domingo, 31 de enero de 2021

HONDURAS: Fiscalía estadounidense prepara camino para un posible juicio contra JOH, señala analista // Organizaciones sociales exigen la salida de JOH, quien es señalado nuevamente en una corte de Nueva York de narcotraficante // HONDURAS / SÓLO CON CAMBIO DE GOBIERNO MEJORARÁ EL PAÍS: CIPRODEH // JUICIO POLÍTICO PARA JOHpor RodolfoCortés Calderón // La emergencia sanitaria que atraviesa Honduras tras Eta e Iota // Radio Progreso: JOH y Max González principales responsables de la emergencia en Honduras // Comunidades de Arizona, Atlántida desarrollan cabildo abierto consultivo e informativo // Defensores: La CCC condena decisión adoptada por tribunal de Tocoa sobre caso Guapinol // Radio Progreso: Demanda de libertad para ambientalistas de Guapinol, debe continuar // COFADEH no quiere más mártires ni silencio // Criterio: ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

 

Radio Progreso

Fiscalía estadounidense prepara camino para un posible juicio contra JOH, señala analista

  • 10/01/2021

Fiscales de la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, han asegurado -según información divulgada en las últimas horas por agencias de noticias internacionales-, que el presidente Juan Orlando Hernández a cambio de grandes cantidades de dinero protegió a un narcotraficante, incluso usando el Ejército hondureño para facilitar y proteger sus actividades delictivas.

Los fiscales federales han señalado la relación entre el gobernante hondureño y el supuesto narcotraficante; Geovanny Fuentes Ramírez, detenido en Miami en marzo del 2020.

A criterio del abogado Ramón Enrique Barrios, la acusación se da en medio del contexto de la individualización de la pena para Tony Hernández, hermano de JOH, a finales de enero, y es una verdadera vergüenza para el país porque confirma el nivel de complicidad en el tráfico de drogas de todo el círculo de confianza del gobernante.

El analista señala que existe un escenario ideal y otro posible; por un lado, lo ideal sería que las autoridades hondureñas, si fueran independientes, presentaran las acusaciones correspondientes o por lo menos tomar la noticia de los crímenes que se originó en Estados Unidos para una investigación eficiente. Pero el Fiscal General ha estado en pandemia, desde hace ocho años recluido, y se ha dedicado sólo a perseguir a los peces más pequeños del narcotráfico.

El escenario posible es que, con el cambio de gobierno en Estados Unidos cambie la política exterior en el Departamento de Estado, y eso abriría la posibilidad que se solicite por parte de la Fiscalía de Estados Unidos la extradición del presidente Hernández, señala.

Ramón Barrios explica que el escenario de una posible extradición del presidente Juan Orlando Hernández, no es a corto plazo, pues en materia de relaciones internacionales hay un acuerdo diplomático de no extraditar a un presidente en ejercicio, y la única excepción que se dio fue con el general Noriega en Panamá.

“En el año 2021 es muy poco probable que Estados Unidos solicite la extradición de Juan Orlando Hernández. Lo que si va acontecer es que el Departamento de Estado va a realizar presiones e ir cortando el círculo de actividades de financiamiento que da el gobierno norteamericano a Honduras”, señala.

Barrios finaliza diciendo que, ese cambio de administración en los Estados Unidos podría significar presiones para que Juan Orlando Hernández no continúe al frente del gobierno y se realicen elecciones en el país. Una vez fuera de la presidencia puede abrirse la posibilidad de ser pedido en extradición por parte de la Fiscalía de los Estados.



Organizaciones sociales exigen la salida de JOH, quien es señalado nuevamente en una corte de Nueva York de narcotraficante

14 enero, 2021

Tegucigalpa.- La Convergencia Contra el Continuismo (CCC), la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL) y el Movimiento PATRIA, ante los últimos señalamientos directos desde la Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, que implican a Juan Orlando Hernández en el narcotráfico, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento.

A la rueda de prensa asistieron varios representantes de las diferentes organizaciones de sociedad civil, entre ellos Carlos H Reyes, integrante de la coordinación nacional de la Convergencia Contra el Continuismo, quien expresó que el posicionamiento es bastante claro, refleja lo que está pasando en el país, que la mayoría de las organizaciones y el pueblo hondureño en general deberían adoptarlo para que se quede en la mente del pueblo hondureño, que permitirá derrocar la dictadura que se mantiene en el poder ilegalmente.

Julissa Villanueva

“Se trata de un posicionamiento que, si es absorbido por las masas, si es captado por el pueblo hondureño, si es captado por todas sus instituciones, eso adquiere en la mente del pueblo una fuerza material y nos va permitir no solo derrocar la dictadura, si no que ir más allá, ver como resaltamos el pensamiento morazánico y volvemos a unir Centroamérica, porque esa es nuestra Historia, así la estaba manejando y hacia allí tenemos que llegar”.

Asimismo añadió que “estamos en un momento muy delicado y sería vergonzosos actos como el actual, o sea no podemos ser indiferente hacia lo que está pasando, porque si somos indiferentes nos convertimos en cómplices y en traidores”.

Por su parte Tomás Andino, también integrante de la CCC, agregó que“en este momento histórico lo más importante es deshacernos del primer obstáculo que tiene el país; es más, si esta  pandilla en el poder continúa, Honduras corre peligro de desaparecer como Estado, vista todo lo que se hace con las ciudades modelo y todo el entreguismo que está haciendo con los recursos naturales,  por ese motivo  hemos decidido dejar de lado   las cosas que  nos han separado de momento, para unirnos todos y todas en un solo  punto, para luchar en contra de  esta dictadura  narcotraficante”.

Añadió que “esta rueda de prensa y el posicionamiento solo es el primer paso de las acciones que se realizaran para lograr la salida, sabemos que con pronunciamientos y comparecencias de este tipo no lo vamos a lograr sacar, vamos a lograrlo yendo a la calle, vamos a lograr saliendo a protestar”.

Otra de las asistentes a la conferencia fue la ex directora de Medicina Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, quien expresó que “es importante reconocer el poder que tiene la sociedad civil organizada; Honduras está secuestrada, Honduras, vive momentos graves en un proceso de narco dictadura que debe liberarse”.

Hoy en día estamos representando a la organización de muchas personas juntas que tenemos un fin común y es incitar de una vez a que la indiferencia desaparezca de nuestras mentes; es fundamental entonces, que se sienta que todo ustedes generan un cambio. Con en este pronunciamiento inician las actividades activas para conducir al país a su recuperación”.

“El pronunciamiento es claro, el Ministerio Público tiene los días contados para reaccionar, porque ha traicionado la confianza del pueblo hondureño y habremos visto que son la última oportunidad que le quedan a la institucionalidad”, señaló Villanueva.

Donald Funes, de PANAL, señaló que las organizaciones civiles y ciudadanas están unidas, reclamando a las instituciones, como ser el Ministerio Público, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, para que respondan conscientemente y con conciencia patriótica, ante todo lo que está sucediendo.

Agregó que “basta de silencio de inmovilidad, de acomodamiento, y los pedimos e invitamos a toda la ciudadanía y a todos los ciudadanos se unan a este clamor ciudadano, porque ya estanos cansados y lo que queremos es que en el próximo gobierno no sucedan estas cosas”.

Por su parte, Salvador Nasrralla añadió que  me sumo  a la movilización con el Partido Salvador de Honduras el próximo viernes, e invito a los demás partidos políticos a que hagan lo mismo el viernes en los puentes de  la Guadalupe. También invito a los representantes de esas organizaciones que se encuentran en San Pedro Sula, La Ceiba y en las demás ciudades para que se manifiesten a la misma hora, a las  4:00 de la tarde.

“La sociedad civil es la llamada a que todos nos unamos para esta lucha que tenemos que librar ahora, si no la libramos ahora, no la vamos a lograr nunca”.

Señaló que “el Ministerio Público es uno de los culpables con el Fiscal General, el Congreso el segundo de los culpables y el tercer culpable son las Fuerzas Armadas”.

El Ministerio Público debe iniciar las investigaciones, el Congreso debe llevar a juicio político, inmediatamente las Fuerzas Armadas deben cumplir con el artículo 272de la Constitución de República, si no lo hacen es porque reciben sueldos de Juan Orlando Hernández, al igual que muchos periodistas”.

Las organizaciones presentes en la conferencia de prensa manifestaron en su comunicado que se declaran en sesión permanente para vigilar que las instituciones del Estado antes mencionadas, cumplan sus responsabilidades constitucionales y nos reservamos el derecho a denunciarlo en su defecto.


Organizaciones sociales se pronuncian ante señalamientos contra JOH en Corte de N.Y.

Por defensores -
13 enero, 2021

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los últimos señalamientos directos que implican a Juan Orlando Hernández, desde la Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, esta mañana en conferencia de prensa la Convergencia Contra el Continuismo, Movimiento PANAL y el Movimiento PATRIA emitieron lo siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Nosotros, alarmados por y en pleno conocimiento de que en los procesos judiciales que se tramitan ante la Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, una vez más se señala directamente a JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO como co-conspirador (CC-4) del narcotráfico, cuya noticia ha trascendido internacionalmente a través de medios de comunicación escritos y las cadenas de televisión de mayor prestigio de Europa y EUA, y aquí mayormente a través de las redes sociales, al pueblo hondureño, a los países amigos y a las Instituciones que tienen la ineludible responsabilidad y el deber Constitucional de actuar de oficio, en situaciones como la planteada, PRONUNCIAMOS PÚBLICAMENTE que:

I.- La Constitución establece que el Presidente de la República, está en el deber de “cumplir y hacer cumplir la misma Constitución, así como los tratados y convenciones, leyes y demás disposiciones”, además de “velar en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado;” (Art. 245, No. 1 y 18 de la Constitución de la República).

II.- Ante esas graves y serias imputaciones de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en representación del pueblo de los Estados Unidos de América, las mencionadas atribuciones constitucionales quedan infringidas por lo cual también queda comprometida la seguridad interior del Estado, el prestigio y legitimidad del gobierno y se mancha la dignidad y el honor de todos los hondureños.

III.- Al efecto, cumpliendo con nuestro deber ciudadano contenido en el art. 40 Numeral 1 de la Constitución de la República, Exigimos:

  1. Que el Ministerio Público, como representante del pueblo hondureño, de inmediato anuncie e inicie una investigación criminal basada en los indicios aportados por judicatura extranjera, donde se ha vinculado al señor JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO en el tráfico de drogas y, al efecto, envíe inmediatamente a fiscales hondureños a Nueva York, a fin de obtener las pruebas necesarias que obran en procesos penales de aquel país.
  2. Que en base al deshonroso desempeño del actual Titular del Poder Ejecutivo y considerando las vergonzosas acusaciones mencionadas arriba, el Congreso Nacional de la República, inicie un proceso de Juicio Político en contra de JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.
  3. Que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber primordial de mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, y en aras de recobrar el honor mancillado de dicha institución, se abstengan de obedecer órdenes de quienes están siendo claramente señalados por vinculaciones con el crimen organizado; y que respeten, acompañen y protejan al pueblo en sus justos reclamos en defensa de la ley.

IV.- Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones civiles, gremios e iniciativas ciudadanas y al resto de hondureños honestos que hoy sentimos vergüenza de nuestras autoridades, para que apoyen y difundan este PRONUNCIAMIENTO PUBLICO y juntos exijamos la aplicación de la justicia.

Nos declaramos, por tanto, en sesión permanente para vigilar que las Instituciones del Estado antes mencionadas, cumplan sus responsabilidades Constitucionales y nos reservamos el derecho a denunciarlo en su defecto.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintiuno.


HONDURAS / SÓLO CON CAMBIO DE GOBIERNO MEJORARÁ EL PAÍS: CIPRODEH

Publicado: 11 Diciembre 2020

Además de la crisis sanitaria por la pandemia, Honduras ha sido golpeada mortalmente por dos fenómenos naturales que pudieron prevenirse si se hubiesen tomado las medidas de logística, en vez de concentrarse más en el “feriado morazánico” por parte del gabinete de Juan Hernández, señala el Ciprodeh.

El director de esta organización social, ha recalcado que bajo el régimen de Juan Hernández, Honduras está peor que en los años 80, cuando el general Gustavo Álvarez Martínez provocaba la desaparición forzada y muerte de activistas sociales. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. A 72 años de que la Asamblea General de la Organización las Naciones Unidas (ONU) adoptase la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), los hondureños viven la peor crisis de garantías civiles, ha dicho a este rotativo el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Leiva.

 

“Al conmemorar el 72 aniversario de la DUDH, la situación en Honduras ha empeorado en los últimos años, particularmente durante este gobierno [de Juan Hernández], donde la situación de trabajadores, mujeres, comunidad LGBT, tercera edad, niñez y adolescencia, periodistas, defensores de derechos humanos y en general grupos vulnerables ha sido lamentable”, dijo.

 

El defensor de la sociedad, sostuvo que el gabinete Hernández ha superado en violencia a los regímenes militares de la década de 1980. “Creíamos que la situación más grave que vivimos fue en los años 80 cuando estaba en el poder [el general Gustavo] Álvarez Martínez, pero hoy Honduras tiene 200 aspectos que mejorar en relación al Examen Periódico Universal (EPU), y en el anterior, que fue en el 2010, tenía 100 aspectos por mejorar”, detalló.

 

Asimismo, fue enfático que los ciclones Eta e Iota golpearon al país significativamente por abandono, inoperancia y corrupción del actual gobierno, “porque bien se pudo manejar una logística como equipo pesado, camiones para ayudar a la gente, pero se orientaron más en solucionar y rescatar el sector turismo porque el gobernante se mueve en función de los grupos de poder”, acotó Leiva.

 

El entrevistado ha comentado que la situación de calamidad en que sobrevive la mayoría de hondureños, incrementó la migración en busca de una vida digna.

 

“Sólo podemos revertir esta situación con un cambio de gobierno, donde contemos con esfuerzo de todos los sectores; aquí no hay confianza en este sistema e internacionalmente tampoco la hay. A nivel de país, sólo el sector financiero ha estado ganando”, ha subrayado el director de Cipodeh.

 

Así, es urgente hacer un cambio y crear un pacto social, donde se integren todos los sectores, para que el país pueda resurgir de las cenizas.  “Necesitamos reconciliarnos como país, pero no lo vamos hacer con este gobierno. No confiamos en él, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Sólo hay retroceso en este país, en vez de progreso”, aseveró Leiva.


HONDURAS: JUICIO POLÍTICO PARA JOH

por Rodolfo Cortés Calderón

La desesperación y desgracia del pueblo hondureño con la llegada de los siete jinetes del apocalipsis: narcotráfico, corrupción, pandemia COVID, lavado de activos, desempleo galopante, politiquería y militarismo (pandillas y encostalados) tiene de correr a esta ciudadanía digna de mejor suerte.

Honduras es un Estado fallido, sin institucionalidad, sin leyes y con tres poderes que han convertido la nación en un potrero, un narco-estado, donde cual Midas se reparten descaradamente el botín del erario público y desprestigian la imagen de esta digna nación y valiente pueblo.

Pero lo más triste de esta horrible pesadilla es que todo sucede con la venia de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Existe complicidad del BCIE, FMI, ONU, OEA, etc. y de varios gobiernos del mundo como Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Taiwán y la Unión Europea que conociendo la calaña de gobierno y de sátrapas que “administran” Honduras le sueltan el dinero por raudales, con lo que se vuelven cómplices de la tragedia.

Un pequeño grupo de tres parlamentarios con el propósito de liberar la sociedad hondureña de ese cáncer y recoger el clamor universal de este pueblo, presentó a la Junta Directiva del Congreso Nacional, dirigida por una mafia, una iniciativa de JUICIO POLÍTICO (impeachment) contra el narcotizado, corrupto y megalómano presidente del régimen de Honduras, Juan Orlando Hernández, JOH.

UNA HUÉRFANA MOCIÓN

La semana pasada tres dignos ciudadanos Luis Redondo Licona y David Armando Reyes del partido Unidad e Innovación-Socialdemócrata y Jorge Cálix de LIBRE --representando el hartazgo del pueblo y el descrédito en que han sumido a Honduras los narco-político-banqueros, presentaron ante la Junta Directiva del Congreso Nacional una solicitud de Juicio Político contra Juan Orlando Hernández.

En el documento ellos exponen que mediante los "procedimientos constitucionales y legales se inicien los trámites necesarios para seguir el juicio político para el titular del poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, por actuaciones contrarias a la Constitución de la República".

La otra razón que esgrimen es que el presidente está "vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes que se judicializan en Estados Unidos" y que "lesionan el interés nacional e internacional".

EL NARCOPARTIDO NACIONAL

El partido Nacional fundado por el conservador Manuel Bonilla en 1902, está señalado y permeado hasta el tuétano en el trasiego de narcóticos desde hace varios lustres.

Desde hace cinco décadas se señala a gobiernos, civiles y militares, de estar metidos en este sucio negocio. Pero la gota que rebasó el vaso son los últimos tres gobiernos del partido Nacional desde el 2010 con Porfirio Lobo Sosa hasta este año, con casi 8 años del dictador Juan Orlando Hernández, ambos con serios y fundamentados señalamientos a cercanos familiares por fiscales y jueces de Nueva York, Estados Unidos.

LOS APÁTRIDAS LEGISLADORES

Pero sucedió lo esperado, el puticlub parlamentario no le dio a la moción la ansiada importancia esperada por el pueblo, contrario a esto burló sus aspiraciones donde prácticamente los 128 representantes de los 8 partidos, Nacional, Liberal y partido Libertad y Refundación (LIBRE), que no asumió una posición beligerante y digna, sino floja como su cacique Mel Zelaya y los cachurequizados partidillos Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Anti Corrupción y Alianza Patriótica,  representados en la misma, le dieron la espalda al pueblo que dicen representar. Aun cuando los partidos de oposición son mayoría, la gran parte de los diputados (as) han sido comprados a los 7 partidos restantes por el partido Nacional y se han vuelto mercenarios. Para que la moción prosperara se esperaban 90 votos a favor del juicio.

Para dejar constancia para la historia de algunos de los apátridas y traidores diputados mencionamos a: Elvin Santos Ordoñez, Harry Panting, Carlos Lara, Edinora Brooks, Gloria Bonilla, Sobeida Andino, Víctor Sabillón, Bader Dip, Ricardo Elencoff, Juan Carlos Elvir, Mario Segura, Nery Reyes, Óscar Martínez, Ron Macnab y Christian Hernández, todos ellos (as) del partido Liberal. Los 61diputados cachurecos (P.Nacional) y de los partidos bisagras ni los mencionamos, son bazofias.

Pero la ciudadanía rechaza y resiente la cobardía y flojedad de los demás legisladores de todos los partidos que ante una brillante oportunidad actuaron de modo blandengue y casi perruna.

EL PERRO AMARILLO DANDO LA BATALLA

Al “César lo que es del César”. No podemos menos que dar los méritos suficientes al equipo del Perro Amarillo (EPA) que ha mantenido una actitud incólume, íntegra y vertical ante los mercenarios del narco-gobierno que han pretendido defender sus abyectas posiciones. Nos agradó ver, como todas las noches, al sociólogo Milton Ávila Benítez darle una tremenda revolcada al mercenario Juan Carlos Elvir, diputado Liberal por Copán, que pretendió justificar su voto.

¿Por qué los funcionarios del narco-estado y gobierno, los empresarios y banqueros no contestan el teléfono cuando Milton Ávila B., desde una posición profesional y ética, les llama para que respondan sobre sus supuestos actos de corrupción? Simple y sencillamente porque están untados de excremento hasta la coronilla.

CONCLUSIONES

·        El pueblo jamás va a olvidar esta traición no sólo de los diputados y diputadas del Congreso Nacional ante el Juicio Político, sino también, la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el CONADEH, la Procuraduría General y de todos los funcionarios del narco-gobierno que actuaron de manera vil.

·        Los gobiernos del mundo y los organismos internacionales, señalados arriba, no pueden estarse justificando reprimiendo a nuestros compatriotas migrantes cuando sus gobiernos contribuyen al saqueo y robo que hace el gobierno de JOH a los bienes del Estado los que originan pobreza, miseria y migración. Su actitud es hipócrita e inhumana, la solución a sus supuestos males migratorios está en dejar de sustentar a un gobierno descaradamente corrupto y corruptor.

·        El pueblo no cederá, estamos más cerca que lejos de derrocar al dictador y sus sicarios.

·        Ojalá les pase a estos truhanes lo mismo del Rey Midas que según Aristóteles después de disfrutar de tanta riqueza murió de hambre.

Defendamos la vida y la integridad de los/las periodistas, escritores y medios honestos a favor del pueblo.

Y nos seguimos preguntando: ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los millones de dólares que los organismos internacionales y gobiernos externos han entregado al dictador JOH? ¿Dónde están los hospitales, los equipos médicos, las medicinas anti COVID y las vacunas? Son muchos millones de dólares.

29 de enero 2021


Radio Progreso

JOH y Max González principales responsables de la emergencia en Honduras

  • 02/12/2020

Representantes de la Coalición contra la Impunidad interponiendo recurso de amparo en la sede del poder judicial.

Los fenómenos tropicales Eta e Iota, que provocaron el desbordamiento de los principales ríos en el norte, occidente y atlántico de Honduras, han dejado alrededor de 4 millones de personas afectadas, sin embargo, la principal responsabilidad recae en la figura presidencial de Juan Orlando Hernández y el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Max González, señala la Coalición Contra la Impunidad.

En sentido, la Coalición Contra la Impunidad indica que Hernández y González son responsables por la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, de acuerdo a la obligación estatal de adoptar políticas y medidas orientadas fin de prevenir las consecuencias negativas de los fenómenos en las zonas de mayor incidencia.

Apuntando datos oficiales, la Coalición denuncia que existen albergues con capacidad para 89 mil personas, sin embargo, solo con el paso de Iota un millón 22 mil 132 personas han sido afectadas.

Frente a esa realidad, en la cual resalta la deficiencia de medidas de atención y políticas humanitarias, la Coalición Contra la Impunidad presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en favor de la población hondureña que ha sido afectada por Eta e Iota, puesto que se encuentran albergadas sin las condiciones adecuadas.

Heidy Alachán, secretaria ejecutiva de la Coalición Contra la Impunidad, detalla que el recurso de amparo tiene la finalidad que se restituya el derecho a la salud, a la vida y a la alimentación de las personas que han resultado afectadas o damnificadas producto del paso de los dos huracanes y se encuentran en los albergues, pero también de quienes están a la intemperie.

Alachán puntualiza que otra de las violaciones a derechos humanos que se ha registrado es la agresión sexual contra dos menores de edad y violencia contra mujeres, producto de ello 27 albergues fueron intervenidos en la zona norte del país.

En cuanto a la deducción de responsabilidad contra Juan Orlando Hernández y Max González, Alachán indica que existe violación a los deberes de los funcionarios: “ahora mismo, por competencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que podemos esperar es que de manera inmediata la serie de medida que hemos contemplado, al momento de admitir el amparo, se reviertan todas las condiciones de falta de atención médica, de alimentación, equipo de bioseguridad y falta de agua potable, entre otras cosas”.

Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es del criterio que el pueblo hondureño “no espera mucho de las instancias de justicia, sin embargo, nosotros tenemos un deber histórico dejar constancia también que los pueblos hicimos nuestra parte, hicimos lo que correspondía, no estamos pidiendo nada extraordinario”.

Por su parte, Dony Reyes, coordinador de la Asociación Arcoíris, instancia que integra la Coalición Contra la Impunidad, comenta que, a partir de las emergencias por el Covid-19 y los fenómenos naturales, la inseguridad alimentaria y el no acceso a la salud ha incrementado.

En la capital Tegucigalpa, 27 personas de la diversidad sexual perdieron sus viviendas, en La Ceiba, Atlántida, 53 personas y en San Pedro Sula 78 personas, todas vivían en los bordos de los ríos, cuenta Reyes.

Reyes considera que la discriminación en medio de la emergencia nacional aumenta, sobre todo, cuando se trata de personas de la comunidad de diversidad sexual: “decidieron regresar a los bordos de los ríos a reconstruir sus champas, porque los coordinadores de los albergues los quieren para limpiar y son los últimos en recibir alimentación, creemos que en el país hace falta sensibilidad y respeto hacia la diversidad sexual”.

Las organizaciones que integran la Coalición Contra la Impunidad, finalmente, muestran su preocupación por el proceso de reconstrucción de país, puesto que se está desarrollando bajos los lineamientos que se siguieron tras el paso de huracán Mitch, hace 22 años: “con instituciones señaladas de malversar fondos públicos, con personas que no gozan de credibilidad de la ciudadanía, acudiendo a la deuda externa como principal fuente de financiamiento”.


Criterio.hn
Emergencia sanitaria Honduras

La emergencia sanitaria que atraviesa Honduras tras Eta e Iota

diciembre 21, 2020 Redaccion

Emergencia sanitaria Honduras
El hospital San Felipe, construido hace 138 años en Tegucigalpa, es una de las infraestructuras dañadas por las lluvias de Eta

Texto: Laura Aceituno

Edición: Emy Padilla

Portada: Reynaldo Raudales

Fotografías: Fernando Destephen

Gráficos: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –Eran las 8:00 de la noche del 3 de noviembre cuando los habitantes del municipio de La Lima, Cortés, comenzaron a buscar entre los vecinos las casas más altas para evitar ser arrastrados por el agua. Horas antes, el gobierno seguía promocionando el ‘Feriado Morazánico’ y un turismo seguro.

La tragedia se comenzó a vivir en horas tempranas del 4 de noviembre luego de que el huracán Eta desbordara los ríos Ulúa y Chamelecón en la zona norte de Honduras.

Lea, además: Tormenta Eta en Honduras: los testimonios de los que perdieron todo

«Eso fue terrible, ni deseo acordarme. Una odisea. Ni diez minutos pasaron de la lluvia y ya teníamos el agua en el pecho, las cosas comenzaban a flotar. Se me metieron personas -vecinos- a la casa buscando la planta alta, ni me preguntaron, pero uno no piensa en eso con tal de ayudar», comenta doña Francisca, una señora de 53 años que vivió la inundación del 3 de noviembre en la colonia La Independencia de San Pedro Sula, otra de las zonas afectadas por los fenómenos naturales y a pocos kilómetros de La Lima.

«La evacuación fue triste, nos sacaron al día siguiente los bomberos, tuvimos que esperar a que nos llevaran a la colonia Jerusalén. A mí me llevaron entre dos personas porque soy diabética». En ese tramo de salir en lancha para llegar a un lugar con menos agua, doña Francisca recuerda haber perdido una de sus sandalias y lastimarse uno de sus pies que todavía espera que le sane y no complicarse por su enfermedad. Para su dicha, su hija fue a auxiliarle y desde ese entonces no ha regresado a su casa, donde perdió todo.

Y ante esta situación, doña Francisca repitió cómo accionó el buen corazón de su hija Jessica que albergó a más de 25 personas en su casa, ya que ni ella -doña Francisca- ni los demás vecinos afectados recibieron asistencia por parte del gobierno de Honduras mientras se encontraban atrapados en los techos de sus casas tras las catastróficas inundaciones.

El paso de los huracanes Eta e Iota en el pasado mes de noviembre dejaron literalmente bajo el agua la zona norte de Honduras. Se estima, según los informes de actualización de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) que ambos fenómenos dejaron más de 9 millones de personas afectadas, 205 muertes, 716 daños estructurales en centros de salud, 113 personas perdidas y millones de refugiados en Centroamérica, Colombia y algunas islas del Caribe.

La OMS/OPS señala que Guatemala, Honduras y Nicaragua, ubicados en el camino directo de ambos eventos meteorológicos, han sido los países más afectados. Estos fenómenos dejaron en los tres países cerca de 8 millones de personas directamente afectadas, 189 muertes. También, se calcula que aproximadamente 600 mil personas han sido evacuadas y han sufrido pérdidas significativas de viviendas y medios de vida.

Sobre esto, la gravedad de la problemática es que más de 550 establecimientos de salud en los tres países han reportado daños en su infraestructura. Con esta situación se reduce más la capacidad de los sistemas de salud que cuentan ya con una sobrecarga por la pandemia de la Covid-19. Y con esto, el poco acceso al agua potable, el saneamiento inadecuado, las condiciones precarias en los albergues debido a que su infraestructura es inadecuada, lo que hace que sea posible el aumento de la propagación de contagios por COVID-19 y otras enfermedades transmisibles.

Esta organización de salud internacional calcula que se requiere 9,900 millones de dólares para apoyar acciones humanitarias que puedan garantizar la disponibilidad de atención médica, mayor vigilancia epidemiológica y control de vectores, especialmente en las áreas vulnerables de la costa caribeña centroamericana.

Emergencia sanitaria Honduras
Esta gráfica resume la desgracia de cientos de familias en el municipio de la Lima Cortés, que ante la falta de respuesta del gobierno, siguen refugiados en improvisadas casas de campaña a la intemperie y a expensas de contagiarse de Covid-19 y otras enfermedades ocasionadas por la ausencia de medidas de higiene ante la falta de agua potable.

SITUACIÓN EN HONDURAS

En Honduras, ambos fenómenos naturales afectaron 16 de los 18 departamentos y se calcula que su paso dejó al menos 94 personas fallecidas, cerca de 4 millones de personas afectadas indirectamente, 600 mil familias afectadas directamente, más de 200 mil evacuadas y más de 85 mil albergadas. A su vez, los fenómenos dejaron daños en la infraestructura vial, entre puentes destruidos y dañados, así como carreteras, viviendas y centros de salud.

Las pérdidas materiales y de infraestructura parecieron ser inevitables si se considera que es la secuela de la fuerza que tomaron estos fenómenos naturales y el poco tiempo de recuperación entre ambos eventos. Sin embargo, no se puede ignorar la tardía respuesta por parte del gobierno de Honduras para evacuar a las personas, preparar albergues y atención primaria en salud para evitar un colapso en los centros de salud por la pandemia de la Covid-19. Y sobre esto, por la evidencia que existe en los crecientes casos por dengue y la aparición de otras enfermedades endémicas graves como la leptospirosis.

El reporte preliminar de la situación posterior al impacto de los huracanes en el departamento de Cortés, publicado por la OMS/OPS el pasado 02 de diciembre, hace hincapié que, como consecuencia de las lluvias e inundaciones, unos 414 establecimientos de salud, incluidos 10 hospitales, han informado daños «y se esperan muchos más a medida continúan las evaluaciones».

Este reporte indica que solo en Honduras unos 120 establecimientos están inoperativos, específicamente en los departamentos de Cortés (36) y en Yoro (25). También, indica que 27 establecimientos quedaron totalmente destruidos o derrumbados en Cortés (13) y en el departamento de Gracias a Dios (6). Por otro lado, unos 12 de estos establecimientos presentan daños en el equipamiento de la cadena de frío (refrigeradoras para conservar vacunas, insulina entre otros medicamentos que requieran de refrigeración).

Asimismo, se señala que unos 99 establecimientos reportan que parte de su personal de salud se vio directamente afectado tras las inundaciones, presentando escasez de personal para atender las áreas críticas. Se intuye también que un 67 % de los hospitales (8 de 12) reportaron diversos daños en el suministro de agua de los cuales 2 informaron no tener acceso a agua. «Esta situación representa un alto riesgo para la implementación de medidas de prevención y control en las instalaciones» señala el reporte.

Estos daños a estos centros asistenciales de salud suponen un aumento en la mora hospitalaria, es decir, a la reprogramación de cirugías, atención pre y post natal, servicios oncológicos, de diálisis, entre otras. La problemática es más significativa cuando se estima que al menos dos millones de personas tienen limitados los servicios de salud o es nula la atención médica en sus comunidades tras los daños que dejaron ambos huracanes.

El epidemiólogo e investigador, Manuel Sierra, explica que en Honduras uno de los principales problemas que enfrenta es «su enfoque a la atención hospitalaria y no a la atención primaria en salud, que es la prevención». También, que, tras la declaración de la emergencia, el gobierno o las autoridades competentes se enfocaron en tratar únicamente la Covid-19, dejando a un lado la enfermedad base que también padecen las personas.

«El problema es que al volcar todo ese esfuerzo a Covid-19, se descuida la patología de base, hay mucha persona con diabetes, cáncer, hipertensión, tratamiento por VIH, tuberculosis y si no se le da ese tratamiento se pueden morir, y esas son las enfermedades desatendidas. Y la Covid-19 es una enfermedad más compleja de lo que pensábamos al principio, por lo menos un 30-40 % ingresados salen con secuelas importantes que requieren de servicios de rehabilitación especializados».

Según un reporte preliminar emitido por la OMS/OPS el 22 de noviembre, en la Región Norte de Salud, que compone los municipios de Choloma, Villa Nueva y La Lima, el 50 % de sus establecimientos de salud están completamente cerrados y disponen de 218 albergues donde se alojan más de 38 mil personas. Hasta la fecha del documento se señala que la Secretaría de Salud (Sesal) ha brindado 2,500 atenciones de salud a la población albergada por enfermedades dermatológicas, respiratorias y diarreicas. En dichos municipios, cuentan con dos o más enfermedades en vigilancia epidemiológica, una de ella es la leptospirosis.

emergencia sanitaria Honduras
La calamitosa situación del sistema sanitario hondureño es evidente en el hospital Escuela como lo muestra esta imagen tomada por Criterio.hn en las últimas semanas.

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OTRAS ENFERMEDADES LLEGAN A LA EMERGENCIA SANITARIA

A pesar de presentarse esta grave situación en los centros de salud y la problemática de ignorar la atención primaria en salud, las estrategias gubernamentales todavía no parecen atender la sobrecarga de pacientes, incluso desde antes de la llegada de los huracanes. Desde inicios de la declaración de la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, se aprobaron más de 100 millones de lempiras para atender la pandemia de la Covid-19 y la epidemia del dengue.

Aparte de estos fondos aprobados, también se afirmó la compra de hospitales móviles para evitar la saturación en las unidades de cuidados intensivos en los principales hospitales generales y de especialidades del país. Hasta la fecha, ya nueve meses después de que estas infraestructuras fueran pagadas por el gobierno mediante una transacción sobrevalorada, la zona norte de Honduras no cuenta con los esperados centros alternos para atender casos positivos por coronavirus y solamente uno está en aparente funcionamiento. De esta manera, el flujo de pacientes en los pocos nosocomios cada vez es más crítico y se limitan para atender casos de dengue, que ya se evidenció que es una epidemia descontinuada.

También, se teme por el brote de otras enfermedades a causa de las inundaciones y la contaminación que queda como secuela de las lluvias como la leptospirosis, situación reflejada tras el paso del huracán Mitch en 1998 que también afectó los municipios de La Lima, San Pedro Sula y Choloma.

Según una investigación realizada en el 2007 por un grupo de médicos cubanos, «más del 80 % de los individuos analizados manifestaron la presencia de roedores en sus viviendas y que tuvieron contacto con aguas estancadas».

emergencia sanitaria Honduras
El hacinamiento en los albergues donde se encuentran los damnificados por los huracanes Iota y Eta, son un foco de contaminación y propagación de enfermedades. Este albergue se encuentra en el complejo deportivo «José Simón Azcona del Hoyo», más conocido como La Villa Olímpica, en la capital de Honduras.

A la fecha, las autoridades sanitarias de la región del norte han advertido de la posible aparición de la leptospirosis, enfermedad zoonótica (trasmitida por animales) aguda y febril causada por una bacteria llamada Leptospira.

«La mayor parte de esas colonias (zona de Yoro) se destruyó toda la infraestructura de alcantarillado, de agua potable y la contaminación es increíble. De hecho, casos de leptospirosis ya comenzaron a surgir porque esto ya es lo mismo que el Mitch. Efectivamente esperamos las ETA (enfermedades transmitidas por el agua) van todas las parasitarias, los áscaris y ese tipo de cosas. Unido a eso están las enfermedades transmitidas por la piel, porque todavía está ese lodillo contaminado y mucha gente camina descalza», comenta el epidemiólogo Manuel Sierra.

Ante esta situación, parece haber una contradicción en la Sesal, ya que su titular, Alba Consuelo Flores, aseguró ante medios de comunicación que «no existen casos de leptospirosis en Honduras».

«Uno de los riesgos que corremos, es que haya infestación de la población de leptospirosis, pero por medio de laboratorio se ha confirmado que todos los casos sospechosos son negativos. La población puede estar tranquila, pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia en realizar los análisis laboratoriales para tomar decisiones clínicas que sean congruentes con el tratamiento que debe dársele a la población en caso de ser afectados», dijo la funcionaria.

A pesar de la afirmación de la ministra, unos seis días antes de sus declaraciones (el 02 de diciembre) el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, afirmó ante medios de comunicación que en la zona norte ya se reportaban casos de leptospirosis.

«Esta es una enfermedad que ha surgido a consecuencia de las tormentas tropicales Eta e Iota y se han diagnosticado seis casos en la Región Norte de Salud en San Pedro Sula y dos casos en la región Departamental de Cortés, pero seguimos fortaleciendo la vigilancia ante la leptospirosis, enfermedades de piel, conjuntivitis y enfermedades de diarreas», informó a la prensa.

Asimismo, el subdirector de la Región del Norte, Diógenes Chávez, señaló en otro medio de comunicación esa misma fecha, la sospecha de 23 casos de leptospirosis. A la fecha, no hay un dato concreto sobre casos positivos y sospechosos por leptospirosis en Honduras tras el paso de estos huracanes.

El problema de la leptospirosis radica en que este microorganismo se encuentra en la orina de roedores como los ratones, los perros, las vacas y los cerdos. La expansión de esta bacteria es recurrente cuando hay lluvias que causan inundaciones en aquellas zonas habitadas por humanos y que estos comparten el espacio de su vivienda con animales o viven cerca de zonas donde los animales habiten.

Cuando los animales identifican que su madriguera se inunda, para el caso de los ratones, estos en su acción de supervivencia intentan huir del agua y en su recorrido esparcen la orina que contiene la bacteria, la cual fluye con el agua y que más tarde puede entrar en contacto con una persona que estuvo en exposición con esa agua. Lo mismo puede suceder con la orina del ganado (vacas y cerdos) y los perros.

Aunque las campañas de prevención se han mantenido activas, se teme que esta enfermedad se convierta en una alerta epidemiológica en las comunidades afectadas por las inundaciones, sea por el contacto involuntario con el agua o alimentos contaminados.

La gravedad de esta enfermedad es que también está presente aún sin lluvias, todavía antes de la llegada de los huracanes. En la semana epidemiológica N. 40 de este año, el Departamento de Vigilancia de la Salud de la Sesal reportó 30 casos positivos de leptospirosis. En esa misma semana del año 2019 se reportaron 77 casos positivos, siendo el municipio del Distrito Central con la mayor incidencia, seguido del departamento de Copán, en la zona occidental.

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RESPUESTA DEL GOBIERNO

La emergencia de la Covid-19, la vulnerabilidad del país en cuanto a los casos de dengue y la mala gestión durante los huracanes Eta e Iota, ha puesto en evidencia la ingobernabilidad de las autoridades estatales y su inoperancia. Y con esto, también se pueden denunciar el sinfín de actos de corrupción que han acompañado cada una de las crisis que viene enfrentando el país, donde muchas promesas quedan sin cumplirse y la impunidad es parte de lo cotidiano.

Emergencia sanitaria Honduras
Las familias damnificadas de los municipios de La Lima, El Progreso y de la colonia Céleo Gonzáles y otras de San Pedro Sula, llevan más de mes y medio de haberse instalado en el bulevar del Norte que une a San Pedro Sula con los municipios de La Lima y El Progreso.

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Así se ha visto, cuando a través de campañas mediáticas, el uso de redes sociales y con la creación de estrategias utilizando ‘hashtags’ para viralizar sus «acciones de ayuda», el presidente Juan Hernández y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) han venido trabajando en propagandas que no tienen resultados evidentes. Inclusive, llegaron al punto de negar la ayuda de los mismos hondureños que accionaron antes que ellos y trataron oficializar como propia cada ayuda que llega de organizaciones o gobiernos internacionales.

En consecuencia, las promesas diarias de alimentar los cientos de albergues para los miles de personas afectadas y darles un techo a estas familias resulta ser cada vez más utópico puesto que sigue siendo evidente la precariedad en la que se encuentran los compatriotas. Aun así, estas situaciones lamentables son de total aprovechamiento ya que «sirven» de impulso para que a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo se soliciten más préstamos millonarios a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta problemática vuelve a poner a prueba que los fondos del país destinados para atender estas emergencias resultan no ser bien administrados y las donaciones parecen no ser bien distribuidas. Al menos así se mostró cuando a las pocas semanas de los golpes de estos dos fenómenos naturales el presidente Hernández, tras recibir donaciones materiales y monetarias de gobiernos y organismos internacionales y haber solicitado préstamos millonarios ante el BID, decidió solicitar más préstamos a este banco y hacer nuevas maniobras para endeudar más al país.

La solicitud de este dinero queda más en duda cuando todavía no se muestran datos específicos y oficiales de la situación del país tras las crisis sanitarias y humanitarias. Aunque no hay duda de que la pobreza ha aumentado en un 70 % y la reconstrucción del país tomará más tiempo que cuando el Mitch. Cada vez se pone más en cuestión al gobierno de Hernández y como prueba de ello es que ahora Honduras se ha posicionado como el primer país de América y el segundo del mundo en tener el índice más alto de impunidad. Otro punto en desventaja de este país centroamericano son los altos niveles de corrupción, la violencia y la desigualdad.

Por otro lado, el país continúa con la crisis que ha causado la Covid-19, que sigue su camino cobrando más vidas y desestabilizando el endeble sistema sanitario. Tras el paso de los huracanes Iota y Eta el coronavirus ha alcanzado a la fecha más de 116 mil contagios. También se espera un subregistro de casos debido a que en los albergues y zonas donde se han instalado los damnificados tienen nulas medidas de bioseguridad. Así también, ha aumentado el número de muertes superando los 3 mil fallecidos.

Aunque en muchos países europeos han regresado al confinamiento y han puesto fuertes medidas a sus ciudadanos para las fiestas de fin de año, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que después del paso de los huracanes decidió suspender las restricciones a la ciudadanía hondureña, ha sido de las principales instituciones en bajar la guardia con las medidas de bioseguridad.

Con esto, los especialistas indican que Honduras no ha pasado de la primera ola de casos y por ello se teme que para el 2021 se inicie con un repunte de casos positivos y haya una saturación en las unidades de cuidados intensivos en los pocos hospitales funcionales.


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Comunidades de Arizona, Atlántida

Comunidades de Arizona, Atlántida desarrollan cabildo abierto consultivo e informativo

diciembre 28, 2020 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Las comunidades del municipio de Arizona, departamento de Atlántida celebran esta mañana un cabildo abierto consultivo e informativo para tratar temas sobre proyectos extractivistas y el accionar del pueblo frente a estos.

El cabildo está dividido en tres aspectos que inicia con el de carácter informativo correspondientes a la Municipalidad que comprende un informe de la Corporación Municipal sobre los daños e impactos económicos de los huracanes Eta Iota y el Papel de UMA, Municipalidad y regidores, así como de las empresas extractivas activas en la zona.

También contempla un informe de la Municipalidad sobre el volumen de ventas de las hidroeléctricas existentes y aporte anual de las empresas a la Municipalidad. Y un informe sobre el estado actual del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito.

El segundo aspecto es de carácter informativo correspondientes a las comunidades, donde se hará una presentación de parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) sobre la situación actual de los impactos del proyecto hidroeléctrico Jilamito: vulnerabilidad, aspectos técnicos ambientales y jurídicos. Además, una presentación del Comité Permanente Municipal y una presentación del proyecto comunitario de agua en Jilamito que abarca los avances y las dificultades encontradas.

En la  tercera parte son los Aspectos resolutivos donde se incluye la ratificación de mandato comunitario sobre el río Jilamito, declarado como fuente para consumo humano.

La firma de pacto por Atlántida por parte de regidores y aspirantes a cargos de elección popular por el municipio de Arizona, donde se pretende que los aspirantes políticos se comprometan a respetar las decisiones emanadas de las comunidades.

Envío de notificación por parte de la Municipalidad de Arizona a instancias nacionales e internacionales, instituciones y empresas del mandato comunitario de rechazo de iniciativas extractivas en la zona y negativa al proyecto hidroeléctrico Jilamito.

Elaboración de estudios que determinen el impacto que los proyectos extractivos existentes y en funcionamiento del municipio han tenido en la emergencia ocasionada por los huracanes ETA e IOTA, así como su impacto futuro.

En caso de no disponer de las posibilidades técnicas y/o económicas para tal fin, que solicite a las empresas dueñas de los proyectos activos financien dichos estudios, asegurando su elaboración por parte de expertos independientes elegidos por las comunidades a fin de garantizar la credibilidad y confianza en sus resultados.

En noviembre de 2015 el municipio de Arizona se declaro libre de minería y de proyectos hidrométricos. La decisión se adoptó con la presencia de  cientos de ciudadanos y con el aval de más de 6,500 firmas de pobladores del municipio, ubicado en el atlántico hondureño.

foto de noviembre de 2015 cuando se declaró el municipio libre de minería y de proyectos hidroeléctricos 

A continuación, el texto del pacto

Pacto por la soberanía de Atlántida

Nosotras, las COMUNIDADES del municipio de Arizona, Atlántida[1], organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el marco del cabildo abierto consultivo e informativo sobre el proyecto hidroeléctrico Jilamito convocamos a los aspirantes a cargos de elección popular por el Municipio de Arizona y del departamento de Atlántida en general a la firma del Pacto por la Soberanía de Atlántida.

Como antecedente, en el año 2017, en el escenario de elecciones generales emplazamos a las candidatas y candidatos a la alcaldía de los distintos municipios del departamento, incluyendo a Arizona para la firma del Pacto Político por Atlántida, en el que en el caso específico de Arizona lo relacionado con el río Jilamito y el proyecto hidroeléctrico de la Sociedad Mercantil Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima De Capital Variable (INGELSA) fue un punto central.

Ahora, tres años después de la firma del pacto político y de la resistencia sostenida en defensa de nuestro río y la soberanía de nuestro municipio, en el escenario electoral próximo, del impacto de los desastres naturales en nuestros territorios y del asedio de las empresas y la banca internacional financistas de proyectos extractivos en Arizona, nuevamente convocamos y emplazamos a quienes aspiran a ser electos en cargos de elección popular a la firma del Pacto por la Soberanía de Atlántida, a la definición de una postura clara, coherente y humana frente al modelo extractivo que amenaza nuestro derecho al agua, a la vida y a vivir en paz por la voracidad de generarse capital.

En ese sentido, el Pacto por la Soberanía de Atlántida implica:

  1. Respeto y garantía de respeto de nuestra decisión soberana como comunidades de Arizona, adoptada el 20 de noviembre de 2015, fecha en la que declaramos nuestro municipio libre de minerías e hidroeléctricas[2] y que ratificamos el 24 de marzo de 2019 en cabildo abierto donde ratificamos la declaratoria y ampliamos su alcance, declarando a Arizona zona productora de agua exclusiva y preferencialmente para uso y consumo humano, libre de proyectos mineros y de todo tipo de proyectos extractivos para usos comerciales y mercantiles[3].
  1. El compromiso de impulsar todas las acciones que en el marco de las funciones de sus cargos garanticen la reversión de permisos, licenciamientos, entre otros a proyectos hidroeléctricos otorgados violentando nuestro derecho de participación ciudadana e irrespetando nuestro mandato soberano expresado en la declaratoria y su ratificación. En ese sentido, la Corporación Municipal actual y la que le resulte electa en el momento o los momentos oportunos y/o necesarios remitirán comunicaciones a las instituciones con competencia en la materia, empresas e instancias de financiamiento nacionales e internacionales propietarias y financistas de proyectos extractivos, especialmente las vinculadas al proyecto hidroeléctrico Jilamito en la que notifique la obligación de respetar nuestra decisión soberana.
  1. El impulso de las investigaciones de las denuncias relacionadas con irregularidades en el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico Jilamito, denuncias por irregularidades en el cabildo abierto de 2015 y demás denuncias por desalojos, hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades en defensa del río. Y garantizará la defensa de las demás fuentes de agua del municipio.
  1. Reconocimiento y respeto a la existencia y funcionamiento del Comité Permanente Municipal, instancia comunitaria creada para velar y garantizar el respeto a los plenos efectos de la declaratoria y su ratificación. E impulsar con prioridad el desarrollo del proyecto comunitario de agua con el que garantizaremos acceso al agua proveniente del río Jilamito a nuestras 16 comunidades en el sector.
  1. La Corporación Municipal actual y la que le resulte electa aseguren la elaboración de estudios que determinen el impacto que los proyectos extractivos existentes y en funcionamiento en nuestro municipio han tenido en la emergencia ocasionada por los huracanes ETA e IOTA, así como su impacto futuro. En caso de no disponer de las posibilidades técnicas y/o económicas para tal fin, que solicite a las empresas dueñas de los proyectos activos financien dichos estudios, asegurando su elaboración por parte de expertos independientes elegidos por las comunidades a fin de garantizar la credibilidad y confianza en sus resultados.
  1. Requerir a las cooperativas forestales de la zona, entre estas a CALIJINUL para que en cabildo abierto exhiban la documentación relacionada con su contrato de usufructo y otros concernientes a sus actividades y sus acercamientos o negociaciones con otras empresas del rubro extractivo instaladas y/o que pretenden instalarse en la zona.
  2. Garantizar acceso permanente a la información relacionada con el proyecto hidroeléctrico Jilamito y demás proyectos en la zona. En ese sentido, garantizar la creación y existencia de espacios de participación de la población en torno a la rendición de cuentas, siendo la transparencia un componente transcendental para asegurar una adecuada gestión del gobierno local.

Desde las comunidades organizadas en el MADJ estamos altamente comprometidas con la vida pública de nuestras comunidades y demandamos que quienes ahora aspiran a cargos de elección popular y sobre todo quienes resulten electos aseguren la construcción de una metodología concertada para el seguimiento de este pacto y a sostener reuniones periódicas para analizar y evaluar los avances del mismo a fin de asegurar la gobernabilidad de Arizona desde el más alto compromiso con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y la preservación de nuestros bienes naturales, con especial énfasis en nuestro río Jilamito y la Reserva de Vida Silvestre Texiguat.

Nuestro compromiso con el departamento y el  municipio de Arizona, es inalienable, y sienta sus bases en el artículo 59 de la Constitución de la República, que establece que la dignidad humana es el fin supremo del Estado, los artículos constitucionales 1 y 5, que ratifican a Honduras como un Estado democrático el cual debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los Pueblos y la democracia participativa, de igual forma, en los establecido en el artículo 102 de la Ley General del Ambiente que establece que:

Los habitantes de las comunidades locales deben participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales del país. Es de interés público la participación de las organizaciones privadas de cualquier tipo en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Estas organizaciones serán consultadas para la elaboración de los planes y medidas que se adopten en esta materia y tendrán derecho a ser informadas sobre el estado del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se estén tomando en este campo, por las instituciones gubernamentales y las municipalidades”, velamos hoy por ratificar un compromiso por parte de quienes aspiran y quien ejercerá el control del gobierno regional.

Las comunidades ya decidimos y no daremos tregua en asegurar que nuestro río Jilamito y demás fuentes de agua y bienes naturales sean para consumo humano y no para engordar los bolsillos de empresas de muerte que pretenden instalarse en nuestro territorio mediante corrupción y violencia. A cada paso responderemos con dignidad y determinación.

Arizona, Atlántida, a los 28 días del mes de diciembre de 2020

[1] El Astillero, Mazapa, El Retiro, Jilamo nuevo, Jilamo viejo, Jilamito Nuevo, Jilamito Viejo, El Empalme, Lean, Jazmín, Coloradito, Zizama, San Francisco de Saco, Tecuan, Río Chiquito, KM 16 y KM 17.

[2] Decisión que consta en acta notarial consignada en el instrumento Quinientos Setenta y Seis (576), del 20 de noviembre 2015.

[3] En la ratificación de la declaratoria determinamos habilitada la interposición de cuantas acciones legales sean necesarias para dejar sin valor y efecto toda decisión de cualquier entidad local, regional o nacional del gobierno hondureño que violentando lo establecido en la Constitución Política, tratados, convenios, resoluciones internacionales y demás leyes nacionales, haya otorgado derechos a terceros mediante licenciamientos y permisos para el uso, exploración y explotación de bienes naturales, entendidos estos como el territorio, agua, bosques, minerales y cualquier otro bien natural, dados al margen de la voluntad popular de toda la población del municipio. Decisión que consta en el Acta de Cabildo Abierto No. 011 de la Corporación Municipal de Arizona, Atlántida, de fecha 24 de marzo de 2019.


Criterio.hn
Centroamérica ante la corrupción

Icefi propone acciones para corregir la vulnerabilidad de Centroamérica ante la corrupción

diciembre 9, 2020 Redacción 

En el Día Internacional Contra la Corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó a los gobiernos centroamericanos demostrar con resultados efectivos su compromiso contra la corrupción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Las calificaciones de los países centroamericanos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en la dimensión de Control de la corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y en el indicador de Incidencia de corrupción del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, con excepción de Costa Rica, confirman que El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua  y Panamá mantienen estancamientos o retrocesos de la percepción sobre sus resultados en la lucha contra la corrupción. Respecto a la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de los ocho documentos claves para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto nacional, la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 del International Budget Partnership mostró una mejora en las calificaciones de Guatemala y Honduras, pero retroceso en las de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

En este contexto y en un año atípico que obligó a los Estados centroamericanos a adoptar medidas fiscales extraordinarias para afrontar la emergencia sanitaria de la Pandemia del Covid-19, y que luego, en algunos casos, han tenido que extenderse para enfrentar la emergencia y la reconstrucción por los daños de las tormentas tropicales Eta e Iota en países de la región. Estas medidas fiscales extraordinarias evidenciaron fallas en la gestión y ejecución de recursos públicos, generando dudas y desconfianza en la población sobre el destino y uso correcto del dinero, incluyendo actos de corrupción. En algunos países el malestar ciudadano se ha manifestado con protestas públicas y crisis políticas.

A criterio del Icefi, ante esta situación los gobiernos centroamericanos deben emprender las siguientes acciones de corto plazo:

Rendición de cuentas efectiva de la ejecución de recursos públicos para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Las adquisiciones públicas efectuadas que invocan criterios de excepción a la normativa general requieren atención y énfasis especiales.

El acceso a la información del gasto público destinado a las emergencias y los resultados de la implementación de los programas de apoyo económico y social, cumpliendo los estándares internacionales y la legislación de cada país.

Una evaluación integral de las Contralorías, Cortes o Tribunales Superiores de cuentas sobre la eficiencia e integridad en el uso del gasto público destinado a las emergencias, en particular de las adquisiciones públicas y los programas de asistencia implementados. De esta evaluación deben derivarse recomendaciones y ajustes para los programas regulares o permanentes.

Investigar, perseguir penalmente y deducir responsabilidades en contra de quienes resulten involucrados en actos de corrupción, especialmente por el abuso del gasto público para enfrentar las emergencias.

El Icefi además plantea como acciones de mediano y largo plazo para que los gobiernos centroamericanos definan explícitamente sus agendas o políticas nacionales contra la corrupción, y a mejorarlas continuamente si ya cuentan con ellas. Estas agendas deben atender las recomendaciones de los mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); de iniciativas regionales como las Cartas Iberoamericanas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); de las evaluaciones o planes que emanan de iniciativas con alcance global como el Foro Global Sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y, de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés).

El entorno actual demuestra que la ciudadanía centroamericana es más consciente y preocupada por las decisiones gubernamentales que afectan de manera directa su calidad de vida. En particular, esta realidad está siendo demostrada en los casos recientes en Guatemala y Costa Rica, cuyas ciudadanías rechazaron y protestaron públicamente por procesos anómalos y opacos para negociar o aprobar medidas fiscales, el endeudamiento y el presupuesto públicos. Estas protestas han detonado crisis políticas que obligaron a los legisladores y a los gobiernos guatemaltecos y costarricenses a dar marcha atrás y comprometerse a retomar una discusión abierta e incluyente, fortaleciendo la transparencia fiscal.

El Icefi sostiene que estos procesos pueden ser clave para dar paso a acuerdos fiscales integrales, en el sentido que avances tangibles y verificables en la lucha contra la corrupción, y mejoras en transparencia abonan a la legitimidad y viabilizan las reformas estructurales relacionadas con el buen gobierno y la gestión eficaz de los recursos públicos, tales como los sistemas de adquisiciones públicas, de servicio civil, de integridad pública, de transparencia presupuestaria y tributaria, de participación ciudadana en la gestión pública, así como las medidas para evitar la captura de las políticas públicas por intereses particulares. El Instituto insta a los gobiernos centroamericanos a asumir las dificultades actuales como una oportunidad para demostrar su vocación democrática y compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.


La CCC condena decisión adoptada por tribunal de Tocoa sobre caso Guapinol y anuncia realización de mítin

Por Marc Allas -
20 diciembre, 2020

Tegucigalpa.- La Convergencia contra el Continuismo (CCC), realizará un mítin este lunes 21 de diciembre a partir de las 10:00 am, frente al Ministerio Público (MP), en protesta por la decisión de la jueza Zoe Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, quien descartó la revisión de medidas solicitadas por los apoderados legales de los defensores del agua y del territorio de Guapinol y que decidió mantenerlos “en privación de su la libertad en cárceles de Olanchito y La Ceiba”.

“La CCC condena y repudia la determinación que tomó la jueza en el caso de los defensores del agua y del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, afirmó Bertha Oliva; Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y miembra de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC).

Parte de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo
Parte de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo

Oliva añadió que “exigimos que no se lleve a cabo el juicio, porque es ilegal y arbitrario, así que por lo tanto lo que procede es la liberación de los 8 ambientalistas de Guapinol”.

La Coordinadora General del COFADEH indicó que la jueza no aceptó la revisión de medidas sobre el caso Guapinol, requerida por la defensa al cumplirse casi 2 años de mantenerlos en las cárceles de Olanchito y La Ceiba, Atlántida, respectivamente.

La jueza no aceptó que los ambientalistas y por lo tanto defensores de derechos humanos, se defendieran en libertad, “y la justificación de la determinación de la jueza fue mandarlos de regreso a la cárcel bajo el argumento que no es legal; que la defensa no había aportado nada nuevo sobre el caso”, dijo Oliva a www.defensoresenlinea.com

Lo que se está alegando es que ha habido una violación a los derechos humanos a los defensores de la Montaña Botaderos y de los ríos San Pedro y Guapinol frente a la destrucción que está produciendo el extractivismo provocado por la empresa minera Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, ligado a la familia Facussé, que explota amplias plantaciones de palma africana en la zona norte de Honduras y gran parte de territorios en la Península de Zacate Grande frente al Gofo de Fonseca.

Para Bertha Oliva, para la CCC y para el movimiento social hondureño, los ambientalistas de Guapinol que guardan prisión en las cárceles hondureñas, “son presos políticos del régimen de Juan Orlando Hernández”.

“La determinación de la jueza es totalmente arbitraria, e ilegal, como ilegal es todo lo que se ha venido gestando durante el régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández es ilegal e ilegítimo”, sostuvo Bertha Oliva.

Consultada sobre lo que hay detrás de la decisión de la jueza Zoe Guifarro, Bertha Oliva señaló que lo que “hay detrás es la orden y la determinación de mandar un mensaje claro y que; lo que ratifica, es que no hay sistema de justicia en el país”.

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Asistirán en principio, por parte de la CCC, Berta Oliva y Carlos H. Reyes

Por otro lado, Bertha Oliva sostuvo que la decisión  del tribunal de Tocoa, ratifica una vez más que los defensores del agua y del ambiente de Guapinol, son “en efecto, presos políticos del régimen, porque no hay ninguna argumentación legal que justifique la privación de libertad por casi dos años de los defensores de Guapinol”.

Y también que esa decisión representa un apoyo a las empresas transnacionales para que sigan extrayendo recursos naturales en nuestro territorio, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.

Bertha Oliva insistió en que el régimen de Juan Orlando Hernández mantiene cooptados todos los poderes del estado.

Y señaló que mientras el régimen está liberando a políticos y empresarios involucrados en sonados casos de corrupción en Honduras, aplicando el nuevo Código Penal, por otro lado, se está ensañando contra defensores y defensoras de derechos humanos, citando como ejemplo; el caso Guapinol.

Como señaló el editorial del COFADEH en la emisión de su programa radial “Voces contra el Olvido “ del sábado 19 de diciembre en Radio Globo: “Mientras tanto, en Tocoa, Colón, el juzgado de letras fue rodeado con militares y policías, impidió la difusión pública de la audiencia y limitó el acceso al juicio contra ocho defensores del agua de Guapinol injustamente privados de su libertad desde hace dos años. Y cuando llegó el mediodía del viernes, la jueza Zoe Guifarro anunció que su fallo sería hasta el sábado 19 de diciembre”.

Libertad a presos políticos

“El fallo, efectivamente llegó el sábado, pero dictado al revés, a la medida del crimen organizado que presiona y controla la justicia, que utiliza el derecho penal para criminalizar la lucha social. La jueza Guifarro mantiene en prisión a ocho defensores de la vida bajo el argumento que no hubo elementos nuevos para dejarles en libertad. Y así, otra vez, ese retrato perverso de la injusticia está frente a nosotros”, señaló el editorial del COFADEH.

Más adelante el editorial sostuvo que: “Este doble rasero de la injusticia hondureña, uno que se muestra manso frente al crimen organizado de las élites cachurecas y liberales, y el otro hostil frente a los defensores sociales del medio ambiente, sólo es posible entenderlo en el marco de una dictadura”.

La dictadura Hernández se deshizo en principio de las competencias de Callejas, de Maduro, de Ricardo Álvarez, de Pastor y del tal Papi, que eran ruidosos en el círculo cachureco pero estaban agarrados del cuello y con la bota puesta encima, por sus actos corruptos. Igual que Oliva.

Después la sociedad de Hernández con el dueño del partido liberal le ha permitido el control de la otra banda de magistrados con la cual el poder judicial está a su disposición para castigar a unos, premiar a otros y controlar a los demás.

Con este juego de poderes dentro de las elites, el crimen organizado está con las manos libres para operar en los territorios. En la costa atlántica se juegan millonarios intereses para pedacear el territorio y en la costa sur, igualmente.

El interés geoestratégico del capital transnacional apunta hacia esas zonas en perjuicio de la población local, que sin embargo resiste a ese modelo extractivo, militarista y salvaje contra los bienes naturales.

Guapinol

“En Colón, por ejemplo, la jueza que condenó a la población de Guapinol a dormir anoche en las afueras del tribunal a la espera de su fallo, sabía muy bien que las inversiones Pinares han estado libres operando en la montaña, sin las restricciones de circulación que impone la pandemia. Pero la población es consciente y valiente”.

“Durante la vigilia, la esposa de Jeremías Martínez – uno de los ocho hombres encarcelados hace 15 meses en Olanchito – decía que es ridículo ese argumento policial que ha resistido la liberación de los acusados porque van a regresar a integrar la banda”, sostuvo el editorial de COFADEH sobre este tema, en su emisión del programa “Voces contra el Olvido”, del sábado 19 de diciembre por la cadena Radio Globo.

Entretanto, la alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el sábado 12 de septiembre de 2020, el reporte denominado “Guapinol Resiste: Orígenes del Conflicto Minero en el Bajo Aguán”.

El reporte establece que en en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a comunidades organizadas que se oponen a las actividades extractivas de la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

En dicho informe respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, (Inglaterra), se indica que las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Carlos H

“Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando resisten la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas”, resaltó el reporte.

Los defensores del agua, del medio ambiente y de los territorios, que son presos políticos del régimen y que permanecen en cárceles hondureñas, son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán que están presos en la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro y Jeremías Martínez que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Mientras tanto y para resaltar la criminalización que existe de parte del régimen de Juan Orlando Hernández en contra de defensores, es preciso citar el caso de 2 defensores del ambiente y los territorios indígenas lencas del departamento de La Paz.

El pasado 17 de diciembre de 2020 y luego de más de seis horas en audiencia inicial en contra de Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H) y Santos Vigil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se les dictó prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado.

Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza, donde Santos Vigil es miembro, pero fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de tres delitos, de los que la juez desestimó dos, pero quedan privados de libertad por el delito de desplazamiento forzado.

Luego de conocer el fallo, el abogado Roger Medina expresó  que “los compañeros Víctor Vásquez y José Santos Vigil fueron procesados por los delitos de robo, desplazamiento forzado y daños, ellos son líderes ambientalistas, defensores del agua, del medio ambiente, del  bosque y de los derechos humanos, y lastimosamente se les ha venido haciendo de parte de la Fiscalía un ataque sistemático, porque hace dos semanas aproximadamente, por otros dos delitos, se les  decretó sobreseimiento definitivo”.



Guapinol: Nos han quitado la alegría de una navidad en familia

21 diciembre, 2020

Colón, Honduras.- Familiares de los presos políticos de Guapinol, afirmaron que los operadores de justicia les han quitado la alegría de pasar una navidad en familia.

Juana Zúniga, a nombre de las familias de los presos políticos por defender el agua del río Guapinol y río San Pedro en Tocoa, Colón, expresó que la resolución de la jueza Zoe Guifarro, de mantener en prisión a sus parientes, aunque les ha quitado la alegría de celebra en familia y en casa, no detendrá la lucha hasta obtener justicia.

En conferencia de prensa, desde el parque central de Tacoa “Carlos Escaleras”, agregó que, la decisión del Juzgado de Tocoa confirma la vinculación de Guifarro con la empresa extractivista. Y lamentó que en Tocoa se criminalice a quienes defienden los bienes comunes de la localidad.

Tomás Andino en representación de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), expresó la indignación que los embarga ante el fallo de la jueza Zoe Guifarro, como parte de las acciones del régimen de Juan Orlando Hernández, quien no se permitirá quedar en vergüenza.

Hemos iniciado acciones para exigir la liberación de los ocho presos políticos de Guapinol. Hoy realizamos un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa y emitimos un comunicado público, agregó Andino.

La justicia solo es aplicable para pocos, el mundo debe saber cómo prevalece el sistema judicial en Honduras, agregó Alba López, integrante de la CCC y el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras.

La CCC denunció la decisión judicial que no aceptó el cambio de medida que mantiene en prisión preventiva a: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán en la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro y Jeremías Martínez de 65 años y enfermo en la cárcel de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Exige que sea admitido en Recurso de Apelación que presentó ayer el equipo de defensa legal de los ambientalistas de Guapinol, exigiendo que una Corte superior conozca dicho fallo.

CSJ notificó que por vacaciones, hasta el 6 de enero recibirá el recurso de Apelación presentado ayer en La Ceiba, Atlántida. 

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Carlos Jiménez, abogado del equipo de defensa, sobre las acciones futuras tras este fallo arbitrario e ilegal, dijo que no es válido que digan las autoridades que por estar de vacaciones no van a dar trámite al proceso, sino, hasta el 6 de enero. Sabiendo que todos los días son hábiles.

Esta situación de prolongar el proceso y sufrimiento de los compañeros presos políticos y sus familias, es dar paz y seguridad a la empresa minera que acusa a los defensores e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Guapinol.

No cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad, es una decisión política que reafirma el pacto de impunidad entre la Empresa Inversiones Los Pinares, el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros de Guapinol, declaró Edy Tábora, abogado del equipo de defensa.

El Recurso de Apelación refiere a que el fallo de la Jueza Zoe Guifarro, tiene ausencia de legalidad, no atendió a lo que alegó la defensa, los compañeros se presentaron voluntariamente al proceso por lo que no hay peligro de fuga.

La prisión preventiva se convirtió en regla cuando debe ser la excepción, ejemplificó el abogado defensor Efraín Ramírez.

Este juicio es una situación tan irregular y sesgada, donde el Juzgado se ha parcializado hacia el Ministerio Público y acusación privada, – agregó Ramírez- hace un momento me notificaron que el término se suspende, pregunté sí era por la pandemia del Covid-19, pero me dijo que es por vacaciones.

No podemos esperar hasta el 6 de enero para que el Recurso de Apelación sea admitido, debe ser de manera inmediata por que el Código Procesal Penal establece que todos los días son hábiles en la etapa intermedia de un proceso.

No podemos permitir que se siga violentando y vulnerando el derecho a que los compañeros se defiendan en libertad desde sus casas, concluyó el defensor.


CCC realizó plantón frente a la CSJ exigiendo liberación de los defensores de Guapinol

21 diciembre, 2020

Tegucigalpa.- La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) realizó hoy un  plantón  frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de los defensores del agua y de la vida de Guapinol, encarcelados desde hace 15 meses, por defender los ríos Guapinol  y San Pedro en el municipio de Tocoa, Colón.

En dicho plantón la CCC condenó la decisión que se adoptó en la revisión de medidas de los ocho defensores  por parte de la jueza  Zoe Guifarro, de mantenerlos en prisión,  aún cuando carecen de argumento jurídico.

Foto de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente a la amenaza de la extracción minera en Tocoa, Colón, Honduras. Ellos permanecen privados de libertad en una cárcel de Olanchito y La Ceiba
Foto de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente a la amenaza de la extracción minera en Tocoa, Colón, Honduras. Ellos permanecen privados de libertad en una cárcel de Olanchito y La Ceiba

La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) e Integrante de la Coordinación Nacional de la CCC, Berta Oliva, expresó que “esto solo refleja la dictadura feroz que tenemos y que aquí el sistema de justicia no está funcionado, lo que refleja es que funciona para la dictadura, y sus secuaces, y para la mayoría de la población hacen un linchamiento brutal y nos someten a través del sistema de justicia”.

Agregó que la corrupción está tan desmedida y que cada vez uno ha visto como han ido sellando ese pacto de impunidad en Honduras, que nos han llevado hacia donde estamos ahorita.

Asimismo añadió que a los delincuentes, a los asesinos, a los corruptos, a los saqueadores, todas las acciones que han hecho sus abogados, las han aplicado ese Código de la Impunidad, y están fuera, sirviéndose porque a ninguno les quitaron los fondos extraídos del erario público.

“Están allí con poder, con mucha plata y riéndose de la población, pero mire a los que están defendiendo la casa común, los que están defendiendo el agua, los que están defendiendo el territorio, los están atacando permanentemente con cárceles, y no importa lo que en el juzgado se pueda sustentar, porque la orden ya está, no hay asidero, en ninguno de los casos tiene asidero legal y jurídico para tomar la decisión  arbitraria, como la que se tomó el sábado reciente en contra de los compañeros de Guapinol”.

Berta Oliva, Coordinadora General del Cofadeh
Berta Oliva, Coordinadora General del Cofadeh

Al consultarle sobre  la respuesta que se está esperando sobre si se declara favorable o no el recurso presentado por los abogados de los defensores, Oliva agregó que “yo creo que  la orden está dada, que ellos continúen privadas de libertad,  pero debemos de pesar que tal vez se equivoca y resuelve lo contrario por las prisas navideñas, debemos pensar que nos pueden sorprender y si eso es así, si va a favor de la liberación de ellos, que  se equivoque mil veces porque ellos  no deben estar privados de libertad, porque no deben nada, lo que han hecho es tratar de salvar parte de la casa común y los recursos naturales y el líquido tan vital como es el agua”.

Otro de los asistentes al plantón para exigir la libertad de los defensores del agua y de la vida  fue el líder sindical  y miembro de la Coordinación General de la  CCC,  Carlos H Reyes, quien expresó que “tanto el día de hoy como ayer en El Progreso y en otras ciudades del país, ha habido eventos significativos en cuanto a que se denuncia la acción de los tribunales de justicia en lo que se refiere a seguir haciendo actos para contribuir a la impunidad de los que roban, de los que matan, de los que comente crímenes políticos como son los golpes de estado”.

“Hoy pues estamos aquí frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo que liberen a estos compañeros, que les quiten todos los puntos de los que los tiene acusados, porque no se puede acusar a nadie  de ladrón, de delincuente etc, solamente porque defiende la vida, porque defiende  los ríos, los bosques, y su territorios”.

Carlos H Reyes
Carlos H Reyes

Señaló que “esa mujer (la jueza) no se va a echar para atrás si no le ordenan desde arriba, porque eso no es una posición de una simple muchacha que esta de jueza,  esa es una mujer ordenada, a ella le ordena haga esto y lo hace, ella no es la culpable,  quien tiene que resolverlo al mas alto nivel político, así como al más  alto nivel político se defiende a los corruptos y se emiten leyes para que salgan libres”.

Por su parte Tomas Andino, también integrante de la CCC en Francisco Morazán, dijo que “estamos demandando que el Poder Judicial apruebe el recurso de reposición que  ha sido interpuesto por el grupo de abogados de los compañeros de Guapinol, de los ocho detenidos, en vista que consideramos que han sido víctimas de un fallo  injusto  e injustificado, porque no hay razón alguna para que estos compañeros, que no ha  cometido ningún delito, estén detenidos de la forma como están”.

“Es un fallo que se ha ensañado con ellos, consideramos que no hay razón y así como se están liberando y sobreseyendo a corruptos reconocidos internacionalmente, así como se ha favorecido a narcotraficantes en este gobierno, creemos que ya es hora  de que este pueblo hondureño goce de un gramo de justicia en este Palacio de Justicia, que no merece el nombre que tiene; por eso estamos acá para exigir que no se aplique una doble justicia, una para los ricos, corruptos, narcotraficantes, y otras para los  luchadores sociales”, expresó Andino a defensoresenlinea.com.

Añadió que es un mensaje a todos los que defienden el agua y la vida para intimidarnos,  para hacer que detengamos la lucha para que los grupos de privilegio de las mineras de las hidroeléctricas y otras empresas transnacionales se salgan con la suya.

“Es una tremenda injusticia, condenable desde todo punto de vista lo que el Sistema de Justicia está cometiendo con los compañeros de Guapinol que no han asesinado a nadie, no tiene delito de lavado de activos, no tiene delitos por actos de corrupción, su único delito es defender el agua, defender la tierra, defender su recursos naturales y las del pueblo hondureño”, sostuvo el dirigente Rafael Alegría.

Añadió que “se ensañan en contra de los campesinos y sin embargo son extremadamente benevolente, son  justos entre los que roban el erario publico y los que cometen delitos atroces, como  lo que pasa con estos  grupos de poder político en la nación”.

Cabe mencionar que en el parque central de Tocoa los familiares y compañeros de los defensores de los ríos  Guapinol y San Pedro también están exigiendo su liberación.

Los defensores que están presos en la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro,  desde  hace 15 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán.

Mientras que el defensor del agua y de la vida, Jeremías Martínez, cumplió  dos años de estar privado de su libertad en la cárcel de La Ceiba departamento de Atlántida.


Presentan Recurso de Apelación en favor de ocho presos políticos de Guapinol

20 diciembre, 2020

Colón, Honduras.- Esta tarde 20 de diciembre, el equipo de defensa legal de los presos políticos y ambientalistas de Guapinol, presentó un Recurso de Apelación contra el fallo de la operadora de justicia Zoé Guifarro del Juzagdo de Letras de Tocoa.

Guifarro determinó ayer sábado: mantener la medida cautelar de prisión preventiva en el caso de los ocho defensores del agua del río Guapinol y río San Pedro, ilegalmente encarcelados hace 15 y 24 meses.

Dado las graves incongruencias con el fallo de la Jueza Guifarro, los abogados defensores acudieron a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en vez de interponer la reposición con la misma juez, para que una Corte superior supervise y rectifique la resolución infundamentada y arbitraria de la jueza Guifarro, denunció el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

El equipo legal asegura que la reciente decisión judicial es una más en la larga lista de ilegalidades que rodean a los proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Escaleras, las cuales seguirán denunciando.

La jueza Guifarro debe admitir el recurso de Apelación y remitir el expediente a la Corte de Apelaciones para su resolución sin dilación.

Para exigir la liberación de los presos políticos de Guapinol, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras y diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado públicamente sin lograr que cese la persecución política contra los ocho compañeros encarcelados, cinco más con nuevas órdenes de captura, de los 32 en total perseguidos por defender la vida, desde octubre de 2018.

Entre viernes y sábado se instaló un plantón solidario mientras se desarrollaba la audiencia de revisión de medidas en el juzgado de Tocoa. Y hoy Ismael Moreno s.j. mantuvo un ayuno, exigiendo libertad para los defensor


Radio Progreso

Demanda de libertad para ambientalistas de Guapinol, debe continuar

  • 21/12/2020

Luego de conocer la decisión de la Juez Zoe Guifarro en la que determinó dejar en prisión a los defensores de Guapinol, la lucha debe continuar en demanda de la libertad de los defensores del gua y la vida dijo en Radio Progreso Juan López del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.

El fin de semana se conoció la decisión de la justicia hondureña de mantener privados de libertad a los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en Colón, luego que el viernes se celebrara una audiencia con el fin de revisar la medida cautelar.

Juan López también pidió  que siga el acompañamiento que la comunidad internacional le está dando a este caso ya que sólo presionando se podrá conseguir justicia para las comunidades que defienden los bienes comunes.

Los ocho defensores son acusados de dos delitos de incendio agravado, uno en perjuicio de Inversiones Los Pinares y otro en perjuicio del señor Santos Hernández Corea que también aparece como supuesta víctima del delito de privación injusta de la libertad.

Los defensores privados de libertad son Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo y Daniel Márquez. El ambientalista Jeremías Martínez Díaz, lleva dos años preso tras ser capturado en diciembre de 2018.

Los ambientalistas junto a las comunidades se oponen a que se instale la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras.


Radio Progreso

Se profundiza crisis de derechos humanos en Honduras

  • 10/12/2020

Cada 10 de diciembre la comunidad internacional conmemora el día de los derechos humanos como un recuerdo a la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la declaración universal de los Derechos Humanos en 1948.

Este 2020 Honduras se ubica entre los países más peligrosos para realizar labores de defensa de derechos humanos.

Honduras vive desde el 2009 un estado de anormalidad democrática porque se dio un golpe de Estado, un golpe contra la Sala de lo Constitucional en el 2012, se dictó una sentencia que atenta contra la soberanía popular el 2015 y una reelección ilegal que dejó en el poder a Juan Orlando Hernández, avalada por un fraude electoral en el 2017.

En ese sentido, el abogado Joaquín Mejía doctor en derechos humanos e integrante del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), dice que no se puede hablar de derechos humanos cuando en el país tenemos anormalidad democrática, y para comprender cómo está la situación en esta materia simplemente veamos cómo está la democracia y el Estado de derecho en Honduras; es decir revisar cómo se encuentra la institucionalidad.

Para el experto en derechos humanos, es importante señalar algo que acaba de plantear un informe preparado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), titulado “Honduras; antecedentes y relaciones con Estados Unidos”, en el cual se asegura que durante una década el Partido Nacional liderado por Juan Orlando Hernández, ha consolidado su influencia sobre las instituciones públicas y, además, se ha erosionado los controles y contrapesos, hay un poder absoluto.

En segundo lugar, ese informe del Congreso de Estados Unidos dice que el Poder Ejecutivo es quién realmente impulsa la agenda del Poder Legislativo, y que el Poder Judicial está sometido a intimidaciones, corrupción y politización. En tercer lugar, menciona que Juan Orlando Hernández no tiene legitimidad para un importante sector de la ciudadanía, debido a su reelección inconstitucional y a la denuncia de fraude en la reelección. Todo esto en medio de un deterioro de la confianza ciudadana por los actos de corrupción en los que se involucra los miembros del Partido Nacional y su gobierno, así como de las presuntas actividades criminales que se han ventilado en los juicios de Nueva York.

El mismo informe explica que si bien es cierto hay una reducción en la tasa de homicidios, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo y su población continúa sufriendo impunidad y violación a derechos humanos de forma persistente.

Joaquín Mejía explica que el informe resume todo en algo muy concreto: “aunque se celebren elecciones Honduras es una autocracia electoral”, es decir una sola persona maneja de manera absoluta. Por tanto, en una situación como la hondureña los derechos no pueden subsistir.

Derechos humanos y la COVID-19

Un informe reciente sobre la impunidad en el mundo, dice que Honduras es el segundo país más impune a nivel global, porque la pandemia ha permitido que nos encierren en nuestras casas, haciendo que el régimen autocrático ha tenido la oportunidad de tener un control más férreo de las libertades ciudadanas, que ya de por sí, estaban bastante golpeadas.

Para el abogado Joaquín Mejía la pandemia de la COVID-19 ha significado la profundización de la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad estructural. La misma ha permitido que policías y militares se tomen las calles y restrinjan de manera abrumadora nuestros derechos y libertades.

“Mientras estamos encerrados el régimen ha seguido otorgando licencias para que mineras, hidroeléctricas y madereras, sigan operando, porque ahora nos tienen encerrados, por tanto, las comunidades si salen a defender los bienes comunes se enfrentan a la fuerza policial y militar. Y todo se justifica en el marco del confinamiento en el marco de la pandemia.

¿Cómo situarnos?

Frente al panorama tan sombrío que acompaña a la población hondureña en materia de derechos humanos, el abogado Joaquín Mejía dice que hay que reconocer la necesidad de juntarnos y articularnos, dejando a un lado los protagonismos para hacernos un solo racismo.

 En segundo lugar, tenemos que entender que las decisiones sobre el país no solamente se toman en Honduras, también se toman en Washington y Bruselas, por tanto, debemos de situar nuestros compromisos desde una visión local, regional, nacional e internacional articulándonos con otras organizaciones y movimientos de solidaridad con Honduras.

En tercer lugar, tenemos que apostar por la transformación de la sociedad desde la mirada de las víctimas, sobre todo de las más empobrecidas y violentadas en sus derechos humanos.

Por último, señala que es importante comprender que no estamos en una carrera de velocidad, sino de resistencia de relevos, y eso implica que debemos aprender a equilibrar la emergencia con la estrategia, para ello hay que hacer altos para leer, meditar, descansar, para hacer fiestas y cargar energías.


COFADEH no quiere más mártires ni silencio

14 enero, 2021


Berta Oliva, Coordinadora General del COFADEH en el Hogar Contra el Olvido

Tegucigalpa, Honduras.-  El año 2020 mantuvo en distanciamiento social y emergencia a los integrantes de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos, pero no cesó la persecución, estigma y ataques contra sus vidas, por lo que el trabajo de acompañamiento, denuncia y documentación continua ante la emergencia sanitaria derivabada por el Covid-19.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) permanece atento a las acciones que realizan la Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso (Red-Oriente), Defensores Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH), Red de Defensores/as de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira) y la Red de Defensores/as de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHILPaz).

Desde marzo de 2020 cuando inició el toque de queda mediante decreto Ejecutivo PCM 021-2020, y con ello la militarización total del país, el COFADEH mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de violación a derechos humanos durante la incontrolable  pandemia, para lo que el trabajo de las redes ha sido importante, ya sea de  manera virtual y con algunos grupos se pudo realizar reuniones presenciales finales de año, donde se analizó el contexto local especialmente pasadas las tormentas Eta e Iota, que afectó a más de cuatro millones de habitantes en noviembre.

Red de El Paraiso/ reunión Diciembre
Red de El Paraiso/ reunión Diciembre

El trabajo que se ha venido haciendo en los años anteriores es lo que ha permitido que las redes se mantengan activas y puedan entender la dimensión del problema que enfrentamos en el mundo, y Honduras no es la excepción, afirmó Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH.

Oficialmente, en 10 meses el Coronavirus que surgió en China, afectó a mas de 131,009 personas y fallecieron 3,320, entre ellos el compañero de la Red de El Paraíso, Agustín Díaz. Pero esta cifra puede ser irreal, ya que muchas personas se contagiaron sin tener acceso a atención médica, pruebas rápidas o tratamiento médico oportuno, como lo relató la REDEHSUR, logrando superar el virus con medicinas naturales.

Oliva añadió que al no estar preparadas para hacerle frente al Coronavirus, obligó al COFADEH a repensar el trabajo y también repensar en Hondura. Nación que ha sido nuevamente saqueada por el régimen de Juan Orlando Hernández, aprovechándose de la emergencia sanitaria y haciendo que el pueblo pregunte ¿Dónde está el dinero? Más de 100 mil millones de lempiras supuestamente destinados para hacerle frente al Covid-19 y el dengue, desde hace un año.

“El trabajo ha valido la pena, agrgeó la defensora- hay miembros que han sufrido embates, hostilidad, persecución y detenciones ilegales y arbitrarias. [También] hay beneficiarios con casos que hemos presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, víctimas de estigma, judicialización, persecución y amenazas a muerte”.

Como COFADEH no podemos obviar que hemos enfrentado situaciones difíciles, los ataques que se han dado no puedo calificarlos como incidentes –agregó la defensora- y eso no deja de tener algún nivel de preocupación.

He llegado a la conclusión que quienes defendemos derechos, los defensores y defensoras de derechos humanos sabemos perfectamente que estamos trabajando ante un sistema de injusticia y eso es lo que nos ha hecho más fuerte porque somos capaces de reconocer que el tema de impartición de justicia no es a medias: es o no es.

Reunión Redehsur en San Lorenzo, Valle
Redehsur en San Lorenzo, Valle/ Noviembre

Y la redes en diferentes partes del país se han apropiado de los derechos y no ha sido en vano nuestra labor, declaró Berta Oliva, al referirse más de un centenar de defensores y defensoras que el COFADEH ha formado en materia de derechos humanos.

Al finalizar el año 2020  se dio la detención de defensores de derechos humanos como Hermín López (liberado) y Víctor Vásquez (privado de libertad); además cuatro desconocidos asesinaron líder indígena y dirigente campesin Félix Vásquez, secretario general del Unión de Trabajadores del Campo- La Paz (UTC- La Paz), todos estos hechos se registraron en el departamento de La Paz, al centro-occidente del país, dónde está presente la Redhil-Paz.

Berta Oliva: Las personas que conocen sus derechos humanos, cuando son atropellados no se sujetan a la obediencia debida de los violadores, eso es muy importante por que dejan plasmadas sus ideas y ella no quiere a ningún defensor miembro de las redes que se preparen mentalmente para ofrendar la vida.

“COFADEH no quiere más mártires, suficientes con los que tenemos desde nuestro inicio (en la década de 1980) en la lucha por la verdad y la justicia. Lo que sí queremos es una Honduras libre, con derecho y apropiación de los mismos”.

Nuevo pacto social  

Berta Oliva en un recorrido por el Hogar Contra el Olvido
Berta Oliva en un recorrido por el Hogar Contra el Olvido

Berta Oliva espera que en un futuro no muy lejano “podamos luchar colectivamente para que reclamemos un nuevo pacto social que propicie muchos avances y gesta leyes que sean acobijadas por él mismo”.

Se refiere a un nuevo pacto social, porque el actual es de conocimiento público que lo han violado y acomodado de tal forma que, los que exigen y conocen sus derechos humanos temen que se obtenga el mismo resultado que responde a un sistema diseñado para fortalecer la impunidad y no solo en materia de derechos humanos cuando es atacada una persona o una comunidad, sino para darle rienda suelta al tema de la corrupción que trae implícita la violación de los derechos humanos.

“Porque un país que tiene como metodología y por principio cometer actos de corrupción desde el Estado, somete a la población y su gente a la violación de los derechos humanos y con esa misma fuerza cuando exigimos un ¡no más impunidad! Debemos exigir ¡basta a la corrupción estatal! Y luego la injusticia que en esa misma se puede ver”, analizó la coordinadora del COFADEH, mientras estaba en el Hogar Contra el Olvido, centro de Memoria del Comité, ubicado en Santa Ana, Francisco Morazán.

Agregó que, me parece interesante cuando miro y siento que la gente se pregunta y nosotros lo sentimos, vivimos y documentamos ¿Cómo es posible que a un defensor social, defensores del ambiente, defensores del territorio, defensores de la casa común y ciudadanos que reclaman derechos cívicos como es la educación y salud, estén condenados a la voluntad política y no a las decisiones de justicia con independencia?

Rommel- audiencia
Acompañamiento a audiencia de Rommel Herrera

Entonces decimos que no hemos avanzado mucho porque tenemos defensores de la casa común privados de liberad y perseguidos, lamentó Oliva.

Pero también tenemos a Rommel Baldemar Herrera Portillo, docente de 24 años, preso político, en cuyo caso es clarísimo que él no inspiró la acción (quema de llantas frente a la Embajada Americana en Tegucigalpa) si la tipifican como delito, sino que es parte de la lucha de calle, exigiendo derechos y garantías.

“Solo quien no ha salido a las calles a exigir derechos va a creer que uno anda colocando rosas blancas, los que andamos en la calle, los que venimos de la calles y los que nos forjamos en la calle, sabemos que la calle es un espacio de exigencia colectiva y fuerte demanda social”, reaccionó Berta Oliva, sobreviviente de la Doctrina de Seguridad Nacional, implementada en la década de 1980 por el Estado y el gobierno de los Estado Unidos.

Añadió, y cualquier acto que hagamos para demostrar nuestro repudio al actual orden de cosas debe ser válido y no judicializado, criminalizado y sometimiento a cárcel de tortura permanente o detenciones crueles degradantes e inhumanas. Vemos como el Sistema de Justicia se colude con los que tienen el poder y control del Estado para someter y obligar a la gente a callarse.

Pinta en un muro exigiendo libertad para Rommel
Pinta en un muro exigiendo libertad para Rommel

“No hagamos pacto para callar, el que calla se convierte en cómplice y lo mejor que podemos heredarle a nuestra patria a sus hijos e hijas es que hablemos siempre con la verdad, que no nos aprovechemos de los momentos para llevar caudal o intereses personales; sino que digamos la verdad tal cual y que exijamos el cumplimiento de la misma, porque es un derecho universal establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es un sustento que nos hace mantenernos con vida, amor, insistencia, resistencia y permanencia”.

Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, según la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.

Berta Oliva, concluyó haciendo un llamado a las redes de defensores y defensoras de derechos humanos, a las juventudes y todos aquellos que, aunque anden  con bastón, ese instrumento les indique que “nos mantiene caminando por que tenemos derecho a exigir, demandar y pedir que se aplique justicia, que el tema de los derechos humanos no sea comercializado sino implementado. Porque todos y todas tenemos derechos; Es ahí, un día quizá, cuando se pueda iniciar procesos de implementación que logremos los cambios y sólo van a ser posibles con verdad y justicia”.


Detención de líderes indígenas responde a persecución y criminalización

20 diciembre, 2020

Tegucigalpa.- Luego de más de seis horas en audiencia inicial en contra de Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H) y Santos Vigil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se les dictó prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado.

Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza, donde Santos Vigil es miembro, pero fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de tres delitos, de los que la juez desestimó dos, pero quedan privados de libertad por el delito de desplazamiento forzado.

Audiencia victor

Luego de conocer el fallo, el abogado Roger Medina expresó  que “los compañeros Víctor Vásquez y José Santos Vigil fueron procesados por los delitos de robo, desplazamiento forzado y daños, ellos son líderes ambientalistas, defensores del agua, del medio ambiente, del  bosque y de los derechos humanos, y lastimosamente se les ha venido haciendo de parte de la Fiscalía un ataque sistemático, porque hace dos semanas aproximadamente, por otros dos delitos, se les  decretó sobreseimiento definitivo”.

En la audiencia inicial se hizo la defensa técnica de los compañeros de los tres delitos de los que se les dio sobreseimiento provisional, por el delito de  robo forzado y por el delito de daños, y se le dio auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado y se les dictó la medida de prisión preventiva a la que nosotros vamos a apelar la resolución dentro del plazo de tres días que tenemos,  para  que sea la Corte  de Apelaciones de Comayagua quien revoque  dicha  resolución  porque no estamos conformes”, añadió  Medina.

A Víctor y a José Santos se les dicta prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado hecho que no pudo argumentar la Fiscalía,  según lo expresado  por el abogado Medina.

“El desplazamiento forzado, según mi estudio como defensor de los derechos humanos, es que hay un ataque sistemático hacia una persona cuando por razones de su domicilio laborales, es desplazada por amenazas a muerte  por un  grupo criminal, pero son ataques no una vez, son ataques sistemáticos, cosa o situaciones que no pudo argumentar la Fiscalía, es más, la fiscalía no pudo ni demostrar ni en efecto que la señora (la que está haciendo las acusaciones) trabajaba en esa casa, como quien dice cuidando a unos trabajadores, a los mozos le llaman ellos  y que de allí fue desplazada”.

“El delito de desplazamiento forzado según el artículo  248  del nuevo Código Penal de la  Impunidad, por ese delito la pena es de seis a nueve años de reclusión, porque  cuando pasa la pena de 5 años  en un delito en un supuesto delito, porque todavía  no ha sido vencido en juicio, y  dice la ley que es una pena grave”, añadió el abogado defensor.

El abogado añadió que “la Fiscalía tampoco pudo demostrar el derecho de propiedad para acreditar que esa casa o una escritura que ellos presentan, correspondía a esa casa, es por eso que el juez dictamina  el auto de formal procesamiento, solo con la declaración  de una de las imputadas  que es la que cuidaba la casa, y dice que entró Víctor y José Santos Vigil a la  propiedad  y que por amenaza ellos  tuvieron que irse”.

“En este caso la Fiscalía tenía que haber acreditado en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que hay una denuncia ante el CONADEH  y no lo hizo, entonces no se  cumplen los presupuestos legales  pero la jueza que no conoce de derechos humanos, que no valora los pueblos indígenas, que no valora la ley, que no valora el convenio  y que no valoró incluso esa prueba contundente de que Víctor tiene medidas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y emite ese acto de formal  procesamiento; la jueza está cometiendo incluso delito para nosotros, va a tener que ser denunciada, agregó.

El abogado Medina dijo a defensoresenlinea.com que la detención de Víctor y José Santos responde a persecución a los líderes campesinos de La Paz, con el propósito de debilitar los liderazgos que defienden la tierra y los territorios.

“Recuerde que los alcaldes, tanto de Santa María como de Santiago de Puringla, están a favor de la explotación minera, de las hidroeléctricas  de los planes de manejo  que va a destruir el medio ambiente, el bosque y no  están conformes  con los Consejos Indígenas, con la organización  del movimiento social, porque defienden ese recurso que es nuestra vida”.

“Lastimosamente la Fiscalía se presta para  procesar estos requerimientos fiscales  y a nuestra maneras  de ver en efecto hay ataques sistemáticos  en contra de este grupo étnico y grupos campesinos, para poder lógicamente eliminar este movimiento que viene trabajando desde  hace muchos años en el departamento de La Paz, y lógicamente criminalizándonos a los líderes, el movimiento también se debilita”, finalizo el abogado Medina.

Para el Coordinador General de Milpah, Felipe Benítez, es preocupante los actos de criminalización y judicialización del que están siendo víctimas por parte del Poder Judicial, tanto los defensores como los y las campesinas en el departamento de La Paz.

“Como organización, como movimiento, como una organización realmente que somos de pueblo lenca, para nosotros ha sido totalmente preocupante cuando hemos sido atacados  por parte del Poder Judicial, por parte de la Fiscalía y más que todo en el caso del compañero Víctor que lo dejan de tenido, le quitan dos cargos  de los que lo  estaban acusados, que es el delito de robo agravado, daños a la propiedad, pero le dejan recluido  en el Centro Penal de La Paz por el delito de desplazamiento forzado”.

“Víctor es un  defensor de derechos humanos indígenas, de los derechos territoriales y es preocupante realmente, porque vemos que este sistema político lo que está haciendo es perseguir a nuestros compañeros indígenas que estamos luchando por defender nuestros bienes comunes”.

Añadió que “queremos condenar a nivel nacional y a nivel  internacional esa actitud nefasta de esos jueces, que sin tener argumentos de dejar en  prisión preventiva al compañero Víctor, acusado del delito de desplazamiento forzado, según los abogados defensores no presentan contundencia, no presentan pruebas para decir que cometió ese delito”.

Felipe finalizó diciendo que desde MILPAH condenan el ataque del que está siendo víctimas  tanto Víctor y José Santos, y demás campesinos que son criminalizados constantemente en el departamento de La Paz, por estar en recuperación de una parcela de tierra para el sustento de su familia.

Con este nuevo acto de criminalización que están siendo víctima el defensor de la tierra y el territorio  Víctor Vásquez  y el señor José Santos Vigil, queda demostrado  para qué y para quien fue creado el Nuevo Código Penal de la Impunidad, que desde  un principio se sabía que era para favorecer a los corruptos y criminalizar a los defensores de derechos humanos y campesinos que alcen su voz en defensa de los mismos


Radio Progreso

Caso Guapinol: Juzgado de Tocoa, Colón no dará trámite a recurso de apelación

  • 21/12/2020

Conferencia de prensa del Comité Municipal de Tocoa, Colón

Según los abogados defensores de los ambientalistas de Guapinol en Tocoa, Colón, no se le dará trámite al recurso de apelación presentando ante la Corte de Apelaciones debido a las vacaciones de navidad y fin de año de los empleados del Poder Judicial.

Anunciaron, en conferencia de prensa, que todo indica que será hasta el 6 de enero de 2021 que se conocerá si la Corte se pronuncia a favor de los ambientalistas para que recuperen su libertad o ratifica la decisión de la jueza Zoé Guifarro y se mantiene la medida de prisión preventiva.

La defensa de los ambientalistas rechaza la resolución de la jueza por considerar que no está apegada a derecho. “Es una decisión política que reafirma el pacto de impunidad entre la empresa Inversiones Los Pinares, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, dijo en conferencia de prensa el abogado Edy Tábora, asegurando que no cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad de los ambientalistas, por eso se presentó de inmediato un recurso de apelación. 

Sin embargo, el abogado defensor Efraín Ramírez, quien hizo de forma presencial la presentación del recurso en los juzgados de Tocoa, informó que en opinión de la jueza Zoé Guifarro, se conoció que debido a las vacaciones no dará trámite al recurso de apelación, a pesar que el Código Procesal Penal, en el artículo 190, habla de la celeridad de estos recursos ordenando a la Corte a dar respuesta en un plazo no mayor de 3 días.

“Nunca me había encontrado con una situación tan irregular y tan sesgada, donde el poder Judicial ha menospreciado el derecho y se ha parcializado hacia el Ministerio Público y la acusación privada. Es impresionante como una resolución, ausente de elementos jurídicos y reales, puede determinar la permanencia en la cárcel para los ocho compañeros defensores del agua”, dijo Ramírez.

Aprovechó para hacer un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internaciones, porque no sólo se están violentando los derechos a los ambientalistas y la comunidad de Guapinol, sino que es algo que se extiende a la generalidad de la sociedad hondureña.

Los ocho defensores son acusados de dos delitos de incendio agravado, uno en perjuicio de Inversiones Los Pinares y otro en perjuicio del señor Santos Hernández Corea que también aparece como supuesta víctima del delito de privación injusta de la libertad.

Los defensores privados de libertad son Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo y Daniel Márquez. El ambientalista Jeremías Martínez Díaz, lleva dos años en prisión tras ser capturado en diciembre de 2018.


Equipo legal de los ambientalistas de Guapinol en conferencia de prensa

Resolución ilegal y arbitraria

La defensa presentó recurso de apelación contra la resolución que dictó la juez Guifarro en la audiencia de revisión de medidas, porque considera que hay ausencia de motivación e incumplimiento de las normativas. La juez hizo, en siete numerales, una aproximación de lo que se podría llamar motivación, pero no atendió a los alegatos de la defensa, según denuncian los abogados de los ambientalistas.

Hay hechos que se concatenan con el derecho que por sí mismos son suficientes para que los ambientalistas se defiendan en libertad. El primer hecho que debe tomarse en cuenta es que ellos se presentaron voluntariamente al proceso en agosto de 2019.

“Eso en cualquier país civilizado es suficiente para que las personas nos defendamos en libertad, pero en Honduras la prisión preventiva se volvió la regla cuando debe ser la excepción.  La prisión preventiva es el último recurso que debe usar la judicatura para poder mantener a los imputados presentes en el proceso”, explicó el abogado Efraín Ramírez.

Aunque se haya minimizado la acción de presentación voluntaria, hay otros elementos a favor de los ambientalistas. El hecho que se hayan sobreseído la mayoría de los delitos, incluido el de asociación ilícita, ha generado un pensamiento lógico, “si con el montón de delitos que fueron acusados se presentaron voluntariamente y fueron sobreseídos, no hay razón para pensar que no van a estar a disposición del Tribunal para concluir el proceso” sostuvo Ramírez.

Para dictar una medida de prisión preventiva se debe tomar en cuenta varios elementos, entre ellos el peligro de fuga, obstrucción de la investigación o si el imputado en libertad regresa a la organización criminal que pertenece. “En el caso de Guapinol no existen esos elementos legitimadores de la prisión preventiva, porque ellos se presentaron voluntariamente y está claro que no existe una organización criminal”, concluyó.

Dolor e indignación

En la conferencia de prensa Juana Zúñiga, en representación de las familias de los ambientalistas presos dijo que, están convencidas de la relación íntima que existe entre el poder judicial, gobierno y empresa minera, quienes les niegan el derecho de pasar la navidad con sus seres querido, pero quienes también les niegan el derecho al agua y la vida.

“Las familias no nos quedaremos en casa, porque nos han quitado la alegría de pasar una navidad en familia, pero no las fuerzas de seguir luchando. No nos han desbaratado porque seguimos de pie”, dijo enviando un mensaje directo a los operadores de justicia en el departamento de Colón, quienes son beneficiarios de la lucha de las comunidades porque consumen el agua que actualmente ellos y ellas están defendiendo.


Criterio.hn

cotización del agua en el mercado

ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

diciembre 12, 2020 Redacción

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento alerta en un comunicado de los riesgos de esta práctica.

La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa, denuncia en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.

El especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía.

«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destaca Arrojo-Agudo.

el relator advierte que los futuros de este tipo también podrían atraer a los especuladores, repitiendo la burbuja del mercado de alimentos en 2008. «En este contexto, el riesgo radica en que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores», comenta.

Según Arrojo-Agudo, «el agua ya se encuentra bajo amenaza extrema por la población en crecimiento, la demanda creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático».

El agua es un recurso vital para la economía, pero su valor es «más que eso», subraya el relator. En este sentido, el especialista concluye que el hecho que el agua se vaya a comercializar en el mercado de futuros de Wall Street muestra que «su valor como derecho humano básico está amenazado».