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Gobiernos populares, movimientos sociales y cambio
social en Indo-afro-latinoamérica
Isabel Rauber
Rebelión
Fragmentos del libro: Dos pasos adelante, uno atrás. Vadell Editorial, Caracas, 2010.
¿Opción democrática para transformar la sociedad o “vía electoral” para tomar el poder?
Las experiencias políticas que han dado lugar a la constitución de gobiernos populares o revolucionarios en el continente han puesto de manifiesto que ganar las elecciones nacionales y hacerse cargo del gobierno nacional si bien no conduce directamente a una revolución, tampoco significa necesariamente el empantanamiento o derrota de los procesos de cambio social. En su corta trayectoria, estas experiencias evidencian que el acceso al gobierno nacional significa además de asumir las responsabilidades y dificultades que conlleva , acceder a un instrumento político clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivos e impulsar el proceso sociotransformador.
La ampliación de procesos democráticos participativos desde abajo promovidos ahora –conjugadamente desde el aparato gubernamental estatal puede activar/profundizar los procesos de constitución del actor colectivo. Esto va: desde la realización de las campañas masivas de alfabetización anudada a procesos que promueven –desde abajo la participación de los actores sociopolíticos (movimientos sociales, movimientos indígenas, actores sociales diversos), en el ejercicio de funciones de gobierno y del aparato estatal. Ello implica la apertura de procesos de transformación de las formas y normas del ejercicio de funciones institucionales y de la institucionalidad misma, procesos que, reclaman entre varias aristas , la creación de espacios y mecanismos de participación y control popular en todas las instancias superestructurales, recortando cada vez más –a través de ellos , los ámbitos de dominio de los poderes instituidos del capital y de la burocracia que lo acompaña y recicla.
El lugar neurálgico de las Asambleas Constituyentes
En los actuales procesos indo-afro-latinoamericanos de búsqueda y construcción democrática de una nueva sociedad, resulta central la realización de asambleas constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos indígenas orginarios y sus comunidades.
Obviamente, no cabe pretender que las asambleas constituyentes sean el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante comprender que el cambio de sociedad es procesal: lo más probable es que no se alcancen todos los objetivos en la primera asamblea constituyente. Habrá que hacer tantas asambleas constituyentes como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer la lugar por la maduración política del actor colectivo, fuerza sociopolítica del cambio.
La modificación de las bases jurídico-institucionales de una nación es también parte del proceso de construcción cotidiana sistemática y permanente de los pueblos. Esto implica una modificación de la concepción acerca del lugar y el papel del Estado en los procesos sociales de cambio. Tanto en su interrelación con la llamada “sociedad civil”: con movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones comunitarias, religiosas, etc., como en su interrelación con los gobiernos nacional y estaduales, provinciales, departamentales, etc., en lo jurídico-institucional y en lo democrático-participativo.
Los actuales procesos político-sociales indo-afro-latinoamericanos, particularmente los que tienen lugar en Venezuela y Bolivia, enseñan que desde el gobierno –con voluntad política colectiva como sustrato es posible impulsar la participación protagónica del pueblo en el proceso, y avanzar en la construcción desde abajo del actor colectivo, propiciando procesos de desarrollo de su conciencia y organización, pilares de la construcción del poder popular. Es precisamente por ello que estas experiencias se empeñan en abonar procesos de transformación cultural y política (práctica-educativa) de los pueblos, entendiéndolos como sustrato indispensable para llevar a cabo cambios sociales desde la raíz, sostenerlos y profundizarlos.
Esto se hace evidente particularmente en el proceso actual de transformación que tiene lugar en Bolivia, que se autodefine como una revolución democrático cultural que se desarrolla desde abajo. Los logros están a la vista, también las limitaciones, las amenazas y los desafíos. Una realidad es la que existe en tiempos de oposición y lucha y otra es la que se va configurando cuando los actores sociales que protagonizaron las luchas tienen que hacerse cargo de las responsabilidades gubernamentales y estatales. Hacerse cargo de la administración de un país no solo “es difícil”, sino que también modifica la realidad de los demandantes de ayer que ahora pueden y deben decidir, que acceden a posiciones de poder y del aparato burocrático, que tienen recursos, y que pueden decidir –al menos en parte cómo emplearlos. La vieja cultura sectorial o corporativa puede volver a emerger y frenar o hacer estragos en los procesos. Es por ello que la organización y educación política ocupa o tiene que ocupar el lugar central simultáneamente con todas las demás tareas y actividades. No hacerlo puede llevar al debilitamiento o incluso al naufragio del proyecto revolucionario.
Dar la espalda a tales contiendas, implicaría de hecho , la negación de toda política, a la vez que tornaría un sinsentido las luchas sociales, los procesos de acumulación de fuerzas y la construcción sociopolítica toda, ya que -de antemano- estos tendrían límite que –por definición- no se debería traspasar. Igualmente sería un contrasentido circunscribir toda la acción y la construcción sociopolítica a la lucha por ganar elecciones, trastocando fines y medios, transformando el camino en objetivo, clausurando así toda proyección, tracción, organización y capacitación de las fuerzas sociales para actuar en pro de la superación del estado de cosas.
Hacer política es imprescindible y fundamental.
El problema radica en cómo hacer política de un modo y con un contenido diferente al tradicional, para no ser funcional al poder del capital. Los nuevos movimientos sociopolíticos apelan a metodologías participativas y buscan incrementarlas y desarrollarlas en aras de ampliar las articulaciones sociales y superar la desconfianza instalada en las mayorías populares hacia el estado, el gobierno, los partidos políticos, los políticos y la política, y la apatía, el apoliticismo y el quemeimportismo reinante en amplios sectores de la población, que la alejan de su vital e insustituible protagonismo.
Lo expuesto permite reafirmar una hipótesis: en las condiciones actuales de Indo-afro-latinoamérica, la disputa político electoral por el gobierno nacional es parte de los procesos de cambios. En esta perspectiva, lo que podría entenderse como vía electoral para realizar las transformaciones sociales, resulta hoy para los pueblos una posibilidad real, un camino para fortalecer o debilitar los procesos de construcción, acumulación y crecimiento de poder, conciencia, propuestas y organización política propias, en proceso de (auto)constitución de los actores sociales y políticos en sujeto colectivo (popular) del cambio. Pero esta opción no es el “camino electoral para la toma del poder”; implica otro modo de concebir (y realizar) la transformación social.
No se trata de reemplazar la insurrección por las urnas
Si una fuerza p conjunto de fuerzas sociopolíticas que propugnan el cambio social comprenden que este transita anudado a los procesos democráticos y democratizadores, no pueden concebir su participación en los procesos electorales como un “truco” para llegar al gobierno y “dar el manotazo”.
Pretender que una vez ganadas las elecciones, al asumir el gobierno se puede actuar obviando la correlación de fuerzas existente (conciencia, organización, hegemonía cultural y poder económico), conduciría al contrario de sus suposiciones , a estériles enfrentamientos con los adversarios políticos, a sembrar la confusión y el aislamiento del proceso sociotransformador que se pretende afianzar y ampliar cuestión que supone profundizar la construcción de fuerza y poder propios , y a relegar la lucha cultural democratizadora, clave de la construcción de una nueva sociedad y una nueva civilización humana, corazón del tránsito –con marchas y contramarchas hacia lo nuevo.
Este tránsito reclama como eje vertebrador del mismo la conformación de un actor colectivo, fuerza social y política de liberación capaz de traccionar permanentemente el proceso sociotransformador hacia objetivos superadores, actuando para ello con protagonismo y autonomía políticas respecto del aparato gubernamental-estatal, en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario articuladamente.
¿Conservar el gobierno o gobernar para el cambio?
Los representantes políticos del capital y sus acólitos, pueden prescindir del protagonismo popular porque se apoyan en la hegemonía del poder y sus aparatos ideológicos, económicos y extraeconómicos. Pero las fuerzas populares, si llegan al gobierno y cometen el error de dejarse encandilar por el poder y sus mecanismos tentaculares de envolvencia, si optan por acomodarse a los cargos o “arreglar” por arriba con los poderosos, haciendo concesiones de todo tipo esperando –a cambio perpetuarse en el gobierno, difícilmente lo logren, pero si lo hacen, será costa de dar la espalda a los objetivos transformadores y a los movimientos sociales que los llevaron a tales posiciones políticas.
Es injustificable, por un lado, que el triunfo de la izquierda en gobiernos locales o nacionales se alcance proponiendo construir lo nuevo y termine luego aceptando o incluso promoviendo políticas neoliberales sostenedoras/salvadoras del capitalismo. Por otro lado, está el peligro de ser tragados por la cultura del poder burocrático superestructural, dejarse llevar por la tentación de gobernar acompañados por expertos y asesores confiando el proceso de cambio a resoluciones y decretos que supuestamente, desde arriba, irán produciendo reformas y marcando el rumbo y sentido de los cambios. En cualquiera de los casos, si los pueblos no intervienen, la maquinaria institucional funcional al capital terminará tragándose la potencialidad y la perspectiva de transformación social de los que participan en el gobierno.
Las revoluciones sociales son idénticas a la participación protagónica de sus pueblos; directamente proporcionales a ella. Si, por ejemplo, se aplica esta sencilla ecuación a los procesos populares revolucionarios en curso, a las medidas gubernamentales y sus procedimientos, los resultados saltan a la vista: a menor participación popular, menor contenido y alcance revolucionario, menos revolución. Conclusión: El nudo gordiano estratégico de los procesos revolucionarios no radica en la pertinencia de las resoluciones gubernamentales ni en la sabiduría de los gobernantes y su entorno, sino en la voluntad popular, en su conciencia y organización para participar en las definiciones y soluciones, impulsarlas y sostenerlas.
No se avanza con medidas superestructurales por muy justas y razonables que estas sean. Hay que construir protagonismo popular colectivo y eso solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo significa desarrollar nuevas prácticas, dar el ejemplo. Esta es la clave pedagógica vital de las revoluciones desde abajo. Estas solo pueden profundizarse anudadas a la construcción y fortalecimiento del sujeto colectivo de las mismas, el actor sociopolítico capaz de traccionarlas e impulsarlas permanentemente hacia objetivos radicalmente superiores.
Un gobierno de izquierda no puede limitarse a hacer una “buena administración”
Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose a ejercerlo “correctamente”, ocupando los correspondientes espacios parlamentarios o gubernamentales nacionales o locales , conduce también a disecar –hasta anular la perspectiva transformadora.
El problema no ha estado ni está en las personas: en si los gobernantes son buenas o malas personas. Como dice un sabio amigo: no hay nada peor que buenas y honestas personas en instituciones malas y perversas (como son las del capital). Porque esas personas, empeñadas en marcar su diferencia con funcionarios incapaces o corruptos, centran su accionar en “hacer buena letra” para demostrar que son “intachables”. Con su gestión terminan lavándole la cara a tales instituciones, y contribuyen –de modo consciente o no , a relegitimar, reoxigenar y reproducir el sistema del capital y sus lógicas de dominación.
La corrupción es un mal que hay que erradicar, pero es inherente al sistema regido por el mercado. Este la crea, afianza y generaliza convirtiéndola en un flagelo que luego, esquizofrénicamente, debe combatir. Suponer que “buenas y honradas personas” que hagan una administración “prolija” salvarán a la sociedad de todos los males, y que –por tanto lo que hay que hacer es lograr que ese tipo de personas sean los candidatos a votar, es cuando menos una ingenuidad inadmisible.
Cuando se limita el proyecto político a ejercer “honradamente” los cargos de gobierno, sin apelar a la transformación y apertura de los mismos a la participación de los pueblos y sus organizaciones sociales o comunitarias, se contribuye al descrédito del sentido político transformador que tiene para los actores sociopolíticos populares participar en la disputa democrático-electoral en aras de acceder a parlamentos y gobiernos, además de que termina generalmente abortando el proceso político/social hacia posicionamientos personales.
Los casos más evidentes en este sentido resultan ser los de parlamentarios que llegan a ser tales en nombre de movimientos sociales u organizaciones políticas de izquierda y luego -cortando todo vínculo con ellos- se dedican a hacer de la bancada un ámbito para sus ambiciones personales, o un lucrativo “puesto de trabajo”. Ese es, precisamente, el juego del poder: quebrar, aislar, manipular o corromper.
Un gobernante revolucionario no se define como tal por el currículo, ni por ser “honrado y bueno” en comparación con los gobernantes tradicionales del sistema; aunque estas cualidades se requieren elementalmente, su proyección va más allá de lo personal: se relaciona directamente con su capacidad de poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria, abriéndole las puertas del gobierno al pueblo, construyendo un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad basada en la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas (basamento de la asamblea constituyente).
La única perspectiva y anclaje de fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social.
La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos para demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país.
Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos.
Estar en el gobierno no es lo mismo que gobernar para el cambio con el protagonismo creciente de las fuerzas sociales extraparlamentarias populares activas, abrir puertas y promover transformaciones mayores. En tal caso, constituirse en fuerza política gobernante significa para las fuerzas sociales transformadoras contar con un importante instrumento político para impulsar integralmente la transformación social.
Sin embargo, vale reiterarlo, no hay métodos que garanticen resultados. Ni la toma del poder, ni la participación electoral, ni el llegar a ser gobierno provincial o nacional constituyen per se vías de cambios raizales revolucionarios.
La transformación social es un caminar abierto, lleno de incertidumbres y obstáculos, que tiene una trinchera de posibilidades para avanzar en aras de la nueva civilización: la (auto)construcción del sujeto revolucionario colectivo.
El lugar y papel protagónico de los actores sociopolíticos en aras de ello es indeclinable en todas las dimensiones, tiempos y tareas del proceso político transformador. Articuladamente con ello se van definiendo los caminos, los métodos y los instrumentos a emplear, los que hay que crear, etcétera. La transición a otra sociedad reclama, además, la articulación de los procesos locales, nacionales y/o regionales con el tránsito global hacia un mundo diferente.
Formar una nueva cultura, como la socialista, por ejemplo, no implica solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos. La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente , quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo
Los avances se producen en primera instancia y generalmente, en el ámbito de un país o de varios, pero hay que destacar que estos van construyendo consensos regionales e internacionales, en temáticas civilizatorias que defienden la vida, interarticulando diversos procesos sociotransformadores [1]. En Indo-afro-latinoamérica se abren hoy grandes oportunidades para ello, dada la madurez convergente de amplios y maduros movimientos sociales urbanos y rurales y movimientos indígenas y la coincidencia histórica de gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, entre otros. Esta realidad emerge de la acumulación de resistencias y luchas de los pueblos, y marca el predominio de la tendencia transformadora que se abre paso en medio (a través) de las luchas y construcciones sociales con oportunas intervenciones de las casualidades.
Protagonismo y responsabilidades políticas de los movimientos sociales
La madurez alcanzada por los movimientos indígenas y sociales en años de resistencias y luchas sociales, ha resultado incrementada por la experiencia que viven aquellos que han constituido gobiernos y conjugan sus actividades políticas y sociales en aras de profundizar procesos populares colectivos de construcción de poder propio desde abajo en simultánea disputa con el poder del capital.
Esta situación ubica el debate de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: se trata de hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido, se trata de asumirse también como parte de los gobiernos y cogobernar. No es políticamente válido resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego no se asume (o no se puede asumir) la responsabilidad de (co)gobernar, con autonomía, [4] pero articulados a sus representantes, para participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para llevar propuestas propias construidas desde abajo por los de abajo. Se trata de transformar radicalmente también las instituciones y su papel en la sociedad y viceversa, y en esto, como en todo, los movimientos sociales, los pueblos todos, tienen que involucrarse.
Ya no basta con las resistencias y las luchas antineoliberales, no basta con sobrevivir; es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia. Esto supone dar cuenta de la nueva realidad sociopolítica, de sus características y dimensiones, sus tareas y sus nuevos desafíos. Estos implican para los movimientos indígenas y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas no ya de las luchas contra el otrora poder del Estado y el gobierno, tampoco pidiendo concesiones o satisfacción de reclamos sectoriales o corporativos; es tiempo de transitar caminos para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno, y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde abajo. En tales procesos de lucha por los cambios, en medio de ellos, es que reside la posibilidad de que los diversos actores sociales atomizados vayan encontrándose y constituyéndose en actor político colectivo capaz de definir protagónicamente los rumbos su historia y traccionar hacia ellos los cambios.
Comprender que se trata de un proceso constituyente, es clave. Implica que no existe un ser ni un deber ser definidos a priori, que no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos; no hay garantías ni situaciones irreversibles, se trata de una lucha constante, de apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso su voluntad para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Se trata de un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante. Este carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, es decir, a los sujetos mismos. Se trata en realidad de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores sujetos, resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, es decir, consciente y abierto. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente.
Precisamente por ello los actuales procesos democrático-revolucionarios que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman el creciente y renovado protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera.
Sin embargo, la ausencia de los tradicionales conflictos antigubernamentales ha creado una situación de calma y reflujo de los movimientos, y esto es –en parte también responsable de que los que gobiernan interpreten esta situación de calma como una delegación del poder de decisión de los movimientos hacia ellos, con lo cual se incentiva la casi “natural tendencia” cultural a decidir desde arriba que presiona administrativamente a quienes ocupan cargos gubernamentales y estatales.
Superada la “sorpresa” inicial que puede producir el salto de la lucha de calles a estar en el gobierno, el desafío primero es poner en marcha propuestas concretas que permitan, por un lado, fortalecer y articular a las organizaciones sociales y políticas de los pueblos y, por otro, profundizar los procesos de cuestionamiento de las medidas regresivas del neoliberalismo, frenar su implementación y, allí donde sea posible, anular su vigencia y avanzar creando y construyendo lo nuevo, incluyendo en ello, por supuesto, la profundización de las dimensiones y el ejercicio efectivo de la democracia desde la raíz, desde abajo, por los de abajo y en función de los intereses colectivos.
Los primeros pasos resultan hasta ahora marcados por el desarrollo de programas de gobierno que -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente y las posibilidades de modificarla favorablemente , buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente, pero sin reducir a ello su accionar político revolucionario. La construcción de hegemonía popular es vital, y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada, simultáneamente con la construcción de una democracia raizal que abra el horizonte a la participación multidimensional de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en actor colectivo, sujeto de su historia.
Romper los mitos de la cultura política instalada por el capital y funcional a sus intereses
En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El quemeimportismo político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal, y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía.
Es inadmisible que –en tales situaciones , los movimientos sociales, indígenas, campesinos, urbano-populares, de mujeres, etc., rechacen compartir determinadas responsabilidades y tareas políticas articuladas a acciones de gobierno esgrimiendo argumentos tales como: el temor a “ser cooptados” o manipulados por los gobernantes o las estructuras del poder. La pregunta correspondiente en este caso es: ¿cooptados por quiénes, si el gobierno es propio? Obviamente puede haber cooptación, acomodamiento, complacencia, etc., siempre existen tales peligros, como también otros. Pero la cooptación, el acomodamiento o la complacencia responden a casos individuales, y estos al aislamiento entre representantes y representados. Pero se trata de participar colectivamente, de discutir como actores sociales y políticos, de interactuar como pueblo organizado, en tales situaciones la cooptación o complacencia desparece como posibilidad.
En esta perspectiva, la negativa o reticencia a participar interactuando con autonomía en el proceso gubernamental, inclina la balanza de los cambios a la parálisis y retranca de los procesos abiertos. Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados. La escasa participación autonómica (no subordinada) de los de abajo acentúa las persistentes tendencias a la burocratización de lo político institucional y su paulatina sustitución por lo administrativo superestructural y el funcionariado correspondiente, y hace de los otrora protagonistas, –en el mejor de los casos marionetas de la historia manipulados –todos por la hegemonía del poder del capital anulándolos en su posibilidad de constituirse en sujetos capaces de crear su historia y pelear por hacerla realidad.
Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios y dogmas para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es fundamental instalar o reinstalar el trabajo político, la formación (descolonizadora) y la organización (articulada intercultural).
Fortalecer el instrumento político es central.
Este puede potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios, construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social.
Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política asumida por los actores sociopolíticos, fundamentalmente, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva. Abrir espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades resulta vital para el desarrollo político-cultural de los movimientos sociopolíticos (y el campo popular todo).
La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo, y no un dogma apriorístico establecido –desde fuera de las luchas de los pueblos por alguna vanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.
El debate estratégico está abierto. Y se manifiesta a través de los actuales procesos de luchas sociales para avanzar en las definiciones, la implementación o el perfeccionamiento de las propuestas de cambios radicales en las sociedades donde dicha disputa se está desarrollando abiertamente, construyendo simultáneamente caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema mundo a la vez que lo van rediseñando “más allá del dominio del capital” [Mészáros].
Isabel Rauber. Doctora en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Educadora popular. Estudiosa de los procesos políticos de los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica. www.isabelrauber.blogspot.com; e-mail: irauber@gmail.com
Notas:
[1] Un ejemplo de ello fue la “Cumbre de la tierra” en defensa de la vida, realizada en Cochabamba en abril del año 2010.
[2] Para el concepto “autonomía” puede consultarse: Rauber, Isabel. 2000. Construcción de poder desde abajo. Claves para una nueva estrategia. CIPROS. Sto Dgo. También: www.pasadoypresente21.org.ar
DOMINGO 20 de marzo de 2011
La Comuna de París,
el primer gobierno obrero
La Comuna de París es uno de los grandes acontecimientos revolucionarios protagonizados por la clase obrera. El 18 de marzo de 1871, los trabajadores franceses tomaron el poder en sus manos, y por primera vez se dio un hecho tan trascendente como fue el de arrebatar el poder a la burguesía y destinarse a construir una nueva sociedad. De los cambios revolucionarios y el papel de las mujeres hasta los combates, los fusilados y los deportados. ¿Qué enseñanzas dejó La Comuna? Por Leónidas Ceruti.
Por ANRed - L (redaccion@anred.org)
Los cambios revolucionarios
La Comuna de París es uno de los grandes acontecimientos revolucionarios protagonizados por la clase obrera. El 18 de marzo de 1871, los trabajadores franceses tomaron el poder en sus manos, y por primera vez se dio un hecho tan trascendente como fue el de arrebatar el poder a la burguesía y destinarse a construir una nueva sociedad.
En un manifiesto expresaron “Los proletarios de París, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado el momento de salvar la situación, tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es un deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueñas de su propio destino tomando el poder”.
Derrocaron el poder establecido, formaron sus propios órganos de gobierno y reemplazaron al estado burgués capitalista. “Eso no lo perdonaron los asustados burgueses, que vieron en la Comuna la posibilidad de perder todos sus privilegios económicos y explica la genocida represión sufrida por los comuneros”.
París, fue una ciudad sitiada y una “barricada”, donde surgió el primer gobierno obrero que duró tres meses. Todo aconteció luego de la rendición del ejército francés en la guerra franco-prusiana, que fue vivida por parte de los trabajadores como una traición de la burguesía, y comenzaron a exigir cambios revolucionarios y se apoderaron de las armas de los arsenales y organizaron la resistencia.
El principal organismo fue el Consejo de la Comuna, coordinado por una Comisión Ejecutiva, con poderes legislativos y ejecutivos. Así mismo se crearon las Comisiones de Ejército, Salud Pública, Trabajo, Justicia, que aplicaban la política correspondiente a su actividad, aunque siempre respondía ante el Consejo. También se reorganizo la Justicia, la cual pasó a ser gratuita, y los magistrados se elegían por votación.
Los comuneros disolvieron al Ejército regular, sustituyéndolo por la Guardia Nacional democrática, es decir por todo el pueblo en armas. Otra decisión, muy sorprendente, fue el respeto de la propiedad privada de los que se quedaron, expropiándose sólo a los que huyeron, los grandes propietarios. Y lo llamativo fue que nunca llegaran a utilizar los depósitos del Banco de Francia.
A pesar del cerco militar, la Comuna invirtió rápidamente en la ejecución de trabajos públicos, con la creación de correos y de un sistema sanitario, que garantizara la salud del pueblo y de las tropas de la Guardia Nacional. Se impulsó que se instalaran cooperativas en los talleres abandonados por sus patrones. Los pequeños industriales fueron respetados aunque en un nuevo marco de relaciones laborales, en la que los trabajadores tenían garantizados sus derechos. Se prohibió el trabajo nocturno y adoptaron políticas de higiene.
Los alquileres empezaron a estar controlados por la municipalidad, fijándose un tope máximo. Los miembros del gobierno se pusieron un sueldo igual al sueldo medio de los trabajadores, teniendo prohibido la acumulación y aprovechamiento propio de sus cargos.
La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Los programas de estudios fueron confeccionados por los propios profesores. Se creó una escuela de Formación Profesional en donde los obreros daban clases prácticas a los alumnos. Se abrieron guarderías para cuidar a los hijos de las trabajadoras. También en el plano educativo se destacó la Asociación Republicana de Escuelas con el propósito de crear en las universidades un estímulo basado en el conocimiento científico. En el mundo del arte y cultural aparecieron una gran cantidad de asociaciones para la promoción del teatro y las bibliotecas.
Hubo libertad de prensa, de reunión y asociación. Se decretó que las detenciones deberían ser por orden judicial, y los prisioneros tenían todos sus derechos garantizados, incluso el castigo era fuerte para los casos de detenciones injustas. La libertad de asociación hizo aparecer a muchos grupos y “clubs” de todas las ideologías, las cuales se podían expresar libremente. Ese clima de libertad hizo que los enemigos de la Comuna se movieran libremente por la ciudad, provocando muchas veces actos de sabotaje. Solamente al final, cuando la situación empeoró, se detuvieron a varios saboteadores y aún así durante esos tres meses no murieron más de cien personas, que fueron saboteadores, espías y un Obispo, datos totalmente insignificantes comparados con la represión posterior.
El Consejo General de la Comuna, apoyado en las fuerzas populares, concentró en sí todos los poderes civiles y militares. Sus integrantes dividieron su tiempo entre la organización de la lucha armada y la de la vida cotidiana, del abastecimiento, del trabajo en la capital. Entre las medidas urgentes que fueron tomadas se destacaron la moratoria sobre los alquileres, las viviendas vacantes fueron requisadas, la pena de muerte fue decidida contra los traficantes y un decreto decidió la separación de la Iglesia del Estado.
Mujeres en las barricadas, fábricas, y masacradas
Un capitulo aparte fue el papel de las mujeres, participando de todas las actividades realizadas en esos meses, y principalmente cuando la lucha armada se dio en las barricadas, por eso fueron fusiladas junto a sus hijos.
Pero, de todas las luchas revolucionarias en las que las mujeres tuvieron participación, sobresalen las de la Comuna de Paris, tanto por su contenido político como por su número e intensidad.
En 1871, pese a la participación de las mujeres en las jornadas revolucionarias durante casi un siglo de lucha de clases, los trabajadores sufrían precarias condiciones de vida y las trabajadoras sufrían una doble explotación y discriminación: como mujeres y como trabajadoras, careciendo además del derecho al voto, permitido a los hombres. Un ejemplo de las discriminaciones a las que estaban sometidas las mujeres aparece en el Código Civil francés. Éste, modelo de código civil burgués, y seguido en distintos países, fue uno de los documentos más reaccionarios en lo que respecta a la cuestión de la mujer. La despojaba de todo y cualquier derecho, sometiéndola enteramente al padre o al marido, no reconocía la unión de hecho y sólo reconocía a los hijos del casamiento oficial.
Para muchas mujeres, la Comuna se presentó no sólo como una posibilidad de conquistar una República social, sino de conquistar una República social con igualdad de derechos para las mujeres.
El 18 de marzo de 1871 fueron las mujeres las primeras en dar la alarma y revelar la intención de las tropas al mando del gobierno de la burguesía de retirar los cañones de las colinas de Montmartre y desarmar París. Las mujeres se pusieron delante de las tropas gubernamentales e impidieron con sus cuerpos que los cañones fueran retirados, e incitaron la reacción del proletariado y de la Guardia Nacional a la defensa de París.
En concreto, trabajaron en las fábricas de armas y municiones, hicieron uniformes y dotaron de personal a los hospitales improvisados, además de ayudar a construir barricadas. A muchas se las destinó a los batallones de la Guardia Nacional como “cantineras”, donde se encargaban de proporcionar alimentos y bebida a los soldados de las barricadas, además de los primeros auxilios básicos. En teoría, eran cuatro las “cantineras” destinadas a cada batallón, pero en la práctica solían ser muchas más. Por otra parte, abundantes datos muestran que muchas mujeres recogieron las armas de hombres muertos o heridos y lucharon con gran determinación y valentía.
También hubo un batallón compuesto por 120 mujeres de la Guardia Nacional que luchó con coraje en las barricadas durante la última semana de la Comuna. Obligadas a retirarse de la barricada de la Place Blanche, se trasladaron a la Place Pigalle y continuaron la pelea. Algunas escaparon al Boulevard Magenta, donde todas murieron en la lucha final.
Participaron activamente de clubes políticos, reivindicando la igualdad de derechos, como por ejemplo el Club de los Proletarios y el Club de los Librepensadores. Crearon organizaciones propias como el Comité de Mujeres para la Vigilancia, el Club de la Revolución Social, el Club de la Revolución y, la que consiguió destacarse de las otras, la Unión de Mujeres para la Defensa de París y la Ayuda a los Heridos, fundada por miembros de la Internacional, influidos por las ideas de Marx.
Se publicaron periódicos destinados a las mujeres: Le Journal des Citoyennes de la Comuna (Periódico de los Ciudadanos de la Comuna) y La Sociale (La Sociedad).
Entre las mujeres en este período, la más conocida fue la activista socialista Louise Michel, fundadora de la Unión de Mujeres para la Defensa de París de apoyo a los Heridos y miembro de la I Internacional.
Algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias, “les pétroleuses”, que prendieron fuego a edificios públicos durante la Semana Sangrienta al final de la Comuna. Estas historias parecen ser fruto del alarmismo antifeminista de inspiración gubernamental, y la mayoría de los corresponsales extranjeros presentes no las creían. No obstante, las tropas gubernamentales ejecutaron de manera sumaria a cientos de mujeres, e incluso se las apaleó hasta morir, porque eran sospechosas de ser pétroleuses. Con todo, a pesar del hecho de que más tarde se acusó a muchas más mujeres de ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron a ninguna culpable de ese delito. Sin embargo, hay pruebas que indican que, durante los últimos días, las mujeres aguantaron más tiempo tras las barricadas que los hombres. En total, se sometió a 1.051 mujeres a consejos de guerra, realizados entre agosto de 1871 y enero de 1873: a ocho se las sentenció a muerte, a nueve a trabajos forzados y a 36 a su deportación a colonias penitenciarias.
La Comuna de Paris y la destacada participación femenina en actividades consideradas hasta entonces como masculinas, reafirma la fuerza revolucionaria de la mujer, ya perfilada a partir de la revolución de 1789, que se transformó en una oleada mundial indestructible.
Ante el temor que el fenómeno de la Comuna se extendiera al resto de Europa, los triunfadores alemanes le devolvieron al gobierno francés derrotado en el campo militar todas las tropas que mantenía detenidas, para que pudieran ser utilizadas en la represión a los comuneros. Así el 21 de Mayo de 1871 un ejército de 180.000 hombres se lanzó a la conquista de París. La defensa se organizó con cientos de barricadas, en las que lucharon tanto hombres como mujeres. El combate fue desigual ante el poderío militar del ejército regular, sin embargo los comuneros defendieron barrio por barrio, calle por calle y casa por casa. Pelearon y dieron sus vidas por el primer gobierno obrero. La batalla duró una semana, hasta el día que cayo la última barricada.
Como era de esperar la represión fue brutal. Se calcula que unos 30.000 obreros y simpatizantes de la Comuna fueron fusilados, a los que habría que sumar unas 40.000 personas enviadas a las colonias para realizar trabajos forzosos, en donde gran parte murió. Esa represión casi consiguió eliminar el movimiento obrero en Francia, y los vencedores disfrutando de su victoria llegaron a afirmar que: “El socialismo ha sido eliminado por un largo tiempo”. Algunos comuneros consiguieron escapar y varios de ellos llegaron a la Argentina, y muchos a Rosario, donde continuaron difundiendo los ideales socialistas y anarquistas, participando en la formación de las primeras organizaciones obreras del país.
A pesar de la derrota, las acciones de los obreros parisinos dejaron muchas enseñanzas y llevaron a Marx a reflexionar que era “la forma al fin descubierta, para la emancipación económica de los trabajadores” y ante los comuneros que “tomaban el cielo por asalto”, vio en aquel movimiento revolucionario una experiencia más importante que cientos de programas. “La Comuna ha demostrado sobre todo que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines.” Y fue muy claro: la clase obrera debe destruir, romper la máquina estatal y no limitarse simplemente a apoderarse de ella, agregando en una carta a un amigo: “Si te fijas en el último capítulo de mi 18 Brumario, verás que expongo como próxima tentativa de la revolución francesa, no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla. Y esta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente”.
Marx, señalaba la tarea posterior: sustituir la máquina del estado, una vez destruida, por la organización del proletariado como clase dominante, por la conquista de la democracia. Y afirmo con claridad “La Comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas que es un gobierno barato, al destruir las dos grandes fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del estado. La Comuna no había de ser un cuerpo parlamentario, sino un organismo activo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo...”. Decidir una vez cada cierto número de años que miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués. La salida del parlamentarismo no está naturalmente en abolir las instituciones representativas y la elegibilidad, sino en transformar las instituciones representativas de lugares de charlatanería en organismos activos. En Marx no hay utopismo, no inventa ni saca de su fantasía una nueva sociedad, sino que estudió cómo nace la nueva sociedad de la vieja.
Y anunció: “El París obrero, con su Comuna, será celebrado como heraldo glorioso de una sociedad nueva. Sus mártires reposan en el gran corazón de la clase obrera. En cuanto a sus exterminadores, la historia ya los ha condenado a una picota eterna, de la cual no los liberarán todas las plegarias de sus sacerdotes”.
