Berta asesinada, Berta sembrada, Berta renacida
Mar 03, 2017
Lenta, cansada y con un
embarazo de cinco meses, iba Rosalina caminando bajo el inclemente sol
de Tegucigalpa. Rosalina no está acostumbrada a caminar en el pavimento
en una ciudad que cada vez se ve más muerta, o más industrializada. Esta
mujer lenca de Río Blanco, Intibucá, decidida, se fue con una de sus
hijas, esperando el onceavo hijo, porque quería ir a gritar que DESA
(Desarrollos Energéticos S.A.) mató a Berta Cáceres, y que, a un año de
ese crimen, debe pagar.
La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad.
Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras.
Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas.
Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.
El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad.
El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.
“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal.
La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución.
“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina.
Un crimen que sigue en la opacidad
En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales.
“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado.
Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.
Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.
Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.
Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado.
Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó.
“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar.
Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”.
Presión internacional
Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia.
El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas. Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.
El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica.
Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.
Berta fue sembrada, no asesinada
El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo.
Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!
“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos.
Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas.
Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe.
Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.
“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.
Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual.
El asesinato de la líder social y activista medioambiental Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de hombres armados el 3 de marzo de 2016, causó conmoción no sólo en el ámbito nacional sino también en el exterior, donde numerosos grupos repudiaron el hecho.
Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), Oxfam Alemania y GegenStrömung (“Contracorriente”) mantienen su postura de que la empresa alemana Voith Hydro y la multinacional Siemens tienen corresponsabilidad en la muerte de Berta Cáceres.
El homicidio de Cáceres estuvo motivado por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Luego de fuertes presiones tanto de la familia de la víctima como de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, diversos entes financieros suspendieron sus desembolsos y el proyecto no fue concretado.
En un estudio, las ONG acusan a las dos empresas alemanas de violar los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, así como de no realizar un análisis de riesgos sobre la situación de los derechos humanos antes de iniciar el proyecto.
“Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato”, afirmó la organización regional que protege los derechos humanos.
Si bien existe el reconocimiento por parte de la agrupación al conseguir la captura de ocho personas hasta la fecha, aún queda por aclarar el papel que jugó cada imputado jugó en el suceso.
Igualmente, el organismo calificó como “preocupante e inexplicable” el hecho de que, a pesar de los indicios de la relación entre el proyecto de Agua Zarca y el crimen, siga intacta la concesión a la empresa DESA, sin que el Estado impulse acciones para revocarla.
(Con información de Telesur)
La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad.
Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras.
Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas.
Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.
El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad.
El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.
“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal.
La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución.
“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina.
Un crimen que sigue en la opacidad
En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales.
“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado.
Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.
Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.
Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.
Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado.
Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó.
“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar.
Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”.
Presión internacional
Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia.
El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas. Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.
El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica.
Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.
Berta fue sembrada, no asesinada
El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo.
Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!
“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos.
Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas.
Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe.
Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.
“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.
Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual.
Organizaciones internacionales exigen justicia para el caso Berta Cáceres
El asesinato de la líder social y activista medioambiental Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de hombres armados el 3 de marzo de 2016, causó conmoción no sólo en el ámbito nacional sino también en el exterior, donde numerosos grupos repudiaron el hecho.
Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), Oxfam Alemania y GegenStrömung (“Contracorriente”) mantienen su postura de que la empresa alemana Voith Hydro y la multinacional Siemens tienen corresponsabilidad en la muerte de Berta Cáceres.
El homicidio de Cáceres estuvo motivado por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Luego de fuertes presiones tanto de la familia de la víctima como de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, diversos entes financieros suspendieron sus desembolsos y el proyecto no fue concretado.
En un estudio, las ONG acusan a las dos empresas alemanas de violar los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, así como de no realizar un análisis de riesgos sobre la situación de los derechos humanos antes de iniciar el proyecto.
Exigen celeridad en la investigación
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien exhortó el pasado jueves a las autoridades de Honduras a continuar con la investigación y el proceso judicial, hasta la captura de los autores intelectuales.“Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato”, afirmó la organización regional que protege los derechos humanos.
Si bien existe el reconocimiento por parte de la agrupación al conseguir la captura de ocho personas hasta la fecha, aún queda por aclarar el papel que jugó cada imputado jugó en el suceso.
Igualmente, el organismo calificó como “preocupante e inexplicable” el hecho de que, a pesar de los indicios de la relación entre el proyecto de Agua Zarca y el crimen, siga intacta la concesión a la empresa DESA, sin que el Estado impulse acciones para revocarla.
(Con información de Telesur)
martes, 7 de marzo de 2017
lunes, 13 de marzo de 2017
Según el analista político y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, sacerdote jesuita Ismael Moreno, la política para los próximos meses va a girar en torno a los ahora candidatos presidenciales. Sin embargo, hay otros factores que estarían presentando escenarios difusos y gelatinosos.
“Un escenario bastante difuso, yo diría gelatinoso. Por una parte tendremos la euforia oficialista centrada en presentar la campaña política electoral como un ejemplo de democracia, convocando toda la población a las urnas y presentando propuestas basadas en profundizar los programas asistenciales; por otra parte va ser un escenario de confrontación, donde el gobierno va a asumir el rol de 'bueno' y los de la oposición van a ser presentados como 'los malos'", dijo Moreno.
El sacerdote señala que estos escenarios van a tener otros actores. Uno de ellos son los juicios que se están llevando a cabo en Nueva York. “Eso es muy importante porque tiene que ver con altos personajes de la política, en primer lugar del Partido Nacional, pero también de los otros partidos”.
Otro escenario posible es que van a tratar de presentar al bipartidismo tradicional como el verdadero protagonista del proceso electoral, con el fin de arrinconar a la alianza político electoral conformada por Libre, Pac y Pinu.
“Son escenarios complejos, artificiales, donde se pretende presentar la realidad de acuerdo con los intereses del oficialismo, tratando de ocultar los dinamismos de fondo como, por ejemplo, la profunda corrupción e impunidad en la que está sembrada la base del proceso electoral. Se va a tratar de ocultar la ilegalidad sobre la que está montado el proceso electoral, presentando al bipartidismo como el elemento que hay que apoyar", concluyó Moreno Moreno.
Por: Ana Ortega*
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
En el primer artículo me réferi a la política como espectáculo, forma de hacer política que Giovanni Sartori denomina video política, se trata de la política en “imágenes”, fundamentada en la exhibición de personas, el autor enfatiza que es “una política dirigida y reducida a episodios emocionales , decapitando o marginando a las cabezas que hablan, razonan y discuten problemas, eso porque la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de imágenes candentes que agitan nuestras emociones y sentidos”, efectivamente, a juzgar por lo que vimos en las recién pasadas elecciones, el acto votar pareciera cada vez más alejado de la racionalidad más elemental.
En esta segunda parte, abordaré de manera breve y sin pretensión de exhaustividad, el momento de inflexión en que según el enfoque de la política como sistema, desaparece la distinción legal/no legal y la política converge con la criminalidad. En su libro, “La política de la sociedad”, Luhman lo plantea:
Sin embargo, no pasa nada, la ciudadanía lo reelige a pesar que esta práctica es el correlato de la impunidad y de la corrupción que nos empobrece. Es evidente que los bienes públicos se utilizan para sostener la adhesión de las y los votantes, sin que haya ninguna consecuencia, más que la cierta posibilidad de reproducir y mantenerse en el poder.
Pero los bienes públicos no son suficientes para mantener las redes clientelares y los niveles de vida de las y los políticos, la fastuosidad y el derroche de que hacen gala ha pasado a ser una especie de atributo de la clase política, para mantenerlo y detentar poder, pareciera que todo vale. Más aún, si tienen la certeza que provee la impunidad que paso a paso han ido tejiendo a su alrededor. Se sabe que en el núcleo duro del poder, en su constitución ontológica, persiste la tendencia a la opacidad, la secretividad, la concentración y la perpetuación, de allí la necesidad del control, de los llamados balances y contrapesos que provee la institucionalidad, si esta no existe, producto de la captura del Estado. ¿Qué podría impedir o limitar el vínculo entre política y criminalidad?
Volviendo al análisis de la política como sistema, vele recalcar que la expansión técnica de la política siempre ha dependido del medio de comunicación de sistema económico; “el dinero”, el problema radica en la des diferenciación del sistema político por el dinero, lo cual impide a la política dar cuenta de su entorno, todas sus operaciones giran alrededor del sistema económico y su medio de comunicación; el dinero.
La influencia del dinero en la elección de cargos de dirección y de elección popular en los partidos políticos, los gastos cada vez más elevados en las campañas políticas, la compra de votos, la circulación de dinero en los congresos (en forma de subsidios u otras prebendas al interior del congreso y de sobornos a los diputados desde fuera del congreso) y en general la supremacía del dinero en espacios de toma de decisión política, es aceptada como dinámica regular del sistema político, y aun si se comprobara no anula la “legalidad” de las operaciones políticas sobre las que el dinero incide e incluso llega a determinar.
En la actual sociedad de consumo el dinero tiene mayores posibilidades de condicionamiento o motivación, en tanto se erige como medida de éxito. Luhman afirma que Derecho y Dinero ofrecen motivos externos para ajustar el propio comportamiento a determinadas condiciones, lo cual explica por qué el poder político depende materialmente de estos para lograr sus fines. Si la frontera entre lo legal/no legal, desaparece porque el sistema jurídico ha sido también intervenido, ya sea por el sistema político o por el económico, entonces, el origen o reproducción del dinero se torna irrelevante, tanto si es legal o ilegal. Una vez que se realiza la transacción o cualquier otra forma de comunicación mediada por la diferencia pagar/no pagar se derivan otras comunicaciones, con independencia del origen. En el lenguaje de lo cotidiano se podría afirmar que no solo se “lava el dinero”, sino también lo que con este se hace. En nuestra sociedad, agrega Luhmann, el dinero ha tomado la forma de una construcción del mundo.
Si el dinero se erige como medio generalizable más allá del sistema económico, deja de sorprender cuando se introduce como medio de comunicación de otros sistemas, especialmente del sistema político y; ciertamente sin restricciones, dado el carácter de “amoralidad” del medio. En ese contexto, la narco actividad se convirtió en un importante motor de acumulación que rebasó los límites del sistema económico y por la relación de dependencia del sistema político, era de esperar su extensión a la política, configurando así la llamada “Narco política”, a principios del siglo XXI se advertía:
Con relación al papel del ciudadano, reducido a su mínima expresión de votante cada cuatro años y presa de las redes clientelares, tampoco es mucho lo que se puede esperar, como bien se afirmaba hace casi dos siglos, en 1878, cuando el principio de “representación” apenas comenzaba su larga historia de “suplantación”. La coincidencia con la coyuntura actual no es casualidad, al contrario, ha sido una constante, inevitable oxímoron de la “democracia-representativa”:
Luhmann, Niklas. (2009). La política como sistema, lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrete, México D.F. Universidad Iberoamericana.
Stuart Mill, John. (2001). Consideraciones sobre el gobierno representativo, Madrid, España, Alianza editorial.
Zovatto, Daniel (2004). Dinero y política en América Latina: Una visión comparada. San José, Costa Rica, Cuadernos de Ciencias Sociales # 130, FLACSO.
* Politóloga. Presidenta de la Junta Directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sambo Creek, 9 de Marzo del 2017.- La empresa LOGIX SOURCE DIRECT,
S.A., demandó a la comunidad de Cristales y Río Negro por la cantidad de
$51 millones como consecuencia del supuesto incumplimiento de un
contrato efectuado con los directivos de la Comunidad de Cristales y
Río Negro en diciembre de 2012.
La empresa LOGIX aparentemente pretende la construcción del Parque Eólico Punta Castilla sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con la comunidad Garífuna. La Sra. Genica Alane Reyes Alvarez, cuando actuaba como presidenta de la comunidad, firmó el contrato en el cual cede el usufructo de 1852 hectáreas del paraje conocido como Barranco Blanco, el que se encuentra registrado a favor de la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro desde el año 1996.
Existe un testimonio del contrato asentado en la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de enero de 2013. Tanto el contrato como sus detalles fueron ocultados de forma deliberada por la junta de la Comunidad de Cristales y Río Negro al pueblo de Trujillo.
LOGIX inicia el proceso en contra de la comunidad a raíz de la donación de un terreno en Barranco Blanco a una compañía guatemalteca que pretendió la construcción de una desfasada refinería de hidrocarburos en las inmediaciones de la Laguna de Guaymoreto, la cual fue rechazada en un cabildo abierto efectuado en noviembre del año pasado.
Aparentemente LOGIX es una empresa de cartón, supuestamente dedicada a las telecomunicaciones y registrada en Panamá y en Honduras se encuentra registrada en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde aparece como contacto el Sr. Eduardo Luciano Santiago. La información existente sobre la compañía es casi nula, dando lugar a pensar que no es más que una empresa de cartón,
La Bahía de Trujillo se ha convertido en el paraíso de piratas, narcos y saqueadores. La rapiña territorial que se inició en la comunidad de Guadalupe desde antes del golpe de Estado, y la cual fue denunciada debidamente ante la Fiscalía de las Etnias, se incrementó después de junio de 2009, culminado con la inconsulta demolición de buena parte de la comunidad de Río Negro, cuyos habitantes fueron amenazados de expropiación forzosa por el Rey del Porno (Randy Jorgensen) para la construcción del muelle de cruceros denominado Banana Coast.
Posteriormente la mafia canadiense asociada al Rey de Porno se apropió del corredor Guadalupe Trujillo, donde aparecieron los emporios de Carivida, Njoy, Bahía Tranquilidad y otros más. Estos proyectos de supuesto desarrollo no fueron consultados de forma previa con la comunidad; de igual manera sucedió con la refinería de petróleo y la empresa eólica.
Condenamos y rechazamos la actitud asumida por la empresa LOGIX de demandar a la comunidad por un supuesto incumplimiento del contrato firmado a espaldas del pueblo, es una violación al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, situación que se ha repetido de forma sistemática en la Bahía de Trujillo.
La consulta previa, libre e informada no consiste en una reunión a puertas cerradas con algunos miembros de la comunidad, y mucho menos cuando se otorgan prebendas económicas o simplemente promesas de proyectos sociales.
Trujillo después del golpe de estado y con la llegada del proyecto racista y neocolonial de las Ciudades Modelo (ZEDE), se ha convertido en el objetivo de las pretensiones de la élite de poder de Honduras y de inversionista extranjeros, que aprovechando la inexistencia en el país de un estado de derecho, pretende saquear el territorio para desplazar a la población local e instaurar emporios económicos donde el racismo y exclusión desterraran a la población Garífuna de lo que fue nuestro primer asentamiento en la costa norte de Honduras.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El
miércoles pasado se dio a conocer un primer bosquejo de la propuesta
que ingresaría el Gobierno al Parlamento para modificar el sistema de
pensiones.
Desde agosto pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés se encuentra trabajando con los distintos partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un acuerdo en la materia.
Esto luego de que la Presidenta de la República anunciara en cadena nacional su propuesta para reformular el actual modelo previsional, la que contempla entre otras cosas, un alza del 5 por ciento en la tasa de cotización con cargo al empleador.
Dentro del bosquejo dado a conocer este miércoles se señala que el aumento del ahorro adicional se dividiría en dos partes. Una de ellas iría a las cuentas individuales, mientras que la otra se distribuiría en varios mecanismos de carácter solidario.
Para la vocera de la Coordinadora No+AFP, Carolina Espinoza, esto demuestra que el Ejecutivo se estaría inclinando por la propuesta de los empresarios, quienes desde un principio se han opuesto a que estos fondos vayan a un fondo de reparto.
“Viene a reafirmar las sospechas que nosotros tenemos respecto de que finalmente el Gobierno va a optar por alinearse con la propuesta de los empresarios y salir airoso de un problema que ha sido puesto gracias a la movilización y a la demanda de la ciudadanía, pero que no se la va a jugar por dar una solución real”
Asimismo la dirigenta acusó que durante todo este proceso ha existido un trato desigual por parte de las autoridades con los representantes de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre con el empresariado y las administradoras de pensiones.
“No solamente vemos que en lo formal hay reuniones con mayor frecuencia con ellos (los empresarios) que con los trabajadores, sino que también sabemos que reuniones informales, reuniones de carácter privado se hacen con el sector empresarial y no así con los trabajadores, por lo tanto hay una condición absolutamente desigual”
La vocera de la Coordinadora No+ AFP reiteró su llamado a participar de la marcha del próximo 26 de marzo para manifestarse en contra del sistema de pensiones. Sin embargo, afirmó que desde la organización participarán de todas instancias convocadas por el Ejecutivo.
Del mismo modo, la dirigenta aseguró que están “llamando a todos los candidatos no sólo a la Presidencia, sino que también al Parlamento, para que se pronuncien sobre la propuesta de la Coordinadora”.
Sobre esto, Carolina Espinoza manifestó que “no hay medias tintas, o se está con la propuesta del empresariado o se está con la de los trabajadores que significa crear un nuevo sistema de pensiones”.
Esta semana, el organismo fiscalizador exigió a la aseguradora abstenerse de llevar a cabo este proceso ya que, según sus cálculos, la planta de atención de esta AFP se reduciría en un 44 por ciento, pasando de tener 41 centros de atención a clientes, a sólo 22. El problema es que el 21 por ciento de las atenciones presenciales que realizó Planvital fue en algunas de las localidades que dejarán de contar con un punto de atención.
La Superintendencia, en vista del perjuicio que esto pudiera ocasionar a miles de clientes de la aseguradora, le remitió un oficio exigiendo que ponga freno al plan de resstructuración, considerando además que Planvital se ganó las dos últimas licitaciones por lo que un importante número de afiliados nuevos debe permanecer obligatoriamente al menos 24 meses cotizando allí.
Sin embargo, desde la aseguradora informaron que continuarán con el plan de reestructuración, ya que, a su juicio, el proceso “cumple con la normativa vigente”, por lo que llamaron a la SP a no intervenir en la concreción del plan.
“De acuerdo a la normativa, Planvital goza de plena libertad para diseñar e implementar su plan de reestructuración, siendo ésta una decisión autónoma y facultad privativa de la administradora, por lo que no es aceptable su intervención en esta materia”
Planvital justificó el cierre de algunas sucursales en la “modernización de las plataformas de servicio”, y en el uso de las tecnologías que permiten el acceso remoto para resolver las dudas y consultas de los clientes.
“El mencionado plan se enmarca en un proceso de mejora continua y de modernización de las plataformas de servicio. Estas mejoras implican un uso creciente de las tecnologías de información y el acceso remoto para realizar consultas, trámites y diversos servicios a través del rediseño de su sitio web, mayor número de módulos de autoconsulta y reforzamiento de la dotación de personal en call center. Tendencia que se observa en todas las instituciones financieras y de servicios”.
Desde la Coordinadora No+AFP, su vocero Luis Mesina señaló a través de su cuenta de Twitter que AFP Planvital mantiene “prisioneros” a los nuevos afiliados, a quienes les “hace trampa” ahora con este plan de reestructuración.
"El problema de fondo en esto, es que hace mucho tiempo los políticos y la política en Chile, los políticos profesionales, los políticos de la transición tomaron una decisión a lo [Edgardo] Boeninger para explicitarlo, dijeron: 'nosotros vamos a gobernar pero queremos que el pueblo se vaya para la casa'. y crearon una casta con muchos diplomas en inglés de seguro, otros operadores políticos al interior de los partidos, que dejaron de tener inserción en las luchas sociales que se estaban desarrollando a lo largo de Chile", dijo en el programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas, de TVN.
Boric, quien representa al distrito que incluye Punta Arenas en la región de Magallanes, desde 2013, explicó que a su juicio "yo veo el parlamento, en donde la mayoría de los parlamentarios, está ahí por lazos clientelistas al interior de sus distritos, burocracias partidarias o relaciones familiares, muy pocos son los que provienen de dirigencias que hayan expresado las luchas de la sociedad chilena. Los partidos políticos hoy día no representan prácticamente a nadie", aseguró.
El ex dirigente estudiantil reafirmó sus palabras ilustrando que "cuando ves el carácter de clase del parlamento, te das cuenta que no es representativo de la diversidad de Chile. Tenemos un 13% de mujeres en el parlamento.La mayoría son gente de clase alta. Tenemos un parlamento fundado en su mayoría por cuicos, machistas santiaguinos. Me incluyo dentro de la clase privilegiada, no quiero vender la pomada. Independoente de que esté la legitimidad formal, el parlamento es una de las instituciones más despretigiadas de Chile y no es representativa de la diversidad del país", enfatizó.
En este contexto, explicó la posición del Frente Amplio, del cual el Movimiento Autonomista forma parte, en el espectro político actual. "El Frente Amplio es hoy la conciencia y maduración que han alcanzado diferentes organizaciones sociales y políticas que para poder incidir en la disputa por ver hacia dónde va Chile, tenemos que levantar una plataforma coherente, sostenibles por el tiempo", dijo.
"Le vamos a disputar a la Nueva Mayoría y a la derecha en todos los lugares, sin ninguna concesión. Creemos que en Chile hay espacio para una tercera alternativa política". De paso, dejó de manifiesto que "a nosotros nos interesa hacer política, no somos apolíticos", aclaró.
El desafío no es menor, pues si hay algo que no logró cambiar la Concertación, hoy Nueva Mayoría, fue mejorar la distribución de poder que se configuró a la fuerza en la dictadura. Pese a que la vida material tuvo importantes progresos en los últimos 30 años, al no verse alterada la alta concentración de la riqueza y de las decisiones económicas, en lo sustancial seguimos viviendo de acuerdo a los intereses de las minorías.
En este contexto, es que como fuerzas políticas apostaremos por hacer de la construcción de nuestro programa un momento de deliberación colectiva. Así, desde su inicio, el Frente Amplio será un instrumento político que se construirá desde los territorios, donde la heterogeneidad y democracia de base serán su mayor fortaleza.
Nuestro proceso programático tendrá tres etapas.
En una primera etapa, que se realizará desde finales de marzo y durante todo abril, habrá discusiones en las comunas. De estas discusiones surgirá un conjunto de propuestas y demandas, tanto de carácter local como nacional. Dichos encuentros serán abiertos a toda la ciudadanía que desee participar del proceso. El resultado de esta etapa será un conjunto de actas que resumirán tales propuestas. Todas estas actas serán información pública disponible en nuestra página web.
En una segunda etapa, durante el mes de mayo, grupos de apoyo programáticos organizados por áreas temáticas, harán un trabajo de síntesis para organizar y resumir las propuestas surgidas en los territorios en un listado más acotado de reformas. Estos grupos no tendrán la potestad para descartar propuestas. Al mismo tiempo, las reformas que involucren aumentos relevantes de gasto fiscal (por ejemplo, una reforma de salud) serán revisadas por un equipo que calculará el costo en régimen asociado a cada propuesta y la tramitación legislativa correspondiente. De esta manera, el producto de esta etapa será un menú de reformas especificadas con cierto detalle y con un estimado del costo fiscal de su implementación.
Con el objeto de poder sustentar el mayor gasto fiscal de nuestras propuestas, un equipo económico/jurídico trabajará en generar un conjunto de opciones para aumentar los ingresos fiscales. Estas propuestas se sumarán a las opciones de cómo generar mayores ingresos fiscales que surjan desde los territorios.
En la tercera y última etapa, que se realizará durante junio, se llevará cabo un conjunto de debates en cada uno de los distritos con las candidatas y candidatos del FA a partir de los insumos generados desde en el proceso de síntesis. En estas asambleas, además, se definirán las prioridades distritales. Luego de este período de socialización de propuestas, quienes hayan participado en el proceso podrán votar para dirimir entre propuestas excluyentes, para definir el orden de prioridad entre las distintas reformas propuestas que involucren importantes aumentos de gasto fiscal y para establecer el nivel de aumento de los ingresos fiscales.
Así,
definiremos nuestra plataforma programática a partir de las propuestas
aprobadas y, en el caso de las reformas que involucren un importante
costo fiscal, lo haremos ordenando las propuestas de mayor a menor
preferencia, de acuerdo a la votación, y financiando –en ese orden de
preferencia– tantas reformas como lo permita el aumento de gasto fiscal
definido democráticamente.
El resultado final del proceso será una plataforma programática coherente y equilibrada en términos fiscales. Así, no solo habremos construido el Frente Amplio que soñamos: heterogéneo y con el poder en los territorios, sino que además habremos demostrado que la priorización política y la responsabilidad fiscal no requiere restringir la participación masiva y vinculante de la ciudadanía, restricción que, vale la pena recalcar, le ha quitado sustantividad a nuestra democracia.
Con todo, el éxito de esta apuesta se jugará en la cantidad de personas que al sumarse al debate decidan ser parte de la construcción territorial del Frente Amplio (acá pueden inscribirse: http://www.frente-amplio.cl/). Aunque obviamente no podemos asegurar aquello, lo que por cierto implica un riesgo político, por nuestra parte sí podemos garantizar que todos quienes participen (militantes o no militantes) tendrán la misma posibilidad de incidir en nuestras prioridades programáticas. La nuestra es una invitación honesta y llena de esperanza a pensar una nueva forma de entender la democracia.
El Senador Leahy de los EEUU pide la cancelacion del Proyecto Agua Zarca y una comision independiente para investigar el asesinato de Berta Caceres
El consejo cívico de organizaciones popular e indígena de honduras COPINH.
El 2 de marzo de 2017, el senador Patrick Leahy hizo una declaracion sobre Berta Caceres en el Senado de los EEUU. Senador Leahy concluye que "el proyecto Agua Zarca y otros similares sigan adelante ignorando las objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de subsistencia y culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos que impactan, las confrontaciones y la violencia continuarán. El gobierno hondureño, al igual que otros gobiernos de la región, deben cambiar su manera de hacer negocios en áreas en las que los derechos e intereses de los pueblos indígenas han sido violados e ignorados. Dada su vergonzosa historia, el proyecto Agua Zarca debería ser cancelado."
El 2 de marzo de 2017, el senador Patrick Leahy hizo una declaracion sobre Berta Caceres en el Senado de los EEUU. Senador Leahy concluye que "el proyecto Agua Zarca y otros similares sigan adelante ignorando las objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de subsistencia y culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos que impactan, las confrontaciones y la violencia continuarán. El gobierno hondureño, al igual que otros gobiernos de la región, deben cambiar su manera de hacer negocios en áreas en las que los derechos e intereses de los pueblos indígenas han sido violados e ignorados. Dada su vergonzosa historia, el proyecto Agua Zarca debería ser cancelado."
Ademas el senador declara que analiza la situacion de los 8 acusados por el asesinato de Berta y declara que "es
inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que este indignante
crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin órdenes de
arriba" y hace un llamado para una comision independiente.
Su declaracion empieza con lo siguiente:
"Señor
Presidente, quiero llamar la atención del Senado sobre el hecho de que
ha transcurrido ya un año desde el asesinato de Berta Cáceres, una
renombrada activista indígena hondureña que dedicó — y finalmente entregó — su vida a defender la tierra, el agua y otros recursos naturales del pueblo lenca.
Luego de un intento inicial por parte de la policía hondureña — e incluso de algunos altos funcionarios — de
retratar falsamente el homicidio como un crimen pasional, una nada
infrecuente estrategia para encubrir la complicidad oficial en estos
casos, ocho hombres han sido arrestados incluyendo uno en servicio
activo y dos oficiales militares en retiro.
Aunque
funcionarios hondureños han negado cualquier participación del gobierno
en el asesinato de la Señora Cáceres y minimizado el arresto del Mayor
Mariano Díaz, presurosamente dado de baja del ejército, hay razones para
mantenerse escéptico.
Díaz,
un condecorado veterano de las Fuerzas Especiales, fue nombrado jefe de
inteligencia del ejército en 2015 y para el momento del asesinato se
encontraba, según informes, en proceso de ser promovido a teniente
coronel. Se afirma también que otro sospechoso, el teniente Douglas
Giovanny Bustillo, ingresó al ejército al mismo tiempo que Díaz. Los dos
sirvieron juntos y aparentemente mantuvieron contacto luego de que
Bustillo se retirara en 2008.
Es
particularmente inquietante y significativo que, según reportes de
prensa, tanto Bustillo como Díaz pudieron haber recibido entrenamiento
militar por parte de los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry
Javier Hernández, fue francotirador de las fuerzas especiales que
trabajó bajo el mando de Díaz. También parece haber sido informante de
inteligencia militar luego de abandonar el ejército en 2013.
Según
reportes de prensa, el primer sargento Rodrigo Cruz, un ex oficial del
ejército que desertó luego de la muerte de Cáceres y permanece hasta hoy
escondido, afirmó que el alto mando del ejército hondureño entregó al
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en la que se
encuentra la unidad a la que él pertenecía, una “lista negra” de
objetivos con nombres y fotografías de activistas a ser asesinados, y
que el nombre de Cáceres figuraba en esa lista. Esto suena muy parecido a
los escuadrones de la muerte de El Salvador durante los ochenta.
Cinco
civiles sin registro militar conocido también han sido detenidos. Entre
ellos se encuentra Sergio Rodríguez, un ejecutivo de la represa
hidroeléctrica Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se opuso durante largo
tiempo.
Dicho
proyecto es liderado por Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), con
financiación internacional y el decidido respaldo del gobierno
hondureño. De acuerdo con reportes de prensa, el presidente de la
compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de
inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, un
ex-ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe
de seguridad entre 2013 y 2015.
La
señora Cáceres reportó múltiples amenazas de muerte relacionadas con su
campaña contra la represa, incluyendo varias provenientes de empleados
de Desa. El gobierno hondureño ignoró en su mayoría sus pedidos de
protección, y Desa continua negando cualquier participación en su
asesinato.
Señor
presidente, es inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que
este indignante crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin
órdenes de arriba. La pregunta es si la investigación identificará a los
autores intelectuales, cosa que casi nunca ocurre en Honduras. De
hecho, como Global Witness, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos y otros han documentado, ha habido decenas de asesinatos de
activistas ambientales en Honduras que no han sido nunca investigados de
manera creíble y por los cuales nadie ha sido castigado."
La declaracion completa del Senador Leahy esta disponible en su pagina: https://www.leahy.senate.gov/p ress/statement-of-senator-patr ick-leahy-on-berta-caceres
jueves, 9 de marzo de 2017
Alerta! Atentan contra las radios comunitarias de COPINH
El consejo cívico de organizaciones popular e indígena de honduras COPINH.
Alerta Alerta
Alerta Alerta
Atentan contra las radios comunitarias de COPINH
El COPINH rechaza enérgicamente el atentado contra la radio la Voz Lenca
de san Francisco Lempira y el operador de la radio Aurelio Díaz; a las 7
de la noche de este día 8 de marzo de 2017 llegaron varias personas
armadas con piedras y las lanzadoron contra la puerta de la radio,
enviadas por las autoridades de turno. Este es una vez más de
querer acallar e intimidación a las voces que denuncian las injusticias
como es el caso de las cinco concesiones en el rio San Juan entre los
municipios de Erandique Lempira, san Marcos de la Sierra, san Francisco
Lempira ya que el alcalde Elmer Noel Molina ha dado permiso de operación
a beneficios de la corporaciones
El COPINH reafirma que continuamos con nuestro compromiso y acompañamientos a las comunidades, que sigue en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, las radios son parte del COPINH.
El COPINH al estado de Honduras exigimos justicia por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internaciónal de estar vigilantes por cualquier situación contra el COPINH que los grupos de poderes económicos y políticos estén planeando contra nuestras radios comunitarias lencas
El COPINH reafirma que continuamos con nuestro compromiso y acompañamientos a las comunidades, que sigue en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, las radios son parte del COPINH.
El COPINH al estado de Honduras exigimos justicia por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internaciónal de estar vigilantes por cualquier situación contra el COPINH que los grupos de poderes económicos y políticos estén planeando contra nuestras radios comunitarias lencas
Dado a los 8 días del mes de Marzo de año 2017 en la Cruz Concordia, San Francisco Lempira
Berta vive,
COPINH sigue
COPINH sigue
lunes, 13 de marzo de 2017
Honduras: "Tras elecciones primarias, vienen escenarios difusos y gelatinosos en política"
Con
serias denuncias de abusos, sobornos para favorecer a determinados
candidatos, sobre todo de la oficialidad, amenazas y violencia dentro de
los centros de votación, se celebraron las elecciones primarias en
Honduras.
Y los resultados aún no están al cien por ciento pero las tendencias son irreversibles a nivel presidencial, donde no hay sorpresas. Tal y como dictaba la lógica, la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación, Libre, es Xiomara Castro, quien ocupaba la candidatura en 7 de los 9 movimientos internos. Igual que en el Partido Nacional con el ahora candidato presidencial Juan Orlando Hernández que no tenía contrincante fuerte. Las dudas se despejaron en el Partido Liberal, donde Luís Zelaya venció a los otros cuatro competidores, entre ellos Gabriela Núñez.
“No hubo sorpresas en cuanto al resultado, en el Partido Nacional sobre todo. Cualquier persona que analice la dinámica política en el país se da cuenta que este es un plan bien ideado, bien estructurado, todos los engranajes marchando hacia ese objetivo. Lo que vimos fue una vuelta de tuerca más. Él (Juan Orlando Hernández) lo planteó como un partido de dos tiempos, dijo ya ganamos el primer tiempo y dijo nos mantenemos sólidos y firmes para el segundo” analizó la politóloga Ana Ortega.
Los resultados brindados por el Tribunal oficializan la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández, a pesar de la prohibición que establece la Constitución de la República.
“A mí me preocupa el hecho que una candidatura totalmente ilegal y violatoria de la Constitución de la República esté allí presente ante la vista y paciencia de toda la sociedad. Para mí es sumamente preocupante que sea ya un hecho totalmente aceptado. Han querido dar la impresión que las elecciones internas son casi como las nacionales, una especie de anticipación de lo que viene”, expresó el ex diputado y analista político Efraín Díaz Arrivillaga.
Escenarios
Y los resultados aún no están al cien por ciento pero las tendencias son irreversibles a nivel presidencial, donde no hay sorpresas. Tal y como dictaba la lógica, la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación, Libre, es Xiomara Castro, quien ocupaba la candidatura en 7 de los 9 movimientos internos. Igual que en el Partido Nacional con el ahora candidato presidencial Juan Orlando Hernández que no tenía contrincante fuerte. Las dudas se despejaron en el Partido Liberal, donde Luís Zelaya venció a los otros cuatro competidores, entre ellos Gabriela Núñez.
“No hubo sorpresas en cuanto al resultado, en el Partido Nacional sobre todo. Cualquier persona que analice la dinámica política en el país se da cuenta que este es un plan bien ideado, bien estructurado, todos los engranajes marchando hacia ese objetivo. Lo que vimos fue una vuelta de tuerca más. Él (Juan Orlando Hernández) lo planteó como un partido de dos tiempos, dijo ya ganamos el primer tiempo y dijo nos mantenemos sólidos y firmes para el segundo” analizó la politóloga Ana Ortega.
Los resultados brindados por el Tribunal oficializan la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández, a pesar de la prohibición que establece la Constitución de la República.
“A mí me preocupa el hecho que una candidatura totalmente ilegal y violatoria de la Constitución de la República esté allí presente ante la vista y paciencia de toda la sociedad. Para mí es sumamente preocupante que sea ya un hecho totalmente aceptado. Han querido dar la impresión que las elecciones internas son casi como las nacionales, una especie de anticipación de lo que viene”, expresó el ex diputado y analista político Efraín Díaz Arrivillaga.
Escenarios
El
proceso electoral en Honduras, compuesto por elecciones primarias y las
generales de noviembre próximo, se dan en medio de fuertes
cuestionamientos.
Según el analista político y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, sacerdote jesuita Ismael Moreno, la política para los próximos meses va a girar en torno a los ahora candidatos presidenciales. Sin embargo, hay otros factores que estarían presentando escenarios difusos y gelatinosos.
“Un escenario bastante difuso, yo diría gelatinoso. Por una parte tendremos la euforia oficialista centrada en presentar la campaña política electoral como un ejemplo de democracia, convocando toda la población a las urnas y presentando propuestas basadas en profundizar los programas asistenciales; por otra parte va ser un escenario de confrontación, donde el gobierno va a asumir el rol de 'bueno' y los de la oposición van a ser presentados como 'los malos'", dijo Moreno.
El sacerdote señala que estos escenarios van a tener otros actores. Uno de ellos son los juicios que se están llevando a cabo en Nueva York. “Eso es muy importante porque tiene que ver con altos personajes de la política, en primer lugar del Partido Nacional, pero también de los otros partidos”.
Otro escenario posible es que van a tratar de presentar al bipartidismo tradicional como el verdadero protagonista del proceso electoral, con el fin de arrinconar a la alianza político electoral conformada por Libre, Pac y Pinu.
“Son escenarios complejos, artificiales, donde se pretende presentar la realidad de acuerdo con los intereses del oficialismo, tratando de ocultar los dinamismos de fondo como, por ejemplo, la profunda corrupción e impunidad en la que está sembrada la base del proceso electoral. Se va a tratar de ocultar la ilegalidad sobre la que está montado el proceso electoral, presentando al bipartidismo como el elemento que hay que apoyar", concluyó Moreno Moreno.
De la política y sus cuitas
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
En el primer artículo me réferi a la política como espectáculo, forma de hacer política que Giovanni Sartori denomina video política, se trata de la política en “imágenes”, fundamentada en la exhibición de personas, el autor enfatiza que es “una política dirigida y reducida a episodios emocionales , decapitando o marginando a las cabezas que hablan, razonan y discuten problemas, eso porque la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de imágenes candentes que agitan nuestras emociones y sentidos”, efectivamente, a juzgar por lo que vimos en las recién pasadas elecciones, el acto votar pareciera cada vez más alejado de la racionalidad más elemental.
En esta segunda parte, abordaré de manera breve y sin pretensión de exhaustividad, el momento de inflexión en que según el enfoque de la política como sistema, desaparece la distinción legal/no legal y la política converge con la criminalidad. En su libro, “La política de la sociedad”, Luhman lo plantea:
Muchas y frecuentemente indispensables prestaciones sociales adoptan la forma de joint ventures entre política y criminalidad. Una vez que se han rebasado valores límite, la ilegalidad se convierte en un recurso generalizable, aplicable para muchos fines —aprovechando, precisamente, que su empleo no ha de ser conocido—.[…].El éxito de la mafia, pero también de muchas otras conductas desviantes, puede explicarse en virtud de que trabajar de forma efectiva es algo que sólo puede ser motivado en el medio de la ilegalidad”(Luhman, 2009: 344).Antes de llegar a ese momento de inflexión, vale la pena resaltar los graves vacíos de institucionalidad del Estado hondureño; al punto que ni siquiera llegamos a consolidar una burocracia, en el sentido que plantea Weber. Basta un breve análisis de nuestra historia y cultura política para comprobar que nos quedamos en un Estado y una cultura política patrimonialista, que explica, la conducta del funcionario que no distingue entre los bienes públicos y los de su propiedad y maneja los primeros como si fueran de su propio patrimonio.
Sin embargo, no pasa nada, la ciudadanía lo reelige a pesar que esta práctica es el correlato de la impunidad y de la corrupción que nos empobrece. Es evidente que los bienes públicos se utilizan para sostener la adhesión de las y los votantes, sin que haya ninguna consecuencia, más que la cierta posibilidad de reproducir y mantenerse en el poder.
Pero los bienes públicos no son suficientes para mantener las redes clientelares y los niveles de vida de las y los políticos, la fastuosidad y el derroche de que hacen gala ha pasado a ser una especie de atributo de la clase política, para mantenerlo y detentar poder, pareciera que todo vale. Más aún, si tienen la certeza que provee la impunidad que paso a paso han ido tejiendo a su alrededor. Se sabe que en el núcleo duro del poder, en su constitución ontológica, persiste la tendencia a la opacidad, la secretividad, la concentración y la perpetuación, de allí la necesidad del control, de los llamados balances y contrapesos que provee la institucionalidad, si esta no existe, producto de la captura del Estado. ¿Qué podría impedir o limitar el vínculo entre política y criminalidad?
Volviendo al análisis de la política como sistema, vele recalcar que la expansión técnica de la política siempre ha dependido del medio de comunicación de sistema económico; “el dinero”, el problema radica en la des diferenciación del sistema político por el dinero, lo cual impide a la política dar cuenta de su entorno, todas sus operaciones giran alrededor del sistema económico y su medio de comunicación; el dinero.
La influencia del dinero en la elección de cargos de dirección y de elección popular en los partidos políticos, los gastos cada vez más elevados en las campañas políticas, la compra de votos, la circulación de dinero en los congresos (en forma de subsidios u otras prebendas al interior del congreso y de sobornos a los diputados desde fuera del congreso) y en general la supremacía del dinero en espacios de toma de decisión política, es aceptada como dinámica regular del sistema político, y aun si se comprobara no anula la “legalidad” de las operaciones políticas sobre las que el dinero incide e incluso llega a determinar.
En la actual sociedad de consumo el dinero tiene mayores posibilidades de condicionamiento o motivación, en tanto se erige como medida de éxito. Luhman afirma que Derecho y Dinero ofrecen motivos externos para ajustar el propio comportamiento a determinadas condiciones, lo cual explica por qué el poder político depende materialmente de estos para lograr sus fines. Si la frontera entre lo legal/no legal, desaparece porque el sistema jurídico ha sido también intervenido, ya sea por el sistema político o por el económico, entonces, el origen o reproducción del dinero se torna irrelevante, tanto si es legal o ilegal. Una vez que se realiza la transacción o cualquier otra forma de comunicación mediada por la diferencia pagar/no pagar se derivan otras comunicaciones, con independencia del origen. En el lenguaje de lo cotidiano se podría afirmar que no solo se “lava el dinero”, sino también lo que con este se hace. En nuestra sociedad, agrega Luhmann, el dinero ha tomado la forma de una construcción del mundo.
Si el dinero se erige como medio generalizable más allá del sistema económico, deja de sorprender cuando se introduce como medio de comunicación de otros sistemas, especialmente del sistema político y; ciertamente sin restricciones, dado el carácter de “amoralidad” del medio. En ese contexto, la narco actividad se convirtió en un importante motor de acumulación que rebasó los límites del sistema económico y por la relación de dependencia del sistema político, era de esperar su extensión a la política, configurando así la llamada “Narco política”, a principios del siglo XXI se advertía:
La necesidad no sólo de mantener aparatos partidarios en funcionamiento permanente sino, además, la de llevar a cabo campañas electorales crecientemente costosas, ha colocado a los partidos frente al problema de tener que recaudar grandes sumas, sin indagar muchas veces el origen de esos dineros o, incluso, cerrando los ojos ante lo obvio de los hechos. Se ha ido abriendo así, paulatinamente, la puerta al financiamiento ilegal, al predominio cada vez mayor de fuertes grupos económicos, al tráfico de influencias y al flagelo del narco-financiamiento (Zovatto, 2004: 5).En el caso hondureño a juzgar por lo que se está develando en Estados Unidos, lo cual tampoco es casualidad, dados los altos niveles de impunidad prevalecientes en el país, la vox populi hablaba del narco financiamiento a la política, no solo a actividades de campaña sino a otras dimensiones o esferas de la política, desde hace muchos años, al parecer solo las instituciones del Estado encargadas de vigilar y hacer cumplir la legalidad, específicamente los operadores de justicia “desconocían el hecho”.
Con relación al papel del ciudadano, reducido a su mínima expresión de votante cada cuatro años y presa de las redes clientelares, tampoco es mucho lo que se puede esperar, como bien se afirmaba hace casi dos siglos, en 1878, cuando el principio de “representación” apenas comenzaba su larga historia de “suplantación”. La coincidencia con la coyuntura actual no es casualidad, al contrario, ha sido una constante, inevitable oxímoron de la “democracia-representativa”:
Las instituciones representativas tienen poco valor y pueden ser simples instrumentos de tiranía o de intriga, cuando la masa de los electores no se interesa lo bastante en el gobierno, o cuando la mayor parte de los electores, en vez de votar según los motivos del bien público, venden su sufragio lo dan ha instigación de alguna persona influyente, cuyas simpatías tratan de captarse por razones de conveniencia. La elección popular practicada en esta forma, en vez de garantía contra un mal gobierno, es solamente una rueda más en su mecanismo (Stuart Mill, 2001: 17).Bibliografía
Luhmann, Niklas. (2009). La política como sistema, lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrete, México D.F. Universidad Iberoamericana.
Stuart Mill, John. (2001). Consideraciones sobre el gobierno representativo, Madrid, España, Alianza editorial.
Zovatto, Daniel (2004). Dinero y política en América Latina: Una visión comparada. San José, Costa Rica, Cuadernos de Ciencias Sociales # 130, FLACSO.
* Politóloga. Presidenta de la Junta Directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
¿ZEDE en Trujillo? Empresa eólica de cartón demandó por USD $51 millones a la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro
La empresa LOGIX aparentemente pretende la construcción del Parque Eólico Punta Castilla sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con la comunidad Garífuna. La Sra. Genica Alane Reyes Alvarez, cuando actuaba como presidenta de la comunidad, firmó el contrato en el cual cede el usufructo de 1852 hectáreas del paraje conocido como Barranco Blanco, el que se encuentra registrado a favor de la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro desde el año 1996.
Existe un testimonio del contrato asentado en la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de enero de 2013. Tanto el contrato como sus detalles fueron ocultados de forma deliberada por la junta de la Comunidad de Cristales y Río Negro al pueblo de Trujillo.
LOGIX inicia el proceso en contra de la comunidad a raíz de la donación de un terreno en Barranco Blanco a una compañía guatemalteca que pretendió la construcción de una desfasada refinería de hidrocarburos en las inmediaciones de la Laguna de Guaymoreto, la cual fue rechazada en un cabildo abierto efectuado en noviembre del año pasado.
Aparentemente LOGIX es una empresa de cartón, supuestamente dedicada a las telecomunicaciones y registrada en Panamá y en Honduras se encuentra registrada en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde aparece como contacto el Sr. Eduardo Luciano Santiago. La información existente sobre la compañía es casi nula, dando lugar a pensar que no es más que una empresa de cartón,
La Bahía de Trujillo se ha convertido en el paraíso de piratas, narcos y saqueadores. La rapiña territorial que se inició en la comunidad de Guadalupe desde antes del golpe de Estado, y la cual fue denunciada debidamente ante la Fiscalía de las Etnias, se incrementó después de junio de 2009, culminado con la inconsulta demolición de buena parte de la comunidad de Río Negro, cuyos habitantes fueron amenazados de expropiación forzosa por el Rey del Porno (Randy Jorgensen) para la construcción del muelle de cruceros denominado Banana Coast.
Posteriormente la mafia canadiense asociada al Rey de Porno se apropió del corredor Guadalupe Trujillo, donde aparecieron los emporios de Carivida, Njoy, Bahía Tranquilidad y otros más. Estos proyectos de supuesto desarrollo no fueron consultados de forma previa con la comunidad; de igual manera sucedió con la refinería de petróleo y la empresa eólica.
Condenamos y rechazamos la actitud asumida por la empresa LOGIX de demandar a la comunidad por un supuesto incumplimiento del contrato firmado a espaldas del pueblo, es una violación al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, situación que se ha repetido de forma sistemática en la Bahía de Trujillo.
La consulta previa, libre e informada no consiste en una reunión a puertas cerradas con algunos miembros de la comunidad, y mucho menos cuando se otorgan prebendas económicas o simplemente promesas de proyectos sociales.
Trujillo después del golpe de estado y con la llegada del proyecto racista y neocolonial de las Ciudades Modelo (ZEDE), se ha convertido en el objetivo de las pretensiones de la élite de poder de Honduras y de inversionista extranjeros, que aprovechando la inexistencia en el país de un estado de derecho, pretende saquear el territorio para desplazar a la población local e instaurar emporios económicos donde el racismo y exclusión desterraran a la población Garífuna de lo que fue nuestro primer asentamiento en la costa norte de Honduras.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
CHILE
No+AFP: “El Gobierno se está alineando con la propuesta previsional del empresariado”
Montserrat Rollano |Sábado 4 de febrero 2017 16:16 hrs.
Desde
la Coordinadora criticaron la propuesta del Ejecutivo de que el 5 por
ciento adicional de cotización vaya, en parte, a las cuentas
individuales. Según el movimiento este es signo inequívoco que el
Gobierno "no se la va a jugar por dar una solución real” para el sistema
previsional.
Desde agosto pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés se encuentra trabajando con los distintos partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un acuerdo en la materia.
Esto luego de que la Presidenta de la República anunciara en cadena nacional su propuesta para reformular el actual modelo previsional, la que contempla entre otras cosas, un alza del 5 por ciento en la tasa de cotización con cargo al empleador.
Dentro del bosquejo dado a conocer este miércoles se señala que el aumento del ahorro adicional se dividiría en dos partes. Una de ellas iría a las cuentas individuales, mientras que la otra se distribuiría en varios mecanismos de carácter solidario.
Para la vocera de la Coordinadora No+AFP, Carolina Espinoza, esto demuestra que el Ejecutivo se estaría inclinando por la propuesta de los empresarios, quienes desde un principio se han opuesto a que estos fondos vayan a un fondo de reparto.
“Viene a reafirmar las sospechas que nosotros tenemos respecto de que finalmente el Gobierno va a optar por alinearse con la propuesta de los empresarios y salir airoso de un problema que ha sido puesto gracias a la movilización y a la demanda de la ciudadanía, pero que no se la va a jugar por dar una solución real”
Asimismo la dirigenta acusó que durante todo este proceso ha existido un trato desigual por parte de las autoridades con los representantes de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre con el empresariado y las administradoras de pensiones.
“No solamente vemos que en lo formal hay reuniones con mayor frecuencia con ellos (los empresarios) que con los trabajadores, sino que también sabemos que reuniones informales, reuniones de carácter privado se hacen con el sector empresarial y no así con los trabajadores, por lo tanto hay una condición absolutamente desigual”
La vocera de la Coordinadora No+ AFP reiteró su llamado a participar de la marcha del próximo 26 de marzo para manifestarse en contra del sistema de pensiones. Sin embargo, afirmó que desde la organización participarán de todas instancias convocadas por el Ejecutivo.
Del mismo modo, la dirigenta aseguró que están “llamando a todos los candidatos no sólo a la Presidencia, sino que también al Parlamento, para que se pronuncien sobre la propuesta de la Coordinadora”.
Sobre esto, Carolina Espinoza manifestó que “no hay medias tintas, o se está con la propuesta del empresariado o se está con la de los trabajadores que significa crear un nuevo sistema de pensiones”.
Superintendencia de Pensiones y AFP Planvital en pie de guerra por cierre de sucursales
El 30 de diciembre pasado, la AFP Planvital comunicó a la Superintendencia de Pensiones (SP) un plan de cierre de sucursales y centros de servicio en distintas ciudades del país -entre las regiones de Coquimbo y Magallanes-, a partir del 7 de abril de este año.Esta semana, el organismo fiscalizador exigió a la aseguradora abstenerse de llevar a cabo este proceso ya que, según sus cálculos, la planta de atención de esta AFP se reduciría en un 44 por ciento, pasando de tener 41 centros de atención a clientes, a sólo 22. El problema es que el 21 por ciento de las atenciones presenciales que realizó Planvital fue en algunas de las localidades que dejarán de contar con un punto de atención.
La Superintendencia, en vista del perjuicio que esto pudiera ocasionar a miles de clientes de la aseguradora, le remitió un oficio exigiendo que ponga freno al plan de resstructuración, considerando además que Planvital se ganó las dos últimas licitaciones por lo que un importante número de afiliados nuevos debe permanecer obligatoriamente al menos 24 meses cotizando allí.
Sin embargo, desde la aseguradora informaron que continuarán con el plan de reestructuración, ya que, a su juicio, el proceso “cumple con la normativa vigente”, por lo que llamaron a la SP a no intervenir en la concreción del plan.
“De acuerdo a la normativa, Planvital goza de plena libertad para diseñar e implementar su plan de reestructuración, siendo ésta una decisión autónoma y facultad privativa de la administradora, por lo que no es aceptable su intervención en esta materia”
Planvital justificó el cierre de algunas sucursales en la “modernización de las plataformas de servicio”, y en el uso de las tecnologías que permiten el acceso remoto para resolver las dudas y consultas de los clientes.
“El mencionado plan se enmarca en un proceso de mejora continua y de modernización de las plataformas de servicio. Estas mejoras implican un uso creciente de las tecnologías de información y el acceso remoto para realizar consultas, trámites y diversos servicios a través del rediseño de su sitio web, mayor número de módulos de autoconsulta y reforzamiento de la dotación de personal en call center. Tendencia que se observa en todas las instituciones financieras y de servicios”.
Desde la Coordinadora No+AFP, su vocero Luis Mesina señaló a través de su cuenta de Twitter que AFP Planvital mantiene “prisioneros” a los nuevos afiliados, a quienes les “hace trampa” ahora con este plan de reestructuración.
Unión Portuaria llama a trabajadores a sumarse a nueva marcha No+AFP
Publicado el 13 Marzo 2017
Escrito por El Clarín de Chile
La
cúpula de la UPCH afirmó que como trabajadores portuarios, se sumarán a
la movilización nacional, toda vez que “generar los cambios que la
sociedad chilena hoy demanda es una responsabilidad de todos, por lo que
convocamos a todos los compañeros, junto a sus familias y comunidad, a
sumarse a esta nueva marcha que, en diversas ciudades, buscará poner
presión para realizar las modificaciones que el sistema requiere”.
Además,
señalaron que ésta “no es una pelea de sólo una organización, sino que
de un país entero. Es por esto que llamamos a todos nuestros compañeros
portuarios y de otros sectores productivos del país, a plegarse a esta
movilización. La fuerza de los trabajadores es vital para llegar a buen
puerto con este movimiento, por lo que nuestro compromiso será
participar firmemente en esta instancia, a través de todos los
terminales portuarios del país”.
Añadió
Pedro Riquelme, vocero de la UPCH, que “hacer sentir el peso de los
puertos, como un sector productivo altamente importante para el
desarrollo del país, es necesario ante los tiempos que vivimos. Como
ciudadanos ya nos agotamos de los abusos cometidos por las AFP,
amparados tanto por el Gobierno, como por el empresariado. El debate
sigue latente, por lo que colaboremos en generar definiciones claras
respecto a cómo mejorar el sistema de pensiones, para provecho de todos
los chilenos, pero aún más para miles de adultos mayores que ven un
futuro desolador, a raíz de las condiciones que hoy ofrece este nefasto
mecanismo”.
Ante
esto, Riquelme hizo un llamado a todos los trabajadores del país “a
participar de lleno en la marcha del próximo domingo 26 de marzo.
Queremos cambios y los queremos ahora y, por ello, seguiremos marchando
todas las veces que sea posible, con tal de lograr que el Gobierno tenga
como prioridad el realizar los cambios que la sociedad chilena
requiere”.
CONFECh anuncia la primera Marcha Nacional del 2017 y se suman a la Marcha No mas AFP
Publicado el 12 Marzo 2017
Escrito por Colaboradores - EL CLARÌN DE CHILE
Más
de 30 federaciones de estudiantes se reunieron este sábado en una nueva
plenaria CONFECh celebrada en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Durante
más de 10 horas los dirigentes analizaron los últimos anuncios de la
Ministra respecto a la Reforma Educacional, el estado crítico de
Universidades como el ARCIS e Iberoamericana y proyectaron sus acciones
en un año que estará marcado por las elecciones presidenciales.
Al
término de la jornada por medio de una transmisión en vivo en Facebook
los voceros anunciaron su adhesión a la Marcha No más AFP para el 26 de
marzo y convocaron a la primera Marcha Nacional en rechazo a la Reforma
del Gobierno para el día 11 de abril en todo Chile.
“Tenemos
una movilización el 11 de abril, que será una movilización enmarcada en
un Rechazo a la Reforma, porque aquí la Reforma no se hace cargo de la
crisis de la Educación superior” anunció el presidente de la FECH,
Daniel Andrade.
“Lo
vamos a convocar con todos los actores de la Educación, además de ir
potenciando el Movimiento Social por la Educación, con el Colegio de
Profesores, con el movimiento secundario y con los trabajadores de la
educación” agregó.
Por
su parte Marta Cinto, vocera del CONFECh Zonal V explicó las
proyecciones indicando que “el rechazo que nosotros afirmamos el año
pasado contra la Reforma que se nos estaba presentando, la podamos
ampliar con otros actores sociales”. Ampliación que buscarán que no
quede sólo en Santiago, sino que se replique en regiones
Finalmente,
con respecto a las elecciones presidenciales, los dirigentes indicaron
que se están articulando con las coordinadoras de No más AFP, Ni Una
Menos, movimiento de pobladores y medioambientales, para levantar una
“Coordinadora de Movimientos Sociales”, “porque este año tenemos que
enfrentar el escenario electoral en unidad para que, efectivamente, los
Movimientos Sociales sean los que marquen la pauta” sostuvo Andrade.
Ataque en La Araucanía: Comunidades rechazan aplicación del estado de excepción
Natalia Figueroa |Lunes 13 de marzo 2017 20:47 hrs.
Luego
de que la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile
(CNTC) solicitara la presencia de Fuerzas Armadas en la zona, producto
de los alcances de los hechos ocurridos el pasado domingo, desde las
organizaciones mapuches criticaron el llamado del gremio de
transportistas: "Si se decretara la excepción reflejaría la incapacidad
del Estado para dialogar con el pueblo mapuche".
A
raíz de los hechos ocurridos la madrugada del domingo, donde se
encontraron 19 camiones quemados, 9 acoplados y un galpón al norte de
Temuco, el directorio de la Confederación Nacional del Transporte de
Carga de Chile (CNTC) solicitó al Gobierno declarar estado de excepción
en La Araucanía.
Los camioneros viajaron hasta Santiago y fueron recibidos por el ministro del ministro del Interior, Mario Fernández. Hasta este domingo, la exigencia del gremio era que el secretario de Estado, se dirigiera hasta la región, durante las siguientes 72 horas.
El gremio también pidió a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministro del Interior restablecer el estado de derecho en la región, esperando que este último acuda a un “comité de emergencia” convocado para este martes por varios dirigentes locales.
El presidente del gremio, Sergio Pérez instó a las autoridades a cumplir con las demandas de los camioneros, de lo contrario, no descartan movilizaciones: “Estamos disponibles para que conversemos en La Araucanía y para que se nos informe cuáles serán las medidas correctivas definitivas para disminuir este grave problema, fundamentalmente, para los camioneros, las forestales, los multigremios. No puede ser que tengamos que trabajar con convoyes con resguardo policial”.
Sin embargo, el ministro Fernández aclaró que no estaba dispuesto a trabajar bajo presión: “Lo voy a decir muy tajantemente, yo bajo amenazas no trabajo. No es un asunto de gustos una mayor celeridad o no porque es un hecho delictual que debe investigarse según los plazos de la ley”.
Para el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, no hubo reacción oportuna ante estos acontecimientos, siendo necesario mejorar la seguridad y desarrollar un sistema de alerta inmediata a Carabineros en estos casos. Además, informó que invocarán la Ley Antiterrorista contra los que resulten responsables por estos hechos.
El lienzo y la Ley Terrorista
En el lugar se habría encontrado un lienzo con el mensaje “sabotaje y resistencia frente a presiones capitalista dentro de nuestro Wallmapu”, adjudicándose la autoría la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Esto, motivó a que nuevamente los parlamentarios de la zona solicitaran aumentar la dotación de efectivos policiales.
El diputado de Renovación Nacional Germán Becker argumentó que este hecho “se registraría como uno de los atentados de mayor envergadura ocurridos en la zona, donde queda claro que los organismos de inteligencia no han sabido contrarrestar la acción de terroristas”. En tanto, el senador también de ese partido Alberto Espina, aseguró que si dar seguridad conlleva a que las Fuerzas Armadas asuman el control y el patrullaje en la región están dispuestos a respaldarlo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que de requerir su presencia en este comité estaba dispuesto a colaborar para resolver la situación. En esa línea, dijo esperar a que la Fiscalía actúe de manera oportuna, porque cuenta con todas las herramientas jurídicas para aplicar el máximo de rigor de la ley a los responsables de los hechos: “En una sociedad civilizada como la nuestra no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones”, señaló.
Además, para el dirigente mapuche declarar “estado de excepción” significaría que parte del país está siendo considerado como un enemigo interno, donde el término terrorismo se utiliza deliberadamente. “Es una acción antojadiza que también pretende involucrar a todos los comuneros mapuche que mantienen procesos reivindicatorios en la región”.
Además, agregó que “las autoridades han optado por la ruta de la fuerza para resolver un conflicto y si se decretara la excepción reflejaría la incapacidad del Estado para dialogar con el pueblo mapuche”.
Sin embargo, las instancias que se han conformado para revisar el tema, enfocado en terminar con la violencia rural, no han surtido efecto, porque se basan en la contingencia y no en la demanda histórica de recuperar el territorio ancestral del pueblo mapuche. Además, en la Comisión Especial para La Araucanía no hubo suficientes representantes de las comunidades. Muchos no se sumaron porque se trataba de una manera resolver un conflicto distanciándose de su propia organización política.
Radio y Diario Universidad de Chile intentó contactarse con integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco para recoger su versión de los hechos y dijeron que no se referirían al tema.
Los camioneros viajaron hasta Santiago y fueron recibidos por el ministro del ministro del Interior, Mario Fernández. Hasta este domingo, la exigencia del gremio era que el secretario de Estado, se dirigiera hasta la región, durante las siguientes 72 horas.
El gremio también pidió a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministro del Interior restablecer el estado de derecho en la región, esperando que este último acuda a un “comité de emergencia” convocado para este martes por varios dirigentes locales.
El presidente del gremio, Sergio Pérez instó a las autoridades a cumplir con las demandas de los camioneros, de lo contrario, no descartan movilizaciones: “Estamos disponibles para que conversemos en La Araucanía y para que se nos informe cuáles serán las medidas correctivas definitivas para disminuir este grave problema, fundamentalmente, para los camioneros, las forestales, los multigremios. No puede ser que tengamos que trabajar con convoyes con resguardo policial”.
Sin embargo, el ministro Fernández aclaró que no estaba dispuesto a trabajar bajo presión: “Lo voy a decir muy tajantemente, yo bajo amenazas no trabajo. No es un asunto de gustos una mayor celeridad o no porque es un hecho delictual que debe investigarse según los plazos de la ley”.
Para el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, no hubo reacción oportuna ante estos acontecimientos, siendo necesario mejorar la seguridad y desarrollar un sistema de alerta inmediata a Carabineros en estos casos. Además, informó que invocarán la Ley Antiterrorista contra los que resulten responsables por estos hechos.
El lienzo y la Ley Terrorista
En el lugar se habría encontrado un lienzo con el mensaje “sabotaje y resistencia frente a presiones capitalista dentro de nuestro Wallmapu”, adjudicándose la autoría la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Esto, motivó a que nuevamente los parlamentarios de la zona solicitaran aumentar la dotación de efectivos policiales.
El diputado de Renovación Nacional Germán Becker argumentó que este hecho “se registraría como uno de los atentados de mayor envergadura ocurridos en la zona, donde queda claro que los organismos de inteligencia no han sabido contrarrestar la acción de terroristas”. En tanto, el senador también de ese partido Alberto Espina, aseguró que si dar seguridad conlleva a que las Fuerzas Armadas asuman el control y el patrullaje en la región están dispuestos a respaldarlo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que de requerir su presencia en este comité estaba dispuesto a colaborar para resolver la situación. En esa línea, dijo esperar a que la Fiscalía actúe de manera oportuna, porque cuenta con todas las herramientas jurídicas para aplicar el máximo de rigor de la ley a los responsables de los hechos: “En una sociedad civilizada como la nuestra no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones”, señaló.
“El término terrorismo es utilizado de manera antojadiza contra el pueblo mapuche”
Sin embargo, el comunero mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, sostuvo que no hay evidencia que se trate de una organización mapuche, porque un lienzo lo puede elaborar cualquiera y podría tratarse de un autoatentado. “Este recinto tenía protección policial las 24 horas por orden de tribunales y a 300 metros hay otra cabina porque ahí hay control de Carabineros y un guardia privado. Por lo mismo, resulta al menos curioso que se hayan producido estos hechos”.Además, para el dirigente mapuche declarar “estado de excepción” significaría que parte del país está siendo considerado como un enemigo interno, donde el término terrorismo se utiliza deliberadamente. “Es una acción antojadiza que también pretende involucrar a todos los comuneros mapuche que mantienen procesos reivindicatorios en la región”.
Además, agregó que “las autoridades han optado por la ruta de la fuerza para resolver un conflicto y si se decretara la excepción reflejaría la incapacidad del Estado para dialogar con el pueblo mapuche”.
La agenda antidelincuencia
Los camioneros protagonizaron una manifestación frente a La Moneda, en agosto de 2015 cuando ingresaron con sus maquinarias a Santiago, para exigir mayores medidas de seguridad en La Araucanía. En esa oportunidad, hablaron con el ministro del interior Jorge Burgos y, según recordaron este lunes, discutieron algunos puntos de la agenda corta antidelincuencia.Sin embargo, las instancias que se han conformado para revisar el tema, enfocado en terminar con la violencia rural, no han surtido efecto, porque se basan en la contingencia y no en la demanda histórica de recuperar el territorio ancestral del pueblo mapuche. Además, en la Comisión Especial para La Araucanía no hubo suficientes representantes de las comunidades. Muchos no se sumaron porque se trataba de una manera resolver un conflicto distanciándose de su propia organización política.
Radio y Diario Universidad de Chile intentó contactarse con integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco para recoger su versión de los hechos y dijeron que no se referirían al tema.
El parlamentario explicó la posición del Frente Amplio en el escenario político.
La radiografía de Boric al parlamento: "La mayoría está ahí por relaciones clientelistas, familiares o burocracias partidarias"
por El Mostrador 13 marzo, 2017
El diputado
Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) insistió en su visión crítica al
estado actual de la política, expresado a su juicio en la composición
actual del Congreso. Según Boric, en la fundación del actual sistema, se
instaló una desconexión total con los movimientos y las luchas sociales
que se desarrollaron en el país, a partir de los años '90."El problema de fondo en esto, es que hace mucho tiempo los políticos y la política en Chile, los políticos profesionales, los políticos de la transición tomaron una decisión a lo [Edgardo] Boeninger para explicitarlo, dijeron: 'nosotros vamos a gobernar pero queremos que el pueblo se vaya para la casa'. y crearon una casta con muchos diplomas en inglés de seguro, otros operadores políticos al interior de los partidos, que dejaron de tener inserción en las luchas sociales que se estaban desarrollando a lo largo de Chile", dijo en el programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas, de TVN.
Boric, quien representa al distrito que incluye Punta Arenas en la región de Magallanes, desde 2013, explicó que a su juicio "yo veo el parlamento, en donde la mayoría de los parlamentarios, está ahí por lazos clientelistas al interior de sus distritos, burocracias partidarias o relaciones familiares, muy pocos son los que provienen de dirigencias que hayan expresado las luchas de la sociedad chilena. Los partidos políticos hoy día no representan prácticamente a nadie", aseguró.
El ex dirigente estudiantil reafirmó sus palabras ilustrando que "cuando ves el carácter de clase del parlamento, te das cuenta que no es representativo de la diversidad de Chile. Tenemos un 13% de mujeres en el parlamento.La mayoría son gente de clase alta. Tenemos un parlamento fundado en su mayoría por cuicos, machistas santiaguinos. Me incluyo dentro de la clase privilegiada, no quiero vender la pomada. Independoente de que esté la legitimidad formal, el parlamento es una de las instituciones más despretigiadas de Chile y no es representativa de la diversidad del país", enfatizó.
En este contexto, explicó la posición del Frente Amplio, del cual el Movimiento Autonomista forma parte, en el espectro político actual. "El Frente Amplio es hoy la conciencia y maduración que han alcanzado diferentes organizaciones sociales y políticas que para poder incidir en la disputa por ver hacia dónde va Chile, tenemos que levantar una plataforma coherente, sostenibles por el tiempo", dijo.
"Le vamos a disputar a la Nueva Mayoría y a la derecha en todos los lugares, sin ninguna concesión. Creemos que en Chile hay espacio para una tercera alternativa política". De paso, dejó de manifiesto que "a nosotros nos interesa hacer política, no somos apolíticos", aclaró.
Opinión
La construcción programática del Frente Amplio
por Nicolás Grau y Jaime Peña 13 marzo, 2017
El
Frente Amplio está en construcción. Sin desmerecer que una decena de
organizaciones políticas –incluyendo a las organizaciones donde
militamos– hayan logrado esta articulación, lo cierto es que la suerte
política de esta nueva fuerza emergente se jugará en su capacidad de
articular y representar los intereses y deseos de las mayorías. Se
trata, ante todo, de contribuir a que la política sea un instrumento de
autodeterminación colectiva, de hacer realidad la promesa básica de la
democracia, a saber, que los pueblos sean dueños de su destino. El desafío no es menor, pues si hay algo que no logró cambiar la Concertación, hoy Nueva Mayoría, fue mejorar la distribución de poder que se configuró a la fuerza en la dictadura. Pese a que la vida material tuvo importantes progresos en los últimos 30 años, al no verse alterada la alta concentración de la riqueza y de las decisiones económicas, en lo sustancial seguimos viviendo de acuerdo a los intereses de las minorías.
En este contexto, es que como fuerzas políticas apostaremos por hacer de la construcción de nuestro programa un momento de deliberación colectiva. Así, desde su inicio, el Frente Amplio será un instrumento político que se construirá desde los territorios, donde la heterogeneidad y democracia de base serán su mayor fortaleza.
Nuestro proceso programático tendrá tres etapas.
En una primera etapa, que se realizará desde finales de marzo y durante todo abril, habrá discusiones en las comunas. De estas discusiones surgirá un conjunto de propuestas y demandas, tanto de carácter local como nacional. Dichos encuentros serán abiertos a toda la ciudadanía que desee participar del proceso. El resultado de esta etapa será un conjunto de actas que resumirán tales propuestas. Todas estas actas serán información pública disponible en nuestra página web.
En una segunda etapa, durante el mes de mayo, grupos de apoyo programáticos organizados por áreas temáticas, harán un trabajo de síntesis para organizar y resumir las propuestas surgidas en los territorios en un listado más acotado de reformas. Estos grupos no tendrán la potestad para descartar propuestas. Al mismo tiempo, las reformas que involucren aumentos relevantes de gasto fiscal (por ejemplo, una reforma de salud) serán revisadas por un equipo que calculará el costo en régimen asociado a cada propuesta y la tramitación legislativa correspondiente. De esta manera, el producto de esta etapa será un menú de reformas especificadas con cierto detalle y con un estimado del costo fiscal de su implementación.
Con el objeto de poder sustentar el mayor gasto fiscal de nuestras propuestas, un equipo económico/jurídico trabajará en generar un conjunto de opciones para aumentar los ingresos fiscales. Estas propuestas se sumarán a las opciones de cómo generar mayores ingresos fiscales que surjan desde los territorios.
En la tercera y última etapa, que se realizará durante junio, se llevará cabo un conjunto de debates en cada uno de los distritos con las candidatas y candidatos del FA a partir de los insumos generados desde en el proceso de síntesis. En estas asambleas, además, se definirán las prioridades distritales. Luego de este período de socialización de propuestas, quienes hayan participado en el proceso podrán votar para dirimir entre propuestas excluyentes, para definir el orden de prioridad entre las distintas reformas propuestas que involucren importantes aumentos de gasto fiscal y para establecer el nivel de aumento de los ingresos fiscales.
El resultado final del proceso será una plataforma programática coherente y equilibrada en términos fiscales. Así, no sólo habremos construido el Frente Amplio que soñamos: heterogéneo y con el poder en los territorios, sino que además habremos demostrado que la priorización política y la responsabilidad fiscal no requiere restringir la participación masiva y vinculante de la ciudadanía, restricción que, vale la pena recalcar, le ha quitado sustantividad a nuestra democracia.
El resultado final del proceso será una plataforma programática coherente y equilibrada en términos fiscales. Así, no solo habremos construido el Frente Amplio que soñamos: heterogéneo y con el poder en los territorios, sino que además habremos demostrado que la priorización política y la responsabilidad fiscal no requiere restringir la participación masiva y vinculante de la ciudadanía, restricción que, vale la pena recalcar, le ha quitado sustantividad a nuestra democracia.
Con todo, el éxito de esta apuesta se jugará en la cantidad de personas que al sumarse al debate decidan ser parte de la construcción territorial del Frente Amplio (acá pueden inscribirse: http://www.frente-amplio.cl/). Aunque obviamente no podemos asegurar aquello, lo que por cierto implica un riesgo político, por nuestra parte sí podemos garantizar que todos quienes participen (militantes o no militantes) tendrán la misma posibilidad de incidir en nuestras prioridades programáticas. La nuestra es una invitación honesta y llena de esperanza a pensar una nueva forma de entender la democracia.
Coro de la U. de Concepción exige salida de directivos y anuncia paro indefinido
“Hemos decidido, como integrantes del Coro UdeC en bloque, iniciar un paro indefinido de todas nuestras actividades: no nos presentaremos a las reaudiciones, no regresaremos a los ensayos y no participaremos en conciertos ni óperas”, indicó la agrupación a través de un comunicado.
La paralización se produce luego de la renuncia de Carlos Traverso, quien dirigió el Coro desde 2008, y de diversos episodios que revelaron la crisis que vive la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción (Corcudec), de la que dependen el Coro y la Orquesta Sinfónica.
En febrero, la justicia determinó que los despidos del violinista Leandro Botto y la chelista Cecilia Barrantes fueron injustificados, por lo que Corcudec tuvo que indemnizarlos con poco más de tres millones y medio de pesos.
La semana pasada, en tanto, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que los coristas Daniela Díaz y Jorge Ibáñez fueran reintegrados a la agrupación, luego de haber sido expulsados por la administración.
En ese contexto, los coristas señalaron que no retomarán sus actividades hasta que sean removidos de sus cargos el director de Elencos Estables, Alberto Larraín, y la gerenta Lilian Quezada, quienes encabezan Corcudec.
“El Coro de la Universidad de Concepción, en sus más de 60 años de existencia, nunca había sido testigo de tanta falta de respeto y malos tratos hacia los músicos, tanto de orquesta como coro”, afirma el comunicado.
Revise aquí la declaración completa del Coro UdeC.