Decagésimo segundo día de Marchas Pacíficas
UEAH
DECAGÉSIMO SEGUNDO día de Marchas Pacíficas y los Incansables Caminantes de nuevo mantienen ante todos esa energía que los hace diferentes, ese ímpetu decidido a forjar su propio destino, con miras a ese objetivo no se detienen protestando contra todos y especialmente contra los Golpistas Trolls, quienes cada día se sienten arrinconados y producto de esa desesperación es que hacen disparates en todos los niveles, cayendo en la ridiculez extrema, tanto así, que ahora proponen un diálogo llamado “Guaymuras”, saliéndose totalmente del espíritu de los acuerdos propuestos por Óscar Arias, Presidente de Costa Rica. Las famosas propuestas guaymurianas no las conocemos, pero de sobra sabemos lo que se proponen estos golpistas, al darle totalmente vuelta al acuerdo de San José. Conociendo esto, los marchistas no se detienen y en forma diaria se manifiestan públicamente, contra los usurpadores del orden presidencial, exigiendo que abandonen el poder, el cual le corresponde únicamente a Mel Zelaya, por mandato soberano del pueblo.
Miércoles 7 de Octubre
2009-10-07
Posición del Frente de Resistencia ante el “Diálogo Guaymuras”
Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado
Sin embargo, para que cualquier diálogo sea viable, debe ser sincero y reunir condiciones mínimas para su realización, fuera de las cuales es imposible.
Ningún diálogo puede hacerse si a una de las partes se le lleva amordazada y con una pistola sobre la cabeza. En este caso, el régimen de facto pretende que dialoguemos mientras que: a) No ha publicado en La Gaceta la derogación del Estado de Sitio, por lo cual este continúa vigente; b) continúan siendo asesinados compañeros y compañeras por sicarios al servicio de los golpistas; c) están procesados decenas de compañeros campesinos desalojados del INA y muchos de ellos presos; d) en la Embajada de Guatemala dieciocho compañeros indígenas perseguidos por la dictadura han tenido que pedir asilo para salvar sus vidas; e) continúan clausuradas las emisoras y televisoras opuestas al golpismo y siguen siendo perseguidos periodistas independientes; y, f) continúa el cerco militar y el aislamiento sobre el Presidente Zelaya y sus acompañantes en la Embajada de Brasil, al grado que apenas tres horas antes de iniciarse el diálogo se le ha permitido tener contacto con sus representantes y con el representante de nuestro Frente.
Mientras estas condiciones continúen, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no podrá participar con sus representantes en el mal llamado “diálogo”.
En cuanto a la agenda y el contenido en sí, queremos dejar claro que, aunque somos accesibles al diálogo, no vamos a negociar nada con la dictadura. En ese sentido, no es negociable la Restitución incondicional del Presidente Manuel Zelaya a su cargo, de forma inmediata y segura. Lo único que podemos dialogar con el gobierno de facto es que fije la fecha de su retiro del poder y el retorno inmediato de los militares a sus cuarteles, en una fecha que no puede ser posterior al 15 de octubre del presente año. De lo contrario, fortaleceremos nuestro desconocimiento activo del proceso electoral del próximo 29 de noviembre.
Asimismo, tampoco podemos negociar nuestra inclaudicable exigencia de que sean enjuiciados y castigados todos los golpistas y que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, inclusiva y participativa.
En manos del régimen de facto esta demostrar al mundo si está por rectificar y así darle una verdadera solución a esta crisis, reestableciendo el orden constitucional roto con el Golpe de Estado del 28 de junio, o si sólo se trata de un show político que tiene como fin fortalecer la farsa electoral con la que pretenden legitimar a los candidatos golpistas.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa,M.D.C. 7 de octubre de 2009
Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
2009-10-08
Líderes de EE.UU. dicen que un fracaso de la OEA prolongaría la crisis hasta 2010
2009-10-08
Campesinos presos políticos acusados de sedición
Comunicaciones - Vía Campesina en Honduras
Ayer, en horas de la tarde, la Corte Suprema de Justicia en Honduras dictó el fallo a 49 campesinas y campesinos de los 55 capturados en el desalojo del Instituto Nacional Agrario (INA) el pasado 30 de Septiembre del 2009. En esta ocasión el juicio político se tornó un poco más justo para estos humildes compatriotas que permanecían en esta entidad estatal defendiendo expedientes que les pertenecen y que temían que pudieran ser sustraídos por autoridades nombradas por el régimen de facto; así como también para defender el orden constitucional del país, ya que nuestros campesinos no reconocen a este régimen de facto.
Entre las medidas cautelares dictadas ayer a las y los campesinos están: presentarse a los juzgados cada 15 días. Los abogados defensores propondrán mediante un escrito, que se les dé por lo menos un mes de plazo para que se presenten a los juzgados y cumplir con esta medida, puesto que hay muchos compañeros que viven lejos de la cuidad y se les hace bien difícil estar viajando a firmar. Otra prohibición es no salir del país. Esta medida no es tan difícil de cumplir para los compañeros ya que estas personas tan pobres no tienen mucha posibilidad de viajar al exterior. El poco dinero que consiguen le sirve apenas para alimentarse.
Solo 49 fueron juzgados, porque los demás incluyen 3 empleados del INA y tres jóvenes menores de 18 años. Éstos fueron absueltos y no formaron parte en este otro juicio político que enfrentan humildes ciudadanos que se oponen a este régimen de facto.
La audiencia duró dos días consecutivos; inició este martes y culminó el día miércoles en horas de la tarde. Durante todo ese tiempo en las afueras de la Corte Suprema de Justicia permanecieron apostados muchas personas, entre empleados del INA pertenecientes al sindicato, campesinos y personas miembros del frente de resistencia, exigiendo la inmediata libertad de estos compañeros presos políticos.
Los 38 campesinos que estuvieron presos en la penitenciara nacional de Támara durante los 6 días para inquirir pasaron muchas dificultades, según informaron familiares. A parte de la huelga de hambre que mantuvieron durante ese tiempo, que ellos mismos acordaron realizarla por dignidad, además les quitaron todos sus derechos como ciudadanos. Sin embargo, con este fallo de ayer, la defensa no quedó satisfecha y dijo que apelará, por lo que se programará una audiencia preliminar, dentro de 60 días que establece la ley, y posteriormente seguirá el procedimiento definitivo. Pero por lo menos ya nuestros campesinos están fuera de las celdas.
Por otra parte, ayer Miércoles, fue nuevamente desalojada la resistencia que mantenía la protesta frente a la embajada americana, como lo ha venido haciendo desde días atrás, protestando sin obstaculizar el paso vehicular; y pese a que se mantenía la comisión de cancilleres en el país mediando en el diálogo, la represión no cesó. Desde horas tempranas, la dirigencia del frente, encabezada por el Rafael Alegría, trató de dialogar con el jefe del pelotón armado para que permitiera a la resistencia trasladarse hasta la sede de la embajada de Guatemala, en apoyo a los indígenas que están solicitando asilo político a esa nación. Sin embargo, ellos dijeron que llevaban ordenes de sus superiores de desalojar; de inmediato procedieron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la gran cantidad de personas de la resistencia que se encontraban en el lugar.
Hoy en horas de la mañana, en conferencia de prensa, la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) brindó un informe. Los cancilleres se encuentran en el país desde ayer, participando como observadores en la mesa de diálogo instalada en la capital para ayudar a solucionar este conflicto que enfrenamos los hondureños desde hace más de tres meses del golpe de Estado. Las conclusiones de la OEA se las haré llegar en las próximas horas, aunque la resistencia no confía en este dialogo, que lo que pretende es ganar tiempo mientras llegan las elecciones presidenciales.
2009-10-07
Activación de la competencia de la Corte Penal
Internacional
Joaquín A. Mejía R.
- Que se investigue y se acuse a los altos responsables del crimen de persecución política contra la población civil que se ha manifestado pacíficamente por el retorno a la democracia.
- Que se investigue a los propietarios de medios masivos de comunicación y autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra dicha población civil.
- Roberto Micheletti, presidente de facto y demás miembros de su gobierno.
- General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto.
- General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército.
- General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Área.
- Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.
- Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto.
- Salomón de Jesús Escoto Salinas, Director General de la Policía y demás comandantes de la Policía.
- Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto.
- Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado.
- José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado.
- Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna.
- Jorge Canahuati Larach, propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa.
- José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro
- Como la oficina del Fiscal de la CPI debe individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia, se le pide que también individualice a otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales, haciéndose igualmente responsables; así como otros empresarios dueños de medios de comunicación radiales y/o televisivos, como altos responsables religiosos, que se habrían hecho corresponsables del crimen de persecución política.
- Porque Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 01 de julio de 2002 y fue ratificado por el Congreso Nacional el 30 de mayo del mismo año, lo cual implica que a partir de esa fecha, los graves crímenes internacionales cometidos por cualquier individuo en territorio hondureño pueden ser juzgados por la CPI.
- Porque uno de los graves crímenes que la CPI puede investigar y juzgar es el de persecución política, en tanto crimen de lesa humanidad consagrado en el Estatuto de Roma.
- Porque la CPI actúa en virtud del principio de complementariedad, lo que implica que sólo puede ejercer su competencia cuando un Estado como Honduras no es capaz o no tiene voluntad de perseguir los crímenes cometidos por los golpistas. En este caso, es evidente que todo el sistema de justicia (Corte Suprema, Ministerio Público, Policía, etc.) están involucrados en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado y por tanto, no puede existir “capacidad” ni “voluntad”.
- Porque de acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, las personas señaladas pueden ser responsables penalmente por el crimen de persecución política en virtud de (a) haber tenido conocimiento de la comisión de este crimen o deliberadamente han hecho caso omiso a la información que revela la comisión del mismo; (b) que el crimen de persecución política guarda relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y (c) no haber adoptado todas las medidas necesarias y razonables para evitarlo, reprimirlo o denunciarlo; al contrario, lo han promovido.
- Jean Paul Akayesu (Ruanda): Acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 02 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida y cumple su condena en una prisión de Mali.
- Jean-Pierre Bemba Gombo (República Centroafricana): Fue arrestado en Bélgica y entregado a la CPI el 03 de julio de 2008. Se le acusa de tres cargos por crímenes de lesa humanidad y cinco cargos por crímenes de guerra.
- Slovodan Milosevic (Yugoslavia): Acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Murió a los 64 años de edad en la prisión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia antes de que éste dictara sentencia contra él.
- Milan Babic (Croacia): Condenado en 2004 a 13 años de prisión por crímenes contra la Humanidad. Se suicidó el 05 de marzo de 2006 en su celda del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a los 50 años de edad.
- Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen (Uganda): Investigados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Existen órdenes de búsqueda y captura contra ellos por parte de la CPI.
- Thomas Lubanga Dyilo, Bosco Ntaganda, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui (República Democrática del Congo): Investigados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Con excepción de Bosco Ntaganda contra quien hay orden de búsqueda y captura, todos se encuentran en custodia de la CPI.
- Ninguno de los denunciados puede alegar que no dieron orden a sus subordinados para cometer el crimen de persecución política, ya que son responsables aún por actos de sus subordinados que no hayan conocido pero que, dadas las circunstancias del caso, hayan debido conocer, impedir, reprimir o denunciar (art. 27).
- El crimen de lesa humanidad de persecución política es imprescriptible (art. 29), lo que implica que los responsables del mismo pueden ser perseguidos en todo tiempo, sin importar los años que pasen desde la comisión de tal crimen.
- Las penas a las que pueden ser condenados van desde los 30 años de reclusión a cadena perpetua, en virtud de la gravedad de los crímenes; además de una multa y el decomiso de las especies que sean propiedad de los condenados (art. 77).
- Hay que tener en cuenta que la apertura de una investigación por parte de la oficina del Fiscal de la CPI no es nada fácil ya que, entre otras cosas, tienen pocos recursos y reciben muchas comunicaciones cada año (por ejemplo, de julio de 2002 a julio de 2004 recibieron alrededor de 500 de 66 países diferentes), por lo que tratan de priorizar las “denuncias” que tienen mayor peso. Frente a ello, hay dos posibles escenarios:
- Independientemente de los dos escenarios, es fundamental que las organizaciones sumemos esfuerzos para preparar nuevas comunicaciones más completas y actualizadas para presentarlas al fiscal de la CPI que le permita tener un fundamento suficiente para iniciar una investigación de oficio. Por ejemplo, sólo en el caso de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza se presentaron alrededor de 320 comunicaciones.
- Los criminales golpistas de hoy o futuros, entenderán de una vez por todas de que de nada les servirá controlar el sistema de justicia en Honduras puesto que sus crímenes nunca más quedarán en la impunidad, y por tanto, lo pensarán dos veces antes de embarcarse en otra aventura golpista y violatoria de los derechos humanos.
- Los subordinados de los altos responsables de las instituciones golpistas tendrán que valorar su participación en estos hechos criminales puesto que el principio de la obediencia debida no es eximente ni atenuante cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
- El pueblo hondureño en resistencia podrá ver a sus victimarios pagando por sus crímenes y estará consciente de que hay otra herramienta jurídica (la competencia de la CPI) para luchar efectivamente contra la impunidad.
John Biehl, enviado de la OEA, dice que unas elecciones
sin Zelaya serían inviables
"Elecciones que tengan lugar sin el presidente Zelaya probablemente tendrían que ser sólo altamente militarizadas, con un alto grado de violencia, lo que significaría que el próximo gobierno sería prácticamente desconocido por una enorme mayoría del país y continuaría el aislamiento de Honduras", advirtió Biehl.
Micheletti ha reiterado en las últimas horas que se marchará de la Presidencia con la condición de que Zelaya también rechace volver al poder, del que fue expulsado mediante un golpe de Estado el pasado 28 de junio.
"El costo que va a pagar Honduras, que nadie quiere que pague, ineludiblemente va a ser mucho más alto que la solución de restituir el país a la democracia con las condiciones que ellos mismos han pactado", señaló Biehl, quien vivió en Honduras como miembro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Texto original /
Santiago de Chile, 8 oct. El asesor para Honduras del Secretario General de la OEA, John Biehl, afirmó hoy que si no se restituye al derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, los movimientos sociales harán imposible la celebración de unas elecciones limpias y respetadas por todos.
"Hay bastantes indicios de que, de no estar restituido el presidente Zelaya a su cargo con prontitud, hay movimientos que harían imposibles elecciones limpias y respetadas por todos", declaró desde Tegucigalpa el diplomático chileno a Radio Cooperativa.
Biehl, que fue embajador de Chile en Estados Unidos, se encuentra en Tegucigalpa desde finales de septiembre, cuando llegó a Honduras junto a otros cuatro diplomáticos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Él pudo permanecer en Honduras, pero los otros cuatro miembros de la OEA fueron expulsados de inmediato por el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti, que mantiene la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.
"Elecciones que tengan lugar sin el presidente Zelaya probablemente tendrían que ser sólo altamente militarizadas, con un alto grado de violencia, lo que significaría que el próximo gobierno sería prácticamente desconocido por una enorme mayoría del país y continuaría el aislamiento de Honduras", advirtió Biehl.
Micheletti ha reiterado en las últimas horas que se marchará de la Presidencia con la condición de que Zelaya también rechace volver al poder, del que fue expulsado mediante un golpe de Estado el pasado 28 de junio.
La restitución de Zelaya figura como uno de los puntos del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente costarricense, Óscar Arias.
"Todo el mundo piensa que la restitución del presidente Zelaya, como ha estado siendo discutida con condiciones bastantes limitantes de sus poderes, pero que él ha aceptado en ánimo que se restituya la paz democrática en Honduras, es una condición de la comunidad internacional unánime", recalcó Biehl.
Al ser preguntado sobre si queda margen para llegar a una solución en Honduras, Biehl aseguró que "el diálogo siempre tiene sorpresas, uno nunca sabe el poder que tiene el diálogo".
"El problema es que hay muy poco tiempo para que esto suceda", dijo en alusión a la posible restitución de Zelaya, que se encuentra alojado desde el pasado 21 de septiembre en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
"El costo que va a pagar Honduras, que nadie quiere que pague, ineludiblemente va a ser mucho más alto que la solución de restituir el país a la democracia con las condiciones que ellos mismos han pactado", señaló Biehl, quien vivió en Honduras como miembro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Informe de bibliotecaria, que respalda a golpistas, arriesga
confianza del Congreso de EE. UU.
El continente y el mundo tienen sus ojos puestos en Honduras. ¿Cómo trata de institucionalizarse un golpe de estado? Estas líneas lo prueban.
El informe de la bibliotecaria del Congreso de EE. UU. acerca del golpe de Estado en Honduras que, según los golpistas los respalda, arriesga la confianza del Servicio de Investigación de esa institución, porque la única fuente de información que utilizó la investigadora es la del abogado golpista hondureño Guillermo Perez Cadalso.
Traducción del inglés / EL LIBERTADOR
La Dra. Rosemary Joyce, Catedrática de Ciencias Políticas y Decana de la Facultad de Antropología de la Universidad de California, envió este análisis al liderazgo del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. en respuesta a la publicación del informe legitimando el golpe (en Honduras). Enumera cuatro serios errores, en particular, el rol del apologista del golpe Guillermo Peréz Cadalzo en la redacción de dicho informe.
Estimado Bibliotecario Billingsley y Director Mulhlan:
Le escribo para llamar su atención en cuanto los serios errores de hecho en un informe del Servicio de Investigación del Congreso, escrito por la Señorita Norma C. Gutiérrez. Dado el inmenso daño que este informe incorrecto, ha provocado al circular en Honduras y los Estados Unidos, le solicito que urgentemente se haga una corrección pública y se retire dicho informe, notificando a todos los miembros del Congreso, que este informe no es correcto y confiable, ya que se basa en datos erróneos proporcionados por una fuente no confiable.
Titulado “HONDURAS: TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL”, fechada en Agosto del 2009, este informe fue entregado por el Congresista Schock del Estado de Illinois, en este día.
Existen cuatro problemas básicos con el análisis de la Señorita Gutierrez:
(1) Ella cita a un único analista legal como su fuente personal, para “confirmar” las conclusiones que emitió. Su fuente es un conocido promotor del Golpe de Estado y defensor del Gobierno de Facto, Guillermo Pérez Cadalzo, quien testificó a favor del régimen de facto, en las audiencias de julio ante el Congreso de Estados Unidos. Esta definitivamente no es una fuente desinteresada y objetiva.
Hay muchos profesores de Leyes, así como autoridades en Derecho Constitucional en Estados Unidos y en España, que han escrito argumentando que el Congreso Nacional de Honduras, se excedió en el ejercicio de su autoridad legal al remover al Presidente Zelaya de su cargo el 28 de junio. Ninguna de estas autoridades fue citada o consultada.
(2) La señorita Gutiérrez, en lugar de analizar los argumentos hechos por el Congreso de Honduras, hizo sólo las interrogantes que requería para crear su propia teoría de la novela: Que el Congreso Nacional utilizó el Poder Constitucional que le fue otorgado, para interpretar la Constitución de Honduras y justificar la remoción del Presidente Zelaya.
Específicamente, ella sugiere que el Congreso debió haber interpretado su autoridad Constitucional para “desaprobar” las acciones del Presidente, extendiendo la definición de “desaprobación” para que incluyese la “remoción de su cargo”.
Sin embargo, tal declaración no fue hecha por el Congreso en sus actuaciones del 28 de Junio. Esta es una racionalización de las acciones post-hoc, propuesta por la Señorita Gutiérrez, aparentemente guiada por el Señor Perez Cadalso, el cual es citado para confirmar esta racionalización en un pié de página, citando una llamada telefónica.
(3) De hecho, el 7 de Mayo del 2003, la Corte Suprema de Justicia había rechazado el reclamo del Congreso Nacional para interpretar la Constitución. Por lo tanto, no es una sorpresa que el Congreso Nacional, no haya reclamado el ejercicio de esa potestad el 28 de Junio, ya que no tenían potestad para hacerlo.
(4) Aún durante el período en que el Congreso Nacional consideraba que tenía el poder de interpretar la Constitución, esto estaba sujeto a procedimientos que requerían definir explícitamente las razones y circunstancias por las qué se hacía esa interpretación.
Tal situación no se presentó el 28 de Junio, seguramente porque el Congreso estaba consciente de la resolución de la Corte Suprema, que les invalidaba dicho poder.
Además, la sesión del Congreso del 28 de Junio, no fue del tipo de sesión que pudiese considerarse como ordinaria para la interpretación constitucional; fue una sesión “extraordinaria”. Los procedimientos del Congreso de Honduras, requieren que las sesiones sean convocadas para discutir temas específicos, y no puede introducirse legalmente ningún otro tema o asunto. La interpretación de la constitución no estaba en agenda (nuevamente, se puede deducir que esto fue así, porque el Congreso Nacional sabía el 28 de junio, que la Corte Suprema había rechazado anteriormente, su reclamo para tener ese poder).
Al leer el informe del Servicio de Investigación del Congreso, me sorprendí del hecho de que éste estuviese basado en una sola opinión, de una comunicación personal, para emitir tales conclusiones. No hay tal carencia o falta de opiniones legales publicadas y disponibles, para que la Señorita Gutiérrez cometiera ese error fundamental.
Yo menciono aquí solo una fuente de información, la amplia distribución del papel publicado por Internet por la (ASIL) Asociación Americana de Internación Legal, escrito por invitación del Profesor Doug Cassell de la Facultad de Leyes de la Universidad de Notre Dame.
No hay tal carencia o falta de publicaciones legales publicadas y disponibles para que la Srita. Gutiérrez no supiese evitar ese error fundamental.
Existen más detalles que son inquietantes en este reporte del Servicio de Investigación del Congreso. Por ejemplo, el pié de página 43 ofrece una caracterización de una carta de renuncia falsificada, atribuida al Presidente Zelaya, fechada el 24 de Junio, y que fue presentada como una carta verdadera, escrita con propósitos nefastos; la fuente de esta declaración, es nuevamente, el simpatizante del Golpe de Estado, el Señor Pérez-Cadalso.
A pesar de que esta declaración estaba ampliamente desacreditada; la carta fechada con anterioridad está totalmente vista como una falsificación producida cuando se suponía se llevaría a cabo el Golpe de Estado, evento que se retrasó en parte por la acción diplomática de Estados Unidos.
En conclusión, desde mi punto de vista, la Señorita Gutiérrez produjo un informe no confiable, en gran parte porque ella falló al no tener los cuidados legales necesarios, y dejarse influenciar por una única fuente que no era confiable. Ella no buscó otras opiniones, su búsqueda de opiniones legales es consecuentemente inadmisible, ya que no tomó en consideración la decisión clave de la Corte Suprema del 7 de Mayo del 2003. Ella se extralimitó de lo solicitado, ya que se le pidió que explicase si los reclamos de constitucionalidad hechas por el Congreso eran exactos, en lugar de suministrar una racionalización especulativas de sus acciones.
Este informe produjo en mi manera de pensar, serios cuestionamientos acerca de la confiabilidad de reportes similares del Servicio de Investigación del Congreso. Como persona docta, espero que se tome acción pronta para poder restituir la credibilidad del Servicio de Investigación del Congreso, y consecuentemente de la Biblioteca del Congreso.
Rosemary A. JoyceRichard and Rhoda Goldman, profesores Distinguidos de Ciencias Sociales.
Directora y Profesora de Antropología
Universidad de California, Berkeley.
Libertades siguen restringidas en Honduras |
Jueves, 08 de Octubre de 2009 15:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegucigalpa (AFP) Las libertades civiles siguen limitadas en Honduras, pese a que el gobierno de facto derogó hace tres días un decreto que las restringía, denunciaron este jueves autoridades judiciales y activistas políticos. "La situación es muy grave, se ha creado una nebulosa jurídica porque la resolución que suspende el decreto no ha sido publicada en La Gaceta (diario oficial) y la Corte Suprema de Justicia tiene parado el conocimiento de muchos recuros de amparo" dijo a la AFP la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce. La fiscalía "ya ha agotado internamente todo lo que puede hacer", aseguró Ponce, quien no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que valore la situación. Al amparo del decreto, emitido hace cerca de dos semanas por el gobierno de facto, se ha impedido a los opositores hacer manifestaciones públicas y se cerraron los dos únicos medios abiertamente opuestos al régimen, la radioemisora Globo y el canal 36 de televisión. El presidente de facto, Roberto Micheletti, resolvió derogar el decreto el pasado lunes, a solicitud del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos, que expresaron su temor de que se vieran afectados los comicios previstos para el 29 de noviembre próximo. Sin embargo, las medidas restrictivas se siguen aplicando con el argumento de que el decreto no ha sido publicado en el diario oficial, por lo que sigue vigente. El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, explicó que el retraso en la publicación del nuevo decreto se debe a que la rotativa del periódico se descompuso, pero no hizo ninguna estimación sobre cuándo será resuelto el problema. "Lo más grave de todo, es que se mantienen cancelados los dos medios de comunicación, en detrimento de los derechos de expresión del pensamiento y de acceso a la información", dijo la fiscal. Ponce afirmó que el decreto que restringió las libertades públicas violó claramente la Constitución, "que excluye a los medios de comunicación del catálogo de derechos que pueden ser suspendidos o restringidos". El dirigente popular Rafael Alegría aseguró que el levantamiento del decreto no fue más que "un acto de apariencia, para hacer creer al pueblo hondureño y la comunidad internacional que la situación política del país se estaba normalizando". "En la práctica los derechos de movilización y expresión siguen siendo negados al pueblo", dijo. Este jueves, la Policía impidió a cientos de seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya desfilar hacia el céntrico hotel donde se llevan a cabo negociaciones en busca de una salida a la crisis política del país, con la supervisión de un grupo de cancilleres y altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los manifestantes se dispersaron en pequeños grupos y poco después se volvieron a reunir frente al hotel, tomando desprevenidos a los policías que vigilaban el sitio. El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, que aglutina a numerosas organizaciones sociales y políticas, organiza protestas nocturas en los barrios y colonias de la capital y otras ciudades para eludir la represión policial. Los activistas levantan barricadas, golpean cacerolas y hacen sonar silbatos para expresar su descontento y exigir la reinstalación del presidente Zelaya.
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