domingo, 30 de septiembre de 2018

HONDURAS: Más de 60 presos políticos habría en El Progreso // Corte de Apelaciones niega derecho de transmisión en vivo del juicio contra asesinos de Berta Cáceres // Radio Progreso: Justicia para Berta Cáceres es justicia feminista y territorial // Defensores: Después de siete años acusados de sedición, maestros son absueltos // CORTE HONDUREÑA RESTITUYE JUECES QUE SE OPUSIERON AL GOLPE // Partido Liberal se retira del diálogo nacional // INICIA REPRESALIA, EE.UU. CASTIGA A EL SALVADOR // Las 5 fuentes de financiación de la Mara Salvatrucha // Investigadora salvadoreña: “El Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado”

Más de 60 presos políticos habría en El Progreso



Por: Sandra Rodríguez
El Progreso, Yoro.-
Más de 60 personas en El Progreso, Yoro, fueron judicializadas en el marco de protestas post fraude electoral del 2017, aunque la mayoría de los casos no salieron a luz pública, la criminalización fue documentada por defensores de derechos humanos de la ciudad ubicada al norte del país.
Las procuradoras del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas y Dora Oliva, acompañadas del abogado y defensor de derechos humanos, Merlin Bonilla, tuvieron acceso a algunos de los expedientes de presos políticos, que en su mayoría gozan medidas sustitutivas a la prisión, y dos permanecen privados de libertad.
También se tuvo acceso al libro de entradas correspondiente al año 2017 del Juzgado de Letras de lo Penal de El Progreso, en el que se corroboró la existencia de números expedientes en los cuales se inició procesos penales contra quienes se manifestaron contra el fraude y régimen de JOH.
El monitoreo se realizó el martes 25, previo a la Audiencia otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH), sobre faltas al debido proceso en casos de presos políticos en Honduras, a realizarse el 03 de octubre en el Salón “Wittemyer   Courtroom”, University al Colorado Law School, de 9:00 a 10:00 de la mañana, en Colorado, EEUU.
La la audiencia “Situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto de conflicto postelectoral en Honduras” fue concedida ante la petición de Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y la Coalición contra la Impunidad.
La crisis post electoral dejó en Honduras a 22 presos políticos, pero el 30 de agosto Día Nacional del Detenido Desaparecido, la cifra aumentó luego que un juez enviara a prisión a 12 ciudadanos acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, supuestamente durante las protestas que se dieron post fraude que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández. Estas personas fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, sumando así 17 privadas de libertad.
Ya que permanecen recluidos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso, Yoro; y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, ahora son 13 presos políticos recluidos en Ilama.
El defensor Merlin Bonilla, detalló a defensoresenlinea.com,  que en la ciudad de El Progreso es donde más criminalizados hubo por oponerse al fraude al electoral, al menos 65 personas estuvieron en prisión y por diferentes razones Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez no siguen tras las rejas.
Las y el abogado en la revisión de expedientes
Las abogadas del COFADEH y el abogado Bonilla en la revisión de expedientes
Cabe señalar que a ninguno se le imputan delitos políticos, sino que se les tipifica en otro tipo, de ese modo el régimen puede negar la existencia de ellos en la cárcel de esa ciudad. Hay un expediente que contiene a 25 personas acusadas de incendiar la municipalidad, y el alcalde Alexander López Orellana, del Partido Liberal, ha manifestado que él no va a conciliar.
Bonilla representa a Jonhy Salgado, uno de los primero presos políticos en obtener libertad bajo medidas contrarias a la prisión, es un caso emblemático, afirmó, ya que está inmerso en dos procesos judiciales, uno en su cintra donde lo tachan de portación ilegal de armas y uso indebido de indumentaria militar/policial; y otro caso en que se logró acusar a los policías que lo sacaron de su vivienda violando sus derechos humanos para arrestarlo, ambos son con la finalidad de buscar justicia.
El Progreso es una de las ciudades que constantemente realiza acciones de resistencia contra la dictadura histórica en Honduras. Del Golpe de Estado del 2009 a la fecha, los y las progreseñas realizan protestas por la situación de país, y con ello hay imposiciones gubernamentales para retenerlos hasta con la instalación de casetas de cobro de peaje que los dejaría incomunicados a menos que paguen un coste económico para circular hacia San Pedro Sula, Comayagua y posiblemente la ciudad de Tela, Atlántida.
Es este lugar vive el dictador Roberto Micheletti Bahin, presidente de facto tras el golpe contra Manuel Zelaya, eso no impide que la población continúe en las calles exigiendo el respeto a los derechos humanos, detalló Bonilla, quien es padre de un joven víctima de ejecución extrajudicial en el año 2011.
Dato: Los jóvenes Nahúm Murillo, Neptaly Galeano y Narzy Bonilla, fueron ejecutados de varios balazos el uno de febrero del 2011 en el balneario Los Encuentros, Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro. Los policías señalados en el triple crimen son: Santos Fidencio Pérez Corea, Mario Alexis Corea Hernández y Glendi Georgina Rosales Martínez, quienes estaban asignados para ese entonces a la posta policial de dicha comunidad.
Los tres jóvenes salieron el martes 1 de febrero del 2011, en horas de mañana con la intención de trasladarse a un balneario ubicado en la parte alta de la comunidad. Horas más tarde fueron encontrados asesinados. Cerca de los cadáveres se encontró un casquillo de fusil y uno posiblemente de arma calibre 22.
Merlin Bonilla
Además, se encontró a la par de los pies del cadáver de Narcy un radio de comunicación, este aparato fue decomisado por el Sargento Rosales, Jefa de la Policía de Agua Blanca, declaró en su momento Bonilla.
Posteriormente, se encontraron más evidencias que implican como ejecutores del crimen a la y los policías Glendi Georgina Rosales, Santos Fidencio Pérez Corea y Mario Alexis Hernández Corea, mientras que a un policía de apellido “Ponce” en el transcurso del juicio, no se logró identificar como implicado, denunció Merlín  Bonilla.
Don Merlin, como es llamado en el COFADEH, y a quien se le ha acompañado en la búsqueda de justicia, lamenta que en dicha ciudad exista impunidad y se criminalice  -en este caso- a quienes se oponen al régimen hondureño, y que haya personas presas políticas por su forma de pensar.

Corte de Apelaciones niega derecho de transmisión en vivo del juicio contra asesinos de Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- “Inadmisible”, declaran el recurso de amparo interpuesto por la acusación privada que representa al copinh y la familia de Berta Cáceres, dicho recurso consiste en la solicitud para transmitir en tiempo real las audiencias que se desarrollen durante el primer juicio contra 8 de los imputados en el crimen, esta notificación fue dada a conocer a los abogados el día de ayer 28 de septiembre.
Es condenable que la justicia de nuestro país no quiera que se conozca la verdad de lo que ocurrió con nuestra compañera Berta y que pese a ser este uno de los casos más relevantes a nivel nacional e incluso internacional,  dice el Consejo de Organcizaciones Populares e Indigenas (COPINH).
Agrega que, es de vital importancia que la población en general pueda seguir de cerca lo que suceda en este primer juicio, la corte de apelaciones de lo penal nos niega este derecho aduciendo entre otros considerandos que lo hacen como medida de seguridad, pero lo que quieren asegurar es que las ilegalidades que realicen no salgan al público.
Cualquier argumento que este tribunal intente plantear es violatorio de los derechos a la verdad. La transmisión en vivo es la posibilidad de que el pueblo en general entienda lo que sucedió en este crimen para que no vuelva a suceder, el grito de #JusticiaParaBerta ha resonado en todo el mundo, por esta razón el tribunal debe garantizar la publicidad de las audiencias, señala la organizacióm creada por Berta Cáceres.
Las experiencias de transmisión de los juicios contra militares guatemaltecos durante el mandato de Ríos Montt por genocidio contra el pueblo Ixil ha sido el ejercicio de reparación y de acceso a la verdad, algo que se intenta entorpecer por este tribunal y por esta corte de apelación.
¿Qué esconde el Tribunal al limitar la publicidad del juicio? Esta debe ser la oportunidad para que esta institucionalidad pueda limpiar la imagen impune que han dejado ver a toda la sociedad y por la que constantemente son cuestionados.

Nota relacionada Suspenden juicio de asesinato de Berta Cáceres por violaciones al debido proceso

Para el COPINH la transmisión en tiempo real de las audiencias significa que el pueblo Lenca pueda ser parte del proceso, mismo que ha estado lleno de practicas racistas y clasistas en todo su desarrollo, queremos conocer cada uno de los detalles que implicó el plan que pretendía acabar con la lucha por la defensa del río Gualcarque, concretada con el asesinato de la coordinadora general Berta Cáceres.
Exigen se realice un verdadero juicio público en el que podamos ver cada una de las posiciones del tribunal y las partes implicadas, el pueblo hondureño merece ser parte conocer la verdad del asesinato de Berta Cáceres.

Han pasado 30 meses del asesinato de Berta Cáceres; dos años de escuchar el grito incansable de justicia y verla presente en cada una de las luchas territoriales contra el extractivismo y despojo.
Berta Cáceres no solamente peleaba por los pajaritos o por los árboles, Berta Cáceres era una mujer feminista y luchaba contra el patriarcado y el sistema capitalista, recuerda Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras –OFRANEH-, luego de dirigir una ceremonia garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Frente al palacio judicial también estaban mujeres lencas, pech, tolupanes y feministas; todas se encontraron para unir sus fuerzas y voz de justicia en una vigilia, horas antes de iniciar la primera audiencia del juicio oral y público contra 8 de los 9 imputados por el asesinato de Berta Cáceres.
“Este es un sistema que no funciona, machista y sumamente racista, pero nosotras creemos que es importante seguir luchando para visibilizar la falta de aplicación de justicia”, afirma Miriam, recordando su caminar junto a Berta Cáceres por las comunidades en resistencia y lucha por la emancipación de las mujeres.

Justicia Territorial

Mientras se continúa en la exigencia de justicia en los tribunales, los que deberán llegar hasta los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, las mujeres y feministas tienen que organizarse para demandar que se cancele la concesión a la Empresa Desarrollos Energéticos S.A –DESA-, indica Yessica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras.
“Porque hasta que no cierren esa concesión no vamos a tener justicia en éste país”, reitera Trinidad, comentando que justicia para Berta Cáceres es justicia feminista y territorial.
“Llegamos –al juicio-con mucha rabia, con mucha rebeldía a hacer presente esa Berta que nosotras conocimos, a la Berta que siempre tenía un sonrisa y que ponía toda su fuerza, su alma en la lucha”, agrega.

Jueces acusados

El juicio oral y público contra 8 de los 9 imputados por asesinar a Berta Cáceres se programó para dar inicio el 17 de septiembre, sin embargo, luego de conocer una denuncia y recusación contra la Sala Primera, el Tribunal de Sentencia determinó suspender la primera audiencia.
Antes de conocerse la determinación, en la Sala I esperaban los 8 imputados, siete de ellos vestidos con camisetas blancas, mientras que el ex gerente de la Empresa DESA, Sergio Ramón Rodríguez, portaba una camisa de vestir a cuadros y estaba rodeado de tres abogados, a quienes se les considera de los penalistas contratados por clase política hondureña: Juan Carlos Sánchez, Jair López y Celeste Cerrato.
“Nosotros hemos dialogado con miembros del COPINH, de la familia, este es un momento difícil, saber que ahí están parte de las personas que ya conocíamos allá en Río Blanco, que vimos como la amenazaron, ver parte de los sicarios”, expresaba Berta Zúniga, tras ver que los 8 acusados bajaron de un camión del Instituto Nacional Penitenciario, antes de entrar a la sala de juicios.
El abogado Víctor Fernández, representante legal del COPINH y la familia Cáceres, explica que la denuncia fue presentada por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios: “encontramos una serie de comportamientos dentro del Tribual de Sentencias que son contrarias a derechos, una de ellas es que estamos entrando a la etapa de juicio oral y público sin tener acceso a la investigación del caso ni a las diligencias que se ordenó al Ministerio Público se nos entregara, las órdenes judiciales no se discuten se cumplen”.
Contrario a la realidad, Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, calificó la acción de recusación como una dilatación del proceso, y asegura que la Fiscalía ha cumplido las órdenes del Tribunal de Sentencia en materia de medios probatorios.
“Eran más de 100 medios probatorios, 104 en específico, los que el Ministerio Público traía, estos ya han sido admitidos; hay una estrategia del Ministerio Público de cómo va a sustentar su tesis acusatoria, eso es atinente únicamente a los fiscales”, aseveró Morazán.
Pese a que el juicio es oral y público, el Tribunal de Sentencia se ha negado a la posibilidad que el mismo sea transmitido a través de los medios de comunicación del COPINH. En ese sentido, Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, comenta que una de las estrategias para la participación de las comunidades en las audiencias será la instalación de un campamento permanente de las afueras de la Corte Suprema en Tegucigalpa.
“Se busca traer la justicia desde los pueblos y la participación en estas instituciones que son inaccesibles para las comunidades, y después traer la palabra colectiva de demanda de un debido proceso”, decía Laura, minutos antes de notificarse la suspensión de la primera audiencia del Juicio.
Respecto a la participación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras como un afectado directo por el asesinato de su coordinadora, Berta Cáceres, el abogado Omar Menjivar apunta que no están argumentando un delito contra la organización: “es un delito que afecta a la organización y la muerte de Berta afectó significativamente al COPINH, al punto que casi lo desintegra porque era como el alma, era la líder indiscutible de esa organización”.
El juicio oral y público deberá dar inicio hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la recusación contra los jueces de la Sala Primera, y los cinco recursos interpuesto por la defensa privada de la Familia Cáceres, entre ellos permitir la transmisión de las audiencias.
A la espera de que ese momento llegue, y los acusados se sienten nuevamente en los banquillos de los Tribunales, con ceremonias de los pueblos indígenas y negros, las mujeres seguirán gritando: Justicia para Berta es Justicia Feminista y Territorial.


Después de siete años acusados de sedición, maestros son absueltos



Por Sandra Rodríguez Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de 18 maestros estuvieron en el banquillo de los acusados, tras ser encarcelados por manifestaciones ilicitas, cuándo ejercían su derecho a la protesta social, el 24 de marzo del 2011.
Por siete años debieron cumplir con medidas sustitutivas a la prisión, ya que se les suponía responsable del delito de sedición, pero en el proceso de este juicio oral y público, se demostró su inocencia, incluso se les señaló de tener odio contra los policías, y eso sería desvirtuado, expresó uno de los abogados de la defensa al iniciar el juicio el miércoles 26 de septiembre.
La sala IV del Tribunal de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, por unanimidad dejó en libertad a los docentes que en su momento ejercían manifestaciones pacíficas por la defensa de sus derechos, y a eso de las nueve de la mañana empezó una represión a mansalva de parte de agentes policiales.
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En los hechos, al parecer salieron con quemaduras varios militares entre 19 y 21 años de edad, ninguno con peligro de muerte. Daños en un restaurante de comida rápida en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa, y daños en vehículos. De ninguno se estableció la cuantía, declararon agentes del Ministerio Público llevados por la parte acusadora.
Para los y las docentes acusadas, este proceso ha sido de mucha afectación emocional y económica. Más cuándo cumplian medidas sustituvas a la prisión, y no todos son de Tegucigalpa.
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Afiche realizado en el momento de la detención de los docentes,
Marco Antonio Melgar, expresó que las medidas impuestas eran muy fuertes, como si hubieran cometido delitos muy graves, cuando solo defendían suS derechos, específicamente la derogación de la nueva ley del Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA).
El profesor Denis Núñez, participaba en la manifestación pacífica cuando lo capturaron en en una gasolinera cerca del bulervar antes mencionado, le amarraron las manos, lo juntaron a otro grupo de compañeros y los llevaron al comando Cobras, después a la Jefatura Metropolitana # 1 (core 7), y después de la audiencia de presentación de imputado, estuvieron seis días en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”.
El maltrato policial fue igual para las profesoras, una de ellas –omitió su nombre- expresó que, hasta el momento del juicio oral y público seguía desconociendo por que ha habían capturado y porque seguía en un proceso injusto, ya que, cuando ella llegó a la manifestación esta se había dispersado, y los uniformados la sacaron de una gasolinera y la apresaron.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) acompaña solidariamente al gremio magisterial en la búsqueda de justicia, así como cuando sucedieron estos hechos, los docentes se manifestaban por la defensora de sus derechos.
Desde entonces nos han callado, y fue así con golpes y procesos penales, declaró una de las víctimas del sistema, por que este régimen no quiere que exijamos nuestros derechos.

Fuerzas policiales golpean y lanzan gas pimienta a Periodistas de Radio Progreso

sábado, 8 de septiembre de 2018

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Miembros del equipo de prensa de Radio Progreso, fueron agredidos este viernes mientras daban cobertura a una protesta estudiantil que terminó en represión policial, en la carretera que conduce de la Ciudad de El progreso hacia el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

En una transmisión por la red social de Facebook de la radio, se observa como los policías golpean y pretenden evitar que la Periodista Lesly Banegas informase la detención de tres estudiantes Andrés Diaz, Gerson Hernández y Jorge Zavala.
La acción de protesta fue realizada por estudiantes de los institutos Perla del Ulua, Instituto “Eduardo Hernández Chevez” y el José Trinidad Reyes, a la altura del puente “Quebrada Seca”. De acuerdo con Radio Progreso, los jóvenes de secundaria están tomados de los brazos en señal de protestas por el asesinato de cuatro jóvenes entre el viernes y el domingo de la semana anterior.

Efectivos policiales, además de las tres capturas, hicieron revisión de unidades de transporte y casas aledañas al sector, esto con el objetivo de realizar mas capturas contra los y las jóvenes de los institutos en mención.

En el lugar, el Periodista Inmer Gerardo Chevez fue a monitorear el momento de la represión y un policía le roció gas pimienta en la cara, provocándole irritación en su rostro e impedimento para respirar durante varios minutos. Su colega Karen Paredes también resultó afectada con el gas lacrimogeno, mientras documentaba la represión contra las y los estudiantes de secundaria.

 C-Libre conoció que, al recibir atención, Chevez procedió a realizar la denuncia ante el Ministerio Publico de la ciudad de El Progreso.
Gerardo Chevez es beneficiario de Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el año 2010, tras recibir amenazas de muerte a su teléfono móvil, en aquel momento por su cobertura contra el golpe de Estado de 2009.

A inicios de esta semana, Héctor Maradiaga, periodista de la radioemisora en Tegucigalpa, denunció haber sido objeto de seguimiento por parte de desconocidos, justo al salir de la sede del medio de comunicación en Tegucigalpa.
                     
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su documento “Violencia contra Periodistas y trabajadores de medios”, llama a los Estados a “instruir a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación”.

El mismo documento señala que la Relatoría de Libertad de Expresión recomienda a los Estados para evitar actos violentos contra quienes ejercen la labor periodística. Incluso recomienda “la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policiacas y de seguridad y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto a la libertad de expresión”.
 
En Honduras, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en las ultimas dos semanas, se ha pronunciado contra campañas de desprestigio y amenazas contra el director de Radio Progreso, el sacerdote Ismael Moreno y la Periodista Sandra Marybel Sánchez, quien dirige el programa “Mas que Dos”, trasmitido en la radioemisora desde Tegucigalpa

Video: 
 https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/319680435252841/

 http://www.clibrehonduras.com/index.php/alertas/criminalizacion-de-la-protesta-publica/901-fuerzas-policiales-golpean-y-lanzan-gas-pimienta-a-periodistas-de-radio-progreso


CORTE HONDUREÑA RESTITUYE JUECES QUE SE OPUSIERON AL GOLPE


Los jueces Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone (foto en texto), fueron restituidos a sus cargos dentro del Poder Judicial, según el informe del coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz. Ambos togados fueron destituidos por oponerse al golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya en 2009.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Poder Judicial ordenó la reintegración de los jueces Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone, quienes fueron destituidos en 2009 por negarse a apoyar el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009.

Lo anterior lo confirmó el coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz, quien mencionó que ambos togados fueron restituidos a sus funciones a raíz de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH había condenado desde 2009 la destitución de cuatro jueces que se negaron a apoyar el golpe de Estado, seguidamente ordenó la restitución de tres de ellos: Flores Lanza, López Lone y Luis Alonzo Chéves, quien decidió no retomar su puesto; el otro juez destituido fue Osman Fajardo.

De ese modo López Lone retomará su cargo al Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula, y Flores Lanza hará lo propio en la Corte de Apelaciones de esa misma ciudad. En junio de 2017, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo que ambos abogados, ya habían recibido un 80 por ciento de sus derechos laborales.

El 15 de mayo de 2010, Tirza Flores Lanza, declaró para el periódico “El País” de España, que “la decisión de expulsarnos manda un mensaje claro a los jueces: que no podemos ser independientes y que debemos subordinarnos a la jerarquía de la Corte Suprema”.

Agregó que el despido “es incomprensible teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el propio Poder Judicial animó a los jueces a manifestarse. Eso sí, a favor del golpe”.



Revocan libertad definitiva a policías torturadores en el golpe de Estado del 2009

Víctimas de policías en el marco de protetsas contra el golpe de Estado del 2009. Al fondo uno de los torturadores.

Tegucigalpa, Honduras. (defensoresenlinea.com)- La Corte de Apelaciones revocó la libertad definitiva en favor de cinco agentes policiales que capturaron y torturaron a 24 manifestantes, comunicadores sociales y transeúntes en el marco de movilizaciones sociales contra el Golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Los hechos ocurridos el 12 de agosto del 2009, cuando concluía una movilización social en defensa de la Constitucionalidad, ha llevado un largo proceso legal en búsqueda de justicia, dónde a las víctimas se le trató cómo delincuentes desde el momento que fueron arbitrariamente detenidos en el entorno del Congreso Nacional. Después llevados a la cárcel clandestina del Comando Cobras, que en ese entonces estaba dirigido por el -ya fallecido- comisionado Elder Madrid Guerra.
Los imputados son:
José Ventura Ramos
Carlos Isaías Polanco
Suyapa Marina Elvir
Juana María Alvarado
Esther Esperanza Ramos (única en servicio)
Las víctimas de los ataques y furia policial son: Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y  Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, no pueden olvidar lo que vivieron esos días, por lo que relatar los hechos ante un juez, es con el objetivo que se haga justicia y se responsabilice a los culpables.
Juana Flores, una de las policías imputadas, ahora fuera de la institución armada.
JuanaAlvarado, una de las policías imputadas, ahora fuera de la institución armada.
Desde ese día la vida les cambio, para algunos era imposible encontrar empleo porque quedaron con antecedentes policiales, otros perdieron su trabajo ya que tenían que cumplir con medidas sustitutivas a la prisión, así mismo hubo repercusiones físicas, psicológicas y emocionales, debido a las torturas sufridas. Por lo que se procedió contra estos cinco policías y Madrid Guerra, quien murió amparado en la impunidad.
Pero el 12 de diciembre del 2013, el juez Víctor Meza firmó carta de libertad definitiva en favor de los uniformados, pero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que es parte de la acusación junto al Ministerio Público, apeló dicha decisión, detalló la abogada Karol Cárdenas.
Y hoy la juez 16 del Juzgado de Letras de Francisco Morazán leyó la notificación, de la revocación, quedando los y las acusadas por vejámenes, como única medida cautelar, bajo cuidado y vigilancia de sus representantes. Agregó la procuradora de derechos humanos del COFADEH, organización que acompaña a las víctimas desde el momento de la captura.
Cabe señalar que Cárdenas y el Ministerio Público, solicitaron medidas sustitutivas a la prisión, como ir a firmar el libro de registro en Los Juzgados, no salir del país, no tener comunicación con las víctimas y en el caso de los aun activos en la Policía, que sean removidos de su cargo, pero la jueza acató la petición de la defensa, quedar bajo su tutela presentando un informe mensual.
La audiencia preliminar será el 24 de octubre del 2018, para formalizar la acusación previo a Juicio Oral y Público. De no llegar a una conciliación, como lo presumieron los representantes de las y los policías en este caso de violaciones a los derechos humanos en el marco del Golpe de Estado del 2009, podría ser el segundo caso elevado a esta instancia, después del que sigue la profesora Agustina Flores, detenida y torturada el 22 de septiembre de ese mismo año y que el lunes 24 se pospuso para junio del 2019. Ambos casos son acompañados y representados legalmente por este Comité.
Entre dichos, y por revertir la libertad de los entonces policías activos, uno de los abogados expresó que “alguno de los de arriba es resistencia”, refiriéndose a los opositores al Golpe de Estado. Por su parte las víctimas que son de diferentes partes del país, continúan este proceso en búsqueda de justicia y no repetición de los hechos.
José Natividad Pérez Lorenzo, (La Paz) “Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi  que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso,  y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
Mabel López, (Choluteca) desde aquel 12 de agosto del 2009, la vida le cambió, se siente temor, e incluso impotencia al ver policías y militares que en lugar de proteger a la población, más bien los agreden.
Justo Pastor Maradiaga, (Comayagua), lo detuvieron porque le dijo a los policías que dejaran de golpear a un niño, entonces los uniformados lo trataron mal y lo empezaron a golpear, uniéndolo al grupo que nueve años después no encuentra justcia.
Alba Ochoa (Tegucigalpa), es un proceso largo, donde lo que buscan es cansarlos, pero no lo van a lograr, no es fácil estar recordando todo lo que vivieron, pero es parte de este camino, en el que, cuando se enfrenta a los policías acusados, sin uniformes, armas, ni toletes, “no pueden sostener la mirada”.

Partido Liberal se retira del diálogo nacional

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Ante el nombramiento de la Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Partido Liberal anunció anoche su retiro del diálogo nacional arbitrado por las Naciones Unidas.
Parido Liberal
Maribel Espinoza

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Mediante tres tuits, la representante del Partido Liberal en el diálogo, Maribel Espinoza, argumentó que esa institución partidaria se retira en virtud de la falta de voluntad política por pate del partido de gobierno, que optó por intervenir el RNP a través del Congreso Nacional cuando ese es un tema establecido en el diálogo.
Espinosa informó, además, que tampoco hay voluntad política del gobierno para decretar una amnistía a favor de las personas que fueron detenidas en el marco de la crisis post electoral, que figuran en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
“El Partido Liberal apostó por evitar una crisis mayor; que mediante el diálogo lográsemos retornar pacíficamente al orden Constitucional que fue quebrantado por la ilegal Reelección. Negaron esa posibilidad. El PL le ha cumplido a Honduras y otros deberán asumir su responsabilidad”, escribió Espinoza.
Partido Liberal
Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.
Por su parte el excandidato presidencial y presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, escribió siembre en el Twitter y mientras en el Parlamento se llevaba a cabo la votación sobre la intervención del RNP que, “temas de la mesa del diálogo como el RNP están siendo negociados en el CN con el lado oscuro del PL (Partido Liberal), LIBRE y PN (Partido Nacional”.
Zelaya apuntó que la Comisión Interventora del RNP es ilegal, un golpe técnico al diálogo, y un irrespeto a las Naciones Unidas y a los acuerdos del mismo diálogo. Finalmente responsabilizó sobre sus señalamientos al expresidente, Carlos Flores Facussé; al coordinador de Libre y expresidende, Manuel Zelaya y al actual jefe de gobierno, Juan Hernández.
Ha trascendido que Luis Zelaya se encuentra molesto porque él propuso la candidatura de Otto Pineda, pero éste no fue aceptado porque se impuso el expresidente Flores Faccussé con la designación de Norman Roy Hernández.
La Junta Interventora se nombró anoche en el Congreso Nacional, tras una negociación de los partidos Nacional, Libre y un sector del Partido Liberal comandado por el expresidente Carlos Flores Facussé. Los integrantes de la Interventora son: Rolando Kattán (Partido Nacional), Óscar Rivera Inestroza (Libre) y Norman Roy Hernández (Partido Liberal).

Honduras necesita de una prensa independiente: Efraín Díaz Arrivillaga

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Los medios de comunicación en Honduras deben promover la participación ciudadana necesaria para que realmente exista democracia, pero lamentablemente en la actualidad lo que existe es desinformación y manipulación, dijo a CRITERIO el analista político, Efraín Díaz Arrivillaga.
A juicio de Díaz Arrivillaga en Honduras existe una ciudadanía inactiva ante la corrupción y los demás problemas que afectan a la sociedad, porque existen muchos temores, indiferencia, desconfianza, incredulidad, ya sea por costumbre o por “todo lo que se da en el país”.

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“Desde la sociedad hay que concientizar y movilizar a la ciudadanía y en esto los medios de comunicación tienen un papel fundamental”, apuntó el analista, quien lamentó el papel que están ejerciendo los medios de comunicación.
Señaló que así como queremos luchar por un Poder Judicial independiente, tenemos que luchar por una prensa realmente independiente, que garantice una verdadera libertad de pensamiento y expresión
Actualmente en Honduras existe un control mediático que se deriva de la aplicación de la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones y su reglamento, que faculta al presidente de la República a negociar con los medios de comunicación el no pago de obligaciones fiscales, servicios públicos y todo tipo de impuestos, pasados, presentes y futuros, mediante el canje de publicidad.
La normativa es tan ventajosa y antidemocrática que permite que los medios de comunicación puedan trasladar los créditos fiscales que adquieran con el Estado, a empresas o sociedades relacionadas al operador, y podrán usarse para el pago del Impuesto Sobre la Renta o cualquier otro impuesto que deba pagarse al Estado.
Ante lo antes expuesto, Efraín Díaz Arrivillga, consideró oportuno el surgimiento de nuevos medios de comunicación digital y redes sociales a quienes instó permear ante la sociedad, especialmente en las nuevas generaciones que constituyen casi el 60 % de la población y que son los que pueden cambiar la forma de ver las cosas en Honduras.
Recordó que los medios de comunicación tienen una enorme influencia en lo que piensan y sienten los hondureños, por lo que tienen la responsabilidad de concientizar organizar y movilizar a la sociedad, para contrarrestar lo que no se está haciendo bien.
Aquí se ha creído que la democracia solo es ir a votar y hasta ahí terminó el papel de los ciudadanos. Esa visión no es correcta, entonces tenemos que promover la participación ciudadana, necesaria para que realmente pueda haber una verdadera democracia: Efraín Díaz Arrivillaga, analista político.
Finalmente, apuntó que se espera que los medios corporativos abran espacios para los criterios independientes y las posiciones distintas, de tal manera que, el pueblo tenga una visión plural de lo qué es lo que pasa en el país y no una opinión sesgada.

¡ADIÓS AMIGOS!

Por: Víctor Meza
Tegucigalpa.-Agosto resultó ser un mes trágico. Dos amigos y compañeros, valiosos y especiales en mi recuerdo y corazón, emprendieron la llamada marcha sin retorno. Virgilio Carías, académico, economista y valiente luchador social murió hace algunos días. Lo mismo hizo, a finales de agosto, Pompeyo del Valle, escritor y poeta, viejo militante de las causas justas. Ambos, por diferentes razones y caminos, abrieron un espacio en mi memoria y conmovieron de alguna manera mi corazón.
Virgilio fue director por muchos años del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional, un lugar en donde él mismo, generosamente, me abrió un primer espacio laboral a mi regreso a estas honduras. Franco y disciplinado, Virgilio había impuesto en el IIES una mística de trabajo que, además de la puntualidad y el buen desempeño, aseguraba también la camaradería y la solidaridad humana. Durante su periodo universitario se desempeñó también como Vicerrector de la UNAH y, por momentos, como Rector interino. Escribió mucho, aunque publicó poco. Uno de sus libros de mayor impacto y circulación fue el análisis  del conflicto entre Honduras y El Salvador del año 1969, que la editorial universitaria EDUCA publicó en Costa Rica con el sugestivo título de “La guerra inútil”.
Fue autor de varias monografías que trataban temas relacionados con la agricultura, la reforma agraria, el enclave bananero y la capacitación del movimiento campesino, entre otros. Académico riguroso, investigador pertinaz y analista atento de la realidad nacional, sufrió persecución y acoso por sus ideas políticas y su lucha revolucionaria. En la negra noche de los años ochentas, un aciago día fue secuestrado y mantenido en régimen de “desaparecido” durante varias semanas, hasta que la presión nacional e internacional logró arrancarlo de las manos de sus verdugos. Apareció, abandonado y golpeado, en la profundidad de una montaña fronteriza con Nicaragua. Luego pasó largos años de exilio en el vecino país.
Su muerte me ha conmovido y he lamentado mucho haberme enterado un día después, ya sin tiempo suficiente para decirle in situ el último adiós. Lo hago aquí, en el espacio de esta columna de opinión, con la tristeza en el alma y el pesar de no haberle acompañado en su sepelio.
La otra muerte que también me ha conmovido es la de Pompeyo. Poeta a carta cabal, militante en sus mejores años en una izquierda que todavía conservaba el romanticismo de la aventura y la leyenda del idealismo, del Valle supo expresar en sus versos la calidez humana que le caracterizaba, la fuerza de sus convicciones políticas y la fe inquebrantable en un futuro mejor para esta “tierra de fusil y caza/ de asfixiado color y amarga vena/ se oye gemir el mapa de la pena/ que en murallas de sal se despedaza…”. Le conocí en los entresijos de una incipiente clandestinidad en Honduras, luego de un golpe militar, y le volví a ver, esa vez sin los prejuicios válidos del clandestino, en un cómodo hotel de Moscú en donde leí y comenté para él poemas inolvidables de Alejandro Pushkin. Fue seguramente el único poeta revolucionario que estuvo preso por sus ideas comunistas en las cárceles de Honduras durante el siglo XX.
Ambas muertes, la de Virgilio y la de Pompeyo, me han impactado profundamente. Dos hondureños valiosos y valientes, enamorados de la vida y de la acción, convencidos de la necesidad de transformar el país, liberándolo para siempre de las cadenas y el infortunio en que lo tienen atado y sepultado las élites conservadoras y corruptas, que durante tantos años lo han desgobernado.
Ambos murieron sin haber tenido la oportunidad de ver la patria finalmente liberada. Pero, estoy seguro, lo hicieron con la convicción profunda de haber luchado por ella y haber dado lo mejor de sí, de sus fuerzas físicas y de su intelecto, para cambiar el rumbo de esta tierra “de fusil y caza…” Que a los dos, la tierra les sea leve…

Campañas prematuras son una grosería contra el pueblo

Son unos bárbaros; en medio de la simultaneidad de crisis que vive el país, es una monumental grosería que ya anden politiqueando sin decir claramente que son los nacionalistas los que ya anunciaron candidaturas prematuras
Tegucigalpa.- Dirigentes de la sociedad civil censuran ampliamente el inicio tempranero de la campaña electoral. Es criterio generalizado de líderes sociales que el proselitismo prematuro es “perjudicial” para el país y que este pronto comienzo de la carrera presidencial no genera nada “beneficioso” a la población.
Omar Rivera
¿A quién le beneficia el arranque anticipado del proselitismo político en Honduras? se preguntó el dirigente de la sociedad civil Omar Rivera Pacheco, para renglón seguido autoresponderse: “a nadie”.
El coordinador de advocacy e incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que “los fuegos electorales se han encendido en forma prematura por parte de dirigentes de los partidos oficialistas y de oposición, y esto es digno de cuestionar pues en lugar de andar arengando a la gente, armando cuadros y pidiendo el voto de frente a las próximas elecciones internas, primarias y general del 2021, deberían estar buscando soluciones a los problemas sociales y económicos que afectan a la gente”.
“Son unos bárbaros; en medio de la simultaneidad de crisis que vive el país, es una monumental grosería que ya anden politiqueando; comen ansias y se precipitan, mientras la gente no tiene un bocado que llevarse a la boca, mientras los hondureños están sin empleo y azotados por la violencia, estos políticos andan pensando en sus intereses y no en los colectivos. Da la impresión que los políticos transitan en una órbita diferente que el ciudadano común” criticó.
Rivera Pacheco, consideró “desafortunada” la decisión de políticos de “dar temprano arranque a la fiesta proselitista cuando aún no se enfrían la cenizas de los accidentados comicios de noviembre de 2017 y apenas asoman los primeros visos de solución a la conflictividad imperante luego del concurso electoral”.
“Deberían invertir las energías para ver como las diferentes fuerzas políticas y los más relevantes líderes buscan soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan a la gente; poner especial empeño en encontrar consensos y acuerdos para enfrentar los retos en materia de seguridad, salud, educación y empleo; los hondureños queremos dedicación, esfuerzo y entrega alineados al noble propósito de construir un mejor país, no al de teñirlo de propaganda política u saturarlo de mítines partidarios” indicó.
Omar Rivera, instó a las dirigencias de los diferentes partidos políticos aprovechar el espacio de diálogo que se ha instaurado en la Mesa de Diálogo Político auspiciado por el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. “Ahí -en ese espacio patrocinado por las Naciones Unidas- hay una extraordinaria oportunidad de demostrar el enorme amor que le tenemos a la Patria; estar ahí es mejor que andar haciendo campaña de forma apresurada” subrayó.
“Estos políticos del patio nacional como que tuvieran eyaculación precoz electoral; andan mal, pareciera que tiene una especie de incontinencia proselitista que a nadie beneficia. Deben comprender, los del oficialismo y los de la oposición que es hora de trabajar por Honduras, de resolver los problemas que nos afectan a todos, y no de andar en poliquitería, cuando -apenas- el actual gobierno no lleva ni al primer año de gestión” finalizó expresando.

INICIA REPRESALIA, EE.UU. CASTIGA A EL SALVADOR


Luego de que El Salvador estableciera relaciones con la República Popular China, el gobierno de Estados Unidos inició represalias cancelando una reunión de cancilleres y funcionarios de seguridad con los países del “Triángulo Norte”.

En la gráfica, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez, estrecha la mano de la embajadora de EE.UU. Jean Manes.
Agencias / EL LIBERTADOR

El Salvador. El gobierno de Estados Unidos, empezó las represalias contra El Salvador, luego de que este anunciara que estableciera relaciones con la República Popular China y rompiera tratados con Taiwan.

En ese sentido, EE.UU., suspendió la reunión que estaba prevista para los próximos días con los cancilleres y máximos funcionarios de seguridad de los países del denominado “Triángulo Norte”.
Al respecto, la presidencia salvadoreña informó que lamenta la suspensión, y, aunque no brindó mayores detalles, alegó de una notificación oficial, donde se daba la noticia.

Según lo entendido, los funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, compartirían con sus homólogos estadounidenses aspectos de la Alianza para la Prosperidad, mediante la cual EE.UU. brinda ayuda financiera para mejorar las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo. 
El gobierno de El Salvador aseguró que estaba listo para participar, con miras a que la conferencia “sea reprogramada”. Cabe destacar que el pasado viernes, el gobierno norteamericano decidió retirar a sus representantes de tres países latinoamericanos, entre ellos El Salvador.  

El mes pasado, Washington acusó a Pekín de desestabilizar las relaciones entre China y Taiwán, además de participar en una “interferencia política” luego de intentar separar a Taipéi de varios de sus aliados en el hemisferio occidental.

Las 5 fuentes de financiación de la Mara Salvatrucha

Publicado: 20 sep 2018 18:01 GMT - RT
La organización delictiva, que actúa principalmente en Centroamérica, ha ido incrementando sus ingresos y su estructura con el correr de los años.
Las 5 fuentes de financiación de la Mara Salvatrucha
Integrante de la Mara Salvatrucha
JOSE CABEZAS / AFP
La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización delictiva que opera principalmente en América Central, concretamente en Honduras, Guatemala y El Salvador, países que conforman el llamado Triángulo Norte de la región.
Surgida a finales de la década de 1980 en Los Ángeles, EE.UU., con el correr de los años fue extendiendo sus redes. A sus tradicionales fuentes de ingresos como la extorsión, sumaron otras actividades ilegales y ahora han llegado al punto de tener suficiente capital como para insertarlo en el mercado legal.
Una investigación del portal Insight Crimes enumera las cinco formas con que la MS-13 lava su dinero.

1. Robo, importación y venta de vehículos

Una de sus modalidades más antiguas, el hurto de automóviles y su "legalización" en el mercado de vehículos usados de El Salvador, sigue siendo una de las formas con las que la organización recauda más dinero.
Este sistema sufrió un duro golpe en 2016, cuando el Gobierno salvadoreño llevó a cabo con éxito la llamada "Operación Jaque". Según reseña la agencia EFE, en esa ocasión fueron incautados 106 autobuses, automóviles, camiones y motocicletas, además de 34.500 dólares en efectivo. También resultaron arrestados varios líderes de la organización.

2. Bienes raíces

Entre las formas más comunes para "blanquear" dinero obtenido de manera ilegal está la compra de inmuebles a través de testaferros. Esta práctica se ve facilitada por la falta de regulaciones en la región para las transacciones financieras.
Además de viviendas, estas propiedades muchas veces son utilizadas para emprendimientos comerciales como restaurantes, hoteles, bares, etc.

3. Proveedores comerciales

Lo que comenzó como un mecanismo de extorsión, en el que se le pedía a un comerciante dinero a cambio de garantizar su seguridad, derivó en una red de lavado. Ahora la MS-13, además de cobrar por el uso de un local o puesto en una feria, también proveé los productos a quienes los venden con un enorme margen de ganancia que va, en su mayor parte, a la organización.

4. Prestamistas

Al manejar tanto dinero, en algunas ciudades de Honduras la Mara Salvatrucha ha adoptado un rol de prestamista. Al no exigir ningún tipo de requisito, lo hace con una enorme tasa de interés que puede llegar a ser del 30% diario. Si la persona no devuelve el dinero sabe que puede llegar a pagar hasta con su propia vida.

5. Transferencias bancarias

Por último, gracias a su despliegue, obligan a sus víctimas a ingresar o a transferir dinero obtenido de manera ilegal a distintas cuentas bancarias. Incluso han utilizado sencillos sistemas de envío de remesas para mover recursos entre distintos países.
Al no concentrar este tipo de operaciones, sino diversificarlas y manejar siempre pequeñas cantidades, resulta muy difícil descubrir quienes están involucrados.

Investigadora salvadoreña: “El Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado”

30 Julio, 2018 15:07 - PÁGINA 12
Pese a la resistencia social y política a una inminente militarización de la seguridad interior, el gobierno nacional de Mauricio Macri defendió una vez más la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el decreto 638/18, violatorio de la legislación vigente, al reivindicar la importancia de que los militares colaboren con la seguridad interior.
Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.
–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador?

–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación.
–¿En qué consiste esa transformación? 
–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios.
–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios? 
–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña.
–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?
–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad.
–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad? 
–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo… y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta.
–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.
–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros.
–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance? 
–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada.
–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador? 
–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).
–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad? 
–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura.
–¿En qué consistió esa política de mano dura? 
–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado.
–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?
–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres.
–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos? 
–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.
–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático? 
–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado.
–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas? 
–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores.
–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña? 
–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar.
–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura. 
–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene.
–¿Y la segunda cuestión? 
–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó.
–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo? 
–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos… y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima.
–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura. 
–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia.
–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos? 
–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar.
–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social? 
–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.
FyF/Pagina12