Golpistas impiden divulgación de un informe sobre DD.HH. que los compromete
TeleSUR _ 24/07/2009
Hebe Schmidt (teleSUR/Madrid)
El hecho, que provocó una gran tensión, ocurrió, en la sala de actos del Hotel Maya, a las 10 AM local (16H00 GMT), cuando el lugar donde se desarrollaría la rueda de prensa fue rodeado por fuerzas "policiales y policías de civil, suponemos", le dijo a teleSUR, Enrique Santiago, uno de los integrantes de la Misión de Observadores representante del Instituto de Estudios para América Latina y Africa (IEPALA) de España.
Ante la situación generada allí, Santiago remitió por vía correo electrónico el informe a Fran Pérez Esteban, Secretario de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida (IU), que se encuentra en España para que pudiera cursar su difusión. Finalmente, "estos provocadores que intentaron `reventar' la rueda de prensa y que casi lo consiguen", según relata Santiago, se retiraron del lugar y la rueda de prensa, en la que se presentó el Informe Preliminar que constata graves violaciones a los DDHH en Honduras, pudo llevarse a cabo.
"Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos-as extranjeros", según se desprende la lectura de dicho Informe Preliminar.
Según se desprende el Informe Preliminar al que Telesur tuvo acceso, los defensores de derechos humanos de la Misión denuncian, concretamente, las muertes de "Isis Obed Murillo Mencias, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa"; como así también la muerte del periodista de Radio Estelar Gabriel Fino Noriega, en el departamento de Atlántida, "asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo"; la de Ramón García, líder del partido político Unión Democrática (UD), "obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos"; la de Roger Iván Bados, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), "amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula"; la de Vicky Hernández Castillo (Sonny Emelson Hernández), "miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda"; y, también se denuncia la muerte de una persona "no identificada, vestida con una camiseta de la denominada "cuarta urna", encontrada muerta el 3 de julio en el sector de "La Montañita" en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80". Al momento la Misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Según se argumenta en el Informe Preliminar, se ha identificado "la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado".
La Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay y que se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros. Los defensores de DDHH que integran la Misión han tomado testimonios de casos ocurridos en varias partes de Honduras como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón, donde realizaron entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, entre otros. Entre otros casos, también se denuncia la "desaparición forzosa de Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía". A la vez que también se informa que otro joven, Manuel Sevilla, de 19 años, "fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación".
La Misión, además, denuncia "la actitud de la jerarquía católica hondureña" y su "implicación activa" en la organización de las movilizaciones de "respaldo a éste convocadas por el régimen de facto".
Al momento se han registrado 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe de estado. También se denuncia la "detención arbitraria de extranjeros", que en las últimas semanas "aumentaron significativamente; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares". Entre los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes nicaragüenses Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellán Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, José González, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Girón. Todos ellos "detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjería, siendo sujetos a malos tratos. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil".
Los observadores han recibido denuncias concretas de "la actuación de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada" quienes vestidos con traje de camuflaje "operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón".
Para Fran Pérez Esteban, de IU, "el mejor ejemplo de que el nuevo gobierno de Honduras es una dictadura, lo representa el Ministro Asesor de Micheletti, Billy Joya, quien fuera uno de los jefes de los escuadrones de la muerte hondureños, responsables de la desaparición de centenares de dirigentes de izquierda, sindicalistas, estudiantes e indígenas. Billy Joya dirigió con el militar argentino Guillermo Suárez Mason, el batallón de inteligencia 3-16,responsable de crímenes contra la humanidad: de torturas masivas, desapariciones, asesinatos. Responsable de crímenes contra la humanidad, fue procesado finalmente por la Fiscalía hondureña el año 95 por la detención, tortura y asesinato de varias decenas de estudiantes, y se escapó del país".
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas: Luis Guillermo Pérez (CIFCA); Marcia Aguiluz (CEJIL); Viviana Krsticevic (CEJIL), Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional); Jorge Rojas (CODHES), Benjamín Cuellar (IDHUCA), Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú), Javier Mujica (FIDH), Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ), Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ESPAÑA), Ellen Verryt (Solidaridad Mundial) Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca), Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán), Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria), Katia Nouten (CIFCA), Dolores Jarquín (Alianza Social Continental), Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental).
Escasez de alimentos y violencia exacerbada en la Honduras de estos días
Enfrentando todo un despliegue de las fuerzas de la derecha hondureña, apoyados por los militares usamericanos que se encuentran apostados en el país centroamericano, miles de personas pertenecientes a los movimientos sociales están desplazándose en este momento hacia la frontera con Nicaragua, para encontrarse con su líder.
El corresponsal de Radio Pueblo Sin Fronteras, Fernando Velásquez, se comunicó telefónicamente con el ex rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Juan Armendariz, quien expresó que “El toque de queda es un toque de muerte. Termina a las 6 de la mañana y comienza a las 6 de la tarde, es muy peligroso estar en las calles durante la noche”.
Asimismo el ex rector señaló que la violencia se ha incrementado en las noches, por tanto, se evidencia cada vez más que lo que se está viviendo es un golpe militar violento. Armendáriz también apuntó que lo que desean es crear terror en la población, que este toque de queda ha provocado restricción del acceso al agua y a muchos alimentos, la instauración del toque de queda implica que hay un retraso en los despachos de muchos insumos de primera necesidad.
Por otra parte, Armendáriz denunció que están llevando una campaña de amedrentamiento contra quienes colaboran con los “caminantes”, los manifestantes que se están trasladando a la frontera con Nicaragua. Las tomas de carreteras y de calles continúan en diversas regiones del país, así como en Tegucigalpa.
La base militar de Sotocano en Palmerola representa uno de los pilares en los que se resguarda la derecha golpista, cabe destacar que esta base usamericana sirvió como plataforma para atacar a la Nicaragua sandinista en los años ochenta, comentó Fernando Velásquez.
Por su parte, el ex rector finalizó diciendo que “Honduras ha sido cuna de maniobras militares con frecuencia. Actualmente existe una incursión hacia la costa del Caribe y hay un movimiento para instalar la flota del atlántico. Somos un área geopolítica y desde la base de Sotocano es posible atacar cualquier punto de la región”.
Actualmente, la política exterior de Estados Unidos es manejada por la Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien en los años 90 fue parte de la administración de Bill Clinton, responsable de la muerte de más de medio millón de niños en Irak, como lo reportó Fernando Velásquez este martes.
Estados Unidos retira visado a golpistas hondureños
Kelly no mencionó sobre cuáles de los representantes del gobierno usurpador pesa la medida, la cual se suma a las presiones que desde la ONU, la OEA y los gobiernos legalmente constituidos vienen implementando para restituir al presidente José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia.
Sin embargo, el presidente Manuel Zelaya dijo a CNN en Español que las visas revocadas son las de "Micheletti, del general (Humberto) Regalado Hernández; del señor (Ramón) Custodio, defensor de los derechos humanos, y del señor (Tomás) Arita, el juez que inició la orden de captura en contra mía en la madrugada que me sacaron de mi casa". Se espera que el Departamento de Estado confirme la información que maneja el legítimo presidente de Honduras.
El representante del Departamento de Estado, afirmó que la medida: "Es parte de nuestra política general hacia el régimen de facto". En este sentido, informó que siguen confiando en que la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, dará resultados y consideran que los gestos de Zelaya perturban el trabajo diplomático.
En todo caso Kelly dijo en rueda de prensa que el gobierno de Barack Obama insiste en que el acuerdo de San José, presentado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, sigue siendo la vía para solucionar la crisis en ese país centroamericano.
"Sé que la embajada en ese país está en comunicación con las autoridades en Honduras, alentándoles a que apoyen el proceso", aseguró Kelly.
Agregó que la representación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa también ha exortando al Congreso de Honduras a que apoye las iniciativas presentadas por Arias tras su mediación.
Hasta ahora el Congreso de Honduras ha designado una comisión encargada de estudiar puntos del acuerdo de San José, que en líneas generales aboga por un gobierno de unidad nacional bajo la condición de que regrese al poder Manuel Zelaya.
España solicitará a Unión Europea revocar visas a golpistas hondureños
"Esta medida es muy positiva y desde España la propondremos ante la Unión Europea", indicó.
Asimismo, el ministro español adelantó que en los próximos días representantes del Gobierno español mantendrán reuniones con representantes de la administración de Barack Obama, a fin de evaluar otras medidas que contribuyan a acelerar el regreso de la constitucionalidad en Honduras. "Vamos a hablar con nuestros amigos norteamericanos para incrementar las medidas en contra del régimen golpista y así facilitar el regreso del presidente Zelaya", informó.
Este martes, el Gobierno de los Estados Unidos decidió suspender las visas a funcionarios que conforman el régimen golpista que encabeza Roberto Micheletti en la nación hondureña.
El recorrido de este martes, vía libre para los zelayistas
Castro insistió que seguirán luchando, también informó que durante el recorrido que realizan el día de hoy, estarán averiguando si hay detenidos y haciendo todo lo posible para liberarlos.
La primera dama informó que los soldados se han retirado a sus batallones, han tenido el camino libre, “no se encuentra ningún elemento, ni de la policía ni de los militares”.
“Esos hondureños que quieran trasladarse a la frontera...hoy queremos asegurarnos que cualquiera podrá acercarse en bus para encontrarse con el presidente”. Parece que la protesta popular ha sido escuchada, y este es un paso importante hacia el retorno a la democracia.
Cada vez se acerca más el momento en que el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, regrese de forma regular a su país de origen, para encontrarse con su pueblo.
Seguidores de Zelaya mantienen sus protestas un mes después del golpe
Los manifestantes corearon consignas contra "los golpistas" que asumieron el poder después de que Zelaya fuera detenido y expulsado del país por los militares, el pasado 28 de junio.
Rafael Alegría, dirigente campesino y uno de los miembros del Movimiento de Resistencia Popular que exige la restitución de Zelaya en el poder, dijo que "a un mes del golpe la lucha sigue" y que "los golpistas deben de salir del poder".
"Aquí nadie se rinde", expresó Alegría, mientras los manifestantes quemaban neumáticos y coreaban consignas a favor de Zelaya como "Urge Mel" y "Viene Mel", las mismas que el derrocado mandatario utilizó en su campaña electoral en 2005.
También expresaron duros mensajes contra el Gobierno de Roberto Micheletti, quien fue designado como nuevo presidente por el Parlamento hondureño el mismo día del golpe de Estado.
Los hondureños cumplen hoy un mes de tener dos presidentes: Zelaya, en el exilio, y Micheletti, al frente del poder aunque sin reconocimiento internacional.
Hoy también protestaron en Tegucigalpa contra el golpe de Estado unas 150 integrantes del Comité de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla", apostadas en las gradas del atrio de la catedral metropolitana.
"La patria no se vende, no se alquila, ni se presta", "Golpe, igual violencia" y "No al golpe de Estado" fueron algunos de los mensajes que gritaban las mujeres del "Visitación Padilla", que vestían de negro en señal de duelo por el derrocamiento de Zelaya.
La presidenta del movimiento, Gladys Lanza, dijo que "el golpe representa la destrucción del Estado de derecho". Agregó que las mujeres del "Visitación Padilla" no van a "aceptar jamás que el golpe de Estado destruya" lo que han logrado durante 25 años como mujeres organizadas.
Por su parte, representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en coordinación con activistas de organismos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros, viajaron hacia el oriental departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, por donde Zelaya quiere regresar al país.
Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, manifestó que la idea es brindar ayuda humanitaria a las centenares de personas que han acudido a esa región para encontrarse con Zelaya en la frontera, algo que han impedido militares y policías, que cumplen un riguroso toque de queda permanente desde el pasado viernes.
Zelaya cruzó simbólicamente la línea fronteriza el viernes pasado, en el paso de Las Manos, pero regresó a Nicaragua ante la advertencia del nuevo ministro de Defensa de Honduras, Adolfo Sevilla, y de la Policía de que si entraba sería capturado para que responda por múltiples delitos que le atribuye el Ministerio Público.
En la comitiva del Cofadeh que hoy viajó a El Paraíso figura Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina, quien indicó que la cruzada en la que participa es para exigir la restitución de Zelaya. Cortiñas expresó que el presidente de EE.UU., Barack Obama, debe saber que la era de George W. Bush "se terminó", lo que supone que Washington "no va a provocar más golpes de Estado
El comunicado del ejército de Honduras fue escrito en EE.UU.
Dice Clarín textualmente:
"El nombre del senador debe quedar en el anonimato", explicó a Clarín una fuente del Senado "pero le confirmo que el borrador fue discutido aquí. Tenemos mucho interés en que el conflicto se solucione porque pensamos que si el golpe triunfa, otros países en América Latina seguirán el mismo camino".
La fuente no pudo decir si los asesores del senador actuaron solos o en coordinación con la Casa Blanca y/o el Departamento de Estado. Llamó la atención que justo ayer Mary Anastasia O'Grady, la editorialista ultraconservadora de The Wall Street Journal especializada en la región, criticara duramente la política de Obama hacia nuestros países, y muy especialmente, la instrumentada en Honduras. O'Grady sugirió que detrás del acercamiento a los llamados "enemigos de EEUU" como Chávez, Ortega y ahora Zelaya, esta Gregg Craig, el actual Consejero Legal de la Casa Blanca que durante la Guerra en América Central trabajaba en la oficina del Senador Ted Kennedy y seguía los esfuerzos diplomáticos realizados por el Grupo Contadora.
Afirma Clarín que "analistas consultados por Clarín creen que los militares hondureños están divididos, entre la nueva generación que no vivió la Guerra de América Central y que ahora quieren despegarse del golpe y la vieja generación que apoyó la destitución de Zelaya". "Yo no creo que el comunicado de los militares hondureños refleje lo que piensa la cúpula militar", indicó Michael Shifter, de Diálogo Interamericano.
Días antes de que Oscar Arias planteara el acuerdo de San José, el profesor Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid, denunció que, según indicó el derechista Kevin Casas Zamora en una entrevista publicada en la página web del Council for Foreing Relations (CFR), se iba a proponer una serie de cinco puntos para que el Presidente Zelaya pudiera "regresar a la presidencia, pero sin poderes". Entre esos puntos estaban una amnistía general, terminar sus planes para enmendar la Constitución, disminuir su poder de decisiones y alejarse del Presidente Chávez, algo que coincidía enormemente con el acuerdo de San José propuesto por Arias.
Casas Zamora fue vicepresidente de Costa Rica, sirviendo para Oscar Arias entre 2006 y 2007.
Wall Street Journal publica editorial del dictador Roberto Micheletti, justificando el golpe de estado en Honduras
Incluso el Wall Street Journal ha publicado una serie de artículos que intentan acusar a Venezuela y al Presidente Hugo Chávez por haber causado la crisis en el país centroamericano.
Eva Golinger | Para Kaos en la Red | 28-7-2009
El reconocido periódico financiero estadounidense publicó hoy una editorial del dictador hondureño Roberto Micheletti, bajo el título, “El camino delante para Honduras: La salida del poder de Zelaya fue un triunfo para el estado de derecho.” El artículo comienza destacando a Honduras como “uno de los aliados más leales” de Estados Unidos en América Latina, y lamenta que “los hechos claves de la crisis [en Honduras] han sido ignorados por los líderes estadounidenses.”
Luego, el usurpador Micheletti relata una seria de puntos, que según él, son “hechos fundamentales que no pueden ser negados”. Estos incluyen a las acusaciones que han venido haciendo los golpistas en contra del Presidente Zelaya, como la decisión de la Corte Suprema sobre la “ilegalidad” de la encuesta popular que hubiese tomado lugar el 28 de junio pasado, el día del golpe, y la supuesta órden de la Corte Suprema sobre la detención de Zelaya por parte de las fuerzas armadas hondureñas.
Micheletti no explica el secuestro violento y el exilio forzado del Presidente Zelaya por parte del ejército hondureño, ni el hecho de que esa acción es un crimen bajo el derecho internacional y también bajo la propia Constitución de Honduras, que específicamente dice que un ciudadano no puede ser expulsado de su país.
En su editorial, el dictador Micheletti intenta jusificar las acciones de la Corte Suprema y el Congreso hondureño, luego del secuestro del Presidente Zelaya, diciendo que tales decisiones fueron tomadas por “una mayoría de los miembros del partido Liberal, que es el partido del señor Zelaya.” Pero no explica que igualmente, sin importar su afiliación política, sus acciones violaron la Constitución de Honduras, la cual no permite destituir a un presidente legítimamente electo por su pueblo. Micheletti intentó jusificar ésta acción criminal diciendo que Zelaya estaba “intentando extender su mandato con un referéndum ilegal”. Sin embargo, no explica tampoco que la encuesta popular se trataba de incluir una cuarta urna durante las elecciones en noviembre sobre una posible reforma constitución para el año que viene. El mandato del Presidente Zelaya termina en enero 2009, y a partir de noviembre, el pueblo hondureño hubiese ya elegido a un nuevo presidente. Asi que, no existía ninguna posibilidad por parte del Presidente Zelaya de “extender a su mandato”. El miedo de Micheletti y los golpistas no se trataba del mandato del Presidente Zelaya, se trataba de la posibilidad de que pueblo hondureño tuviera mayor participación en su proceso político.
Por otro lado, el artículo de Micheletti acusa al Presidente Zelaya de robar “millones de dólares” del Banco Central de Honduras “en efectivo” días antes de su “arresto”. Es primera vez que se escucha ésta grave acusación contra el Presidente Zelaya, la cual no está fundamentada con ninguna evidencia. ¿Dónde están los millones de dólares en efectivo? ¿Cómo pudo retirarlos del Banco Central sin ninguna restricción? Tal acusación constituye una difamación peligrosa contra el Presidente Zelaya y debe ser corregida lo antes posible.
Finalmente, en su editorial, el dictador Micheletti habla de la necesidad de trabajar con la propuesta del Presidente de Costa Rica, Oscar Arías, para llegar a una solución. Sin embargo, Micheletti dice que el Presidente Zelaya “no es confiable y no obedecerá la ley” y entonces, “debe ser detenido y enjuiciado” en caso de volver a Honduras. Obviamente con está declaración, el líder del régimen golpista está reafirmando su rechazo a la propuesta del Presidente Arías, porque la base fundamental de dicha propuesta es el regreso del Presidente Zelaya al poder.
Micheletti termina su artículo suplicando al pueblo y al gobierno estadounidense para que no impongan sanciones económicas contra su país, ya que esa medida “principalmente haría daño a los más pobres”. Agrega que “en lugar de imponer sanciones, EEUU debería continuar las políticas sábias de la Sra. Clinton”. Esa última frase hace clara que los golpistas consideran que Washington está a su lado.
El Wall Street Journal ha abogado a favor del golpe en Honduras desde el primer día, e incluso ha publicado una seria de artículos que intentan acusar a Venezuela y al Presidente Hugo Chávez por haber causado la crisis en el país centroamericano. La articulista quien más ha promovido esta posición es Mary Anastasia O’Grady, conocida por sus múltiples escritos en contra de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Honduras. O’Grady ha publicado decenas de artículos que intentan vincular a Venezuela con el terrorismo y el narcotráfico, sin presentar ni una sóla prueba o evidencia que fundamenta sus graves acusaciones. Ella se ha convertido en una vocera extrémamente reaccionaria que atenta contra los gobiernos no subordinados a los intereses de Washington.
El Wall Street Journal forma parte de la empresa noticiosa Dow Jones News Corporation. Su dueño es el poderoso multi-millonario Rupert Murdoch, quien a través de su monopolio mediático, News Corporation, controla a cientos de periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio a nivel mundial. Murdoch es muy conocido por su canal estadounidense Fox News Channel, que promueve la visión imperialista y neoconservadora de Estados Unidos. Algunas de sus otras empresas medíaticas incluyen a National Geographic Channel, The Film Zone, todos los canales y estudios FOX, Cine Canal, MySpace (internet), HarperCollins (editorial de libros), New York Post (periódico), The Sunday Times (Reino Unido), The Sun (Reino Unido), entre muchos otros.
El Wall Street Journal es un diario con una circulación por encima de dos millones de ejemplares diarios a nivel mundial y 931,000 usuarios en internet. La editorial del dictador Roberto Micheletti fue escrita y promovida por su lobbista en Estados Unidos, el abogado Lanny Davis, quien es amigo íntimo y abogado del ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary, actual Secretaria de Estado del Presidente Barack Obama.
Foto Ap En Honduras se corre el riesgo de una guerra civil, y ésta será responsabilidad exclusiva del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Hoy hace un mes existe en esa nación una cotidiana y gravísima violación a los derechos humanos, la cual se inició con el allanamiento a la casa, arresto y posterior expulsión del país del presidente constitucional Manuel Zelaya, pasando por el ilegal toque de queda, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, el cercenamiento de la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de circulación y una clara persecución, especialmente contra dirigentes políticos y sindicales, defensores de las garantías básicas, líderes sociales, periodistas y extranjeros. Todo ello instrumentado por quienes perpetraron en esa nación un golpe de Estado cívico-militar.
Una misión internacional conformada por observadores de 15 organizaciones y redes de derechos humanos visitó Honduras entre el 17 y el 24 de julio y documentó los atropellos a las garantías individuales, frente a lo cual la población se encuentra totalmente desprotegida “ante la respuesta inadecuada de las instituciones responsables de velar por el respeto a las garantías fundamentales de los hondureños”
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Ante tal estado de cosas, que tiende a agravarse, Luis Guillermo Pérez, de Iniciativa Copenhague para Centroamérica y México, y Efraín Olivera, de Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Desarrollo, recién llegados de aquel país, expusieron que las acciones efectuadas por los golpistas acreditan delitos que harían válida la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
Solicitaron a México, como integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que impulse una resolución del organismo contra el golpe de Estado y adopte “medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional en Honduras”
.
Dichas acciones, más la presión y acciones de otros países e instancias como la Unión Europea, son fundamentales para conseguir que Zelaya retorne a Honduras y concluya su mandato, “porque la única solución es respetar el contrato social (las elecciones), más allá de si nos gusta o no la persona”
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Ello, indicaron, “porque resulta inconcebible que a estas alturas se piense que un golpe de Estado puede tener cabida. No puede aceptarse que por esa vía se deponga a un gobierno, porque esto representa anular las conquistas de la ciudadanía y de la democracia en América Latina”
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Mil 500 detenidos
Esta misión, que decidió constituirse como el Observatorio de Derechos Humanos en Honduras, documentó durante su estancia en esa nación la muerte de seis personas. Todas, según diversas fuentes, en hechos vinculados con el golpe de Estado (a los que debe añadirse el asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz), dos víctimas de desaparición forzada, cerca de mil 500 detenciones por infracciones al toque de queda y un aumento significativo de arrestos de ciudadanos extranjeros, particularmente nicaragüenses, en abierta actitud xenófoba.
Alertaron sobre la “espantosa”
polarización social que fomenta el gobierno de facto, sobre el cual ejerce total control Roberto Micheletti, lo cual llevó a ambos defensores de los derechos humanos a concluir que si en Honduras hay un baño de sangre “será responsabilidad de Micheletti y no de Zelaya”
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También demandaron la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para que se permita el paso de víveres a los lugares que han quedado aislados por los retenes del ejército. Anunciaron que para los días 23 y 24 de agosto invitarán a destacados jueces y expertos en derecho internacional a Honduras, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, para discutir desde ese ámbito los hechos ocurridos en el país centroamericano.
“sabias políticas”
de Clinton; Zelaya promovió la violencia de la chusma, dice
“resistencia pacífica”. En tanto, sectores de la derecha nicaragüense pidieron que Zelaya deje de usar su territorio como
“plataforma”de lucha
Foto Reuters Nueva York, 27 de julio. Los encargados de la política exterior estadunidense desaprobaron nuevamente la presencia del presidente Manuel Zelaya en la frontera con Honduras, actitud que “no ayuda”
al proceso de negociación bajo el liderazgo del presidente Óscar Arias.
Por su lado, el presidente de facto Roberto Micheletti abogó hoy porque Estados Unidos siga las “sabias políticas”
de la secretaria de Estado Hillary Clinton en promover una solución a la crisis en Honduras.
El vocero del Departamento de Estado Ian Kelly reiteró lo declarado por su jefa, Clinton, el viernes pasado, de que la decisión de Zelaya de llegar a la frontera y hasta cruzarla unos metros, fue “imprudente”
.
Afirmó que “continuamos instando al presidente Zelaya a permitir el desenlace de este proceso político, estas negociaciones encabezadas por el presidente costarricense Arias. Estamos instando a todas las partes a desistir de acciones que no promoverían este proceso. Y vemos este intento de ingresar a Honduras, ausente cualquier tipo de acuerdo político entre los dos lados que permitirían su retorno, como algo que no ayuda”
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Preguntado si Estados Unidos aún demanda el retorno de Zelaya a la presidencia, Kelly afirmó que “nuestra política sigue siendo la misma, que queremos la restauración del orden democrático, y eso incluye el retorno, por acuerdo mutuo, del presidente democráticamente electo, y ese es el presidente Zelaya”
. El vocero reafirmó que considera que el plan de Arias es “bueno”
.
Informó que el secretario asistente de Estado Thomas Shannon ha estado en contacto con Zelaya, entre otros altos funcionarios diplomáticos, pero que no entre Clinton y Zelaya. Sobre el viaje que supuestamente tenía programado Zelaya a Washington (algo que divulgó el Departamento de Estado la semana pasada y desmentido por Zelaya inmediatamente después), Kelly dijo que “sabemos que ha expresado un interés en venir a Washington”
pero que no hay nada en concreto por ahora con él, aunque también dijo que “si el presidente Zelaya llega a Washington, claro que estaríamos contentos en reunirnos con él”
.
Kelly insistió en que Estados Unidos está apoyando el plan de Arias y que el deseo es que se desarrolle, y “no vamos a imponerle alguna fecha límite artificial”
para que concluya.
Mientras tanto, el Wall Street Journal publicó hoy un artículo escrito por el presidente de facto Roberto Micheletti, donde argumenta que “la remoción de Zelaya fue un triunfo del imperio de la ley”
, y que las políticas de Clinton y el proceso de Arias son la mejor opción para resolver la crisis, y no mayores sanciones contra su país, al cual califica como “uno de los aliados latinoamericanos más leales de Estados Unidos”
.
Señaló que el intento “irresponsable”
de Zelaya de cruzar la frontera a su país es “sólo un ejemplo más de por qué al señor Zelaya no se le puede confiar que cumplirá con su palabra”
, y que Clinton describió apropiadamente esta acción como “imprudente”
.
Micheletti subrayó que imponer sanciones económicas a Honduras sería lo peor que Washington podría hacer por su impacto sobre “los más pobres en Honduras”
, y recomendó que en lugar de ello “Estados Unidos debería continuar las sabias políticas de la señora Clinton. Ella está apoyando los esfuerzos del presidente Arias para mediar los temas”
.
Argumenta que “sugerir que Zelaya fue derrocado por medio de un golpe militar es demostrablemente falso”
, al indicar que fue por instrucciones de las autoridades civiles en defensa de la democracia y la constitución hondureña. Micheletti, como parte de la creciente campaña de relaciones públicas en Estados Unidos del gobierno golpista, apoyado por influyentes cabilderos con vínculos cercanos a Hillary Clinton, justifica la acción del 28 de junio contra Zelaya en el contexto del “temor real de la voluntad comprobada del señor Zelaya de violar la ley y promover violencia de la chusma”
.
Micheletti acepta que la ruta es “trabajar”
con Arias, “quien está proponiendo maneras para asegurar que el señor Zelaya cumpla con las leyes”
de Honduras. Pero advierte que si las partes llegan a un acuerdo para permitir el retorno de Zelaya —y subraya que eso está en veremos–, “creemos que a él no se le puede confiar en que cumplirá con la ley y por lo tanto es nuestra posición que tiene que ser fiscalizado…”
