Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Hace dos meses de que el defensor indígena Lenca, Víctor Vásquez, permanece inmovilizado a causa de una bala policial durante un desalojo violento, en Tutule, departamento de La Paz. En esta visita a Tegucigalpa, espera que ya le retiren el yeso y poder caminar con normalidad.
Víctor, de 36 años de edad, es el presidente del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, en la región centro-occidente de Honduras, y el día del disparo acompañaba y documentaba el ataque de parte de policías hacia al grupo campesino 9 de julio, que desde hace siete años mantiene un proceso de recuperación de tierras.
El líder también miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz-Honduras, MILPAH, debido a las amenazas contra su vida, ya cuenta con medidas de protección por parte de la Dirección General del Sistema de Protección, mediante resolución del 26 de enero del 2017, consistentes en patrullajes en los alrededores de su domicilio, y el pasado 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar MC-507-2016 en su favor.
El 6 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Vásquez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que Víctor Vásquez se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como presidente del consejo indígena de la comunidad de Simpinula en el marco de una serie de disputas judiciales sobre la titularidad de unos territorios que pertenecen a los indígenas Lenca en calidad de tierras ancestrales. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Vásquez; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.
El representante de MILPAH en Simpinula, lamenta que los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos continúen, pues son muchos los casos en los que la población indígena debe enfrentar la justicia siendo criminalizados ante un sistema que los reprime. Por lo que espera que las medidas cautelares a su favor sean aplicadas correctamente, ya que defender los derechos humanos en Honduras, es un peligro, pero a la vez un deber personal con su pueblo.
Alrededor de las 9 de la mañana, aproximadamente entre 150 y 200 militares y policías llegaron al área y comenzaron a desalojar violentamente a los campesinos usando gas lacrimógeno, en Tutule.
En ese momento el defensor de derechos humanos Víctor Vásquez comenzó a filmar los eventos con su teléfono cámara. Cuando los campesinos empezaron a correr para escapar de la agresión, uno de ellos se quedó atascado en un alambre de púas.
Víctor Vásquez regresó para asistir al compañero que se había quedado atascado y ayudarle a liberarse, cuando recibió un disparo en la rodilla. Varios otros campesinos fueron heridos de bala como resultado del operativo. Organizaciones locales que brindan apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos están acompañando a Víctor Vásquez en su recuperación.
Agradezco al (COFADEH, por todo el apoyo que me ha dado, sé que, sin la operación en mi pierna, no estaría de pie -por momentos- pues a saber que hubiera sucedido conmigo, aseveró del defensor.
Estos meses, aun con la pierna en recuperación, el defensor ha hecho acciones de acompañamiento en temas de derechos humanos, como audiencias judiciales contra indígenas criminalizados, procesos electorales y la presentación del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia”, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades las y los participantes, especialmente de las mujeres, así como de los operadores de justicia, para facilitar así el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.
El proyecto es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y cuenta con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Trócaire y con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa EUROJUSTICIA.
Por Sandra Rodríguez
Hace dos meses de que el defensor indígena Lenca, Víctor Vásquez, permanece inmovilizado a causa de una bala policial durante un desalojo violento, en Tutule, departamento de La Paz. En esta visita a Tegucigalpa, espera que ya le retiren el yeso y poder caminar con normalidad.
Víctor, de 36 años de edad, es el presidente del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, en la región centro-occidente de Honduras, y el día del disparo acompañaba y documentaba el ataque de parte de policías hacia al grupo campesino 9 de julio, que desde hace siete años mantiene un proceso de recuperación de tierras.
El líder también miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz-Honduras, MILPAH, debido a las amenazas contra su vida, ya cuenta con medidas de protección por parte de la Dirección General del Sistema de Protección, mediante resolución del 26 de enero del 2017, consistentes en patrullajes en los alrededores de su domicilio, y el pasado 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar MC-507-2016 en su favor.
El 6 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Vásquez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que Víctor Vásquez se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como presidente del consejo indígena de la comunidad de Simpinula en el marco de una serie de disputas judiciales sobre la titularidad de unos territorios que pertenecen a los indígenas Lenca en calidad de tierras ancestrales. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Vásquez; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.
El representante de MILPAH en Simpinula, lamenta que los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos continúen, pues son muchos los casos en los que la población indígena debe enfrentar la justicia siendo criminalizados ante un sistema que los reprime. Por lo que espera que las medidas cautelares a su favor sean aplicadas correctamente, ya que defender los derechos humanos en Honduras, es un peligro, pero a la vez un deber personal con su pueblo.
Alrededor de las 9 de la mañana, aproximadamente entre 150 y 200 militares y policías llegaron al área y comenzaron a desalojar violentamente a los campesinos usando gas lacrimógeno, en Tutule.
En ese momento el defensor de derechos humanos Víctor Vásquez comenzó a filmar los eventos con su teléfono cámara. Cuando los campesinos empezaron a correr para escapar de la agresión, uno de ellos se quedó atascado en un alambre de púas.
Víctor Vásquez regresó para asistir al compañero que se había quedado atascado y ayudarle a liberarse, cuando recibió un disparo en la rodilla. Varios otros campesinos fueron heridos de bala como resultado del operativo. Organizaciones locales que brindan apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos están acompañando a Víctor Vásquez en su recuperación.
Agradezco al (COFADEH, por todo el apoyo que me ha dado, sé que, sin la operación en mi pierna, no estaría de pie -por momentos- pues a saber que hubiera sucedido conmigo, aseveró del defensor.
Estos meses, aun con la pierna en recuperación, el defensor ha hecho acciones de acompañamiento en temas de derechos humanos, como audiencias judiciales contra indígenas criminalizados, procesos electorales y la presentación del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia”, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades las y los participantes, especialmente de las mujeres, así como de los operadores de justicia, para facilitar así el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.
El proyecto es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y cuenta con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Trócaire y con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa EUROJUSTICIA.
Edy Tábora: No podemos tomar con normalidad restricciones a nuestros derechos humanos
Tegucigalpa (Conexihon).-
La reciente campaña orquestada desde el Poder Ejecutivo para reflejar
que en la ciudadanía hondureña, que existe el caos y vandalismo de parte
de sectores opositores a las políticas oficialistas, es un punto
preocupante en momentos en que se discutirán estas reformas y previo a
un proceso electoral, estas fueron algunas valoraciones hechas por el
Director Ejecutivo del Comité Por la Libre Expresión (C-Libre), Edy
Tábora.
Previo a la discusión, en tercer debate, de un paquete de reformas al Código Penal esta tarde, Tábora es del criterio que en este momento existe una etapa a la que llamó “Populismo Penal”, consistente en querer hacerle ver a la población de que el Gobierno actual atiende las demandas de la población en materia de seguridad ciudadana.
Además, el profesional del derecho apuntó que en el país se está implementando la creación de “enemigos internos” y que aquí hay que combatirlos. Primero mediáticamente se coloca el concepto de que hay determinadas personas que cometen actos ilícitos en el país y tiene varias características.
“En Honduras hay ejemplos de estos enemigos públicos como los opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales. Al tenerlos definidos y seleccionar determinadas personas intolerables al sistema y a esto se le llama derecho penal selectivo”, agregó Tábora.
Detalló que el objetivo del oficialismo, representado en el Partido Nacional de Honduras (actualmente en el poder), es legalizar es la restricción de actividades públicas para determinadas personas a través de los enemigos internos y ello conlleva restricciones a la libertad de expresión, específicamente en el derecho a la protesta social.
“Quieren hacer ver que la manifestación de calle implica actos de vandalismo y colocan imágenes de supuestos daños a bienes públicos y centros privados, y así van construyendo así un esquema de aceptar restricciones a las libertades públicas y ya nadie protestará al momento de su aprobación”, denunció el también ex Fiscal de Derechos Humanos.
Otro de los puntos que enfatizó Edy Tábora, fue con el concepto de autocensura como resultado de la campaña mediática en la que se estigmatiza a las voces opositoras.
“Al incrementarse la campaña mediática lo que hace la población en general es dejar de opinar porque saben que el Estado no va a tolerar una acción que genere contrapeso mediático al discurso oficial”, dijo.
Cuestionó la falta de una institucionalidad independiente y fuerte que sirva como veeduría social para ver los abusos que pueden desencadenar estas reformas penales.
Además mostró su preocupación por el hecho de que se acepten como un hecho normal estas restricciones a las libertades fundamentales como el debido proceso, como el derecho a la inocencia, a un juicio justo e independiente, a la libertad de expresión y opinión entre otras.
Previo a la discusión, en tercer debate, de un paquete de reformas al Código Penal esta tarde, Tábora es del criterio que en este momento existe una etapa a la que llamó “Populismo Penal”, consistente en querer hacerle ver a la población de que el Gobierno actual atiende las demandas de la población en materia de seguridad ciudadana.
Además, el profesional del derecho apuntó que en el país se está implementando la creación de “enemigos internos” y que aquí hay que combatirlos. Primero mediáticamente se coloca el concepto de que hay determinadas personas que cometen actos ilícitos en el país y tiene varias características.
“En Honduras hay ejemplos de estos enemigos públicos como los opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales. Al tenerlos definidos y seleccionar determinadas personas intolerables al sistema y a esto se le llama derecho penal selectivo”, agregó Tábora.
Detalló que el objetivo del oficialismo, representado en el Partido Nacional de Honduras (actualmente en el poder), es legalizar es la restricción de actividades públicas para determinadas personas a través de los enemigos internos y ello conlleva restricciones a la libertad de expresión, específicamente en el derecho a la protesta social.
“Quieren hacer ver que la manifestación de calle implica actos de vandalismo y colocan imágenes de supuestos daños a bienes públicos y centros privados, y así van construyendo así un esquema de aceptar restricciones a las libertades públicas y ya nadie protestará al momento de su aprobación”, denunció el también ex Fiscal de Derechos Humanos.
Otro de los puntos que enfatizó Edy Tábora, fue con el concepto de autocensura como resultado de la campaña mediática en la que se estigmatiza a las voces opositoras.
“Al incrementarse la campaña mediática lo que hace la población en general es dejar de opinar porque saben que el Estado no va a tolerar una acción que genere contrapeso mediático al discurso oficial”, dijo.
Cuestionó la falta de una institucionalidad independiente y fuerte que sirva como veeduría social para ver los abusos que pueden desencadenar estas reformas penales.
Además mostró su preocupación por el hecho de que se acepten como un hecho normal estas restricciones a las libertades fundamentales como el debido proceso, como el derecho a la inocencia, a un juicio justo e independiente, a la libertad de expresión y opinión entre otras.
Llover sobre mojadoLos titulares de todos los periódicos de hoy vienen referidos a la aprobación de las reformas penales. A lo largo de estas semanas pasadas la imagen que se ha proyectado del actual presidente ha sido la de un “líder de vanguardia” que va muy por delante y por arriba del resto de sus competidores. Todo el “corifeo nacionalista” presionaba, ridiculizaba y satanizaba a sus oponentes políticos por no ser capaces de ver que el bien del país era lo que estaba en juego. Una vez más se demostró que la oposición política es sumamente débil, fragmentada, sin capacidad de negociación y, mucho menos, de ofrecer una alternativa real en la coyuntura presente. También se ha puesto de manifiesto que la “crisis del partido liberal” sigue vigente. Con sus presencias, ausencias; y sobre todo los silencios y evasivas a la hora de votar no le lleva muy lejos. La crisis política del 2009, con su consiguiente golpe de estado, fue la que ha sumido al partido liberal en la crisis en que se encuentra pues hasta el momento no ha encontrado la manera de recuperar el liderazgo que tenía. Considera su tarea principal volver a ser la fuerza política de antaño arrebatando a los “partidos emergentes” la segunda plaza en el ranking electoral y poder recuperar las ovejas perdidas que se fueron a otros rediles partidarios.
Hay dos hechos que merecen la pena destacarse. Tanto la crisis del partido liberal como la enorme fragmentación de los partidos emergentes no hacen más que “consolidar el monopartidismo”. La historia política del país se ha caracterizado por un “bipartidismo histórico” en alternancia y sin fisuras que ha dominado el escenario político. Lo que va apareciendo como novedoso desde junio del 2009 es que solamente existe un partido que va adquiriendo contornos de “partido único” que concentra todo el poder e impone su proyecto de sociedad.
La mayor oposición y rechazo a la aprobación de las “reformas penales” ha venido del “movimiento popular alternativo” y todo tipo de colectivos sociales. No se han dejado seducir por los “encantamientos” del partido de poder y, mirando más allá del horizonte y a la reciente historia política del continente, ven lo que puede ser la otra cara de la moneda. Estas medidas recién aprobadas suponen una legitimación de su plan reeleccionista, consolidar la economía a base de las inversiones extranjeras y una entrega a las transnacionales de los recursos y territorios nacionales. Esto, por supuesto, a espaldas y en contra, de las mayorías nacionales. Estas reformas penales son una respuesta anticipada para tener a la oposición y la protesta social bajo control.
Si hace apena un mes que el Informe de “Global Witnees” decía que “Honduras es el país más peligroso para defender el planeta y a los defensores de los bienes naturales”, hoy lo hace con la misma o más fuerza “Amnistía Internacional”: “Honduras y Guatemala son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; las personas que hacen activismo por los derechos a la tierra y al medio ambiente son objeto de una ola de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios. Las personas que se dedican al periodismo, la abogacía o la judicatura, así como los opositores políticos y los testigos han sido objeto de amenazas, ataques, tortura y desapariciones forzadas, e incluso algunos murieron a manos de agentes estatales y no estatales que querían silenciarlos”.
Por lo tanto, concluimos invitando a una lucidez de conciencia y acción para evitar que el “monopartidismo” siga consolidándose y que nuestra lucha se centre en deslegitimar al otro “terrorismo que viene desde el poder, la economía y el mundo mediático” causando todo tipo de víctimas.
Honduras: Pueblos indígenas por un proyecto originario de Consulta previa, libre e informada (+ fotos)
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 1 Marzo, 2017
“No aceptamos una ley inconsulta creada en salones de hoteles a espalda de los pueblos”
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 28 de febrero, en presencia de
cientos de delegados de 6 pueblos indígenas de Honduras[1] se llevó a
cabo el Foro-Taller sobre el Convenio 169 de la OIT y la Consulta
previa, libre e informada.
“Nos reunimos para analizar y discutir
el tema de la Consulta previa, libre e informada en nuestros
territorios. También para definir un posicionamiento firme ante la ley
inconsulta que el gobierno está tratando de aprobar con el apoyo del
PNUD[2]”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal
Negra Hondureña (Ofraneh).
“No podemos aceptar un proceso que no
surge desde los pueblos indígenas, y que no toma en cuenta la propuesta
que presentamos hace un año y que quedó engavetada en el Congreso
Nacional”, agregó la dirigente garífuna.
La actividad se enmarca en las jornadas
del primer aniversario de la siembra de la dirigente indígena Lenca y
coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas
de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
“Berta fue parte del proceso de
costrucción, desde los pueblos, del proyecto de ley sobre la Consulta
previa, libre e informada. Es increible ver como, a un año de su
asesinato, aún no se han capturado los autores intelectuales del crimen,
no se ha cerrado la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA) y su
proyecto de muerte “Agua Zarca” y no se está respondiendo a las demandas
del Copinh y de la familia de Berta”, manifestó Miranda.
En repetidas ocasiones, el Copinh y los
familiares han denunciado el involucramiento de aparatos del Estado
hondureño, principalmente de las Fuerzas Armadas, en el asesinato de
Cáceres.
Durante varios días, los movimientos
populares y sociales de Honduras se movilizarán junto al Copinh en el
marco de las jornadas “Berta Vive, Copinh Sigue”.
“Berta nos enseñó a luchar, a tener
sentido común. Berta nunca se doblegó, ni se dejó vencer. Nosotros
tampoco nos vamos a doblegar. Vamos a analizar a fondo el tema de la
Consulta previa, libre e informada y vamos a posicionarnos como pueblos
indígenas. El Estado no puede aprobar leyes a espalda de los pueblo”,
sentenció Tomás Gómez, coordinador del Copinh.
[1] Garífuna, Lenca, Maya Chortí, Miskito, Pech, Tolupán,
[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
GALERÍA DE FOTOS
[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
GALERÍA DE FOTOS
Honduras. Problemas en el Paraíso: Buscando tesoros en la tierra de los mayas Por Frauke.Decoodt
Kaos en la Red - Publicado en: 19 febrero, 2017
En Copán Ruinas, un paraíso para turistas y famoso por sus ruinas Mayas, los habitantes se sorprendieron con la aprobación de unas concesiones mineras para buscar oro. Unidos, esperan que pueda parar este proyecto.
Bienvenidos a Copan Ruinas !!
Uno de los
lugares “imperdibles” para ver en Centroamérica son las ruinas mayas
cerca del pueblo Copán Ruinas en Honduras. A menudo, es lo único que los
turistas visitan en Honduras. La visita vale más que la pena. Los
arqueólogos consideran las notables estelas y decoraciones esculpidas
entre los mejores vestigios de la antigua Mesoamérica, UNESCO considera
Copán Ruinas y sus alrededores como patrimonio mundial.
Copán
Ruinas no sólo es arqueología. Las personas más aventureras pueden
disfrutar haciendo ciclismo, escalada, kayak, aguas termales, observar
guacamayas, cabalgar. Las posibilidades son interminables, los
alrededores son impresionantes.
Que pena
que un puñado de personas poderosas valoren este pedazo de paraíso, pero
por otros tesoros, los que se encuentran por debajo de la tierra.
Un gigante astuto despertó activistas cautelosos
En febrero
de 2016, un equipo de investigadores de Oxfam, la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras y la Universidad de Clark, visitaron Copán como
parte de un estudio en minería, agua y vivienda en Honduras. Querían
entrevistar lugareños sobre cuatro solicitudes de concesión para
explorar la existencia y cantidad de minerales en la región, tres de los
cuales fueron aprobados en septiembre 2015 por INHGEOMIN, el Instituto
Hondureño de Geología y Minería. A pesar de que la ley hondureña
establece que los lugareños deben ser informados sobre tales
solicitudes, los investigadores descubrieron que fueron ellos los
primeros en notificar a la población. Incluso la Municipalidad local
dijo no conocer nada al respecto.
Rode
Murcia, nacido y criado en Copán, transformó su indignación en acciones.
Con la ayuda de algunos amigos, comenzó a visitar a las comunidades que
se verían más afectadas por la mina. Rode también visitó las ‘juntas de
agua’. Éstas representan siete aldeas que comenzaron a organizarse hace
25 años para asegurar el acceso a agua potable. En consecuencia, se
volvieron protectores de los bosques y sus fuentes de agua. “Uno se
acostumbra a vivir para defender nuestra agua, a defender nuestro medio
ambiente”, me cuenta Juan Ángel Guerra, el simpático Presidente de la
Junta de agua.
Además de
las juntas, otras organizaciones en esta región cuentan con una larga
experiencia en lucha. La resistencia de la población local indígena
maya, los chortí, empezó con la llegada de los colonizadores españoles.
En 1995 esa resistencia revivió traduciéndose en una lucha por recuperar
su tierra, su cultura e identidad. La bien establecida organización
CONIMCHH se mantuvo al frente de esta batalla. La organización mas joven
CONADIMCHH fue diligente a sumar otra batalla cuando se dieron cuenta
de los planes de la compañía minera. El coordinador Antonio Arias hizo
algo de tiempo para mí en su domingo libre. “Como la colonización, la
minería es otro proyecto extractivista. La colonización extrajo nuestra
identidad y conocimiento. La minería extrae nuestros recursos naturales y
daña nuestra tierra. Defenderemos nuestro ambiente y recursos
naturales.”
¿Quién Pierde, Quién Gana?
Esta
alianza de organizaciones y ciudadanos defendiendo su tierra y ambiente
se dispuso a buscar respuestas. ¿Quién aplica a estas concesiones?
¿Quién obtendría ganancias de un proyecto así? ¿Qué daño traerá?
Como a
menudo sucede en la industria minera, no está claro cuál es la compañía
matriz detrás de una cortina de humo hecha por subsidiarias específicas.
En este caso, la compañía Suroro Pty. Ltd. fue registrada en el 2012 en
Australia, y a excepción de un certificado de registro no hay ningún
rastro de ellos en la Internet. Suroro registró otra compañía en
Honduras, de manera bastante cínica, denominando a esta subsidiaria
local Minerales Chorti S.A., en referencia al pueblo indígena cuya
tierra destruirían. Antonio está indignado: “¡Están usurpando nuestro
nombre para un proyecto de muerte!”.
A la
compañía le fue concedido el permiso para explorar una área que cubría
2,819 hectáreas, conteniendo nueve aldeas. Algunos habitantes son dueños
de sus tierras, pero la mayoría vive en parcelas que son propiedad de
las élites terratenientes tradicionales. Una de las aldeas que se vería
afectada por el proyecto minero es El Quebracho. Llegamos por la tarde,
ya que los campesinos trabajaban en sus campos todo el día. Al inicio,
los seis varones con quienes me puse a conversar fueron cautelosos, pero
pronto la conversación fluyó tanto entre nosotros como entre ellos
mismos. Los nativos están preocupados. “Si a estos ricos vienen y les
ofrecen un montón de dinero, ellos venden su tierra y se van a España.
No les importamos los pobres, nosotros no tenemos dónde ir.”
Curiosamente,
la mayoría de las personas con quienes hablo no quieren decir los
nombres específicos de estos pudientes terratenientes locales. “Porque
no estamos seguros aún de quién se beneficiaría de tener una minera en
esta tierra” me dice Rode. En Honduras, los ambientalistas deben
cuidarse de no ofender a los políticos poderosos y élites económicas. De
acuerdo a un estudio reciente de Global Witness, es país más peligroso
para activistas de la tierra, donde 123 han sido asesinados desde el
2009. En Copán, Rode reporta que ella recibió amenazas, alarmantemente
algunas de éstas han sido amenazas de muerte.
Posiblemente,
existe otra razón por la cual muchos parecen ser cautelosos para
nombrar y exponer. “Los narcotraficantes están comprando grandes
cantidades de tierra en el área”, me cuenta Antonio. “Esto hará que la
represión y persecución ante quienes defendemos nuestro territorio
empeore. Las personas temen hablar, por el contexto político y por el
narcotráfico. Saben que la compañía minera, como la industria de las
drogas, es propiedad de personas poderosas.”
“Destruirán todos las cosas que nos dan la vida”
Aparte de
investigar quiénes estaban detrás de la solicitud, los locales
averiguaron cuáles serían las consecuencias de una mina de oro a cielo
abierto. Lo que les preocupa más es el acceso al agua. La zona en
concesión es, casualmente, la zona de donde proviene la mayoría del agua
para las 40,000 personas que viven en la municipalidad de Copán Ruinas.
“La mayoría de la población acá apenas tiene su casa y un pedazo de
tierra”, me cuenta uno de los locales de El Quebracho. “Cosechamos maíz y
frijoles para que nuestra familia pueda comer. Algunos también producen
café. Sólo lo suficiente para sobrevivir. Este proyecto minero
contaminaría y consumiría el agua que necesitamos para nuestros campos,
el agua que bebemos.”
Al
entrevistar al administrador de la alcaldía en su oficina, Armando
Interiano, agrega que la minería también afectaría a productores más
grandes y confiesa que no visualiza cómo la minería podría traer más
beneficios a la región. “Cada año Copán Ruinas atrae a más de 100,000
turistas. Aunque los ingresos del parque arqueológico van al gobierno,
el turismo proporciona ingresos para muchos en el casco urbano. Además
trabajamos muy arduamente para promover otras atracciones en el área.”
Dichas atracciones también involucran mucha naturaleza y mucha agua.
Uno puede
agregar que estéticamente una mina en el área no sería tan atractiva
para los turistas, pero también bajo una óptica arqueológica, un
proyecto minero es algo absurdo. En la región están dispersos numerosos
sitios arqueológicos desconocidos o poco conocidos. La tierra en
concesión está a unos kilómetros del área que la UNESCO declaró
Patrimonio de la Humanidad. No resulta necesario mencionar que la
dinamita difícilmente garantizaría la permanencia de este patrimonio.
Los locales y las autoridades municipales solicitaron al Instituto de
Antropología e Historia que evaluara y declarara si el Patrimonio
Cultural está en riesgo, pero de este frente no surgió ninguna noticia
al respecto.
La
coalición de organizaciones hizo que el informar a las comunidades sobre
estos impactos fuese una de sus estrategias básicas. Los hombres del
Quebracho obviamente escucharon bien. Recuentan ejemplos
desconcertantes, muchos de Honduras, muchos incluso del mismo
departamento de Copán. Hablan de derrames de cianuro y reubicación de
comunidades enteras, incluso cementerios. Platican sobre compañías
mineras que no cumplen sus promesas, que dividen las comunidades y
familias, y sobre compañías que traen conflicto, militarización,
represión y asesinatos. Comentan sobre la destrucción de las casas
debido a las explosiones de dinamita y sobre los problemas de salud. Y
preguntan, “¿Qué bien puede traernos el empleo si destruyen todas las
demás cosas que nos dan vida?”
¿Pero
podría ser que la minería trajera un impacto positivo? ¿Empleo?
¿Crecimiento económico? ¿Desarrollo? En un informe del ICEFI, un
instituto de análisis enfocado en asuntos fiscales, estableció que la
minería contribuyó a entre el 1 y 2% del PIB entre el 2000 y el 2010 y
empleó a un promedio de 0.2% de la población económicamente activa.
Rode, recibiéndome en su pequeña oficina escapando de su enérgica
familia insiste: “Los posibles beneficios que una compañía minera
traería no compensan por los costos”.
Un pueblo unido: registrando la oposición se vence a la minería
No resulta
una sorpresa que Copán esté unido; lugareños rurales y urbanos, mestizos
e indígenas, negocios turísticos y campesinos, incluso el gobierno
local. Nadie aceptará la minería en su área. Aún así, los organizadores
se sorprendieron cuando en el 12 de abril, el día que el líder
maya-chortí Cándido Amador fue asesinado en 1997 y dos meses luego de
que conocieran sobre las concesiones, un estimado de 8,000 personas se
hicieron presentes para manifestarse en contra del proyecto de minería.
La
manifestación dio lugar a una nueva organización, la Coalición
Ambientalista de Copán Ruinas, una alianza de las Juntas de Agua con
ciudadanos preocupados como Rode. CONADIMCHH es su aliado cercano.
Tienen fe en que pueden detener este proyecto minero. “Este proyecto
afectará a todos”, explica Antonio, el coordinador de la organización
chortí. “Quizas muchos desistirán de invertir en este proyecto si se dan
cuenta de que está causando un gran conflicto. Tal vez si les mostramos
que hay mucha oposición local podemos detener este proyecto.”
A
consecuencia, documentar la resistencia local ha sido una de las
estrategias principales de la Coalición Ambientalista. Casi todas las
comunidades en el municipio de Copán y varios de los municipios vecinos
se declararon a sí mismas “libres de minería”, y ratificaron un
documento apoyando esta declaración. También el Alcalde de la comunidad
aceptó declarar oficialmente a Copán Ruinas libre de minería, en una
asamblea en donde asistieron 800 representantes de comunidades. Si eso
no fuese suficiente y el proyecto minero siguiese, la Coalición sabe que
demostrar oposición local, será necesaria para apelar a tratados y
acuerdos internacionales, como el Tratado 169 de la OIT. El tratado
afirma que los países deben consultar a las poblaciones indígenas
locales sobre proyectos que impacten su tierra, y deben tomar en cuenta
su opinión.
En teoría,
la ley de minería de Honduras establece que no puede haber minería si la
población local se opone. Parece que los locales no tienen mucha fe en
esta teoría. En la práctica, lo contrario ha sido evidenciado. En un
país con niveles alarmantes de corrupción e impunidad, y en un Estado
que en el 2009 sufrió un Golpe de Estado en contra de un Presidente
elegido democráticamente, la población aprendió que las autoridades no
siempre cumplen con la voluntad del pueblo. “El gobierno y las compañías
mineras no se rendirán tan fácil. Seguramente están explorando cómo
proseguir”, dice uno de los hombres del Quebracho. “Incluso el gobierno
local ahora puede decir que están en contra de la minería pero hay
muchos terratenientes poderosos en el consejo de la municipalidad y las
siguientes elecciones son pronto.”
La compañía
minera fue capaz de introducir de manera silenciosa una concesión para
la exploración sin el conocimiento de la población local. Pero ahora
saben de los planes de la minera, y no dejarán que una concesión para la
explotación pase tan fácilmente. En uno de nuestros viajes, Juan, el
presidente de las juntas de agua, me comenta: “Por ahora no hemos visto
ningún movimiento de la compañía minera, tal vez el proyecto está
cancelado. Pero hasta que tengamos confirmado en un pedazo de papel que
no habrá minería en Copán Ruinas estaremos vigilantes, y seguiremos
informándonos y organizándonos. Es mejor prevenir y alertar a las
personas porque ya no hay paso atrás una vez que la minería llega.”
Y nosotros qué?
Tal vez
eres un turista que una vez visitó Copán o que visitará este paraíso
verde en el futuro. Tal vez eres un hondureño preocupado, o simplemente
alguien preocupado. Si es así, tal vez como los locales de Copán,
deberíamos informarnos y organizarnos, permanecer vigilantes y prevenir
una mina en Copán Ruinas antes que sea demasiado tarde. Un hombre joven y
callado en El Quebracho me da una razón por la cual deberíamos actuar
en solidaridad. “Lo que pedimos de nuestro planeta es que podemos vivir
en paz en nuestro territorio. Queremos vivir en salud, beber agua
limpia. Luego de nosotros vienen nuestros hijos. Por esto luchamos. Aun
si debemos morir por ello, no importa. Preferimos morir que rendir
nuestra tierra.”
Dedicado a Yvan y Lina, siempre estarán conmigo
Articulo traducido por Raul Valdivia y editado por Ezequiel SanchezErrar es de humano, rectificar de sabios
“Errar es de humano, rectificar de sabios”, con este titular un medio de comunicación televisivo iniciaba su emisión informando sobre la aprobación de las reformas penales, de forma específica la modificación al artículo 335-B que agrega condenas a periodistas que hagan “apología al odio ”.
Ese periodista aseguraba que una rectificación a la propuesta introducida por el diputado oficialista Oscar Álvarez, era una muestra de la voluntad de la clase política hondureña de rectificar los errores que como humanos cometemos, pero que sabiamente corregían.
El artículo 335-B es parte de un paquete de reformas, 11 para hacer exactos, que aprobaron del Código Penal justificadas por la necesidad de reducir los altos niveles de criminalidad y violencia que atraviesa el país. El error no únicamente fue con un artículo, sino su intención de reprimir y condenar a las voces críticas que denuncian los abusos, violaciones e ilegalidades que comente el actual régimen.
De forma particular la reforma al 335-B, es una amenaza convertida en ley que atenta contra la libertad de expresión. El gobierno nacionalista que dirige Juan Orlando Hernández convirtió en política de Estado la criminalización de aquellos sectores que rechazan y denuncian sus abusos e ilegalidad en todo este proceso de concentración extrema de poder.
Instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH a través de su relatoría especial para Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó claramente su preocupación por “la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
La aprobación de estas reformas se suma al resto de decisiones que toma el gobierno de forma arbitraria sin dialogar, mucho menos consensuar con el resto de sectores que no están de acuerdo con la forma de conducir el país. Pero su soberbia e incapacidad no dan tregua. Ante esa realidad como sociedad hondureña estamos llamados reconstruir todo, avanzar hacia una ciudadanía, que a través de la lucha pacífica, reconstruye el Estado de derecho que hoy lo han convertido en dictadura.
Ojalá que desde este gobierno se comenzara a rectificar como sabios no solo estas reformas, sino las intenciones de perpetuarse en el poder, de seguir beneficiando a un reducido grupo y de seguir beneficiándose por encima de la voluntad y vida de las mayorías.
Comunidades de Pespire no permitirán ningún tipo de extractivismo en el Río Chiquito
Pespire, Choluteca.
Por Marvin Palacios
Cuatro comunidades de la aldea Cacautare, que viven en la ribera del Río Chiquito en el municipio de Pespíre, departamento de Choluteca, frente a las pretensiones de una empresa que busca dragar el río para la obtención de arena, piedra y otros materiales, expresaron a www.defensoresenlinea.com que no permitirán ningún tipo de actividad extractivista en esta región.
En el Cantón Suyapa, se reunieron el domingo 11 de diciembre, los líderes ambientalistas provenientes de las comunidades El Tablado, El Surco y Las Lajas para exponer la problemática que enfrentan. Todas estas comunidades se encuentran en las riberas del Río Chiquito, un afluente del Río Nacaome, que cruza Pespire, y que está formado en su origen por el Río Reitoca y sus afluentes: Moramulca y el Hondo.
Los líderes comunitarios manifestaron su deseo de que el cerro El Majastro (que tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros), donde se ubica una de las principales fuentes de agua de la zona, sea declarado como Área de Reserva y Zona Protegida.
En el cantón Suyapa hay 3 pozos que generan 50 litros de agua por minuto, para beneficio de Las Lajas y al Tablado y existen otros 2 pozos que generan 120 y 180 galones por minuto y que proveen de agua potable al casco urbano de Pespire.
La perforación de pozos ha sido posible gracias a los abundantes acuíferos o estructuras subterráneas de agua que se encuentran a poca profundidad de la tierra en la ribera del Río Chiquito.
De permitir las actividades extractivistas en las riberas del Río Chiquito, se pondría en riesgo la generación de agua de pozo con que cuentan las comunidades, señalaron los dirigentes ambientalistas.
Otra preocupación de los dirigentes es que no solo se trate de extraer materiales de construcción, sino que detrás exista la pretensión de extraer minerales preciosos, en la que las empresas que cuenten con concesiones; utilicen cianuro para dicha actividad.
El cianuro diluido en agua va a depender de la concentración que tenga para que sea tóxico. Entre 5 y 7 microgramos por litro es tóxico para la reproducción de algunos peces.
Si una persona ingiere esa cantidad no presentará ningún efecto, pero si personas o animales tomaran entre 20 y 70 microgramos, sería mortal para los peces y muy tóxico y mortal para los seres humanos.
Cuando pasa los 200 microgramos por litro de agua es mortal para cualquier especie. Si una empresa vierte cianuro en un río o en una napa de agua, sería de mucha gravedad para la salud humana, animal y vegetal.
En este caso específico y para desviar la atención de los habitantes, la empresa Surtidora y Panificadora Hernández es la denunciada como la compañía que pretende desarrollar el proyecto minero en el río Chiquito. Al parecer dicha empresa tendría permiso de la alcaldía de Pespire y del estado para extraer piedra y arena para construir hornos destinados a la supuesta elaboración de pan, por el término de 10 años.
La Secretaría de Recursos Naturales habría otorgado la concesión “no metálica” a dicha empresa utilizando listados de personas que fueron engañadas por los promotores del proyecto prometiendo mejoras en un cementerio, techo para una escuela, una iglesia y trabajo para la extracción de materiales y reparación de la calle de acceso e incluso contaban la aprobación de vecinos de las 4 comunidades y con la firma del alcalde de Pespire.
El mismo alcalde ha estado por casi 7 años, y se afirma que le falsificaron la firma al edil de Pespire, Ramón Green de filiación nacionalista, sostuvo el presidente de la Junta de Agua de Cantón Suyapa, Jesús Salazar.
Tras conocer estas acciones, los líderes comunitarios realizaron una encuesta con los pobladores y la misma reveló que son unas pocas familias las que apoyan el proyecto de minería y que el resto se opone rotundamente.
Salazar dijo que “quieren explotar y sacar arena y piedras, pero el objetivo es otro, entonces nosotros como comunidades, Lajas, Surco Tablado y Cantón Suyapa, estamos en defensa de que aquí; no se puede sacar arena ni piedra porque se nos profundiza el agua, y quedamos sin agua.
En el verano tenemos muchos problemas para abastecer de agua a unas 12 mil personas que habitan en las cuatro comunidades, así como para suplir los abrevaderos del ganado y para las cosechas, comentó el líder comunitario.
“A nosotros nos perjudicaría la parte humana, la ganadería, habría enfermedades, contaminación ambiental y la tala de árboles en las riberas del río”, advirtió Jesús Salazar.
Por su parte el Coordinador por la Defensa del Río Chiquito y líder comunitario de Las Lajas, Andrés Flores, comentó que lo que hacemos nosotros es cuidar el agua, porque el agua es vida.
“Ese es el sentir y pensar de nuestra población y por eso me han dado esta responsabilidad y hemos andado luchando para defender los derechos que nos corresponden”, afirmó Flores.
Ya se han dado algunos incidentes entre las comunidades y la empresa que pretende extraer materiales del río. Para el caso a finales de diciembre de 2015, ingresó maquinaria pero los vecinos obstaculizaron la labor extractiva. Cabe señalar que en aquella ocasión las comunidades recibieron el acompañamiento de efectivos policiales y del propio alcalde de Pespire, Ramón Green, para evitar las operaciones.
De este incidente, Erik Rivera, el representante de la empresa citó a los juzgados a 2 líderes comunitarios, a quienes acusó del delito de amenazas y señaló que los vecinos andaban armados, cuando en realidad los protestantes lo que andaban eran piedras y palos.
La acusación no surtió efecto y los dirigentes comunitarios señalaron que lo que quería el representante de la empresa Surtidora y Panificadora Hernández era intimidarlos.
Comunidades de Pespire buscan impugnar la concesión minera
Por otro lado, en cuanto a la participación del alcalde, Flores dijo que el propio edil designó a su cuerpo de asesores legales que investiguen la falsificación de su firma en el supuesto apoyo al proyecto minero.
El alcalde se sorprendió cuando en las propias oficinas de la SERNA se le informó que él había plasmado su firma en apoyo del proyecto, dijo Andrés Flores quien participó en dicha reunión.
“Habíamos 6 representantes de las comunidades, entonces el alcalde se sintió sorprendido y en ese momento dijo que era falso, yo no he firmado eso, porque las actas que andan estas gentes dice que no va a haber permiso de operación”, aseguró el dirigente ambientalista de Las Lajas.
A través de las experiencias e intercambios que hemos tenido, de llegar a concretarse un proyecto como este, la principal amenaza sería el agua, porque quieren explotar donde se encuentra un acuífero de 5 pozos, 3 para las comunidades y 2 para el casco urbano de Pespire, y que están a distancia de 100 metros de la vereda del río, advirtió Flores.
De la comunidad de El Tablado asistió a la reunión de líderes ambientalistas, Daniel Antonio Canales, quien es presidente del Comité de Organizaciones Comunitarias por la Defensa de los Derechos Humanos del municipio de Pespire.
Canales señaló que las pretensiones para explotar concesiones mineras en Pespire se vienen dando desde el 2008, pero que hay un documento firmado en la comunidad de Las Lajas, donde la empresa Surtidora y Panificadora Hernández decía que desistía del proyecto, pero ahora vuelve otra vez con ese propósito.
“Ellos hablan de una minería no metálica, pero en sí no sabemos qué metales preciosos se encuentran en el lugar donde quieren explotar, así que nosotros hemos iniciado un proceso jurídico que busca impugnar esa concesión en la SERNA”, comentó Canales.
El líder comunitario de El Tablado anunció que para el 2017 sus planes son que se esclarezca el caso de la falsificación de la firma del alcalde José Ramón Green y el proceso de impugnación de la concesión minera.
Cabe señalar que gracias al trabajo de acercamiento, investigación, incidencia y convocatoria en las comunidades, que realizó el defensor de derechos humanos Gérman Lagos, es que fue posible que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) haya enviado un equipo de sus periodistas para darle cobertura y acompañamiento a la denuncia.
“Es un gusto para mí tener la presencia de COFADEH en mi zona, me siento muy feliz porque han conocido de lleno la problemática de raíz, han estado junto a los líderes que vienen ejerciendo esta lucha desde hace tiempo”, apuntó Lagos.
“Nosotros cuando llegamos a la REDEHSUR, sabíamos que acudíamos para formarnos y luchar contra las violaciones de los derechos humanos en nuestras comunidades, eso nos gusta porque es una lucha de todos, por nuestros bienes naturales, en el caso nuestro del agua y para enfrentar la amenaza de la minería, por eso estoy muy agradecido por la formación que me ha dado COFADEH”.
German Lagos es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos humanos de la Zona Sur (REDEHSUR), organización formada y estructurada por el COFADEH.
Por Marvin Palacios
Cuatro comunidades de la aldea Cacautare, que viven en la ribera del Río Chiquito en el municipio de Pespíre, departamento de Choluteca, frente a las pretensiones de una empresa que busca dragar el río para la obtención de arena, piedra y otros materiales, expresaron a www.defensoresenlinea.com que no permitirán ningún tipo de actividad extractivista en esta región.
En el Cantón Suyapa, se reunieron el domingo 11 de diciembre, los líderes ambientalistas provenientes de las comunidades El Tablado, El Surco y Las Lajas para exponer la problemática que enfrentan. Todas estas comunidades se encuentran en las riberas del Río Chiquito, un afluente del Río Nacaome, que cruza Pespire, y que está formado en su origen por el Río Reitoca y sus afluentes: Moramulca y el Hondo.
Los líderes comunitarios manifestaron su deseo de que el cerro El Majastro (que tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros), donde se ubica una de las principales fuentes de agua de la zona, sea declarado como Área de Reserva y Zona Protegida.
En el cantón Suyapa hay 3 pozos que generan 50 litros de agua por minuto, para beneficio de Las Lajas y al Tablado y existen otros 2 pozos que generan 120 y 180 galones por minuto y que proveen de agua potable al casco urbano de Pespire.
La perforación de pozos ha sido posible gracias a los abundantes acuíferos o estructuras subterráneas de agua que se encuentran a poca profundidad de la tierra en la ribera del Río Chiquito.
De permitir las actividades extractivistas en las riberas del Río Chiquito, se pondría en riesgo la generación de agua de pozo con que cuentan las comunidades, señalaron los dirigentes ambientalistas.
Otra preocupación de los dirigentes es que no solo se trate de extraer materiales de construcción, sino que detrás exista la pretensión de extraer minerales preciosos, en la que las empresas que cuenten con concesiones; utilicen cianuro para dicha actividad.
El cianuro diluido en agua va a depender de la concentración que tenga para que sea tóxico. Entre 5 y 7 microgramos por litro es tóxico para la reproducción de algunos peces.
Si una persona ingiere esa cantidad no presentará ningún efecto, pero si personas o animales tomaran entre 20 y 70 microgramos, sería mortal para los peces y muy tóxico y mortal para los seres humanos.
Cuando pasa los 200 microgramos por litro de agua es mortal para cualquier especie. Si una empresa vierte cianuro en un río o en una napa de agua, sería de mucha gravedad para la salud humana, animal y vegetal.
En este caso específico y para desviar la atención de los habitantes, la empresa Surtidora y Panificadora Hernández es la denunciada como la compañía que pretende desarrollar el proyecto minero en el río Chiquito. Al parecer dicha empresa tendría permiso de la alcaldía de Pespire y del estado para extraer piedra y arena para construir hornos destinados a la supuesta elaboración de pan, por el término de 10 años.
La Secretaría de Recursos Naturales habría otorgado la concesión “no metálica” a dicha empresa utilizando listados de personas que fueron engañadas por los promotores del proyecto prometiendo mejoras en un cementerio, techo para una escuela, una iglesia y trabajo para la extracción de materiales y reparación de la calle de acceso e incluso contaban la aprobación de vecinos de las 4 comunidades y con la firma del alcalde de Pespire.
El mismo alcalde ha estado por casi 7 años, y se afirma que le falsificaron la firma al edil de Pespire, Ramón Green de filiación nacionalista, sostuvo el presidente de la Junta de Agua de Cantón Suyapa, Jesús Salazar.
Tras conocer estas acciones, los líderes comunitarios realizaron una encuesta con los pobladores y la misma reveló que son unas pocas familias las que apoyan el proyecto de minería y que el resto se opone rotundamente.
Salazar dijo que “quieren explotar y sacar arena y piedras, pero el objetivo es otro, entonces nosotros como comunidades, Lajas, Surco Tablado y Cantón Suyapa, estamos en defensa de que aquí; no se puede sacar arena ni piedra porque se nos profundiza el agua, y quedamos sin agua.
En el verano tenemos muchos problemas para abastecer de agua a unas 12 mil personas que habitan en las cuatro comunidades, así como para suplir los abrevaderos del ganado y para las cosechas, comentó el líder comunitario.
“A nosotros nos perjudicaría la parte humana, la ganadería, habría enfermedades, contaminación ambiental y la tala de árboles en las riberas del río”, advirtió Jesús Salazar.
Por su parte el Coordinador por la Defensa del Río Chiquito y líder comunitario de Las Lajas, Andrés Flores, comentó que lo que hacemos nosotros es cuidar el agua, porque el agua es vida.
“Ese es el sentir y pensar de nuestra población y por eso me han dado esta responsabilidad y hemos andado luchando para defender los derechos que nos corresponden”, afirmó Flores.
Ya se han dado algunos incidentes entre las comunidades y la empresa que pretende extraer materiales del río. Para el caso a finales de diciembre de 2015, ingresó maquinaria pero los vecinos obstaculizaron la labor extractiva. Cabe señalar que en aquella ocasión las comunidades recibieron el acompañamiento de efectivos policiales y del propio alcalde de Pespire, Ramón Green, para evitar las operaciones.
De este incidente, Erik Rivera, el representante de la empresa citó a los juzgados a 2 líderes comunitarios, a quienes acusó del delito de amenazas y señaló que los vecinos andaban armados, cuando en realidad los protestantes lo que andaban eran piedras y palos.
La acusación no surtió efecto y los dirigentes comunitarios señalaron que lo que quería el representante de la empresa Surtidora y Panificadora Hernández era intimidarlos.
Comunidades de Pespire buscan impugnar la concesión minera
Por otro lado, en cuanto a la participación del alcalde, Flores dijo que el propio edil designó a su cuerpo de asesores legales que investiguen la falsificación de su firma en el supuesto apoyo al proyecto minero.
El alcalde se sorprendió cuando en las propias oficinas de la SERNA se le informó que él había plasmado su firma en apoyo del proyecto, dijo Andrés Flores quien participó en dicha reunión.
“Habíamos 6 representantes de las comunidades, entonces el alcalde se sintió sorprendido y en ese momento dijo que era falso, yo no he firmado eso, porque las actas que andan estas gentes dice que no va a haber permiso de operación”, aseguró el dirigente ambientalista de Las Lajas.
A través de las experiencias e intercambios que hemos tenido, de llegar a concretarse un proyecto como este, la principal amenaza sería el agua, porque quieren explotar donde se encuentra un acuífero de 5 pozos, 3 para las comunidades y 2 para el casco urbano de Pespire, y que están a distancia de 100 metros de la vereda del río, advirtió Flores.
De la comunidad de El Tablado asistió a la reunión de líderes ambientalistas, Daniel Antonio Canales, quien es presidente del Comité de Organizaciones Comunitarias por la Defensa de los Derechos Humanos del municipio de Pespire.
Canales señaló que las pretensiones para explotar concesiones mineras en Pespire se vienen dando desde el 2008, pero que hay un documento firmado en la comunidad de Las Lajas, donde la empresa Surtidora y Panificadora Hernández decía que desistía del proyecto, pero ahora vuelve otra vez con ese propósito.
“Ellos hablan de una minería no metálica, pero en sí no sabemos qué metales preciosos se encuentran en el lugar donde quieren explotar, así que nosotros hemos iniciado un proceso jurídico que busca impugnar esa concesión en la SERNA”, comentó Canales.
El líder comunitario de El Tablado anunció que para el 2017 sus planes son que se esclarezca el caso de la falsificación de la firma del alcalde José Ramón Green y el proceso de impugnación de la concesión minera.
Cabe señalar que gracias al trabajo de acercamiento, investigación, incidencia y convocatoria en las comunidades, que realizó el defensor de derechos humanos Gérman Lagos, es que fue posible que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) haya enviado un equipo de sus periodistas para darle cobertura y acompañamiento a la denuncia.
“Es un gusto para mí tener la presencia de COFADEH en mi zona, me siento muy feliz porque han conocido de lleno la problemática de raíz, han estado junto a los líderes que vienen ejerciendo esta lucha desde hace tiempo”, apuntó Lagos.
“Nosotros cuando llegamos a la REDEHSUR, sabíamos que acudíamos para formarnos y luchar contra las violaciones de los derechos humanos en nuestras comunidades, eso nos gusta porque es una lucha de todos, por nuestros bienes naturales, en el caso nuestro del agua y para enfrentar la amenaza de la minería, por eso estoy muy agradecido por la formación que me ha dado COFADEH”.
German Lagos es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos humanos de la Zona Sur (REDEHSUR), organización formada y estructurada por el COFADEH.
Cumbre del movimiento social y popular hondureño contra el extractivismo superó todas las expectativas
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 16 noviembre, 2016
Hacia la estructuración de un plan estrategico nacional de resistencia y lucha
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Tras tres jornadas de trabajo intenso
cerró exitosamente este martes (15/3) la primera Cumbre de los pueblos y
comunidades en lucha contra el extractivismo, impulsada y coordinada
por la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH).
Más de 700 delegados y delegadas de unas
400 comunidades de todo el país se reunieron en Tegucigalpa para
definir estrategias nacionales de lucha por la defensa de los bienes
comunes de la naturaleza, así como visibilizar la gravedad del
extractivismo en los territorios e impulsar la unidad comunitaria y
territorial, la movilización y la resistencia permanente.
Estos proyectos -se lee en la Proclama de la Cumbre–
son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, la
violación del Convenio 169 de la OIT, la estigmatización y
criminalización a las organizaciones, la división de las comunidades,
la judicialización de defensores y defensoras y el asesinato de
compañeros y compañeras que han echo frente a este modelo de despojo
que, a expensas de extraer nuestros bienes comunes para cubrir la
demanda del gran capital, se empobrece a las comunidades”, denuncia el
movimiento social y popular hondureño en su Proclama.
De acuerdo con el análisis realizado por
las y los delegados reunidos en mesas de trabajo, para abordar todos
los aspectos relacionados con las principales afectaciones e impactos de
los proyectos extractivistas sobre las comunidades, en Honduras se está
impulsando una política de neo-colonización de los territorios “en la
que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo”,
que responde a un modelo de producción “que privilegia la obtención y
acumulación de riquezas”.
Actualmente, en Honduras existen 714
proyectos extractivos y se calcula que entre el 30 y 35% de su
territorio ya está concesionado. Los pueblos y comunidades en lucha
denuncian que la imposición del modelo extractivista estaría generando
un acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración,
desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades.
Cancelación de proyectos extractivos
Cancelación de proyectos extractivos
Ante esta situación, la Cumbre exigió la
cancelación inmediata de todos los proyectos extractivos y la
derogación de las leyes que permiten invertir en estos proyectos
destructivos. También instó las autoridades a respetar los
procedimientos expresados en convenios ratificados por Honduras, como
por ejemplo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la
Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Asimismo,
condenó y exigió el cese de la militarización y represión en los
territorios.
También hizo un fuerte llamado a las
comunidades para que “sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no
permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos”. Por
esto auspició que “juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza
para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos”,
concluyó la Proclama.
“La participación ha sido extraordinaria
y hay decenas de comunidades que se están sumando al esfuerzo que viene
haciendo la Plataforma. Hay entusiasmo y disposición a juntarse,
coordinar estrategias y planificar acciones de resistencia y lucha.
Exigimos la derogación de las leyes y que se cancelen todos estos
proyectos de muerte. No podemos continuar con una situación donde se han
asesinado a compañeros y compañeras, destruido comunidades, desalojado a
pueblos”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización
Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh.
La dirigente garífuna agregó que
próximanente se reunirán para terminar de definir lo que será el Plan
nacional de unidad y lucha contra el extractivismo, sentar las bases
para las próximas acciones y movilizaciones a nivel territorial y
nacional, e iniciar la preparación de la segunda Cumbre de los pueblos y
comunidades en lucha contra el extractivismo.
Para el 2 de marzo del próximo año,
primer aniversario del asesinato de la dirigente indigena Berta Cáceres,
cientos de comunidades a nivel nacional se movilizarán masivamente
contra el modelo extractivista.
Un nuevo contexto de lucha y resistencia
“La actividad ha superado las
expectativas, al tiempo que supera también una deuda que ha tenido el
movimiento de resistencia territorial al extractivismo, o sea el hecho
de encontrarse en una actividad de caracter nacional en perspectiva
regional. Esta actividad marca las coincidencias en la modalidad de
resistencia que se desarrolla en Honduras, y la convergencia con otras
modalidades que hay en la región centroamericana”, manifestó a la LINyM,
Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia, MADJ.
Según él, este camino de intercambio y
búsqueda de estrategias comunes que se ha iniciado “rompe con la idea de
los pequeños espacios organizativos o de las luchas locales no vistas
en un contexto nacional”, al tiempo que “moraliza las luchas, permite
sistematizar las experiencias y encontrar los pasos que debe seguir el
modelo de resistencia”, agregó.
El ex fiscal evidenció cuáles son los
desafíos futuros para la Plataforma. El primero es la articulación
efectiva, que no puede quedarse en simples encuentros, sino en acciones
coordinadas de resistencia y desafios a la institucionalidad. Además hay
que ir configurando la estrategia de uso popular de los bienes de la
naturaleza.
“Al margen de lo que digan los gobiernos
debemos definir claramente cuál es nuestra relación con la naturaleza, y
plantear el control estratégico de todos los territorios y de la misma
institucionalidad en su momento. Debemos desafiarla con nuestra práctica
y con nuestro plateamiento teórico de un modelo alternativo y popular”,
concluyó Fernández.
Fuente: LINyM
¿Golpe de Estado a la vista en Washington? Assange asegura que quieren cambiar a Trump por Pence
Publicado: 15 mar 2017 11:07 GMT | Última actualización: 15 mar 2017 13:15 GMT - RT
El fundador de WikiLeaks afirma que tanto
Hillary Clinton como varios funcionarios de Inteligencia han hablado en
secreto sobre una posible toma de poder por parte del vicepresidente
Michael Pence.
En su primer tuit, Assange escribió que la demócrata Hillary Clinton "señaló en privado este mes que está ayudando discretamente a una toma del poder por parte de Pence". Para ella, "Pence es previsible, por lo tanto, derrotable", agregó el fundador de WikiLeaks.
Más tarde, el ciberactivista aseguró en otro tuit que "dos funcionarios de Inteligencia cercanos a Pence han declarado en privado este mes que están planeando una toma de posesión de Pence", matizando que "no indicaron si Pence estaba de acuerdo".
Por su parte, Pence contestó a Assange en el programa de radio 'The Laura Ingraham Show' tildando sus tuits como "absurdos" y "francamente ofensivos".
Clinton
stated privately this month that she is quietly pushing for a Pence
takeover. She stated that Pence is predictable hence defeatable.
'Halcón' de guerra
La elección de Pence como posible sustituto del actual inquilino de la Casa Blanca podría estar relacionado con el hecho de que su línea de política exterior está más en sintonía con las posiciones de muchos miembros del Partido Republicano, que exigen tomar una posición mucho más dura con respecto a determinados países.En su artículo en 'Washington Post', el periodista Josh Rogin ha señalado que Pence está ejerciendo una influencia creciente en los asuntos internacionales en la Casa Blanca.
Rogin ha llamado la atención sobre el decisivo papel que el vicepresidente jugó durante la transición presidencial para colocar a varios republicanos partidarios de la línea dura exterior en los niveles superiores del equipo de seguridad nacional de la Administración de Trump.
A su vez, el portal de información analítica Zerohedge ha calificado a Pence de "un 'halcón' de guerra que estaría más que feliz si pudiera llevar a cabo el trabajo que Hillary Clinton quería hacer".
La Justicia de EEUU bloquea el nuevo veto migratorio de Trump
La orden deja por el momento sin efecto la medida con
la que el magnate pretendía suspender la entrada al país de inmigrantes
de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.
WASHINGTON
Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado de forma temporal el nuevo veto migratorio del presidente, Donald Trump, horas antes de su entrada en vigor prevista para la medianoche de este jueves.
La orden del magistrado, Derrick K. Watson, con sede en Honolulu (Hawai), deja por el momento sin efecto la medida
con la que Trump pretendía suspender la entrada al país de inmigrantes
de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.
La decisión de Watson supone un segundo revés legal para el Gobierno de Trump, que ya vio como la Justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto. Tras
una breve pero infructuosa batalla legal, Trump presentó el 6 de marzo
una versión revisada del veto, en la que introdujo algunos cambios
rebajando el tono de la medida con el convencimiento de que esta vez
evitaría el escrutinio judicial.
Sin embargo, Watson optó por volverla a
bloquear a instancias de una demanda interpuesta por el fiscal general
del estado de Hawai, el demócrata Doug Chin, quien alegó que el nuevo
veto es, como el primero, inconstitucional. La de Watson era una
de las tres cortes que estudiaban el futuro de la orden presidencial,
con otras dos audiencias pendientes en tribunales de Maryland y del
estado de Washington, este último el mismo que bloqueó el primer veto.
El nuevo veto migratorio suspendía durante
120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de
ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak
y modifica la provisión sobre los refugiados sirios, que tendrán
prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida,
como establecía el veto original.
Cae el dólar por política "gradual" de la Fed
|
miércoles, 15 mar 2017
15:22 - LA JORNADA
Nueva York. El dólar
registró fuertes pérdidas el miércoles contra las principales monedas,
luego de que como era esperado la Reserva Federal elevó las tasas de
interés pero a la vez indicó que durante el año las incrementará a un
ritmo más gradual que lo que muchos en el mercado proyectaban.
La moneda estadounidense retrocedió a mínimos de cinco semanas contra el euro, de cuatro semanas contra el franco suizo , y de dos semanas contra el yen y la libra esterlina .
La Fed decidió el miércoles elevar la tasa de interés 25 puntos base, a un rango de entre 0,75 y 1 por ciento. Pero indicó que las próximas alzas solo serán graduales, manteniendo la proyección de dos incrementos más este año y tres en 2018.
"Al ratificar mayormente su mediana previa de proyección de alza de tasas, la Reserva Federal expresó una falta de convicción en el repunte que llevó los mercados financieros globales a niveles históricos", dijo Karl Schamotta, director de estrategia de mercado de Cambridge Global Payments en Toronto.
El índice dólar bajó a mínimos en dos semanas, y en las últimas operaciones caía un 0,9 por ciento, a 100,780. El euro trepó a máximos en cinco semanas contra el dólar, y cerca del cierre se transaba a 1,0696 dólares, un alza del 0,9 por ciento.
Contra el yen, el dólar bajó a mínimos en dos semanas y en las últimas operaciones se negociaba a 113,43 yenes, perdiendo más de un 1 por ciento en el día.
Pese al fuerte retroceso del dólar, Bill Northey, presidente de inversiones en el grupo de inversores privados del U.S. Bank en Helena (Montana), dijo que la debilidad de la moneda es de una naturaleza de corto plazo.
"Seguimos pensando que hay un fuerte apuntalamiento para la firmeza del dólar en el más mediano plazo (...) Eso en base al diferencial de tasas de política monetaria entre los principales bancos centrales del mundo. Y eso no es probable que cambie", dijo Northey.
La moneda estadounidense retrocedió a mínimos de cinco semanas contra el euro, de cuatro semanas contra el franco suizo , y de dos semanas contra el yen y la libra esterlina .
La Fed decidió el miércoles elevar la tasa de interés 25 puntos base, a un rango de entre 0,75 y 1 por ciento. Pero indicó que las próximas alzas solo serán graduales, manteniendo la proyección de dos incrementos más este año y tres en 2018.
"Al ratificar mayormente su mediana previa de proyección de alza de tasas, la Reserva Federal expresó una falta de convicción en el repunte que llevó los mercados financieros globales a niveles históricos", dijo Karl Schamotta, director de estrategia de mercado de Cambridge Global Payments en Toronto.
El índice dólar bajó a mínimos en dos semanas, y en las últimas operaciones caía un 0,9 por ciento, a 100,780. El euro trepó a máximos en cinco semanas contra el dólar, y cerca del cierre se transaba a 1,0696 dólares, un alza del 0,9 por ciento.
Contra el yen, el dólar bajó a mínimos en dos semanas y en las últimas operaciones se negociaba a 113,43 yenes, perdiendo más de un 1 por ciento en el día.
Pese al fuerte retroceso del dólar, Bill Northey, presidente de inversiones en el grupo de inversores privados del U.S. Bank en Helena (Montana), dijo que la debilidad de la moneda es de una naturaleza de corto plazo.
"Seguimos pensando que hay un fuerte apuntalamiento para la firmeza del dólar en el más mediano plazo (...) Eso en base al diferencial de tasas de política monetaria entre los principales bancos centrales del mundo. Y eso no es probable que cambie", dijo Northey.
¿Se enfrentará EE.UU. a una nueva crisis por el techo de la deuda este año?
Publicado: 15 mar 2017 18:46 GMT - RT
En los últimos años la deuda estadounidense
no ha dejado de crecer. Se encuentra al borde de los 20 billones de
dólares.
Hoy la deuda pública de EE.UU. se aproxima a los 20 billones de dólares. En los últimos años ha registrado un paulatino incremento. Según los datos oficiales, ha pasado de los 10,6 billones de 2008 a los 19,9 billones del año 2016. Un incremento global de un 87,7%.
La actual cifra de la deuda estatal supone que se ha alcanzado e incluso superado el límite autoimpuesto: 18,4 billones de dólares.
La agencia de calificación Fitch Ratings anunció este miércoles que no es muy probable que se produzca una crisis del techo de la deuda en 2017, dado que la Casa Blanca está controlada por los republicanos y probablemente el Congreso acordará suspender o elevar el límite de la deuda federal antes de que el Gobierno se quede sin efectivo.
"Es probable que el Congreso estadounidense vote de forma oportuna para suspender o elevar el límite de la deuda federal", aventuró la agencia en un comunicado.
Es probable que el Congreso vote de forma oportuna para suspender o elevar el límite de la deuda federalDe momento no hay indicios de que los legisladores hayan programado para este miércoles una votación para elevar o renovar la suspensión del techo de la deuda. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso aseguró la semana pasada que el Gobierno podría seguir manteniendo la actual financiación hasta "algún momento este otoño".
El Departamento del Tesoro señaló, a su vez, que emprendería "medidas extraordinarias" para cumplir con sus obligaciones de deuda si la situación se vuelve incontrolable.
En todos los casos, se calcula que hacia septiembre, a menos que el Congreso suspendiese de nuevo el límite de deuda o aumentase su techo, el país estaría abocado a declarar la suspensión de pagos.
Senadores de EE.UU. exigen investigar a Obama por supuesta intromisión electoral en otros países
Publicado: 15 mar 2017 22:18 GMT | Última actualización: 16 mar 2017 01:21 GMT - RT
Los parlamentarios aseguran que el gobierno
de aquel entonces habría financiado y presionado a ciertos partidos
políticos con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
El documento fue redactado por el senador Michael Lee y firmado por los republicanos, James Inhofe, Thom Tills, Ted Cruz, Bill Cassidy y David Perdue. En él, los senadores aseguran que el gobierno de ese entonces habría financiado y presionado a ciertos partidos políticos con el dinero de los contribuyentes estadounidenses en Macedonia, Albania y "una serie de países de África y América Latina".
El informe subraya que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, pos sus siglas en inglés) ha usado fondos y respaldado a organizaciones dirigidas por el multimillonario y filántropo, George Soros, como Open Society Foundations, para apoyar grupos y activistas de izquierda en el exterior. "Diplomáticos y organizaciones respaldadas por Soros presionan para obtener ciertos resultados políticos", apunta.
"Debemos aprovechar este momento crítico -en el inicio de una nueva administración- para revisar cómo nuestros impuestos están siendo utilizados con el fin de detener las actividades que están fomentando una inquietud política, irrespetando la soberanía nacional y a la sociedad civil", concluye el documento.
Elecciones en Holanda 2017
Los holandeses se rebelan contra el discurso xenófobo de Wilders
El partido del primer ministro Mark Rutte gana con
claridad las elecciones. La formación ultraderechista Partido de la
Libertad sube menos de lo anunciado en las encuestas y pugna por la
segunda posición.
Los votantes holandeses se han rebelado contra el discurso xenófobo de Geert Wilders. Según los primeros resultados oficiales, el partido liberal liderado por el primer ministro de Holanda, Mark Rutte,
ha ganado con claridad unas elecciones en las que ha participado el 82%
del censo, la mayor cifra de los últimos 31 años. La formación
ultraderechista Partido de la Libertad ha aumentado su porcentaje de
voto, pero se ha quedado por debajo de lo vaticinado por las encuestas.
Los liberales conseguirían el 21,5% de los
votos, lejos del 13% del partido de Wilders. A pesar de su amplia
victoria, la formación de Rutte, que se quedaría con 31 escaños, diez
menos que en los comicios anteriores, tendrá que pactar para seguir gobernando.
Por su parte, los ultras, que se harían con 19 escaños, cuatro más que
en las pasadas elecciones, pugnan con los democristianos (12,5%) y los
liberales-progresistas (11,9%) por ser la segunda fuerza del país.
El virtual ganador de los comicios no dudó
en salir a celebrar su triunfo cuando apenas se habían dado a conocer
los resultados de los sondeos. "¡Qué noche! Pedimos que se le parara.
Paradlo. Hemos parado el populismo equivocado", aplaudió en un discurso en La Haya.
Un eufórico Rutte mostró su deseo de "volver a unir Holanda" y, en referencia a Wilders, aseguró que el país "sigue siendo proeuropeo".
"En una campaña, es inevitable que salgan a la luz las diferencias,
pero ahora es importante unir de nuevo al país y formar un Gobierno
estable para los próximos cuatro años", dijo el primer ministro. El
líder del VVD apostó por destinar en los próximos años "más dinero para
Defensa, para el cuidado de las personas mayores y para las
infraestructuras. "Eso será para los liberales lo más importante en los
próximos años", aseguró.
Por su parte, Wilders, asumió su derrota,
aunque, para rebajar la euforia de Rutte, dio un aviso al primer
ministro: "Gracias a mis votantes. Hemos ganado escaños. Rutte no se ha deshecho de mí",
afirmó el líder ultraderechista en un mensaje en Twitter. Un poco más
tarde agregó que a pesar de que prefiere gobernar está dispuesto "a
hacer una fuerte oposición" al futuro Gobierno del país.
Durante su comparecencia, Rutte también
felicitó a los otros ganadores de las elecciones: los verdes de
GroenLinks, un partido que hasta hora tenía tan solo 4 diputados, pero
que en estas elecciones según los sondeos puede haber subido hasta los
16, Demócratas 66 y Llamada Democristiana (CDA). Por contra, los grandes perdedores de estas elecciones son los laboristas del PvdA,
que forman parte de la coalición que gobierna en la actualidad junto
con el VVD, y que perdería hasta 29 escaños quedándose con tan solo 9
diputados.
El actual ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo, el también laborista Jeroen Dijsselbloem,
se mostró sorprendido por la pérdida de escaños que sufriría su
partido. "¿Quién pierde una treintena de escaños en un sondeo? Mañana
ponemos en marcha la reconstrucción", sentenció. "Estuvimos durante 4
años y medio en una aventura juntos. Les deseaba un resultado
diferente", declaró Rutte sobre los socialdemócratas.
Desde Alemania, el portavoz de la
Cancillería, Steffen Seibert, confirmó en su perfil de la misma red
social que la canciller germana, Angela Merkel, ya ha felicitado a
Rutte mediante una llamada telefónica en la que ha expresado su
intención de mantener la "buena cooperación como amigos y vecinos
europeos".
En Francia, el ministro de Asuntos Exteriores Jean-Marc Ayrault felicitó a los holandeses por haber "detenido" el avance de la extrema derecha. "Felicidades
a los neerlandeses por haber detenido el avance de la extrema derecha.
Tenemos voluntad de trabajar por una Europa más fuerte", escribió el
político galo en su perfil de Twitter.
El escrutinio está siendo especialmente
lento ya que el miedo a una posible injerencia en el resultado de los
comicios por parte de informáticos rusos ha propiciado que el Gobierno
holandés evite los ordenadores conectados a internet y lleve a cabo un recuento manual de los votos.Elecciones en Holanda: encuestas a boca de urna dan mayoría al primer ministro Mark Rutte; al ultraderechista Geert Wilders le fue peor de lo esperado
Según la encuesta de boca de urna, el gran derrotado es el Partido Laborista, que pasaría de 38 diputados a 9. En cambio, en la sede del Partido Verde se vivieron escenas de celebración ante la proyección de que cuadriplica sus escaños hasta llegar a 16.
Las primeras
encuestas a boca de urna de las elecciones en Holanda dan como fuerza
ganadora al partido del primer ministro, el conservador Mark Rutte.
Con
un nivel de participación muy alto, según los principales sondeos, el
gobernante queda por delante del ultraderechista Geert Wilders, que
comparte el segundo lugar con otras dos fuerzas.Según la televisión pública NOS, de los 150 escaños, 31 se proyectan para el partido liberal de derecha VVD, del primer ministro, y 19 para el Partido por la Libertad de Wilders, los mismos que los democristianos de CDA y Demócratas 66.
Este resultado, de confirmarse, resulta mucho peor de lo esperado para Wilders, al que algunos sondeos de intención de voto llegaron a darle alrededor de 30 escaños a principios de año.
Las elecciones en Holanda han despertado más interés internacional que nunca por ser consideradas como cruciales para el futuro de la Unión Europea.
Ello, después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el voto a favor de abandonar la Unión Europea en Reino Unido, el conocido "Brexit", y antes de los comicios en Francia y Alemania.
En un clima polarizado
Rutte había planteado la elección como la disyuntiva entre la continuidad que él representaba y el caos que iba a traer al país Wilders, al que tachaba de extremista no preparado para gobernar.En un clima de polarización y desencanto con los partidos tradicionales, el ascenso de Wilders, que pasaría de 15 a 19, da una idea de hasta dónde están dispuestos a llegar los votantes para expresar su indignación.
En cualquier caso, las posibilidades de que Wilders se convirtiera en primer ministro en todo momento parecían remotas por el sistema parlamentario de representación proporcional que rige en el país y que favorece los gobiernos de coalición.
Los demás partidos habían descartado formar parte de una coalición liderada por Wilders y su discurso en contra de los inmigrantes, el islam y la Unión Europea.
Los sondeos señalan que la recuperación económica y su mano dura al gestionar el reciente roce diplomático con Turquía le sirvió al primer ministro para ganar apoyos.
Según la encuesta de boca de urna, el gran derrotado es el Partido Laborista, que pasaría de 38 diputados a 9.
En cambio, en la sede del Partido Verde se vivieron escenas de celebración ante la proyección de que cuadriplica sus escaños hasta llegar a 16.
Estado español
Andalucía califica los delitos del franquismo como "crímenes contra la humanidad"
El parlamento andaluz aprueba una Ley de Memoria
propia, que supera en muchos aspectos a la legislación estatal aprobada
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Partido Popular
y Ciudadanos se han abstenido.
El 11 de marzo de 2014, el Consejo de Gobierno andaluz, integrado entonces por la coalición PSOE-IU, aprobó el primer borrador de ley de Memoria Democrática,
un proyecto impulsado por los comunistas que fue asumido por los
socialistas. Justo tres años después, aquel texto legal ha llegado sin
grandes modificaciones al debate final en el Parlamento autonómico,
donde ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Podemos, y
la abstención de PP y Ciudadanos. [LAS SEIS CLAVES DE LA LEY DE MEMORIA DE ANDALUCÍA].
Andalucía se dota así de una Ley de
Memoria propia, que supera en muchos aspectos a la legislación estatal
aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, pues considera que los delitos del franquismo son “imprescriptibles” y perseguibles por la justicia universal como “crímenes contra la Humanidad”.
Un matiz no menor respecto a la ley estatal, que en su día fue motivo
de discordia entre el presidente Zapatero y el juez Baltasar Garzón, el
primer magistrado que intentó sin éxito juzgar los crímenes del
franquismo.
La Ley andaluza de Memoria vuelve a imprimir un sello izquierdista al Gobierno de Susana Díaz
La Ley andaluza de Memoria vuelve a imprimir un sello izquierdista al Gobierno de Susana Díaz, y su aprobación este miércoles demuestra que la presidenta tiene un excelente control de los tiempos políticos.
La norma, planteada como una proposición de ley de IU por primera vez
en abril de 2011, no ha sido una prioridad para el gabinete de Díaz en
los dos primeros años de legislatura, en los que se ha centrado en
afianzar su relación con Ciudadanos, el partido conservador que ahora
sustenta al Gobierno, y que este miércoles evitó votar a favor.
Pero el proyecto memorialista ha llegado
al debate final en el Parlamento coincidiendo con el inicio de la
carrera de Susana Díaz a las primarias del PSOE, permitiéndole rebatir a
aquellos que la señalan como la candidata preferida de la derecha. En
la recta final, Díaz reaparece aliada con las formaciones progresistas,
Podemos e IU, y su Gobierno se distingue como uno de los más ambiciosos
en las políticas de reparación y justicia para las víctimas del
franquismo, emblema clásico de la izquierda. De hecho, PP y Ciudadanos
han reprochado a la presidenta que sacrificara el consenso (el texto
legal no integra ni una sola de las más de 70 enmiendas de los grupos
conservadores) en aras de lograr “una ley de máximos”.
Ninguna ley de Memoria en España, ni la
estatal ni la de Navarra (la única aprobada) lograron el voto favorable
del PP. Los populares votaron en contra de la Ley estatal de Memoria
Histórica de Zapatero, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la
norma ha quedado derogada de facto, sin dotación económica en los
sucesivos Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Creación del
Memorial Democrático de Catalunya fue aprobada en 2007 con votos en
contra del PP y de Ciudadanos y la ley de fosas del franquismo del
Gobierno de Baleares sí salió adelante por unanimidad. La Comunidad
Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura trabajan ahora en sus propias
leyes de Memoria, al amparo de la normativa estatal.
Debate tenso
El proyecto memorialista ha permanecido en
un cajón tres años mientras en el exterior desaparecía el bipartidismo,
se rompía el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU para ser sustituido
por la alianza PSOE-Ciudadanos, la irrupción de Podemos abocaba al
socialismo a la mayor crisis de identidad de su historia, desatando
luchas internas en sus filas, y la izquierda española implosionaba,
incapaz de llegar a acuerdos, y permitiendo que siguiera gobernando la
derecha.
El proyecto memorialista ha permanecido en un cajón tres años mientras en el exterior desaparecía el bipartidismo
Los grupos han buscado el consenso en una materia compleja, que toca la fibra sensible de las izquierdas y las derechas de España. Pero el respaldo unánime ha sido inviable, porque conservadores y progresistas aún difieren sobre el relato político
de lo que supuso la Guerra Civil, la Dictadura y el franquismo. Ese
relato de los hechos está en la exposición de motivos con la que arranca
la ley y, aunque los servicios jurídicos del Parlamento advirtieron de
que no tenía ninguna repercusión jurídica, PP y Ciudadanos se sintieron
“incómodos” con algunas expresiones, y presentaron enmiendas para que se
modificasen con ánimo de “no reabrir heridas”. Los populares pidieron eliminar algunas expresiones, como el término “terror fascista”,
y Ciudadanos quiso acotar el marco de acción de la ley a la Guerra
Civil y la Dictadura, dejando al margen la Transición democrática. IU
amagó con votar contra su propia ley si el PSOE se avenía a “dulcificar” el relato de los hechos.
Durante el debate, seguido desde la
tribuna por familiares de represaliados y asesinados por el franquismo,
se vivieron momentos tensos. Uno de los invitados increpó al diputado de
C’s, Sergio Romero, cuando rechazó una “ley de Memoria ideológica”,
porque “precisamente el problema hace 80 años fue los españoles
antepusieron las ideologías a las vidas”. Desde la tribuna le recordaron
que el fascismo dio un golpe de Estado, el presidente de la Cámara
amagó con desalojar a los invitados, y el diputado de IU, José Antonio
Castro, afeó desde su escaño a Romero por “provocar”.
Las seis claves de la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía
Andalucía aprueba una Ley de Memoria Democrática que
supera en muchos aspectos a la norma estatal. Te ofrecemos un resumen
con todas las claves de la nueva legislación andaluza en materia de
memoria histórica.
Andalucía ha aprobado este miércoles, con la abstención del PP y de Ciudadanos, de una Ley de Memoria propia que supera en muchos aspectos a la legislación estatal aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
en 2007. Entre las novedades se encuentra la calificación de los
delitos del franquismo como "crímenes de lesa humanidad" o la creación
de una "comisión de la verdad".
[ANDALUCÍA CALIFICA LOS DELITOS DEL FRANQUISMO COMO "CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD"]
Estas son las claves que no te puedes perder de la nueva Ley de Memoria:
Mapa de fosas y exhumación
La parte medular de la Ley andaluza de
Memoria, y la más costosa, es la que tiene que ver con los procesos de
exhumación de las víctimas del franquismo. La Junta contabiliza unas 614
fosas comunes en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y
Cádiz (100), y calcula que hay alrededor de 60.000 desaparecidos. La
ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio
en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de
los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos,
familiares, entidades memorialistas e investigadores. El protocolo
nuevo, que sigue las pautas de Naciones Unidas, implica más a la
Administración, pero los familiares de víctimas ya no podrán actuar en
las fosas sin supervisión de la Junta. El Gobierno andaluz también podrá
expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos
si el dueño no autoriza la exhumación. De la ley también emana el Banco
andaluz de ADN, ubicado en Granada.
Ampliación del estatus de víctima
La norma andaluza supera la Ley de Memoria
Histórica de Zapatero, porque extiende el estatus de víctimas del
franquismo a los homosexuales, los bebés robados, las mujeres vejadas o
los prisioneros de los campos de exterminio nazi. A partir de su entrada
en vigor, Andalucía va a instar al Gobierno central a derogar la Ley de
Amnistía de 1977 y se plantea la “imprescriptibilidad de los delitos
del franquismo”, como crímenes contra la Humanidad.
Comisión de la Verdad
También ha incluido, a última hora, una
propuesta de Podemos para crear una Comisión de la Verdad y Reparación
de las víctimas del franquismo, un órgano de estudio y recopilación de
testimonios, aunque sin competencias procesales (pues depende del
Estado). Y se creará un Instituto de la Memoria, un ente público que
servirá de archivo documental.
Crímenes de lesa humanidad
La Ley andaluza de Memoria considera, en su
texto preliminar, que los delitos del franquismo son “crímenes contra la
humanidad o de lesa humanidad”, en cuanto que son actos de “extrema
violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de
Nuremberg” (asesinato, esclavización, deportación…) “Fueron planificados
y ejecutados desde el poder político militar de forma sistemática y a
gran escala”, dice el texto, que concluye por tanto que son “crímenes
imprescriptibles” y “perseguibles por la justicia universal”.
Este punto de la norma es, probablemente,
el más sensible para PP y Ciudadanos, porque en base al mismo plantea
que “debería derogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter
estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional”, en
alusión a la Ley de Amnistía de 1977, que el Gobierno andaluz pedirá
derogar al Ejecutivo central.
El franquismo en las aulas
Uno de los puntos de la discordia en el
debate ha girado en torno al horizonte temporal de la ley, que abarca
desde la II República hasta 1982, incluyendo así el tardofranquismo, la
Transición y las luchas por la autonomía andaluza. PP y, sobre todo,
Ciudadanos no estaban dispuestos a que se revisara el periodo de la
Transición democrática, y pelearon sin éxito para que se desgajara de la
norma.
El otro apartado que ha generado polémica
entre los grupos conservadores es el capítulo de la educación y el peso
que tendrá ahora el estudio de la Guerra Civil y el franquismo en el
currículum oficial de Primaria y Secundaria (que ahora es inexistente o
irrelevante). PP y C’s abogaban por “no politizar ni adoctrinar” a los
alumnos.
Eliminar simbología fascista
A partir de la entrada en vigor de la ley, a
partir de junio, los ayuntamientos andaluces tendrán 18 meses de plazo
para eliminar o retirar los vestigios del fascismo en sus municipios, so
pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de
subvenciones públicas si no lo hacen. Si se niegan (infracción grave),
la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán
multas de 2.001 a 10.000 euros. Otra infracción grave será “no comunicar
el hallazgo casual de restos que pudieran ser de represaliados”, y
entre las muy graves (de 10.001 a 150.000 euros) está construir o
remover sin autorización el terreno donde hubiera restos de
desaparecidos, hacer excavaciones en dichas zonas o destruir fosas.
Además, ayuntamientos y organizaciones se
exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un
periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la
infracción cometida. Los alcaldes también están obligados a dignificar
las fosas comunes en cementerios, a homenajear a las víctimas a petición
de sus familiares, y a supeditar sus planes urbanísticos a los llamados
Lugares de Memoria.