RED SOLIDARIA CON LA RESISTENCIA EN HONDURAS
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Definición y Estructura Orgánica del Frente Nacional de Resistencia
El FNRP es una organización amplia de lucha política y social, anticapitalista, anti neoliberal, anti oligárquica, anti imperialista, anti patriarcal y anti racista que busca la transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas, educativas y de dominación cultural, a través de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, incluyente y popular, que apruebe la primera constitución política hecha por el pueblo para refundar el Estado de Honduras, eliminando las relaciones de dominación y explotación actuales y creando un sistema de justicia social que garantice el bienestar, la libertad, y dignidad de todas y todos.
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Honduras: MUCA denuncia nuevos desalojos y un macabro plan contra los campesinos
Asesinatos, secuestros, torturas y desalojos en la nueva era de “Pepe” Lobo
Giorgio Trucchi | Rel-UITA - Para Kaos en la Red | 17-2-2010 a las 18:01 |
Ejército ataca a campesinos del MUCA
En el marco del desacreditado Acuerdo de Tegucigalpa-San José, el próximo 25 de febrero se instalará la Comisión de la Verdad, para supuestamente investigar los hechos acaecidos durante el golpe de Estado y dar así por “concluida” esa triste etapa de la historia de Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y las diferentes organizaciones de derechos humanos rechazan tajantemente la que consideran la última pieza de una pantomima, orquestada para aparentar que Honduras ha vuelto a la normalidad. Así mismo denuncian los secuestros, torturas, asesinatos contra miembros de la Resistencia y los desalojos violentos contra los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), quienes siguen defendiendo sus tierras usurpadas por empresarios golpistas.
La región del bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño, ha sido nuevamente escenario de violentos desalojos que han dejado un saldo de varios heridos.
El MUCA ha denunciado que el pasado 12 y 14 de febrero, cuerpos armados del ejército y de la policía, con el apoyo de guardias de seguridad contratados por el empresario palmero Miguel Facussé, atacaron a grupos de campesinos que a partir del 9 de diciembre 2009 iniciaron un proceso de recuperación de tierras.
Según esta organización, las tierras fueron usurpadas por los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes aprovechando del golpe de Estado, paralizaron el proceso de negociación iniciado bajo la presidencia de Manuel Zelaya.
“Los campesinos del MUCA están siendo constantemente amenazados de muerte y han sido objeto de varios desalojos violentos por parte del Ejército, la Policía nacional preventiva y guardias de seguridad (paramilitares), conformados fundamentalmente por reservistas del ejército bajo el mando de dos Coroneles de la zona”, denunció a Sirel el vocero del MUCA, Wilfredo Paz.
El 12 de febrero, los miembros del MUCA que se encontraban en las tierras recuperadas en la comunidad de La Concepción, municipio de Tocoa, en el Departamento de Colón, fueron atacados con armas de fuego y hubo varios heridos, entre ellos Margarito Peralta, quien se encuentra muy grave en el hospital.
“Estábamos en la finca cuando llegó una patrulla de la Policía y tres carros con los guardias de seguridad de Miguel Facussé, todos con pasamontañas –relató Juan Ramón Chichilla, uno de los miembros del MUCA quien sufrió el intento de desalojo–.
Comenzaron a amenazarnos, diciéndonos que nos iban a capturar y a matar. Después de media hora llegó otra patrulla con elementos de la Policía Preventiva y de las Fuerzas Armadas y comenzaron a dispararnos.
Empezó un fuerte tiroteo donde hubo varios heridos de ambos lados y mientras huíamos nos seguían disparando. Estamos viviendo en un clima de terror –continuó Chinchilla– y la comunidad entera se siente constantemente amenazada por la continua presencia militar y por los helicópteros que sobrevuelan la zona, bajitos, casi pegados a la matas de palma”, concluyó.
Más desalojos
El día 14 de febrero, cuerpos paramilitares, juntos con efectivos de la policía y del ejército, atacaron a miembros del MUCA en la cooperativa Aurora, en la margen derecha del Río Aguán.
“Los guardias de seguridad llegaron disfrazados con uniformes militares y comenzaron a disparar. En ese caso también hubo varios heridos y se habla de dos muertos –explicó Wilfredo Paz–.
Los campesinos del MUCA no atacan a nadie, solo quieren recuperar las tierras que les fueron usurpadas, sin embargo si las fuerzas represivas y los paramilitares llegan disparando, tienen que defenderse.
En este sentido –continuó el vocero del MUCA– es importante denunciar que ya ha comenzado una campaña para desacreditar a nuestro movimiento, señalando que en estas tierras hay guerrilleros, lo cual es totalmente falso. Solamente hay campesinos defendiendo sus tierras”.
Según denunció el MUCA, el ejército y la policía estarían preparando una ofensiva con más de 500 efectivos para realizar “un peinado de la zona”, lo cual equivaldría a una verdadera masacre.
“No respetan a nadie y no les importa si hay mujeres, ancianos y niños. Cuando llegan disparan a matar. Pedimos –concluyó Paz– a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que se desplacen hacia la zona del Bajo Aguán, porque las próximas horas van a ser cruciales.
Pedimos también a la comunidad internacional y a organizaciones solidarias que denuncien lo que está ocurriendo, y que presionen para que se reactiven las negociaciones, porque en estas zonas la vida no vale nada, los derechos humanos no valen nada. Lo único que vale es el interés y el dinero de los empresarios”.
El MUCA denunció también que hay aproximadamente 300 órdenes de captura en contra de sus miembros.
La nueva era del presidente “Pepe” Lobo
Los hechos ocurridos en el Bajo Aguán son parte de una estrategia represiva más amplia, que ya no parece interesar a buena parte de la comunidad internacional, ya proyectada hacia la normalización de sus relaciones comerciales con Honduras.
El 15 de febrero fue asesinado Julio Funes Benitez, miembro activo del FNRP y del Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAAYS). Dos sicarios que conducían una motocicleta le dispararon tres balazos.
El 12 de febrero, Hermes Reyes, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el FNRP, fue insultado, agredido y herido por desconocidos.
El 11 de febrero, desconocidos asaltaron la casa del vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce, llevándose una computadora que contenía valiosas informaciones sobre el Sindicato y la Resistencia.
El fin de semana recién pasado, estos tres activistas de la Resistencia habían participado a la asamblea del FNRP en Siguatepeque, donde se está llevando a cabo un proceso de discusión y fortalecimiento de la Resistencia de cara a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Rel-UITA envia nota al Presidente de Honduras sobre violación a los DDHH
Acto intimidatorio contra residencia de Porfirio Ponce, vicepresidente del STIBYS y miembro del FNRP
Rel-UITA | Rel-UITA - Para Kaos en la Red | Hoy a las 0:51 |
Montevideo, 17 de febrero de 2010
Sr. Presidente de Honduras
Porfirio Lobo Sosa
De mi consideración:
Hemos sido informados que el pasado jueves 11 de febrero el domicilio del compañero Porfirio Ponce, vicepresidente de nuestra organización afiliada, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), fue asaltado por un comando integrado por individuos armados y encapuchados.
Este gravísimo hecho no se produce aisladamente. Según lo ha denunciado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), “El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), ha sido constantemente objeto de persecución e intimidación, situación que se agudizó desde el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado.
El 26 de julio de 2009 a medianoche explotó una granada de fragmentación en el interior de sus instalaciones. Un miembro de la Resistencia que salía de las oficinas ese mismo día, fue atacado con balas de goma.
En agosto pasado desconocidos dispararon contra las instalaciones del STIBYS. Tres disparos impactaron en las ventanas del salón de sesiones.
El 11 de agosto las principales entradas al Sindicato fueron militarizadas, un contingente de soldados en comandos y tanquetas fueron apostados desde las cuatro de la tarde hasta el día 12 de agosto, impidiendo que las caravanas de la Resistencia que se concentraba en Tegucigalpa arribaran a esta sede que estaba siendo utilizada como centro de alojamiento. Tres personas que ingresaron a las instalaciones fueron detenidas y acusadas de robo e incendio agravado.
El 28 de noviembre el Ejército volvió a militarizar las instalaciones y una tanqueta militar provista de un cañón de largo alcance fue apostada en su entrada principal”.
A esto debemos agregar la salvaje represión que padeció a principios de julio pasado el propio secretario general del STIBYS e integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, Carlos H. Reyes, quien sufrió una grave fractura de su muñeca, herida por la cual aún se encuentra en tratamiento médico.
Asimismo, desde el 27 de enero último, día en el cual usted asumió la Presidencia de Honduras, organismos de derechos humanos hondureños han relevado “tres atentados contra personas, nueve secuestros, dos violaciones sexuales contra mujeres y la muerte violenta de tres personas, entre ellas dos sindicalistas: Vanesa Zepeda, del SITRAIHSS, y Julio Funes Benítez, del SITRASANAAYS, ambos miembros activos de la Resistencia.
También se han producido allanamientos ilegales dirigidos por la Policía a ciudadanos identificados con la Resistencia en los diferentes barrios y localidades del país. 53 personas han sido detenidas por la Policía Preventiva, el común denominador de los interrogatorios a los detenidos es la indagación sobre armas y dinero”.
La UITA, y en particular esta Secretaría Regional para América Latina, atravesaron a lo largo de los años por todas las recientes dictaduras que, desgraciadamente, tuvimos que padecer en este continente. Hemos acumulado una tristísima, pero muy viva experiencia sobre las características de los diversos métodos represivos con los que se pretende doblegar la lucha de los pueblos por una vida mejor. Y no los olvidamos.
Los hechos que se vienen registrando en Honduras desde algunos meses antes de su asunción, y éstos que ahora se denuncian, tienen una trágica similitud con lo que en la década de los años 70 en el Cono Sur se llamó la “guerra sucia”, y que consistió en la intimidación, persecución y eliminación de los principales dirigentes y militantes políticos y sociales opuestos a los regímenes militares que asolaron la región.
Para ello se utilizaron de forma apenas encubierta las propias estructuras represivas y el personal especialmente entrenado del Estado. Como ocurrió con el comando que asaltó el domicilio de Porfirio Ponce, cuyos integrantes demostraron estar perfectamente adiestrados y organizados, sólo se llevaron el computador personal de nuestro compañero, y a pesar de que el lugar se encuentra a poca distancia de una delegación de Policía, ésta se presentó más de media hora después de que los atacantes se habían retirado.
Eso se llama terrorismo de Estado e impunidad en cualquier lugar del planeta, especialmente en nuestra región latinoamericana, donde tanto los hemos padecido.
Señor Presidente, nuestra organización repudia y condena estos ataques a la libertad individual, a la libre expresión de las ideas, al derecho de organización y participación social y política dentro del marco de las reglas democráticas, y los califica como propios de regímenes dictatoriales, ya que quienes los ejecutan obedecen órdenes superiores, reciben protección de los organismos de seguridad del Estado, y forman parte ellos mismos de los cuerpos represivos o de defensa del Estado.
Una dictadura no se define solamente por haber derrocado mediante las armas a un gobierno democrático, sino también cuando un gobierno –de cualquier signo que sea- pone el Estado al servicio de violadores, torturadores y asesinos que ejecutan esos crímenes en beneficio de los intereses de una minoría encaramada en el poder.
Hacemos por esto un llamamiento formal, reflexivo, a que tome usted pública y concretamente cartas en este asunto, ya que a partir de este momento lo consideraremos política y personalmente responsable de la seguridad de nuestros compañeros y compañeras del STIBYS, así como de todas y todos los activistas y militantes que luchan democráticamente por ejercer sus derechos, incluso el derecho a una transformación social donde el país transite por derroteros de equidad y solidaridad y deje de estar al servicio de un grupo de compañías y tristes personajes.
Expresamos así nuestro grado de máxima alerta sobre lo que está ocurriendo en Honduras, y le anunciamos que seguiremos de manera permanente –como lo estamos haciendo desde junio de 2009- lo que continúe ocurriendo en su país, apoyando de forma irrestricta, y con todas las herramientas de nuestra solidaridad internacional, a nuestras organizaciones afiliadas y a la democracia en Honduras.
Hacemos votos para que pueda usted revertir esta preocupante situación que socava, una vez más, las bases de la convivencia democrática en Honduras.
Sin más, lo saludo, atentamente,
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
c/C
Organización de Estados Americanos l UITA – Ginebra l OIT l Amnistía Internacional l Human Rigth l Global Labour Institute (GLI) l Confederación Sindical de las Américas l Confederación Sindical Internacional l CUT – Colombia l CGTP – Perú l CGT – Argentina l CCOO – España l UGT – España Federación Europea de Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo (EFFAT) l Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil l Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) l STIBYS l Força Sindical – Brasil l CUT – Brasil l Lo-Tco – Suecia l NGG – Alemania l DGB – Alemania l FESTRAS – Guatemala l FNT – Nicaragua
Meyer (IU) denuncia la "represión continua" que vive la oposición hondureña
voselsoberano.com | Miércoles 17 de Febrero de 2010 08:39
Bruselas, 17 feb (EFE).- El eurodiputado español de
Izquierda Unida (IU) Willy Meyer ha denunciado hoy ante las instituciones europeas la "represión continua" que, a su juicio, viven en Honduras los opositores al Gobierno.
"El pueblo hondureño sigue siendo víctima de una violenta represión generada por el golpe de Estado del pasado mes de junio", ha señalado Meyer en un comunicado, en el que recuerda que "a día de hoy continúan llegando
noticias de asesinatos, torturas, persecuciones administrativas y desapariciones".
Entre ellas, el diputado de izquierda señala la reciente del sindicalista Julio Fúnez Benítez.
"Se trata de una política represiva cuya única finalidad es aterrorizar y desmovilizar a la resistencia que lucha por la restauración de la legalidad democrática y constitucional en Honduras", subraya Meyer.
El eurodiputado insta además a la Unión Europea a tener en cuenta esta situación y no reanudar las negociaciones de su acuerdo de asociación con Centroamérica, "dado que la represión de la población civil, que no ha cesado en Honduras, es incompatible con los principios de la política de relaciones exteriores de la UE".
Zelaya dice comunidad internacional necesita más “colmillos” para revertir futuros golpes en AL
voselsoberano.com | Miércoles 17 de Febrero de 2010 13:24
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12:22 PM - SANTO DOMINGO, RD.- El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo este miércoles que aunque muchos países rechazaron el golpe de Estado en su país, todavía la comunidad internacional necesita “muchos dientes y colmillos” para poder revertir futuro golpe en América Latina. Reprochó el hecho de que los militares que le dieron el golpe de Estado fueran confirmados en sus cargos por el actual presidente Porfirio lobo, entendiendo que debieron ser sacados de la fila militar.
Asimismo, el depuesto presidente Zelaya manifestó ser partidario de la creación de un nuevo organismo latinoamericano que defienda a los países de la región cuando se produzca un golpe de Estado.
Indicando claramente que a la Organización Estados de Americanos (OEA) hay que ponerle “dientes y colmillos” para que pueda sancionar a los países cuando se producen golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos.
“No me opongo a la creación de una nueva Organización de Estados Latinoamericanos, porque entiendo que todo lo que pueda contribuir al proceso de integración de los pueblos es bueno”, sostuvo Zelaya.
Afirmó que está decidido a regresar a Honduras cuando la circunstancia esté acorde con el proceso democrático, al tiempo que denunció que sus ministros siguen siendo perseguidos a pesar de la ley de amnistía aprobada en su país.
Informó que mandará una propuesta a las cumbres del Grupo de Río que se realizará en México y a la del grupo SICA, con el pedido de se apruebe que los militares que participaron en el golpe de Estado sea disuelto por considerar que retornar a la vida cívica es un retroceso de más de 100 años.
Se recuerda que Manuel Zelaya fue derrocado con un golpe de Estado como presidente de Honduras el 28 junio del pasado año.
En ese sentido, el ex presidente no descartó volver a Honduras a hacer vida política activa, no obstante sostuvo que las condiciones no están dadas para su regreso, ya que está muy temprano el golpe de estado del cual fue objeto.
Antes preguntas de los periodistas, Zelaya indicó es partidario de una reforma constitucional en Honduras que permita la reelección presidencial.
Manuel Zelaya se reunió este miércoles con diputados de la Subsede Dominicana del Parlamento Centroamericano, quienes le expresaron su rotundo apoyo y bienvenida a la República Dominicana.
La reunión con los diputados locales del Parlamento Centroamericano fue para tratar el ingreso de Zelaya al organismo regional, ya que al depuesto mandatario le corresponde una curul en el Parlacen por su condición de ex presidente de uno de los países miembros de dicha institución.
Zelaya reside en la República Dominicana en calidad de huésped distinguido.
Durante el encuentro, el ex mandatario y los parlamentarios criollos trataron algunos tópicos de interés para la República Dominicana y Centroamérica, con la finalidad de fortalecer el proceso de integración en la región.
La República Dominicana cuenta con 22 representantes en el órgano de discusión y debates, con sede en Guatemala, que reciben la condición de dip0utados.
Este año, por primera vez los diputados dominicanos ante el Parlamento Centroamericano serán electos mediante el voto popular, en las próximas elecciones Congresuales y Municipales.
El ex gobernante llegó a Santo Domingo el pasado 28 de enero tras abandonar Honduras, luego de permanecer en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre, cuando regresó de forma clandestina a su país para tratar de recuperar el poder después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Autor: JACQUELINE MORROBEL |
Zelaya pide endurecer sanciones contra los golpistas en AL
voselsoberano.com | Miércoles 17 de Febrero de 2010 13:19
Manifiesta que está dispuesto a regresar a Honduras para participar en política
SANTO DOMINGO.-El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, favoreció crear un organismo latinoamericano que defienda a los países de la región cuando se produzca un golpe de Estado.
Irónicamente dijo que a la Organización de Estados Americanos (OEA) hay que ponerle dientes para que pueda sancionar a los países cuando se produzcan golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos.
Zelaya, quien fue derrotado el año pasado por un golpe de Estado, se expresó en esos términos durante un encuentro que sostuvo con los diputados del Parlamento Centroamericano.
No descartó regresar a Honduras a hacer vida política activa.
Sin embargo, entiende que las condiciones no están dadas para su regreso, porque el golpe de Estado aún es reciente.
En ese sentido, favoreció que una reforma constitucional en Honduras permita la reelección presidencial.
Criticó que los militares que dieron el golpe de Estado fueron ratificados en sus cargos por el actual presidente Porfirio lobo.
Sobre tacuacines
voselsoberano.com | Miércoles 17 de Febrero de 2010 13:07
Los gritos, vivas a la patria y las bendicion
es divinas que caracterizaron al régimen de facto del 28 de junio al 27 de enero estaban muy bien compensadas con la formidable práctica de rapiña delincuencial operada por las manos de seda de las camisitas blancas.
Y no podía ser de otra manera. Quienes encabezaron y presidieron el régimen de facto en esos siete fatídicos meses, se han curtido como políticos y ricos mamando en las tetas del Estado de Honduras a lo largo de cerca de tres décadas, y se graduaron como expertos en traficar con la necesidad de la población, en nombre de la patria y bajo la propia legalidad hondureña.
Estos políticos que encabezaron el régimen de facto en siete meses de represión y de cerco mediático sustentado en la mentira presentada como verdad oficial, simbolizan en plenitud esa cultura política que se basa en que el Estado y sus bienes son propiedad de unos cuantos políticos y funcionarios públicos, quienes se los reparten entre ellos o los comparten con sus allegados y correligionarios a cambio de tener segura sus lealtades y obediencias.
Uno de los argumentos para justificar el golpe de Estado fue el despilfarro de la administración de Zelaya Rosales, y para remediar ese mal, las elites empresariales y políticas, pusieron a un puñado de políticos que desde el Estado hicieron realidad aquel adagio de que el ladrón juzga por su condición. Y en siete meses, aquellos que acusaban de ladrones a los zelayistas arrasaron las arcas del Estado, y en algunas oficinas públicas hasta cargaron con los muebles, cuadros y pinturas.
Tras acusar de tacuacines a quienes amenazaban las gallinas, los tacuacines de pellejo más duro se apropiaron del corral entero, y arrasaron no sólo con las gallinas, sino con los pollitos, los huevos y hasta se hartaron el propio corral. Y todo en nombre de la patria, la Constitución de la República y con angelicales bendiciones eclesiásticas.
Nuestra palabra, Radio Progreso (17-Febrero-2010)
Mandelamanía| Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull |
Hace 20 años salió de la cárcel Nelson Mandela. Quienes lo consideraban un terrorista nos lo presentan ahora como a un héroe. Superó el racismo, abrió una nueva época en Sudáfrica ─dicen─ y logró la paz. Nelson Mandela es un modelo. Para mucha gente, también para esos que encarcelan a los «Mandelas» de ayer, hoy y siempre. Para esos que, mientras aplauden al Mandela de Sudáfrica, tienen presos a los Mandelas del País Vasco.
Nelson Mandela es loable, ciertamente. Luchador empedernido que, después de ganar mil batallas a la resignación, pasó por encima de quienes querían asesinarle. Hombre encarcelado por sus ideas, maltratado y que sufrió una larga condena. Eso es lo que le convirtió en un hombre de estado famoso. Algunos quieren manipular esa trayectoria y mencionar sólo algunos rasgos, porque les conviene ocultar la posición que tuvieron ante el apartheid de entonces y las injusticias de ahora. Conocemos perfectamente, en cambio, la hipocresía que se esconde tras las palabras de algunos, que rechazan diariamente la visión del mundo que representa Mandela y encarcelarían a todos los Mandelas para imponer sus intereses por encima de la mayoría.
Lo mismo que algunos convirtieron la imagen del Che Guevara en símbolo para el negocio, otros quieren traficar con la trayectoria de Mandela, para lavarse la cara y atacar a los luchadores de hoy. No es necesario ir a Sudáfrica para aprender qué es el apartheid. En la mayoría de rincones del mundo lo aplican unos pocos para dominar a todos los demás. ¿Qué es el capitalismo, al cabo, más que un apartheid gigante? Se arrinconan los intereses de la mayoría de la población mundial para proteger los de unos pocos. Aquí, en nuestro país, los ilegalizados son discriminados, criminalizados, despojados del derecho a ser votados.
Lo sucedido en Sudáfrica fue una atrocidad. La cuestión no consiste, en modo alguno, en comparar lo de allí con lo que ocurre en otros lugares, pero la represión y las injusticias suceden en muchos sitios y, por suerte, el nuestro es un mundo lleno de Mandelas, aunque la mayoría de ellos mueran sin haber tenido la fama de Mandela.
Mejor harían algunos si tomaran algunas enseñanzas de Mandela. Resolver los problemas, superar los conflictos mediante el diálogo y el acuerdo, por ejemplo. Pueden aprender, si no, que la cárcel no endereza los conflictos políticos. Que la represión no es capaz de cerrar las puertas al ansia de libertad.
La noche de Mandela fue larga, pero llegó el día, el Sol disipó las nubes y abrió el camino de la libertad. Cuántas veces presionaron a Mandela para que «condenara el terrorismo». No lo hizo. No cayó en la hipocresía en torno a la violencia. Dejando de lado las necias condenas, apostó por una Sudáfrica sin violencia. Precisamente por eso es famoso y admirado Mandela, conocido en todo el mundo. Si hubiera firmado la condena que en ese largo camino le pidieron, si hubiera denunciado a quienes seguían luchando en la calle, ¿quién celebraría que hace 20 años que Nelson Mandela salió de la cárcel?
Ésa misma es la reflexión que algunos quieren soslayar con su hipócrita verborrea. Ésa es la clave para entender la actividad de nuestros miles de Mandelas en el País Vasco.
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20100213/182739/eu/mandelamania
LA NO VIOLENCIA TIENE OTRAS FORMAS
voselsoberano.com | Martes 16 de Febrero de 2010 22:15
¿y BIEN? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Hasta hoy nadie que esté dentro como a fuera del Frente Nacional de Resistencia Popular desconoce las respuestas a estas interrogantes. Estamos ante una enorme encrucijada. Sabedores de que no hay otro camino, de que no hay otro momento para refundar nuestra patria nos erguimos desde el 29 de junio frente a los déspotas de siempre hechos un solo corozón, hombres y mujeres tomados de la mano, dispuestos a todo, sin miedos ni complejos, con nuestras manos limpias, sin más armas que nuestra palabra; pero ¿qué hemos recibido? El dictador nos reprimió de todas maneras, muchos de nuestros hermanos cayeron fulminados por las balas asesinas, santificadas por el cardenal y sus secuases, legalizados por los jueces y calladas por los medios de comunicación del sistema. Hoy seguimos en resistencia pacífica, pero el sistema ya no el dictador sino que sustituto, sigue asesinando a nuestros hermanos. Y nos preguntamos ¿Qué hacer? El pueblo ama la paz, rechaza la violencia, pero no es masoquista.
Cuando marchamos y se nos pregunta ¿QUIENES SOMOS? Todos al unísono respondemos La Resistencia Popular. Pacíficos por que no somos de estirpe asesina, pero valientes porque hemos enfrentado al ejército y a los policías sin armas y sin miedo. La oligarquía está formada por los grupos de poder, ellos son uno y cuenta además con un ejército bien armado, una policía y un grupo de oprtunistas azules y colorados, pinuistas, udeistas y demacratacristianos que les ayudan a reprimirnos, ellos son el gobierno, nosotros somos a mucha honra la OPOSICIÓN.
Dicho lo anterior se me ocurre que debemos salir de esta encrucijada y asumir nuestro papel de oposición con caracter de urgencia. La no violencia tiene otras formas de lucha, hasta hoy no hemos agotado todas las formas pacíficas de enfrentar al enemigo, ni hemos dado el paso siguiente, para atacar en vez de reaccionar ante el ataque de la oligarquía: hacer oposición.
Tenemos la obligación de hacer dos cosas de vital necesidad: buscar formas de seguridad que nos permita salvar vidas valiosas para la patria y para nuestras familias y realizar una serie de acciones para advertirle a Pepe Lobo y sus secuases de que no estamos dispuestos a tolerar más muertes. Pienso que deberíamos de buscar la forma de provocar una huelga general, para hacerles sentir en lo que duele perder algo. Sino seguiremos poniendo los muertos.
Por otro lado si somos la oposición no nos queda más que hostigar al gobierno para apurarle la crisis; dejarlo que se estabilice es contrario a nuestros objetivos; en tanto que las acciones del gobierno cumplen contra nosotros los propósitos de sus planes: intimidarnos, atemorizarnos e invalidar nuestro discurso de oposición, ellos están tranquilos, si los dejamos asi pasaran otros cincuenta años, si es que logra presentarse otra oportunidad. Los pueblos se casan y asi como se enerban se desencantan. Hay otras formas de lucha, debemos aplicarlas. Les recuerdo que Morazán vive y que la lucha sigue.
Un abrazo.
Roberto Zapata
Wednesday, 17 February 2010 10:38 Administrador
Cejil señala que la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente y profesional
Ante los apresurados pasos por establecer una Comisión de la Verdad en Honduras y cumplir, según el criterio de las autoridades estatales, con el Acuerdo Guaymuras/San José, CEJIL considera que deben generarse algunas condiciones mínimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad real en este país que incluya principalmente la investigación de las miles de violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por diversos órganos en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dado que han existido más de 30 comisiones de la verdad en el mundo, es posible identificar las buenas prácticas y principios básicos para la conformación de una instancia que pueda responder a las expectativas de la sociedad y de las víctimas.
En tal sentido, la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente, y profesional; no debe tener restricciones para avanzar sus tareas; contar con los medios humanos, económicos y jurídicos para llevar a cabo con éxito su mandato; y sus hallazgos deben tener algunas consecuencias al interior de Honduras (por ejemplo, el establecimiento de medidas de reparación adecuada, la expresa voluntad política de adelantar reformas estructurales para prevenir la repetición de los hechos, y el inicio de investigaciones que tiendan a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos).
Entre otras funciones, el trabajo de una Comisión de Verdad debe contribuir para: i) el esclarecimiento de los hechos; ii) el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y iii) la presentación de recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos.
Por su trascendencia, y la importancia de la legitimación de la herramienta y del proceso mismo, el diseño, establecimiento, implementación y posterior evaluación se debería hacer en amplias consultas con la sociedad civil organizada y las víctimas. Para tales procesos, es fundamental contar con el tiempo adecuado con el fin de que se garantice un trabajo a conciencia, que retome todos los factores necesarios para que tal Comisión lleve a cabo de la mejor manera sus funciones.
Finalmente, el Estado debe analizar las conclusiones y recomendaciones de los informes de la Comisión de la Verdad y responder formalmente a ellas. En tal sentido, debe prever mecanismos que puedan implementar tales recomendaciones. Para tales efectos, es recomendable la creación de una institución de seguimiento a la implementación de los trabajos de la Comisión de la Verdad, a fin de atender las necesidades de las víctimas y para poder dar respuesta a cualquier cuestión pendiente en relación con este tema.
En el caso de Honduras, este reto es importante en virtud de que muchos de los funcionarios involucrados en el golpe de Estado aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad.
CEJIL considera que en caso de que los anteriores requisitos mínimos no fueran cumplidos, el establecimiento, funcionamiento y resultados de una Comisión de la Verdad estarían seriamente comprometidos y con ello el camino hacia una verdadera reconciliación en Honduras.
CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales que hoy se encuentran impulsando una Comisión de la Verdad en Honduras, para que tomen en cuenta el sentir de una gran parte de la población hondureña, particularmente de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y se aseguren de que cualquier mecanismo creado tenga como eje central la protección y reparación de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado. De igual manera, insta a la comunidad internacional a dar seguimiento puntual a este proceso que podría ser histórico si se lleva a cado de manera adecuada.
Ver pronunciamiento completo
Fox integraría comisión de verdad de Honduras
voselsoberano.com | Miércoles 17 de Febrero de 2010 14:15
AP
El ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein afirmó el miércoles que "sería muy honroso" que el ex mandatario mexicano Vicente Fox integre una comisión que examinará el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras.
Stein, coordinador de una comisión de la verdad, dijo en rueda de prensa que "los nombres de los miembros extranjeros de la comisión los daré a conocer de manera definitiva hasta ponerme de acuerdo con ellos porque con esa labor me distinguió el presidente (hondureño Porfirio) Lobo ".
"Sería muy honroso que el ex presidente Fox nos acompañe en esta tarea", dijo Stein, que fue vicepresidente del 2004 al 2008.
En la comisión estarán cinco personas, dos hondureñas y tres extranjeras.
"El presidente Lobo me ha pedido que me encargue de buscar los dos representantes extranjeros de la comisión, los que podrían ser ex presidentes, ex ministros de justicia o ex cancilleres con alguna experiencia en este tipo de situaciones... y eso lo haré en los próximos dos días", afirmó Stein.
Informó que Lobo instalaría la comisión el 25 de febrero.
Según la prensa local, uno de los hondureños sería Manuel Acosta Bonilla, ex ministro de Hacienda y abogado de profesión.
Stein compareció ante los periodistas junto al boliviano Víctor Rico, enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que financia el proyecto hondureño.
La OEA expulsó del organismo a Honduras en julio luego del derrocamiento de Zelaya, que está refugiado en la República Dominicana.
El nuevo gobierno de Lobo, que asumió en enero, aspira que la conformación de la comisión le permita recuperar la confianza entre numerosos países que rompieron vínculos por el derrocamiento de Zelaya, ocurrido el 28 de junio, cuando los militares lo expulsaron del país.
Stein fue canciller de Guatemala en el gobierno de Alvaro Arzú (1996-2000) y ha dirigido misiones de observación electoral.
Wednesday, 17 February 2010 12:00 Esteban Cuya*
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna
El proceso de superación del pasado, en las sociedades en las que se establecieron regímenes totalitarios, comienza en algunos casos con el trabajo de las Comisiones de la Verdad, encargadas de investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el período reciente.
La superación del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un período determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar evitar su repetición en el futuro. Por eso el grito común en los países donde se han producido violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos es el de ¡Nunca Más!
Pero la superación del pasado no se agota con los esfuerzos de una Comisión de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo un mandato específico, con campos de investigación limitados. La superación del pasado es un proceso que dura muchos años y que continúa más allá del periodo de los gobiernos de transición. En Argentina, 18 años después del fin de la dictadura militar, el tema de la superación del pasado sigue en el orden del día.
En Chile hubo una situación similar. En Junio del 2001 diversas organizaciones chilenas de Derechos Humanos, entre ellas la Comisión ética contra la Tortura y la Organización de Defensa Popular, exigieron a su gobierno la creación de una "Comisión Investigadora de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en Chile", que afectó a unas 300,000 personas durante la dictadura de Pinochet. La ODEP señaló que "el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas y lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas de tortura". 1
Introducción: ¿Qué son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.
A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.
Entre los aportes fundamentales de las Comisiones de la Verdad que han existido en América Latina podemos destacar:
1. El Auto-descubrimiento de una realidad "ignorada", semiocultada
Los graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos, los secuestros, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas, el genocidio, pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho tiempo no merecieron el reconocimiento, por parte del conjunto de la sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.
Muchas veces por la censura de las informaciones, impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales, amplios sectores de la población vivían ignorando que a pocos kilómetros de distancia se estaban produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
Cuando los hechos de violencia empezaron a repetirse en una u otra región del país, como pasó en Chile, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, amplios sectores de la población optaron por la indiferencia frente a los hechos, conducta mantenida a lo largo de los años, incluso durante y después de la transición a la democracia.
"Por algo será" era la reacción de algunas personas, ante las noticias de detención o desaparición de personas. "Algo habrá hecho" sostenían otros, ahorrándose el trabajo de analizar la situación política y el dominio militar impuesto.
Muy pronto se descubriría que también el miedo paralizaba a una buena parte de la sociedad, que silenciaba su voz. Ciertamente había razón para este miedo. Los jefes militares proclamaron abiertamente sus amenazas:
"Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos." 2
"Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".
"Nosotros somos profesionales de la guerra y estamos preparados para matar. La guerra es así. Yo no le puedo decir a un soldado, al que se le ha preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana existe un problema, le vamos a decir, ahora si mata? " 3
El miedo también afectó a las autoridades judiciales, que argumentando posibles amenazas de elementos subversivos o terroristas, actuaron como "tribunales sin rostro". Ciertamente esta rara figura del "Juez sin rostro" se prestó para la masificación del abuso y las injusticias contra los acusados por cualquier mínima sospecha de participación en hechos de violencia.
En algunos casos, sentimientos fatalistas llevaron a algunos sectores de la población a aceptar como «normales» los hechos graves de violencia, torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas de resistencia o solución política o jurídica a la problemática.
Los esfuerzos de investigación de la Comisión de la Verdad, la sistematización y consolidación global de los datos obtenidos, permiten valorar la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos, y pueden ayudar a la sociedad nacional a informarse adecuadamente y tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus traumáticos efectos para el sector de la población afectada.
• Perú 1980-2000: un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos más de 4,000 personas detenidas-desaparecidas.
• Guatemala 1962-1994: 200,000 muertos y desaparecidos
• Argentina, 1976-1983: 30,000 muertos y desaparecidos
• El Salvador: 1980-1991, 75,000 muertos y desaparecidos
• Chile 1973-1990, mas de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.
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Tal como lo reconoció en Argentina la CONADEP en el prólogo de su informe: "…después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad". 4
En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que « La publicación del Informe, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas." 5
Luego, la difusión de las informaciones sistematizadas por la Comisión de la Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz realidad que no se quiso ver o reconocer en su momento debido. Esta toma de conciencia acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es importante para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del estado de derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan las heridas de los tiempos de violencia. Así pues, el reconocimiento de la verdad total, dura, compleja, libre de maquillajes, es la tarea fundamental de una Comisión de la Verdad.
2. La identificación de los sectores involucrados en el desarrollo de las violaciones a los derechos humanos
La verdad global que logra descubrir la Comisión de la Verdad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tiene que ir acompañada de verdades concretas, específicas, detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y organizaciones involucradas en los graves hechos de violencia. Así se evita que las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan a la totalidad de los miembros de las organizaciones militares, policiales, paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no debe diluirse en la culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar por los culpables.
A partir de esta identificación de los diferentes actores en la violencia, en Guatemala y El Salvador se logró reconstruir el perfil de formación de los agentes militares y policiales, en los que se constató la predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar las técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos para atribuírselo a los "enemigos". etc. Más tarde se propuso la depuración de los "elementos podridos" de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos cuerpos de la policía civil.
También se logró establecer las diferencias existentes entre las organizaciones subversivas, sus conflictos internos, y las violaciones a los derechos humanos que se cometían en su interior, contra sus propios militantes o simpatizantes.
En el Perú se han conocido también diversos grupos que adoptaron los métodos de los escuadrones de la muerte, como el autodenominando "Comando Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.
Entre otros ejemplos de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte se pueden mencionar: El G2 y "los Kaibiles" en Guatemala, los "Novios de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el "Batallon 601" en Argentina.
Igualmente hay otros sectores involucrados en delitos de derechos humanos. Los jueces que no aplicaron el derecho, rechazando los recursos jurídicos o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos", los responsables de los medios de comunicación, los empresarios que financiaron a los grupos paramilitares, entre otros.
Con respecto a los agentes del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de El Salvador exigió "el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia." 6
La Comisión de El Salvador recomendó también "la destitución de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del poder judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar graves hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".
La Comisión recomendó la promulgación de leyes apropiadas que garantizaran que todas las personas implicadas por la Comisión en graves hechos de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro, funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN, jueces o civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años".
La misma Comisión agregó que esas personas también "...deberían quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto es algo sumamente importante para evitar mantener situaciones que sigan agrediendo y ofendiendo a los familiares de las víctimas.
Lamentablemente esto solo se ha podido aplicar muy parcialmente en El Salvador.
En Argentina, muchos criminales de la dictadura militar siguen en el servicio activo, y hasta ocupan cargos políticos.
3. La Personalización y Humanización de las víctimas
Otra función importante desempeñada en cierta medida por las Comisiones de la Verdad en América Latina, es ponerle rostro a las víctimas, devolverles sus nombres y apellidos, y así superar la etapa de recordarlos en la sociedad como números del horror o datos estadísticos.
Las falsas e injustas acusaciones de "terroristas", o "subversivos", o "comunistas", lanzadas por agentes del estado contra muchas de las víctimas de la violencia, agregaron más dolor a las familias que perdieron al ser querido.
En Chile la Comisión de la Verdad describió brevemente las historias personales de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Igual se hizo en Argentina con las víctimas de la dictadura militar de 1976 a 1983. En la mayoría de los casos se pudo comprobar que las acusaciones oficiales eran falsas.
La investigación de la Comisión de la Verdad, como entidad neutral, ha permitido esclarecer el verdadero rol de muchas de las víctimas durante los años de violencia, o las circunstancias precisas de sus desapariciones o muertes, muchas veces totalmente contrarias al discurso oficial con el que se justificaban las ejecuciones sumarias.
Esta reconstrucción y reivindicación de la memoria personal de las víctimas es una parte importante de la verdad que esperaban los familiares de las víctimas. Aquí han ayudado mucho las entrevistas de campo, los testimonios grabados en cintas de sonido. (Defensoría Maya en Guatemala, Madres alemanas en Argentina)
Así se da un paso más para la restauración de la dignidad humana de las víctimas.
Este gesto significa también una reparación moral tanto de las víctimas como de los familiares que lucharon por tanto tiempo para lograr la verdad.
4. La Reparación parcial del daño causado
Las Comisiones de la Verdad han considerado conveniente formular una serie de recomendaciones al Estado, en materia de políticas sociales y económicas, orientadas a reparar en los familiares de las víctimas, en cierta medida, los daños causados por las violaciones a los derechos humanos. La reparación del daño es parcial, debido a que las víctimas se mantienen desaparecidas o muertas.
También se ha propuesto en muchos casos, la rehabilitación del honor de las víctimas, y la construcción de parques, museos, o monumentos conmemorativos (Argentina "Parque de la Memoria" y Chile "Villa Grimaldi") donde los familiares o amigos puedan ir a recordarlos, llevarles flores, mensajes escritos, etc.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación. 7
Aclara que generalmente "las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso".
En Chile: Recogiendo las sugerencias del Informe se aprobó en el Congreso la Ley 19.123, (8.02.92) de Reparaciones a las víctimas, con la que se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como también el derecho a algunas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos.
La Corporación también declaró víctimas de violaciones a los DDHH a otras 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente por el estado chileno se levó a 3,197, personas, de las cuales 1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados. 8
En Argentina: Se han aplicado programas de reparación económica con pagos equivalentes a una jubilación mínima, a los familiares de los desaparecidos. También se ha logrado la promulgación de leyes que eximen del Servicio Militar Obligatorio a los hijos y hermanos de desaparecidos.
Un aspecto sumamente importante para los familiares de los desaparecidos es la ley 24.321 de Ausencia por Desaparición forzada, que da legalidad jurídica al desaparecido y soluciona las complejas situaciones legales generadas por la desaparición física. Así, ahora en Argentina existe en los registros civiles, además del registro de Nacimientos y de Fallecimientos, el de ausentes por desaparición forzada. 9
En El Salvador: Una reciente evaluación acerca de la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de El Salvador, elaborada por Luis E. Salazar precisa que "Las recomendaciones no se ejecutaron, fueron truncadas en el marco de la Ley General de Amnistía,...y lo que se ha realizado es muy poco, y se ha tratado de medidas inmediatas que no han facilitado la sanidad de las heridas causadas durante el conflicto, en la medida que en muchos casos no se ha conocido la verdad, no se ha hecho justicia, y peor aún no se han reparado los daños." 10
A continuación Salazar reconoce que "en El Salvador se creó el Fondo de protección para lisiados de guerra, pero su efectividad circundó a menos del 50% de los afectados".
En Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico recomendó como medida de reparación "que: cree y ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares." Recomendó también que "el Programa Nacional de Reparación comprenda medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:
1. Medidas de restitución material para restablecer, en lo posible, la situación existente antes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.
2. Medidas de indemnización o compensación económica de los más graves daños y perjuicios como consecuencia directa de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.
3. Medidas de rehabilitación y reparación psicosocial que incluyan, entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.
4. Medidas de satisfacción y dignificación individual que incluyan acciones de reparación moral y simbólica." 11
5.
En algunos contados casos las medidas de reparación han incluido en Argentina, Chile y Guatemala, la entrega de los restos de las víctimas de la violencia a sus familiares, para que les den la sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres.
Este paso ha sido muy importante para poder desarrollar, aunque tardíamente, el proceso del duelo y la toma de conciencia de la pérdida del ser querido. Así los familiares podían empezar con la recuperación psico-terapéutica.
En el Perú las medidas de reparación tendrían que abarcar a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre 1980 y el año 2000, es decir, familiares directos de desaparecidos, torturados, asesinados, así como a los presos inocentes, los emigrantes forzados, entre otros.
5. Aportes para la Prevención de sucesivas violaciones a los derechos humanos
La mayoría de las Comisiones de Verdad en América Latina han recomendado reformas en la legislación penal anti subversiva, la penalización del hecho de ocultar información sobre personas detenidas o desaparecidas, la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, así como la incorporación de estudios de los derechos humanos en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad.
Cambios en las concepciones de seguridad: Después de comprobar las distorsiones o perversiones de la actividad policial, las Comisiones de la Verdad han propuesto la creación de fuerzas policiales de carácter civil y no militar, democráticas y no autoritarias, respetuosas de los derechos humanos, abiertas a la fiscalización y el control ciudadano.
También se recomienda:
• Reorientación de la función militar, en base a su sometimiento al poder civil y a los planes de desarrollo nacional. Revisión de las teorías dominantes en el período de la "guerra fría".
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Programas de educación para la solidaridad y los derechos humanos. Actividades en favor de la memoria de las víctimas de la violencia.
• La utilización de libros de registros uniformes de la actividad policial. (p.ej. Libros de detenidos).
• Representación pluralista de los miembros de la policía, a fin de que se reduzcan las posibilidades de agresiones y abusos por motivos raciales.
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En uno de sus recientes documentos amnistía internacional señaló que "En muchos países en los que se produjeron las desapariciones, la mayoría del pueblo ni siquiera era consciente de que desaparecían personas. Fue sólo durante el periodo de transición cuando se enteraron más sobre la otra cara de la historia. Por eso es muy importante contar la otra parte de la historia también, para que todo el pueblo se dé cuenta de que ellos también podrían haber desaparecido."
La difusión masiva de los informes y las conclusiones elaboradas por las Comisiones de Verdad constituye una valiosa posibilidad de trabajo pedagógico en diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda de prevenir la repetición de los graves hechos de violencia.
6. Aportes a la Reconciliación a través de la Verdad y la Justicia
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, las autoridades gubernamentales, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, el perdón a los culpables, "para reconciliar al país" y asegurar la continuidad del sistema democrático. La reconciliación basada en la impunidad y el perdón atenta contra todos los principios del derecho.
La verdad y la Justicia son pasos sumamente necesarios antes de la Posible Reconciliación. Ninguna sociedad que se niegue a enfrentar críticamente su pasado de violaciones a los derechos humanos podrá garantizar también en el futuro la aplicación correcta de la justicia. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos constituye una permanente victimización tanto de los que sufrieron la violencia como de sus familiares que reclaman justicia.
La reconciliación implica el restablecimiento de relaciones óptimas o "normales" entre las personas, en este caso, entre las víctimas o sus familiares, y los violadores de los derechos humanos. Hay que preguntarse si antes de los hechos de violencia existían relaciones «adecuadas», de respeto y aceptación mutua entre las dos partes, entre los civiles y los militares o policías. En cualquier caso, estas "relaciones" de respeto mutuo fueron dañadas por la comisión de delitos de derechos humanos.
El delito cometido genera el rechazo mutuo o el odio (comprensible como reacción humana natural) hacia los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Sólo la culminación del delito, (Tortura, prisión injusta, desaparición forzada) o la reparación del daño causado ofrecen la posibilidad de terminar con ese rechazo u odio y plantearse la reconciliación como una alternativa para la superación del pasado.
La reconciliación no se puede lograr por decreto. La reconciliación es un acto personal entre dos partes enfrentadas o separadas. Implica decisiones personales, que significan por parte del represor, la confesión de la Verdad, el arrepentimiento, el reconocimiento de sus delitos, así como la promesa de no volver a cometerlos y la aceptación de la correspondiente sanción penal.
No es correcto forzar a los familiares de las víctimas a reconciliarse con los culpables de la desaparición de sus seres queridos, antes de que éstos hayan confesado sus delitos y cumplido con las sanciones penales correspondientes. Es natural que los familiares de las víctimas se aferren a la memoria de sus seres queridos desaparecidos o asesinados, y se mantengan leales a ellos. El dejar de luchar por la verdad y la justicia en sus casos, el perdonar a los culpables en nombre de una pretendida reconciliación, es para ellos como un acto de traición al ser querido desaparecido.
El jurista peruano Carlos Chipoco, indica que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional. 12
Sin verdad ni justicia no pueden abrirse caminos para la reconciliación entre los violadores de los derechos humanos y las víctimas sobrevivientes, o los familiares de los desaparecidos o asesinados.
Propuestas para mejorar el aporte de las Comisiones de la verdad.
Actualmente las críticas a las Comisiones de la verdad creadas en América Latina se resumen en:
1. La reserva en la identificación y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Esto favorece la impunidad para los violadores de los derechos humanos.
2. Incapacidad de reconstruir, en lo posible, la historia global de las violaciones a los derechos humanos, abarcando, además de las violaciones a los derechos humanos básicos, los cometidos en contra de los derechos económicos, sociales y culturales. A veces las Comisiones se han limitado a investigar casos "simbólicos" dejando fuera muchos otros casos que también constituyeron violaciones a los derechos humanos.
3.-Impotencia para lograr la restitución a sus legítimos dueños del "Botín de guerra", robado a los desaparecidos o asesinados en el período de violencia.
No se ha logrado que los represores devuelvan a los familiares de sus víctimas los bienes que les robaron. En Argentina, por ejemplo, algunos represores viven en las propiedades de sus víctimas y administran las empresas que les robaron.
4. Ineficacia en las acciones de retroalimentación, de la información obtenida, a la población afectada por la violencia, en lenguaje sencillo, claro, y a través de los métodos modernos de comunicación.
5. Imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos campos, -para la superación de la impunidad, la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos, y las acciones de reparación a las víctimas o a sus familiares- después del final de su mandato. Riesgos de instrumentalización política de sus conclusiones.
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Notas
Fragmento de la ponencia originalmente presentada en el Encuentro Internacional organizado en Lima por la Asociación Paz y Esperanza, en octubre del 2001. "Sociedad Civil y Comisiones de la Verdad en América Latina".
[1]. Derechos Humanos Hoy, Informativo CODEPU, N° 34, Santiago de Chile, Marzo-abril del 2001. Pág. 2
[2]. General de Brigada Iberico Manuel Saint Jean, Gobernador de Buenos Aires. (Argentina, proceso al genocidio, CADHU, 1977, Pág. 12.)
[3]. General E.P. Luis Cisneros Vizquerra, Presidente del Comando Conjunto de las FFAA. Lima, en: Quehacer 24, Octubre de 1983.
[4]. Nunca Más. Pág. 7 CONADEP 1987. El subrayado es mio.
[5]. IIDH, Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VII, Costa Rica 1996 Pág. 45
[6]. Informe de la Comisión de la Verdad: "De la Locura a La Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". 1993.
[7]. "La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura". Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras, a o 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
[8]. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, Corporacion Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996, Pág. 576
[9]. Folleto acerca de la Ley 24.411 de los Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Argentina, diciembre 1998.
[10]. Luis Enrique Salazar Flores, FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, San Salvador 2000, pág.9.
[11]. Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico: "Guatemala: Memoria del Silencio", Guatemala, febrero de 1999.
[12]. Carlos Chipoco, "El derecho a la verdad". En Paz, N 28. Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.
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* Esteban Cuya, es un periodista peruano. Investigador del Centro de Derechos Humanos de Núremberg. Colabora con la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación.
Esteban Cuya fue amenazado y atacado mientras realizaba diversas investigaciones sobre abusos de derechos humanos cuando fue el Coordinador de la Coalición contra la Impunidad, para los desaparecidos alemanes en Argentina
Actualmente reside en Núremberg.
Este artículo está publicado en
Revista Futuros No 10. 2005 Vol. III
http://www.revistafuturos.info
