martes, 30 de marzo de 2021

HONDURAS: FISCALES PIDEN CÁRCEL DE POR VIDA PARA “TONY” // “TONY” PIDE CLEMENCIA A JUEZ CASTEL, SÓLO QUIERE 40 AÑOS DE CÁRCEL // LECTOR DE BIBLIA Y CONTROL DE IRA, MOTIVOS DE "TONY" PARA PEDIR PENA MÍNIMA // Radio Progreso: "El candidato de Juan Orlando Hernández siempre fue JOH" // Hospital móvil de Tegucigalpa ya no atenderá a pacientes con Covid-19 // GOBIERNO ESTÁ COMETIENDO “GENOCIDIO COVID”: IAIP // “En esta guerra estamos solos y la estamos perdiendo”: habla el personal en primera línea // Honduras: Estado desprotege a las heroínas que están en primera línea luchando contra el Covid-19 // Honduras: 6,427 femicidios entre 2005 y noviembre de 2020, según el Observatorio de la Violencia // Caritas de Honduras: Urge eliminar fraude, ambición de poder y corrupción en la clase política // Amenazas contra bosques y sus guardianes crecen de manera constante: FAO // Geopolítica y elecciones en Honduras (1era parte) Por Tomas Andino Mencía

 

HONDURAS / FISCALES PIDEN CÁRCEL DE POR VIDA PARA “TONY”

Publicado: 17 Marzo 2021

Desde octubre de 2019, Juan Antonio “Tony” Hernández (der.) ha esperado en prisión por su audiencia de lectura de condena, según el juez Kevin Castel será este 23 de marzo sin más prorrogas y, en ese contexto, los fiscales piden que el hermano del gobernante hondureño sea encarcelado de por vida.  

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

New York. La Fiscalía del Distrito Sur de New york, ha sugerido al juez Kevin Castel aplicar una condena de cadena perpetua, es decir cárcel de por vida, a Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado en octubre de 2019.

 

El exdiputado del Partido Nacional y hermano del Jefe de Estado Juan Hernández, quien también es señalado por narcotráfico, según la investigación de la Fiscalía estadounidense, fue declarado culpable de los cuatro delitos vinculantes a la narcoactividad y, desde su sentencia, se ha suspendido la audiencia de lectura de condena al menos seis veces.

 

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Los fiscales exigen una orden para incautar 138.5 millones de dólares, más de 3,300 millones de lempiras al tipo de cambio actual, además de pagar una multa de 10 millones de dólares, más de 242 millones de lempiras, según informó la periodista estadounidense, Emily Palmer del New York Times.

El documento donde la Fiscalía expone, de nueva cuenta, el perfil de “Tony”, se expone que: “Era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández,  jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado”.

 

Además, consideran que esta estructura ha sido la responsable de  “corromper las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse”.

De acuerdo a los documentos judiciales, se estima que entre 2004 y 2019, Hernández: “Consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y otros políticos asociados con el Partido Nacional”.

 

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La audiencia para la lectura de la condena esta programa para el martes 23 de marzo, destacando que el Juez Kevin Castel aseguró que no habrá  más prórroga, ya que se ha reprogramado en seis ocasiones.

Es de recordar que “Tony” fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, y a pesar de que el excongresista ya fue investigado y encontrado culpable, en Honduras no ha sido investigado y, de hecho, sólo se le ha incautado algunos bienes.

 

En otro contexto, la condena definitiva de “Tony” será emitida casi en paralelo con el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, el cual vincula nuevamente a Juan Hernández con narcoactividad.


HONDURAS / “TONY” PIDE CLEMENCIA A JUEZ CASTEL, SÓLO QUIERE 40 AÑOS DE CÁRCEL

Publicado: 27 Marzo 2021

La defensa de Juan Antonio “Tony” Hernández, ha pedido al juez Kevin Castel que aplique el mayor grado de misericordia para sentenciarlo con una mínima de 40 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares, ya que es probable que el exdiputado del Partido Nacional no salga vivo de la cárcel, según publica el portal informativo Pro Honduras Network.

Redacción Central / EL LIBERTADOR   

Tegucigalpa. Este día la defensa de Juan Antonio “Tony” Hernández, solicitó al juez Kevin Castel, la sentencia mínima obligatoria de 40 años de cárcel, señalando que es posible que Hernández Alvarado nunca salga de prisión y el abogado Peter E. Brill se dirigió al juez pidiendo que ejerza el mayor grado de misericordia e indulgencia al condenar a Tony.

 

En este documento el abogado de Hernández, afirmó que el caso de Tony es otro en una larga línea de desventuras en la intervención de política exterior emprendida por el Gobierno de los Estados Unidos, esta vez en busca del cambio de régimen en los niveles más altos de Honduras.

NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / FISCALES PIDEN CÁRCEL DE POR VIDA PARA “TONY”

 

Además, señala que al arrestar y enjuiciar al hermano del presidente de ese país es un “claro y abierto” intento de implicar al propio presidente en los presuntos crímenes de su hermano, el Gobierno estadounidense trabajó para “pisotear” la soberanía de otra nación sobre la más delgada de las justificaciones.

También el abogado se señala que él y Tony reconocen que las acusaciones son “extraordinariamente graves”. Sin embargo, su cliente las ha negado constantemente y no acepta el veredicto del jurado, porque afirma que éste recibió información “incompleta, incorrecta e inexacta sobre la cual tomar su decisión”.

 

“Nadie en Honduras consiguió que Estados Unidos se enganchara a las drogas; lo hicimos bien por nuestra cuenta, el sueño imposible de detener el flujo de drogas a los Estados Unidos es la forma en que nuestro gobierno justifica su persecución y procesamiento de los fabricantes y proveedores en todo el mundo”.

Cabe señalar que el equipo de Fiscales que llevaron a “Tony” a prisión, han pedido al juez Castel que aplique cadena perpetua por los cuatro delitos de narcotráfico; el hermano del gobernante hondureño se presentará este martes 30 de marzo para conocer su sentencia definitiva.


HONDURAS / LECTOR DE BIBLIA Y CONTROL DE IRA, MOTIVOS DE "TONY" PARA PEDIR PENA MÍNIMA

Publicado: 27 Marzo 2021

La defensa de Antonio “Tony” Hernández ha pedido clemencia al juez Kevin Castel, para que la sentencia sea la mínima de 40 años, afirmando que el exdiputado hondureño ha encontrado la paz y la iluminación divina entre las rejas.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El encierro de Juan Antonio “Tony” Hernández, declarado culpable en 2019 de cuatro delitos de tráfico de drogas, le han convertido en un “hombre de fe”, desde su captura el exdiputado del Partido Nacional y hermano del gobernante del país, ha conseguido certificados de estudios bíblicos y hasta ha aprendido técnicas para el manejo de la ira.

 

Y es que entre los documentos presentados por el abogado Peter E. Brill al juez Kevin Castel, para justificar que “Tony” merece la misericordia de la justicia norteamericana, destacan cuatro certificados de doctrina religiosa y uno por haber completado 12 sesiones sobre el control de la ira.

 

Su defensa pide al juez que “Tony” reciba una sentencia mínima de 40 años de cárcel, amparándose en que se trata de un hombre con principios y temeroso de Dios.

Estos certificados se suman a las múltiples cartas que ha enviado la familia Hernández al juez Castel, pues su madre doña María Elvira, ya ha rogado clemencia, al igual que varios de sus hermanos.

 

Sobre los diplomados por estudios religiosos, se ha comprobado que en julio de 2019, antes de que comenzara su juicio, “Tony” completó un curso sobre el evangelio de San Juan, obteniendo una nota de 90% en dicho curso.

Posteriormente el 20 de agosto de 2019, recibió una certificación por el curso “Doctrina Bíblica Vol. 1”, aprobado con una nota de 93%. En tanto, El 1 de Octubre de 2019 le llegó otro certificado “Doctrina Bíblica Vol. 2”, donde calificó con 98%.

Para el 5 de noviembre, después de que fuera declarado culpable, el exdiputado hondureño recibió un diploma por estudios en “Hechos Vol. 1”, obteniendo un puntaje de 99%, todos estos cursos los recibió entre las rejas.


HONDURAS / “CLEMENCIA POR MIS HIJOS”: MADRE DE "TONY" Y "JOH" EN CARTA A JUEZ CASTEL

Publicado: 27 Marzo 2021

Este martes 30 de marzo, “Tony” Hernández será sentenciado por los cuatro delitos de narcotráfico por los que fue encontrado culpable en noviembre de 2019, en ese contexto, doña María, madre del gobernante hondureño, ha enviado una carta al juez Kevin Castel rogando “clemencia por mis hijos”.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. María Elvira Alvarado, madre de Juan Orlando y Juan Antonio “Tony” Hernández, ha escrito de forma directa al juez del Distrito Sur de New York, Kevin Castel, rogando que tenga compasión y clemencia para sus hijos a tres días de que “Tony” reciba su sentencia definitiva por los cuatro delitos de narcotráfico por los que fue encontrado culpable.

 

NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / “TONY” PIDE CLEMENCIA A JUEZ CASTEL, SÓLO QUIERE 40 AÑOS DE CÁRCEL

 

“Le estoy orando a nuestro señor Jesucristo para que usted sea iluminado con la ley divina y justa porque en sus manos esta el caso que sea considerado mi hijo es inocente”, escribe doña María al juez Castel.

Y en el documento, debate que “Tony” ha caído preso por mentiras, “sentí herido mi corazón al escuchar tanta mentiras, con que facilidad denigran a las personas”.

La carta llego a manos de la Corte del Distrito Sur por manos del abogado defensor de Hernández, y ha sido publicada por el portal informativo Pro Honduras Network.

 

A continuación el documento íntegro:

 Sr.  Juez.

Kevin Castell.

 

Su oficina.

María Elvira alvarado V. de Hernández.

Le saludo de Gracias Lempira C.A.

Soy la madre de juan Antonio hernandez Alvarado. Le estoy orando a nuestro señor Jesucristo para que usted sea iluminado con la ley divina y justa porque en sus manos esta el caso que sea considerado mi  hijo es inocente. Escuche palabras para el juradoy sentí que es hombre justo, Dios le de sabiduría mi sufrimiento esta en manos de cristo jesus porque el con el los corazones de todo ser humano. con el respeto que merece Sr juez que sentí herido mi corazón al escuchar tanta mentiras, con que facilidad denigran a las personas. que triste no conocer al ser que nos dio la vida y que nos pedirá cuenta. Sr juez le pido clemencia por mis hijos los conoce Antonio es temeroso de Dios. sus hijitos le piden a jesus que les mande a su papá la niña de 6 años arrodillándose la iglesia que jesus les mande a su papá que pesar por algo injusto, Sr juez, hay muchos amigos orando por juan antonio sacerdotes arzobispo y muchas personas por la libertad de antonio. Sr juez ten compación por misericordia. salmo 26-v.12. librame de afán de mis contrarios pues contra mi se levantaran falsos testigos, que lanzan amenazas. Dios le bendiga toda su vida y el espíritu santo le de reflejada la de decision justa que agrada  a Dios.

Sr juez mi agradecimiento hoy y siempre

respetuosamente










HONDURAS / HERMANO DE “TONY” TAMBIÉN IMPLORA CLEMENCIA AL JUEZ CASTEL

Publicado: 27 Marzo 2021

“Vengo humildemente a usted, señoría, para implorar clemencia hacia el caso de mi hermano”, con esas palabras se ha dirigido el veterano coronel y abogado, José Amílcar Hernández, al juez Kevin Castel a tres días de que “Tony” reciba su sentencia definitiva por los delitos de narcotráfico por los que fue declarado culpable.


Redacción Central / EL LIBERTADOR   

Tegucigalpa. El veterano coronel y profesional del derecho, José Amílcar Hernández, al igual que su madre, doña María Elvira Alvarado, ha enviado una carta al juez Kevin Castel para interceder por su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien este martes 30 de marzo sabrá la sentencia definitiva por los delitos de narcotráfico por los que se le declaró culpable en octubre de 2019.

 

NOTA DE INTERÉS: HONDURAS / “CLEMENCIA POR MIS HIJOS”: MADRE DE "TONY" Y "JOH" EN CARTA A JUEZ CASTEL

El castrense ha dicho al juez Castel que “Tony” siempre ha sido un hombre de negocios y que ha heredado de su extinto padre la vocación por tener una vida digna con base al trabajo y esfuerzo propio, reprochando que no fueron criados para adorar el “dinero fácil”.

 


A continuación la carta, traducida al español por el portal de noticias, Pro Honduras Network:

 

Washington DC, 27 de marzo de 2021.

 

Honorable P. Kevin Castel

Juez de Distrito de los Estados Unidos Noviembre 09, 2019

Estados Unidos contra Juan Antonio Hernandez Alvarado, S2 15 Cr. 379 (PCK)

 

Estimado juez Castel, Mi nombre es José Amilcar Hernández Flores, soy el hermano doce de Juan Antonio, veterano militar con rango de Coronel y abogado autorizado para ejercer la abogacía en la República de Honduras. Le presento humildemente la siguiente carta, con el mayor respeto y honor que tiene su investidura, para brindarle los antecedentes de nuestra familia y del carácter y situación actual de Juan Antonio. Nuestra familia nació y se crió en el pequeño pueblo de Gracias del estado de Lempira, República de Honduras. Nuestra crianza fue de un hogar modesto, que se caracterizó por el sentido de respeto de nuestro Padre por la tierra, el cumplimiento de las tareas de la casa y trabajar siempre duro y responsablemente para contribuir a nuestra sociedad.

En ningún momento, Señoría, donde pensamos o guiamos hacia una vida deshonesta o que incentivó a hacer dinero “fácil”. De ahí que dejé mi ciudad natal para alistarme en el ejército, donde hice carrera y en paralelo estudié derecho. El valor de nuestro Padre hacia la educación y el trabajo arduo es el legado más importante que dejó a nuestra familia. Era un hombre que valoraba las cosas pequeñas y sencillas de la vida y constantemente pensaba que nos esforzáramos por tener una vida digna y honorable, que debería lograrse a través de la educación.

 

También pensamos que el camino que elegimos debe hacerse con el más alto nivel de responsabilidad, lealtad, sacrificio y honor y valor del servicio brindado por los demás. Así, desde que dejé mi ciudad natal y volví a ver a Juan Antonio de joven, conocí a un hombre que estudiaba derecho y que ya había formado su propia familia, instalándose en la tierra accidentada y árida que heredó de nuestro padre. En ese momento, Juan Antonio y su esposa estaban comenzando un pequeño negocio de alimentos, donde atendían eventos, y en el que cocinaba y asaba cada evento. En ese momento supe que nuestro hermano menor había heredado la ética de trabajo honesto y arduo que nuestro Padre pensaba que nosotros.

 

Juan Antonio (como la mayoría de nuestra familia, hablando en términos generales porque este era un valor fundamental de nuestra familia) es un profesional y hombre de negocios que anhela mantener a su familia. Es padre de cuatro hijos, desde los 21 hasta los 5 años, y que actualmente atraviesa la prueba de su vida que solo podría estar marcada por el destino o que Dios podría haber permitido.

Es un hombre con debilidades, como cualquier otro, pero que ha sido descrito con palabras que realmente no se ajustan a su estilo de vida. Esto se confirma a través de las deudas actuales que mantiene para mantener a su familia, el difícil proceso que ha supuesto el pago de su defensa legal y las deudas que mantiene a través de sus gestiones comerciales. Dada su situación actual, corre el riesgo de perder la posibilidad de ver crecer a sus hijos y mantenerlos.

 

También es un hombre que está a punto de perder su libertad por el error de quedarse con amigos o conocidos que han tomado un camino equivocado y que han provocado daños irreparables en su vida sin que él participe jamás en sus actividades ilícitas. En consecuencia y ante la constante retórica de Juan Antonio: ¿Por qué yo? Que hice, es que vengo humildemente a usted, señoría, para implorar clemencia hacia el caso de mi hermano. Como Juez a cargo de su caso y como Administrador de Justicia en este Distrito, les imploro respetuosamente que brinden la justicia que se merece mi hermano. Sabiendo que este padre de familia, hermano e hijo ha sido un ciudadano que siempre ha actuado dentro de la ley; así como, un hombre que trabajó arduamente para brindar financiamiento a comunidades en riesgo durante su etapa como diputado congresista, y que no es culpable de los delitos que se le imputan.

 

De mis visitas y discusiones recientes con él, su mayor pesar es tener la compañía de un hombre que lo ha incriminado injustamente, arruinando así su vida. Posteriormente, Señoría, sepa que cualquier sentencia que le dé a mi hermano será tomada con la convicción y humildad de que “toda autoridad viene de Dios y debe ser obedecida”. Sin embargo, si Su Señoría escucha el grito de piedad y clemencia de este hermano mayor para su hermano menor arrepentido, habrá hecho justicia.

 

Respetuosamente, un hombre angustiado que busca la libertad de su hermano menor.

 

Respetuosamente. José Amilcar Hernández Flores

 


HONDURAS / RICARDO, MARVIN, CHINCHILLA, PONCE Y OTROS DE “INTERÉS” EN JUICIO NARCO

Publicado: 09 Marzo 2021

En el segundo día del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, la Fiscalía del Distrito Sur de New York ha compartido la lista de personas de interés en este caso, en ella destacan: Marvin Ponce, Ricardo Álvarez, Óscar Chinchilla, Óscar Nájera, entre otros.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Hace unos momentos se ha liberado el nombre de Juan Hernández y otras 47 personas más que son de “interés” para el caso de Geovanny Fuentes Ramírez. En este segundo día los fiscales han descrito paso a paso cómo habría nacido la asociación entre Fuentes y Hernández.

Además se ha hecho pública una lista, que hasta el momento es de 48 personas, de “personas de interés” para los Estados Unidos.

 

Personas de interés (cortesía Pro Honduras Network):

Ricardo Antonio Álvarez Arias

Amilcar Alexander Ardón Soriano, a/k/a “Chande”

Hugo AIfredo Ardón Soriano

Juan Manuel Ávila Meza

Julio Cesar Barahona

Juan Carlos Bonilla Valladares, a/k/a “Tigre”

Mario José Cálix

Soraya Cálix

Rafael Leonardo Callejas

Fernando Josué Chang Monroy, a/k/a “Jack”

Oscar Chinchilla

Víctor Hugo Díaz Morales, a/k/a Rojo”

Sergio Neftalí Mejía Duarte

Reynaldo Geovanny Ekonomo Funes

Héctor Emilio Fernández Rosa

Cristian Fuentes

Geovanny Daniel Fuentes Ramírez

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, a/k/a “Chapo”

José Miguel Handal Pérez, a/k/a “Chepe Handal”

Hernán Hernández

Hilda Hernández

Juan Antonio Hernández Alvarado

Juan Orlando Hernández Alvarado

Mauricio Hernández Pineda

Fuad Jarufe

Normando Rafael Lozano

Fabio Porfirio Lobo

José Porfirio Lobo Sosa

Nery Orlando López Sanabria

Oscar Martínez

Ramón Aldaberto Martínez Hernández

Midence Martínez Tercios

Rubén Mejía

Mario Guillermo Mejía Vargas

José López Morales, a/k/a “Che”

Oscar Ramón Nájera

Fredy Renán Nájera Montoya

Edgar Ríos, a/k/a “Pluto”

Devis Leonel Rivera Maradiaga

Javier Rivera Maradiaga

Santos Isidro Rivera Maradiaga

Rene Orlando Ponce Fonseca

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo

Yankel Rosenthal Coello

Melvin Sandres, a/k/a “Metro”

Marvin Ponce Sauceda

Luis Alfonso Valle Valle

Miguel Arnulfo Valle Valle



Criterio.hn
Juan Hernández sacó de contexto conversación entre narcos

Juan Hernández sacó de contexto conversación entre narcos para seguir manipulando la verdad

marzo 28, 2021 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En su última declaración pública, el miércoles 24, el gobernante Juan Hernández aseguró que los narcotraficantes no habían encontrado forma de influir en él o de intimidarlo y que “la prueba más poderosa” era una grabación de 2013 que había hecho un “agente infiltrado” de la DEA.

Pero el “infiltrado” no era un agente de la DEA, sino el cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga quien había decidido cooperar con la agencia antidrogas y la fiscalía estadounidense y grabó con una cámara oculta en un reloj varias conversaciones con narcotraficantes y políticos hondureños sostenidas entre el 19 de septiembre y el 5 de diciembre de ese año.

Hernández sacó de contexto el fragmento de una de esas conversaciones para usarlo a su favor, reveló la organización de sociedad civil Pro Honduras Network al dar a conocer parte de las transcripciones.

Una de ellas es sobre el encuentro que sostuvo el empresario Yankel Rosenthal, primo de Yani Rosenthal, el narcotraficante Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo, quien sería poco después el primer extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 20 años de cárcel, y Rivera Maradiaga.

En la grabación Rosenthal expresa dudas sobre la posibilidad de reunirse con Hernández, “quien se ha puesto súper arisco”, lo que ahora el gobernante afirma es la prueba de que no fue influido ni intimidado por los narcos.

Sin embargo, el gobernante omitió la otra parte de esa conversación, en la que el mismo Rosenthal dice que la negativa de Hernández a reunirse con los narcotraficantes es por miedo a los estadounidenses: “Y no es cosa de él, o sea, no es una eh… qué te digo yo, no es una bandera de él sino que lo tienen cagado, pues”.

En esa misma reunión, Yankel asegura que Hernández buscaba dar un golpe “no sé a qué sector” para “que la Policía Militar logre un objetivo antes de las elecciones”. Luego agrega que “o sea que logre un, un, un, golpe pues. Y golpe…  no tiene que ser de…ah, ah…(…) crimen organizado ni cualquier cosa, ¿verdad?”.

En su discurso del miércoles en Casa Presidencial, dos días después de la condena de culpabilidad contra el narcotraficante Geovanny Fuentes y a menos de una semana para que Estados Unidos publique la lista Engels el próximo martes, cuando también se conocerá la sentencia contra su hermano Antonio Hernández, el gobernante se refirió también al intento de asesinato en su contra por los narcotraficantes.

Las transcripciones dadas a conocer por ProHonduras Network revelan que fue otro  narco, Carlos Lobo, el que frenó ese plan de asesinato contra Hernández.

Si se cometía el asesinato, “era cagadal y medio que iban a hacer ahí, era cagadal, ahí mínimo cien y pico de muertos”, dice Lobo en la grabación.

Las grabaciones hechas por Rivera Maradiaga incluyen conversaciones en las que se habla sobre el interés de los narcos en obtener apoyo de Yani Rosenthal y Juan Hernández, así como el apoyo de los Rosenthal a la campaña del ahora gobernante.

Además, los arreglos para posicionar a Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional, “porque aquí es donde está el poder”, como dice el diputado Fredy Renán Nájera Montoya en una conversación en la que también participaron Midence Oquelí Martínez, Juan Ramón Matta, Víctor Sabillón, Eduardo LNU “Pelón” y Rivera Maradiaga.



Radio Progreso

"El candidato de Juan Orlando Hernández siempre fue JOH"

  • 23/03/2021

Tras conocerse todo lo que se ha vivido y se sigue viviendo como consecuencia de las elecciones primarias e internas celebradas el pasado 14 de marzo, los análisis apuntan a un recrudecimiento de la crisis política electoral donde hay un reducido grupo, con un poder impresionante, que busca garantizar la impunidad para evitar los castigos en casos de corrupción y narcotráfico.

“El candidato de Juan Orlando Hernández siempre fue Juan Orlando Hernández, es decir, él todavía no ha abandonado ese proyecto continuista, él todavía mantiene el control. Con Asfura tiene un problema porque Asfura es un hombre que se hace el muerto con Juan Orlando Hernández, pero, si él gana la elección va a tomar sus decisiones sintonizadas con las políticas que le fije la comunidad palestina en este país, eso delo como un hecho”, señala el analista político y ex diputado del Congreso Nacional Raúl Pineda Alvarado.

En entrevista con Radio Progreso (RP), Raúl Pineda Alvarado (RPA) se refiere a las posibilidades de alianzas políticas, sobre el futuro de Juan Orlando Hernández, las traiciones en el Partido Nacional y por qué hay férrea disputa del control del próximo Congreso Nacional.

RP. ¿Cómo valora el proceso electoral primario e interno?

RPA. Como diferente. Como revelador de situaciones más profundas de lo que pudieran ser la integración de las planillas o el conocimiento de los datos que nos da el Consejo Nacional Electoral. Este es un problema que ha puesto en evidencia el enorme poder de la corrupción y la enorme influencia de la pobreza en la toma de decisiones políticas.

RP. ¿Por qué?

RPA. Porque es una pobreza que ha generado un fenómeno de inevitabilidad que está permeando mucho a los hondureños, esa sensación de que aquí no se puede hacer nada porque todo es inevitable, y el poder de la corrupción, una corrupción que antes circunscribíamos a lo político, pero ahora es una corrupción que ha afectado a todas las instituciones. El proceso electoral interno y primario, como ante sala de un proceso general, se deslegitimó, se desprestigió, perdió toda credibilidad como querían los enemigos del proceso electoral, es decir, los malos triunfaron.

RP. ¿Quiénes son los malos?

RPA. Para usar una frase de la cinematografía infantil propia de esas películas de bajo presupuesto: los malos son los que están en el poder, los que están en el gobierno, porque este proceso tiene una característica muy particular que lo hace diferente a los anteriores. Los otros gobernantes salen del estadio, de entregar la banda presidencial, y se van para su casa, los que están ahora probablemente vayan a enfrentar la justicia norteamericana. Eso hace diferente el proceso y le da una vigencia contundente a aquella frase histórica que se le tomó a Adolfo Hitler y que está plasmada en un libro que se llama “El Joven Hitler” que dice: vamos hacer lo que es necesario hacer, haremos lo que haya que hacer.

RP. ¿Y eso cómo se traduce en este proceso electoral?

RPA. Para eso hay que clonar maletas electorales, hay que multiplicar los votos, hay que bajar las maletas electorales de los carros del Ejército y pasarlas a carros particulares para sustituirlas en función del interés de que en este país perviva la impunidad, pues hay que hacerlo, si hay que poner mediocres a dirigir el Consejo Electoral pues hay que ponerlos, si hay que comprar votos entre 300 y 500 lempiras, si hay que crear candidaturas hechas exclusivamente para dividir a un partido y neutralizar a un aspirante como era Luís Zelaya, pues lo hacemos, si vamos a poner de candidato a un ex convicto que no puede entrar a Estados Unidos, pues lo hacemos con tal favorezca la impunidad de los que ostentan y los que detentan el poder.

RP. ¿Y allí están unidos los tres partidos?

RPA. Mire, Honduras vive las consecuencias de un proyecto mitad narco y mitad corrupción. Es un proyecto que no tiene partido, es un proyecto que tiene su gente en todos los partidos. Si usted analiza, en las Cortes de Nueva York se ha hablado de que los cuatro últimos presidentes han tenido relaciones con el crimen organizado, y estamos hablando de presidentes que están en Libre, en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, es decir, pensar en los partidos, no, los Partidos son instituciones nobles, las cabezas de los partidos son las que se han comprometido con la corrupción y el crimen organizado para mantener un sistema que nada tiene que ver con el encuadramiento ideológico.

RP. ¿Cómo ve el escenario de cara a las generales?

RPA. El gobierno logró su objetivo: dividir a la oposición. Va ir Nasralla de candidato, va ir Yani Rosenthal en el Partido Liberal, va a ir doña Xiomara por el Partido Libre y va a ir un candidato con un Partido Nacional unido, con mucho dinero, y el riesgo de que los malos vuelvan a ganar es un riesgo que está en la vuelta de la esquina.

RP. ¿No hay posibilidades de alianzas políticas?

RPA. Una alianza política se va a dar de manera parcial. Lo más probable es que todavía quede la esperanza que Luís Zelaya se alíe con Salvador Nasralla y que los siga, en esa alianza, Wilfredo Méndez, lo debería seguir el señor Banegas y otros grupos. Pero su campaña tiene que ser quitarles las bases a los líderes que están sintonizados con la política del gobierno.

RP. ¿Yani Rosenthal podrá ser presidente de Honduras?

RPA. No tiene ninguna posibilidad porque factores externos del poder no lo van a dejar llegar. Él tiene dos líneas de investigación, dos juicios más en Estados Unidos y probablemente cuando quiera don Juan Orlando Hernández le mueve la fiscalía y el Código Penal dice que aunque usted haya cometido un delito en Estados Unidos puede ser juzgado por un delito de lavado en Honduras. También si don Juan Orlando Hernández quiere mover la fiscalía para meterle un auto de prisión o de formal procesamiento a Tito Asfura lo quita, él sigue manteniendo el control.

RP. ¿Se llevará Estados Unidos a Juan Orlando Hernández?

RPA. No es cierto que los norteamericanos de un día para otro se van a llevar a Juan Orlando Hernández, él resuelve su problema simplemente controlando el Congreso y modificando el artículo 102 de la Constitución, prohibiendo la extradición. Él resuelve su problema diciendo al Fiscal General acúseme, si las penas por narcotráfico en Honduras son ridículas, y si se declara confeso le bajan la tercera parte de la pena y si se porta bien en el penal le bajan la mitad de la pena. Usted arregla su problema estando cuatro años preso cómodamente en una prisión hecha a su medida o en una unidad militar.

RP. Pero aquí hablan de un posible caso Noriega en Honduras.

RPA. Eso es imposible. Hasta el General Cisneros (General estadounidense Marc Cisneros) que fue quien condujo la operación dice que fue un error, fue un problema que dejó a una sociedad panameña rabiosamente anti norteamericana, eso no va a pasar en Honduras.

RP. ¿Quién es el candidato de Juan Orlando Hernández?

RPA. Nasry Asfura.

RP. ¿Siempre lo fue?

RPA. El candidato de Juan Orlando Hernández siempre fue Juan Orlando Hernández, es decir, él todavía no ha abandonado ese proyecto continuista de mantener el control. Con Asfura tiene un problema porque Asfura es un hombre que se hace el muerto con Juan Orlando Hernández, pero si él gana la elección va a tomar sus decisiones sintonizadas con las políticas que le fije la comunidad palestina en este país, eso delo como un hecho.

RP. ¿Y qué pasó con Mauricio Oliva?

RPA. Con Oliva, don Juan Orlando Hernández inicialmente le había prometido todo su apoyo, por eso JOH se está quedando solo porque ya el Partido Nacional tiene candidato, y cuando usted tiene un candidato el presidente pierde un 40% de su poder. Con Mauricio Oliva va haber un distanciamiento porque Oliva se siente traicionado, y de hecho fue traicionado. Es increíble que un movimiento que encabece el presidente del Congreso y donde esté la tercera figura del Partido Nacional como es Ricardo Álvarez, no haya podido sacar, hasta el momento, un diputado por el departamento de Francisco Morazán.

RP. ¿Le sorprenden esos resultados?

RPA. No, no me sorprenden, pero si veo que fue inédito que sean tan torpes que no le dejaran ni un tan solo diputado a Mauricio Oliva.

RP. ¿Por qué?

RPA. Porque el proyecto es controlar el Congreso para hacer las reformas constitucionales que le interesan al presidente Hernández una vez que el panorama se le ponga complicado, si así llega a suceder, en los Estados Unidos, y yo creo que para allá vamos.

RP. ¿Quién es el contrincante principal de Juan Orlando Hernández?

RPA. El enemigo de Juan Orlando Hernández no era Salvador Nasralla, era Luís Zelaya, y lo están triturando, le están pasando una motoniveladora electoral para dejarlo fuera del sistema. Ahora, el gran ganador de este evento es Nasralla porque los resentidos se van a ir con él pero si Nasralla no maneja bien su campaña y no viniera la salvaguarda y los controles necesarios para que haya una elección limpia, pues va a pasar lo que pasó con el PRI en México que estuvo 70 años en el poder, y mucha gente murió y no vio los cambios, de repente eso nos va a pasar a nosotros.



Militares en lugar de médicos

La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.

Por: Lizz Gabriela Mejía

Fotografías: Martín Cálix

«Fuimos gaseados como insectos en las calles de Tegucigalpa, golpeados, maltratados, violados en nuestros derechos humanos», recuerda la doctora Helga Codina, quien trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Así fue la respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández cuando el personal médico, enfermeras y miembros de otros gremios como el Magisterio salieron a las calles en 2018, para pedir mejores condiciones en los centros asistenciales del país y evitar la privatización del sistema de salud.

“Lo único que logramos fue la derogación de los PCM (decretos ejecutivos)”, comenta Codina al recordar la represión de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Ante la magnitud de las movilizaciones, el Gobierno derogó los decretos ejecutivos de emergencia con los que pretendía privatizar el sistema de salud en Honduras. La doctora Codina explica que la población presiona al Colegio Médico para que convoque nuevas protestas para exigir la mejora de los centros asistenciales, pero la pandemia dificulta las concentraciones ciudadanas.

La degradación de la frágil democracia hondureña ha llegado hasta el extremo de que elBetelsmann Transformation Index(BTI), en su edición de 2020, califica la nación centroamericana como una autocracia electoral.

Los indicadores sobre elecciones libres justas, poder efectivo para gobernar y separación de poderes muestran que Honduras no reúne los requisitos para considerarse una democracia. En comparación con2018, el país ha caído 1,5 puntos en el indicador de Estado de Derecho, calificado como “defectuoso”.

«El Poder Ejecutivo controla a la Corte Suprema, influye sobre el Congreso Nacional y, además, tiene numerosas acusaciones de corrupción. Es preocupante detectar que cada vez son menos los frenos capaces de detener un poder que goza de tanta impunidad», indica el informe elaborado por Victoria Ariagno, asistente de investigaciones en el Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Por su parte, Otto Argueta, analista guatemalteco radicado en Honduras y experto del BTI en Centroamérica, subraya que los gremios profesionales pueden hacer una importante presión al Estado, a través de movilizaciones.

«Dependerá de que preserven su independencia de la clase política y actúen en función de la preservación de lo público y no de captación del poder político, porque el problema en Honduras no es de un presidente o de un partido, es un sistema político que funciona para satisfacer intereses privados, legales e ilegales, a través del autoritarismo y por medio de la corrupción», explica.

Argueta señala que Honduras vive en una autocracia electoral, pues el régimen preserva algunos procesos democráticos, «pero de una forma centralizada, contraria al pluralismo y a los controles democráticos. Las elecciones ocurren sólo como procedimiento, pero son carentes de transparencia y libertad, lo que se traduce en procesos sin legitimidad ni confianza ciudadana».

 
Enfermeras de Hospital San Felipe en la ciudad de Tegucigalpa, durante una protesta exigiendo mejores condiciones de bioseguridad para la atención de la pandemia por Covid-19. Tegucigalpa, 17 de junio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

A pesar de estar viviendo una pandemia y las enfermedades producto de dos huracanes, en 2021 sólo se destinará el 2.7% del PIB al presupuesto del sistema de Salud, un 0.2% menos que en 2020. En contrapartida, el Gobierno asignará el 2.4% del PIB a Defensa y Seguridad, un 0.2% más que en 2020. Los recortes en salud han cortado las alas a centros asistenciales, médicos especialistas e incluso a los aspirantes a una especialización, pero le ha dado alas a los cuerpos represores del Gobierno.

Después de múltiples protestas, reuniones, comisiones, juntas interventoras y amenazas, aún no hay acuerdo entre el personal del sistema público de salud y el gobierno de Juan Orlando Hernández para resolver el conflicto. La respuesta ha sido represión e indiferencia. El personal sanitario se ha enfrentado a la pandemia de Covid-19 con pocas herramientas y en la precariedad, mientras que el Gobierno ha priorizado la intervención de las instituciones de salud a través de juntas integradas, entre otros, por militares y exmilitares, cerrando así cualquier posibilidad de diálogo.

Protestas ilegales, gobiernos ilegítimos

La búsqueda del diálogo para resolver los conflictos ha brillado por su ausencia en los distintos gobiernos hondureños. Después del golpe de Estado de 2009, Porfirio Lobo Sosa, el presidente elegido con la mayor abstención de la historia, comenzó un proceso de privatización de la salud junto con Juan Orlando Hernández, que en aquella época presidía el Congreso Nacional. En los cuatro años de aquel gobierno proliferaron los escándalos de corrupción en la Secretaría de Salud, así como las protestas por falta de pago a los médicos y personal de enfermería, las compras directas anómalas de medicamentos e, incluso, el intento de declarar ilegales las huelgas del gremio médico.

En octubre de 2010, 672 médicos de 27 centros asistenciales estatales participaron en un paro para exigir salarios atrasados, reajustes salariales y pago de jubilaciones. «Ya le dije al ministro de Salud (Salvador Pineda) y de Trabajo (Jorge Bográn) que busquen el procedimiento para que esa huelga sea declarada ilegal», afirmó Lobo Sosa, quien también ordenó descontar del salario de los médicos los días en huelga.

Los gobiernos del Partido Nacional han declarado estados de emergencia para enfrentar las crisis sociales, y han bloqueado cualquier intento de fiscalización de la acción gubernamental y del uso de los recursos públicos. Lo hizo Lobo Sosa y también lo ha hecho el actual gobierno de Juan Orlando Hernádez, quien decretó el 13 de marzo un estado de emergencia con toque de queda, que se ha prolongado 11 meses.

Hedme Castro, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci Participa) comenta que ningún gobierno puede declarar que una huelga es ilegal o inconstitucional, ya que se trata deun derecho que la misma Constitución de la República garantiza a los ciudadanos hondureños.

Además, coartar estas libertades a los gremios y sectores sociales que luchan por los derechos básicos implica que el mismo Gobierno estaría obstaculizando el derecho a la salud y a la educación, añade Castro.

La represión contra de los médicos que salen a las calles a exigir derechos básicos es una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para Hedme, se puede salir a las calles para exigir mejores condiciones sanitarias, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, alcohol en gel y el distanciamiento físico.

«El estado de sitio ha sido utilizado para realizar allanamientos selectivos y detenciones ilegales. El año pasado, iniciada la pandemia, asesinaron a una compañera, Argentina de Marcovia, y secuestraron y desaparecieron a los muchachos garífunas. Hubo 15 personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos que fueron asesinadas», relata Castro al consultarle qué opina sobre el estado de excepción.

En cuanto a la gestión del Covid-19 por parte del Gobierno, la activista denuncia «actos irregulares y casos escandalosos donde el dinero para contrarrestar el virus ha sido robado por instituciones y personajes no conocidos dentro del partido de gobierno, y han quedado en la impunidad».

Recientemente, las fuerzas policiales han protagonizado la agenda mediática por el deceso de Keyla Patricia Martínez, joven estudiante de Enfermería, que falleció la noche del sábado 6 de febrero en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, después de haber sido detenida por no respetar el toque de queda. «Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», señala el comunicado difundido por la Policía Nacional.Por su parte, los galenos del centro asistencial aseguraron que la joven llegó sin signos vitales.

La doctora Patricia Zúniga, que estaba en la guardia del centro asistencial, aseguró a varios medios de comunicación que los policías nunca mencionaron que se trataba de un suicidio, y que los signos en el cuerpo de la joven estudiante no correspondían a un intento de suicidio. El Ministerio Público declaró, después de la autopsia, que había sido un homicidio.

El caso de Keyla Martínez ha indignado a la población, que se ha movilizado para pedir que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia. Martínez no es la única persona que murió en manos de las fuerzas de seguridad de Honduras durante el mes de febrero. El lunes 15, agentes policiales y militares dispararon contra Erick Davinson Barrientos, quien se trasladaba en una volqueta cuando impactó con un cono de tránsito en el sector de El Carrizal, en Comayagüela. Barrientos no se detuvo en el retén militar, y fue perseguido por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Imágenes captadas en el lugar de los hechos muestran al joven gritando después de haber sido herido. Barrientos fue trasladado al Hospital Escuela Universitario, donde falleció. El coronel Francisco Salgado, lamentó el suceso, pero justificó a sus subordinados, indicando que los disparos fueron la respuesta de la autoridad a la desobediencia.

Generales reconvertidos en gestores sanitarios

El gobierno de Hernández Alvarado ha usado las juntas interventoras como mecanismo de control del descontento gremial y de la precariedad institucional, lo cual ha expandido la injerencia militar en asuntos públicos, bloqueando el acceso a la información pública.Un ejemplo es el caso del general retirado Edilberto Enrique Ortiz Canales, que en 2018 fue juramentado como miembro de la junta interventora del Hospital Escuela Universitario, el principal centro asistencial de la capital.

Durante el confinamiento por Covid-19, se conformó la junta encargada de intervenir Invest-H, el ente responsable de la compra de hospitales móviles, que fueron sobrevalorados.

Para esta labor de intervención, se nombró al general de brigada José Ernesto Leva Bulnes como presidente.

 
Un grupo de militares hace formación previo al inicio de una jornada de las brigadas de salud que la Secretaría de Salud y Copeco realizan en barrios y colonias del país, la labor de los militares y policías que acompañan las brigadas es resguardar a los médicos en barrios controlados por las pandillas. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Contracorriente intentó, en varias ocasiones, comunicarse con el general Tito Livio Moreno Coello, jefe del Estado Mayor Conjunto, para consultarle qué significa para la institución castrense la asignación de labores en oficinas estatales o en otras actividades que están fuera de sus responsabilidades, así como el costo para el Estado, pero no hubo respuesta.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), José Coello, informó en esta nota de Contracorriente, que se había asignado ya a dos oficiales para liderar las acciones para la instalación de los hospitales móviles, con los que se pretendía disminuir la carga de los hospitales más abarrotados por pacientes con Covid-19. El general en retiro, Ortiz Canales, aseguró que las Fuerzas Armadas han estado entregando los insumos de bioseguridad destinados al Hospital Escuela. «Yo soy responsable de verificar los procesos y el sistema logístico, de tal forma que medicinas y equipo médico lleguen al usuario final en forma expedita. A partir de nuestra llegada el hospital ha ido mejorando todo ese sistema de procesos y mejorando las adquisiciones», apuntó Ortiz Canales, quien se desempeñó como director del Hospital Militar.

Documentos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Accesoa la Información Pública indican que en procesos de compra directa, la Secretaría de Defensa ejecutó mediante las Fuerzas Armadas, 4.129 millones de lempiras (171 millones de dólares) en 51 procesos de adquisición menor, entre marzo y junio de 2020. En otros desembolsos por compras de medicamentos e insumos para la pandemia, familiares de miembros de la institución militar se han visto beneficiados. Tal es el caso de Evelyn Suyapa Bustillo Pagoada, esposa del mayor de aviación Marvin Leonardo Meléndez, que aparece en los informes de compras presentados por las Fuerzas Armadas como gerente de la empresa Inversiones Bustillo Pagoada S. de R.L., dedicada a la compra y venta de medicamentos a través de la Farmacia Eviba, localizada en una gasolinera cerca del primer Batallón de Infantería, en Tegucigalpa.

Para la socióloga y economista Leticia Salomón, poner a las Fuerzas Armadas a cargo de instituciones estatales indica que éstas no funcionan como deberían, que son incapaces o ineficientes, o que quienes están al frente no cuentan con los requisitos fundamentales para resolver las situaciones a las que se enfrentan.

«La situación se complica más cuando el mandatario no tiene confianza en sus propios funcionarios y, lo que es peor, cuando no tiene con quien reemplazarlos porque desconfía de todos, hasta de su propio partido», puntualiza. También menciona que esta situación es más frecuente cuando el que está en el poder se siente aislado y solo, contando únicamente con los uniformados para las gestiones gubernamentales.

«El problema está en que los militares se formaron para la defensa y no para gestionar salud, educación, seguridad, energía eléctrica o pandemias. Para eso están los civiles. Por ello estamos en presencia de un proceso de militarización del Estado, que se traduce en un grave daño al proceso de democratización, que ya de por sí está seriamente dañado, y reafirma la deformación de los militares, que han considerado y siguen considerando a los civiles de menos, lo que se expresa con el uso del término despectivo de civilones», indica Salomón. Esta socióloga considera que los políticos en general, y Hernández y su partido en particular, son culpables de tener una democracia custodiada por militares y de no saber qué hacer con ellos en tiempos de paz y democracia, cuando la lógica más elemental apunta a su reducción en cantidad, presupuesto y funciones.

«Las FFAA funcionan como una empresa que vende al Estado servicios con recursos físicos y humanos pagados por el Estado y el Gobierno los contrata como si fueran una empresa civil. En el cobro incluyen transporte (gasolina, aceite, depreciación), alimentación para soldados y oficiales, gastos administrativos y de conducción y otros», señala Leticia Salomón.

Por su parte, la doctora Helga Codina, especialista en medicina interna, reumatología y epidemiología, estima que la intervención de los militares en temas que no corresponden a sus responsabilidades y obligaciones «es otra manifestación de la dictadura en nuestro país, los militares tienen sus funciones y no las cumplen». La Constitución de la República en el artículo 272 indica que «Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República». Sin embargo, en los últimos años se ha visto su participación en juntas interventoras de diversas instituciones relacionadas con la función militar.

El analista Otto Argueta opina que las funciones que se han delegado a los militares, además de las ya establecidas, «demuestra, visiblemente, la incapacidad de un Estado para atender las necesidades de la función pública a través de las instituciones específicas y pertinentes». Las consecuencias de estas acciones, añade, pueden ir desde la corrupción hasta proveer la imagen de un gobierno firme y eficiente, cuando en realidad es «la imagen de un gobierno autoritario, ya que no se usan instituciones civiles y democráticas, sino una que se caracteriza por su secretismo y porque su especialidad es el uso de la fuerza».

 
En 2019 surgió la Plataforma por la Educación y la Salud, donde los dos sectores movilizaron a sus bases a nivel nacional para protestar contra las condiciones laborales y la reducción en el presupuesto de la nación para educación y salud. Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

La pandemia y dos huracanes

La mayoría de la población enfrenta cotidianamente la precariedad producida por la corrupción y protegida por el autoritarismo, pero es durante la pandemia que semuestra su rostro más inhumano a través del abandono del sistema de salud.

La doctora Suyapa Sosa, neumóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, recuerda que hace tres años, en un esfuerzo por formar más neumólogos, se planificó la creación de la residencia para esta especialidad, pero no fue hasta 2019 que ingresó el primer grupo de médicos. Sosa menciona que la creación de más posgrados y estudios de subespecialidades es necesaria en Honduras. «Estamos pensando en la generación de relevo, en algún momento nos vamos a tener que ir. ¿Quién va a quedar manejando la salud respiratoria pública en todo el país?», pregunta.

Desde 1993, Sosa trabaja en este centro asistencial, que cuenta con varias especialidades médicas y se encarga de atender enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y el corazón, y que últimamente se ha visto en aprietos debido a la falta de personal, insumos médicos y de bioseguridad. En 2009 pasó a ser la jefa del servicio de Neumología, y también es la presidenta de la Asociación Hondureña de Neumología y Cirugía de Tórax. «Ha habido varios problemas, uno de ellos es la falta de equipos, que se ha denunciado desde hace más de dos años, específicamente la ausencia del tomógrafo en el hospital, que es vital, no sólo en este momento de la pandemia sino para todas las patologías que atendemos», apunta la doctora Sosa. Hay deficiencias en el laboratorio y el servicio de patología, que es de vital importancia para estudios de cáncer y tumores, no está funcionando desde hace un año.

El presidente Hernández creó una comisión (fuerza de tarea) para coordinar las acciones frente a la pandemia, que no fue liderada por las instituciones de salud, sino por otras que no tienen la experiencia necesaria. Esa doble institucionalidad dictó las medidas y también administró los recursos sin incluir al gremio médico.

No todos los médicos han vivido las mismas experiencias y es el caso que expone la reumatóloga Helga Codina cuando hace mención de los médicos que no cuentan con una plaza, sino que trabajan por contrato. Temen protestar o hacer una denuncia pública porque no se les han pagado a cabalidad los honorarios establecidos por el Gobierno. «Eso no ha salido a la vista pública, pues les da temor y consideran que podrían perder lo que ya tienen ganado, lo que han trabajado y no se les ha pagado».

Hugo Fiallos, popularmente conocido como “Dr. Dark Angel” en redes sociales y medios de comunicación, es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva.Actualmente trabaja en el Hospital Militar y en el IHSS. Atiende a pacientes contagiados con Covid-19 y que se encuentran en estado crítico. En sus ratos libres, mediante publicaciones en Facebook y Twitter, busca crear conciencia entre los ciudadanos, abordando temas políticos y de salud y se ha convertido en un influencer en tiempos de pandemia.

En una entrevista a Contracorriente, Fiallos explica que el panorama para los médicos en Honduras es muy oscuro porque se sienten solos, «tenemos temor, nos sentimos impotentes, nos sentimos abandonados, y a título personal, agregaría que estoy en una guerra imposible de ganar, es una guerra en la que lamentablemente todos estamos ya condenados, y que el pronóstico es terrible».

 
Un grupo de médicas que forman parte de las brigadas de salud de la Secretaría de Salud y Copeco en espera del inicio de una jornada de visitas en Barrio La Leona. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Fiallos compara los hospitales estatales con los centros asistenciales privados –«el sistema de salud pública es malo»–, y agrega que ya era demasiado tarde cuando las autoridades se dieron cuenta de que no había suficientes médicos, enfermeras, insumos de bioseguridad y espacio para contener la pandemia. El doctor “Dark Angel” también menciona que la negligencia del Gobierno al promover un feriado o las vacaciones de noviembre ha contribuido al abarrotamiento de los centros hospitalarios, «se maquillaron cifras para que la gente saliera sin preocupación, para que anduviera paseando y gastando dinero».

A casi un año del inicio del confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19, las autoridades hondureñas han registrado hasta el 17 de febrero 162.584 casos positivos, de los cuales 63.618 pacientes se han recuperado y 3.933 han fallecido. Las cifras van en aumento y para algunos médicos como Fiallos, el panorama para Honduras es pesimista, ya que después de las inundaciones en el noroccidente del país, muchos hondureños están refugiados en albergues que cuentan con pocas o nulas medidas de bioseguridad.

El analista Otto Argueta concluye que en Honduras la población tiene pocos recursos para cambiar la situación de los servicios públicos: “El porcentaje que tiene acceso a ellos es muy bajo porque la mayoría de las personas vive en la pobreza o en riesgo de caer en ella inevitablemente. Eso hace que su única opción para requerir cambios sea la protesta, que es reprimida violentamente por el Estado y nunca atendida de forma democrática. Eso, lamentablemente, no cambia las cosas en un país autoritario y por esa razón se preservan las elecciones, porque el clientelismo -que en Honduras adquiere niveles de dádivas de miseria-legitima la continuidad de la autocracia. La sociedad civil organizada es la que debería auditar al Estado e increpar su mal funcionamiento”.

Sobre
Periodista aficionada a las historias de crimen real, sucesos paranormales y ufología.


Criterio.hn
Hospital móvil de Tegucigalpa

Hospital móvil de Tegucigalpa ya no atenderá a pacientes con Covid-19

marzo 17, 2021 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. El director del Hospital Escuela Universitario (HEU) Osmin Tovar, informó que el hospital móvil de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ya no atenderá a pacientes con Covid-19 y lo utilizarán para reducir la mora quirúrgica del centro hospitalario. Por otra parte, el galeno informó que se habilitaron 24 cupos en el tercer piso del HEU para tratar pacientes con Covid-19.

El motivo de esta decisión es porque el hospital móvil fue diseñado para cirugía de guerra, no para atender enfermedades de vías respiratorias. En conferencia de presa el doctor Osmín Tovar explicó que el hospital modular no lo cerrarán “porque todos los accidentes de motocicletas, automovilísticos o producto de la ingesta de bebidas alcohólicas, vienen a dar al hospital y tenemos lleno el cuarto y quinto piso de pacientes pendientes de cirugía porque no tenemos espacios quirúrgicos para sacarlos y el propósito es sacarlos en el hospital modular”.

En una entrevista el economista investigador Alejandro Kafati dijo: “Es lamentable el hecho que a un año no estén operando los siete hospitales que se compraron”.

En Honduras el coronavirus a arrebatado la vida a más de 4 mil hondureños y con un total de 178,925 contagiados. Hasta la fecha no hay resultados concretos sobre los responsables de estas malas compras que afecta a miles de hondureños que, por falta de cupo, pierden la vida en el país.


HONDURAS / GOBIERNO ESTÁ COMETIENDO “GENOCIDIO COVID”: IAIP

Publicado: 04 Marzo 2021

A casi un año de convivir con el coronavirus (Covid-19), la negligencia y corrupción certificada del Gobierno de Juan Hernández, en especial atención al tema de vacunas, ha sido calificado como un acto genocida contra el pueblo, según el criterio de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón.

Redacción Central / EL LIBERTADOR


Tegucigalpa. La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, ha denunciado el régimen de Juan Hernández, está cometiendo un “genocidio contra el pueblo hondureño”, al no tener una garantía real de adquirir una vacuna contra el Covid.

Lo anterior lo ha dicho como reacción al pronunciamiento del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que esta mañana anunció su retiro como veedor social para adquirir el fármaco tras descubrir “la desidia, inacción y falta de garantía gubernamental para la compra de tan vital medicamento para el pueblo hondureño”.

 

Y es que de acuerdo al CNA, el mecanismo COVAX, que supuestamente repartiría de forma equitativa el medicamento contra la pandemia, se negó a venderle al país 1.9 millones de dosis y que el Gobierno de Juan Hernández no lo ha reportado a la población.

 

En ese contexto, la presidenta del IAIP agregó que “les quedó grande la yegua” en alusión a los funcionarios de la Secretaría de Salud (Sesal) y otros que están al frente de la emergencia sanitaria.

Además, criticó a la Sesal, por haber ocultado información a la población, sobre la negociación de las vacunas, que hace unos días con mucho optimismo anunció el régimen que iba a adquirir con el mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 

Al respecto, la titular de Salud, profesora Alba Consuelo Flores, aseguró mediante un comunicado que la carta que llegó el pasado 26 de febrero, y que menciona el CNA, “era para confirmarnos que las vacunas ingresaran al país”.

También señaló que hay gestiones para negociar y formalizar contratos con farmacéuticas internacionales para adquirir los fármacos: Sputnik V,  AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson y Moderna. 

 

Cabe destacar que, en comparación a otros países de la región, Honduras sólo ha recibido 5,000 dosis (2,500 vacunas) que fueron donadas por Israel. En tanto, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua Panamá, desde el año pasado hicieron gestiones para comprar lotes del antídoto para inocular a la población.

 

NOTA DE INTERÉS: NETANYAHU EN PROBLEMAS LEGALES POR DONAR VACUNAS A HONDURAS

 

Y a pesar de que las 2,500 dosis se iban a distribuir para el personal de Salud, los hondureños han reclamado que varios fármacos terminaron en políticos y personas ajenas a la “primera línea”.

 

NOTA DE INTERÉS: HONDUREÑOS INDIGNADOS CON POLÍTICOS POR DEGENERAR VACUNACIÓN

 

Además, en su informe oficial el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que 2,684 personas fueron vacunadas, lo que significa que en 28 días cuando sea necesario aplicar la segunda dosis, sólo podrán hacerlo 2,316 hondureños.



“En esta guerra estamos solos y la estamos perdiendo”: habla el personal en primera línea

  • febrero 6, 2021

En Honduras, las cifras de contagio y muertes por COVID-19 van en aumento. A diario se reportan muertes en el personal sanitario, una consecuencia fatal de la indiferencia tanto de las autoridades estatales como de la sociedad. 

Texto: Lizz Gabriela Mejía

Fotografías: Martín Cálix

Hugo Fiallos es uno de los pocos intensivistas con los que cuenta el sistema de salud hondureño, se ha dado a conocer en redes sociales por sus mensajes directos tanto al Estado como a la población sobre la crisis que se está viviendo en los hospitales y el aumento de contagios y muertes por COVID-19. Con tono de preocupación dice que la población y las autoridades no reconocen el esfuerzo que desde marzo de 2020 ha hecho el personal médico y de enfermería.

Los aplausos virtuales que se pusieron de moda en redes sociales al inicio de la pandemia se fueron perdiendo ante las ansias de regresar a la vida cotidiana. A una vida donde el virus no existe. En Honduras esas ansias aumentaron este año. Dice Fiallos que la actual preocupación de las autoridades y los políticos son las elecciones.

«A las autoridades no les interesa el sistema de salud, ahorita están con otras miras, lo que importa es la política, lo que importa es que la gente vaya a votar, conseguir suficientes votos para lograr ganar sus 120 000 pesos al mes en el Congreso Nacional, lo demás es secundario. Es una guerra que estamos combatiendo solos, que estamos combatiendo con las uñas, no podemos ganar así». 

Y es que tanto Fiallos como otros médicos que han sido la cara pública de su gremio, se sienten devastados por la pérdida de sus colegas. Estamos comenzando el segundo mes del 2021 y ya se ha registrado la muerte de 17 médicos y 7 enfermeras. Las cifras oficiales del gobierno indican que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, ya son más de un centenar de trabajadores de la salud los que han perdido la vida mientras trabajan en primera línea en los distintos centros asistenciales. 

El deterioro y colapso del sistema de salud, evidenciado con la pandemia, es consecuencia de la mala administración en la atención de la emergencia como lo han demostrado diversas investigaciones tanto de la fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas como de los medios de comunicación. Actualmente, los centros asistenciales del país se encuentran saturados de pacientes con COVID-19 pero también una buena parte de esos pacientes están sufriendo los efectos que dejaron las tormentas Eta y Iota en el norte del país. Ahora se suman a esas salas de atención, miembros del personal sanitario, una buena parte ha perdido la batalla contra la COVID-19.

 
Honduras supera las 3600 muertes debido a la Covid-19, una cifra que se maneja en alza durante las últimas semanas en el país. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) —Tegucigalpa y Comayagüela—, habilitó el cementerio Parque Memorial Jardín de Los Ángeles, ubicado en el kilómetro catorce de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, para las familias de aquellas personas que fallecieran por COVID-19 en los centros médicos de la capital y que no tuvieran los recursos económicos necesarios para poder pagar los servicios de una funeraria. Comayagüela, 20 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Ligia Ramos, dermatóloga e integrante de la Junta Directiva del CMH, dijo recientemente a este medio que las decisiones tomadas por la Secretaría de Salud y la Mesa Multisectorial los están orillando a irse a paro de labores. Una huelga de médicos en este momento podría ser fatal. A finales de enero, durante una conferencia de prensa, las autoridades del CMH pidieron al gobierno y a la mesa multisectorial que se regresara al confinamiento, este debía durar 3 semanas, ya que de esta manera se reduciría la cantidad de casos positivos y atenciones por COVID-19 en los hospitales. 

«Hemos hecho consultas al más alto nivel, a nivel del Gobierno de la República, a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y no hay ambiente definitivamente para un cierre definitivo de la economía como se viene planteando por sectores como el mismo Colegio Médico de Honduras», declaró César Chirinos, representante de los empleados públicos en la Mesa Multisectorial, a Radio América. 

Debido a la indiferencia de las autoridades, los médicos en la capital del país protestaron a inmediaciones del hospital móvil, cargando carteles en los que se leían frases como «Necesitamos la vacuna para COVID-19, lo más pronto posible» o «Exigimos prioridad para las plazas al personal de la sala COVID-19 de HO», además, dieron a conocer que si no cambia la situación, no darán atención médica. «Tenemos que darle vuelta a todo esto y lo vamos a hacer, aquí se cambian las cosas o aquí no va a haber atención por parte del sector médico», indicó la neumóloga Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, a los medios de comunicación. 

Los médicos capitalinos no son los únicos que tienen esta postura, pues los galenos del norte del país han empezado a dejar de atender las consultas en sus clínicas u hospitales privados. Incluso, ha circulado un comunicado del Hospital del Valle, en San Pedro Sula, en el que la Junta Administradora de cada uno de los Condominios Médicos I y II «invita y exhorta a todos los médicos y demás profesionales de la salud a que el próximo martes 9 de febrero cancelen las consultas médicas en horario de 8 am a 12 pm», el motivo es reconocer y recordar a los médicos que dieron su vida en pro de conservar la de sus pacientes. 

Le consultamos al intensivista Fiallos cuál es su opinión acerca de las medidas tomadas por el CMH, respondió que «no puedes combatir un fuego echándole gasolina».

En la Sala Covid-19 del Hospital Santa Bárbara Integrado, una laboratorista rótula tubos de ensayo que serán usados para tomar muestras de sangre para detectar Covid-19. Santa Bárbara, 26 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Presupuesto no se ve reflejado

El panorama sanitario en Honduras no es el mejor, a pesar del presupuesto otorgado para 2021, que es de 18 mil 218 millones de lempiras, 2 mil millones más que en 2020. Para el doctor Yefrin Maradiaga, especialista en medicina interna, «ese aumento es ridículo, la cantidad gastada no se ve reflejada en infraestructura, equipo médico o médicamentos». 

Maradiaga agrega que necesitan «más camas y más médicos porque ya no tenemos más especialistas, la mayoría trabaja en 2 o 3 hospitales. Necesitamos más unidades de cuidados intensivos pero no tenemos más intensivistas». Este médico que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) explica que en casos moderados podría mejorarse la capacidad de hospitalización pero en el caso de que habilitaran más unidades de cuidados intensivos, no hay personal para atender más pacientes en estado crítico. 

En el centro asistencial donde trabaja Maradiaga ha aumentado la cantidad de pacientes en emergencias y salas de atención primaria, «en este momento la ocupación es importante, aún hay cupos en sala pero pocos, las áreas críticas están saturadas. De continuar así, en unas semanas los pacientes estarán en sillas y colchones en la emergencia como en junio y julio (de 2020), la población debe entender que si se sobrepasa la capacidad, la calidad de atención será mucho menor, y eso preocupa», aseguró el internista en una entrevista brindada a Contracorriente. 

La eliminación del esquema de circulación y la falta de medidas de bioseguridad han contribuido al aumento de casos de COVID-19 en el país, donde se contabilizan 153 905  casos positivos y 3 710 muertes. A pesar de estas cifras y las exigencias del gremio médico, Sinager se ha limitado a implementar un toque de queda desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am, exceptuando los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro, donde la circulación depende de la terminación del número de identidad o pasaporte. 

El IHSS no es el único centro asistencial del país que no tiene los insumos y medicamentos suficientes para atender a la afluencia de pacientes que llegan con necesidad de tratamientos y atención médica. Desde inicios de diciembre de 2020, la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar no ha tenido cupos disponibles para más pacientes, la neumóloga Suyapa Sosa no explicó que la cantidad de pacientes que llegan al hospital y necesitan atención urgente son demasiados. 

«Un paciente falleció 8 minutos después de haber llegado de un triaje, otros pasan casi un mes en la unidad de cuidados intensivos», responde  Sosa al preguntarle cuánto tiempo puede estar un paciente interno en el hospital, mientras agrega que el hospital, también conocido como El Tórax no cuenta con equipo y materiales para realizar exámenes y tomografías necesarias para diagnóstico de COVID-19. 

La doctora Sosa también se refirió a la cantidad de dinero que se invierte en atender a los pacientes, «el precio aproximado de algunos medicamentos que utilizamos en el hospital ronda los mil dólares y tener a un paciente por 24 horas en la unidad de cuidados intensivos anda por los 200 000 lempiras».


En diciembre de 2020, la iglesia —que sido convertida en triaje— del Hospital Nacional Cardio-Pulmonar no tenía cupos para más pacientes, lo mismo sucedía en la sala UCI de este centro médico. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

«Para que entre un paciente, tiene que morir alguien más», dice la doctora Sosa, la capacidad de la UCI en su hospital está al límite y  más personas siguen llegando con una etapa avanzada de la enfermedad. 

Al comunicarnos con Fredy Guillén, el recién nombrado viceministro de salud, para consultar acerca de los protocolos para no saturar las salas UCI y cuál es el procedimiento para ingresar pacientes a las salas de cuidados intensivos, alto flujo y ventilación no invasiva, no se obtuvo respuesta alguna. 

A inicios de diciembre, la doctora Sosa conversó con Contracorriente y nos contó que había pasado un año desde que se arruinaron las máquinas para hacer pruebas de tuberculosis. Es decir, que el hospital especializado en enfermedades cardiopulmonares no estaba siquiera haciendo pruebas para detectar tuberculosis desde antes que llegara la pandemia por Covid19. 

Hablamos con ella más de un mes después de que nos contara esto y asegura que la Secretaría de Salud ha hecho caso omiso a las denuncias que los empleados del Tórax han hecho. Esto, a pesar de que la tuberculosis es una de las afecciones más frecuentes en las épocas de lluvias y descenso de temperaturas. Además de COVID-19, el Instituto Nacional Cardiopulmonar también está atendiendo casos de asma, enfisemas pulmonares, neumonías y tuberculosis, condiciones que tienden a empeorar con los cambios de clima. 

Conversamos con algunos médicos que están en primera línea, muchos coinciden en que sienten temor, tienen miedo de enfermarse y sufren al atender a sus compañeros de trabajo. Y también tienen temor de denunciarlo, muchos decidieron hablar solamente off the record. 

Uno de los pocos que quisieron hablar públicamente fue el doctor Maradiaga y dijo que «hay algunos compañeros incapacitados y hospitalizados en áreas críticas. Es menos personal para atender a la población, los colegas sufren y sus familiares también». Otros galenos, como la reumatóloga Helga Codina, expresó que la situación «nos causa más temor a nosotros que a la población en general, nos causa desolación, angustia e inseguridad». El mensaje de todos, incluso de los que hablaron desde el anonimato, es que la mejor forma de evitar más muertes es restringiendo la circulación y acelerando el proceso de vacunación para los ciudadanos más propensos a contraer la enfermedad.

Una médica aplica una prueba PCR a un paciente en el triaje del Centro Cívico Gubernamental. Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

«El resto de la población debe intensificar las medidas de prevención, así como evitar reuniones de cualquier tipo, doble mascarilla para las personas que deben salir a trabajar y mantener distancia de 2 metros al estar con otros evitando quitarse la mascarilla», recomendó uno de los doctores. 

A pesar de esto, las actividades masivas como los cultos religiosos, las concentraciones políticas y algunos centros de entretenimiento siguen funcionando con pocas o en algunos casos nulas medidas de seguridad. 

La falta de conciencia de la población es como decir «hagámosle un homenaje a los muertos aumentando los contagios», dijo el doctor Hugo Fiallos. 

Periodista aficionada a las historias de crimen real, sucesos paranormales y ufología.


Pressenza

Honduras: Estado desprotege a las heroínas que están en primera línea luchando contra el Covid-19

27.02.2021 - Tegucigalpa - Pressenza IPA

Honduras: Estado desprotege a las heroínas que están en primera línea luchando contra el Covid-19
(Imagen de Radio Progreso)

En la primera línea de atención a la pandemia el personal de enfermería ha sufrido más 38 bajas desde el inicio de la emergencia. Mientras que el Colegio Médico registra más de 70 fallecidos. En varios de los casos no hizo ninguna distinción en torno a la edad. Pero por supuesto, entre los elementos resaltan como la razón principal de muerte la edad y tener una enfermedad de base.

Sin embargo, “tener una sobre exposición al virus nos lleva a un enorme riesgo de contraer la enfermedad a pesar de tener cuidados estrictos. Otros factores adversos son la sobrecarga de trabajo y la escasez de material de bioseguridad de calidad como mascarillas N95, trajes y demás equipo de protección”, indicó Marilia Vallecillo, enfermera del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

Vallecillo forma parte de las más de 20 mil personas que se dedican en Honduras a la enfermería. El personal de enfermería, en su mayoría mujeres, se han dedicado a la enfermería son quienes en el sector salud dan la primera atención y examinan a pacientes. Además, en los hospitales son las encargadas de la toma de muestras biológicas, de brindar cuidados y dar seguimiento a cada caso.

“Para nosotras las enfermeras y demás personas de salud, quedarnos en casa no ha sido una opción, aunque nuestras familias lo pidan en muchas ocasiones. Al principio me daba mucho miedo contagiarme y andar contagiando, pero al final tienes que hacer tu trabajo y estás capacitada para ello”, indicó. Para varios sectores este tipo de acciones personifican la definición de la palabra “heroína”, ellas están en la primera línea de respuesta.

A reglón seguido manifestó que, por ser enfermera instrumentista trabaja junto a otro personal de salud en la sala de operaciones, y cuando a diario hay cirugías de emergencia no da tiempo para hacer examen de Covid-19 a los pacientes. En los hospitales y centros de salud estamos expuestas a un virus que está presente en cada rincón de nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, para desgracia nos dan tres mascarillas imitación de N95 y 6 quirúrgicas para el trabajo de la semana. Nosotras lo que hacemos es que compramos mascarillas de calidad y otro material para tener mayor protección”, indicó.

Toda una vida dedicada a la enfermería

Marilia Vallecillo, de 48 años, inició su carrera en enfermería hace 20 años. Con un sueldo bajo (9 mil a 14 mil lempiras de acuerdo a su antigüedad) ella es el sustento de su familia, a quienes en muchas ocasiones no ha podido abrazar por miedo a contagiarlos. En sus turnos rotativos debe llevar puesto todo su equipo de protección para estar cara a cara con los pacientes. (muchos de ellos con COVID-19).

Recalcó que las enfermeras y enfermeros están en la primerísima línea de batalla. Nuestra labor va desde orientar al paciente y a su familia al momento de ser ingresado. Seguir el tratamiento del paciente y brindar los cuidados que éste necesite para su recuperación.

La enfermera Vallecillo, explicó lo difícil que es portar el equipo de protección: “la cara, por ejemplo, la tenemos con muchas marcas. El equipo que uno compra para la seguridad es bastante pesado y respira con dificulta. Lo peor es cuando se va la energía, porque nosotros no podemos parar la cirugía y tenemos que soportar el calor, y el sudor se penetra en nuestros ojos”, indicó.

“En el caso de las que trabajamos en quirófano, nos toca ayudar al cirujano en la preparación del campo quirúrgico y suministrar el material durante la intervención. Asimismo, ocuparse de la preparación del paciente, limpiando su piel y monitorizando su estado. Entonces, de esta manera estamos sobre expuestas al coronavirus y a otras enfermedades”, indicó.

¿Quién protege a las heroínas?

El 2021 inició con el punto más álgido y alarmante de la pandemia de Covid-19. Honduras ha alcanzado los niveles más altos. Los casos en Honduras se elevaron esta semana a 158 mil 355, de los cuales se han muerto tres mil 838, desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia en marzo del año anterior, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

“Hemos alcanzado nuevamente el punto al que no queríamos ni debíamos llegar: la saturación de hospitales, personas muriendo en la búsqueda de una cama en un hospital y un ventilador, y personal de la salud enfermo y agotado”, indicó la presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa.

La muerte de tanto personal médico es atribuida por Figueroa a que el Estado no ha proveído del suficiente equipo de protección a quienes están al frente de la pandemia. “El poco equipo que se compró y puso a disposición del personal sanitario desde que comenzó la pandemia, incluso mascarillas, no solamente se adquirió sobrevalorado, sino que también no era el apto para uso médico”, indicó.

Desde el inicio de la pandemia el Colegio Médico y otros sectores de Honduras, han demandado al Gobierno a nombrar una comisión técnico-científica para hacerle frente a la pandemia, así como el confinamiento controlado, sin embargo, esto no ha sido posible y las autoridades siguen improvisando, según los profesionales de la medicina.

Así mismo, han pedido a la población quedarse en casa para así evitar los contagios y para aplanar la curva. Pero esto ha sido imposible. “Las consecuencias de estas acciones van más allá de poner en riesgo a aquellos que salen sin control y hacen fiestas, etc., sino que también ponen en riesgo al personal de la salud que por la naturaleza propia de la pandemia, no tiene la opción de hacer teletrabajo.


Criterio.hn
Honduras: 6,427 femicidios

Honduras: 6,427 femicidios entre 2005 y noviembre de 2020, según el Observatorio de la Violencia

marzo 8, 2021 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Entre 2005 y noviembre de 2020 murieron de forma violenta 6,427 mujeres, informó el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El 96% de los casos queda impune, señala el informe que registra 295 femicidios de enero a noviembre de 2020 a pesar de las restricciones de circulación por la pandemia, lo que explicaría el hecho de que el hogar fue el principal lugar donde ocurrieron los hechos, con 108 víctimas (36.6%).

En la vía vía pública, solar baldío o intemperie y fincas o campos se registraron 138 víctimas (46.8%). En empresas o negocios (11), vehículos particulares (11), cárceles (7), hoteles (2), transporte colectivo (2), entre otros, “evidenciando la vulnerabilidad de las mujeres tanto en espacios públicos como privados”, señala el Observatorio.

Las víctimas totales de 2020 representan una reducción de 18.7% con respecto al año previo, cuando se reportaron 227 femicidios.

Febrero y agosto fueron los meses más violentos para las mujeres con 34 muertes, seguidos de mayo, septiembre y enero, que sumaron 85.

El principal instrumento para segar la vida de las mujeres fue el arma de fuego, que acumuló el 69.2% (204) de los casos. Luego está el arma blanca (47), arma contundente (15) y combinación de armas (2); mientras que mecanismos como la estrangulación o asfixia y quemaduras sumaron 23 víctimas.

Del total de víctimas, 157 tenían entre 30 y 59 años, que equivale al 53.2%; el 31.5% tenía entre 18 a 29 años, lo que representa 93 fallecidas de forma violenta; 22 eran niñas y 19, adultas mayores.

De enero a octubre de 2020, el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró 85,855 llamadas de mujeres pidiendo auxilio ante algún tipo de agresión y en promedio se recibieron 8,586 denuncias mensuales.

Mientras que los municipios con mayor número de casos fueron Distrito Central (75), San Pedro Sula (29), Choloma (12), Catacamas (11) y La Ceiba (11), que suman el 46.8% (138).

Mientras el año pasado cada 27 horas con 10 minutos una mujer era víctima de femicidio o muerte violenta, en lo que va de 2021 ese lapso se ha reducido a 26 horas con 15 minutos, según el Observatorio.


Criterio.hn

Urge eliminar fraude, ambición de poder y corrupción en la clase política: Caritas de Honduras

marzo 25, 2021 Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redacccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -En medio de la opacidad que permeó las elecciones primarias de los partidos políticos en Honduras, Cáritas llamó a la rehabilitación de la democracia fundamentada en la verdad y la justicia y urgió a eliminar el fraude, la ambición de poder y corrupción que permea a la clase política del país.

 «La verdad es la primera condición para que un pueblo pueda vivir en paz», señala el documento, al tiempo que recuerda que la ciudadanía no conoció la verdad sobre las elecciones en 2013 y tampoco lo hizo en 2017 cuando «mentira tras mentiras nos condujeron a los trágicos acontecimientos de ese diciembre negro con más de 33 hondureños muertos», víctimas de las «ambiciones políticas e irresponsabilidad gubernamental».

Noticia Relacionada: ONU confirma muertes y uso de fuerza letal por cuerpos de seguridad del Estado de Honduras durante crisis electoral

Las denuncias de fraude en esta ocasión no son únicas al partido gobernante, sostiene la organización, sino que hoy las acusaciones vienen del interior de los mismos partidos que fueron a elecciones primarias con la conclusión que «la mayoría de nuestros dirigentes políticos están contaminados por el virus de la corrupción».

Cáritas sostiene que Honduras no tendrá una nueva democracia «sin nuevos políticos» con «convicciones democráticas, en sus principios morales y filosóficos». Tampoco sumará la creación de nuevas leyes e instituciones para adecentar la democracia «si las personas que asumen la dirección piensan como en el pasado», en clara referencia a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), institución de reciente creación y que sustituyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras las elecciones generales de 2017.

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Entre las lecciones que deja el proceso electoral primario, Caritas Honduras destaca en primer lugar que la ciudadanía no debe dejar la construcción y conducción de la democracia únicamente en las manos de los dirigentes de los partidos políticos. «Es condenarnos a seguir fracasando cada cuatro años, es dejar el país en manos de los que nunca han pensado en los demás, ellos no son demócratas», apunta.

En segundo punto recalca que las normas y procedimientos deben estar establecidos con antelación. «Todo mundo debe saber cuáles son las reglas del juego que se aplicarán de modo equitativo para todos». También destaca la necesidad de liderazgos nuevos en todos los partidos, «personas que no se han dejado corromper por el gusanito del poder y

del dinero, que tomen distancia de sus partidos y establezcan puentes con el pueblo, con sus aspiraciones y necesidades».

Nota relacionada: Corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y acoso sexual marca a precandidatos presidenciales

Pese a los sinsabores dejados por el ensayo de elecciones primarias urge a la población a actuar desde las organizaciones de base para asegurar «una agenda mínima en la democracia» que incluya y garantice «elecciones transparentes, respeto a los derechos humanos, el bienestar colectivo, la seguridad física de los individuos y el imperio de la ley por encima de las arbitrariedades de las personas investidas de poder».

Finalmente, exige se devuelva a la ciudadanía su soberanía y se le permita evaluar a sus gobernantes y sustituirlos cuando no cumplan con la ley y no desempeñen sus funciones; indicando que «el plebiscito, el referéndum, el juicio político y la revocatoria de mandato son derechos imprescindibles en nuestra legislación, junto con la equidad y transparencia en la práctica democrática».


Criterio.hn
Fosdeh lanza campaña

Fosdeh lanza campaña “Vigilemos el presupuesto” para presionar por un mejor uso de los recursos

marzo 22, 2021 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HNredaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) lanzó este lunes la campaña “Vigilemos el presupuesto”, con el fin de sensibilizar a la población para que ejerza un rol activo en el seguimiento del uso los recursos públicos para poder exigir cambios sociales.

Durante el lanzamiento, bajo la modalidad virtual, se presentó un estudio sobre las asignaciones presupuestarias de los últimos años orientadas a la mujer, niñez y juventud versus Defensa y Seguridad.

Para el caso, en 2017 la Secretaría del despacho de Seguridad (SEDS) tuvo una asignación equivalente al 2.74% del presupuesto nacional, la Secretaría del Despacho de Defensa Nacional (Sedena) del 3.06%, el Consejo Nacional Electoral (CNE) del 0.09%, el Instituto Nacional de la Mujer (Inam) del 0.09% y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) 0.03%.

En 2018, el porcentaje asignado equivalía al 2.71% del presupuesto nacional en la SEDS, 3.27% en Sedena, 0.079% en el CNE, 0.013% en el Inam y 0.03% para el Conadeh.

En 2019, de 4.31% en SEDS, 5.59% en Sedena, 0.08% en el CNE, 0.027% en el Inam y 0.05% en el Conadeh.

Aún cuando los presupuestos de 2019 para el CNE, Inam y Conadeh aumentaron “en comparación estos son reducidos y no se evidencia en sus informes ni planificaciones la inversión en actividades que mejoren la participación política de las mujeres”, señala una de las conclusiones del Fosdeh.

La organización también señala que “existe un vínculo directo entre la desigualdad de género, la violencia de género y la violencia hacia las mujeres en política”, por ello “es indispensable la presencia de mujeres en cargos políticos” para poner en el centro de la discusión la problemática que sufren, contribuir a generar nuevos modelos de liderazgo y disminuir las creencias y estereotipos que generan la discriminación hacia ellas.

Mientras que en el tema educativo, en un análisis de la deserción escolar y el gasto público en Seguridad y Defensa se detalló que el porcentaje de matriculados en edad escolar en Honduras fue de 45% en 2015, de 46% en 2016 y 2017, de 45% en 2018 y de 44% en 2019.

La deserción escolar en esos cinco años fue de 1.4%, 0.8%, 0.8%1.3% y 0.5%, respectivamente.

Los fondos asignados a Educación fueron de 21% del presupuesto nacional en 2015, de 20% en 2016, 2017, 2018 y 2019, 19% en 2020 y 20% en 2021.

“Los desincentivos que nutren la deserción escolar son potenciados con la falta de financiamiento al sector educativo”, apunta una de las conclusiones.

La población estudiantil que opta por desertar “corre el riesgo de insertarse en organizaciones delictivas o convertirse en delincuentes”, señala otra.

“En esa consideración el gasto público que promueva la seguridad y la defensa se ha enfocado en atender las consecuencias del delito, no tanto así las causas”, agrega. Y una alternativa es ofrecer “condiciones adecuadas para participar del sistema educativo de tal manera que promuevan su crecimiento y desarrollo profesional”.

La campaña del Fosdeh para vigilar el uso y asignación del presupuesto se extenderá por catorce días hábiles.

“El presupuesto es en el fondo la instancia nacional que define de manera concreta cuáles son las verdaderas prioridades que tiene el país, por eso merece toda nuestra atención, merece toda importancia”, dijo el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett.


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Amenazas contra bosques y sus guardianes

Amenazas contra bosques y sus guardianes crecen de manera constante: FAO

marzo 28, 2021 Redacción

Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Las amenazas para los bosques y sus habitantes crecen de forma desproporcionada e insostenible, aun cuando los pueblos indígenas y tribales han sido buenos guardianes de la naturaleza, señala un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

“A partir de su concepción del buen vivir, nuestros pueblos indígenas protegen el agua, el aire, la tierra, el bosque la vida; porque todos ellos en su interrelación son la casa de la vida”, dice el documento titulado Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe.

El cambio climático, señala el informe, amenaza con ser tan o más peligroso que la pandemia del Covid-19, ante cuyos efectos económicos ningún país tendrá la capacidad de reorientar fondos “para invertirlos en esfuerzos exclusivamente climáticos”.

En consecuencia, tendrá que hacerse un esfuerzo colectivo “en términos de creatividad e innovación” para hallar políticas e inversiones que contribuyan a la recuperación postpandemia y al mismo tiempo a mitigar la crisis climática.

“Y colaborar con los pueblos indígenas y tribales del continente para proteger a los bosques de sus territorios cumple con esos requisitos”, apunta.

En 17 países de América Latina viven 826 pueblos indígenas que ocupan físicamente 404 millones de hectáreas, equivalente a la quinta parte de la superficie total de la región.

En el caso de Honduras, son siete pueblos indígenas que se encuentran en 3.4 millones de hectáreas, 36,000 kilómetros cuadrados, que es la misma cantidad de bosques en área indígena.

El área nacional total de bosques es de 4.6 millones de hectáreas y el área indígena con ecosistemas poco intervenidas es de 1.4 millones de hectáreas.

El informe señala también que en los últimos 30 años se han titulado unos ocho millones de hectáreas de territorios colectivos pertenecientes a los pueblos tribales, incluyendo unos cinco millones de Colombia, dos millones en Brasil y un millón entre Ecuador, Honduras y Nicaragua, la mayor parte de ellas en zonas forestales.

Dice también que todavía hay áreas adicionales importantes por titular en Brasil, Surinam, Colombia, Ecuador y en la costa norte de Honduras.

Entre 2000 y 2016, los bosques de los territorios indígenas de la región se fragmentaron mucho, lo cual se refleja en una reducción del área de los bosques intactos que en Honduras fue de un 30%.

Honduras también tiene áreas significativas sobre las cuales los pueblos indígenas y tribales tienen derechos consuetudinarios que no han sido debidamente reconocidos y de los cuales es difícil estimar el total ya que la mayor parte todavía no ha sido demarcada.

Honduras está también entre los países en los que el escaso esfuerzo gubernamental para asegurar el respeto a la propiedad colectiva contribuye a una escalada de ataques violentos contra los líderes y pobladores de los territorios y “todavía no se han implementado medidas eficaces para revertir esta situación”, dice el documento de la FAO-FILAC.

Honduras es también uno de los países en los que a menudo la creación de un área protegida dificulta o incluso impide que una comunidad indígena o tribal logre el reconocimiento formal de sus derechos sobre un territorio.

Los territorios indígenas de la costa caribe de Honduras son parte de los más de cinco millones de hectáreas de bosques coníferos de México y el norte de Centroamérica donde cientos de comunidades generan ingresos y empleo a partir de los bosques de pino que manejan de forma sostenible, y muchas de ellas alcanzan niveles de valor agregado significativos.

Otros datos del informe, elaborado con base en 250 estudios, establecen que alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas ocupadas por grupos indígenas y que más del 80% de esas superficies está cubierta de bosques, y que los territorios indígenas y tribales tienen un promedio de deforestación menor que en el resto de América Latina.

“Muchos territorios indígenas evitan la deforestación tan bien o mejor que otras áreas protegidas”, añade el estudio que alerta también sobre el resurgimiento de la criminalización contra los movimientos indígenas, sus dirigentes y autoridades, así como la discriminación, racismo, persecución y asesinatos.




OACNUDH condena crimen de líder indígena lenca

Por defensores -
24 marzo, 2021

Tegucigalpa.- La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), condenó este miércoles el asesinato del líder indígena lenca Juan Carlos Cerros Escalante.

A través de su cuenta oficial de twitter, la OACNUDH, además de condenar el crimen del líder indígena, llamó al Estado hondureño a realizar una investigación exhaustiva y pronta sobre su muerte, que incluya la hipótesis de defensoría del ambiente y territorios, así como las amenazas previas por esta labor.

Cerros Escalante fue ultimado el pasado 21 de marzo frente a la Iglesia Católica en la comunidad de Nueva Granada, San Antonio, departamento de Cortés.

Desconocidos le salieron al paso, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, cuando se dirigía a su casa acompañado de sus hijos.

Cerros Escalante, quien era beneficiario de medidas de protección, era parte de un grupo de pobladores que luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, ubicada en Chinda, de donde era originario y coordinaba las Comunidades Unidas, y fue miembro del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).


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Geopolítica y elecciones en Honduras

Geopolítica y elecciones en Honduras (1era parte)

marzo 22, 2021 Redacción 

Por: Tomas Andino Mencía

Primera parte: ¿HACIA DONDE VA LA POLÍTICA DE BIDEN EN CENTROAMÉRICA Y HONDURAS?

En el mundo recién acaba de saldarse un conflicto global en las pasadas elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, en las que perdió el poder el grupo político nacionalista y ultraconservador de la burguesía norteamericana, representado por el expresidente Donald Trump, a manos del sector de la burguesía globalista que sigue la agenda de las multinacionales de USA, Europa y Asia, representada por Joe Biden.

Este desenlace significa que el poder imperialista mundial no solo retoma su agenda de expansionismo global, semiabandonado por el trumpismo –que enfatizo en un desarrollo capitalista “hacia adentro” en Estados Unidos– sino que la lleva a un nivel más profundo, generando reformas al capitalismo para incrementar la explotación de las riquezas de los países periféricos, explotar su mano de obra, replantear sus mecanismos de enriquecimiento financiero, tener más control sobre la población mundial y sobre los estados de los países llamados “subdesarrollados” y prevenir sus crisis económicas cíclicas a través de lo que llaman “El Gran Reinicio” del capitalismo, que entre otras cosas significa una reorientación de las grandes inversiones energéticas, financieras e industriales.

En ese contexto, los países de la periferia capitalista en Latinoamérica debemos esperar un recrudecimiento de la ofensiva transnacional para arrebatarnos nuestros territorios, reducir a su mínima expresión los estados nacionales y tener mecanismos de control más efectivos sobre los gobiernos y sobre las poblaciones así como una mayor ofensiva de sus inversiones y exportaciones. Ejemplos de lo anterior son; a) la manipulación de la pandemia del COVID-19 para fortalecer los regímenes policiacos-militares de la región, como uno de esos mecanismos privilegiados de control, que ha probado ser efectiva para detener la ola de levantamientos sociales que recorría el mundo y la región latinoamericana en el año 2019; b) la profundización del endeudamiento externo con la banca multilateral (FMI; BM, BID) con lo cual busca crear un nuevo y más profundo ciclo de endeudamiento externo; c) la utilización de la retórica contra la corrupción y el combate al narcotráfico para intervenir más en los países; d) el fomento de las fuentes de energía renovable, las inversiones “verdes”, productos farmacéuticos y la informática; d) el relanzamiento de la ofensiva que Trump no pudo concretar sobre Venezuela, entre otros. Todo esto con el pretexto de la pandemia, el cambio climático, la lucha contra las drogas y lo que ellos entienden por “democracia” (made in USA).

En lo que a Centroamérica concierne, adicional a lo anterior, Biden se propone implementar una política especifica con dos objetivos muy precisos: el primero es desactivar la bomba social que se acumula en su frontera sur con los centenares de miles de migrantes que periódicamente pujan por entrar a Estados Unidos, especialmente hondureños, y el segundo es recuperar el control de los estados nacionales centroamericanos que Trump había dejado prácticamente en manos de una naciente burguesía ligada a los negocios del narcotráfico, para volverlos a poner bajo su control hegemónico.

LA CONTENCIÓN DE LA MIGRACIÓN, HACIENDO MAS DE LO MISMO

En el tema migratorio, el gobierno norteamericano presionado por su electorado de origen latino, desarrolla una política de temporal tolerancia hacia los migrantes que ya se encuentran en territorio norteamericano, mediante iniciativas como la revocatoria del decreto de Trump de 2017 que criminalizaba la presencia indocumentada o el memorándum para preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), entre otras; y, a nivel internacional, con  la eliminación de los Acuerdos del Tercer País más Seguro y la apertura de la frontera a los migrantes para “casos humanitarios”.

Sin embargo, su estrategia de largo plazo sobre este tema se supone que es crear un muro de contención de medidas económicas, sociales e institucionales en los países del norte de Centroamérica, donde se origina la mayoría de los migrantes, de tal forma que disminuyan la presión por migrar hacia Estados Unidos. Estas medidas están dispuestas en la denominada “Estrategia Integral para América Central” que cuenta con un presupuesto de cuatro mil millones de dólares.

Según el CELAG, en su escrito “La Doctrina Biden en Centroamérica” (Nery Chaves GarcíaTamara Lajtman y Mariela Pinza, febrero 2021) estos fondos son “obtenidos por fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED (Inversión Extranjera Directa) en la región”. Esta cantidad es mucho mayor que los US 750 millones aprobados por la administración Obama en 2015 y será una continuación de la política de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, aprobada por Biden en 2014 cuando fue vicepresidente durante esa administración.

Cualquiera pensaría que la benevolencia es la guía de esta política, pero no es así. En primer lugar es el producto obligado de la presión de la sociedad norteamericana que reacciono frente a los encierros masivos de niños y niñas practicados desde la era Obama (el gobierno que más latinos deportó en los últimos años); y por otro lado, es previsible que eso recursos sigan el mismo criterio de la Alianza para la Prosperidad, es decir que serán invertidos en fortalecer la agenda neoliberal en Centroamérica; por ejemplo, financiar negocios privados, especialmente extractivos, fortalecer la policía y los sistemas de justicia, financiar a ONGs supuestamente para prevenir la violencia y generar fuentes de empleo. Que no funciona este esquema lo muestra el hecho de que el plan de la Alianza para la Prosperidad no impacto en la pobreza de nuestros países ni impidió las migraciones masivas; más bien estas se incrementaron con las llamadas “caravanas migrantes” a partir de 2018.

La razón de su infuncionalidad es doble: por un lado, este tipo de iniciativas no atacan las causas de raíz de la pobreza, la violencia y la corrupción, que consiste en las desigualdades sociales y privilegios que genera la terrible concentración de la riqueza de una oligarquía que, contradictoriamente, es aliada de Washington; y por otro lado, porque el descontento social no se reduce solo a variables económicas, sino que en países como Honduras se ha llegado a un nivel tan extremo de hartazgo y desesperanza política con el régimen actual, que hasta sectores de clase media quieren huir del país, a causa de un régimen despótico y super corrupto que los mismos Estados Unidos han sostenido en el poder.

EL CERCO SOBRE LOS GOBIERNOS DEL TRIÁNGULO NORTE

En cuanto al tema del control político, Biden tiene frente a sí a dos gobiernos que en la última década han sido influenciados por organizaciones criminales transnacionales, como ocurre con el gobierno de Alejandro Giammatei en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras. También han sonado las alarmas por la elevada concentración de poder alcanzada por Nayib Bukele como resultado de las recientes elecciones legislativas en El Salvador.

Sin embargo, no vaya a creerse que la preocupación de Washington en este tema es la democracia o el bienestar de nuestros pueblos. Para nada. Se trata de un asunto meramente de control geopolítico del llamado “Triángulo Norte centroamericano”. La creación de este concepto, incompatible con nuestro concepto de una sola Centroamérica, obedece a una estrategia divisionista de la región, según la cual Guatemala, Honduras y El Salvador serian un traspatio seguro bajo su control total; mientras que, un poco más al sur, Nicaragua representa la puerta de entrada de sus competidores rusos y chinos, quienes desde 2014 han dado avances importantes en materia económica y militar en ese país. Adicional a esto, no olvidemos que Honduras es una pieza clave para su posicionamiento estratégico militar en Mesoamérica con su base en Palmerola.

Pero ¿por qué tanto interés por reafirmar su hegemonía en esta región? ¿Acaso no la tenía ya? Una respuesta corta es “la tiene, pero por momentos la pierde y vuelve a recuperarla”.

En la última década los gobiernos de estos tres países, si bien en general han tenido una trayectoria histórica de sumisión al imperio, en la última década (especialmente después de la crisis capitalista mundial de 2008) han dado muestras de “desalinearse” como resultado de las presiones de la economía mundial que los obliga a buscar fuentes de financiamiento distintas a Estados Unidos, siendo el otro motivo el acceso del crimen organizado transnacional al poder. Veamos los casos:

Guatemala:

El corrupto gobierno guatemalteco de Otto Pérez Molina, intento desmarcarse de la política antidrogas norteamericana al promover en 2012 una cumbre presidencial en Centroamérica que abogaría por la despenalización de las drogas, la cual fue boicoteada por Estados Unidos. Desde entonces las relaciones se deterioraron al grado que, al cabo de tres años, le costó la presidencia y la cárcel tanto a Pérez Molina como a su vice presidenta Roxana Baldetti en 2015, envueltos en actos de corrupción, investigados por la CICIG con apoyo de los gringos. Luego, Jimmy Morales, el nuevo mandatario, se lucio como otro funcionario corrupto y autoritario que llego a ser objeto de una nueva investigación por parte de la CICIG, lo que motivo que el gobierno no renovara su mandato a partir de 2018.

Su sucesor Alejandro Giammatei, proviene del mismo grupo de empresarios y militares corruptos que apoyaron a Jimmy Morales. Este no ha invitado de nuevo a la CICIG y la razón es obvia:  los escándalos de corrupción comienzan a carcomer su recién instalado gobierno. De hecho, están acusados familiares de diputadas de un partido que forma parte de la coalición que llevo al poder a Giammatei (UCN, fundado por un convicto narcotraficante preso en Estados Unidos). Asimismo, diputados leales al mandatario socaban la Corte de Constitucionalidad, que intenta sanear el poder judicial de jueces corruptos. Sí bien las relaciones con Washington no son críticas todavía comienza a notarse cierta tensión; varios funcionarios y legisladores estadounidenses han expresado en las últimas semanas y meses su interés por la elección de cortes imparciales para Guatemala, considerado por informes de organismos internacionales como una de las naciones más corruptas del continente. La preocupación llego al grado de que Biden en persona hizo una llamada telefónica recordándole a Giammatei su compromiso de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (Swiss.info.ch, 5 de marzo 2021).

El Salvador;

Aunque las relaciones de El Salvador con la República Popular China fueron establecidas desde 2018 cuando gobernaba el FMLN (rompiéndolas con Taiwán, un aliado de Estados Unidos), fue durante la administración del recién estrenado Nayib Bukele, un político de centro derecha, que en diciembre de 2019 firmó el más importante acuerdo comercial con la República Popular China y no bastando con eso, visito ese país. Que no le cae en gracia esa relación a Estados Unidos, lo expresa constantemente su embajada en El Salvador para quienes la presencia china en ese país es una “provocación” (Diario El Mundo, 30 octubre 2020). Es significativo que meses después de que el FMLN estableció esas relaciones con el país asiático, la OEA organizo una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la que ahora le contara las costillas a la administración de Bukele. Hoy día, tras su aplastante triunfo electoral de 2021, que le permite tener el control absoluto del Estado, son frecuentes los mensajes de congresistas norteamericanos haciendo críticas a las acciones más represivas o abusivas del mandatario, como el ingreso de tropas de la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa en 2020 o el asesinato de militantes del FMLN. Es sintomático que en febrero de este año ningún funcionario de Biden accedió a reunirse con Bukele cuando este visito Estados Unidos para intentar mejorar las relaciones. El deterioro de esa relación es evidente.

Honduras:

Pero donde las cosas están calientes es en Honduras. Durante la presidencia de Pepe Lobo y después de JOH, el gobierno hondureño tuvo un momento de “disidencia” con Washington cuando se estableció una Embajada hondureña en Cuba y  Rusia, tuvo acercamientos con países de América del Sur (Brasil, Ecuador) en aquel entonces satanizados por los norteamericanos, participo en la cumbre que dio nacimiento a la CELAC (organismo regional alternativo  la OEA), y estableció un convenio de seguridad con la Federación Rusa, entre otras decisiones polémicas con Washington.

Estas actitudes de indisciplina respecto a la política exterior norteamericana no se deben a que estos gobiernos sean “blancas palomas” o “progresistas”, sino a dos razones muy distintas; a que el imperio ha visto debilitado su hegemonía en todas las regiones del planeta, incluida Centroamérica, debido al debilitamiento económico que le produjo las crisis financiera del capitalismo mundial en 2008; y también porque la camada de narcos y corruptos que recién se establecieron en estos, por lo menos en el caso de Honduras y Guatemala, o la nueva burguesía que emerge en El Salvador, han buscado diversificar sus relaciones internacionales para no depender excesivamente de las regulaciones norteamericanas antidrogas y de sus fuentes financieras; osadía que el imperio no está dispuesto a permitir.

Como resultado, fue sacado del poder Otto Pérez Molina en 2015, como vimos, y JOH recibió un remesón ese mismo año con el “movimiento de las antorchas”, un movimiento legítimo que luego fue desnaturalizado por la OEA para introducir la MACCIH en Honduras, mecanismo que se convirtió en un instrumento de escrutinio de los norteamericanos a instancia de la OEA.

No obstante, el movimiento maestro que los gringos han privilegiado en el caso de Honduras son los juicios que desarrolla en la Corte del Distrito Sur de New York, a donde van a desfilar empresarios, capos y funcionarios ligados al narcotráfico afines a JOH. Estos juicios, si bien tienen como meta inmediata acusar a los capos y funcionarios secundarios que les ayudan, al largo plazo tienen la dedicatoria de sumar evidencias para darle finalmente un golpe mortal a JOH, cuando necesiten hacerlo.

Con estos dos mecanismos de control el imperio logro poner a “mecate corto” a JOH y, como resultado, este se realineo a la política exterior norteamericana, haciendo todo lo que al gobierno norteamericano se le antoja… por lo menos hasta marzo de este año. En ese sentido, ambos mecanismos han funcionado como instrumentos de chantaje político contra el régimen hondureño.

TRUMP AFLOJA Y BIDEN APRIETA DE NUEVO

Sin embargo, la administración de Donald Trump hizo un temporal levantamiento de esta presión, al menos por parte del Poder Ejecutivo gringo, desde el año 2016 hasta el 2020. Por eso, a diferencia del caso del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que fue sacado durante la administración de Obama, en el caso hondureño Trump no se propuso sacar a JOH del gobierno, teniendo la oportunidad en el proceso electoral de 2017, sino que opto por mantenerlo y exprimirlo, porque este aún tenía tareas pendientes que realizar; tareas que difícilmente un gobierno de la Alianza de Oposición aceptaría o garantizaría, como la aprobación del Convenio con el FMI, el Tratado sobre el Tercer país más Seguro, el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, entre otros. Por ese motivo, el pacto entre JOH y Almagro, durante la era Trump, fue que aquel colaboraría entregando a sus compinches que le fueran solicitados, pero que personalmente no sería tocado por las investigaciones, según lo denuncio el destituido Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor (despedido por atreverse a investigarlo).

El debilitamiento de esta presión en tiempo de Trump llevo a que los corruptos volvieron a tener una influencia decisiva en el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales (que expulso al CICIG) y de su sucesor Giammatei; y en Honduras JOH también se dio el lujo de expulsar la MACCIH meses después de que la Representante de Negocios en Honduras, Heide Fulton, bendijera su ilegal reelección en las instalaciones del entonces Tribunal Supremo Electoral. Eso le dio alas a JOH y su grupo para que, durante la pandemia, robara a más no poder de las arcas del Estado y continuara con sus negocios del narcotráfico.

Sin embargo, en noviembre 2020 Trump cayó y, con el regreso de los demócratas, la presión viene ahora más dura. Para operativizar este segundo objetivo, Biden ha nombrado a Norma Torres, como la fuerte funcionaria encargada de depurar y someter a estos gobiernos, y por otro lado, ha anunciado la creación de una Comisión Centroamericana contra la corrupción y la impunidad que tendrá un rol aún más incidente que su predecesora, la CICIG guatemalteca, la CICIES salvadoreña y la MACCIH hondureña. De esa forma esperan un alineamiento total de estos y en especial de los gobiernos que los sucederán.

JOH EN ALAS DE CUCARACHA

Como ya lo han dejado entrever las acciones del Senado, del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la primera ofensiva viene sobre el gobierno de JOH en Honduras, debido a que Biden tiene una fuerte presión en EEUU por ser hondureños y hondureñas quienes nutren la mayoría de las caravanas migrantes. Eso explica la movilización que hacen los congresistas y senadores para incluir a los funcionarios hondureños en la lista de corruptos a los que se les aplicará la Ley Magnisky; y también motiva la iniciativa de la “Ley Sobre Derechos Humanos y Anti-Corrupción de Honduras 2021”. Por otro lado, en las nuevas audiencias de 2021 de la Corte del Distrito Sur de New York se hacen menciones directas de JOH, ya no como conspirador, sino directamente como narcotraficante en el marco del juicio de Geovanni Fuentes. En pocas palabras se prepara la cama para su salida.

En respuesta, el gobierno de JOH no se limitó a hacer un comunicado, sino que tomo otras medidas, las que, desafortunadamente para él, precipitaron los eventos en su contra. Una de sus medidas fue amenazar al gobierno norteamericano través de sus “influencers” de que no seguiría cooperando en el combate contra las drogas, si seguían incluyéndolo en las audiencias de los juicios; algo denunciado por los fiscales de dicha corte. Pero la otra, fue la gota que rebalsó la copa: JOH aceptó la oferta de la Federación Rusa de proveer 4.2 millones de vacunas Sputnik V y la recepción el 4 de marzo de 2021 de las cartas del embajador ruso Alexander Nikolaevich Khokholikov en Casa Presidencial; a sabiendas de que este coqueteo con Putin equivale a traspasar la “línea roja” de lo aceptable para Washington.

Ambos hechos, que según el gobierno norteamericano comprometen su “Seguridad Nacional”, en vista del lugar que ocupa Honduras en la geoestrategia militar norteamericana, precipitaron una respuesta aún más dura de Washington. El tono del Poder Ejecutivo gringo, que hasta ese momento se había mantenido un poco tibio, cambio: cinco días después de la recepción del embajador ruso en Honduras, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que “Un líder que no está preparado para luchar contra la corrupción no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con USA”, refiriéndose directamente a JOH. Tan grave se pusieron las cosas que de inmediato JOH convocó al Consejo de Seguridad Nacional a puerta cerrada en el Congreso nacional y la temperatura subió a su máximo nivel.  

Con las cosas así, es fácil predecir que estamos ante una virtual ruptura de acuerdos entre JOH y los gringos y puede anticiparse cuál será el final del “Hombre”. En ese contexto cualquier cosa puede suceder, dado que está de por medio otro actor internacional imprevisto; Rusia. Sin embargo, esta ruptura es todavía inminente, pero no se ha producido. Y esto tiene que ver con consideraciones de orden político, que abordaré en la segunda parte de este artículo .

ARRECIARA EL INTERVENCIONISMO

Lo que sí es claro es que la ofensiva gringa no terminará en las presiones judiciales y diplomáticas de corto plazo.  Con tanto dinero e intereses geopolíticos de por medio, Biden busca asegurarse que su voluntad y su plata se aplicara donde quiera y no donde quieran los gobiernos actuales y sucesores, para lo cual necesita poner en cintura las fugas de corrupción que están institucionalizadas en estos países, pero también incrementara su influencia sobre la toma de decisiones en estos Estados. De hecho, Biden prevé la creación de una nueva agencia como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con incidencia en el Triángulo Norte y una mayor presencia de los agregados de los departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas (CELAG, febrero 2021).

Lo dicho llevará a incrementar su intervencionismo en los sistemas judiciales, a un mayor protagonismo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre los estados centroamericanos y el reinado de un sequito de ONGs internacionales que prácticamente coparan los principales centros de decisión en estos países, a fin de favorecer las políticas de libre comercio, mayor control de la población, apoyo a la inversión norteamericanas y demás hierbas que nos traerá el llamado “capitalismo reiniciado” post pandemia.

Esto, que puede sonar bien frente a gobiernos corruptos, no lo es tanto frente a gobiernos que los sucedan y que busquen fortalecer la independencia de nuestros países, porque al largo plazo compromete nuestra soberanía nacional, y, como la historia lo demuestra, nada asegura que el imperio no se hará de la vista gorda de sus propios corruptos. Por eso, no es buen negocio depositar las esperanzas de cambio en una potencia extranjera, máxime cuando se trata de aquella que contribuyó históricamente a crear los demonios que nos acechan. Solo cuando nuestros pueblos conquistemos la verdadera independencia y democracia podremos acabar con estas lacras sin comprometer nuestro futuro al largo plazo.