Berta Cáceres la figura emblemática de la lucha de los pueblos por sus territorios
Por Marvin Palacios
El próximo 2 de marzo se cumple un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas estén enfrentando procesos judiciales
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña Austra Berta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el “Nobel Verde” que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, Austra Berta Flores.
A un año del asesinato de Berta Cáceres, Sistema de las Naciones Unidas en Honduras llama a una investigación eficaz, rápida, completa e imparcial del crimen
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Honduras, al cumplirse un año del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del también ambientalista Gustavo Castro, en atención al deber del Estado de Honduras de investigar y sancionar a los responsables, garantizar el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, desea expresar lo siguiente:
El Sistema reconoce como un avance importante, la detención y enjuiciamiento de ocho personas por suponerlas responsables como autores materiales del asesinato y tentativa de asesinato. Al mismo tiempo, el SNU destaca la preeminencia del deber de debida diligencia de los Estados en relación a la investigación de violaciones de derechos humanos, que implica realizar una investigación eficaz, rápida, completa e imparcial.
Reconociendo los avances, el Sistema exhorta al Estado Hondureño a profundizar los esfuerzos realizados para llegar a la verdad de los hechos acontecidos, como la garantía más efectiva de que hechos tan abominables como estos no se repitan. En este esfuerzo, es fundamental garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y evitar su re-victimización.
La promoción del respeto de los derechos humanos y de sus defensores es un objetivo central de las Naciones Unidas. Para promover estos derechos y asegurar efectivo acceso a la justicia, es importante que el Estado hondureño abra espacios de diálogo con las víctimas, como por ejemplo a través del establecimiento de una mesa de trabajo donde concurran las principales partes en el caso.
El Estado se encuentra ante un caso extraordinario, que se constituye como una oportunidad única para avanzar en el combate contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y sobre todo para fortalecer la confianza de toda la población hondureña en sus instituciones nacionales de justicia.
“La impunidad alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho”, dijo la Coordinadora Residente, Consuelo Vidal. “La mejor forma de protección que pueden tener los defensores es cuando se hace justicia y los autores son llamados a rendir cuentas”, añadió.
El SNU expresa su solidaridad con la familia de Berta Cáceres y con la comunidad de personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
REFORMAS PENALES AMENAZAN CON CÁRCEL A PERIODISTAS
“Quien
públicamente, a través de medios de comunicación o difusión destinados
al público, hiciere apología e incitación a actos de terrorismo (…) será
sancionado con una pena de cuatro a ocho años de prisión” dicta el
artículo 335, propuesto por el diputado del Partido Nacional, Oscar
Álvarez.
Según el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH, esa disposición limitará la labor periodística ya que no se definió con precisión; en tal sentido, esa institución en caso de ver violentadas las garantías constitucionales, presentara un recurso ante la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.
Según el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH, esa disposición limitará la labor periodística ya que no se definió con precisión; en tal sentido, esa institución en caso de ver violentadas las garantías constitucionales, presentara un recurso ante la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El secretario de la junta directiva del Colegio de Periodistas de
Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, lamentó que el diputado del Partido
Nacional y exsecretario de Seguridad, Oscar Álvarez haya promovido la
limitación del periodismo.
Según el comunicador, Álvarez incluyó el artículo 335 en el paquete de reformas al Código Penal, lo cual predispone que “quien
públicamente, a través de medios de comunicación o difusión destinados
al público, hiciere apología e incitación a actos de terrorismo (…) será
sancionado con una pena de cuatro a ocho años de prisión”.
En
ese sentido, sierra cuestionó que el agregado por el diputado y jefe de
bancada del gobernante Partido Nacional, no definió claramente ese
artículo. “No tiene pies, ni cabeza” mencionó.
El
periodista afirmó que con la propuesta del parlamentario, los
periodistas están expuestos a ser catalogados como terroristas, según lo
decida el juez, si crea apología de odio o delito de “terrorismo”.
Informó
que el CPH esperará la decisión que se tome en Casa de Gobierno en
cuanto a ese artículo, ya que el agregado violenta los derechos
constitucionales de libre expresión.
Según
el secretario, el CPH está con total disposición de presentar un
recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, en
defensa del artículo 72 de la carta magna.
Por
su parte el presidente de esa entidad, Dagoberto Rodríguez, dijo que
las reformas penales “provoca muchas dudas en cuanto a la
constitucionalidad”.
Refirió
que las reformas se hicieron sin tener una posición desde el Poder
Judicial y que no se socializó con dueños de medios de comunicación, ni
con el CPH.
El
pasado martes, el Congreso Nacional aprobó ejecutar las reformas
penales ante la ausencia del Partido Liberal que no votó. Cabe destacar
que el paquete de reformas fue presentado ante el pleno del parlamento
por el presidente nacionalista Juan Hernández.
Según
el mandatario, es necesario ampliar el delito de terrorismo para
combatir efectivamente las pandillas y la extorsión. No obstante, la
oposición política ha sostenido que esas medidas servirán para
criminalizar la protesta social.
Ya
que la población cuenta con el derecho constitucional de insurrección
ante una posible e ilegítima reelección de Hernández, que puede darse “a
través del fraude electoral”, según el presidente del Partido
Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla.
Reformas penales tiene el mismo patrón que violaciones a derechos humanos en los años 80
Tegucigalpa (Conexihon).-
Uno de los apartados del paquete de reformas al Código Penal hondureño
habla sobre la inculpabilidad a los policías y militares que “en el
ejercicio de su labor” autoriza y vulnera acciones violentas contra la
ciudadanía, regresando a la década de los años 80, donde más de 180
personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre otras
violaciones a sus derechos humanos.
Para Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esta reforma al actual Código, específicamente en el artículo (225), pretende liberar de culpa a la fuerza pública cuando emplee violencia contra la ciudadanía.
“El problema es que los policías y militares, según la reforma que se está incorporando al Código Penal, no solo sería su actuación en manifestaciones públicas, si asesinan a una persona en el ejercicio presunto de su trabajo y el presidente propone la figura de inculpación, lo que es una licencia para matar a ciudadanos hondureños o a cualquier ciudadano que esté en el territorio de Honduras”, denunció Agurcia.
Un análisis de estas reformas, hecho por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Honduras (OACNUD), mostró su preocupación por este agregado que exonera de culpabilidad a la fuerza pública a la hora de ejercer violencia ante la población hondureña.
“Preocupa que la actual reforma impulse un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”, citó la OACNUDH.
Citó que esta figura de la inculpación ya la están implementando algunos jueces de la República desde el año 2010, que los uniformados no comenten delito cuando atropellan a un ciudadano y no se preocupa que el Estado hondureño esté legalizando la impunidad.
“El país ya tenía un fuerte índice de impunidad y esta reforma permitiría un 100 por ciento de impunidad”, planteó la procuradora de Derechos Humanos.
El resurgir de la “Ley Antiterrorista”
Este tipo de propuestas a la normativa penal en el país, no es un hecho nuevo. Y como antecedente histórico, la década de los 80 dejó como resultado altos índices de impunidad y persecución al movimiento social y popular del país producto de reformas a la legislación hondureña.
Sobre este tema, Agurcia, recordó que en el país existió el Decreto 3-33, conocida en su momento como “Ley Antiterrorista”, el cual fue creado en 1982, hubo mucha presión y en 1984 fue derogado; Todo su articulado fue incorporado al Código Penal actual. Son todos los delitos de sedición y terrorismo que luego del Golpe de Estado permitieron culpar a los campesinos cuando realizaban recuperaciones de tierra.
“Era una ley específica, actualmente tiene el carácter de reforma a la legislación penal vigente”, sostuvo Agurcia.
De 16 leyes en materia penal que hay en el país, al menos ocho serán objeto de reformas. El propósito es aniquilar, invalidar y evitar que la población proteste, concluyó.
Para Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esta reforma al actual Código, específicamente en el artículo (225), pretende liberar de culpa a la fuerza pública cuando emplee violencia contra la ciudadanía.
“El problema es que los policías y militares, según la reforma que se está incorporando al Código Penal, no solo sería su actuación en manifestaciones públicas, si asesinan a una persona en el ejercicio presunto de su trabajo y el presidente propone la figura de inculpación, lo que es una licencia para matar a ciudadanos hondureños o a cualquier ciudadano que esté en el territorio de Honduras”, denunció Agurcia.
Un análisis de estas reformas, hecho por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Honduras (OACNUD), mostró su preocupación por este agregado que exonera de culpabilidad a la fuerza pública a la hora de ejercer violencia ante la población hondureña.
“Preocupa que la actual reforma impulse un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”, citó la OACNUDH.
Citó que esta figura de la inculpación ya la están implementando algunos jueces de la República desde el año 2010, que los uniformados no comenten delito cuando atropellan a un ciudadano y no se preocupa que el Estado hondureño esté legalizando la impunidad.
“El país ya tenía un fuerte índice de impunidad y esta reforma permitiría un 100 por ciento de impunidad”, planteó la procuradora de Derechos Humanos.
El resurgir de la “Ley Antiterrorista”
Este tipo de propuestas a la normativa penal en el país, no es un hecho nuevo. Y como antecedente histórico, la década de los 80 dejó como resultado altos índices de impunidad y persecución al movimiento social y popular del país producto de reformas a la legislación hondureña.
Sobre este tema, Agurcia, recordó que en el país existió el Decreto 3-33, conocida en su momento como “Ley Antiterrorista”, el cual fue creado en 1982, hubo mucha presión y en 1984 fue derogado; Todo su articulado fue incorporado al Código Penal actual. Son todos los delitos de sedición y terrorismo que luego del Golpe de Estado permitieron culpar a los campesinos cuando realizaban recuperaciones de tierra.
“Era una ley específica, actualmente tiene el carácter de reforma a la legislación penal vigente”, sostuvo Agurcia.
De 16 leyes en materia penal que hay en el país, al menos ocho serán objeto de reformas. El propósito es aniquilar, invalidar y evitar que la población proteste, concluyó.
PERIODISTAS QUE APOYARON REFORMAS PENALES AHORA TEMEN “LEY MORDAZA”
Varios
periodistas hondureños, coordinadores de programas y directores de
medios de comunicación ahora están en desacuerdo con las reformas
penales impulsadas por el presidente Juan Hernández y que ellos mismos
apoyaron de manera sistemática en las últimas semanas en contubernio con
los diputados nacionalistas que las aprobaron el martes anterior en el
Congreso Nacional.
Álvarez
agregó “nos ha tomado por sorpresa esa reconsideración que añade un
párrafo al artículo 335 donde se califica como terroristas a los medios
que divulguen imágenes que hagan apología al terrorismo. Que expresión
tan amplia que queda a interpretación de humanos”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El experimentado director de diario La Tribuna, Adán Elvir Flores,
tuiteó hoy jueves que el diputado nacionalista Óscar Álvarez se ha
quitado la careta de represor, al presentar una moción en el Congreso
Nacional (CN) para legitimar la “ley mordaza”, que forma parte del
paquete de reformas penales aprobadas el martes por el Legislativo.
“Medios
y periodistas no debemos quedarnos cruzados de brazos”, posteó Elvir
Flores después que los diputados, en su gran mayoría del Partido
Nacional en el poder, aprobara un paquete de reformas penales,
incorporando el delito de terrorismo para criminalizar la protesta
social.
Las
reformas que endurecen las penas por actos calificados de terrorismo
–cuya finalidad real es callar las voces de manifestantes populares,
según diversos sectores sociales, incluidos ahora hasta los periodistas
afines al gobierno y medios ultraconservadores que apoyaron inicialmente
esas medidas represivas— fueron duramente criticadas por la oposición
política y el movimiento popular organizado del país, entre otros
sectores sociales.
El
nuevo presidente del conservador y cues
tionado Colegio de Periodistas
de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, también se vio obligado a
pronunciarse al respecto ante la avalancha de críticas a la medida
represora del régimen nacionalista.
tionado Colegio de Periodistas
de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, también se vio obligado a
pronunciarse al respecto ante la avalancha de críticas a la medida
represora del régimen nacionalista.
Rodríguez
dijo que se comunicó con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva,
para plantearle la preocupación del gremio periodístico ante otro
zarpazo a la libertad de expresión.
Indicó
que Oliva le prometió dialogar en derredor del tema que ahora ha
desatado la reacción de comunicadores sociales y hasta de medios
corporativos tradicionalmente ultraconservadores como Televicentro, HRN
diario La Prensa, La Tribuna, El Heraldo y Radio América, entre otros.
Por
su parte, el director del foro televisivo “Frente a Frente” propiedad
de Televicentro, Renato de Jesús Álvarez, quien también apoyó el paquete
de reformas penales, ahora escribió en su cuenta de Twitter que “nos ha
tomado de sorpresa a todos los que no nos dejamos por el poder, hoy,
ayer y mañana, a todos los que creemos en el periodismo independiente, a
los que no tenemos tarifa del gobierno”.
Álvarez
agregó “nos ha tomado por sorpresa esa reconsideración que añade un
párrafo al artículo 335 donde se califica como terroristas a los medios
que divulguen imágenes que hagan apología al terrorismo. Que expresión
tan amplia que queda a interpretación de humanos”.
La
reforma a la legislación penal que contempla una ley mordaza o
“instrumento de represión”, impone penas de entre cuatro y ocho años de
cárcel por “apología al terrorismo”, lo que ha causado indignación en
varios directores de medios de comunicación y periodistas habitualmente
complacientes con las decisiones y amigos del gobierno de turno.
El
gremio periodístico oficialista jamás se opuso a la aprobación de las
reformas legislativas penales, que el presidente Juan Hernández envió al
Congreso Nacional; en cambio más bien las apoyó incondicionalmente, han
asegurado analistas locales, incluso, los medios tradicionales, hasta
pautaron con el régimen sumas millonarias por la transmisión de
propaganda para desprestigiar a la oposición política que se oponía a
esas reformas.
Sin
embargo, ahora varios comunicadores, directores de medios y de diversos
espacios noticiosos y de opinión, han mostrado su molestia y
preocupación, al menos en sus cuentas de la red social Twitter por la
medida impuesta por Juan Hernández, quien puja por la reelección
presidencial.
Rechazamos el paquete de reformas penales por su impacto negativo para la sociedad civil hondureña
Pronunciamiento de la Articulación 611 y la Coalición contra la Impunidad
Desde la Articulación 611 y la Coalición contra la Impunidad, manifestamos nuestro más profundo rechazo a la aprobación por parte del Congreso Nacional del paquete de reformas penales introducidas en el órgano legislativo por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández el pasado 4 de enero de 2017.
El mencionado paquete de reformas, claramente enmarcado dentro del populismo penal, ha sido impulsado de forma prioritaria por las autoridades como parte de su estrategia propagandística dirigida a movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral, siendo inconsistente introducir reformas al Código Penal vigente al mismo tiempo que se tramita un nuevo Código Penal que de aprobarse derogaría las reformas anteriores.
Consideramos que este proceso está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota el país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas,lo que ha llevado a Honduras a figurar como el séptimo país del mundo con mayores niveles de impunidad según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de Puebla.
A la sociedad hondureña se le ha presentado este paquete como una solución para atacar con dureza a la delincuencia organizada y las pandillas juveniles o maras, al ampliar el concepto del delito de extorsión o la tipificación del delito de terrorismo. Sin embargo estas propuestas representan una actitud demagógica del Poder Ejecutivo ya que el principal problema a la hora de enfrentar a estos grupos no es la falta de instrumentos legales, sino la incapacidad de las instituciones de hacer realidad la justicia penal y las necesidades de seguridad que demanda la ciudadanía.
Desde la Articulación 611 nos preocupa además la inclusión de varios cambios normativos que promueven la impunidad de los agentes de las fuerzas represores del Estado, tal es el caso de la reforma que habilita que los policías y militares acusados de delitos cumplan las medidas cautelares que se les impongan durante el proceso penal dentro de la institución a la que pertenecen, en lugar de pasar a disposición del sistema penitenciario general, medida que de aplicarse favorecerá el aumento de la cultura de la impunidad que ya existe al interior de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Es evidente que el Estado hondureño necesita realizar un trabajo para reducir los altos niveles de violencia e impunidad que existen en el país. No obstante consideramos que las medidas prioritarias para lograr esto deben ir dirigidas al fortalecimiento del Estado de derecho y no es con reformas de los ilícitos penales que se conseguirá mayor seguridad, tal y como ha quedado demostrado en el pasado reciente donde se han elevado considerablemente las penas de determinados delitos.
Por último, queremos llamar la atención sobre el hecho de que estas reformas penales seguramente traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, especialmente con la nueva tipificación del terrorismo que se pretende aprobar, de igual modo, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Republica.
Tegucigalpa, 21 de febrero de 2017
Desde la Articulación 611 y la Coalición contra la Impunidad, manifestamos nuestro más profundo rechazo a la aprobación por parte del Congreso Nacional del paquete de reformas penales introducidas en el órgano legislativo por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández el pasado 4 de enero de 2017.
El mencionado paquete de reformas, claramente enmarcado dentro del populismo penal, ha sido impulsado de forma prioritaria por las autoridades como parte de su estrategia propagandística dirigida a movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral, siendo inconsistente introducir reformas al Código Penal vigente al mismo tiempo que se tramita un nuevo Código Penal que de aprobarse derogaría las reformas anteriores.
Consideramos que este proceso está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota el país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas,lo que ha llevado a Honduras a figurar como el séptimo país del mundo con mayores niveles de impunidad según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de Puebla.
A la sociedad hondureña se le ha presentado este paquete como una solución para atacar con dureza a la delincuencia organizada y las pandillas juveniles o maras, al ampliar el concepto del delito de extorsión o la tipificación del delito de terrorismo. Sin embargo estas propuestas representan una actitud demagógica del Poder Ejecutivo ya que el principal problema a la hora de enfrentar a estos grupos no es la falta de instrumentos legales, sino la incapacidad de las instituciones de hacer realidad la justicia penal y las necesidades de seguridad que demanda la ciudadanía.
Desde la Articulación 611 nos preocupa además la inclusión de varios cambios normativos que promueven la impunidad de los agentes de las fuerzas represores del Estado, tal es el caso de la reforma que habilita que los policías y militares acusados de delitos cumplan las medidas cautelares que se les impongan durante el proceso penal dentro de la institución a la que pertenecen, en lugar de pasar a disposición del sistema penitenciario general, medida que de aplicarse favorecerá el aumento de la cultura de la impunidad que ya existe al interior de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Es evidente que el Estado hondureño necesita realizar un trabajo para reducir los altos niveles de violencia e impunidad que existen en el país. No obstante consideramos que las medidas prioritarias para lograr esto deben ir dirigidas al fortalecimiento del Estado de derecho y no es con reformas de los ilícitos penales que se conseguirá mayor seguridad, tal y como ha quedado demostrado en el pasado reciente donde se han elevado considerablemente las penas de determinados delitos.
Por último, queremos llamar la atención sobre el hecho de que estas reformas penales seguramente traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, especialmente con la nueva tipificación del terrorismo que se pretende aprobar, de igual modo, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Republica.
Tegucigalpa, 21 de febrero de 2017
Maccih
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, llegó al país por una exigencia ciudadana a través de los indignados e indignadas que pidieron en las calles la presencia de una instancia internacional de la talla de la Cicig de Guatemala. El gobierno de Juan Orlando Hernández terminó cediendo a la conformación de la Maccih en coordinación directa con la Organización de Estados Americanos, OEA, que instaló de esa manera su primera Misión de este tipo en su historia. Una Misión que aún no logra tener la simpatía nacional.
La Maccih se instala con la idea de proponer mejoras en la calidad de los servicios prestados en el sistema de justicia de Honduras sobre todo en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Su radio de acción está encaminado en la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
La Maccih ha gozado de la desconfianza de la propia ciudadanía por lo que en estos primeros diez meses, la Maccih le ha tocado sobrevivir en medio de la sospecha de la gente. Pero tal como se han ido presentado los hechos en Honduras, parece deslizarse la esperanza hacia esa instancia de la que se espera pueda ejercer alguna presión para acabar con la corrupción y la impunidad.
Los principales obstáculos que la Maccih ha tenido en el país están en la misma clase política que ha sido un sector intocable para la justicia debido a su poder para torcer los procesos a su favor. “Vendrán sorpresas” sentenció el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor en una reciente entrevista a Radio Progreso.
Las sorpresas, que se esperan sean agradables y en bien del país, las está esperando el pueblo hondureño que cada vez se siente más desprotegido debido al acaparamiento del poder por parte del ciudadano presidente que sigue dando forma a su dictadura y cobra más fuerza con la recién aprobadas reformas penales.
En las condiciones actuales del país, recobra más fuerza la posibilidad de dar un voto de confianza y cabida a la duda para la Maccih. En las calles. Vino la Maccih de la que se espera pueda sacar los dientes que dice tener y apoyar para el encarcelamiento de los corruptos en Honduras.
Como bien lo hemos dicho en otros momentos, la Maccih tiene tres caminos claramente definidos: o se suaviza hasta validar condiciones por las presiones o dinámicas del gobierno, o toma sus propias decisiones aún en contra del gobierno, o bien alista sus maletas y se va del país cargando en sus espaldas el fracaso de la primera misión de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Por supuesto que la apuesta debe ser a que la Maccih tomé la fuerza necesaria y pueda sacudir la organización criminal compuesta por empresarios, políticos y gobernantes que con su galopante impunidad les roban el presente y el futuro a los ciudadanos y ciudadanas.
POLICÍA SIEMBRA CAOS EN ESCUELA AMERICANA
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En
búsqueda de un padre de familia, agentes de las fuerzas de seguridad
pública irrumpieron esta tarde las instalaciones de la Escuela Americana
de Tegucigalpa, ubicada en la colonia Lomas del Guijarro.
Según
testigos, los oficiales llegaron a las inmediaciones con armas de
grueso calibre, lo que alarmo tanto a estudiantes como empleados de ese
centro estudiantil.
De momento se desconoce la identidad de la persona que los agentes del orden buscan.
Intervención
El ex comisionado Custodio ha sugerido con ironismo en las últimas horas que el país llegó al punto inevitable de tener que arrestar a los pendejhos y al Presidente Juan Hernández, por los delitos cometidos contra la población y las instituciones públicas.
Pero el polémico cirujano no valora que las fuerzas militares locales no pueden arrestar a su jefe, porque están bajo su seducción total. De ahí que ha surgido de otras voces la propuesta que sea una fuerza extranjera que lo haga.
Lamentablemente, la reciente denuncia de Cuba es que Almagro, el secretario de la OEA, opera dentro de las estrategias de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y, en consecuencia, no se puede confiar en la independencia de las instancias investigativas bajo su mando.
En el caso de las fuerzas militares bajo dirección del Pentágono asentadas en La Florida y en Palmerola tienen su propia agenda, generalmente coincidente con las dinámicas del crimen organizado a nivel local en tanto éstas favorezcan sus planes estratégicos, como ya ocurrió con el Iran-Gate o las operaciones rápido y furioso.
Por eso el comunicado a posteriori de las Naciones Unidas y de la Misión de la OEA sobre las contra-reformas penales impulsadas por el equipo de campaña de los reeleccionistas, tiene sabor a una posición declarativa, de cumplimiento, sin fuerza vinculante.
La sociedad hondureña es víctima de las violencias y los terrorismos desde el Estado coludido con el crimen organizado, y no espera de la ONU y de la OEA comunicados de prensa, lo que reclama son acciones contra los delincuentes que están destruyendo los principios constitucionales y los derechos humanos amparados en tres poderes que ya no tienen razón de ser.
Por ese reclamo es que hemos aceptado la intervención internacional a partir de 2016.
La indefensa sociedad, masacrada con más de 4 mil femicidios, más de 50 periodistas asesinados, sobre tres mil campesinos y campesinas criminalizadas, centenares de crímenes de odio contra jóvenes y colectivos de diversidad sexual, y un racismo brutal contra indígenas y garífunas, ¿qué más puede esperar del golpismo criminal? Nada, sólo espera que alguien detenga ese terrorismo estatal.
Como ha escrito el ex fiscal Edmundo Orellana, lo que pasó esta semana en el Congreso Nacional es una lección para todos, especialmente para quienes ingenuamente creen que las contra-reformas tienen la finalidad de proveer seguridad, por la vía de combatir el crimen y la violencia.
Las iniciativas de Hernández y del diputado Álvarez “no se insertan en un contexto de políticas públicas. Son simples improvisaciones”, en reacción al terror que provoca en la población la crueldad de la violencia autónoma, rentable e impune. Pero no solo eso. “También son iniciativas que se inscriben en el marco de la propaganda electoral del proyecto continuista del Señor Presidente”.
Esa es su estrategia, aprobar cuanta ley sea necesaria para, con la estridencia de estas aprobaciones, generar en la población la percepción de que algo, y muy grande, se está haciendo para protegerla del crimen. Es parte de la agenda de su campaña electoral, dice el abogado Edmundo.
Mientras el Presidente aprueba leyes, atentan contra los miembros de la comisión depuradora, masacran a las personas, queman buses y la extorsión florece. La policía es incapaz de encontrar las mentes perversas que están detrás de quienes atentan, masacran, queman buses y cobran la extorsión. Es incapaz porque no es policía, es un cuerpo armado que creció sin control, sin disciplina ni honor, gozando de los favores de los políticos que la envilecieron más allá de todo lo razonable. En estas condiciones, habrá que preguntarse hasta donde está involucrada la policía en estos crímenes” que dice combatir en nombre del gobierno.
Mientras eso ocurre afuera, en todo el país, allá adentro del Congreso, “una simple, pero torpe, intervención de un diputado, exhibió el verdadero rostro de la contra-reforma. La finalidad es montar una estructura de represión sin límites. A partir de ahora, todos sabemos lo que viene. Se reprimirán las protestas, a la oposición y a la prensa. Es el inconfundible proceso de formación de una dictadura.
Interesante, dice el ex fiscal que “aún los periodistas más inclinados al régimen”, han manifestado su rechazo a la pretensión de criminalizar a las personas que producen contenidos libremente en medios y redes sociales por internet. De modo que, si una persona muestra simpatía por una marcha anti continuista, como si permite que un ciudadano opine a favor de las marchas populares en contra del continuismo del Presidente, incurrirá en apología del terrorismo, si en esa marcha se producen actos vandálicos, los que, en su mayoría, son provocados por agentes infiltrados de los cuerpos de inteligencia del Estado, para descalificar las protestas.
Y concluye el ex fiscal general – y nosotros con él – que “es una estrategia diabólica, engendrada en las mentes más siniestras de los cuerpos de inteligencia, que, evidentemente, están detrás de esta estrategia. Quien lo dude, que repare en algunos de los rostros que la defienden. Son los mismos que durante la década del 80 aterrorizaron el país con la política de seguridad nacional, despareciendo, ejecutando y torturando”. Violadores de derechos humanos. Terroristas beneficiados de su falsa democracia.
Y nosotras agregamos, ese sobrino del tío que propone la censura a la libertad de expresión contra su dictadura, es el mismo coleccionista de armas de los 80s que debe rendir cuentas por las operaciones criminales que están ocurriendo ahora mismo en el país.
Buenas noches
HONDURAS/ANÁLISIS: LA REVOLUCIÓN EN NAVIDAD
Está
claro que no vamos a poder disfrutar de lo nuestro cuando hay tantos
que no tienen nada. Y que esa necesidad de justicia debe constituirse,
es decir garantizarse en una ley primaria que le asegure a todos lo
necesario para la vida digna, la gana de ser y la satisfacción de
tenerlo.La agricultura nacional tiene que garantizar nuestra buena alimentación sin abusar de los recursos naturales, antes de canalizarse a la exportación. Millones de hondureños son todavía campesinos que necesitan tierras de cultivo y apoyos técnicos y financieros para garantizar sus alimentos.
Resuelto
el problema estructural de la violencia, articulada con la
internacional, la policía de la comunidad asegurará la tranquilidad
publica.
No
alcanzaremos todas nuestras metas por arte de magia si no con trabajo y
buen gobierno, buena administración. Seguirá habiendo traiciones y
corruptelas que se opondrán a nuestro progreso. Pero avanzaremos.
* Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
Tienen
miedo de una constituyente nuestros adversarios verdaderos porque saben
que, si es democrática, su producto final será revolucionario. Yo no
tengo miedo de la revolución, me decía Rodolfo Bueso Arias en 1964, me
pondré a sus órdenes cuando triunfe. Igual. Pero entiendo y es
importante entender como, por el contrario, muchos, y el burgués en
particular temen a la Revolución. Y también sectores populares. Nos
condicionan para temer el cambio. Hay gente cuyas imaginaciones nos
alarman y otra a la que le gusta meter miedo. Objetivamente hablando,
las Revoluciones tienen que efectuar cambios necesarios o renunciar al
título y esa clase de cambios supone conflictos. En medio de las
protestas recientes de los vendedores del sector informal en
Tegucigalpa, cuyo comercio más bien perfecciona el mercado, llama la
atención la consigna de que si no come el pobre, que no coma el rico…. Y
hay ricos como Scrooge indiferentes ante el hambre del pobre, el niño,
el enfermo, que una Revolución no tolera. Pero al fin y al cabo la
mayoría de la gente no tiene mayor cosa que temer de una revolución del
s. XXI, cuando el estatus quo ya no tiene nada sustancial que ofrecer a
las grandes mayorías. Cada vez más gente lo entiende. Porque está claro
que no vamos a poder disfrutar de lo nuestro cuando hay tantos que no
tienen nada. Y que esa necesidad de justicia debe constituirse, es decir
garantizarse en una ley primaria que le asegure a todos lo necesario
para la vida digna, la gana de ser y la satisfacción de tenerlo.
Conozco
de cerca varias grandes industrias y empresas medianas. Opero una
pequeña. No hay razón para suponer que un gobierno revolucionario
tendría ningún interés en expropiar esas empresas que operan en un
mercado nacional inserto en regiones integradas, con fronteras abiertas.
Y me queda claro que la inmensa mayoría de empresas seguirán operando
como hasta hoy. Ahí está el ejemplo de la Revolución Sandinista la más
inmediata que convive perfectamente con la empresa privada. Y
especialmente ayuda a la micro empresa. Pero no padece del crimen y la
violencia que aquí engendra la miseria estructural. Puedo elucubrar que
un Estado revolucionario tendría que participar (para garantizar el
interés nacional) en las industrias extractivas de recursos no
renovables. En la minería, y en la gran empresa forestal que falta
organizar. Y debería asegurar el funcionamiento social de industrias
estratégicas como la de la comunicación.
Pero
nada más. Aun si algunas de las más lucrativas tendrán que pagar un
poco más de impuestos, mientras que las empresas que requieren numerosos
contingentes de obreros deberán compartir más con el sector laboral,
eventualmente darle una representación en la directiva. Y la mayor
vigilancia oficial será garantía para sus accionistas, frente a las
tretas y manipulaciones de los llamados mayores. Junto con los derechos
de todos a la salud y educación de calidad, a los alimentos y al techo,
de los obreros al trabajo, de los campesinos a la tierra, la nueva carta
magna debe garantizar el derecho a la empresa, de la familia a la
propiedad. Y la mayoría de los burgueses no tiene nada que perder.
Por
eso es que los enemigos de la Revolución tienen que inventar
ridiculeces. Que les vamos a quitar a los niños para adoctrinarlos como
ateos, que le vamos a quitar a la gente sus casas de habitación o la
vamos a obligar a hospedar inquilinos contra su voluntad. ¿Se acuerdan?
Que vamos a expropiar fincas y dineros…que más bien los golpistas
terminaron quitándole a sus opositores. Las cosas que predicaba la
propaganda contra la cuarta urna en 2009 con la colaboración de medios
irresponsables. Patrañas inventadas en talleres de guerra psicológica en
Florida. Eso no significa que no hay nada que temer. Por supuesto.
Mucho de lo que suceda va a depender más de la dinámica de las
reacciones mutuas que de la lógica pura y del sentido común.
Estabilizar
una economía en crisis (de la que no hemos salido en ningún momento)
frente al susto y al chantaje de los sectores económicos poderosos y
reaccionarios va a requerir de alguna drasticidad. Especialmente porque
muchos de esos poderosos van a buscar ampararse en EUA, valiéndose de la
paranoia, la volubilidad y la prepotencia del gringo que hoy pudiera
agravarse. Y ante esa combinación de resistencias es fácil prever una
turbulencia que tiene el propósito precisamente de asustar. Y que
nosotros tendremos la obligación de contener y neutralizar.
Más
allá del momento revolucionario, organizar un Estado responsable, capaz
de impartir servicios básicos universales de calidad requerirá de
recursos y esfuerzos extraordinarios. Una nueva participación técnica y
profesional del Estado en sectores estratégicos nos aportará nuevos
recursos pero no estoy seguro que suficientes. Nuestros impuestos van a
incrementarse en un régimen revolucionario, en algún pequeño porcentaje
del PIB. Si los aumentamos demasiado matamos la gallina que pone los
huevos de oro. Pero a los empresarios no les agrada ningún incremento.
Como tampoco les gusta pagar más salario y beneficios, que tendrán que
dar a todos sus empleados.
Por
supuesto que habrá reformas laborales y fiscales en una Revolución.
Nadie debe trabajar más de 48 horas a la semana obligadamente, menos sin
pago extra, ni tener menos que un mes de vacación al año para atender
sus propias necesidades de recreo y las de sus familias. Esas van a ser
promesas de LIBRE porque es prerrogativa del Estado regular el mercado
laboral. Así como asegurar que el salario mínimo cubre las necesidades
básicas del empleado. Y esas reformas vigiladas por sus usufructuarios
darán lugar a un aumento inmediato del empleo y a más y mejor
entrenamiento de un mayor número de obreros, lo que aumentará el valor
del trabajo. Y conducirá a mayores estímulos por productividad que deben
ser los que hagan prosperar a las empresas.
La
agricultura nacional tiene que garantizar nuestra buena alimentación
sin abusar de los recursos naturales, antes de canalizarse a la
exportación. Millones de hondureños son todavía campesinos que necesitan
tierras de cultivo y apoyos técnicos y financieros para garantizar sus
alimentos. Y los nuestros también, en las ciudades. Mientras que decenas
de miles de hectáreas que se extienden sobre los territorios vitales de
las comunidades en los valles costeños, se cultivan principalmente por
extranjeros, para la exportación. Y cientos de miles de hectáreas de
tierras de cultivo permanecen incultas y no dan fruto ni empleo. Las
tierras que no están siendo cultivadas por sus propietarios
eventualmente deben pasar a manos de labradores sin tierras y todos los
propietarios deben respetar los espacios vitales de las comunidades y
las urgencias del país. Pero tampoco esas transferencias de tierras van a
afectar a la mayoría de los hondureños. Ni van a amenazar a sus
patrimonios familiares. A nadie se le van a arrebatar fincas productivas
con esta política de reforma y ningún compatriota va a perder su
heredad o el fruto de su trabajo.
Finalmente
por el proceso de urbanización y modernización social cientos de miles
de compatriotas necesitan hoy soluciones habitacionales nuevas. El
Estado no ha cumplido con la obligación de proveerlas, ni ha colaborado
con las estructuras sociales que pudieran satisfacer esa demanda, más
allá de ofrecer financiamientos difíciles de conseguir… El derecho a un
techo seguro también es un derecho universal. Y será necesario
implementar políticas de racionalización de uso del suelo y colonización
urbana para resolver el problema de la falta de vivienda con servicios
adecuados. Para todos. Sin amenazar al medio ambiente. Resuelto el
problema estructural de la violencia, articulada con la internacional,
la policía de la comunidad asegurará la tranquilidad pública.
A
nada más aspira la utopía. No alcanzaremos todas nuestras metas por
arte de magia si no con trabajo y buen gobierno, buena administración.
Seguirá habiendo traiciones y corruptelas que se opondrán a nuestro
progreso. Pero avanzaremos. Honduras será más feliz en esa nueva era. Y
nosotros con ella. La Revolución es un nuevo comienzo para la nación. La
Navidad es un nuevo comienzo de la historia de salvación. Es un símbolo
de esa necesidad de renovación que encarna también la Revolución. Que
al fin, es una concreción de la utopía cristiana y un renacimiento
histórico de la nación. Que viva la Navidad y que viva la Revolución.
* Pensador hondureño, analista político e historiador.
Panorámica, una de las zonas residenciales exclusivas de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Panorámica, una de las zonas marginales de Tegucigalpa.
“La Maccih está armándose y los dientes están bien puestos”, advierte su vocero Juan Jiménez Mayor
Feb 24, 2017
La Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), llegó al país por una
exigencia ciudadana expresada en las calles y que exigía la presencia de
una instancia internacional de la talla de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que investigará actos de
corrupción cometidos en el país, entre ellos el saqueo al Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Pasaron diez meses desde su instalación en el país y su vocero, Juan Jiménez Mayor, expresa que ya tienen las capacidades para la investigación. “Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar” señala Mayor.
Por la presión ciudadana, el gobierno de Juan Orlando Hernández terminó cediendo a la conformación de la Maccih en coordinación directa con la Organización de Estados Americanos (OEA) que instaló de esa forma su primera Misión de este tipo en su historia. “La Maccih está armándose y los dientes están bien puestos”, advirtió Juan Jiménez Mayor.
Radio Progreso (RP) dialogó con el vocero y coordinador de la Maccih, Juan Jiménez Mayor (JJM) sobre el papel desarrollado en estos primeros diez meses y los retos que quedan por cumplir, además de las expectativas ciudadanas sobre la acción de la Misión.
RP. ¿Por qué decidió usted venir a Honduras?
JJM. Yo soy de Perú. Vengo de una experiencia muy fuerte que fueron los casos Fujimori-Montesinos. A fines del 2000, Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú por diez años, se fugó del país. Se comenzó un proceso de investigación para determinar cuál fue el nivel de corrupción que en el Perú se realizó a través de la presidencia de la República y los servicios secretos. El proceso terminó con el presidente preso, diputados, ministros, generales y empresarios también presos. Con esa experiencia, el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, me propone venir a Honduras a conducir una comisión especial, me pareció un reto importantísimo venir a contribuir desde la OEA a un país hermano.
RP. ¿Existe otra experiencia similar?
JJM. Esta es la primera Misión de la OEA en su tipo aquí en la región, y Honduras es el primer país que plantea la posibilidad de una misión de acompañamiento que pueda ayudar a las instituciones, al Ministerio Público, al poder judicial, al Tribunal de Cuentas, en fin, para poder cambiar las cosas y estoy seguro que vamos a contribuir a ese objetivo.
RP. ¿Usted es amigo personal del Secretario General de la OEA?
JJM. Así es, así es.
RP. ¿Y eso lo hizo venir al país?
JJM. Si porque generó la confianza para poder asumir el desafío que implica tener una misión como ésta acá.
RP. ¿Es fácil?
JJM. No es fácil. Yo entiendo que la gente quiera que la Misión, de una vez por todas, tome los casos y que estemos ya con gente en la cárcel por corrupción. Yo quiero decirles a las personas que esto es un proceso. Las investigaciones que está haciendo la Misión son investigaciones de grandes casos de corrupción. No estamos investigando sólo al policía que en la esquina recibe sobornos o funcionarios que le dan una “propina” para que haga o deje de hacer algo. Nosotros estamos involucrados en las grandes redes de corrupción.
RP. ¿Qué han hecho en diez meses?
JJM. Estamos trabajando fuerte en todo el proceso de investigación, estamos trabajando ya los casos de investigación y también en el diseño de una arquitectura nueva a nivel legislativo, a nivel del poder judicial y del Ministerio Público que va a dar de qué hablar.
RP. ¿Cuáles son los casos que llevan?
JJM. Los primeros casos que estamos viendo son los casos del IHSS, ese trabajo nos trajo al país y el Seguro Social es la preocupación más importante que tenemos a nivel de investigaciones. No es un caso fácil. Quiero que la población sepa que son, hasta el momento 44 investigaciones, que tienen casi tres años, muchas de ellas que todavía no han pasado al poder judicial, todavía están en la etapa de investigación. A estas 44 investigaciones se suman 15 que ya están en el poder judicial.
RP. ¿Qué es lo más difícil de todo este proceso?
JJM. Lo difícil es tratar de superar, en este momento, el tiempo, porque ha pasado mucho tiempo desde que se iniciaron estas investigaciones y no se han presentado estos requerimientos, y claro en el tiempo las pruebas incluso pueden evadirse y pueden borrarse. Pero yo creo que el principal desafío, más que el tiempo, es en este momento tomar ciertas decisiones que son importantes para el país.
RP. ¿Cómo cuáles?
JJM. Una de esas decisiones que nosotros consideramos que son de mayor importancia es que el país cuente con una ley nueva, que no existe en Honduras pero que si existe en Guatemala que la aplica la Cicig con la fiscalía o que existe en Perú que se aplicó para los casos Fujimori-Montesinos o que existe en Brasil en este momento para lo que se llama caso Lava Jato, porque implica la posibilidad de que personas que forman parte de una organización criminal puedan aportar pruebas a la fiscalía para poder identificar a quiénes son los miembros de una organización criminal, quiénes dan las órdenes, qué delitos están cometiendo, quiénes son sus víctimas, dónde están sus bienes y dónde están las ganancias de estas organizaciones ilegales en el país.
RP. ¿Qué ambiente ve usted para que esa ley de colaboración pueda tener eco?
JJM. Son procesos. Estamos en este momento, además de la ley de colaboración que esperamos que el sector político del país la apruebe y que comprenda la dimensión de esto en una lógica de que detengamos la corrupción y la podamos combatir con eficacia, pero tenemos que trabajar en frentes distintos como por ejemplo necesitamos tener un diseño nuevo en la justicia de Honduras en materia de corrupción.
RP. ¿Y cómo van a lograrlo?
JJM. Desde que llegamos al país en abril de 2016, planteamos al poder judicial y al país la necesidad de la creación de una jurisdicción especial en materia de corrupción. Fue creada en agosto del año pasado mediante ley del Congreso. Y también hemos diseñado con la fiscalía la creación de una Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción que va a trabajar conjuntamente con nosotros las investigaciones. Estamos hablando de una arquitectura nueva, de un diseño nuevo de un sistema anticorrupción en Honduras.
RP. La Maccih, ¿es una respuesta al grito de la gente o un llamado de JOH?
JJM. La Maccih se origina por el movimiento de los indignados en el país, la Maccih no es una creación que viene de la nada, viene por un movimiento social. El gobierno tuvo la virtud de aceptar que venga una Misión. Nosotros estamos muy conscientes de cuál es el origen, por eso es que nuestra prioridad está en las investigaciones de los casos del Seguro Social.
RP. ¿Tiene dientes la Maccih?
JJM. Absolutamente. Nosotros tenemos las capacidades para la investigación. Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar. La Misión está armándose y los dientes están bien puestos.
RP. ¿Cuál es el futuro de la Maccih?
JJM. Nosotros no queremos un fracaso para la Misión. Nosotros queremos que esta misión sea útil para el país. Ésta es la primera misión en su tipo para la OEA. Creo que en las Américas, en la región hacen falta más Maccih o más Cicig, como quiera llamarla. Eso ayuda mucho porque la corrupción está siendo un fenómeno global, un fenómeno que está afectando ya no solamente los bolsillos de la gente porque la corrupción lo que hace es finalmente afectar derechos: menos educación, menos salud, menos infraestructuras y la corrupción también está afectando la gobernabilidad y la creencia en el sistema democrático.
RP. ¿Cómo le gustaría que, en un futuro, el pueblo recordara a la Maccih y a usted como el responsable?
JJM. A nosotros nos gustaría que se nos recuerde como la Misión que vino a generar cambios y que vino a devolver la fe a la gente.
Pasaron diez meses desde su instalación en el país y su vocero, Juan Jiménez Mayor, expresa que ya tienen las capacidades para la investigación. “Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar” señala Mayor.
Por la presión ciudadana, el gobierno de Juan Orlando Hernández terminó cediendo a la conformación de la Maccih en coordinación directa con la Organización de Estados Americanos (OEA) que instaló de esa forma su primera Misión de este tipo en su historia. “La Maccih está armándose y los dientes están bien puestos”, advirtió Juan Jiménez Mayor.
Radio Progreso (RP) dialogó con el vocero y coordinador de la Maccih, Juan Jiménez Mayor (JJM) sobre el papel desarrollado en estos primeros diez meses y los retos que quedan por cumplir, además de las expectativas ciudadanas sobre la acción de la Misión.
RP. ¿Por qué decidió usted venir a Honduras?
JJM. Yo soy de Perú. Vengo de una experiencia muy fuerte que fueron los casos Fujimori-Montesinos. A fines del 2000, Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú por diez años, se fugó del país. Se comenzó un proceso de investigación para determinar cuál fue el nivel de corrupción que en el Perú se realizó a través de la presidencia de la República y los servicios secretos. El proceso terminó con el presidente preso, diputados, ministros, generales y empresarios también presos. Con esa experiencia, el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, me propone venir a Honduras a conducir una comisión especial, me pareció un reto importantísimo venir a contribuir desde la OEA a un país hermano.
RP. ¿Existe otra experiencia similar?
JJM. Esta es la primera Misión de la OEA en su tipo aquí en la región, y Honduras es el primer país que plantea la posibilidad de una misión de acompañamiento que pueda ayudar a las instituciones, al Ministerio Público, al poder judicial, al Tribunal de Cuentas, en fin, para poder cambiar las cosas y estoy seguro que vamos a contribuir a ese objetivo.
RP. ¿Usted es amigo personal del Secretario General de la OEA?
JJM. Así es, así es.
RP. ¿Y eso lo hizo venir al país?
JJM. Si porque generó la confianza para poder asumir el desafío que implica tener una misión como ésta acá.
RP. ¿Es fácil?
JJM. No es fácil. Yo entiendo que la gente quiera que la Misión, de una vez por todas, tome los casos y que estemos ya con gente en la cárcel por corrupción. Yo quiero decirles a las personas que esto es un proceso. Las investigaciones que está haciendo la Misión son investigaciones de grandes casos de corrupción. No estamos investigando sólo al policía que en la esquina recibe sobornos o funcionarios que le dan una “propina” para que haga o deje de hacer algo. Nosotros estamos involucrados en las grandes redes de corrupción.
RP. ¿Qué han hecho en diez meses?
JJM. Estamos trabajando fuerte en todo el proceso de investigación, estamos trabajando ya los casos de investigación y también en el diseño de una arquitectura nueva a nivel legislativo, a nivel del poder judicial y del Ministerio Público que va a dar de qué hablar.
RP. ¿Cuáles son los casos que llevan?
JJM. Los primeros casos que estamos viendo son los casos del IHSS, ese trabajo nos trajo al país y el Seguro Social es la preocupación más importante que tenemos a nivel de investigaciones. No es un caso fácil. Quiero que la población sepa que son, hasta el momento 44 investigaciones, que tienen casi tres años, muchas de ellas que todavía no han pasado al poder judicial, todavía están en la etapa de investigación. A estas 44 investigaciones se suman 15 que ya están en el poder judicial.
RP. ¿Qué es lo más difícil de todo este proceso?
JJM. Lo difícil es tratar de superar, en este momento, el tiempo, porque ha pasado mucho tiempo desde que se iniciaron estas investigaciones y no se han presentado estos requerimientos, y claro en el tiempo las pruebas incluso pueden evadirse y pueden borrarse. Pero yo creo que el principal desafío, más que el tiempo, es en este momento tomar ciertas decisiones que son importantes para el país.
RP. ¿Cómo cuáles?
JJM. Una de esas decisiones que nosotros consideramos que son de mayor importancia es que el país cuente con una ley nueva, que no existe en Honduras pero que si existe en Guatemala que la aplica la Cicig con la fiscalía o que existe en Perú que se aplicó para los casos Fujimori-Montesinos o que existe en Brasil en este momento para lo que se llama caso Lava Jato, porque implica la posibilidad de que personas que forman parte de una organización criminal puedan aportar pruebas a la fiscalía para poder identificar a quiénes son los miembros de una organización criminal, quiénes dan las órdenes, qué delitos están cometiendo, quiénes son sus víctimas, dónde están sus bienes y dónde están las ganancias de estas organizaciones ilegales en el país.
RP. ¿Qué ambiente ve usted para que esa ley de colaboración pueda tener eco?
JJM. Son procesos. Estamos en este momento, además de la ley de colaboración que esperamos que el sector político del país la apruebe y que comprenda la dimensión de esto en una lógica de que detengamos la corrupción y la podamos combatir con eficacia, pero tenemos que trabajar en frentes distintos como por ejemplo necesitamos tener un diseño nuevo en la justicia de Honduras en materia de corrupción.
RP. ¿Y cómo van a lograrlo?
JJM. Desde que llegamos al país en abril de 2016, planteamos al poder judicial y al país la necesidad de la creación de una jurisdicción especial en materia de corrupción. Fue creada en agosto del año pasado mediante ley del Congreso. Y también hemos diseñado con la fiscalía la creación de una Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción que va a trabajar conjuntamente con nosotros las investigaciones. Estamos hablando de una arquitectura nueva, de un diseño nuevo de un sistema anticorrupción en Honduras.
RP. La Maccih, ¿es una respuesta al grito de la gente o un llamado de JOH?
JJM. La Maccih se origina por el movimiento de los indignados en el país, la Maccih no es una creación que viene de la nada, viene por un movimiento social. El gobierno tuvo la virtud de aceptar que venga una Misión. Nosotros estamos muy conscientes de cuál es el origen, por eso es que nuestra prioridad está en las investigaciones de los casos del Seguro Social.
RP. ¿Tiene dientes la Maccih?
JJM. Absolutamente. Nosotros tenemos las capacidades para la investigación. Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar. La Misión está armándose y los dientes están bien puestos.
RP. ¿Cuál es el futuro de la Maccih?
JJM. Nosotros no queremos un fracaso para la Misión. Nosotros queremos que esta misión sea útil para el país. Ésta es la primera misión en su tipo para la OEA. Creo que en las Américas, en la región hacen falta más Maccih o más Cicig, como quiera llamarla. Eso ayuda mucho porque la corrupción está siendo un fenómeno global, un fenómeno que está afectando ya no solamente los bolsillos de la gente porque la corrupción lo que hace es finalmente afectar derechos: menos educación, menos salud, menos infraestructuras y la corrupción también está afectando la gobernabilidad y la creencia en el sistema democrático.
RP. ¿Cómo le gustaría que, en un futuro, el pueblo recordara a la Maccih y a usted como el responsable?
JJM. A nosotros nos gustaría que se nos recuerde como la Misión que vino a generar cambios y que vino a devolver la fe a la gente.
Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
Las Islas del Cisne, ciudades modelo y neofascismo
Las islas de Cisne ahora se han convertido aparentemente en una nueva Zona de Empleo y Desarrollo Economico (ZEDE), según el portal en la internet denominado Isla Templario (Templar Island Group) la cual describen que “ Está compuesto por inversionistas y científicos que se han propuesto construir un nuevo tipo de comunidad autogobernada dedicada a proteger una de las últimas propiedades ecológicas verdaderamente prístinas”.
Las islas del Cine poseen una historia peculiar, ya que hasta el año de 1971 pasaron a ser propiedad de Honduras cuando los Estados Unidos retornó las islas, después de haberlas declarado como su territorio a través del Acta Guano, instrumento “jurídico” que permitió a ese país apoderarse de islas e islotes con depósitos de guano a lo largo y ancho del planeta desde 1856.
Existe un inmenso afán por parte de los libertarios de ultraderecha estadounidenses de instalar micro naciones independientes, para poder llevar a efecto una serie de experimentos de gobernanza, científicos entre ellos la producción de fármacos que son controlados por las autoridades estadounidenses.
Para junio del 2015, el Seasteaders estuvo a apunto de iniciar la supuesta creación de una serie de islas flotantes en el golfo de Fonseca , las que se suspendieron después del fiasco de la conferencia denominada Disrumpiendo la Democracia en Honduras, a la cual inicialmente asistirían funcionarios del estado de Honduras, incluyendo Juan Hernández. Posteriormente las ZEDE emitió un comunicado donde se desligaron de los experimentos en gobernanza promovidos por los libertarios, atraídos por las particularidades de las ciudades-nación independientes, promovidas inicialmente por Paul Romer.
Paul Romer -profeta de las ciudades modelo- fue designado como economista en jefe del Banco Mundial (BM) en agosto del año pasado, y de forma no tan velada Jim Yong Kim, presidente del BM dio señales de adoptar los experimentos neocoloniales como una posible “solución” a la pobreza que aqueja a buena parte del planeta.
La ausencia de transparencia que ha caracterizado a los gobiernos ‘nacionalistas” que han controlado a Honduras a partir del golpe de estado del año 2009, incluye a las ciudades modelo (ZEDE). La subasta del territorio nacional se ha llevado a cabo a espaldas del pueblo, el que será excluido de los enclaves racistas promovidos por los libertarios de ultraderecha.
Como un denominador común del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las ZEDE, se encuentra el neofascismo y el racismo extremo de sus integrantes, especialmente el de la sra. Barbara Kolm, la que no ceja en su narrativa de desdén hacia los migrantes en Europa. En la actual coyuntura por la que atraviesa el planeta, el fascismo y el racismo parece ser que se han convertido en materia electoral. El amurallamiento de los países post industrializados, trataron de replicarlo en la periferia, donde las Zonas Especiales Económicas se convertirán en la receta de moda promovida por el B.M.
El hecho que las islas del Cisne se encuentren deshabitadas, las hace más apetecibles para los libertarios, los que así podrán disponer del territorio sin verse cuestionados por las poblaciones vernáculas, como sucede en tierra firme.
Basta recordar que en la islas del Cisne existió una monarquía. El rey Alonzo Adams gobernó las apetecidas islas durante 45 años hasta su deceso en 1913 . Falta ver si el grupo de los Templarios que aparentemente piensan instalarse en ese paraíso caribeño, instalen su propia monarquía.
Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
EE.UU.: Más de 120 generales retirados se pronuncian contra el aumento del presupuesto militar de Trump
Publicado: 28 feb 2017 20:49 GMT - RT
Los exgenerales, entre ellos figuras
destacadas como el exdirector de la CIA, David Petraeus, han escrito que
"muchas de las crisis" que enfrenta EE.UU. "no tienen solo una solución
militar".
Yuri GripasReuters
El drástico aumento del presupuesto militar adelantado por el presidente Donald Trump ha enfrentado las críticas de 121 generales y almirantes retirados de Estados Unidos. Los exmilitares enviaron una carta a
los líderes del Congreso y a otros altos cargos en el Gobierno, en la
que han alertado del riesgo de reducir el presupuesto de la diplomacia
norteamericana.
Los firmantes de la misiva, entre ellos figuras destacadas como el exdirector de la CIA, David Petraeus,
han escrito que "muchas de las crisis" que enfrenta EE.UU. "no tienen
solo una solución militar". Han agregado que las actividades como la
lucha contra el Estado Islámico, la prevención de pandemias como el
ébola o estabilización de "Estados débiles y frágiles que pueden detonar
la inestabilidad" deben llevarse a cabo con la diplomacia.
Los exgenerales han indicado que el trabajo del Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras agencias, es "fundamental para prevenir el conflicto y reducir la necesidad de enviar a nuestros hombres y mujeres al frente".
"Los militares pueden dirigir la lucha contra el terrorismo en el campo de batalla, pero necesitan de socios civiles fuertes en el combate contra los inductores del extremismo", han argumentado los antiguos altos mandos. Han concluido su mensaje destacando que "no es tiempo de una retirada".
Los exgenerales han indicado que el trabajo del Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras agencias, es "fundamental para prevenir el conflicto y reducir la necesidad de enviar a nuestros hombres y mujeres al frente".
"Los militares pueden dirigir la lucha contra el terrorismo en el campo de batalla, pero necesitan de socios civiles fuertes en el combate contra los inductores del extremismo", han argumentado los antiguos altos mandos. Han concluido su mensaje destacando que "no es tiempo de una retirada".
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió este lunes un aumento "histórico" del presupuesto en Defensa. Concretamente, Trump tratará de dotar al Pentágono con 54.000 millones de dólares extra en su primera propuesta presupuestaria, lo que supone un aumento de alrededor del 9% respecto al 2016.
- Se trata del mayor incremento en una década. Para lograr esta subida, el presidente ha ordenado un recorte general que afecta básicamente al Departamento de Estado y la ayuda exterior.
La Casa Blanca revela por qué Trump decidió aumentar el presupuesto militar
Publicado: 27 feb 2017 23:35 GMT | Última actualización: 1 mar 2017 11:11 GMT - RT
El portavoz presidencial estadounidense
asegura que esa decisión no tiene nada que ver con el comienzo de una
carrera armamentística mundial.
Cuando la prensa quiso saber si esa decisión provocaría una carrera armamentística nivel mundial, ese portavoz respondió que "no" y destacó que, en función "del estado de nuestro Ejército y su infraestructura, resulta evidente que tenemos mucho que reparar".
Spicer aseguró que la propuesta presidencial contará con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas pues, "cuando se trata de seguridad, el tema resulta importante para ambas partes".
¿No es suficiente?
Por su parte, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, John McCain, considera que dotar al Pentágono con otros 54.000 millones de dólares no es suficiente porque "con un mundo en llamas, EE.UU. no puede asegurar la paz por medio de la fuerza con sólo un 3 % por encima del presupuesto de Defensa del presidente Obama".McCain estima que "podemos y debemos mejorar", debido a que las fuerzas norteamericanas "no están preparadas para afrontar las amenazas a nuestra seguridad nacional" por culpa del gasto militar insuficiente de la Administración Obama y argumenta que hace falta un presupuesto de 640.000 millones de dólares —un 6 % mayor al propuesto por Trump— para reestructurar las fuerzas de EE.UU., de acuerdo a las realidades bélicas del siglo XXI.
EEUU acusa a Cuba, Nicaragua y Venezuela de "gobernar a sus ciudadanos de manera autoritaria”
Credito: Archivo
En su informe anual sobre el estado global de los derechos humanos, el Departamento de Estado destacó que el gobierno del presidente Raúl Castro impide a los cubanos escoger a sus gobernantes, emplea amenazas, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas oficialistas contra la disidencia pacífica. Asimismo, que apela al acoso y a las detenciones para prevenir la libre expresión y las reuniones pacíficas.
El reporte, que dedica un capítulo a 199 países y territorios sin compararlos, no menciona que Washington reestableció recientemente relaciones diplomáticas con La Habana tras una ruptura de medio siglo.
El documento identificó como los principales abusos cometidos por el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro al uso politizado del poder judicial para debilitar a la Asamblea Nacional, intimidación y acusación penal a los disidentes, frecuentes detenciones arbitrarias de la policía, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la censura gubernamental a la prensa y a la libertad de expresión.
En cuanto a Nicaragua, las principales violaciones a los derechos humanos incluyeron restricciones al derecho al voto, políticas sesgadas para garantizarle control al Frente de Liberación Nacional Sandinista, y un creciente acoso a organizaciones de la sociedad civil. También arrestos arbitrarios, maltrato y detenciones preventivas prolongadas.
El informe indicó que las principales violaciones ocurridas en México incluyeron impunidad y corrupción, participación policial y militar en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones. Asimismo, apuntó que organizaciones criminales mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Washington mencionó el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres para subrayar la incapacidad de las autoridades hondureñas para proteger activistas amenazados en medio de la "violencia persistente" que azota a esa nación centroamericana debido en parte a disputas por la propiedad de tierras en áreas rurales y a la actividad de pandillas y narcotraficantes.
Destacó además una amplia impunidad debido a la corrupción y a debilidad en el sistema judicial, y el excesivo uso de la fuerza de los órganos de seguridad.
En Colombia, el Departamento de Estado identificó la impunidad, los desplazamientos forzados y la discriminación como los principales abusos, aunque también destacó la ineficiencia del poder judicial para sancionar efectivamente a individuos acusados de violar derechos humanos, incluyendo a funcionarios de alto rango y exparamilitares.
Además destacó que en la nación andina tienen incidencia importante las ejecuciones extrajudiciales, colaboración ilegal de los militares con irregulares, desapariciones forzadas, prisiones hacinadas e inseguras, violencia contra mujeres y niñas, tráfico de personas, trabajo infantil ilegal y asesinatos de defensores de derechos humanos.
The Associated Press solicitó un comentario a las embajadas de Cuba, Colombia, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, sin obtenerlos de inmediato.
Por primera vez en muchos años, el secretario de Estado en funciones no presentó el informe pese a que el senador republicano Marco Rubio pidió la víspera vía Twitter a Rex Tillerson que reconsiderara la decisión.
Frustrado espectáculo bufo anticubano
Periodista cubano residente en México y columnista del diario La Jornada.
Por:
Angel Guerra Cabrera
Luis Almagro. Foto: Reuters.
A mediados del año pasado trascendió un documento firmado por el almirante Kurt Tidd, jefe del mencionado comando, que explicaba la Operation Venezuela Freedom-2, segunda fase de un plan subversivo contra Venezuela que describe con asombrosa fidelidad lo que viene intentando hacer la contrarrevolución en ese país. Aquí entra Almagro, inmoral y gris personajillo que desde su cargo de canciller de Uruguay fingió simpatizar con los gobiernos revolucionarios y populares de América Latina y el Caribe para hacerse con la secretaría general de la OEA. Al referirse a la distribución de tareas en el intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro, dice el Comando Sur “en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA…” Si fuera por Almagro, Temer, Macri y otros de su ralea, ya el instrumento que indica el almirante se habría aplicado a Venezuela para excluirla y aislarla, como se hizo con Cuba en 1962. El problema es que no se cuenta con los votos, como explicó el argentino a empresarios españoles que lo acogieron en Madrid encantados con sus acciones y planes entreguistas.
Almagro, el ex presidente de México Felipe Calderón y la dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Mariana Alwyn, supuestamente se disponían a viajar a La Habana para participar en una provocación contra la Revolución Cubana orquestada por varias siglas que agrupan a Felipe González y José María Aznar, corruptos ex presidentes del gobierno español; al ex mandatario y prófugo de la justicia peruana Alejandro Toledo y otros tantos de igual o menor insignificancia política. Entre ellos, el terrorista y agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner.
Los gobiernos de México y Chile fueron informados con antelación por las autoridades cubanas que no se permitiría la burda provocación que se estaba pretendiendo montar ni el viaje de sus connacionales para tomar parte en ella. Los presuntos viajeros ya habían sido informados por sus gobiernos que no serían recibidos en La Habana.
El pretexto para el viaje era la entrega, por mercenarios de Estados Unidos en Cuba, de un premio a Almagro y a Calderón como defensores de la democracia. A la señora Alwin, igual condecoración a su padre, el ex presidente Patricio Alwin, reconocido cómplice de Pinochet en el golpe de Estado de la CIA contra el heroico presidente Salvador Allende.
Muy ofendido al parecer, el gobierno chileno llamó a su embajador a consultas. El mismo gobierno que ha impedido la entrada de varias personalidades solidarias con la lucha del pueblo mapuche y en octubre del año pasado a Piedad Córdova, prestigiosa y reconocida luchadora colombiana por los derechos humanos y la paz. Más de un analista de derecha en Chile ha escrito que el viaje de Alwin no tiene nada que ver con los derechos humanos en Cuba, sino con el deseo de su partido de un pretexto para abandonar la coalición gobernante Nueva Mayoría, en busca de horizontes políticos más redituables.
De Almagro llama la atención que su frenética actividad contra los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no esté respaldada por un mandato de la Asamblea General de la OEA y su silencio cómplice ante el golpe mediático-judicial-parlamentar
En México hubo más tino que en Chile. El tema fue despachado con un discreto tweet del secretario Videgaray y no tuvo repercusión parlamentaria alguna pese a los denodados esfuerzos de la senadora Mariana Gómez del Campo, siempre tan dispuesta a acoger y a apapachar a los mercenarios del imperio en Cuba y a los golpistas venezolanos; en particular a la esposa del fascista Leopoldo López, preso no por razones políticas, sino por provocar la muerte de 43 compatriotas.
Una ola de antisemitismo golpea EEUU con más de 100 amenazas de bomba en 2017
por EFE 4 marzo, 2017 - EL MOSTRADOR
Según la Asociación de Centro Comunitarios Judíos de Norteamérica, más de 80 de sus centros padecieron intimidaciones telefónicas, detectadas en 33 estados de EE.UU. -y 2 provincias canadienses- durante enero, febrero y marzo.
Esos centros comunitarios judíos recibieron llamadas para desalojar sus instalaciones, entre las cuales se encuentran colegios, por amenazas de bomba que acabaron siendo falsas.
Además, la vandalización de un cementerio judío de Rochester (Nueva York), que se registró el pasado jueves, supone el tercer asalto a cementerios judíos en el país en las últimas semanas.
Esta destrucción de lápidas se suma a las cientos de tumbas que fueron destrozadas en los cementerios judíos de Filadelfia y Saint Louis (Misuri), adonde se desplazó la semana pasada el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, a condenar esos actos.
El director regional en Nueva York de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Evan Bernstein, ha asegurado que la actual ola de antisemitismo en el país norteamericano es "sin precedentes".
De momento, el único detenido por 8 de las 100 amenazas es Juan Thompson, un hombre afroamericano de 31 años que ha mostrado a través de sus redes sociales su rechazo al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y que mantenía una campaña para hostigar a su expareja haciéndose pasar por ella para intimidar.
El sospechoso, detenido en el estado de Misuri y acusado de acciones de acoso cibernético con una sentencia máxima de cinco años de cárcel, trabajaba como periodista para el portal de investigación informativa Intercept, pero fue despedido el año pasado.
El director ejecutivo del Instituto para el Estudio de Antisemitismo Global y Política (ISGAP), Charles Asher Small, aseguró a Efe que el antisemitismo actual proviene tanto de la extrema derecha, que se ha reforzado en EE.UU., como de la extrema izquierda.
Las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que ganó Trump, supusieron el surgimiento del "alt-right", un movimiento de extrema derecha relacionado con un sentimiento anti-inmigración, el antisemitismo y un desprecio por la corrección política.
Varios miembros prominentes del "alt-right" han apoyado activamente a Trump e incluso uno de sus grandes líderes, Steve Bannon, es el estratega jefe de la Casa Blanca.
"Los ataques a los que nos enfrentamos ahora no tienen sus orígenes en el Gobierno de Trump, pero es cierto que los discursos antisemitas, contra otras minorías e inmigrantes son peligrosos", añadió Small, en referencia a los polémicos comentarios del magnate sobre algunas minorías.
Tras recibir críticas por no condenar las acciones contra los judíos estadounidenses, Trump inició este martes su primer discurso ante el Congreso condenando el antisemitismo como una forma de odio y maldad.
"Las recientes amenazas contra los centros comunitarios judíos y el vandalismo de los cementerios judíos (...) nos recuerdan que, si bien podemos ser una nación dividida en políticas, somos un país que condena el odio y el mal en todos sus formas", dijo el presidente.
El Buró Federal de Investigación (FBI), que se reunió este viernes con asociaciones judías, aseguró en un comunicado que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia está investigando "posibles violaciones de los derechos civiles".
Sin embargo, reconoció el FBI, a día de hoy se desconoce la procedencia de algunas llamadas amenazantes cuyos autores utilizaron modificadores de voz para no ser reconocidos.
Por su parte, la directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano (ACJ), Dina Siegel Vann, declaró a Efe que las autoridades tienen que dar una repuesta, atrapar a los culpables y actuar en consecuencia.
"Las autoridades tienen que enviar un mensaje muy claro de que estos actos no son permisibles, llamarlo por su nombre, y a la vez estar vigilantes", subrayó Siegel Vann.
"La sociedad tiene que entender que estos ataques no son solo contra las minorías, sino a su conjunto. En la medida en que existan estos ataques, toda la sociedad está vulnerada", agregó.
A pesar del incremento actual del antisemitismo en EE.UU., los ataques no son nuevos, ya que durante los años 2014 y 2015 el FBI registró más de 1.270 incidentes de crímenes de odio dirigidos a judíos, un número bastante superior al de otros grupos religiosos.
Trump estudia separar a niños sin papeles de sus padres al cruzar frontera
El Gobierno busca formas para disuadir el uso de los menores en la inmigración ilegal.
Donald Trump durante un reciente discurso. | EFE
El Gobierno de EE.UU. estudia una propuesta para separar a los niños indocumentados de sus padres cuando crucen sin papeles la frontera y sean detenidos por las autoridades estadounidenses, informaron medios locales.
La medida tiene como objetivo por un lado disuadir a las familias de inmigrantes de cruzar la frontera con México y, por el otro, combatir la explotación de menores.
"Estamos tratando de encontrar formas de disuadir el uso de niños para la inmigración ilegal. Vemos a niños a los que esencialmente secuestran y utilizan para llegar hasta aquí y
quedarse", dijo a la CNN un alto cargo del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), encargado de la seguridad fronteriza y de la
inmigración.
La medida bajo estudio permitiría a las
autoridades mantener a los padres recluidos en centros de detención para
inmigrantes mientras transfieren a los menores a los servicios sociales o a familiares que ya estén viviendo en el país.
En la actualidad, a las familias detenidas normalmente se las deja en libertad a la espera de la resolución de su caso migratorio.
"La gente se está aprovechando del sistema",
añadió el cargo del DHS, que dijo que algunos padres exponen a los
niños a peligrosas travesías y a traficantes de personas, mientras que
otros aseguran tener una relación parental con los menores que no es
cierta.
Un portavoz del DHS, David Lapan, dijo en un comunicado que la agencia "sigue explorando opciones que puedan desalentar de empezar el viaje" a padres o familiares.
El Gobierno del expresidente Barack Obama también valoró la medida pero finalmente la descartó
"por ir en detrimento de la seguridad de los niños", según un excargo
del Departamento de Justicia, Leon Fresco, citado por CNN.
Durante el pasado año fiscal 2016, que
concluyó el pasado 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza detuvo a
77.674 indocumentados que cruzaron con sus familias desde México, más del doble de los 39.838 del periodo anterior.
La cifra de 2016 también fue superior a la
del pico registrado en 2014 (68.445) y estuvo muy por encima de los
14.855 y 11.116 indocumentados en familia detenidos en los años fiscales
2013 y 2012, respectivamente
Juez de Florida falla contra orden migratoria de Trump
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viernes, 03 mar 2017
18:49 - LA JORNADA
centro de asistencia al migrante en Miami. Foto Ap
Miami. Un
juez de Florida dictaminó este viernes que es inconstitucional la
política del condado Miami-Dade de detener inmigrantes indocumentados en
cárcel a petición de autoridades migratorias federales.
El juez Milton Hirsch, del Undécimo Circuito
Judicial, señaló que esa política violaba la Décima Enmienda (Fija
límites del poder federal sobre los estados) cinco semanas después de
que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, decidiera que la ciudad ya
no sería considerada un "santuario" para los inmigrantes
indocumentados.
James Lacroix, un ciudadano haitiano que se
declaró culpable de un delito grave por conducir habitualmente con
licencia suspendida en Miami-Dade, y su abogado, Philip Reizenstein,
presentaron su caso ante Hirsch a principios de esta semana.
Lacroix debía ser puesto en libertad tras
cumplir su pena, pero permaneció bajo custodia a solicitud del Servicio
de Inmigración y control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
En su fallo, Hirsch señaló que el condado no
tiene ninguna razón ni base en la ley para mantener a Lacroix en
prisión y agregó que el gobierno federal tiene prohibido
constitucionalmente obligar al condado a mantener a Lacroix como
prisionero, y el condado a cumplir con esa demanda.
El abogado Reizenstein dijo a NBC News que
pese a que esto no ayuda a Lacroix, pues “probablemente será deportado
más rápido en represalia (...) esto ayudará a otros y es un golpe
directo al presidente (Trump) y su orden ejecutiva”.
El alcalde Gimenez abandonó el estatus de
“santuario” de Miami-Dade el 26 de enero pasado, luego que Trump
emitiera una orden ejecutiva eliminando la mayoría del financimiento
federal para ciudades con políticas de santuarios vigentes.
Gimenez aceptó permitir que las cárceles del
condado detengan inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados
por el ICE. Miami-Dade no había estado cumpliendo con el gobierno
federal en estas órdenes desde 2013, según la decisión de Hirsch.
"Este caso debería apelar a los
conservadores de todo el país, pero no son conservadores, son
antiinmigrantes, y en este caso el presidente de Estados Unidos
chantajeó al condado y el alcalde se agachó", dijo Reizenstein.
Lacroix, de 45 años, entró legalmente a
Estados Unidos bajo un estado de emergencia otorgado a los ciudadanos
haitianos tras el terremoto de 2010, según Reizenstein.
Fue detenido varias veces por conducir en una licencia suspendida. Su arresto más reciente ocurrió a principios de enero pasado.
Lacroix también fue acusado previamente de
agresión con asalto agravado, pero esas acusaciones no procedieron. El
ICE solicitó al condado retener a Lacroix dos días después que Gimenez
cambió el estatus de santuario del condado.
Justo antes de la decisión en su favor, Lacroix fue puesto bajo custodia del ICE dijo su abogado.
"Miami no es y nunca ha sido una ciudad
santuario. Pero Estados Unidos es y siempre ha sido un país santuario",
escribió el juez Hirsch en su fallo.
Por su parte, el alcalde Giménez señaló en
declaraciones al canal 51 local que la orden del juez está suspendida,
pues el condado ya ha apelado.
Parlamento Europeo vota en favor de imponer visas a estadounidenses
|
sábado, 04 mar 2017
10:50 - LA JORNADA
El comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, durante un evento en Bruselas el pasado 2 de marzo. Foto Afp
La medida, en represalia porque Washington no respeta acuerdo con cinco países del bloque
El Parlamento Europeo vota en favor de imponer visas a estadunidenses
La Comisión Europea cuenta con dos meses para ratificar la medida de los legisladores
The Independent, Reuters y Ap . Periódico La Jornada - Sábado 4 de marzo de 2017, p. 21
Bruselas.
El Parlamento Europeo votó en favor de exigir visas a los
estadunidenses que quieran ingresar a la Unión Europea (UE), se confirmó
este viernes, debido al rechazo de Washington a aplicar el acuerdo de
reciprocidad a los ciudadanos de cinco países del bloque: Bulgaria,
Croacia, Polonia, Chipre y Rumania.El voto del comité de libertades civiles del parlamento significa que los estadunidenses, quienes normalmente pueden viajar a todos las naciones del bloque sin visa, tendrán que solicitar documentos adicionales durante los próximos 12 meses.
La comisión descubrió hace tres años que Estados Unidos no cumplía sus obligaciones con el acuerdo de reciprocidad, pero no había emprendido ninguna acción.
La votación del jueves, preparada por la comisión de libertades civiles y aprobada por una sesión plenaria del parlamento, da a la Comisión Europea dos meses para que actúe antes de que los diputados puedan considerar una acción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Australia, Brunei, Japón y Canadá también han fallado en sus obligaciones, pero los cuatro han levantado o están a punto de quitar restricciones de visado para los viajes de los ciudadanos de la UE.
consecuencias, que incluían potenciales
represaliasy una caída del número de visitantes, lo que precipitaría pérdidas sustanciales para la industria turística del continente.
Un funcionarios de la Comisión Europea dijo que hay un diálogo con el gobierno de Estados Unidos para
presionar para que haya completa reciprocidad en visas, pero no quiso decir si habrá medidas pronto.
En enero pasado se informó que la UE estaba considerando la adopción de un sistema de permiso de viaje electrónico estilo estadunidense –medida que podría crea un nuevo obstáculo administrativo para los turistas británicos después del Brexit.
