¡Terror en el Aguán! Pobladores denuncian aplicación de “estado de sitio” por militares, policía y paramilitares
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tocoa, Colón, Honduras. El equipo periodístico de EL LIBERTADOR, se movilizó hacia la ciudad de Tocoa a 545 kilómetros de Tegucigalpa, con el fin de develar los secretos de las masacres contra los campesinos que se esconden tras los asentamientos del Bajo Aguán. Lo que se percibe en la región es un ambiente desolador. A lo largo de la carretera, se observan multitudinarias caravanas de camiones militares que “vigilan” la zona.
Personas consultadas sostiene que se ha establecido una suerte de “estado de sitio” en las localidades de Sonaguera, Tocoa, Sabá y Trujillo en donde los jóvenes deben regresar temprano a sus casas por temor a represalias por parte de los organismos regulares y paraestatales de seguridad. La actividad comercial ha disminuido drásticamente. Los ciudadanos han asegurado a EL LIBERTADOR digital que se sienten más que inseguros y no confían en los patrullajes que desde hace una semana se realizan.
Asimismo, se pudo observar poca circulación vehicular a cualquier hora del día, es evidente las tomas en las calles tanto de policías como del ejercito, además de encontrarse situados en campamentos ubicados en la zonas donde hay mayor afluencia vehicular y peatonal. También tuvimos la oportunidad de ver campamentos militares, ubicados en las cercanías de las oficinas de las asociaciones campesinas, por ejemplo el sector de San Isidro.
El desarme no se toma en cuenta en este sector, según lo que pudimos investigar, en la ciudad la policía no ejerce el control sobre la incautación de armas que a diario circulan; sin embargo si se encuentra ubicados hacia las salidas y entradas con el fin de controlar los ingresos a esta comunidad.
Algo muy llamativo, es la falta de información por parte de los pobladores, ya que se encuentran cercanos a estas comunidades y aun así solo obtienen la información que leen en los diarios o noticieros del país. Además es evidente que a la comunidad no le gusta indagar sobre los temas de las agrupaciones campesinas y solo tratan de seguir adelante con sus actividades cotidianas.
Ley contra financiamiento de terrorismo buscaría impedir apoyo a organizaciones que impulsan Resistencia
Lunes 22 de Noviembre de 2010 Red Morazánica de InformaciónCiprodeh podría interponer recurso de inconstitucionalidad
Tegucigalpa, MDC. 22 Noviembre 2010. El Coordinador general del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, afirma que la Ley contra financiamiento de terrorismo “en el fondo… trata de intervenir y evitar el apoyo para las organizaciones que impulsan el Frente Nacional de Resistencia, o que impulsan procesos de cambio social.
Según declaró Méndez, este lunes, una ley antiterrorista podría -en este momento- “estar dirigida en contra del movimiento social que está en contra del golpe de Estado, o de la oposición política a Lobo Sosa”.
Wilfredo Méndez manifestó que preocupa se pueda “criminalizar” a aquellas organizaciones sociales que apoyan a la oposición política, lo que calificó de “muy grave”; porque con el argumento de que están interviniendo las finanzas de esas organizaciones, en realidad “interfiere directamente las agendas políticas”.
El coordinador del Ciprodeh afirma que, “en el fondo no se trata de controlar si los recursos son efectivamente invertidos o si vienen de buenas fuentes", sino de “intervenir en la agenda y evitar el apoyo a las organizaciones que impulsan al Frente Nacional de Resistencia o que impulsan procesos de cambio social”.
El Ciprodeh ya ha asignado un equipo de abogados para analizar y verificar la posibilidad de interponer una acción de institucionalidad, quienes tendrían un informe parcial a mediados de la semana, y esperarán a que se promulgue la norma antiterrorista en el Diario Oficial para proceder.
La Cámara Legislativa recién aprobó, el jueves 18 de noviembre de 2010, la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, que pretende mantener control jurídico del dinero que ingresa al país y del cambio de moneda extranjera.
La ley que contiene 83 artículos, fue aprobada a espaldas de la población hondureña, bajo supuesto criterio de seguridad, impone a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a informar al Estado sobre donaciones en efectivo, vehículos y equipo.
Según informan el decreto antiterrorista se adopta debido a los decomisos de dólares, aeronaves y otras acciones ocurridas en los últimos meses. La rapidez con que se logró, hace suponer que ya estaba lista y los escenarios fueron propicios.
El titular de la Secretaría de Seguridad dijo a medios de comunicación que las organizaciones deberán demostrar que utilizan los recursos para el avance social y “no para marchas que desestabilizan el país”.
A pesar de que, quien funge como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ha gastado millones en publicidad para decir que nunca el Congreso emitirá una ley que no haya sido consensuada con la población, este decreto sólo será conocido por la sociedad hondureña hasta publicada en el diario oficial, La Gaceta, según declaran fuentes legislativas.
La secuela del gobierno de Uribe
voselsoberano.com | Martes 23 de Noviembre de 2010
Nunca antes un gobierno había encontrado tantos escándalos acallados y a punto de estallar. Antes de cumplir los 100 días Santos, ya se habían destapado nueve ollas podridas del gobierno de Uribe.
Juan Manuel Santos, un día antes asumir el mando, le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe que en su gobierno no iban a poner el espejo retrovisor. Tres meses después, los escándalos han explotado como si fueran una olla a presión.
"Esto es un despelote". Con esa expresión, palabras más palabras menos, responde cada uno de la nueva camada de directores de entidades del Estado cuando se les pregunta cómo encontraron las dependencias a su cargo. Aunque, en aras de la precisión, decir "despelote" es poco ante la catarata y el tamaño de los escándalos que han brotado en el último mes y las ollas podridas que se han destapado por doquier.
Al contrario de lo que se podría esperar de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que salió con una aprobación de 80 por ciento en las encuestas, los hechos recientes indican que dejó la casa en un alto grado de desorden. Y la gran paradoja es que en un gobierno, en teoría, uribista es que han sacado todos los trapitos al sol.
Un día antes de asumir el poder, el entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, le dijo a Uribe y a su gabinete en pleno que no iba a mirar para atrás: "En mi gobierno no va a haber espejo retrovisor". Y es posible que haya cumplido su palabra, pues la mayoría de los escándalos han estallado en medios de comunicación.
Pero poner el espejo retrovisor no es el problema, lo grave es que lo que se ha destapado no es un simple corte de cuentas por resultados sino que en algunos casos toca el terreno de lo penal. No es común que a un gobierno que llega, como el de Juan Manuel Santos, en menos de 100 días le toque buscar cómo liquidar el departamento de seguridad adscrito a la Presidencia (DAS), tenga que pedir a la Fiscalía que allane e intervenga al departamento dedicado a administrar bienes incautados a los narcotraficantes (Estupefacientes) y produzca un devastador informe sobre un fondo creado para apoyar la lucha contra el secuestro (Fondelibertad) que ya provocó la renuncia de dos altos funcionarios del Estado: la directora del CTI y el coordinador de Planeación de Acción Social. Y eso por mencionar tan solo tres de las nueve ollas podridas que se han destapado.
Es muy grave lo que venía ocurriendo en estas entidades que, si bien conforman la segunda línea del gobierno, desempeñan un papel crucial, pues fueron creadas para ejecutar las políticas de los ministerios.
Dirección Nacional de Estupefacientes
“El parque de diversiones de la mafia”
El nuevo director, Juan Carlos Restrepo, lo dijo de manera contundente: “Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia”. Y si esto lo dice el encargado de manejar 76.000 bienes incautados a los narcotraficantes, indica que la situación es grave.
Por eso, el gobierno tomó una de las decisiones más drásticas que se han conocido: denunció los desmanes ante la Fiscalía y decidió intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué pasó? Como por arte de magia, se desaparecieron de la base de datos de la DNE todo tipo de bienes y predios que habían sido decomisados por la Fiscalía. Ocurrió, sobre todo en el segundo semestre de 2009, que con un simple delete una propiedad salía automáticamente de la órbita del Estado y cualquiera podía hacer uso de ella. El diario El Tiempo denunció que dos empleados de Summa –el consorcio encargado de actualizar y blindar la base de datos de la DNE– aparecen borrando predios o alterando datos de una de las haciendas emblemáticas del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, y de más de 33.000 hectáreas incautadas a los narcos del norte del Valle.
También se descubrió que testaferros de la mafia terminan como depositarios de los bienes. Un ejemplo es Montecasino, una mansión en un exclusivo sector de Medellín que pertenecía al jefe paramilitar Carlos Castaño (foto). Según El Tiempo, a pesar de que en 2007 pasó a la DNE, hoy la ocupan testaferros de la familia Castaño, y el arriendo de 10 millones de pesos por ese terreno de 30.000 metros cuadrados no lo pagan desde comienzos de 2008.
Juan Carlos Restrepo, en entrevista con SEMANA, dibujó una situación de caos total. Un informe interno detectó no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática y, según él, prácticamente cualquiera, incluso ex funcionarios y ex contratistas de la DNE, podía meter la mano en la base de datos de los 76.000 bienes. Y un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos para depurar el inventario lo que hizo fue desordenar el que había.
Incoder
El Estado les quitó tierra a campesinos para dársela a narcos
Cuando Juan Manuel Ospina llegó al Incoder no podía creer lo que vio: no solo no se les habían devuelto las tierras a los campesinos despojados, sino que, peor aún, el Estado había adjudicado las tierras de desplazados a testaferros de los narcotraficantes. En un primer barrido en todo el país encontró 184 de estos casos. El ministro Juan Camilo Restrepo, sin pelos en la lengua, explicó que personas “muy cercanas al paramilitarismo” infiltraron el Incoder y, tras el desplazamiento de los labriegos, “esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”.
Y al parecer, esa aberración era vox pópuli. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, anotó: “Eso ocurrió en casi todo el país (…) los campesinos dejaban las tierras y perdían la tenencia. Entonces, funcionarios del Incoder las adjudicaban a veces a amigos de grupos armados ilegales o élites políticas regionales”.
Para remediar ese entuerto, el ministro Restrepo, en una decisión sin precedentes, anunció que apelará a la “excepción de inconstitucionalidad”, y antes de abril el gobierno entregará 300.000 hectáreas a 130.000 familias por restitución directa –es decir, anulará decisiones ilegítimas– o por adjudicación –entrega de baldíos–.
Fondelibertad
Por contratos a dedo ya cayeron dos altas cabezas
L¬os colombianos ni siquiera sabían que existía una entidad llamada Fondelibertad. Pero la vienen a conocer ahora, 15 años después de creada, por un escándalo que se comenzó a destapar hace dos semanas y que ya le ha costado la cabeza al que fue director de ese fondo en el gobierno de Uribe, Harlan Henao, quien renunció esta semana a su cargo en Acción Social de la Presidencia de la República, así como a la directora del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez, salpicada por algunos contratos.
La historia es sencilla. Fondelibertad maneja al año 25.000 millones de pesos que debe utilizar para luchar contra el secuestro y apoyar a los Gaula. El problema es que, según una auditoría del Ministerio de Defensa revelada por Caracol Radio, se encontraron “despilfarro y desorden” en contratos de los tres últimos años.
Son tres las principales denuncias. La más grave es un paquete de 200 contratos celebrados presuntamente sin cumplir la ley, en el que aparecen periodistas y funcionarios del gobierno. Los más sonados son los firmados por el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y por familiares de la directora del CTI: uno de su hermana por 65 millones, otro de su hijo por 50 millones y un tercero con una firma Fares, donde la propia Marilú aparece como conferencista. El segundo caso es un contrato por 5.000 millones con Codispar, para el mantenimiento del parque automotor, en el cual se encontraron perlas como, por ejemplo, que repararon no solo los vehículos de Fondelibertad, sino también otros sin dueño conocido. Y la tercera denuncia es por la compra de equipos que “podrían poner en riesgo” al personal que ejecuta los rescates, según dijo el director de los Gaula Militares. El presidente Santos anunció que Fondelibertad será intervenida.
Banco Agrario
¿Préstamos a cambio de aportes a la campaña?
El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien.
Los problemas comenzaron hace unas semanas, cuando El Espectador denunció que el paquete de préstamos a los floricultores (230.000 millones de pesos) era una cartera de difícil cobro –ya hay 32.000 millones vencidos– y La W y el columnista de SEMANA Daniel Coronell revelaron que los dueños de algunas de las empresas beneficiadas con los créditos aportaron plata a la campaña a la Presidencia del ex ministro Andrés Felipe Arias. De los 117 donantes, 43 pertenecían al gremio y dieron aportes por 114 millones de pesos. Sin embargo, la hoy ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña de Arias, precisó la semana pasada en el Congreso que el aporte de personas vinculadas con dicho gremio solo ascendió al 4 por ciento del total.
Aún más escandaloso es que los préstamos quedaron en pocas manos. Según denunció El Espectador, en una misma oficina de la calle 93, en el norte de Bogotá, funcionan 14 empresas conocidas como del grupo Nanneti, y el Banco Agrario les giró cerca de 75.000 millones de pesos.
¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas.
Como si eso fuera poco, el ministro Restrepo también dejó sin piso un decreto que les daba 50.000 millones de pesos más en subsidios a los floricultores y que había sido firmado siete días antes de terminar el gobierno anterior.
Inpec
Los parapolíticos son los que mandan
El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho repetidamente que nadie quiere aceptar ser director del Inpec. Y no es para menos. El instituto, que no ha brillado por su buena fama, hace unas semanas fue protagonista de un nuevo escándalo: los otrora pesos pesados de la política, que ahora están presos, se pasean como Pedro por su casa por las calles de Bogotá. El nuevo portal kienyke.com publicó un video en el que aparece el ex senador Humberto Gómez Gallo paseando en el norte de Bogotá.
La estrategia es fácil: el preso pide permiso para salir a una cita médica u odontológica y de inmediato la obtiene. El propio Ministro fue quien denunció esta anomalía y luego El Tiempo publicó en detalle los campeones de esos permisos. William Pérez, el ex gobernador de Casanare, ha salido de la cárcel 55 veces, para unas supuestas citas de arreglo de sonrisa; el ex senador Vicente Blel consiguió 54 permisos; el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, 40, y los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, no menos de 25. Pero en la práctica, más que al médico o al odontólogo, cumplen citas con amigos y socios políticos.
Pero eso no es todo. El ministro Vargas Lleras también denunció que hay irregularidades con las manillas electrónicas para quienes gozan de detención domiciliaria. “Se ha detectado que el recluso sale de su casa y no tenemos manera de capturarlo ni de revocarle la detención domiciliaria, porque regresa antes de 72 horas”. La semana pasada, por ejemplo, una mujer que tenía esta manilla fue detenida en Pereira vendiendo droga.
Dian
Feria de puestos y de contratos
En la Dian, según el reporte de su nuevo director, Juan Ricardo Ortega, hicieron fiesta con la contratación. Cuando asumió el cargo se dio cuenta de que el gobierno anterior vinculó en los últimos meses a 379 supernumerarios más de los presupuestados y a otros les aumentó el sueldo, con lo cual se le abrió un hueco en el presupuesto de 84.000 millones de pesos. El desbarajuste en materia de personal es tal que hay más de 100 demandas que reclaman el derecho a la igualdad salarial.
Por otra parte, también ha salido a relucir un contrato, por cerca de 55.000 millones de pesos, entre la Dian y un consorcio cuya mayoría pertenece al hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El contrato se firmó en 2006 –por 11 meses y luego tuvo dos adiciones– para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. En él, según un informe de lasillavacia.com, brillan las irregularidades. La firma interventora, por ejemplo, está relacionada con la familia Nule, que también hacía parte del consorcio contratista; plata que debía utilizarse en un laboratorio de químicos incautados se le entregó al consorcio para la construcción de unos ascensores que hoy están en una bodega; la sede central se entregó dos años después de lo prometido y en otras sedes del país el Estado tuvo que gastar en arriendos por los incumplimientos de los contratistas.
DAS
La verdadera mano negra
A¬unque el escándalo del DAS se destapó hace más de dos años, cuando SEMANA reveló las ‘chuzadas’ ilegales, el gobierno de Álvaro Uribe no logró remediar el problema y le dejó esta terrible herencia a Santos. En sus 50 años de existencia, ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia nunca había atravesado una crisis tan profunda. Desde el inicio del gobierno anterior, el DAS entró en un proceso de descomposición que nunca se detuvo. Con Jorge Noguera, el primer director nombrado por Uribe, estallaron escándalos sobre la infiltración paramilitar, denuncias sobre la participación del DAS en el asesinato de sindicalistas y el descubrimiento de redes de esa entidad que trabajaban para narcotraficantes. El segundo director, Andrés Peñate, anunció una reestructuración que nunca se cumplió, así como tampoco logró neutralizar las mafias internas. Peñate y los dos directores que lo reemplazaron, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, terminaron investigados por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. En total, 52 funcionarios del DAS son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, 18 de ellos están privados de la libertad y seis funcionarios de alto nivel ya confesaron.
Ingeominas
Se dieron títulos mineros a diestra y siniestra
Por la fiebre del oro que se ha tomado al mundo, en los últimos años en Colombia, de manera muy silenciosa, se empezaron a disparar las solicitudes de títulos mineros. Hasta hoy se han otorgado 8.828 de estos títulos, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera.
El ministro de Minas, Carlos Rodado, desde que llegó advirtió sobre el número tan alto de estos títulos, así como el pobre desempeño en la fiscalización de las minas del país, que ha permitido el desarrollo de toda una industria ilegal vinculada con los más sangrientos grupos armados. “La verdad, ni el Ingeominas ni los seis departamentos cumplen de manera eficiente esta función, por eso tiene que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, dijo Rodado hace unos días.
La ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, le puso colofón a la queja de Rodado y concluyó que “la minería ilegal nos está envenenando”. Por esa razón, desde agosto hasta ahora, el gobierno se puso en la tarea de ordenar el sector y ha cerrado 48 minas ilegales.
Pero ese no es el único problema. Según la ministra Uribe, 571 títulos mineros de los que se han dado de manera legal, que abarcan 203.000 hectáreas, están ubicados en áreas “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros”.
Inco
Daban concesiones sin estudios previos
Los problemas con el Inco, el instituto encargado de adjudicar las concesiones para construir carreteras, se empezaron a destapar antes de terminar el gobierno de Álvaro Uribe. Semanas antes de entregar el poder, y cuando Juan Manuel Santos ya había designado como ministro de Transporte a Germán Cardona, este le sugirió a su antecesor Andrés Uriel Gallego que no adjudicara la Transversal de las Américas, una vía que conecta a Venezuela con Panamá. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos, entregó la concesión y se sometió a que la Procuraduría dijera que no era posible que el contrato se llevara a cabo como estaba planteado. Pero ese es apenas uno de los casos críticos.
El ministro Cardona ha dicho que el Inco está en “cuidados intensivos”, que están analizando “juiciosamente concesión por concesión, para saber dónde estamos parados” y que le darán “un vuelco de 180 grados al Inco”, porque esa entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos.
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=147265
Llegada de Uribe despierta repudio en la población hondureña
Hombres y mujeres integrantes del Frente se apostaron frente a las instalaciones del aeropuerto
Los barrios, colonias y la juventud del Frente Nacional de Resistencia de Tegucigalpa recorrieron las calles hasta llegar al aeropuerto Toncontin, donde arribo Álvaro Uribe ex presidente de Colombia, este domingo 21 de noviembre.
Por: Tommy Morales-corresponsalía Ciudadana defensoresenlinea.com
Vestidos de negro, símbolo de luto, por los miles de colombianos asesinados en ese país y por la memoria de los mártires de la Resistencia, la multitud gritaba “asesino fuera de Honduras”.
Entre los mensajes en las pancartas que portaban estaban, “Uribe qué paso con la fosa común de 2 mil cadáveres en tu gobierno”, también el reclamo de más de 200 periodistas colombianos liquidados.
La demanda popular más reciente que se le hacía era sobre la masacre de los campesinos del Aguán, donde la represión fue encabezada por paramilitares colombianos, quienes están entrenando a militares hondureños en tortura, represión y muerte, según denuncias.
“No queremos la colombianización ni la injerencia colombiana”, afirmaban los protagonistas de la manifestación.
Álvaro Uribe
Hombres y mujeres integrantes del Frente se apostaron frente a las instalaciones del aeropuerto y, como es costumbre, al otro lado de la calle, un contingente de policías estaba listo con sus lacrimógenas, solo esperaban la orden de represión.
Entre los incidentes que se produjeron en el marco de la protesta, se registró el atropello de una menor de edad perteneciente a la Resistencia, por un carro gris cuatro puertas sin placas. En el momento del hecho un grupo de policías cruzaron la calle para intervenir cuando participantes del plantón detuvieron el vehículo.
Seguidamente una policía dejó ir a una mujer quien pasó las llanteas de su vehículo sobre los dedos de la menor, ante al reproche de todos los presentes, que se indignaron por la acción. Se denunció que la agente recibió dinero a cambio de no ser detenida.
Cuándo se le preguntó al oficial encargado del operativo policial, sobre la identidad de la policía que a pesar de existir un acto que puso en riesgo la integridad física de la niña, este dijo que sería el oficial Mario René Chamorro u otro oficial de apellido Suazo, quienes darían los detalles, negándose a proporcionar el apellido de la uniformada.
Otro de los incidentes registrados es el referente a que desde un vehículo con placas PCL 1691, tres hombres armados apuntaron sus pistolas hacia la multitud cuando ésta avanzaba hacia el aeropuerto, después se fueron a veloz carrera cruzando la mediana.
La justicia estadounidense hoy citó a Uribe por asesinatos de sindicalistas pero éste se ausentó
Han sido asesinados 800 sindicalistas durante el mandato de Uribe
Dick Emanuelsson |
TEGUCIGALPA / 2010-11-22 / Uribe fue hoy citado en Estados por asesinatos de sindicalistas colombianos en la mina gringa Drummond. El caso es emblemático por que es la ilustración del Terrorismo de Estado que en nombre de Uribe lo llama; "Seguridad Democrática".
Fueron asesinados sindicalistas tras sindicalistas en la mina estadounidense en el norte de Colombia. No importa que los testigos y hasta los autores paramilitares sindicaban a la gerencia de la empresa multinacional y las FF.MM. del estado por ser los autores intelectuales y aliados respectivamente de la erradicación de sindicato combativo.
Uribe, como máximo responsable por esos asesinatos y más de 800 asesinatos de sindicalistas colombianos durante sus dos periodos, el "No 82" del Cartel de Medellín solo responde que durante su mandato se ha disminuido los asesinatos de sindicalistas que por si es cierto ya que los trabajadores colombianos ya no se atreven en gran medida afiliarse, tanto por perder su puesto de trabajo pero sobre todo, para no ser asesinados.
LA DESTRUCCIÓN FÍSICA DE UN MOVIMIENTO SINDICAL Asumir un cargo sindical en Colombia es equivalente de firmar su propia sentencia de muerte, dicen los colombianos. Por eso esta desapareciendo sucesivamente el movimiento sindical.
El grado de afiliación sindical durante los dos periodos de Uribe en Colombia bajó dramáticamente. Es la misma tendencia que tendremos también en Honduras con la ofensiva de leyes antipopulares. Como coronando esos ataque al pueblo trabajador, hemos observado las arremetidas brutales de la rectora de la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como los primeros pasos para destruir el sindicato de los trabajadores universitarios, Sitraunah. Ministerio de Trabajo, leyes y normas internacionales de la OIT hoy en día en Honduras significa nada.
Los acuerdos y contratos colectivos son pisoteados en forma más descarada por el régimen de facto No 2 y ese Congreso que mañana condecorará al señor que en 1991 fue clasificado por el Departamento de Defensa como un integrante del Cartel de Medellín con el "No. 82".
Dice la nota abajo, tomada de El Tiempo, que Uribe no se presentó a la justicia estadounidense hoy, a pesar que fue citado legal- y físicamente. Claro, se siente como en su casa entre sus aliados en Honduras, donde se encuentra en este momento.
Contrario lo que consideran los sindicalistas colombianos que desde el 1986 han enterrado más de 3500 de sus camaradas de lucha, en Honduras Uribe es llevado con centenares de Cobras (policía terrorista al movimiento popular), ejercito y policías antimotines.
Será condecorado por el Congreso Nacional, el mismo congreso que hasta 71 por ciento es partidario del Golpe de Estado del 28 de junio 2009, es el mismo congreso que condecoró al dictador Roberto Micheletti como "Héroe Nacional" y el congreso que "acceptó" la renuncia del derrocado presidente Manuel Zelaya esa fecha fatal. Los empresarios y los golpistas de las Camisetas Blancas andan eufóricos por su visita.
¿PEDIRÁ ASILO EN PANAMÁ? Quien sabe, quizás Uribe hace como su jefa del DAS, Maria Pilar Hurtado, que pidió asilo político en Panamá por sentirse arrinconada por la Corte Suprema de Justicia en Colombia por que las investigaciones de la "Chuzada" se le acerca, sabiendo que los crímenes que ha cometido son crímenes de lesa humanidad, para lo cual no figura ningún derecho a asilo en la justicia internacional.
Y son más que un organismo de derechos humanos que ha solicitado a la CPI, Corte Penal Internacional, de juzgar a Uribe justamente por Crímenes de Lesa Humanidad. Son miles de fosas comunes en Colombia donde reina la paz y tranquilidad, pero de los cementerios. Y se nota que Uribe cada día se ve más cansado y agotado, por que sabe que la justicia más temprano que tarde le alcanzará.
Véase la cacería de brujas contra los obreros y sindicalistas bananeros en Colombia y como empresas transnacionales como Chiquita, Dole u otros se beneficiaban con la alianza con los paramilitares:
http://dickema24.blogspot.com/search/label/banan
http://dickema24.blogspot.com/2010/11/colombia-la-justicia-estadouniden
¡“Fuera el Carnicero Uribe de Honduras”!
Dick y Mirian (cámaras) Emanuelsson
Imágenes
Publicamos varias entrevistas con manifestantes que indignados por los asesinatos de campesinos en el Valle de Aguan dicen que es la consecuencia de los acuerdos (en junio 2010) entre el régimen de Uribe y el de Porfirio Lobo que invita al ejercito colombiano de operar y interceptar el pueblo con sus fuerzas especiales en el pais de Francisco Morazán.
En el video también entrevistamos Mario Canahuati, canciller y magnate de Maquilas en la costa norte. El canciller no quiere responder a la pregunta si el pueblo de Honduras sabrá los nombres de los militares colombianos que operan la Honduras.
Decía que no tiene temor por recibir oficialmente el personaje que cada día esta más cerca de ser juzgado por los seguimientos físicos, por teléfono y correo electrónico a colombianos y reporteros internacionales, por armar montaje para desprestigiar a la oposición en Colombia como el caso de Piedad Córdoba, que no logró Uribe de amedrentar y por eso su procurador, líder de la Opus Dei en Colombia, la deshabilitó como senador durante 18 años.
http://dickema24.blogspot.com/2010/11/video-fuera-el-carnicero-uribe-de
VIDEO: !“FUERA el CARNICERO URIBE DE HONDURAS”! from Dick & Mirian Emanuelsson on Vimeo.
Frente de Resistencia fortalece su proceso democratizador
22/11/2010 Red Morazánica de Información ::
FNRP incrementa de 56 a 582 representación territorial y de organizaciones sociales y políticas para Asamblea
El Subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Barahona, informó, este domingo, que han ampliado de 56 a 582 delegados y delegadas, la representación territorial y de las organizaciones sociales y políticas, como uno de los acuerdos tomados en la Asamblea, realizada este sábado en Siguatepeque.
Barahona relató que, tras 12 horas de un importante debate del que, asegura, va “consolidando y clarificando” al Frente para fortalecer la unidad necesaria a la toma del poder, también se amplió a 22 la cantidad de integrantes del Comité Político recién formado.
El subcoordinador del FNRP explicó que está en discusión el planteamiento de algunos sectores de la Resistencia sobre la opción de participar, o no, en un próximo proceso político electoral y otras alternativas.
Habría consultas en las mismas asambleas municipales, departamentales y sectoriales donde se elijan los delegados y delegadas, sobre si se está de acuerdo con la vía electoral como opción para la toma del poder. Una vez obtenidos los resultados de la consulta, se emitirá un posicionamiento político.
Juan Barahona consideró que estudian entre todas las partes integrantes los diferentes caminos que pueden llevar la Resistencia a consolidarse, y que “no cree que haya nadie que quiera asumir con la responsabilidad de dividir el Frente”.
Nueva composición de Asamblea
La Asamblea de Delegados de la Coordinación Nacional Provisional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quedaría integrada por representantes de la siguiente forma:
Proporcionales a la población: 180
Por cada municipio: 298
De las fuerzas políticas y sociales: 100
Del departametno 19 (en el extranjero): 4
Total: 582
Las organizaciones sociales y políticas que conforman el FNRP definirán, con el Comité Ejecutivo, cómo serán distribuidos sus 100 delegados. Valor de presentación que podrá aumentar o disminuir, según lo determinen las asambleas.
Con el propósito de facilitar el proceso organizativo y de elección de representantes, deberá ser publicado el listado de entidades que pertenecen al FNRP, y que podrá ampliarse con nuevas organizaciones, cuya inclusión será validada por las representaciones departamentales.
Conferencia de prensa
El FNRP ha anunciado para mañana martes, 23 de noviembre de 2010, una conferencia de prensa para ampliar información sobre los acuerdos de la Asamblea
