Hoy el sol salió con tanto ánimo en esta tierra esperanzana que una sólo puede quedarse como garroba disfrutando de su caricia, y luego seguir con la asamblea. Hoy, las y los compas que ayer llegaron desvelados pudieron descansar y lucen con más sonrisas, se incorporan otros compañeros. La cipotada juega en el patio con más confianza y Miguel Àngel, de siete años, ha reproducido las hortensias del jardín de Utopía en unos cartoncitos de colores que sobraron de la presentación, sus hortensias son tan hermosas como las que lucen en el patio.
La asamblea Nestor Ovidio Zúniga concluyó ayer con un video que informa de la lucha del pueblo mapuche: pueblo insurrecto de todos los tiempos, inspiración nuestra. Antes del video y después de los plátanos con mantequilla y los frijoles con arroz, y una que otra tortilla con cuajada, se había leído el informe narrativo. Una chorrera de actividades, encuentros, talleres y producciones que ha hecho el COPINH desde enero del año pasado. Se lee más o menos rápido, igual se plantean desafíos y debilidades. Lo cierto es que en esas páginas no se cuenta la incontable cantidad de trabajo, energía, valor, esperanza y rabia que ponen las copinas y los copines para echar adelante su organización y movilizar cuerpos y pensamientos en la perspectiva de transformación radical de este país: la refundación nacional. La lista de las actividades se completó con la participación de la asamblea, y se hicieron las preguntas sobre acciones o conceptos que no eran claros, se hizo una valoración política sobre la pertinencia de las actividades y su impacto en la acción política. Desde aquí se van a perfilar las rutas que hay que mantener para el próximo período.
Hoy, desde temprano y después de hacer un resumen colectivo del día de ayer, se distribuyó el informe financiero. Esta es una práctica común en la organización, nos dicen. Quienes participamos de la asamblea y hemos sido parte de otros espacios no hemos visto muchas veces esta práctica. Con copia de cada proyecto y un condensado organizacional, se ponen las cuentas en la mesa, todo el pisto a la vista de todos los ojos. Se reparte el material impreso, una copia para cada quien de cada proyecto, que pueden llevar a su comunidad. En grupos los y las asambleístas leen y discuten y ponen en público todas las preguntas y dudas. Comentamos, mientras tomamos chocolate caliente, que nunca hemos sabido cuánta es la riqueza en este país, (sólo nos repiten que somos pobres, o eso dicen los ricos) ignoramos cuanto entra en las cuentas públicas, cuánto se gastan los presidentes, los ministros, los diputados, cuántos carros, cuanto combustible, cuántas dietas. Ellos no se sienten obligados a dar cuentas y nosotros no nos sentimos legítimas para pedirlas. Una compañera comenta que ella fue parte de una cooperativa y que cuando preguntaba detalles sobre gastos la regañaban diciéndole que porqué era tan metiche.
Pues aquí, la transparencia es práctica, se lee cuánto gana cada quién y cuáles son los bienes, hay unas cajas con todas las facturas por si alguien quiere revisarlas. También queda claro que el trabajo político cuesta mucho esfuerzo, conocimiento y dinero, y que se requiere gran convicción y esfuerzo para mantenerlo a flote. En el grupo hay gente que sabe mucho de contabilidad, la mayoría no sabemos nada. La asamblea nos permite aprender sobre finanzas, y sobre todo lo sencillo y necesarios que es actuar con honestidad y dar cuentas claras.
Fecha: 28/04/2011
Arranca la Asamblea Intermedia
del COPINH “Néstor Ovidio Zúniga”
En el centro de amistad entre los pueblos Utopía, con el aire fresco de los bosques y en medio de chequeques, zorzales, carpinteros, guardabarrancos, gavilanes y chischís, algo desvelados, como dicen aquí las gentes, pero con ánimos, y en un ambiente de solidaridad y rosas arrancó la Asamblea Intermedia. Nuestro hermano Neco, nombre de este encuentro, que nos honra con su presencia en la memoria, sigue aquí con su pueblo que lo recuerda por su sonrisa afable, su valor en las calles, sus artes coloridas, su internacionalismo honesto y humilde.
De Lempira, Intibucá y La Paz, viajando por horas y en transportes incómodos, hombres y mujeres, niños y niñas llegaron a la asamblea para empezar un trabajo de análisis, reflexión y definición de trabajos. Entre todas y todos esta jornada dará forma y contenido al próximo tiempo de lucha del COPINH. Después de que Pascualita Vásquez y su asistente Gaspar nos llevan a agradecer a la madre tierra y los cuatro puntos cardinales por la vida, los árboles y pajaritos, las aguas y las criaturas, las luchas de los pueblos, se inicia el trabajo en el salón.
Jóvenes, muchos jóvenes llegaron a esta asamblea. Pocas mujeres para lo que quisiéramos algunas, y sin embargo es un compañero el que plantea que es necesario hablar sobre cómo y porqué hay tanto asesinato de mujeres. Así que la línea de reflexión antipatriarcal ya está puesta como una prioridad, igualmente la lucha por los bienes naturales, y contra los monstruos como llaman los compas a aquellos empresarios que llegan cada vez más y con muchas estrategias a querer apropiarse de las aguas, los bosques, arte y los territorios de estos pueblos.
Se plantean las expectativas, la mayoría dicen que han venido por aprender más sobre la lucha, y un buen número plantea la importancia de discutir sobre la política nacional, la asamblea constituyente y la refundación del país.
Se plantea la agenda, larga y llena de trabajos colectivos para que el análisis y las propuestas tengan gran cantidad de ideas distintas. Pascualita recuerda que no se permitirá que las ideas de las mujeres no queden en los trabajos. Aplaudimos todas y todos. Nos vamos a la comida y los compañeros lavan con buen ánimo su plato y su taza, hacen bromas, pero saben que la vida sólo se cambia cambiándola.
Como buena noticia, Berta nos anuncia que el viernes en la noche tendremos un convivio y que vamos a bailar con un conjunto de cuerdas para celebrar los 18 años de fundación y lucha del COPINH, mientras compartimos un fresquito de maíz, de los que son la savia antigua de la fiesta indígena lenca.
A quienes se sientan parte de nuestra celebración, aquí les esperamos. . Más.
27/04/2011
ASAMBLEA INTERMEDIA DE COPINH
del 27 al 29 de abril 2011.
26/04/2011
Congreso de facto rechaza propuesta integral de reforma agraria presentada por los campesinos
Thursday, 28 April 2011 11:51 Tomy Morales-Corresponsalías Ciudadanas
Defensores en Linea
Vía Campesina expuso la situación actual en la que se encuentra el campesinado en Honduras
Una comisión de varias organizaciones de la Plataforma Agraria, Vamos al Grano, SARA y Vía Campesina, se reunió con representantes de facto del Poder Legislativo , para plantearles la propuesta de ley de la transformación agraria integral y transformación de la propiedad de los recursos naturales y el manejo del ambiente.Antes de la reunión, en un foro las bases campesinas aportaron algunos insumos para el documento como un seguro campesino, un programa de educación y alfabetización en el campo, la creación de un fideicomiso para incentivar la pequeña y mediana agricultura.
En el foro el dirigente Rafael Alegría, de Vía Campesina expuso la situación actual en la que se encuentra el campesinado en Honduras, manifestó que más de dos millones de campesinos están en pobreza extrema, ocho de cada 10 familias no tienen empleo, la pobreza y la exclusión es grave, “en el sur hay gente que su alimento es mango, ciruelas, marañones, porque ni siquiera tienen tortilla con sal para sustentarse”.
Mencionó el acuerdo fallido firmado entre el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, y el régimen de Porfirio Lobo Sosa, que en uno de sus artículos reconoce la crisis en el Bajo Aguán y acepta que es producto de la estructura agraria.
También se refirió al daño que les ha hecho la derogación del decreto legislativo 18-2008, que manda que vuelva la tierra a los verdaderos dueños, llevando a cabo una expropiación forzosa de tierras en poder de terratenientes, el mismo fue derogado por la Corte Suprema de Justicia y dio pie a los desalojos, amenazas, la grave violación a los derechos humanos y miles de campesinos tienen órdenes de captura.
Alegría expresó que actualmente los campesinos se tomaron la carretera de Santa Bárbara , el Aguán y en tanto que advirtió que van a hacer más acciones si no solucionan la problemática que está afectando a los desposeídos de tierras.
La cantidad de leyes que se están emitiendo es en contra del pueblo, como las más de 47 concesiones de los ríos que afectan directamente a las comunidades.
Respuesta del régimen
La Vice presidenta del Congreso de facto, Elena Gutiérrez, enfatizó que es necesario establecer un diálogo con las partes involucradas, esto es al referirse a los empresarios, terratenientes y todos los que tengan que ver con el problema de la tierra, porque no pueden beneficiar solo a un grupo, sino que dejo tácito que Miguel Facusse debe ser parte integral de la socialización del documento que presentan los campesinos.
El diputado Chang Castillo afirmó que “dentro de poco vamos a reanudar relaciones con la República Bolivariana y Lobo va a tomar este tema”, al tiempo que respaldó las palabras de Gutiérrez que no se puede construir algo destruyendo a otros sectores, siempre en la misma línea de defender a los terratenientes.
Acusó a los campesinos de ser parte del origen del problema y añadió que “todos somos culpables por la explotación de los campesinos en el campo, por no venir a las autoridades e iniciar una resolución, debemos tener una reforma integral olvidando esos rencores y odios, porque si a ustedes les matan a un campesino, ustedes se enojan con nosotros y el odio no nos conduce a nada. Hay una vocación de diálogo y estamos representando a todas las fuerzas políticas e ideológicas”.
La comisión campesina estaba integrada por los delegados María Pérez del Consejo Coordinador de Organiza COCOH, Eugenio Herrera de ANACH, Paula Bejarano de AGROH, Marlon Danilo Cantarera coordinador de la juventud del campo, Juan Chinchilla del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, MUCA, Jesús Ponce de la CNTC, Ramón Navarro de la ANACH y Rafael Alegría de Vía Campesina.
MUCA exige a gobierno de Honduras cese de las violaciones a los Derechos Humanos
Artículo | April 29, 2011 - 12:09pm
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) exigió este día al gobierno de “Pepe” Lobo que cumpla los acuerdos que se firmaron en abril de 2010 y el cese de la represión contra este grupo social que ha cobrado la vida de más de una docena de personas.El miembro del Muca, Juan Chinchilla, informó a EL LIBERTADOR digital que se han movilizado a fin de presionar a la actual administración gubernamental que cese las violaciones a los derechos humanos, el aumento de los productos de la canasta básica y las alzas de las tarifas de la energía eléctrica que se han aplicado desde 2010.
Chinchilla también le recordó al Presidente Porfirio Lobo que haga valer la palabra que empeñó en ese entonces cuando dijo en comparecencia pública que “no permitiré grupos armados en Honduras”, ya que hasta la fecha el valle del Aguán se encuentra militarizado.
Sumado a eso –agregó– no descarta que la presencia de sicarios y paramilitares se vuelva permanente y las agresiones contra el campesinado arrecien.
Los ataques contra las organizaciones campesinas de ese lugar situado a 545 kilómetros al este de Tegucigalpa se agravaron desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el ex Presidente Manuel Zelaya; días antes, éste se había comprometido con el Muca a traspasarles las tierras, hecho que nunca ocurrió.
El Muca al igual que otros grupos de labriegos vienen luchando desde la década de 1990 por la recuperación de las tierras que les fueron robadas por el terrateniente árabe Miguel Facussé, en el marco de la denominada “modernización agrícola” impuesta por el entonces mandatario Rafael Leonardo Callejas y el ex director del Instituto Nacional Agrario, el reconocido golpista Juan Ramón Martínez.
Golpe a la economía: IHSS cobrará casi 300 lempiras a
empleados por pésima atención médica
Artículo | April 26, 2011 - 10:41am
Redacción Central /EL LIBERTADOR
Tegucigalpa-A unos días que culmine abril, las quejas de los empleados no se han hecho esperar. Y es que el IHSS está comenzando a deducir el doble de lo que los aportantes cotizaban en un pasado reciente, por lo que el incremento que está en entre un 3 y 4 por ciento se volvió una farsa.Empleados del sector privado informaron a EL LIBERTADOR que de 168 lempiras que pagaban cada mes por recibir un servicio, ahora deberán cancelar casi 300 lempiras, a cambio de recibir un “no hay medicinas” en caso de requerir de atención primaria en salud.
De acuerdo a la resolución que dictó la Junta Directiva del IHSS, la deducción será conforme al salario de cada empleado, lo que significa que 60,000 derechohabientes ya no aportarán conforme al salario base (establecido en 4,800 lempiras hasta marzo de este año).
Por ejemplo, una persona que gana un salario de 7,000 lempiras mensuales, ahora erogará un estimado de 280 lempiras, mientras que el empleador tendrá que pagar una cuota superior al 8,4 por ciento, es decir que habrá que gastar más a cambio de recibir un pésimo servicio.
En ese mismo contexto cabe decir que la entidad que jefea Mario Zelaya aprobó un nuevo esquema de cotización orientado a que las personas cuyo sueldo sea de 5,800 lempiras (salario mínimo base) se les quite unos 200 lempiras; si éstos ganan más de 6, 000 lempiras se les quitará 240 lempiras; y 280 lempiras en adelante para los que devengan un sueldo superior a 7,000 lempiras mensuales.
La excusa para aplicar esa medida es que se “pretende salvar la institución del colapso económico” por los desajustes en los ingresos generados por las transferencias del sector público y privado.
Con eso –según directivos– se pretende captar de los usuarios unos 2,000 millones de lempiras, a cambio de “reducir personal supernumerario” y la adquisición de medicamentos y tecnología.
Más de 788 millones destina Estado para compra de equipo y material de guerra
Revistazo
Como si se tratara de un país que vive en constante situación de guerra, Honduras descuida sectores importantes para el desarrollo humano y destina gran parte del presupuesto nacional a la compra de equipo y material bélico en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Una investigación y análisis de los presupuestos de los años 2009, 2010 y 2011, realizado por la abogada y consultora, Magda Calix y patrocinada por Revistazo.com y la Asociación para una Sociedad Más Justa –ASJ- señala que a pesar de vivir tiempos de paz, el ejército y la policía nacional, dependientes de las Secretarías de Defensa y Seguridad respectivamente, manejan cuantías superiores a las asignadas al Poder Judicial, Poder Legislativo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ministerio Público y otras instituciones del Estado.
De acuerdo a los hallazgos en el análisis, existen aproximaciones que indican que el presupuesto real que gestionan las Fuerzas Armadas podría ascender a más de 5 mil 166 millones de Lempiras, mientras que el de la policía es difícil de cuantificar, debido a que recibe fondos de diversas fuentes económicas, aportes que no son incorporados al Presupuesto Nacional.
"Esas fuentes se encuentran dispersas y no han sido incorporadas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República o su nivel de desagregación es incipiente. Existen, además, importantes manejos extrapresupuestarios”, sostiene Cálix.
Las Secretarías de Defensa y de Seguridad, reciben constantes modificaciones presupuestarias, situaciones que representan una manera fácil para el desvío de los fondos públicos aprobados en el Poder Legislativo.
El Presupuesto General de la Republica aprobado para 2010, hasta mediados de año había sufrido múltiples modificaciones de ampliación.
El Ejército recibió ampliaciones presupuestarias de 67,1 millones de lempiras, para el financiamiento de operativos de desalojo de los campesinos en el Bajo Aguan, compra de equipamiento especial antibombas, bonos y fortalecimiento y la compra de equipo para la Guardia de Honor Presidencial.
Por su parte la Policía Nacional, alcanzó ampliaciones de su presupuesto 720.9 millones que fueron utilizados para la compra de un camión blindado, nivelación de sueldos de oficiales, diversos operativos que incluyen los desalojos de los campesinos del Bajo aguan y la compra de equipo antimotines, entre otros fortalecimientos de la institución.
Ampliaciones presupuestarias al Ejército y la policía (en millones de Lempiras)
Descripción Ampliación
Compra camión blindado para control de Disturbios Callejeros 12.0
Fortalecimiento Policía 230.0
Nivelación de sueldos Oficiales 13,7
Financiamiento operación del 22 al 28 de septiembre 4,1
Incremento general policías 194,2
Plan asegurando Estado de Derecho 10,0
Traslado de fondos operativo Tumbador, en la zona del Bajo Aguán 1,2
Proyectos en beneficio colectivos 20,0
Equipo antimotines 10,0
Para aumentar capacidades de las fuerzas armadas 58,8
Incremento general 138,9
Proyectos 20,0
Traslado de fondos operación del Bajo Aguan, en apoyo a la Policía Nacional 3,9
Traslado de fondos para hacer efectivo el pago de servicios profesionales al abogado norteamericano Owen S. Freed en la demanda de daños y perjuicios promovida contra el Estado de Honduras por la empresa SAMCO GLOBAL ARMS 3,0
Transferencia de fondos para financiar la operación del Bajo Aguán llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Honduras en un término de 8 días 1,1
Financiamiento para cubrir necesidades de las Fuerzas Armadas en la operación del Bajo Aguán 4,3
Traslado de fondos para financiar la operación XATRUCH llevada a cabo en el Bajo Aguán 6,0
Traslado de fondos para el equipamiento especial anti-bomba 1,3
Fondos para r bonos de L. 1,000.00 de la Secretaría de Defensa 13,5
Traslado fortalecer Guardia de Honor Presidencial 40,0
Equipamiento especial Guardia de Honor Presidencial 2,0
http://www.revistazo.biz/cms/
Los nexos entre el narcotráfico
y los militares hondureños es de larga data
voselsoberano.com | Miércoles 27 de Abril de 2011 16:27
Los nexos entre el narcotráfico y elementos de las fuerzas armadas de Honduras son conocidos desde finales de 1970, cuando ocurrió el asesinato del matrimonio Ferrari, prareja que mantenía vínculos con el narcotraficante Matta Ballesteros. En ese entonces las investigaciones revelaron que estaban involucrados agentes de la inteligencia militar y los oficiales en servicio activo: Cnel. Leónidas Torres Arias (G2), encargado de Inteligencia del Estado Mayor Militar; Cnel. Ramón Reyes Sánchez, Director de la Penitenciaría Central; el Tte. Cnel. Juan Angel Barahona, Jefe de la Internacional Police (INTERPOL), el Cnel. Armando Calidonio, miembro de la Dirección Nacional de Investigación (DIN) y el Cap. Carlos Coello.
Honduras y su relación inconclusa con el narcotráfico
por Thelma Mejía
Honduras es una nación que se encuentra ubicada en el corazón de América Central, con una extensión territorial de 112 mil 492 kilómetros cuadrados, lo que la hace un punto envidiable para las actividades del narcotráfico, al compartir sus fronteras con países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, además de una amplia costa en el Mar Caribe.
Con una población de 5,8 millones de habitantes, el país cuenta con niveles de pobreza del 81 por ciento, según cifras oficiales y privadas, por la puesta en práctica de un drástico proceso de ajuste estructural a la economía, en los últimos siete años, que devaluó la moneda local, el lempira, y aumentó los impuestos y las tarifas básicas de agua, energía y teléfono.
El costo promedio mensual para cubrir la canasta básica, para una familia de 5 ó 6 miembros, es de 257 dólares, una cifra demasiado alta, en comparación con los salarios mínimos mensuales, que andan por el orden de los 60 y los 136 dólares.
Este panorama incide en las actividades del narcotráfico en el país, cuyos primeros indicios se remontan a fines de los años setenta, de acuerdo con información de la prensa.
Honduras, en general, es un país de tránsito de narcóticos. La producción de
drogas es insignificante, salvo la de marihuana, que comenzó a cultivarse en algunas regiones del país, además de que hay un aumento de consumo de la misma por la juventud, especialmente.
El surgimiento de la narcoactividad
En 1978, con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, el país ya era mencionado como punto de escala en el tráfico de drogas del sur al norte de América, al tiempo que se conocían los nombres de militares vinculados al ilícito negocio.
Según los registros periodísticos de esa época, pareciera que el narcotráfico
surgió en el país vinculado con los señores de uniforme, que en ese momento ejercían el poder de facto en la Nación.
Los esposos Ferrari fueron encontrados muertos en un pozo de malacate (artesiano) el 15 de junio de 1978, en la finca San Jorge, en lo que es hoy día la populosa colonia capitalina Cerro Grande.
Su hallazgo se produjo seis meses después de haber desaparecido, convirtiéndose su caso en uno de los mayores escándalos que afrontó el régimen militar del fallecido general Juan Alberto Melgar Castro.
Los esposos Ferrari habían querido aparecer en el país como simples comerciantes, que atendían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del, entonces, Director de la Penitenciaría Central, coronel Ramón Reyes Sánchez, con quien los vinculaba una estrecha amistad.
De acuerdo con la información de la policía, los Ferrari eran traficantes de droga, sobre todo cocaína, además de tener vínculos con el tráfico de armas y esmeraldas, junto al capo hondureño Ramón Matta Ballesteros.
En una declaración de prensa, el padre de Mario Ferrari, Luis Ferrari, dijo sin tapujos que contar la historia de su hijo era darlo por muerto.
Diario Tiempo, uno de los periódicos más beligerantes de la época, fue el medio que vinculó el secuestro y asesinato de los Ferrari con las drogas y los militares, lo que le valió fuertes censuras y presiones, en un afán por intimidar a su cuerpo de redacción.
Por el asesinato de los Ferrari, se capturó a cuatro personas que operaban como una banda dedicada al tráfico de droga. Entre ellos se encontraba el ex sargento militar, Dimas Reyes y el colaborador de lapolicía Raúl Matta, entre otros.
El sargento Reyes estaba asignado al G-2 del ejército o inteligencia militar. En ese cuerpo militar, se presume que fue planificada la muerte del matrimonio Ferrari. Raúl Matta realizó el servicio militar en el ejército de Estados Unidos, de donde fue expulsado bajo la acusación de utilizar el uniforme para asaltar tiendas. (Diario Tiempo, 2 de marzo de 1978).
También fue deportado de México, por estar vinculado a las drogas, y colaboró en Honduras con el Departamento de Investigación Nacional (DIN) o policía secreta, disuelta hace cuatro años, en el departamento de Narcóticos.
Relacionado con este caso, se mencionó el nombre de Juan Ramón Matta Ballesteros, como jefe de un grupo dedicado al narcotráfico y autor intelectual del asesinato del matrimonio Ferrari.
Matta Ballesteros fue capturado en abril de 1988, por agentes de la DEA de los Estados Unidos y el ejército de Honduras, y enviado a Washington, donde se encuentra condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y por su vinculación con el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena, torturado y ejecutado en México, en 1984.
En esa época del secuestro y asesinato de los Ferrari, la implicación de los uniformados en el negocio era tan evidente, que el señor Luis Ferrari, padre de Marito, como cariñosamente le decían, alertaba sobre el asunto.
En una carta enviada al Diario Tiempo, indicaba: ...algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa...
En rueda de prensa, sostenida el 9 de marzo de 1978, los militares sostenían que, desde hacía algún tiempo, Honduras había sido colocada en el primer plano en el tráfico internacional de drogas.
No se trata de algo pequeño, sino de una mafia que maneja dos o tres mil millones de dólares, y por lo tanto están dispuestos a llegar a cualquier extremo para proteger este gigantesco negocio ilícito, dijo el general Policarpo Paz García, jefe del gremio armado.
Se dice que hay varios laboratorios en el país, pero hasta el momento no se ha localizado ninguno, afirmaba el general Paz, quien afirmaba que la droga procedía de Colombia.
En la jerga de los uniformados se habla de una Honduras-Conection,que tiene que ver con el narcotráfico, cuya primera avanzada fueron los esposos Mario y Mary Ferrari.
Como parte de la Honduras-Conection, comienzan a aflorar los nombres de varios uniformados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias, jefe de inteligencia militar; el coronel Ramón Reyes Sánchez, director de la PC; el teniente coronel Juan Angel Barahona, jefe de la Interpol; el también coronel, Armando Calidonio; y el oficial Carlos Coello.
A Barahona se le acusó de haber recibido dinero de la mafia para permitir la salida rumbo a Colombia del narcotraficante, Ramón Matta, en los días que se cometió el asesinato de los Ferrari.
Barahona, negó rotundamente estas acusaciones y comenzó a soltar fragmentos de una historia que aún no se conoce claramente; afirmó que, tras el asesinato de los Ferrari, había gente de muchas estrellas, una alusión popular que identifica alos oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas.
Sostuvo que el general Policarpo Paz García, jefe de las Fuerzas Armadas, tenía en su poder grabaciones y documentos que probaban la implicación de los oficiales en el narcotráfico, pero éstos nunca salieron a la luz pública.
Ante estas explosivas declaraciones del oficial, los militares indicaron que investigarían el caso, el cual estaría bajo la responsabilidad de la Comisión de Alto Nivel nombrada para esclarecer el paradero de los Ferrari.
Una vez fueron encontrados los cuerpos de los esposos Ferrari, sobre los cuales echaron cientos de toneladas de cal, la Comisión de Alto Nivel sólo implicó en el asesinato a Dimas Reyes y Raúl Mata, liberando de culpa o sospecha a cualquier uniformado. Raúl Mata, salió a mediados de este año de prisión, tras cumplir una condena de más de diez años.
En una cadena nacional de radio y televisión, difundida el 26 de junio de 1978, las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron que ningún oficial en servicio está involucrado en el crimen de los Ferrari, ni en el tráfico de drogas.
Los fragmentos más importantes de la cadena, resaltaron que ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari González, ni en los hechos de sangre sobre lo que profesamente ha informado la prensa nacional en uso irrestricto de la libertad de expresión que garantiza el régimen de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, reconoció que algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión, dando así por cerrado uno de los capítulos más dolorosos en la historia del crimen y narcotráfico en Honduras.
Al momento de realizar la investigación, trascendió que una de las muchas causas que originaron posteriormente el golpe de Estado contra el general Juan Alberto Melgar Castro, fue la determinación de éste de desenmascarar a los militares narcos, en un afán por limpiar la imagen del gremio armado.
En los archivos de la DEA, y de acuerdo a retazos de información desclasificada entregada al periodista estadounidense Jeremías Bigwood, en los meses de junio y julio de 1997, ese organismo norteamericano señala al general Policarpo Paz García como un jefe de Estado que llegó al salón de la fama en Honduras tras el golpe de Estado a Juan Alberto Melgar Castro y por tener fuertes tendencias a la corrupción.
Asimismo, la DEA dio información parcial de los militares Juan Blas Salazar, Gustavo Alvarez Martínez, José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Humberto Regalado Hernández, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer, como sospechosos de estar en el asunto de la drogas o bajo su influencia.
Todos estos militares han formado parte de las alta cúpulas del ejército. El coronel Pinel Cálix, actual inspector general de las Fuerzas Armadas, fue señalado en un artículo de The Miami Herald, de Estados Unidos, de formar parte de un grupo de oficiales que complotaron contra el presidente hondureño Carlos Roberto Reina.
Cálix, junto a un grupo de cubanos exiliados encabezados por el presunto contrabandista de armas Mario
Delamico, habría fraguado los dos atentados que en 1994 y 1995 sufrió el presidente Reina, según el rotativo.
Los móviles de la alianza serían el malestar de los castrense hondureños por sentir restado su poder y el rechazo de los cubanos en el exilio al acercamiento que el régimen de Reina mostraba hacia el gobierno de La Habana.
Si bien los militares han negado las acusaciones y amenazan con demandar por especulaciones al periodista Juan Tamayo, del Herald, el asunto evidencia la fragilidad de las relaciones entre civiles y militares en el país, que, en el caso del narcotráfico, se traduce en silencio.
Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, Ramón Custodio, el grado de penetración del narcotráfico en el país se implantó desde un principio, al más alto nivel, puesto que entró en ese juego el entonces jefe de la inteligencia militar, o G-2, coronel Leónidas Torres Arias.
Custodio sostiene que Torres permeó las altas esferas de las Fuerzas Armadas; desde entonces, podemos decir que la extensión del narcotráfico ha sido por una capilaridad invertida, de la cúpula, hasta las raíces; está enraizada en la sociedad hondureña con una serie de connotaciones.
Antes era simplemente puente de paso, luego vino la etapa de consumo como parte de los nuevos hábitos de los nuevos ricos y de la alta sociedad, pero luego pasó, del pago en dólares por los servicios prestados, a un pago en especie, porque ya había un mercado interno para la coca y hemos avanzado ahora en la parte del lavado de dólares y la narcopolítica.
Tránsito, consumo y producción
La historia del narcotráfico en Honduras consta de tres momentos: como país de tránsito, primero; de consumo, después; y, ahora, en la producción de marihuana, la sospecha de lavado de activos y tentáculos en la narcopolítica.
Como país de tránsito, Honduras es vulnerable por sus extensas fronteras marítimas y terrestres, sus limitados controles aduaneros, bajos salarios de sus oficiales, la existencia de una indeterminada cantidad de pistas clandestinas y la poca capacidad de la Fuerza Naval, una rama de las Fuerzas Armadas, para patrullar e interceptar los barcos que transportan drogas, dada la falta de embarcaciones y combustible.
La Fuerza de Seguridad Pública, FSP, que realiza las labores de policía, cuenta con unos siete mil efectivos, mal armados y con deficientes sistemas de transporte y comunicaciones, que le impiden eficacia para combatir el narcotráfico.
Esta Fuerza tiene una Dirección Nacional Antidrogas, DNA, que cuenta con agentes especializados y un escuadrón canino, que han permitido una serie de incautaciones, particularmente en los puestos aduaneros fronterizos con Nicaragua.
La FSP se convertirá, en los próximos ocho meses, en la nueva Policía Nacional Civil de Honduras, cuando todas sus estructuras, militarizadas aún, den paso a una depuración y a un organismo civil de seguridad preventiva. La acción es parte del proceso de desmilitarización del país.
El Ministerio Público, fundado en 1994, creó la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, que el 17 de junio de 1996 se convirtió en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.
Carlos Sosa Coello, diputado socialdemócrata al Congreso Nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, manifiesta que Honduras es un país de tránsito, almacenamiento y desviación de productos químicos, y lavado de dinero. Según el legislador, no existe evidencia de gran producción y el consumo se mantiene a niveles moderados.
De acuerdo con investigaciones realizadas, incluida la consulta a fuentes civiles y militares encargadas de combatir la droga, el impacto de la narcoactividad en Honduras está adquiriendo niveles alarmantes, cuya magnitud no se refleja en los decomisos de la droga.
El triángulo de las drogas
En Honduras existe una especie de Triángulo de las Bermudas, que comienza en la región de La Mosquitia, en la costa atlántica, conocida también como Gracias a Dios, frontera con Nicaragua; sigue hacia las Islas de la Bahía, en el Mar Caribe; y desciende a la frontera sur con Nicaragua, en la aduana de El Guasaule, en el sureño departamento de Choluteca.
Para el analista político Víctor Meza, del Centro de Documentación de Honduras, estas formas de esparcimiento, a escala nacional, no descartan la existencia de minicárteles de la droga, porque Honduras pasó de ser puente de los narcos, a constituirse en un depósito de estupefacientes.
Todos los países que se convierten en sitio de depósito, más temprano que tarde, ven surgir de minicárteles regionales o de grupos locales distribuidores de droga, que entran en competencia entre sí, por el control de territorios o por el acceso a fuentes distribuidoras de la droga en grandes cantidades o al por mayor, dijo Meza.
Uno de los puntos donde es más evidente la narcoactividad, es la región norte del país, sobre todo las Islas de la Bahía, una zona que se presta mucho para este tipo de actividad por ser un punto importante de confluencia turística, sin vigilancia policial. Gran parte del tráfico de droga, que viene por las rutas marítimas, desemboca en las Islas de la Bahía
El noventa por ciento de la flota pesquera hondureña está concentrada en Islas de la Bahía y regiones adyacentes. Muchos pescadores de mariscos y langostas han acostumbrado canjear parte de sus productos por droga que viene de Colombia, particularmente de la Isla de San Andrés. Las operaciones de canje de la droga se realizan en alta mar.
Según Meza, el pescador regresa sin langosta pero con mucha droga a las Islas de la Bahía. Esta droga empieza a ser utilizada como moneda de pago. En la medida que la droga se utilice para pagar en especie los servicios del traficante local, se producen esos flujos pequeños, pero a la vez importantes, de droga que circula dentro del territorio nacional, estimulando el consumo local.
Otra fase importante a señalar en el caso de la narcoactividad en Honduras, es la que se refiere al país como productor. Se puede ser productor de drogas menores, o país procesador de drogas mayores. La sospecha es que existen laboratorios de droga; extremo que no se ha comprobado.
En Honduras sólo se produce marihuana, ya que se han detectado plantaciones en el norte del departamento de Francisco Morazán, y en los de Yoro y Olancho, ubicados en el norte y el oriente del país, respectivamente.
En 1989, el ejército realizó un operativo en el norteño departamento de Colón; pero, curiosamente, hubo un gran incendio en lo que se supone fue una acción de último momento para borrar la evidencia de cultivos o posibles laboratorios móviles de droga.
De acuerdo con los organismos de lucha antidroga, la marihuana se cultiva para consumo interno y, en parte, para la exportación hacia los Estados Unidos.
En el norte del departamento de Morazán, en la región central, se registra, por cuestiones ecológicas, un decaimiento de la actividad agrícola. Varios campesinos, por los bajos precios de los granos básicos y estimulados por narcotraficantes, optaron por realizar cultivos de marihuana en vez de maíz, arroz y frijol, los productos básicos que conforman la dieta alimentaria del hondureño.
En Cortés, Yoro, Comayagua, Colón y Olancho, con tierras fértiles, el cultivo de marihuana tiene fines estrictamente comerciales.
La Comisión Legislativa contra el Narcotráfico sostiene que los campesinos son inducidos a dedicarse al cultivo de marihuana, para obtener ingresos superiores a los generados por sus cultivos tradicionales, generalmente granos básicos.
Durante 1995 hubo ocho operaciones policiales, en las que se decomisaron y destruyeron plantas de marihuana. La más significativa de ellas, fue la incautación y quema de 84 mil 346 plantas de marihuana; pero no hubo detenidos, ya que las personas dedicadas a esta labor huyeron del lugar.
En 1996 las operaciones policiales efectuadas se incrementaron sustancialmente y revelaron que hubo un aumento de actividad de los cultivadores de marihuana.
Entre 1995 y 1996, hubo un decomiso de siete mil libras de marihuana en Morazán, y, de menor grado, en las ciudades de Siguatepeque, Tela y La Ceiba, en la zona central y norte del país. También se registró la destrucción de más de tres millones de plantas, en el mismo período.
Las autoridades hondureñas sospechan que, en alta mar, en el Océano Atlántico, hay trueque de droga por langosta y camarón. De tal manera que la droga es vendida en el mercado local, particularmente en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Cortés, en la zona norte, donde opera el mayor flujo de turistas extranjeros, en su mayoría estadounidenses, en hoteles de cinco estrellas ubicados en las playas.
Las características geográficas del país, con costas en ambos océanos, extensas fronteras terrestres, la existencia de grandes zonas vírgenes y factores de carácter político y económico, así como los tratados de integración con América Central, propician este incremento del narcotráfico.
De acuerdo con el CEINCO, un centro de información de las Fuerzas Armadas, una de las zonas de trasiego de droga con características especiales es la región de La Mosquitia, donde la población, en su mayoría, apoya, participa y cubre esta actividad, dado los altos niveles de pobreza y falta de empleo.
Las formas de transporte son generalmente mixtas, ya que la droga puede ser transportada desde América del Sur, especialmente Colombia; lanzada al mar, recogida en la playa por cómplices, transportada por medios fluviales o aéreos, para luego ser enviada por tierra a Guatemala o, por medios marítimos y aéreos, hacia Islas de la Bahía u otras partes de la región.
Algunos individuos de origen colombiano, sospechosos de ser narcotraficantes, están comprando propiedades en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y en toda la zona del litoral atlántico hondureño.
Una vez establecidas en el sector, éstas personas de inmediato crean grandes redes de información, lo que les permite saber de inmediato la presencia de extraños o de autoridades en la zona.
Durante la pasada década, dados los conflictos internos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, hubo una gran afluencia de tropas extranjeras a Honduras, hecho que estimuló el uso del territorio hondureño para el trasiego de drogas del sur al norte de América.
La incautación de drogas revela que hay una intensificación del uso del territorio hondureño para el trasiego de cocaína, ya que en los años anteriores el promedio no pasaba de mil kilos.
Las zonas más sensibles en América Central son el Tapón de Darién, donde había
producción de coca ya sembrada, se dice que vinculada con la guerrilla colombiana; Guanacaste, en Costa Rica, donde hay pistas privadas; el litoral atlántico de Nicaragua, donde viven los misquitos; el litoral atlántico de Honduras y sus Islas de la Bahía; el litoral atlántico y los departamentos del Petén y Retalhuleu, en Guatemala; y Banco Chinchorro, frente a Belice.
Los cárteles de la droga conocen como la palma de la mano estas zonas y hay un gran respeto por su uso, según afirman las autoridades hondureñas de lucha contra la narcoactividad.
La compartimentación, base de la narco organización
En el organigrama de una organización típica, hay una total compartimentación del trabajo. Los distribuidores no conocen a quienes les entregan la droga. Nadie conoce ni ha tratado al jefe, ya que el único que trata con el jefe es el responsable financiero, el lavador de dinero. Los sicarios no conocen a los productores.
El único débil es el departamento financiero, porque es el evidente. Hay evidencias de bandas que trabajan para los narcotraficantes, pero sus relaciones son de subordinación y cierta autonomía en la ejecución del trabajo.
Cuando la presencia del narcotráfico se evidenció en el país, a fines de los setenta, empezó a mencionarse el nombre de militares implicados en el negocio. Según publicación de la revista El Parcial, de Alemania, Honduras emergía como el área más nueva en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Un boletín del Centro de Documentación de Honduras, de marzo de 1990, indica que la Operación Causa Justa impulsada por la administración del entonces presidente George Bush, contra el narcotráfico en Panamá, dio un salto de rana a Honduras.
Oficiales norteamericanos saben, desde hace varios años, que militares hondureños de alto rango han enviado, o servido de embudo, toneladas de cocaína a Estados Unidos, señala el informe titulado Los hilos del Narcotráfico.`Para el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Mario David Villanueva, la vinculación de los militares al narcotráfico ha sido en casos aislados y no como política institucional. Villanueva comenta que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, en la que deben participar todos y tomar el asunto como un problema real que enfrenta el Estado.
El narcotráfico, según las Fuerzas Armadas de Honduras, no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.
Villanueva no descarta la posibilidad de que existan pequeños cárteles en el cuerpo armado: no se puede descartar,dice, por el simple hecho de que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma.
Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y se resta poder a los uniformados.
Los analistas apuntan que la lucha contra el narcotráfico la deben emprender los policías civiles, agentes del Ministerio Público o Fiscalía del Estado, en la medida que el tema de la narcoactividad es un punto obligado, y no teórico como hasta ahora, en la agenda nacional.
A la par de estas preocupaciones, lógicas y coherentes con la realidad del país, otro dato que preocupa a los estudiosos de la narcoactividad y las autoridades enfrascadas en su lucha, es el aparente uso de territorio nacional para el lavado de divisas procedentes de la droga.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el mayor signo del proceso de lavado de dinero es el hecho de grandes cantidades en manos de personas cada vez de menor edad. Hay jóvenes de entre 20 y 25 años que son millonarios. Es circulante en manos de personas que no tienen activos fijos, sólo dinero cuya procedencia no se puede justificar fácilmente.
Cada vez se producen más vinculaciones del sistema con lugares donde se producen operaciones financieras de dudosa reputación, como las Bahamas y Panamá. Hay, además de los bancos, empresas que realizan operaciones comerciales directas.
En Honduras, se lava dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción, fortunas masivas que aparecen de la noche a la mañana, según un informe en poder del Consejo Nacional contra el Narcotráfico.
Las actividades económicas más utilizadas para lavar dinero son el turismo, las casas de cambio, los correos rápidos, la construcción, la compra de bienes raíces, la industria, el deporte profesional, los supermercados y las tiendas grandes.
En 1995 se aprobó la Ley de Banca y Finanzas, que contempla la superintendencia de bancos, asociaciones de ahorro y crédito, financieras, aseguradoras y casas de cambio, y tiene amplias facultades para revisar el funcionamiento de estas instituciones.
También la Asociación de Instituciones Bancarias discute en el Congreso Nacional una ley contra el lavado de activos, con el fin de suspender el secreto bancario en operaciones vinculadas al narcotráfico.
En Tegucigalpa, nadie está obligado a declarar el origen del dinero que deposita en los bancos. Una nueva ley establecerá un formulario donde se indique la procedencia de depósitos superiores a 3 mil 500 dólares. Pero esto aún no se aprueba en el Congreso, que, hábilmente, ha dado largas al engavetar el proyecto.
El Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, declaró que el secreto bancario, como está regulado en Honduras, se presta para el lavado de dinero. Cualquier persona puede llegar a un banco y depositar una gran suma de dinero y nadie le pregunta donde lo obtuvo, porque no hay ninguna obligación de hacerlo, salvo pagar el impuesto sobre la renta.
No obstante, uno de los principales obstáculos detectados por las autoridades y grupos humanitarios en la lucha contra el narcotráfico, es la inmunidad parlamentaria y política que gozan algunos funcionarios, especialmente del Poder Legislativo.
La Fiscalía del Estado sostiene que la inmunidad es para ellos el principal dolor de cabeza en la lucha contra las drogas, pues existen evidencias de que en algunos carros del Congreso Nacional se trafica con estupefacientes, se hacen grandes operaciones, pero no pueden hacer nada porque las personas que los conducen gozan de inmunidad.
Honduras se apresta a elegir, este 30 de noviembre, un nuevo presidente, diputados y alcaldes por un período de cuatro años. Si bien el proceso entró a su fase final, ninguno de los cinco aspirantes a la presidencia menciona el tema de la narcoactividad y su combate.
Los comentarios en voz baja, de sectores intelectuales, analistas y políticos, radican en la conformación de fuerzas del próximo Congreso, que lleva en sus planillas de candidatos para diputados a unas cuarenta personas señalas por presuntos actos corruptos, en tanto otros son mencionados por asuntos relacionados con drogas.
Cuando las denuncias de tráfico de influencia en el poder judicial son enormes, al afirmarse que algunos políticos influyen para torcer la ley, y mientras los Magistrados de la Corte de Justicia sean nombrados por el Congreso, como sucede actualmente, la independencia de poderes y la aplicación de justicia son remotos, lo que tiene que ver con el tráfico de drogas.
Organicidad del fenómeno
El diputado por el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata y vicepresidente del Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Sosa Coello, sostiene que la instauración y consolidación del sistema democrático debilitó los tradicionales vínculos de los cárteles de narcotraficantes con las cúpulas de poder en Honduras.
El desarrollo de la democracia y sus instituciones, el ejercicio de la autoridad policial por civiles (antes estaban en manos militares) debilitó en los últimos años los vínculos de los narcotraficantes en el país. Antes tenía vínculos con la autoridad de hecho, que eran los militares y jefes policiales.
Hay fuertes sospechas sobre que los narcotraficantes tratan de establecer vínculos con profesionales del Derecho, jueces, funcionarios y empleados del poder Judicial, además de tratar de establecer vínculos con políticos y diputados.
La narcoactividad en el país se sigue vinculando a los grupos de poder, sobre todo con el Poder Judicial que, según Ramón Custodio, presidente del CODEH, imparte impunidad.
A la gente ligada al narcotráfico no se le encuentra en las barriadas ni en los basureros, sino en la alta sociedad y en las altas esferas políticas y de poder.
En el caso de la justicia, es difícil cuantificar que tan minada está en su relación con los narcotraficantes. Lo único que, por ahora, se puede hacer son juicios de valor más que cuantitativos.
Lo anterior, partiendo de la excarcelación amañada de casi todos los narcotraficantes que han sido detenidos y la forma leve como han sido sancionados los jueces culpables de la excarcelación de grandes caposmafiosos.
Se habla, respecto de estos casos, de un abuso de la fianza extraordinaria, por parte de quienes ejercen el derecho penal hondureño. Los jueces venales, que liberaron narcotraficantes, nunca han sido sancionados debidamente. Solamente se les destituye, después de que han hecho un capital suficiente y quedan como nuevos ricos.
La legislación
A raíz de la muerte del matrimonio de Mario y Mary Ferrari en 1978, se dieron los primeros pasos en materia legislativa, al ser aprobada una ley antidrogas, orientada básicamente a la regulación de drogas legales.
En este aspecto, existe una legislación adecuada, salvo en lo que se refiere a lavado de dinero u ocultamiento de activos, infiltración legal de las organizaciones del narcotráfico y control de los precursores químicos esenciales para la fabricación de droga sintética, temas que, sin embargo, ya están en discusión en el Congreso. Falta una ley que norme la incautación de los bienes y propiedades de los narcotraficantes y su destino a la lucha antidrogas.
La Constitución de Honduras contempla, en su artículo 102, que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Según Sosa Coello, este artículo debería exceptuar los delitos de terrorismo y narcotráfico.
Otra debilidad se refiere al sistema penitenciario, que cuenta con cárceles inadecuadas, carentes de reglamentos para establecer los deberes y derechos de los reclusos.
La Ley Contra el Tráfico de Drogas, materias sicotrópicas y conexos fue aprobada en 1989, luego de la captura de varias personas vinculadas al narcotráfico, propietarias de la empresa Puertas de Castilla,que importaba droga de Colombia, para después enviarla escondida entre madera exportada a Estados Unidos.
Trambién estaba fresca la captura y posterior entrega del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, a los alguaciles de Estados Unidos. Esta ley contempla drásticas penas que pueden llegar a veinticinco años de cárcel y multas de varios millones de lempiras, a criterio de los jueces.
La ley fue impulsada por todos los sectores políticos y económicos, ante el surgimiento del fenómeno, que colocaba al país en una precaria situación, dado el uso del territorio por parte de los narcotraficantes.
En cuanto al exterior, Honduras tiene un tratado de cooperación bilateral con Estados Unidos y la DEA opera como asesora de los organismos nacionales. Además, existe un Tratado de Integración Regional en América Central, que dio lugar a la Comisión Centroamericana Permanente, de la cual Honduras forma parte.
Honduras mantiene convenios bilaterales con México, Chile, Jamaica y Venezuela, y forma parte de un programa regional, auspiciado por la OEA y la ONU, para entrenar jueces, fiscales y policías en Costa Rica. Además, solicita ayuda a Canadá y Europa, especialmente España, entrenamiento de personal en la Policía Montada.
Para la represión del delito, Honduras recibe ayuda de la DEA y el Departamento de Estado, de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, y una ayuda pequeña del Programa para el Control y Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas.
En Honduras, existe un paralelismo en la lucha antidrogas. La FSP tiene la Dirección Nacional Antidrogas y Centro de Información Conjunta de las Fuerzas Armadas, en tanto que el Ministerio Público cuenta con la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, pero ambas organizaciones trabajan de común acuerdo.
Las opciones que se barajan en el Congreso Nacional son la fusión en el Ministerio Público o dentro de la ley de la nueva Policía Nacional Civil, que se discutirá y aprobará este año en el poder legislativo.
Ambos organismos trazan sus políticas de acuerdo a lo delineado por el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, bajo la dirección del Presidente de la República.
Como el narcotráfico no forma parte de la agenda nacional de los problemas del país, las acciones
emprendidas para controlar su actividad no tienen el impacto deseado, partiendo de que los esfuerzos realizados dependen en parte de la cooperación de Estados Unidos.
Se requieren, según los entendidos en la materia, de leyes más drásticas que controlen aspectos puntuales como el lavado de dinero, la represión del delito e incluso la confiscación de sus bienes para destinarlos a la lucha contra el narcotráfico.
Los encargados de combatir su ascenso en el país, sostienen que el narcotráfico, junto al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, son los dos principales problemas que, en materia de Seguridad Nacional, enfrentará Honduras de cara al nuevo milenio.
Thelma Mejía, Periodista hondureña. Versión condensada de su informe. Publicado en 1997.
http://www.tni.org/archives/
