ARCHIVO (nr. 88) 6 de septiembre de 2009

de: "Pagina 12"

EL MUNDO › DIALOGO EXCLUSIVO CON MANUEL ZELAYA, PRESIDENTE LEGITIMO DEPUESTO DE HONDURAS

“Nunca voy a renunciar a mi vuelta”

Moderando sus palabras a pedido de los negociadores estadounidenses, sostiene que “los usurpadores se van a ir por las buenas o por las buenas”, y llama a aumentar la presión local e internacional contra el régimen golpista.

Por María Laura Carpineta

Eran casi las 22, acababa de cenar y estaba cansado; había empezado su día en Washington y lo terminaba en Guatemala. Al día siguiente partiría a Managua, la ciudad que eligió para su exilio forzado. Manuel Zelaya está cansado de tanto viajar. Pide disculpas por su voz gastada y por el tono serio que no puede terminar de sacudir. Después de dos meses de recorrer el continente en busca de apoyo para recuperar la presidencia de Honduras, el estanciero de 56 años que hizo de su sonrisa y su buen humor una marca registrada parece estar perdiendo el optimismo.

Siempre correcto y amable, Zelaya atendió por teléfono el viernes por la noche a Página/12 y habló hasta que el cansancio lo venció. Ya no lanza amenazas y advertencias como en su última aventura en la frontera entre Nicaragua y Honduras, cuando por segunda vez intentó, sin éxito, volver a pisar su tierra.

Casi un mes después, Mel, como lo bautizó su familia y el pueblo hondureño, moderó sus palabras, sus formas y sus demandas. Según confió a este diario una fuente de su entorno, lo hizo por pedido de los negociadores estadounidenses que lideran el diálogo con los golpistas. “Los usurpadores se van a ir por las buenas o por las buenas”, aseguró el mandatario, que hace apenas un mes amenazaba con entrenar una guerrilla para enfrentar al régimen de facto.

Zelaya acaba de recibir de Washington el espaldarazo que buscaba y no hará nada que pueda incomodar a su más importante aliado en esta cruzada por recuperar el poder. Pero aunque consiguió que Hillary Clinton rechazara las próximas elecciones hondureñas, prometiera suspender todas las visas y cortar los fondos a la dictadura, no suena emocionado. Su cautela y su negativa a imponer nuevos plazos o ultimátums son la mejor prueba de que los golpistas no cederán rápido, y él lo sabe.

–¿Lo desilusionó no conseguir la declaratoria de golpe del gobierno norteamericano?

–La declaración que se dio va más allá que una simple clasificación de la crisis de Honduras. El documento que la secretaria de Estado emitió fue aún más fuerte. Dice que en Honduras, además de haber habido un golpe de Estado, hubo una alianza entre los poderes fácticos, el congreso, la Justicia y los militares. Eso era más de lo que nosotros esperábamos, porque significa que Estados Unidos comprende que lo que hubo fue una conspiración contra mi gobierno, contra la democracia hondureña. Para nosotros la declaración de Washington fue sin dudas satisfactoria.

–¿Cuál es el próximo paso?

–A nivel internacional se está haciendo bastante. Hay declaraciones muy contundentes. Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID y el FMI están tomando acciones específicas. Se han parado préstamos, levantado las visas, retirado embajadores. El régimen de facto está bloqueado, rodeado y con fuertes problemas internos. Dentro del país, además, las manifestaciones son continuas y de a poco se ven señales de una creciente crisis económica.

–Pero aun así los golpistas no dan ni un paso atrás. ¿Lo sorprendió este nivel de intransigencia?

–Entiendo que estas actitudes sean nuevas para la comunidad internacional, pero yo he sufrido esa intransigencia y esa soberbia de la elite económica que monopoliza todas las actividades económicas de mi país –petróleo, alimentos, los bancos, el comercio, los medios– durante los tres años y medio que estuve en el gobierno. Estamos lidiando con una elite que no permite el libre mercado ni la competencia, que desde siempre estuvo protegida por leyes para no pagar impuestos y para ser intocable. Esa intransigencia cultivada durante décadas hoy se manifiesta a través de las armas. Las elites buscaron ayuda en un reducto de la época de los ’80 para poder reprimir, asesinar e instalar un gobierno de terror sin limitaciones ni cuestionamientos.

–Entonces, ¿cuál es el próximo paso para ustedes, ahora que cuentan con un apoyo contundente de todo el continente?

–Nosotros continuaremos presionando a los que usurparon el poder hasta que lo devuelvan. Necesitamos un bloqueo internacional, político y económico total y, también, aumentar la presión de la resistencia en Honduras. Al mismo tiempo estamos impulsando métodos alternativos.

–¿Qué son métodos alternativos?

–Son estrategias de resistencia efectivas con el fin de desalojar a los usurpadores del poder. Pueden ser estrategias políticas, sociales, una forma de trabajo del pueblo, el boicot al sistema del Estado. En otras palabras, acciones contundentes que van a hacer que los usurpadores se vayan por las buenas o por las buenas.

–¿Eso incluye también un nuevo intento de volver al país por la frontera o por avión?

–Por supuesto. Nunca voy a renunciar a mi aspiración a volver a mi país a recuperar la misión que me encomendó en las urnas el pueblo hondureño por cuatro años, ni un día más ni un día menos.

–¿Qué sanciones deberían tomar los países de la región para garantizar ese bloqueo total que usted reclama?

–Aún quedan medidas por tomar, especialmente sanciones contra el comercio y la economía. Tanto Europa como Estados Unidos podrían asestarle un fuerte golpe a la dictadura allí.

–¿No teme las consecuencias que ello podría producir en un país tan pobre como Honduras?

–Sé que hay un peligro, de hecho hay bastante riesgo. Pero estoy decidido a hacerlo aunque tenga que pagar los costos. Está en juego la democracia y el futuro de mi país.

–Si los golpistas accedieran al Plan Arias y usted volviera al poder, ¿aceptaría las elecciones de noviembre, a pesar de que la campaña ya comenzó bajo censura y represión?

–Mi país está viviendo en la ilegalidad. Un régimen ilegal no puede garantizar la libertad de elección, mucho menos cuando hay represión contra el pueblo y persecución política contra los candidatos. La sucesión presidencial está ahora seriamente cuestionada tanto en Honduras como en el exterior. Pero mi retorno garantizaría la reconstrucción del pacto social y el proceso electoral revitalizaría la confianza en el país y sus líderes.

–Y en ese proceso electoral, ¿apoyaría a algún candidato?

–Tengo muchos candidatos. Soy un dirigente político con 30 años de lucha. Apoyo a candidatos a alcaldes, diputados y corporaciones regionales, en varios partidos, no sólo en uno.

–¿Tiene un candidato presidencial? Tanto el de su partido como el favorito apoyaron abiertamente el golpe desde el primer día...

–Ningún ciudadano que haya colaborado o participado en el golpe va a gozar alguna vez de mi apoyo o mi amistad. El que estuvo con el golpe es también responsable de los asesinatos, torturas y violaciones a los derechos humanos. Estoy convencido de que esos candidatos serán condenados por el pueblo y humillados en las urnas.

–Pero son los dos candidatos con posibilidades reales de ganar, antes y después del golpe.

–Piensa unos segundos antes de responder. Si el próximo gobierno colaboró, participó o simpatizó con el golpe le aseguro que será un gobierno débil, totalmente vulnerable. De todas formas, no quiero hacer pronósticos. El pueblo será el juez de los golpistas.

–¿Cree que fue un error no juzgar durante su gobierno a los represores de la guerra sucia de los ‘80, que hoy sostienen y asesoran a la dictadura?

–Por lo menos puedo decir que lo intentamos. Precisamente ésas son las raíces del odio de la elite más reaccionaria. Vieron un peligro para su impunidad y nos sacaron de la escena. Mi gobierno siempre sostuvo que no debe haber olvido para que no repitan los vergonzosos y cavernarios hechos que ahora lamentablemente están reviviendo los hondureños. Pero es importante destacar que es mucho más que Honduras. Los grupos más reaccionarios del continente, desde Washington hasta América del Sur, se han reactivado y creen que pueden detener a los movimientos sociales y los cambios progresistas con un golpe de Estado. Estamos en una nueva época y éste no es un golpe fundamentado en una ideología, sino el intento desesperado de un grupo de poder que solamente quiere recuperar sus beneficios, y para ello se esconde detrás de las armas y de un grupo de políticos corruptos.

–El Plan Arias, que usted aceptó, incluye una amnistía general. ¿Eso no favorecería nuevamente la impunidad?

–Hay algo que quiero aclarar. En Honduras el presidente no tiene inmunidad, y aun así nunca fui procesado, demandado. Fueron todas mentiras, falsedades que se inventaron después del golpe para ensuciar mi nombre y la gestión de mi gobierno. Los otros dos poderes, el Congreso y la Justicia, siempre estuvieron en mi contra. Pero aun así nunca me llevaron a juicio. La amnistía que se incluyó en el Plan Arias fue solicitada por los golpistas, no por mí.

–Exactamente. Volverán a quedar libres los responsables de las violaciones a los derechos humanos...

–La verdad que ustedes, en Argentina, saben de esto mejor que nosotros. Menem dio un indulto y muchos años después la Corte lo anuló. No hay que tener miedo de ese tipo de amnistía; es una amnistía para crímenes conexos con el golpe y con una situación política particular, pero nunca, repito, nunca se puede amnistiar crímenes de lesa humanidad, como son las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo esta dictadura. Eso jamás.

de: Prensa Latina

Frente Nacional de Honduras fortalece estructuras de resistencia

Escrito por Raimundo López, enviado especial

domingo, 06 de septiembre de 2009

Tegucigalpa, 7 sep (PL) El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras acordó fortalecer sus estructuras hasta el nivel de barrios y aldeas para incrementar sus acciones por recuperar el orden constitucional. La decisión fue adoptada en la primera asamblea nacional de esa alianza de fuerzas populares y partidos progresistas, creada pocas horas después de la asonada castrense del 28 de junio pasado. Los delegados ratificaron sus demandas de restitución del orden constitucional y del presidente Manuel Zelaya, y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente "popular, participativa, incluyente y democrática". Confirmaron también el desconocimiento activo del proceso electoral del 29 de noviembre próximo, si es organizado por el régimen que asumió tras la interrupción del Estado de Derecho. El coordinador general del Frente, Juan Barahona, informó a Prensa Latina que a la cita acudieron delegaciones de los 18 departamentos del país, lo cual le dio un carácter altamente representativo. Tras los debates de unas tres horas, los centenares de delegados aprobaron 14 acuerdos, entre ellos los lineamientos generales de la organización y acciones antigolpistas a nivel nacional la semana próxima. En uno de los documentos aprobados, el Frente se define como "una organización de carácter unitario, democrático, diverso, participativo y transformador". Está estructurado a nivel nacional, con amplia representación de la hondureñidad y busca defender sus derechos en forma pacífica y activa, su dirección es horizontal y su accionar colectivo, añade. Nosotros no queremos caudillos, sino una organización democrática, con una dirección horizontal, dijo el diputado suplente Tomás Andino, del Partido Unificación Democrática, quien expuso las propuestas de estructura del Frente. Aseguró que más que cargos habrá funciones, lo cual permitirá una mayor participación de dirigentes y facilidades para sustituir a quienes no cumplan con eficiencia sus responsabilidades. Los delegados decidieron mantener la dirección colegiada del Frente, a la cual se le sumarán dos representantes por cada departamento -elegidos este domingo- y designar enlaces con las regiones del país. En un período de tres meses decidieron dar prioridad a la organización y consolidación de todas las estructuras del Frente a nivel nacional, barrios, colonias, departamentos, municipios, aldeas y caseríos. de : Prensa Latina Resistencia de Honduras ratifica rechazo a elecciones bajo el golpe lunes, 07 de septiembre de 2009 06 de septiembre de 2009, 19:12Tegucigalpa, 6 sep (PL) El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras ratificó hoy su rechazo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si son organizadas por los autores del golpe militar de junio pasado. La decisión fue confirmada en una asamblea nacional de esa alianza con la participación de centenares de representantes de las organizaciones de la resistencia, en los 18 departamentos de la nación. Las elecciones generales sin la restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el Estado, por tanto, inaceptables, sostiene uno de los documentos aprobados. En ese sentido, declara desconocer la campaña, el proceso y los resultados de los comicios si no es restituido el orden constitucional, cuyo fundamento es reinstalar en su cargo al presidente legítimo José Manuel Zelaya Rosales. Exhorta al Partido Unificación Democrática, candidatos independientes y los no golpistas de los partidos Liberal e Innovación y Unidad Socialdemócrata a asumir una posición coherente con la decisión del Frente de ignorar elecciones tuteladas por golpistas. Condena también la militarización del proceso electoral por el ejército y la policía golpistas. Agrega "que con su presencia armada introducen un elemento adicional de violencia partidaria y también afianzan las condiciones de exclusión, oscuridad y represión de las personas participantes". Durante el debate del tema, el abogado Rodin Rivera recordó que los comicios organizados por el gobierno de facto son rechazados también por la comunidad mundial y los organismos internacionales. Rivera subrayó la necesidad de que el Frente y sus organizaciones se mantengan al margen de la campaña para garantizar la unidad lograda y evitar su fragmentación detrás de candidatos y partidos. La dirigente Miriam Miranda, de la etnia negra garífuna, de la costa caribeña, afirmó que es necesario romper "la cultura electorera" que existe en el país. Hasta el momento sólo iniciaron sus campañas, en hoteles o restaurantes, los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, Elvin Santos y Porfirio Lobo, repudiados por el Frente como golpistas. Santos enfrenta una rebelión de las bases liberales, que en una asamblea nacional de más de cinco mil dirigentes decidieron el mes pasado desconocerlo como el aspirante de la agrupación. ocs/rl de: Prensa Latina Magisterio hondureño anunció nuevo paro contra el golpe militar domingo, 06 de septiembre de 2009 06 de septiembre de 2009, 11:34Tegucigalpa, 6 sep (PL) La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) ratificó hoy que continuará la resistencia pacífica contra el gobierno de facto y en demanda de la restitución del orden constitucional. Los colegios que integran la organización confirmaron que mañana y el martes mantendrán el paro para acudir a las movilizaciones convocadas por el Frente Nacional contra el golpe de Estado. Precisaron que los miércoles, jueves y viernes retornarán a las aulas, dentro de una estrategia de lucha que no provoque la pérdida del curso escolar, de acuerdo con los dirigentes de esos gremios. El presidente del Colegio de Profesores de la Educación Media (COPEMH), Eulogio Chávez, precisó que la movilización popular se mantendrá hasta el restablecimiento del Estado de derecho y el regreso del presidente Manuel Zelaya. El magisterio declaró una huelga general un día después de la asonada castrense del 28 de junio pasado y cuatro semanas después decidió retornar a las clases tres días de la semana y el resto participar en las acciones de la resistencia pacífica. La posición de la FOMH fue confirmada este domingo en los programas de los colegios profesionales en la emisora Radio Globo, a la cual pasaron luego de ser suspendidos en otros medios de difusión proclives al gobierno de facto. Voceros del magisterio reiteraron que las protestas del Frente Nacional están amparadas por la constitución, en la cual se establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador impuesto por las armas. El Frente, una vasta alianza de fuerzas populares y partidos progresistas, realiza hoy una asamblea nacional con representantes de los 18 departamentos de la nación. mgt/rl de: "SurySur" Recuento e historia: el golpe militar-empresarial en Honduras Frank Molano Camargo* El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades de democracia e igualdad. "La historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. País de pinos en primavera eterna y de montañas difíciles, por él han corrido largos ríos de sangre en una larga noche de odio y de temor". Rafael Heliodoro Valle (Historia de Honduras). Introducción El golpe militar contra el gobierno de Manuel Zelaya, ha sido justificado por la derecha internacional como el resultado "natural" de la sociedad hondureña ante la pretensión de Zelaya de violar la Constitución al proponer una encuesta para justificar su reelección en 2010; así se pondría fin, dicen ellos, al expansionismo chavista en Centroamérica. Sin embargo, lo que estas interpretaciones ocultan es que el golpe fue diseñado y preparado por el empresariado neoliberal, los monopolios imperialistas y la cúpula militar a su servicio, opuestos a los intentos de cambio y democratización que el gobierno de Zelaya y los movimientos sociales hondureños impulsan. El golpe constituye una seria amenaza para los pueblos de la región que como Nicaragua y El Salvador buscan un orden distinto al neocolonialismo impuesto por Estados Unidos a lo largo del siglo XX. El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades de democracia e igualdad. Una lágrima de temor y miedo como historia nacional Honduras es un pequeño país centroamericano, con 112.088 km2 de extensión y casi 8 millones de habitantes. Gran parte de su población tiene en la piel la herencia de los Mayas, mientras las clases dominantes están conformadas por un pequeño núcleo de terratenientes, burgueses intermediarios y una casta militar conformada por migrantes de origen europeo. Su nombre, Honduras se debe, según los historiadores, a la manera en que los colonialistas españoles desde el siglo XVI se refirieron a lo profundo del mar en la costa norte del país. A comienzos del siglo XX, el país se convirtió en el modelo de "Banana Republic", primero bajo el dominio omnímodo de Sam Zemurray que fundó la Cuyamel Fruit Company, principal competencia de la UFCO. Luego, a partir de 1930 cuando Zemurray fusionó su empresa con el monopolio imperialista de la UFCO, Honduras fue el modelo de republiqueta neocolonial norteamericana. Fue desde Honduras que se planeó el derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz de Guatemala en 1953. Hacia la década de 1980 Honduras era un enclave militar estadounidense, a tal punto que en los medios internacionales se referían a esta nación como "un ejercito con país". En 1984, Honduras fue ocupada como base militar del ejército de los Estados Unidos para detener la Revolución Sandinista y el avance de los movimientos populares en El Salvador y Guatemala. Al comenzar la década dos acontecimientos marcaron el panorama político hondureño: en 1981 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), una organización corporativa presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios; la APROH se convirtió en el verdadero poder de Honduras, para lo cual usaba, según las circunstancias a los dos partidos tradicionales (Nacionalista y Liberal) o al Ejército. El Presidente de APROH era el jefe de las fuerzas armadas y el vicepresidente el empresario más poderoso del momento. Su prioridad era la lucha contra el comunismo internacional, el mantenimiento del sistema de privilegios, la alineación con los Estados Unidos, la exclusión política de las organizaciones populares y la negación sistemática de los derechos del pueblo. La APROH estuvo acompañada por dos de las corrientes de la fanática derecha internacional: la secta cristiana Iglesia de Unificación del reverendo Moon y la Fundación Cubana - Americana. El segundo acontecimiento se dio en 1982, bajo la férula del Pentágono; los militares convertidos para entonces en una poderosa "burguesía burocrática" y la burguesía intermediaria, integrada por familias de empresarios y terratenientes como los Rosenthal, los Ferrari, los Canahuati Larach y los Facussé, pactaron (redactaron) la actual Constitución. Este pacto consagraba el sistema de privilegios de las clases dominantes, que solamente fue modificado en 1999, cuando en pleno auge del modelo neoliberal se restringió, más no se acabó, el poder político y económico de los militares, siendo relevados por la burguesía intermediaria, agrupada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Bajo el amparo constitucional en las últimas tres décadas en Honduras se aplicaron medidas antipopulares: el modelo contrainsurgente de "Seguridad Nacional", pues a pesar de que allí no prosperaron las guerrillas revolucionarias, la lista de desaparecidos, torturados, encarcelados del pueblo está integrada por líderes campesinos e indígenas, estudiantes y obreros, las listas de los condenados eran elaboradas por APROH. Desde 1985 se instaló el modelo maquilero en la costa norte del país que fue la base para el cambio de modelo económico en la década de 1990. Este nuevo modelo le dio un mayor protagonismo al empresariado y restringió en parte el poder económico, más no político, de los militares. El lugar de Honduras en la estrategia de dominación neocolonial La política neocolonial norteamericana contemporánea para los países de Centroamérica se estructura a partir de varias piezas articuladas como sistema de dominación: el TLC, que aún no ha sido firmado por Honduras; el control de la economía por parte de los monopolios imperialistas; la garantía de que el país siga cumpliendo su papel de emplazamiento militar norteamericano en el continente a partir de la base estadounidense Palmerola, (la más grande de la región construida por Estados Unidos en 1985); y por último la aceptación por parte de las burguesías de un lugar subordinado, pero con algún rédito, en el orden global. En tal situación, las clases dominantes de los diferentes países buscan estrategias para articularse al orden global, como socios minoritarios y agentes del imperialismo; esto porque a Centroamérica se le han asignado ciertas tareas en la división internacional del trabajo impuesta por la globalización imperialista: desaparición de cultivos y producción tradicionales, tales como arroz, frijoles, carne de pollo, carne de cerdo, res y otros y su reemplazo por "la nueva agricultura" producción y procesamiento de frutas (piñas, melones, naranjas), flores, tallos, plantas y otras plantaciones agrícolas exóticas, así como "nuevas" producciones de carnes: tilapia, suhsi de camarones, carne de Codorniz, Faisán, Cocodrilo... El turismo y sus diversas modalidades, se están desarrollando activamente; explotación del agua y otros recursos abundantes en el país. Las burguesías centroamericanas están en un desesperado proceso de reconversión, unas están metidas en el sector de energía denominado biocombustibles: etanol, biodiesel y biomasa. Otras, se han asociado al capital extranjero, en el negocio del turismo. Hay otras que se han vuelto empresarios fruteros, camaroneros, etc. Algunos están metidos en el negocio del software, televisión por cable, fibra óptica, etc. Para todas estas clases dominantes cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la "globalización", es asumido como un asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de los conflictos entre las elites y los movimientos populares en la región. En Honduras unas pocas familias unidas a los monopolios imperialistas concentran más del 90% de la riqueza, el poder político y los medios de comunicación. Los empresarios Jaime Rosenthal Oliva y Gilberto Goldstein dirigen el Grupo Continental, uno de los más poderosos y quienes están tras del golpe contra Zelaya. Este grupo monopoliza la banca, la agroindustria y los grandes medios de comunicación: Diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color. Otros ricos empresarios que se oponen a la democratización de la sociedad hondureña son: José Rafael Ferrari (medios de comunicación), Juan Canahuati (maquila, Grupo Lovable), Camilo Atala (finanzas), José Lamas (explotación de la madera), Fredy Násser (telefonía y energía térmica), Jacobo Kattán (textiles), Guillermo Lippman (industria del azúcar) y Rafael Flores (construcción). Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, es uno de los magnates más fuertes de Centroamérica, quien incursionó en el negocio de la palma aceitera. En 1992, apoyó la ley de Modernización Agraria que favoreció la concentración de la propiedad de la tierra, al comprar tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor. La monocultura de la palma causó una fuerte reducción de la producción alimentaria, pero convirtió a Facussé en uno de los mayores productores de palma en Centroamérica. Por otro lado, un millón y medio de hondureños vive en los EEUU, la mayoría en condiciones de ilegalidad, se suelen llamar "mojados" y aportan a sus familias con las remesas, lo que hoy constituye gran parte del presupuesto del Estado, al tiempo que entidades como Western Union, Gigante Express se enriquecen cobrando comisiones por las remesas. Además, diferentes comunidades resisten a la voracidad de los empresarios, por ejemplo, casi medio millón de habitantes negros, los pueblos garifonas de la costa hondureña se enfrentan con el empresario Rosental Oliva por el control de sus territorios, que quieren ser reconvertidos a un megaproyecto turístico. También el empresario Facussé ha expropiado tierras de los pueblos garifonas para sus megaproyectos de palma aceitera. Los movimientos sociales y la izquierda hondureña Con el modelo represivo de la década de 1980 se produjo una debacle de la izquierda hondureña y de los movimientos sociales. El Partido Comunista se disolvió en 1990 dando origen a una concertación democrática, que hoy se denomina Partido de Unificación Democrática, que apoya al presidente Zelaya. El movimiento obrero fue diezmado, igual que el movimiento campesino e indígena; no obstante las implicaciones del modelo económico y político actual ha llevado a los sectores populares a reorganizarse para defender sus derechos básicos. Una de las principales coaliciones es la Alianza Cívica por la Democracia, en la Zona Occidental del país, que aglutina diferentes sectores sociales. Otra es la Coordinadora Nacional de Resistencia, tal vez la más importante coalición popular, al lado del Bloque Popular. Los indígenas han desarrollado sus luchas con la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras - COPINH. Todos estos movimientos desarrollan luchas contra el modelo minero depredador que está llenando el país de lagunas de cianuro, contra la construcción de represas, la depredación de los bosques, una política petrolera que disminuya los costos de la gasolina importada, contra la ocupación militar norteamericana y por la democratización de la sociedad hondureña. El gobierno de Manuel Zelaya y la aparición de un nuevo campo en la lucha de clases En el año 2005 el Partido Liberal presentó a Manuel Zelaya Rosales como su candidato presidencial, el cual triunfó derrotando al candidato del gobernante Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Zelaya asumió el mandato en enero de 2006, parecía que se trataba de una nueva "vuelta de tuerca" en el orden neocolonial; sin embargo la dinámica del movimiento popular hondureño y un contexto internacional favorable a los cambios democráticos en América Latina, llevaron a Zelaya a un "giro político inexplicable e intolerable" para las clases dominantes y el imperialismo. Zelaya proviene de una familia de terratenientes madereros, implicada en los años 80 con grupos de extrema derecha y represión sobre comunidades campesinas. Desde muy joven hizo parte del establecimiento, militando en las filas liberales y siendo funcionario de carrera en diferentes gobiernos tanto del partido Nacional como del Liberal. Durante el primer año de su gobierno (2006) enfrentó una ola de protestas populares, de parte tanto del magisterio, que exigía el cumplimiento del estatuto del docente como derecho adquirido y conquista laboral; como de los taxistas y otros transportadores que exigían una rebaja en los precios de la gasolina. Inicialmente Zelaya se mostró continuista, es decir desconoció las demandas populares, pero los roces con la administración norteamericana y las diferencias con sus "hermanos de clase", lo llevaron a reorientar sus coordenadas políticas. En el año 2007 el gobierno hondureño se enfrentó con la embajada de Estados Unidos que defendía a las tres importadoras de derivados del petróleo quienes durante 85 años habían monopolizado su importación: las estadounidenses Esso y Texaco y la holandesa Shell. Zelaya las despojó de los tanques de almacenamiento de combustible al comprar los productos a otra empresa estadounidense (Conoco Phillips) que ganó una licitación. Con esta medida se logró la disminución del precio de la gasolina, favoreciendo los intereses de los taxistas y otros transportadores. Sin embargo este gesto fue interpretado por Estados Unidos como un desafió a su autoridad; el embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, acusó a Zelaya de expropiación y amenazó con esperar "instrucciones de Wáshington" para definir que comportamiento tomar ante el gobierno hondureño. Además, para hacer sustentable esta política de bajo costo de la gasolina, Zelaya se acercó a Venezuela y a su propuesta de PETROCARIBE como una forma de compra de carburantes al crédito, con el pago del 50% y el restante 50% pagadero en 25 años con el 1% de interés, con la oportunidad de invertir una parte del capital ahorrado en proyectos de inversión social. Esta fue una alternativa criticada por la oposición de derecha que se quejaba de los acuerdos de Zelaya con el "comunismo internacional". Otro tema de discordia con las clases dominantes hondureñas fue la intención del gobierno de proteger los bosques hondureños, en contra de la voracidad predatoria de los empresarios que con la tala ilegal afectan a las comunidades indígenas. Tampoco esta medida fue bien recibida por las clases dominantes, quienes no entienden por qué si Zelaya proviene de la elite maderera ahora afecta la libertad de empresa. Ante la oposición empresarial y los cuestionamientos por parte del gobierno norteamericano, Zelaya se la jugó por fortalecer las alianzas con gobiernos democráticos de América Latina, a finales de 2007 estableció relaciones con Nicaragua y Venezuela y en 2008 decidió hacer parte del ALBA - Alternativa Bolivariana para las Américas. La reacción del empresariado, agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP, ha sido clara, en uno de sus comunicados de 2008 manifestó: "El sector privado manifiesta su desacuerdo con esta iniciativa unilateral del poder Ejecutivo, que desconociendo nuestra historia, tradiciones y cultura, pretende comprometer al país en una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del pueblo hondureño y de la libre empresa". Tanto el COHEP como los diputados de los partidos tradicionales, incluído el propio presidente del Congreso, Roberto Micheletti (el presidente golpista), rechazaron la firma del tratado que incorpora a Honduras al ALBA y se comprometieron a dejarlo como letra muerta sin ninguna viabilidad. En el 2009 dos asuntos tensionaron aún más el campo de la lucha de clases. En primer lugar el impulso a un decreto de aumento del salario mínimo, que ha tenido una beligerante oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que se niega a cumplir el decreto de alza del salario mínimo. También a comienzos del 2009, Zelaya empezó a promocionar una iniciativa para crear condiciones políticas que posibiliten un nuevo ordenamiento jurídico político, impulsando luego de las elecciones de 2010 una Asamblea Constituyente, que cuenta con el respaldo de los movimientos sociales y de la izquierda. Para esto en las elecciones de junio de 2009 se crearía una cuarta urna de consulta popular. Esta iniciativa "rebosó la copa" de la intolerancia derechista, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el partido Liberal (al cual pertenece Zelaya) y los mandos militares declararon ilegal la consulta, aduciendo que era una maniobra reeleccionista que violaba el ordenamiento constitucional vigente. De parte de los movimientos sociales, las medidas de Zelaya fueron vistas como oportunidades para el pueblo y como decisiones que debían ser apoyadas. Tanto el Bloque Popular como la Coordinadora Nacional decidieron apoyar activamente las iniciativas políticas tendientes a la democratización. En un comunicado de mayo de 2009, el Bloque Popular decía: "Manifestamos al Pueblo Hondureño que a la oligarquía y a las transnacionales no les preocupa la reelección o el continuismo, lo que les preocupa es que con una nueva constitución perderán sus privilegios de dominación sobre el trabajo y apoderamiento de nuestros recursos naturales, servicios públicos y mercados para seguir obteniendo ganancias multimillonarias y atentando contra nuestra soberanía e independencia. Es por eso que hacemos este llamado a todo el pueblo para que apoye la consulta popular". Todo esto alteró la tranquilidad de las clases dominantes, quienes empezaron a poner en marcha la estrategia golpista. El 24 de junio Zelaya destituyó al General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, por haberse negado a distribuir las tarjetas de votación de la consulta, ante esto el Ministro de Defensa y otros jefes militares renunciaron. A su vez la Corte Suprema apoyó a los mandos militares. El 28 de junio, día de la consulta popular, grupos especiales del ejército arrestaron a Zelaya y a otros miembros del gobierno, maniobrando con el argumento de que el gobierno había renunciado voluntariamente, El Congreso inmediatamente nombró a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente encargado hasta enero de 2010 y estableció el toque de queda, al tiempo que se ha iniciado no solamente el desmonte del gobierno de Zelaya, sino una nueva oleada de persecución contra el movimiento popular. El 29 de junio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se manifestó en favor del golpe de Estado y respaldó la decisión legislativa de designar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti: "No se está cambiando un presidente por otro. Se ha logrado en un marco de unidad nacional, mantener la institucionalidad y el respeto a la Constitución y las leyes", dice el comunicado de los empresarios. Mientras tanto a nivel internacional, es pasmoso, por no decir cínico el silencio cómplice del gobierno norteamericano de Barak Obama, quien además de expresar preocupación no ha movido un dedo para exigir el restablecimiento del gobierno de Zelaya. Otros gobiernos latinoamericanos, principalmente los gobiernos democrático populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, han exigido la vuelta al gobierno del presidente depuesto. Los movimientos populares de Honduras han llamado a la desobediencia civil y a la movilización contra el régimen ilegítimo que se ha establecido. La lucha de clases en Honduras entra en un nuevo periodo, el pueblo defendiendo los intentos de democratización y los espacios posibilitadotes de cambio abiertos por el presidente Zelaya y las clases dominantes, respaldas por Estados Unidos, decididas a defender sus privilegios. *El autor es docente de Ciencias Sociales Universidad Distrital Francisco José de Caldas y coordinador de la revista Viento del Sur - Colombia. Argentina: ¿Qué defendemos? ¿La libertad de prensa, o la de empresa? La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar. Por: Adolfo Pérez Esquivel* ::surysur Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad. Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más ''seguridad'' contra los ''chicos de la calle'' y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad. Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, ''cuál es su seguridad''. Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar. Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos. Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza. Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo. La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables. La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios. Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que ''todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos''. Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones? ¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley. El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta. Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados. El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: ''Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes'' La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural. *Premio Nóbel de la Paz 1980.