jueves, 30 de marzo de 2017

Honduras: En Berta Cáceres se multiplica la rebeldía de los pueblos // Honduras, un narcoestado ilegítimo // Honduras: autoritarismo, crimen organizado y retroceso democrático // Aspectos centrales sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández // El sacerdote que se enfrenta al presidente de Honduras // Chile Marcha "No+AFP": histórica movilización en contra el sistema privado de pensiones Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. // Con marcha nacional, NO+AFP vuelve a exigir el fin del sistema de pensiones

Honduras: En Berta Cáceres se multiplica la rebeldía de los pueblos

por Nadia Fink - LA HAINE - 04/03/2017 

A un año del asesinato de Berta Cáceres, entrevistamos a su hijo, Salvador, y damos cuenta de un proceso que sigue
Tanto en el pedido de justicia como en el trabajo de la organización, COPINH. En Buenos Aires se realizaron actividades para conmemorar su lucha.

Mientras se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres en su casa de La Esperanza, en Honduras, nuevos vínculos entre los asesinos y el entrenamiento militar que recibieron en Estados Unidos generan repudio y ponen sobre la mesa los tejidos entre las trasnacionales que saquean la tierra, los gobiernos locales serviles al país del Norte y el paramilitarismo latinoamericano que es, una vez más y como en un reciclado Plan Cóndor, entrenado por quienes todo lo saben en amedrentamientos y ataques a líderes y lideresas sociales: los Estados Unidos.
Pero Berta era la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y pertenecía a la comunidad Lenca; es decir que tanto en su sangre como en su lucha cotidiana llevaba impresa la resistencia de más de 50 años y el amor por la tierra y por los ríos. Así, de estas dos formas de construir opuestas, surge este homenaje con pedido de justicia que trae a Berta en la continuidad de sus compañeras y compañeros del COPINH, en las palabras de su hijo, Salvador; y marca contrastes en la información irrefutable de los vínculos de sus asesinos con la empresa.
Los sospechosos de siempre
Berta fue asesinada en la noche del 2 de marzo de 2016, en su casa de La Esperanza, una pequeña población de Honduras de unos 9 mil habitantes. Al menos cuatro personas entraron a su hogar y la mataron mientras dormía. Había recibido 33 amenazas anteriores y, se suponía, estaba custodiada por el Ejército. Si bien de inmediato quisieron hacerlo pasar por un crimen pasional, o por una disputa interna del COPINH, las presiones internacionales llegaron pronto: la lucha emblemática de Berta era contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que llevaba adelante la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) en el departamento de Intibucá, territorio Lenca. La construcción de la represa era directamente ilegal, porque violaba el Convenio 169 de la OIT ya que no se había realizado consulta alguna a la comunidad.
En ese contexto de presión, la justicia tuvo que investigar y cuatro hombres fueron detenidos en mayo de 2016: se trataba de Sergio Ramón Rodríguez, gerente ambiental de la empresa DESA; Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y contratado por DESA como jefe de seguridad entre 2013 y 2015; Mariano Díaz Chávez, Jefe de inteligencia del Ejército en camino al ascenso y Edilson Atilio Duarte Meza, contratado como sicario.
En una reciente investigación de The Guardian, la periodista Nina Lakhani afirma que hay registros militares de que al menos dos imputados asistieron a cursos de contrainsurgencia (http://lahaine.org/dC1T). “(Mariano Díaz) asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y a un curso de lucha contra el terrorismo en la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005. Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos”, desarrolla en su informe.

Consultado por Marcha, Salvador Zuñiga, hijo de Berta Cáceres respondió: “Honduras fue la base en la que operaron las contrarevoluciones, y el Ejército de nuestro país fue servil a eso. Los batallones del Ejército en las décadas del 70 y 80 eran conocidos como ‘los escuadrones de la muerte’, porque torturaban, perseguían y asesinaban. Actualmente esos escuadrones siguen funcionando, quizás modificaron sus maneras de operar. Incluso, dentro de la comunidad de Río Blanco, que es donde se está llevando adelante la represa de Agua Zarca y es el motivo por el que asesinaron a mi mami, también hay presencia de bases militares”.
Así la nombra Salvador, “mi mami”, y sin embargo hay en sus 22 años, en su mirada antigua y en su voz firme, una profunda convicción de los ideales de Berta, y de la continuidad en el legado y en la lucha que ella llevaba adelante. Por eso, detalla que si bien no tuvieron acceso a la causa en todo este año por parte del Estado hondureño, las búsquedas de justicia se multiplican en varias direcciones: incluso en la presentación de la “Ley Berta Cáceres” en el Congreso norteamericano en la que se pide, entre otros puntos, que Estados Unidos detenga el financiamiento del Ejército de Honduras. No está de más recordar que el año pasado, el presupuesto fue de 18 millones de dólares de “ayuda” en apoyo militar.
“En las comunidades entendí cuáles eran las razones por las que ella seguía su lucha”
Salvador creció escuchando que a su madre la llamaban “revoltosa, bruja, guerrillera”, en una sociedad donde “pensar cualquier tipo de transformación es peligrosa”; y si bien siendo un niño le resultaba difícil escuchar todo ese tipo de comentarios, nos cuenta, “la formación que tuvimos nosotros es la que nos hizo entender cuáles eran las razones de por qué ella seguía su lucha, a las que  estuvimos vinculados desde pequeñitos”. Y fue en las comunidades indígenas donde encontró esas razones: “Iba desde que tenía 4 o 5 años, y así fui aprendiendo sus realidades: vi las situaciones de pobreza extrema, o que no había acceso a la salud ni a la educación; pero también fui viendo cómo se valoran toda la naturaleza: los ríos, las montañas, los animales; y también se transmite mucho la fuerza y la historia de rebeldía que tienen los pueblos”.
También entendió, desde la cercanía, lo opuesto de las miradas ancestrales con la voracidad de las empresas. “Estando en las ciudades es bien difícil entender lo que significa un río. Cuando llegan las empresas les prometen es dinero y trabajo, pensando que con eso es suficiente, y al final también termina siendo mentira porque eso se privatiza”, dice. Y ejemplifica con un recuerdo tan simple como contundente: “Un muchacho tenía que irse a estudiar fuera de la comunidad, y él decía que lo que lo hacía sentir más triste era que cuando se levantara no se iba a poder bañar en el río. Entonces ahí es cuando uno nota qué significan los ríos: es parte de la cotidianeidad, es algo elemental, no se concibe la vida sin él”.
Berta también pudo ver eso, y construir desde una organización. Hoy Salvador y Laura, otra de sus hijas, son parte del COPINH y rescatan la idea que llevo a que se conformara. “El COPINH abarca diferentes pueblos indígenas en Honduras y surgió porque existía una deuda desde los movimientos revolucionarios de los 70 y 80, que tomaban sólo como que los luchadores y las luchadoras pertenecían a la clase obrera. Faltaba el reconocimiento de los pueblos originarios,  poner en contexto dónde estábamos parados en América Latina”, describe Salvador.

Con Berta en el corazón y en la mirada
Las jornadas internacionales por el año del asesinato de Berta Cáceres abarcan 15 países. Coincide, además, con la cercanía al paro (también internacional) de mujeres que se realizará el 8 de marzo. Si bien en Honduras ya hay 134 líderes y lideresas asesinadas desde el Golpe de Estado de 2009, que derrocara al presidente Manuel Zelaya, la historia de Berta cala profundo. Porque era una mujer escuchada y reconocida en una sociedad marcadamente machista, y porque contaba con un reconocimiento que incluía el premio Goldman (el “Nobel Verde”, como lo llaman) en 2015. “También sentimos que al tener tanto reconocimiento, por ejemplo haber ganado el premio Goldman, en que tantas organizaciones estaban pendientes, no nos imaginamos que podía suceder…”, explica Salvador y demuestra la fragilidad de los derechos humanos en Honduras. Por eso mismo la jornada, tal como lo explica él, “tiene que ver con fortalecer estas solidaridades que son tan importantes, de seguir compartiendo otras luchas, de seguir estando juntas y juntos. Tiene que seguir siendo importante la solidaridad porque la situación crítica en Honduras continúa”.
Según los datos recientes de la Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para las y los activistas ambientales. ¿La respuesta del Estado del Honduras?: llevar adelante una demanda a la organización por difamación.
El asesinato de Berta desnuda la trama siniestra de las grandes transnacionales y el saqueo de la tierra asociadas a la militarización de los países y al amedrentamiento de quienes se organizan (“la represa Agua Zarca estaba financiada por el USA ID, por el Banco Holandés, por bancos alemanes y canadienses… y por eso insistimos en que no es sólo de Honduras o en la comunidad sino que son transnacionales que financian proyectos en otras partes del mundo y que también funcionan con estos mismos mecanismos. Ellos también son responsables”), pero también habla de la figura colectiva que supo construir en vida; de las comunidades que resisten, como desde hace 500 años, colonizaciones y avances en sus tierras; y de la confluencia en las luchas; “Por eso hay movilizaciones y también actos espirituales; se puede ver toda la pluralidad de la lucha, la cantidad de colores que se unen en el camino”, cierra Salvador.
Marcha. Fotos: Analía Cid y Camila Parodi


Un año sin Berta Cáceres

Honduras, un narcoestado ilegítimo

Este mes se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres; este crimen impune hizo visible a nivel internacional la naturaleza criminal de un gobierno títere, heredero del golpe de Estado de 2009, que actúa como cómplice de multinacionales y narcotraficantes en acciones en las que líderes sociales son asesinados de forma sistemática.
Domingo 26 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Por Manuel González Ayestarán
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.” (Berta Cáceres, abril de 2015)
El 2 de marzo de 2016, en plena víspera de su cumpleaños, la activista lenca, feminista y medioambiental Berta Cáceres fue asesinada en su domicilio por sicarios ligados a poderes empresariales y políticos del país. La líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llevaba años denunciando amenazas de muerte contra su persona. De hecho, su asesinato fue precedido por el de tres miembros de su organización que también luchaban contra la construcción de represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. En el mismo momento también fue herido de bala el ambientalista mexicano Gustavo Castro. A un año del trágico episodio, sus hijas y compañeros denuncian la complicidad del Estado hondureño en alianza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), presidida por el exoficial de las fuerzas armadas Roberto David Castillo Mejía.
Honduras es el país más desigual de América Latina según el Banco Mundial. Actualmente, 64,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 42,5 por ciento en extrema pobreza. El país se encuentra inmerso en la continuación del golpe de Estado asestado contra el gobierno progresista de Manuel Zelaya en 2009, bajo el apoyo y supervisión del gobierno estadounidense con la dirección de la dupla Obama-Clinton. Tras este episodio, el conservador Partido Nacional de Honduras ganó dos comicios electorales (el primero en el mismo año del golpe, bajo acusaciones de ilegalidad). Movimientos sociales como el fundado por Berta Cáceres denuncian que, desde el golpe de Estado, el nuevo gobierno ha dado carta blanca a las empresas mineras e hidroeléctricas nacionales y extranjeras para la explotación de la región. Desde entonces, se han multiplicado los crímenes y amenazas contra activistas sociales y medioambientales que defienden los derechos de los campesinos e indígenas expulsados de sus tierras. Así, el crimen de Cáceres es uno más entre los tantos que sufren los campesinos que denuncian los atentados contra el medioambiente de las empresas promocionadas por el gobierno.
El coordinador de las Izquierdas Socialistas de Honduras, Gilberto Ríos, señaló al portal Rebelión.org que “de las diez familias que constituían hasta hace muy poco la oligarquía del país que controla más de 90% de la economía (alrededor de 2.050 empresas estratégicas), ahora se han reducido a cinco familias dueñas de las 918 firmas claves de Honduras. Estamos frente a una concentración abrumadora de la riqueza”. Su agrupación política denuncia que estas familias están íntimamente ligadas con el narcotráfico. “El Departamento de Estado estadounidense hace tres años reportó que por Honduras pasa más de 90 por ciento de la cocaína proveniente de Colombia y dirigida a Estados Unidos. Ello aumentó todavía más luego del golpe de Estado porque otras rutas que podían resultar inseguras fueron garantizadas por la nueva situación del país”, agregó. En este sentido, existe un fuerte vínculo entre el capital financiero, el narcotráfico y el Estado hondureño, que es sistemáticamente denunciado por movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda, mientras sus líderes son perseguidos y asesinados.
Por otro lado, Honduras siempre ha sido un enclave geoestratégico fundamental para el gobierno de Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XX, Washington utilizó el territorio hondureño como enclave militar para desarrollar sus injerencias en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Durante las últimas décadas, bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos aumentó su presencia militar en el país, el cual aloja tres bases norteamericanas.
Un crimen impune
La hija de la difunta, Berta Zúñiga Cáceres, lleva denunciando desde el pasado año que el Estado hondureño únicamente ha detenido a cargos intermedios, y que los principales instigadores del delito aún siguen libres. Efectivamente, las autoridades hondureñas únicamente han arrestado a siete personas, de ellas cuatro son exmilitares y una ostentaba un alto cargo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, gestionado por DESA. Un artículo publicado en el diario inglés The Guardian por la periodista Nina Lakhani informó, con base en la consulta de fuentes judiciales, que dos de los detenidos en mayo de 2016, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo, habían sido entrenados en 1997 en la Escuela de las Américas (centro estadounidense de entrenamiento en métodos de tortura, asesinato y represión para fuerzas militares latinoamericanas).
El teniente Bustillo era el jefe de seguridad de DESA y es la persona a la que se atribuye la planificación del asesinato de Cáceres. La líder social había denunciado ya en 2013 intentos de soborno y amenazas por parte de Bustillo y del mencionado alto cargo de DESA encarcelado, Sergio Rodríguez. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), en los que incluso hay acoso sexual”, señaló Cáceres en entrevista con el periodista Dick Emmanuelson en 2013.
En enero de este año se detuvo en México al exmilitar Henry Hernández, autor material e intelectual del asesinato, el cual trabajó, según informó Telesur, bajo las órdenes del mayor Díaz Chávez en la unidad especial del ejército hondureño, 15º batallón. Este cuerpo de elite es un “legado” del ejército estadounidense en Centroamérica, al cual entrenó en el marco de la guerra contra el sandinismo en Nicaragua y contra los grupos guerrilleros que por entonces operaban en El Salvador y Guatemala. En la actualidad estas fuerzas, inicialmente dedicadas a luchar contra la insurgencia, siguen operando en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región y, como es evidente, algunas de sus autoridades y efectivos retirados emplean los conocimientos adquiridos en servicios de sicariato para la oligarquía regional.
Asesinatos y amenazas constantes
El crimen contra la fundadora del Copinh, si bien ha dado visibilidad internacional al proceso de expolio de Honduras a cargo de empresas y multinacionales asociadas con el gobierno, no ha hecho que las amenazas y asesinatos contra líderes sociales cesen en el país. Apenas 13 días después de la muerte de Cáceres, el miembro del Copinh Nelson García, natural de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado a balazos. El líder campesino había participado la misma jornada de su muerte en una movilización contra el desalojo forzado de 150 familias de bajos recursos a cargo de las autoridades militares hondureñas. Por otro lado, en octubre de 2016 el Copinh emitió un comunicado por el que denunció internacionalmente dos intentos de asesinato contra los miembros de su organización Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh y Alexander García Sorto, líder comunitario de Llano Grande, Colomoncagua. “En horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas”, señala el documento. “En la noche del mismo día, una persona disparó contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh, cuando salía del centro de encuentros Utopía con dirección a su casa”, añade.
Alexander García había sido baleado en mayo de 2016 por el exmilitar Enedicto Alvarado, el cual fue apresado. Su familia llevaba tiempo amenazando al coordinador del Copinh para que retirase la denuncia. Entonces, el Copinh denunció “la realización de disparos en ráfagas que se realizan en la comunidad lenca de Río Blanco por parte sicarios pagados por DESA como forma de intimidación y amenaza contra la comunidad que se opone a la destrucción del río Gualcarque y el despojo de los territorios del pueblo lenca”.
Por último, en enero de 2017 fueron detenidos cinco campesinos lencas integrantes del Copinh en el municipio de Intibucá. Los activistas fueron acusados de usurpación de tierras por realizar actividades de agricultura en predios que poseen hace más de 50 años, por los cuales pagan impuestos a la municipalidad. “Quien reclama el terreno de los cinco compañeros como propio se fundamenta en una extensión de dominio pleno hecha por el exalcalde de Intibucá Martiniano Domínguez Meza, quien se encuentra procesado por otorgar de manera ilegal el permiso de operaciones a la empresa DESA, ligada públicamente al asesinato de nuestra coordinadora Berta Cáceres”, denunció el Copinh en un comunicado oficial.
“Esta detención arbitraria se realizó en un contexto del incremento de acciones represivas del plan Colombia/México en Honduras, que busca destruir mediante la represión y acciones clandestinas al movimiento social e indígena-negro de Honduras con el fin de despojar los bienes comunes (naturaleza, ríos, agua, carretas, minerales, paisaje, fertilidad del suelo, etc.) al pueblo hondureño y entregarlos a la explotación privada con beneficio, utilidades económicas y comisiones a unos cuantos”, añaden.


Otras miradas

Honduras: autoritarismo, crimen organizado y retroceso democrático

24 Mar 2017

por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos

“En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula”. Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo plenamente válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los partidos opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE, agrupación política creada para reunir los principales sectores sociales que se opusieron al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de sus 37 congresistas (casi el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de sus 13 congresistas (casi el 33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH. Esta oleada de transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido Nacional de conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el control de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando Hernández.
Pero la degradación de la vida política, todavía fuertemente influida por las consecuencias del golpe de Estado de 2009, ha ido mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es que tas el golpe se produjo la partición del Partido Liberal, cuando una buena parte de sus bases constituyeron el partido LIBRE siguiendo los pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia, el Partido Nacional se vio fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes dueños absolutos del país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no fue una sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía nacionalista. Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró establecer sobre el Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de 2013 (en el que se produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido Nacional, manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento en mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia.
Como consecuencia del afianzamiento del Partido Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de los casos de corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro Social, que sacó a la luz cómo el Partido Nacional utilizó fondos del sistema de salud para la campaña electoral de JOH, hasta el caso ASTROPHARMA, en el que se reveló que una empresa de una alta funcionaria nacionalista vendió durante años pastillas de harina haciéndolas pasar por medicinas al sistema de salud público, provocando centenares de muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción de un nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del metrobus de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para la alcaldía, que finalmente no fue utilizado y cuyas vías y estaciones están siendo demolidas en la actualidad.
Además la actividad del crimen organizado se vio fortalecida durante el periodo de hegemonía nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes. En 2015 la DEA capturaba en Haití a uno de los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho que iría relacionándose con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa que indicaban que el crimen organizado, aliado con altos mandos del Partido Nacional, se había repartido el territorio hondureño y estaban detrás de asesinatos de altas personalidades de la lucha contra el crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas semanas las revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los líderes del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado a un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña electoral de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal habría participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de Tegucigalpa con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que también acudieron otros destacados narcotraficantes del país. La posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de Lobo es cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro ha implicado en sus actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco, y ha denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel con el gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James Nealon llegó a declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo dirigida por el narcotráfico y altos mandos de las fuerzas armadas (el hermano de JOH volvió a ser mencionado en relación con estos hechos, situación que provocó que tuviese que viajar a EEUU para prestar declaración a las autoridades estadounidenses).
Ante un panorama tan escandaloso, sería de esperar que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte desgaste a nivel electoral. Sin embargo, la realidad es muy diferente y en la actualidad parece que la reelección de JOH en noviembre es más que factible, siendo la principal amenaza contra esta la posibilidad de que se le sindiquen responsabilidades penales en Estados Unidos por sus conexiones con el crimen organizado. Para comprender la aparente inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder en el actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema electoral y de partidos en Honduras.
JOH sostuvo antes de ganar las elecciones que iba a “hacer lo que tenga que hacer”. A estas alturas se puede afirmar sin lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos años ha logrado controlar varias de las instituciones clave del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y la Corte Constitucional entre otros. Especialmente clamoroso es el caso del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por cuatro magistrados y en el que no hay representación de dos de las mayores partidos de Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al servicio del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha cooptado los suficientes congresistas opositores como para sacar adelante todos sus proyectos y ha barrido con la oposición interna al interior de su partido. En este proceso ha logrado anular varios artículos de la constitución hondureña que prohibían la reelección presidencial, conocidos como pétreos por ser solo modificables mediante constituyente, y posteriormente ha validado su candidatura presidencial. Llama la atención que los que hoy aplauden la posibilidad de reelección en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de evitarla.
Combinado con lo anterior, JOH espera verse favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente corrupto. Si ya sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar votos. Según una encuesta realizada para un estudio del National Democratic Institute, en 2013 la compra de votos fue de cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes superaron el 15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y Santa Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a la hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además perniciosas prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que todos los trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota mensual al partido gobernante, que se extrae automáticamente de las nóminas. Pero el fraude no queda limitado a estas prácticas, también se deriva de la manipulación del censo electoral en el que se incluye a menores de edad y personas fallecidas para inflar los resultados cuyos votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y cuya venta permite manipular el  proceso de conteo en los colegios electorales.
En conclusión, Honduras enfrenta un contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido Nacional muestra una gran fortaleza debido a la consolidación de su control sobre el Estado y el sistema electoral, se dan varias situaciones que hacen peligrar su continuidad en el poder. Y es que parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos la reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso de desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel de los Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos con el Partido Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de oclusión entre el gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor policial Alfredo Landaverde denunciaba meses antes de ser asesinado por policías que el gobierno estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la implicación del gobierno hondureño en el crimen organizado.
Menos claridad aún hay sobre cuál podría ser el candidato con más posibilidades de disputarle la presidencia a JOH. Durante 2016 se ha conformado una Alianza Opositora en la que convergen los partidos LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene un candidato oficial, aunque suenan con fuerza tanto el líder del PAC Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la Alianza seria en principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de las elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis Zelaya trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al PAC es real, aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría el liderazgo de Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En este sentido, en los próximos meses se irá esclareciendo el escenario de cara a los comicios, que no excluye la posibilidad de que el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se muestran evidencias graves de su involucramiento con el cartel de los Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para Honduras, donde se va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria, antidemocrática y corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el proceso y se abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de la caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones se han sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en utilizar los métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus intereses.


Asesinato de la activista Sra Berta Cáceres: Abogados sin fronteras Canadá exhorta al gobierno de Honduras a que continúe y profundice su investigación


Quebec.
Hace un año, la defensora de derechos de los pueblos indígenas Berta Cáceres fue eliminada a quemarropa en su domicilio, en presencia de su colega mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió milagrosamente.
Esta tragedia ocurrió, a pesar que, desde el año 2009 la Sra. Cáceres había sido objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cuales, esta última solicitó al Estado hondureño a tomar las acciones necesarias para protegerla de los peligros graves e inminentes que corría su persona.
La Sra. Cáceres fue la portavoz del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH) quien activamente hacía campaña contra el proyecto de construcción de la presa eléctrica Agua Zarca cuya dirección de obra fue confiada a la empresa Desarollos Energéticos, SA (DESA).
La investigación llevada acabo por las autoridades hondureñas respecto de este crimen, encontró graves dificultades. En efecto, esta investigación tomó mucho tiempo para empezar y las autoridades encargadas se negaron a tener informados a los parientes de la víctima sobre el desarrollo del proceso, alimentando, de esta forma, el temor de que la investigación no permitiría la identificación de los responsables, especificamente los que orquestaron dicho atentado. La prueba recolectada por el Ministerio público en este caso, no habría sido comunicada a las victimas y sus representantes legales, en obvia contradicción con la legítima busqueda de la verdad.
La acusación contra ocho individuos – entre los cuales cinco forman parte de las fuerzas armadas – presuntamente responsables del homicidio de la Sra. Berta Cáceres y de la tentativa de homicidio contra el Sr. Gustavo Castro, constituye un paso en la buena dirección que hay que saludar. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar la importancia de continuar los esfuerzos encaminados a la identificación de los autores intelectuales del crimen, conforme a las obligaciones internacionales de Honduras, en la materia. Esto es, aún más importante, teniendo en cuenta que Honduras se comprometió públicamente a combatir la impunidad y que este caso tiene un carácter emblemático, no sólo en este país sino en otros lugares en el mundo, incluido Canadá.
Abogados Sin Fronteras Canadá exhorta a las autoridades hondureñas a que continúen y profundicen la investigación sobre el homicidio de la Sra. Berta Cáceres. Además de, favorecer la puesta en marcha de una comisión de investigación internacional bajo la supervisión de la Comisión interamericana de derechos humanos quien sería la encargada de esclarecer este caso.


Radio Progreso

Aspectos centrales sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández

Mar 07, 2017
El 20 de diciembre de 1907 los 5 Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo . En virtud de ello, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir dos principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región.
En primer lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado (art. I); y en segundo lugar, realizar reformas constitucionales para prohibir la reelección del Presidente de la República, donde tal prohibición no exista, y adoptar “todas las disposiciones necesarias para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el poder” (art. III). 
A la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política, la proscripción de la reelección se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el procedimiento especial que requeriría el voto de 86 diputados y diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura.
El presente artículo tiene el objetivo de analizar la permisión de la reelección presidencial a la luz de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la teoría democrática del poder constituyente y el derecho constitucional, y desmontar los argumentos de su presunta legalidad basados en la simple idea de que es legal porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que era legal, lo cual ignora que en las democracias modernas no es suficiente valorar la validez de los actos y omisiones de los poderes públicos únicamente desde la legalidad, sino también desde la legitimidad.
LA REELECCIÓN A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables. 
Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas . 
Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad, y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos; y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes les representarán . 
Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados . Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular .
La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, tales como ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir, las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto .
La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal . 
No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en su sentencia sobre el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana” . En otras palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no implique una restricción indebida a los derechos políticos .
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido. Para admitir una restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad .
De esta manera, para que la prohibición de la reelección sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es necesario que (a) esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el sentido formal y material . Por tanto, no se pueden restringir derechos mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole; (b) esté orientada al logro de objetivos imperiosos y de finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común ; y (c) sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras palabras, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo .
La Corte IDH ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al “derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo .
La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos . 
A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito” y, por tanto, no es comprensible en qué se basa realmente la Sala de lo Constitucional para decretar que la prohibición de la reelección es incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana si, de acuerdo con las interpretaciones y jurisprudencia de sus dos órganos facultados para ello -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH-, las normas interamericanas no imponen un sistema electoral concreto y deja a los Estados la discrecionalidad de establecer otras limitaciones distintas a las contenidas en el párrafo 2 del citado artículo 23 . 
Nuestra reciente historia de autoritarismo, ingobernabilidad y violencia política, hizo de la prohibición de la reelección una garantía legítima frente al despotismo. Sin embargo, no se puede ignorar que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales que experimenta una sociedad, y que cada Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción indebida al derecho a ser electo.
En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.
PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN, CLÁUSULAS PÉTREAS Y PODER CONSTITUYENTE
La Constitución hondureña tiene las características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en ningún caso.
Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante, dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía, como lo estable el artículo 2 de la Constitución de la República, y el único facultado para realizar este tipo de reformas.
Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución”  y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o modificar. La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.
La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución que por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos. En ese contexto, es importante resaltar que una Constitución es algo más que una mera norma, pues también es el diseño de cómo idealmente tendría que funcionar una sociedad , y quienes elaboraron dicho diseño ordenaron jurídicamente el ejercicio del poder estatal y limitaron a los poderes constituidos para que no pudieran modificar esos principios supremos, entre ellos, la prohibición de la reelección. 
Por ello es que una Constitución supone ante todo un poder constituyente, sin el cual no puede haber Constitución; en otras palabras, sin el consentimiento expreso del pueblo no puede haber Constitución, sino un gobierno de facto. Así como sin poder constituyente no hay Constitución, sin soberanía no hay poder constituyente, el cual “es el instrumento a través del cual se hace realidad una determinada concepción de la soberanía. Porque la nación es soberana por lo que dispone el Poder Constituyente y no a la inversa. Esto es el significado de esa indisoluble asociación entre el pueblo y la soberanía o, dicho de otra manera, la idea de que la soberanía reside en el pueblo” .
En consecuencia, es absolutamente ilegal e ilegítimo que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. Dicho de otro modo, la Sala de lo Constitucional asumió facultades que le corresponden al poder constituyente, se convirtió temporalmente en poder originario y usurpó sus funciones declarando inaplicable un artículo pétreo. Del mismo modo, la intención del Congreso Nacional de interpretar la sentencia para reglamentar la reelección implica atribuirse facultades judiciales y vulnerar el principio de separación de poderes . 
Indudablemente, estos actos implican suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureñas y hondureños habilitados para votar, y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente para decidir sobre los aspectos fundamentales de nuestro sistema político, y vulneran la legitimidad de la Constitución que se basa en el “acuerdo en torno a su contenido, o al menos al respeto del mismo” . 
A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legal ni legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al pueblo como poder constituyente . Por tanto, mientras el pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección no está revestida de validez democrática y, consecuentemente, las intenciones de Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y la inscripción de su candidatura constituyen un delito de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el artículo 2 constitucional.
REELECCIÓN Y ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder”  y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos” .
En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del Dr. Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección” .
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento declaró inaplicable la totalidad del artículo 4 constitucional, solamente su último párrafo que establece que su infracción constituye delito de traición a la patria, y en consecuencia, siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’” . En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no debió inscribirse como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial .
La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández violenta abiertamente la Constitución y todos los responsables incurren en los delitos de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular y de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal. 
EL PAPEL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA REELECCIÓN
La reelección del presidente Juan Orlando Hernández no es un simple capricho personal que surgió a último momento. Es parte de un plan bien orquestado que se fraguó desde que se convirtió en presidente del Congreso Nacional en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, surgido de unas cuestionadas elecciones organizadas por el gobierno de facto que asumió el poder después del golpe de Estado en 2009.
Uno de los puntos centrales de dicho plan ha sido asegurar el control absoluto de las instituciones democráticas y exaltar su figura personal desde una lógica mesiánica que proyecta al presidente Hernández como el único hombre capaz de manejar con mano dura las riendas del país. Para ello, él y sus partidarios han logrado concentrar el poder en su persona pero guardando las apariencias formales de la democracia representativa.
Así, en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, y su partido se basaron en acusaciones vagas de vinculación con el crimen organizado para destituir ilegalmente a cuatro magistrados y magistradas de la anterior Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional uno de sus proyectos estrella, la “Ley de las Ciudades Modelo”, y en el mismo acto nombraron a cuatro nuevos magistrados y magistradas afines que posteriormente revirtieron esa decisión. El Congreso Nacional no tenía la competencia para ejecutar esta destitución y aprovechando la mayoría técnica violó abiertamente los principios de separación de poderes y de independencia judicial.
El único magistrado sobreviviente a las destituciones fue Óscar Chinchilla, quien fue el único que votó a favor de la constitucionalidad de dicho proyecto, y ocho meses después fue nombrado Fiscal General del Estado por el parlamento anterior en una cuestionada elección debido a que en el proceso de preselección había sido descartado por la Junta Nominadora y a que conforme a la Constitución debía ser elegido por el congreso actual .
Bajo esta misma lógica de control de instituciones claves, se eligió al nuevo Procurador General del Estado, Abraham Alvarenga , y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se integró el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuya ley de creación fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional actual, provocando que sus funciones se concentren en la figura del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, hombre cercano al presidente Hernández.
La elección de la actual Corte Suprema de Justicia que quedó integrada por 8 magistrados y magistradas afines al Partido Nacional, y 7 al Partido Liberal, también se enmarca dentro de esa misma lógica y, además, en la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, evitando así la existencia de un Poder Judicial independiente y profesional que luche frontalmente contra la corrupción y la impunidad. A su vez, se activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación entre los poderes del Estado, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República.  
Las Fuerzas Armadas tampoco han escapado de tal control, ya que el presidente Hernández ha logrado colocar a familiares, amigos y ex compañeros del Liceo Militar del Norte en puestos claves, tales como, la Universidad de Defensa, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea Hondureña y la comandancia general del Ejército . Y para cerrar el círculo, se creó la Policía Militar de Orden Público que además de otorgarle las mismas facultades de la Policía Nacional, mediante una reforma a su ley constitutiva en el año 2003, se le asignó todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República. 
Lo anterior nos muestra cómo el presidente Hernández ha consolidado una inmensa de red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a la frágil democracia hondureña. Por ello es que toda la institucionalidad del Estado defiende la supuesta legalidad de la reelección y con una pobreza argumentativa impresionante se limitan a señalar que la reelección es legal porque hay una sentencia que dice que es legal. 
De esta manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo pétreo que contiene la prohibición de la reelección, el Congreso Nacional rechazó la petición de convocar a un plebiscito para consultar al poder constituyente si está de acuerdo o no con la reelección, el Tribunal Supremo Electoral inscribió la candidatura del señor Hernández y las Fuerzas Armadas se declararon “respetuosas” de estas decisiones pese a que el artículo 272 constitucional les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Congreso Nacional derogar los artículos constitucionales que prohíben la reelección a pesar de su ilegalidad e ilegitimidad , y el Ministerio Público sigue guardando un silencio sepulcral pese a su obligación de iniciar investigaciones de oficio por suplantación de la soberanía popular y la transgresión del principio de alternabilidad . El irrespeto hacia la ciudadanía es tal que ninguno de los titulares de las instituciones mencionadas son capaces de hilvanar justificaciones éticas y jurídicas congruentes para sostener semejante ilicitud e intentan lavarse las manos con el lacónico argumento de que la reelección es legal porque supuestamente lo dice una sentencia y que es cosa juzgada.
CONCLUSIÓN
Sustentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a importantes obstáculos para encontrar argumentos democráticos sólidos que permitan negar que su candidatura representa una nueva ruptura del orden constitucional. En el año 2009, quienes ahora defienden con dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la institucionalidad republicana y los derechos humanos. Y lo más grave es que han usurpado al soberano su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que la prohíbe, y se colocan por encima de la Constitución nacional para ignorar la obligatoriedad del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Indudablemente nos encontramos frente a un tercer rompimiento del orden constitucional ejecutado en los últimos 8 años, el cual no puede comprenderse sin el contexto de subordinación absoluta de las instituciones democráticas al Poder Ejecutivo. Los tres están intrínsecamente conectados y no se pueden explicar los unos sin los otros; el primero fue en el 2009 cuando se dio el golpe de Estado al ex presidente Manuel Zelaya Rosales; y el segundo fue en diciembre de 2012 cuando el Congreso Nacional destituyó ilegalmente a 4 de los 5 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional, y que paradójicamente es la misma Sala que jugó un papel legitimador de las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de facto .
Creo que a estas alturas me quedé corto cuando hace unos meses señalé que la consolidación del despotismo en el país era aún una amenaza a la funcionalidad y esencia de la democracia , pues realmente nos encontramos ante un momento histórico plagado de autoritarismos en donde solo una ciudadanía activa, pensante, crítica y consciente de sus derechos, podrá detener “la dulce dictadura” que desde el 2009 comenzó a instaurarse y que a todas luces se va convirtiendo en una dictadura en toda su crudeza, a vista y paciencia de la llamada “comunidad” internacional que se empeña en continuar financiando reformas normativas e institucionales con los mismos actores que hasta el momento han impedido el logro de resultados tangibles que se traduzcan en una verdadera democratización del país .


Familiares de Berta Cáceres se confrontan con presidente de Honduras en el Congreso de EEUU


Washington, DC – Manifestantes, incluso una hermana y sobrina de Berta Cáceres, activista que fuera asesinada en marzo del 2016 en Honduras, bloquearon la puerta de la sala donde el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se reunía este martes con miembros del Comité de Centroamérica de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
La reunión del Presidente Hernández fue por invitación de la fundadora y copresidenta del Comité Centroamericano, Norma Torres (D-CA), y se desarrolló después de que la Representante Torres declino la solicitud de los familiares de Cáceres que ella sea copatrocinadora del Proyecto de Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras.
Los familiares de Cáceres habían enviado a la Representante Torres una carta abierta en la que la instaban a ser copatrocinadora del Proyecto de Ley HR 1299, citando asesinatos y amenazas en curso a líderes y activistas sociales en Honduras como la investigación vergonzosa del asesinato de Berta Cáceres.
El Proyecto de Ley podría suspender el apoyo estadounidense a las fuerzas de seguridad hondureñas “hasta que las violaciones a los derechos humanos, por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas, cesarán y sus autores fueran llevados ante la justicia”.
Documentos judiciales filtrados indican que al menos dos de los acusados ​​por el asesinato de Cáceres recibieron entrenamiento militar extenso en los Estados Unidos, incluso en la infame Escuela de las Américas.
“Un gobierno que no protege a sus ciudadanos y cuyas fuerzas de seguridad están implicadas en ataques y asesinatos de activistas no debería recibir financiamiento de seguridad y entrenamiento del gobierno de los Estados Unidos”, dice la carta de la familia.
La visita del presidente hondureño a Washington DC, para reunirse con el Comité de Centroamérica de la Cámara de Representantes, también se produce en medio de la controversia en Honduras por su intención de postularse para la reelección.
Según la Constitución hondureña, el presidente Hernández no puede postularse pero la Corte Suprema está permitiendo la candidatura de Hernández en 2017.
El Congreso hondureño destituyó a varios jueces de la Corte Suprema en 2016, cuando Hernández era presidente del Congreso, en un “golpe técnico” tras declarar inconstitucional la ley de reforma policial.
Otro escándalo también involucra a la familia, el partido y el gabinete del presidente Hernández en el tráfico de drogas. Un informante de la DEA y ex miembro del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un tribunal de Nueva York, la semana pasada, que había discutido un plan de soborno con el hermano del presidente Hernández, el diputado Antonio “Tony” Hernández.

La audiencia fue sobre el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, Fabio Porfirio Lobo, quien se declaró culpable del tráfico de drogas el año pasado.
Rivera Maradiaga también ha declarado que el ex presidente Lobo recibió sobornos de “Los Cachiros”, ofreciendo protección, contra las autoridades y de extradición, a cambio. El presidente Hernández es del mismo partido político, el Partido Nacional, como el ex presidente Lobo.
Rivera Maradiaga testificó que entregó una grabación de su reunión con Tony Hernández, en la que Hernández solicita soborno a la DEA. Rivera Maradiaga también ha proporcionado testimonios en la Corte que vinculan al actual ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, con el cártel de “Los Cachiros”.
La sobrina de Berta Cáceres declaró: “Una de mis preguntas al gobierno de los Estados Unidos es ¿Por qué estamos dando ayuda en seguridad  a un gobierno corrupto, un gobierno que protege a narcotraficantes?”.
También le gritó al presidente Hernández, mientras salía de la reunión, en medio de una gran seguridad, preguntando ¿Por qué se niega a permitir una investigación internacional sobre el asesinato de su tía?; siendo ignorada.
Video de la protesta: 
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1292298774189883&id=912992785453819
Para más información: bertacaceres.org
Fuentes: The Guardian: Berta Caceres court papers show murder suspects’ links to U.S.-trained elite troops; InSight Crime: Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker; AFP:Honduras vows fight against drug gangs after narco-chief testimony
Envio de SOAWatch


domingo, 26 de marzo de 2017

 El sacerdote que se enfrenta al presidente de Honduras

HONDURAS TIERRA LIBRE

“La verdad” el derecho que acalla la impunidad


Por: Sandra Rodríguez
“La Verdad” es un derecho que se le ha negado históricamente al pueblo hondureño, de manera directa a las víctimas de delitos de lesa humanidad como las detenciones y desapariciones forzadas, y asesinatos políticos. Situación que crecentó la impunidad hasta en un 95 por ciento, según estudios de diferentes organizaciones, ante la falta de investigación.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, como lo exigen desde hace más de tres décadas los y las integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que cada primer viernes del mes, se manifiestan en la Plaza “Los Desparecidos”,  de Tegucigalpa, frente al Congreso Nacional y cerca de la Antigua Casa Presidencial, para exigir que el Estado les responda ¿Dónde están sus parientes? Más de 184 detenidos desaparecidos durante la Doctrina de Seguridad Nacional entre 1979 y 1994.
Así como ayer miércoles 23, familiares del político Ángel Pacheco León, acompañados por el COFADEH, se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CO-IDH, para encarar al Estado de Honduras, quien no ha dado respuesta por el asesinato del entonces aspirante a diputado por el Partido Nacional, representando al al departamento de Valle, en noviembre del 2001.
Esa misma verdad, es el derecho por el que espera la familia de las defensoras de derechos humanos Margarita Murillo y Berta Isabel Cáceres Flores, asesinadas en 2014 y 2016 respectivamente. Es el mismo derecho por el que Wilfredo Yánez, esperó hasta el día de su muerte hace seis meses, ante el asesinato de su hijo de 16 años de edad en el 2012, a manos de militares.
Son cientos los casos impunes en cuanto al asesinato de 123 defensores de la tierra y el ambiente en Honduras, 70 periodistas y comunicadores sociales, más de 4 mil femicidios, incontables casos de niños y adolescentes, campesinos y personas de diversidad sexual, en los últimos siete años.
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Y es el derecho a la Verdad, lo que ansía las familias de los desaparecidos forzados en el 2011, Reynaldo Cruz Palma, Elías Muñoz, y el sindicalista Donatilo Jiménez en el 2015, entre otros casos, que acompaña el COFADEH.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad y por la Dignidad de las Víctimas, con lo que, se le rinde tributo al arzobispo salvadoreño -ahora Beato- Óscar Arnulfo Romero, asesinado la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando celebraba Eucaristía en un hospital capitalino.
Monseñor Romero, un defensor del derecho a la vida, la verdad, libertad y a la justicia, entre muchos más, condenaba las violaciones cometidas en su país, denunciaba la ocupación militar y la opresión contra los más desposeídos, hasta el día de su martirio.
“Mi muerte sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro”, expresó el Obispo Salvadoreño de la orden Jesuita, cuyo crimen se encuentra en la impunidad.
Hace dos años el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de El Salvador, David Morales, pidió a las autoridades de justicia reabrir el caso del prelado, para investigar el crimen y deducir responsabilidades, expresando que “es una obligación de Estado aplicar la justicia a todas las gravísimas violaciones y crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante el conflicto armado”.
Después de 37 años, la verdad sobre el crimen que cegó la vida de Monseñor Romero, es acallado por la impunidad.
Romero tenía 62 años de edad, cuando su sangre fue derramada como semilla de libertad, en un crimen que aún espera “Verdad”. El siguiente texto es de fragmentos de sus últimas homilías en la Catedral Metropolitana, donde ahora descansan sus restos, en una tumba con su figura revestida de Obispo y una esfera color rojo en su pecho, símbolo del impacto de bala, y tras de él, decenas de criptas de sacerdotes:
“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión”.
Cabe mencionar que entre las víctimas de desaparición forzada que registra el COFADEH, durante la guerra sucia en Honduras también desaparecieron las salvadoreñas Sara del Carmen Arce Romero, Jesús Enoé Arce Romero, Nora Gomez Barillas (secretaria de monseñor Romero), y su esposo Maurico Barillas, quienes después del asesinato del Obispo integraron la comunidad Cristiana Monseñor Romero, que fue allanada por agentes de la entonces Dirección Nacional de Investigación (DNI), en 1981.
El matrimonio Barillas Gómez, fue separado de sus tres hijos Nora Patricia (11), Gerardo Mauricio (9) y José Daniel (5), y según los recortes periodísticos de la época -documenta el COFADEH- los niños y una anciana fueron entregados en mayo del mismo año con nombres falsos a las autoridades migratorias de El Salvador, en el puesto fronterizo de El Amatillo.
En memoria de San Romero de América
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El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo de esa forma un justo homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño que se constituyó en un incansable defensor de los derechos humanos hasta su martirio.
La iniciativa reconoce la necesidad de promover la memoria histórica y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Asimismo, busca rendir tributo a personas que como Monseñor Romero dedicaron su vida a promover los derechos humanos de todos, protegiendo a los más vulnerables y desposeídos.
La resolución, propuesta por El Salvador, contó con el copatrocinio de 45 países miembros de Naciones Unidas: Argentina, Austria, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, Hungría, Nicaragua, Perú, Polonia, República Dominicana, Venezuela, Armenia, Albania, Bélgica, Colombia, Ecuador, Honduras, Italia, Panamá, Grecia, Chile, Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro, Chipre, Jamaica, Portugal, Luxemburgo, Uruguay, Costa Rica, Brasil, México, España, Alemania, Moldova, Rumania, Azerbaiyán, Seychelles, Paraguay e India.
El propósito del Día es el siguiente:
Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;
Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;
Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.
Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Desde pequeño, fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones.


Chile

Marcha "No+AFP": histórica movilización en contra el sistema privado de pensiones

Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar.


¡Nuestro pueblo construyendo dignidad! Marcha contra las AFP para construir hoy un nuevo sistema de reparto, justo y solidario.


Coordinadora “No+AFP” calificó como histórica la jornada de movilización

Autor: A. Vera - LA TERCERA

La pacifica manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la presencia de alrededor de 800 mil personas en Santiago y más de 2 millones de participantes a nivel nacional.

Coordinadora “No+AFP” calificó como histórica la jornada de movilización
Foto: Agencia Uno. Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora “No + AFP”. La convocatoria de carácter familiar comenzará en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo de realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes. 
En Santiago, se reunieron  miles de personas a marchar en contra de las AFP. Organizaciones como la CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta masiva movilización.
Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas a esta hora en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. En tanto, Carabineros cifró en 50 mil los asistentes. 
Luis Mesina aseguró a ADN que se espera “que hayan más de 2 millones de personas en las calles desde Arica a Magallanes”. 
Además destacó algunos avances que se han realizado. “Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable.  Nos falta todavía más”.
“El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”, añadió.
Respecto a la posición política de la coordinadora fue enfático en señalar que no se involucrarán con ningún partido político y hicieron un llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema de pensiones.
Por su parte, el Intendente metropolitano, Claudio Orrego, destacó el carácter pacífico de las marchas anteriores y dijo que espera que esta no sea la excepción.
Debido a esta pacifica manifestación Carabineros presentó algunos desvíos que puedes revisar a continuación:


Histórica movilización en Chile contra el sistema privado de pensiones

26 de Marzo de 2017 - LIBRERED

La manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la presencia de alrededor de 800.000 personas en Santiago de Chile y más de 2 millones de participantes a nivel nacional.
Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora “No + AFP” (No más Administradoras privadas de Fondos de Pensiones). La convocatoria comenzó en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo se realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes.
En Santiago, se reunieron miles de personas a marchar en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Organizaciones como la CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta masiva movilización.
Desde la coordinadora se contabilizaron más de 800.000 personas en Santiago, mientras que ha nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar.
Luis Mesina aseguró a ADN que se espera “que hayan más de 2 millones de personas en las calles desde Arica a Magallanes”.
Además destacó algunos avances que se han realizado. “Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta todavía más”.
“El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”, añadió.
Respecto a la posición política de la coordinadora fue enfático en señalar que no se involucrarán con ningún partido político e hicieron un llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema de pensiones.
Por su parte, el Intendente metropolitano, Claudio Orrego, destacó el carácter pacífico de las marchas anteriores y dijo que espera que esta no sea la excepción. - La Tercera


Marcha "No+AFP" espera más de 2 millones de personas: "Creemos que será la marcha más grande de la historia"

por El Mostrador 26 marzo, 2017
Marcha
"Hicimos un recuento de los más de 65 puntos del país desde donde vamos a salir a marchar desde las 11:00 de la mañana (...) Yo creo que en el país vamos a tener dos millones de personas", agregó Luis Mesina, uno de los voceros de la coordinadora.
"Creemos que será la marcha más grande la historia". La coordinadora "No + AFP" tiene grandes expectativas de lo que será la manifestación nacional de este domingo para exigir el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
2 millones de personas es lo que esperan a nivel nacional Luis Mesina, uno de los voceros de la coordinadora. "Creemos que será, esperamos, la marcha más grande la historia, porque tenemos una coordinación nacional desde Arica a Magallanes", señaló a Emol.
"Hicimos un recuento de los más de 65 puntos del país desde donde vamos a salir a marchar desde las 11:00 de la mañana (...) Yo creo que en el país vamos a tener dos millones de personas", añadió.
Por lo demás, Mesina cuenta con que la manifestación sea tranquila, "que la indignación se canalice de manera pacífica, pues esta es una marcha familiar. No queremos gente que venga a producir desmanes". A su juicio, nunca en la historia de Chile una organización de las características de "No + AFP", que asegura no depende de ningún partido u organización sindical, ha logrado una manifestación como la que esperan.
"Esto devela que tenemos una organización potente. La gente cree en este movimiento, en esta demanda, y por eso estamos muy confiados en que la gente va a salir con mucha fuerza y confianza a esta gran marcha familiar y pacífica", puntualizó..


Según la coordinadora "No+AFP", marcharon 2 millones de personas

Multitudinaria marcha contra las AFP se destaca por su carácter pacífico y familiar

por El Mostrador 26 marzo, 2017
Multitudinaria marcha contra las AFP se destaca por su carácter pacífico y familiar
Luis Mesina, vocero de la coordinadora, envió un mensaje político al decir que no se involucrarán con ningún partido y, además, hizo un llamado a no votar por los candidatos que no quieran modificar el sistema de pensiones. "Muchos candidatos han salido a vestirse oportunistamente con las banderas del movimiento y a prometer sistemas mixtos sin tener una propuesta concreta", acotó.
Desde las 11:00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora "No+AFP".
Una jornada familiar, pacífica y de carácter masivo, que reunió, según la coordinadora, a 800 mil personas en Santiago y a 2 millones de personas a nivel nacional.
En Santiago, la marcha partió en Plaza Italia y terminó en Los Héroes, alrededor de la 14:00 horas.
Luis Mesina, vocero de la coordinadora, envió un mensaje político al decir que no se involucrarán con ningún partido y, además, hizo un llamado a no votar por los candidatos que no quieran modificar el sistema de pensiones. "Muchos candidatos han salido a vestirse oportunistamente con las banderas del movimiento y a prometer sistemas mixtos sin tener una propuesta concreta", acotó.
"A la mayoría de los políticos y candidatos no le creemos, no nos van a engañar una vez más. No basta con decir 'No AFP', no basta con decir que hay que mejorar las pensiones", agregó Mesina,


Diario y Radio Uchile

Con marcha nacional, NO+AFP vuelve a exigir el fin del sistema de pensiones

Paula Campos |Domingo 26 de marzo 2017 7:47 hrs.
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En la nueva jornada de movilización, se proyecta que más de cuarenta comunas en todo Chile se movilicen exigiendo el fin del sistema de pensiones. Además, de la convocatoria, las miradas están puestas en el anuncio que la Coordinadora hará a la ciudadanía.
Este domingo, la Coordinadora No+AFP encabezada por Luis Mesina, sale a la calle por cuarta vez para exigir el fin de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones.
La convocatoria alcanza a más de cuarenta ciudades en todo el país. De norte a sur, estudiantes, trabajadores de la salud, profesores, empleados públicos, mineros, entre otros, anunciaron sumarse a la marcha que, en todo Chile, se iniciará a las 11 horas.
En la previa a la movilización, los organizadores extendieron la invitación a todos quienes quieran un cambio en el sistema de pensiones: “A todas luces, las AFP han fracasado, las pensiones que el sistema otorga a los afiliados cuando se pensionan son absolutamente insuficientes, y seguirán empeorando. Hoy, las pensiones de las AFP en promedio son de $125.319 pesos, y más del 91% recibe menos de $151.353”. Las cifras, según la OCDE, son de las más bajas del grupo. Además, con tasas de reemplazo de 35% para mujeres y 40% para hombres, siendo uno de los países que presenta mayor desigualdad entre ambos sexos. 
Otra de las acusaciones de la Coordinadora es que las AFP han sido exitosas “en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para invertirlo en los mercados financieros”.
Por eso, exigen a las autoridades el garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar significativamente las pensiones tanto para los pensionados actuales como para los futuros. Chile no es un país envejecido, por el contrario estamos en un periodo de transición demográfica con más de cinco trabajadores activos por cada pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor enfrenta los futuros problemas demográficos, mientras que las pensiones del sistema de AFP ya están cayendo a niveles insostenibles”.
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En la movilización de octubre, la Coordinadora hizo un llamado a abandonar las aseguradoras Cuprum y Hábitat, antes, habían solicitado cambiarse al Fondo E: en 2016 fueron más de 200 mil las personas que se sumaron a este fondo con el fin de capear la volatilidad de los mercados.
Con este precedente, este cuarto llamado a movilización culminará con un nuevo anuncio. Al menos así lo comprometió Luis Mesina, quien -además- es sondeado para ser uno de los candidatos presidenciales del Frente Amplio, definición que se podría confirmar durante las próximas horas.
Sin embargo, el propio Mesina ha manifestado “pudor” ante la posibilidad de convertirse en alternativa a La Moneda. En conversación con Cooperativa dijo no tener aspiraciones políticas, pero estar consciente de que las decisiones no son estáticas: “Hay que escuchar más a la gente para tomar una decisión (…) Nosotros vamos a evaluar, como coordinadora, qué es lo que vamos a hacer políticamente. A priori, nunca hemos descartado nada”.
Criticas a Valdés 
La cuarta marcha contra el sistema se da en medio de las críticas políticas hacia el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD). 
Alejandra Krauss
La primera en encender el debate fue la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (DC), quien  aseguró que su salida fue producto de la hegemonía de la cartera de Hacienda en el tema de pensiones.
La nueva ministra de Trabajo, Alejandra Krauss (DC), también tuvo un capítulo polémico con Valdés. La secretaria de Estado reveló que el cinco por ciento extra de cotización no sería administrado por las AFP, a lo que el jefe de la cartera fiscal respondió con duras críticas hacia su compañera, a quien calificó de imprudente, y desmintió que estuviera zanjado el destino de la cotización adicional.
Los problemas no sólo han sido al interior del gabinete. En la Nueva Mayoría diversas voces lo acusan de defender los intereses de las AFP en desmedro de los trabajadores. Sin embargo, y mientras se discute el destino de los nuevos dineros que entrarán a la ecuación, con las declaraciones de los ministrosse deja entrever que el Gobierno cerró la puerta a la propuesta que en agosto pasado entregara la Coordinadora a la presidenta Bachelet.
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Por eso, desde No+AFP también aportaron al debate: “Lamentablemente a esta altura no nos sorprende que nuevamente el ministro (Rodrigo) Valdés salga en defensa de las AFP y los grandes grupos económicos, pero se entiende al saber que en medio de las manifestaciones nacionales por terminar con las AFP, se reuniera en EEUU, en una cena en octubre de 2016, con representantes de las multinacionales Principal Financial Group, propietaria de Cuprum, y de MetLife, propietaria de Provida. Menos escabroso, pero igual de imprudente, fue el ataque público que hizo contra la ministra de Trabajo y Seguridad Social”.
Además, responsabilizan a la Presidenta por la demora en el cambio al sistema. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero Luis Mesina dijo que “los partidos de la Nueva Mayoría tienen una posición interesada de culpar a los ministros de estado del nulo avance en esta materia cuando toda responsabilidad recae en la presidenta Michelle Bachelet.“Realmente los trabajadores no hemos tenido nada. El anuncio que se hizo en agosto pasado sobre el aumento del cinco por ciento gradual a la contribución de los empleadores aún no se resuelve”.
Por eso insistieron en su llamado a “todas las familias trabajadoras de Chile a marchar masivamente este domingo 26 de marzo para dejar en claro que no queremos más AFP, ni privada ni estatal, y no toleraremos reformas cosméticas que no dan solución real a las bajas pensiones ni a la estafa permanente de que venimos siendo objeto los trabajadores chilenos por las AFP desde hace más de 36 años”.
La exigencia es volcarse a un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos”, es decir, con dineros provenientes desde el trabajador/a, empleador y el Estado, dejando atrás el modelo de capitalización individual impuesto por José Piñera durante la dictadura.


Diario y Radio Uchile

Con histórica convocatoria, chilenos exigen el fin de las AFPs

Paula Campos |Domingo 26 de marzo 2017 14:51 hrs.
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Más de dos millones de chilenos se manifestaron en contra del sistema previsional. Los convocantes agradecieron la participación y emplazaron al Ejecutivo a escuchar la voz de la gente. En la marcha, la Coordinadora No+AFP dijo que la primera meta de 2017 es hacer colapsar a Cuprum y Provida. Luis Mesina, en tanto, no descartó ser candidato presidencial del Frente Amplio, pero aclaró que eso solo pasará con el beneplácito de todo el movimiento.
Histórica fue la convocatoria alcanzada en la marcha No+AFP. En Santiago cerca de ochocientas mil personas se sumaron a la movilización que a nivel nacional superó los dos millones de manifestantes que caminaron pacíficamente por los recorridos autorizados por cada intendencia.(Ver galería fotográfica)
Al final del recorrido, el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, agradeció la convocatoria y reiteró en el llamado a movilizarse para exigir el fin del modelo de pensiones. La propuesta es garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos.
Antes, había señalado que “sobre la base de las reformas no mejoraremos las pensiones”, haciendo alusión a la tibia respuesta del Ejecutivo que se comprometió a “mejorar” el sistema. Mesina volvió a criticar al Gobierno, acusándolos de mantener la actitud de desdeñar al movimiento social: “es por esto que este movimiento va a acabar con las AFP les guste o no les guste”.
Uno de los primeros pasos para lograr ese objetivo es lograr que Cuprum y Provida colapsen durante el primer semestre, explicó el dirigente sindical bancario. El llamado fue seguir con las desafiliaciones masivas de estas administradoras que en 2015 hicieron una fusión de papel que les permitió evadir más de cuatrocientos millones de dólares.
“Con esta acciones golpearemos el corazón del sistema y avanzamos en la dirección de nuestro objetivo final, que es acabar con las AFP e instalar un sistema público de pensiones, solidario y para todos los chilenos”, exclamó Mesina.
La molestia contra las aseguradoras radica en el bajo retorno que entrega a los trabajadores. Según datos entregados por la OCDE, Chile es el país del grupo que entrega menores dineros a sus jubilados. A eso se suma que es el más desigual en materia de equidad de géneros a la hora de repartir los dineros de pensiones.
En promedio, un pensionado local alcanza los 208 mil pesos y fracción (Sol), cifra por debajo, incluso, del salario mínimo. En Fundación Sol lo tienen claro, por eso aseguran que ser viejo y pobre es el destino de miles de chilenos si se mantiene el sistema.
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En cambio, en un sistema tripartito, se busca que el origen del dinero no provenga completamente del trabajador, reduciendo así los factores de inestabilidad del mercado.
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Camino a La Moneda
Antes de iniciar el recorrido de este 26 de marzo,  se presumía que Luis Mesina podría sumarse a la carrera presidencial. El vocero de la Coordinadora es una de las alternativas que baraja el Frente Amplio para competir en la definición interna y escoger la mejor carta para la papeleta de noviembre.
Pese a las especulaciones, la marcha culminó sin anuncio presidencial. La única mención que se hizo a las elecciones fue en el discurso final de la convocatoria en Santiago, cuando se anunció que la Coordinadora apoyará al candidato presidencial que se muestre partidario de poner fin al sistema previsional.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero no descartó su participación en las elecciones del movimiento de izquierda. Sin embargo, dejó en claro que esta era una decisión que tomarían todos los miembros de la Coordinadora, porque “el hacer política desde la cúspide” es algo que rechazan como movimiento ciudadano.
Beatriz Sánchez, otra de las posibles cartas del Frente Amplio, si participó de la manifestación. También lo hizo Marco Enríquez Ominami, junto al PRO.
Discurso contra Valdés
La cuarta marcha en contra de las AFPs se dio enmarcada en la discusión sobre el rol del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la reforma al sistema.
Desde que la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, lo acusara de monopolizar la agenda de pensiones, solo se han sumado voces a la crítica contra el actuar del militante PPD. Desde la nueva jefa de la cartera de Trabajo, Alejandra Krauss, hasta parlamentarios de la Nueva Mayoría, lo acusan de defender el patrimonio de las empresas. Por ejemplo, el diputado Lautaro Carmona apuntó a la falta de empatía de Valdés con algunas iniciativas gubernamentales. “Prefiero estar con los imprudentes que luchan por causas justas, por causas históricas que además tienen la empatía absoluta de lo que fue el mensaje que hizo la presidenta de la república en días pasados. Yo anuncio que el Partido Comunista no va a transigir en destinar aunque sea un centavo para fortalecer la industria privada de las AFP”.
Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada de ese partido, Roberto León manifestó que “el ministro Valdés demuestra su escaso manejo político y su nula sintonía con los chilenos”, mientras que el diputado Gabriel Silber apuntó a la desconexión entre el titular de Hacienda y lo que espera la ciudadanía. “Parece que en Teatinos 120 viven en otro planeta, y no lo digo sólo por el tema reformas y AFPs”, acusó el parlamentario.
La Coordinadora también ha tenido duras palabras para el ex presidente del BancoEstado. En el discurso de cierre de la marcha, Luis Mesina adelantó que exigirán la renuncia del ministro por ser un “actor del sistema”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile reforzó la idea asegurando que los trabajadores no pueden seguir permitiendo este tipo de conductas.


En Santiago

[Fotos] Con masiva marcha los ciudadanos se manifestaron en contra de las AFP

Este domingo miles de personas se reunieron en todas las ciudades del país para exigir un mejor sistema de pensiones. En Santiago la marcha se desarrolló con fuerza a lo largo de la Alameda.
El Ciudadano
Este domingo en todo Chile los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse en contra del sistema de pensiones que impera en nuestro país.
En Santiago la convocatoria fue multitudinaria. Miles de personas marcharon por la Alameda exigiendo pensiones más dignas.
A continuación fotografías de la marcha No + AFP:
Foto: Vasti Abarca
Foto: Vasti Abarca


Marcha recorre el país exigiendo el fin a las AFPs

Diario Uchile |Domingo 26 de marzo 2017 12:16 hrs.
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Desde las once de la mañana, ciudades de todo el país marchan en contra de las AFPs y exigen un cambio en el sistema de pensiones.
En Santiago, la convocatoria se inició en Plaza Italia, desde donde caminan hasta Plaza Los Héroes, lugar escogido por la Coordinadora No+AFP para entregar un importante anuncio.
A la convocatoria se suman estudiantes, sector minero, portuarios, empleados públicos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), profesores y gremios de la salud, entre otros.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Mario Aguilar, presidente del Magisterio, aseguró que es una multitudinaria marcha que demuestra que esta es una de las principales luchas que levanta el pueblo de Chile. Es un tema transversal en el que todos estamos afectados por este fracasado previsional. “No hay un sistema en el mundo más fracasado que este”. Por eso, insiste en la necesidad de fortalecer el descontento ciudadano para presionar a los políticos.
En tanto, Luis Mesina volvió a increpar a la presidenta a quien responsabiliza de la demora en las definiciones para generar un cambio en el sistema.
A través de un video, Radio Villa Francia logró captar el momento en que Fuerzas Especiales de Carabineros impedía el paso de los manifestantes de la marcha No+AFP en Santiago.
Tal como se ve en la grabación, la masiva convocatoria logró imponerse y seguir avanzando en completa calma por el trazado autorizado del recorrido.


Chilenos realizaron la marcha "más grande de la historia” contra las AFP

Este domingo se desarrollaron masivas movilizaciones en las principales ciudades de Chile contra el actual sistema privado de pensiones, heredado de la dictadura de Pinochet. Se calcula que cerca de 800 mil personas se concentraron en Santiago.

Chilenos realizaron la marcha "más grande de la historia” contra las AFP. Foto archivo.
Chilenos realizaron la marcha “más grande de la historia” contra las AFP. Foto archivo.
Desde las 11 horas de este domingo se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema privado de pensiones chileno que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
La marcha fue convocada por la coordinadora “No + AFP” y el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNT) y fue primera gran manifestación del año en ese país.
Los organizadores calculas que hubieron 800 mil persoas en Santiago y que cerca de dos millones se movilizaron a nivel nacional para exigir el fin de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Las AFP fueron instauradas por la dictadura de Pinochet en 1981 y administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de trabajadores chilenos, entregando pensiones bajísimas a sus afiliados.
Luis Mesina coordinador del movimiento “No + AFP”, destacó que en los últimos tiempos se han logrado algunos avances pero no es suficiente: “Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta todavía más”.
“El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”, aseguró.
Respecto a la posición política de la coordinadora de cara a las próximas elecciones de noviembre dejó en claro que no se involucrarán con ningún partido político e hizo un llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema de pensiones.

La actual presidenta Michelle Bachelet prometió reformar la normativa que establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las AFP.
El sistema, pionero en el mundo al establecer la capitalización absolutamente individual del trabajador, prometió cuando fue creado una jubilación equivalente al 70% del último salario, sin embargo a 30 años de su instalación la pensión media es menor al sueldo mínimo (casi 400 dólares).
Desde la coordinadora No + AFP señalan que éstas han sido exitosas “en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para invertirlo en los mercados financieros”. Por lo que exigen a las autoridades el garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar significativamente las pensiones tanto para los pensionados actuales como para los futuros. Chile no es un país envejecido, por el contrario estamos en un periodo de transición demográfica con más de cinco trabajadores activos por cada pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor enfrenta los futuros problemas demográficos, mientras que las pensiones del sistema de AFP ya están cayendo a niveles insostenibles”.