centros de atención, de la red de casas de migrantes coordinadas por congregaciones de la vida consagrada y de caridades católicas en Estados Unidos, "la Iglesia continúa ofreciendo un servicio de caridad pastoral a los migrantes; así mismo se mantiene presencia constante en los campos de detenciones, casas y centros de asistencia de migrantes desde la frontera sur de México hasta todo el territorio de los Estados Unidos".
Además, se estableció el compromiso de desarrollar e implementar cursos de formación para los agentes de pastoral de la movilidad humana de las diócesis y provincias, como una tarea urgente para establecer líneas de acción comunes en el trabajo a favor de los migrantes, tomando como base las acciones que al respecto ya se realizan en diócesis como Monterrey, Chihuahua, Tapachula, San Cristóbal y otras diócesis de Tuxtla Gutiérrez, incluyendo algunos presbiterios y seminarios.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se reunió con José Gómez, vicepresidente de la United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) y arzobispo de Los Ángeles, en dicha ciudad.
Ambos coincidieron en "reforzar y ampliar los lazos existentes entre ambas conferencias episcopales y proyectar el trabajo conjunto en temas como la migración, la ayuda a los pobres, la libertad religiosa y la comunicación".
En el tema particular de la migración, la Iglesia pretende ofrecer una "ayuda concreta, y un acompañamiento más cercano a los migrantes, a través de los múltiples centros de atención, los albergues, los comedores, las cáritas parroquiales y diocesanas, los agentes especializados de pastoral, las redes de comunicación eclesial, la promoción del voluntariado, la recolección de ropa y víveres; y al mismo tiempo, impulsar alternativas estructurales, que a largo plazo, eliminen la migración acelerada y sin protección".
"El sentir y caminar de las Conferencias Episcopales de México y EUA, se estrechan en el objetivo común de alentar los amplios esfuerzos para crear una extensa red dedica a la defensa y los servicios sociales en favor de las familias migrantes".
La CEM precisó que la administración de Trump "tiene como sello particular la toma de medidas que atentan contra la dignidad de los hermanos migrantes, al incrementar el dolor, el temor y la angustia por la posible separación física de las familias, la pérdida de empleos, con la consecuente eliminación de su fuente de ingreso; ello, aunado a las persecuciones, discriminaciones y expresiones de racismo, que con estas medidas del gobierno estadunidense, se han intensificado".
Añadió que frente a "esta cruda y triste realidad, la Iglesia Católica a través de sus Conferencias Episcopales en Estados Unidos (USCCB) y México (CEM), en comunión con el Papa Francisco, quien en días recientes durante la VI edición del Foro Internacional “Migración y Paz sobre integración y desarrollo: de la reacción a la acción”, realizada en El Vaticano, nos llama a “acoger, proteger, promover e integrar” el desarrollo de migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, convocándonos a actuar con decisión y firmeza".
Recordó que desde 1986, los obispos de la frontera noreste de México y la frontera sur de Texas, Estados Unidos, comenzaron a sostener reuniones para "reflexionar, analizar y planear trabajo conjunto, procurando la mejor atención a los fieles que habitan ambos países hermanos, siendo desde entonces la vida y realidad pastoral de nuestros hermanos migrantes, una de las preocupaciones centrales. Fruto de ello, fue la Carta Pastoral Ya no somos extranjeros: Juntos en el camino de la esperanza (2003)".
Recordó que la más reciente reunión se llevó a cabo en la diócesis de Brownsville, del 13 al 15 de febrero pasado, en la cual se dieron cita obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de las ciudades fronterizas. También participó Cristophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos.
El compromiso común de ese encuentro es “dar acompañamiento y seguimiento a las situaciones difíciles que sufren nuestros hermanos migrantes, inmigrantes, deportados y refugiados, en estos momentos”.
Posterior a este evento, se sostuvieron dos encuentros simultáneamente entre el 15 y 18 de febrero; por una parte, Guillermo Ortiz Mondragón, presidente de la dimensión de movilidad humana de la CEM, acudió a la reunión con países de Centroamérica del denominado triángulo norte – sur en El Salvador, para analizar las acciones que se requieren con urgencia ante el problema migratorio, así como establecer el proyecto de un encuentro entre Canadá, Estado Unidos, México, Centroamérica y El Caribe, para el mes de febrero 2018.
La CEM detalló que en México existen más de 63 centros de atención a migrantes, dirigidos y administradas por la Iglesia Católica (divididos en tres grandes regiones: norte, centro y sur), las cuales cuentan con la colaboración de 71 agentes de la pastoral de movilidad humana, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos, así como organizaciones religiosas con enfoque social y laicos voluntarios.
La región norte tiene 31 centros de atención a migrantes; es la unidad de apoyo más grande de estás regiones y está a cargo de las arquidiócesis de Tijuana, Hermosillo y Monterrey y las diócesis deMexicali, Ensenada, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Saltillo, Piedras Negras, Mazatlán y Torreón. "La labor de estas casas es primordial ya que puede representar para el migrante el primer acompañamiento, luego de ser deportados por los Estados Unidos".
En la región centro hay 11 centros de atención a migrantes a cargo de las arquidiócesis Primada de México, de Morelia y de Guadalajara y las diócesis de Irapuato, Querétaro, San Luis Potosí y San Juan de los Lagos.
La región sur incluye a 24 centros de atención a migrantes de las arquidiócesis de Oaxaca, Puebla y Tuxtla Gutiérrez y las diócesis de Tehuantepec, Puerto Escondido, Tapachula, San Cristóbal de la Casas, Tlaxcala, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Córdoba, Veracruz, Tabasco e incluye la prelatura de Cancún-Chetumal.
"Al ser esta zona, el primer filtro en el andar del migrante, las casas de migrantes de la región sur, ponen mucho interés en el cuidado de los derechos humanos frente a las autoridades mexicanas y las políticas migratorias locales".
A través de estos centros de atención, de la red de casas de migrantes coordinadas por congregaciones de la vida consagrada y de caridades católicas en Estados Unidos, "la Iglesia continúa ofreciendo un servicio de caridad pastoral a los migrantes; así mismo se mantiene presencia constante en los campos de detenciones, casas y centros de asistencia de migrantes desde la frontera sur de México hasta todo el territorio de los Estados Unidos".
Además, se estableció el compromiso de desarrollar e implementar cursos de formación para los agentes de pastoral de la movilidad humana de las diócesis y provincias, como una tarea urgente para establecer líneas de acción comunes en el trabajo a favor de los migrantes, tomando como base las acciones que al respecto ya se realizan en diócesis como Monterrey, Chihuahua, Tapachula, San Cristóbal y otras diócesis de Tuxtla Gutiérrez, incluyendo algunos presbiterios y seminarios.
El candidato de Trump a secretario de la Armada de EE.UU. renuncia a ocupar el cargo
Publicado: 27 feb 2017 00:22 GMT | Última actualización: 27 feb 2017 01:11 GMT - RT
El Pentágono ha asegurado que Philip Bilden,
candidato de Donald Trump para encabezar el Departamento de la Armada
de Estados Unidos, ha rechazado su candidatura y ha decidido no ocupar
el cargo.
Philip Bilden / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0
Por su parte, Mattis ha comentado que la renuncia de Bilden es una "decisión personal motivada por preocupaciones de privacidad" y por los desafíos que afrontó al intentar "separarse de los intereses empresariales". Asimismo, prometió presentarle al mandatario otras candidaturas muy pronto.
La noticia de la posible renuncia de Bilden se filtró a los medios hace unos días. Sin embargo, el 18 de febrero el vocero presidencial, Sean Spicer, salió al paso de la filtración en su cuenta de Twitter, afirmando que el candidato estaba "comprometido al 100%" a ocupar el cargo.
Aunque Bilden no tiene mucha experiencia en el ámbito de la Armada, la Casa Blanca había calificado su candidatura como "la elección correcta" debido a que cuenta con tres décadas de experiencia en gerencia internacional, liderazgo e inversiones.
Philip Bilden fue un miembros clave de HarbourVest Partners LLC, un fondo estadounidense de capital riesgo que gestiona fondos por valor de más de 42.000 millones de dólares. Después 25 años en la empresa, Bilden se retiró en 2016.
¿Cómplices? Cómo Peña Nieto 'puso los cimientos' para el muro de Trump
Publicado: 31 ene 2017 19:27 GMT | Última actualización: 1 feb 2017 03:46 GMT - RT
El politólogo John M. Ackerman sostiene que
si México contara con unas autoridades que se preocupan por el bienestar
de su gente, las acciones de Trump "serían detenidas por completo".
Edgard GarridoReuters
"Si México tuviera autoridades que se preocuparan por el bienestar de su gente, sus acciones serían detenidas por completo", denuncia.
"México contribuyó a la victoria de Trump"
Ackerman sostiene que Peña Nieto contribuyó "directamente" al éxito de la campaña Trump. "El 31 de agosto de 2016, el presidente mexicano organizó lo que parecía una recepción real para Trump en la residencia presidencial de Los Pinos en Ciudad de México. El candidato republicano estaba luchando en las encuestas en ese momento", recuerda.El politólogo señala que uno de los puntos más débiles de Trump en esos momentos es que "era percibido como incapaz de realizar el trabajo de comandante en jefe o de ser respetado por los líderes extranjeros". Sin embargo, Peña Nieto "sería la solución": tras celebrar una conferencia de prensa en un salón normalmente reservado para los jefes de Estado extranjeros, "Trump se convirtió milagrosamente, sin modificar sus políticas un centímetro, en amigo de México y de los mexicanos". "Sus encuestas se levantaron después de eso", añade.
El autor del artículo hace hincapié en que, después de las presidenciales en noviembre, "Peña Nieto continuó sus esfuerzos para agradar a Trump": en enero, el presidente mexicano nombró como nuevo secretario de Relaciones Exteriores al hombre que orquestó la visita del Trump en agosto, Luis Videgaray.
Peña Nieto, ¿dispuesto a traicionar a su país?
Después de todo, Trump y Peña Nieto "tienen mucho en común", destaca el columnista. "El presidente mexicano ya aplica políticas de deportación masiva, del tipo de las que Trump prometió, contra los centroamericanos que tratan de cruzar México hacia EE.UU.", indica Ackerman, añadiendo que Peña Nieto también ha comenzado, "con ayuda estadounidense", la construcción "de lo equivalente a un 'muro' de alta tecnología en la frontera sur de México con Guatemala".Asimismo, el politólogo afirma que aunque la reunión entre ambos líderes prevista para este martes fuera cancelada "en respuesta a las presiones políticas", el mandatario mexicano continuará impulsando "su agenda subyacente" dirigida a "negociar la impunidad para su gobierno a medida que su administración llega a su fin".
"De hecho, estaba dispuesto a traicionar a su país con la esperanza de que Trump ignorase los vastos escándalos de corrupción y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos al sur de la frontera", concluye.
Exigen en México la dimisión de Peña Nieto
Cientos de personas se manifestaron el viernes en la Ciudad de
México contra el presidente de la nación, exigiendo su destitución.
Bajo el lema “Fuera Peña”, cerca de 500 personas se congregaron en el centro de la capital para mostrar su rechazo al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo entregaron al Congreso del país un documento con más de 500.000 firmas que piden la destitución legal del mandatario.
“México es un país rico al que no le faltan recursos, le sobran ladrones”, aseguró Amín Cholac Manzur, luchador social de México Libre, quien entregó la petición ciudadana al Parlamento nacional.
De esta forma, los manifestantes expresaron su descontento con las reformas estatales, la corrupción y la impunidad que reina entre la clase política de su país. - La Jornada | HispanTV
Bajo el lema “Fuera Peña”, cerca de 500 personas se congregaron en el centro de la capital para mostrar su rechazo al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo entregaron al Congreso del país un documento con más de 500.000 firmas que piden la destitución legal del mandatario.
“México es un país rico al que no le faltan recursos, le sobran ladrones”, aseguró Amín Cholac Manzur, luchador social de México Libre, quien entregó la petición ciudadana al Parlamento nacional.
De esta forma, los manifestantes expresaron su descontento con las reformas estatales, la corrupción y la impunidad que reina entre la clase política de su país. - La Jornada | HispanTV
Reino Unido: Diputados se niegan a que Trump hable ante el parlamento
John Bercow. Foto tomada de Daily Express.
En una inusual declaración durante la sesión de este lunes, Bercow, quien debe permanecer imparcial a declaraciones políticas, se pronunció en contra de que el mandatario estadunidense se dirija al parlamento, porque esa “es una distinción que se debe ganar”.
“Un mensaje por un líder extranjero a ambas cámaras del parlamento no es un derecho automático. Es una distinción que se gana. Además, hay muchos antecedentes de visitas de Estado que se han hecho a nuestro país que no incluye un mensaje a las dos cámaras del parlamento”, dijo.
La postura de Bercow fue recibida con aplausos de los diputados de oposición, a pesar de que es una regla no aplaudir en el interior del recinto legislativo.
El político, quien preside la Cámara Baja desde 2009, afirmó que está en contra de que Trump se dirija al parlamento desde antes de la prohibición al ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana decretada por el gobernante estadounidense.
Después de la imposición de la prohibición migratoria, “me opongo todavía más rotundamente a un mensaje del presidente Trump en Westminster Hall”, afirmó categórico.
Bercow, encargado de poner orden y dar la palabra a los diputados en las sesiones, criticó también el ‘racismo y sexismo’ del mandatario estadunidense.
‘Nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo por la equidad ante la ley y un poder judicial independiente son consideraciones de gran importancia para la Cámara de los Diputados’, señaló Bercow.
Durante la sesión, el diputado del opositor Partido Laborista, Stephen Doughty, presentó una moción firmada por 163 legisladores para que Trump no sea invitado al parlamento.
Entre los líderes mundiales que han en Westminster Hall, el recinto principal del parlamento, figuran el ahora expresidente estadunidense Barack Obama (2011) y la líder de la oposición birmana Aung San Suu Kyi (2012), mientras que otros mandatarios han usado otros salones.
Analistas comentaron que la intervención de Bercow y el largo aplauso que le brindaron no tienen precedentes en la historia parlamentaria.
Para convertirse en presidente o ‘speaker’ en la cámara en 1999, Bercow se dio de baja inmediata de las filas de su partido y se convirtió en diputado independiente, que no toma parte en los debates y en las votaciones.
Entre sus funciones se encuentra presidir los debates parlamentarios y decidir sobre las cuestiones de orden de la cámara.
El exprimer ministro de Escocia, Alex Salmond, afirmó que es correcto no invitar a Trump a dirigirse al parlamento, ‘porque ninguna mujer se presentaría además de la primera ministra Theresa May’.
Se requiere del consenso del presidente de ambas cámaras (baja y de los Lores) para que un jefe de gobierno pueda emitir un mensaje al parlamento.
(Con información de Notimex)
Estado español
Derechos Humanos
Amnistía acusa a España de violar el derecho al refugio y a la libertad de expresión
El Informe anual de la ONG advierte de las
consecuencias de la retórica del "nosotros contra ellos" que ha entrado
en la agenda de las grandes potencias y que está fomentando el retroceso
de los derechos humanos en el mundo.
Inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla /REUTERS
España no se queda al margen del menoscabo de los derechos humanos recopilados por Amnistía Internacional (AI)
en su Informe Anual hecho público hoy en todo el mundo. En este
documento, la ONG analiza la situación de los derechos humanos en 159
países durante el año 2016.
Entre las principales violaciones de estos derechos en nuestro país, resalta la insuficiente
acogida de personas que huye de conflictos o de graves violaciones
derechos humanos y la expulsión masivas en las fronteras de Ceuta y
Melilla. Amnistía también señala a España por utilizar el delito de
"enaltecimiento del terrorismo" para limitar de forma desproporcionada
la libertad de expresión.
"Aunque España se comprometió en septiembre
de 2015 con la Unión Europea a la rehubicación y reasentamieto de más de
17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es
que sólo ha acogido a 1.034, un 6% de su compromiso. Una cifra que es
claramente insuficiente", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional España.
España sólo acogió al 6% de los refugiados que se comprometió a recibir
El
informe denuncia que nuestro país utilizó la "amplia y vaga" definición
de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal, para limitar de
forma desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y cita,
entre otros, el caso de los titiriteros encarcelados durante una
representación. "Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que
su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la
seguridad nacional", señala Beltrán.
La impunidad de las fuerzas de seguridad son otro apartado en el que España suspende, según la ONG.
"Es una tendencia cada vez más extendida en las violaciones de derechos
humanos. Los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en el uso
excesivo de la fuerza raramente son identificados y los casos de tortura
siguen sin investigarse adecuadamente", recoge el informe. Además, la
organización resalta que tampoco se han realizado avances en la
investigación de los crímenes contra el derecho Internacional, como los
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Amnistía Internacional recuerda que durante
2016 denunció nuevos casos del uso desproporcionado de la fuerza por
miembros de las fuerzas de seguridad y otros casos de malos tratos, que
no se investigaron con eficacia o exhaustividad. Cita el ejemplo de
Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de
una pelota de goma y la absolución en 2016 de los policías implicados,
por no poder demostrarse quién había disparado. "El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de
torturas y malos tratos en España no se investigan adecuadamente y
afirma que la impunidad se consolida por falta de investigación".
El informe resalta que en nuestro país hay
pendientes de tramitación más de 29.800 solicitudes de asilo y que estas
se han casi triplicado en los últimos tres años. Si en 2013 el número
de peticiones fue de 4.513, entre enero y octubre de 2016 ya se habían
registrado unas 12.525 solicitudes de asilo. "España no aplicó las
directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y
condiciones de recepción y seis años después de su entrada en vigor, la
Ley de Asilo seguía sin implementarse, lo que hizo que el acceso de las
personas solicitantes de asilo a la asistencia que tienen derecho no
fuera el mismo en todo el país", afirma AI en un comunicado.
Un mundo menos humano
A nivel internacional, la organización
denuncia que a medida que los grandes Estados dan marcha atrás en sus
compromisos con los derechos humanos, esto actúa como un efecto dominó y
advierte que la retórica "tóxica y deshumanizadora" de el "nosotros
contra ellos" está creando un mundo más dividido y peligroso.
"La política de demonización que se hace
en la actualidad, difunde la peligrosa idea de que algunas personas son
menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de
personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más
negativos de la naturaleza humana", afirma Salil Shetty, secretario
general de la organización.
Amnistía Internacional pide a la gente
que oponga resistencia en todo el mundo a los "cínicos intentos" de
retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de
prosperidad y seguridad. Y advierte que la solidaridad global y la
movilización popular serán de vital importancia para proteger a las
personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los
derechos humanos y a los cuales sus gobiernos tachan de "amenaza".
¿Quién va a defender los derechos humanos? se
interpela AI y afirma que el mundo se enfrenta a una larga lista de
crisis con poca voluntad política para abordarlas. Entre ellas las de
Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República
Centroafricana, Burundi, Iraq, Sudán del Sur y Sudán.
En 2016 los gobiernos hicieron la
vista gorda ante crímenes de guerra, derecho de asilo, libertad de
expresión, asesinato o tortura
"En
2016 los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra,
impulsaron acuerdos que menoscaban el derecho a solicitar asilo,
aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a
asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas y
justificaron la tortura, la vigilancia masiva y ampliaron poderes
policiales draconianos", afirma AI.
Espía y promete seguridad
Varios países han adoptado medidas
intrusivas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de
Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de
Reino Unido. Se ha instalado "la seguridad como excusa para
justificar la represión en todo el mundo". Los gobiernos ofrecieron a
los ciudadanos la promesa de seguridad y mejora económica a cambio de
ceder derechos de participación y libertades democráticas.
Amnistía Internacional pone en el foco a
Turquía, que intensificó su represión a los disidentes durante el estado
de excepción que siguió al intento del golpe de Estado. Más de 90.000
personas empleadas en el sector público perdieron su trabajo por sus
"presuntos" vínculos con organizaciones terroristas ,118 periodistas
fueron encarcelados preventivamente y se cerraron 184 medios de
comunicación.
El drama de los refugiados ocupa una parte
importante de su informe. Desvela que 36 países violaron el derecho
internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países
donde sus derechos humanos corrían peligro.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión.
En 22 países se asesinaron a defensores
de los derechos humanos durante el año pasado por cuestionar intereses
económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas o por oponerse a
los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las
personas LGTBI.
"No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos
; somos las personas quienes tenemos que hacer algo. Con los políticos
cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras
veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas
luchemos por los valores básicos de la dignidad humana", concluye
Salil.
La defensa de los detenidos en Alsasua denuncia que se les aplica la ley antiyihadista
El polémico artículo 573 del Código Penal fue
cuestionado por cinco relatores de la ONU, quienes en febrero de 2015
advirtieron que “podría criminalizar conductas que no constituirían
terrorismo”. Hoy sirve para mantener presos a tres jóvenes, acusados de
agredir a dos guardias civiles en una reyerta de bar.
Cartel en Alsasua: 'Montaje policial no. Dejadnos en paz'. E.P.
Corría febrero de
2015. En plena ola de ataques yihadistas en Europa, el gobierno de
Mariano Rajoy (con el apoyo del PSOE) aprovechaba para endurecer el
Código Penal e introducía una definición bastante amplia sobre el
significado de terrorismo. O mejor dicho, de los motivos por los que
alguien puede ser encarcelado bajo esa acusación. Cinco relatores de la
ONU advirtieron entonces que no eran las mejores ni más democráticas
maneras de atajar el problema. Dos años más tarde, tres jóvenes de
Altsasu están en la cárcel gracias a ese concepto ampliado de delitos
terroristas, según denuncian sus abogados.
Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin
Unamuno (encarcelados desde hace tres meses en Soto del Real) no
pertenecen a ningún grupo terrorista. Ni yihadista ni de ningún otro
tipo. Sus problemas con los tribunales tienen fecha y hora: el 15 de
octubre a las 5.00 de la madrugada, se vieron envueltos en una trifulca
con dos guardias civiles de paisano. Ocurrió en un bar, durante una
noche de copas.
El pasado lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Ramírez, Arnanz y Unamuno por “terrorismo”. Por su parte, otros seis jóvenes de esa localidad navarra se encuentran actualmente en libertad provisional, a la espera de juicio. También están imputados dos menores de edad.
Fuentes de la defensa señalaron a Público que
las acusaciones se amparan en el polémico artículo 573 del nuevo Código
Penal, lo que conllevaría penas de prisión de entre 10 y 15 años. Se
trata, precisamente, de la norma introducida por el gobierno de Rajoy
para ampliar de manera imprecisa la definición de terrorismo, tal como
denunciaron los relatores de la ONU a comienzos de 2015. De hecho, los
expertos advirtieron que esa modificación “podría criminalizar conductas
que no constituirían terrorismo”.
Libertad denegada
Gracias a ese cuestionado artículo del
Código Penal, los tres jóvenes de Altsasu seguirán encarcelados bajo
régimen FIES (una situación penitencia más restrictiva que la evidente
privación de libertad) por tiempo indefinido.
Las escasas esperanzas de sus abogadas
empezaron a desmoronarse este martes en la Sección Primera de la
Audiencia Nacional: la sala que previsiblemente se encargará de
juzgarles rechazó la petición de libertad que había formulado la
representación legal de Adur Ramírez de Alda, bajo el argumento de que
existe “riesgo de fuga”.
Sin embargo, la defensa lo niega
tajantemente: “Adur se presentó voluntariamente ante la Audiencia
Nacional en dos ocasiones, incluso cuando sabía que el Fiscal le
acusaría de terrorismo y pediría penas muy altas de prisión”. Hoy sigue
en Soto del Real.
