En Honduras, Comisión de la Verdad recibe nuevas denuncias
Comisión de Verdad conoce graves testimonios contra la libertad de expresión en Honduras
02 November 2010 dina meza 
De la propia voz de las víctimas y a través de un conversatorio con periodistas y representantes de medios de comunicación, la Comisión de Verdad, conoció graves hechos que se han ejecutado para evitar que se ejerza el Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras.
El acto se llevó a cabo en la capital con la presencia de representantes de medios de comunicación y periodistas de varias partes del país donde los y las asistentes detallaron diversas formas de represión de que han sido objeto desde el golpe de Estado en junio de 2009.
Los y las comisionadas de la Comisión de Verdad llegaron a la capital desde el viernes pasado para desarrollar una agenda orientada a acelerar las acciones encaminadas a la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurrido desde el golpe de Estado en Honduras, propinado según lo han denunciado diversas organizaciones sociales por los grupos de poder, el ejército, el imperio y la iglesia conservadora.En el conversatorio estaban presentes los comisionados Francois Houtart; Luis Carlos Nieto; Elsie Monge; Craig Scott; Francisco Aguilar; el Padre Fausto Milla y Helen Umaña.
Al mismo llegaron periodistas de varios medios de comunicación. Dick Emanuelsson, corresponsal del semanario sueco Flamman, relató que ha sido perseguido desde el golpe de Estado y que Verónica Sánchez, la fiscal que lleva su caso no ha hecho nada para llevar a los culpables a juicio. Vea datos de las amenazas
Cuando fuimos a la fiscalía con la ayuda del COFADEH, la gran sorpresa es que el caso lo iba a llevar la misma fiscal Verónica Sánchez, quien lleva el caso del maestro asesinado Roger Vallejo y ante quien llegó a dar declaraciones el profesor Félix Murillo, él tenía en su poder los casquillos de bala que mataron a Roger, pero Murillo fue asesinado una semana después de haber ido ante la fiscal en mención, denunció Emanuelsson.
Andrés Molina de la Red Morazànica de Información relató que es objeto de hostigamientos y constantemente recibe llamadas amenazantes contra él y su esposa. Molina tiene un programa radial en Radio Juticalpa, en Juticalpa Olancho, denominado perspectiva informativa, donde a menudo recibe llamadas conteniendo amenazas.
Víctor Rodríguez, que labora en Globo TV y que también es corresponsal de Radio Uno aquí en la capital, denunció ante la Comisión de Verdad que su teléfono está intervenido , que recibe amenazas por teléfono, una de ellas donde desconocidos le decían que habían llevado a su hijo de la escuela y que se lo tenían secuestrado, “cuando me dijeron eso me reí porque yo no tengo hijos”.
Mientras Víctor Valladares de Canal 11 señaló que ha sido objeto de amenazas vía mensajes por celular donde le han dicho que es vocero de los maestros, “imagínese tengo que cubrir siempre las noticias alrededor de este gremio, pero a uno ya lo tienen mal visto y hay momentos en que uno siente que su vida está en peligro”.
Martha Elena Rubí directora-propietaria de Radio Juticalpa, relató a la Comisión la odisea que vivió el 28 de junio cuando su medio se aprestaba a transmitir todo lo relacionado con la consulta popular, “escuché los motores de carros del ejército, nos tirotearon la radio y me querían quitar el equipo siendo de mi propiedad me opuse, pero ellos cerraron el medio, no lograron llevarse nada porque yo hice la denuncia ante el auditorio, cuando menos esperaba todo el pueblo estaba en la calle, pero eso los militares no lograron llevarse nada”.
Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, denunció como Tiempo de Hablar, el programa de radio de su organización en septiembre de 2009 se le subió la tarifa por el espacio al doble para que se fueran de la emisora Radio Cadena Voces.
“Quisimos tomarle el pulso a la radio que es propiedad del ex presidente Ricardo Maduro y decidimos pagar lo que nos pedían, pero al mes ya nos estaban cerrando el espacio argumentando que estábamos generando el odio en la sociedad tal como lo dice un decreto de la dictadura de Micheletti”, dijo Fonseca.
En esa misma línea una representante de Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, denunció que el programa Aquí ente Chonas, de dicha organización, fue cerrado bajo los mismos argumentos, en octubre del año pasado.
Asimismo se denunció el cierre del programa radial Voces Contra el Olvido, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, a mediados de julio del año pasado por denunciar las violaciones a los derechos humanos en el marco el golpe de Estado; así como la intervención del periódico digital defensoresenlinea.com, especializado en derechos humanos y que denuncia constantemente las atrocidades del régimen, con la intención que se deje de informar.
Algunos de los periodistas y representantes de medios de comunicación denunciaron que el sistema de justicia no funciona cuando han denunciado los hechos y los responsables están en completa impunidad.
Los comisionados y comisionadas tomaron nota de todas las denuncias e informaron a los periodistas que es importante documentar todos los hechos.
La Comisionada Mirna Perla expresó que es una fortaleza que se haya acudido al sistema interno de justicia porque de esa forma se puede comprobar que no funciona y si hay o no intervención de los poderes del Estado.
“El rol de la Comisión de Verdad es evitar que los hechos que nos han denunciado se siguen produciendo, identificar a los responsables y las víctimas, trataremos que esto quede establecido en un documento final el cual no solamente va a ser entregado al pueblo hondureño, a las víctimas y sus familiares sino a la comunidad internacional”, dijo la Comisionada Elsy Monge, coordinadora de Comisión de Verdad.
Por otro lado recalcó que es necesario presionar por el Derecho de Repetición, o sea que todo Estado tiene la obligación de pagar una indemnización a las víctimas, pero esta debe ser cobrada a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, porque el pueblo no tiene por qué pagar por sus crímenes.
Monge detalló la forma cómo ha funcionado la Comisión de la Verdad, de la cual ella fue su coordinadora, “colocamos avisos para que los que están señalados como violadores de los derechos humanos llegaran a brindar sus declaraciones ante la Comisión, de 390 señalados acudieron 90”.
El Comisionado Luís Carlos Nieto señaló que son corresponsables de las acciones alrededor del golpe de Estado aquellos operadores de justicia como jueces y fiscales que no han cumplido con su obligación de lograr que haya justicia para las víctimas.
La también Comisionada Nora Cortiñas destacó el papel que juegan los y las periodistas en el marco de los golpes de Estado, como ejemplo citó que en su país Argentina fue un rol trascendental, “hay 101 periodistas desaparecidos en mi país”.
En suma los integrantes de la comisión de Verdad les dijeron a los asistentes que no cejaran en su lucha por buscar justicia, que si en el país no funcionaban las peticiones que por eso están los tribunales internacionales a los que se puede acudir porque las violaciones a los derechos humanos son hechos imprescriptibles y crímenes de lesa humanidad que no solo afectan a Honduras sino a todo el mundo.
Desarrollo turístico en la Bahía de Tela
Los Micos Beach and Golf Resort, un proyecto polémicoGiorgio Trucchi
03-11-2010
Lobo acata órdenes del empresariado. El frente y centrales obreras preparan huelga general
Acatando órdenes del empresariado Lobo aumenta solo 3% salario minimo. El Frente, las centrales sindicales y gremios magisteriales preparan paro cívico para el 11 de noviembre.Kaos. Honduras |
Los trabajadores y las trabajadoras han considerado el miserable aumento del 3% como una burla ante la desesperante situación económica que están atravesando, en vista de que el salario no cubre un mínimo de la canasta básica.
La reacción no se ja hecho esperar y se ha convocado a la huelga general para este 11 de noviembre.
Lobo cumple a los empresarios y se burla de trabajadores
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 01 de noviembre de 2010. Cumpliendo las órdenes de las cúpulas de la empresa privada, el gobierno que preside Porfirio Lobo Sosa, ordenó el aumentó al salario mínimo tal como lo pidieron los empresarios en las negociaciones, de un 3% mensual unos 165 lempiras mensuales.
Lobo no tuvo el valor de aparecer ante las cámaras y mandó a uno de sus colaboradores, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Felicito Ávila, para anunciar el pírrico aumento.
El dirigente sindical José Luis Baquedano, en declaraciones transmitidas por Radio Globo calificó el aumento “como una burla, como una miseria partiendo del costo de la canasta básica que ahora cuesta más de ocho mil lempiras” criticó el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras CUTH.
Baquedano lamentó que con el nuevo decreto se ha violentado la Ley del Salario Mínimo, que establece que este debe ser fijado a partir del mes de enero y en caso contrario este debe ser retroactivo.
El decreto deja fuera del beneficio a todos los Empleados de las empresas de la maquila hoteles y otras empresas que operan bajo los regimenes especiales de Zonas Libres ZOLI, y las Zonas Industriales de procesamiento ZIP, a quienes les fijó un salario mensual de 3,894.60, mas de dos mil lempiras menos que el salario en otros sectores.
El Decreto Ejecutivo crea una cantidad de nuevas escalas salariales urbanas y rurales y en la que más recibirá aumento salarial es de 386 lempiras, el equivalente a un siete por ciento.
Mientras los ministros del régimen se aumentaron 10 mil lempiras mensuales, unos 529 dólares, a los millones de trabajadores hondureños recibirán un aumento de a penas un 8.73 dólares por mes.
Los empresarios en su mayoría financiadores del golpe de Estado, reaccionaron con alegría calificando en aumento como “consecuente con la realidad del país”, sin esconder que Lobo les cumplió con lo que le pidieron.
Para los trabajadores del sector público el gobierno decretó un aumento de 650 lempiras, retroactivo a partir del mes de junio del 2010 y no del mes de enero como establece la ley.
Los trabajadores recibirán un aumento a partir del primero de septiembre, pero el articulo uno del acuerdo ejecutivo es una burla para la clase trabajadora, que expresamente dice“fijar el salario mínimo del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil diez, en Cinco Mil Quinientos Lempiras Mensuales (L 5,500.00) en el área urbana y en Cuatro Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Mensuales (L 4,055.00) en el área rural”, tal como lo estableció el Presidente Manuel Zelaya en el año 2009.
Los empresarios habían solicitado al gobierno no aumentar los salarios hasta en un término de cinco años y que si se hacía no debía superar el tres por ciento del aumento.
Durante el año 2009, en la administración de Manuel Zelaya Rosales, el aumento al salario mínimo fue de 2,010.00 lempiras y aún así no ajusta para comprar la canasta básica familiar.
La reacción no se ja hecho esperar y se ha convocado a la huelga general para este 11 de noviembre.
Lobo cumple a los empresarios y se burla de trabajadores
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 01 de noviembre de 2010. Cumpliendo las órdenes de las cúpulas de la empresa privada, el gobierno que preside Porfirio Lobo Sosa, ordenó el aumentó al salario mínimo tal como lo pidieron los empresarios en las negociaciones, de un 3% mensual unos 165 lempiras mensuales.
Lobo no tuvo el valor de aparecer ante las cámaras y mandó a uno de sus colaboradores, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Felicito Ávila, para anunciar el pírrico aumento.
El dirigente sindical José Luis Baquedano, en declaraciones transmitidas por Radio Globo calificó el aumento “como una burla, como una miseria partiendo del costo de la canasta básica que ahora cuesta más de ocho mil lempiras” criticó el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras CUTH.
Baquedano lamentó que con el nuevo decreto se ha violentado la Ley del Salario Mínimo, que establece que este debe ser fijado a partir del mes de enero y en caso contrario este debe ser retroactivo.
El decreto deja fuera del beneficio a todos los Empleados de las empresas de la maquila hoteles y otras empresas que operan bajo los regimenes especiales de Zonas Libres ZOLI, y las Zonas Industriales de procesamiento ZIP, a quienes les fijó un salario mensual de 3,894.60, mas de dos mil lempiras menos que el salario en otros sectores.
El Decreto Ejecutivo crea una cantidad de nuevas escalas salariales urbanas y rurales y en la que más recibirá aumento salarial es de 386 lempiras, el equivalente a un siete por ciento.
Mientras los ministros del régimen se aumentaron 10 mil lempiras mensuales, unos 529 dólares, a los millones de trabajadores hondureños recibirán un aumento de a penas un 8.73 dólares por mes.
Los empresarios en su mayoría financiadores del golpe de Estado, reaccionaron con alegría calificando en aumento como “consecuente con la realidad del país”, sin esconder que Lobo les cumplió con lo que le pidieron.
Para los trabajadores del sector público el gobierno decretó un aumento de 650 lempiras, retroactivo a partir del mes de junio del 2010 y no del mes de enero como establece la ley.
Los trabajadores recibirán un aumento a partir del primero de septiembre, pero el articulo uno del acuerdo ejecutivo es una burla para la clase trabajadora, que expresamente dice“fijar el salario mínimo del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil diez, en Cinco Mil Quinientos Lempiras Mensuales (L 5,500.00) en el área urbana y en Cuatro Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Mensuales (L 4,055.00) en el área rural”, tal como lo estableció el Presidente Manuel Zelaya en el año 2009.
Los empresarios habían solicitado al gobierno no aumentar los salarios hasta en un término de cinco años y que si se hacía no debía superar el tres por ciento del aumento.
Durante el año 2009, en la administración de Manuel Zelaya Rosales, el aumento al salario mínimo fue de 2,010.00 lempiras y aún así no ajusta para comprar la canasta básica familiar.
Preparan en Honduras paro nacional para 11 de noviembre
Prensa latinaTegucigalpa, noviembre 2 - Los gremios magisteriales, las centrales obreras y el Frente Nacional de Resistencia Popular preparan un paro cívico nacional para el próximo día 11, anunciaron hoy en un comunicado conjunto.
Los líderes de todos esos movimientos indicaron que reclamarán al Gobierno el cumplimiento de cuatro puntos que han estado presentes hasta hoy en las protestas que se han venido realizando.
Son ellos: aumento del salario mínimo, derogación de una ley de trabajo temporal, protesta por la desindexación del Estatuto del Docente del salario mínimo para los maestros, y aumento salarial para los empleados públicos.
En una reunión conjunta los dirigentes nacionales aprobaron continuar las asambleas de información que se iniciaron este lunes en los gremios magisteriales y de empleados públicos.
Realizar, además, una marcha en Tegucigalpa y San Pedro Sula pasado mañana, y preparar las condiciones en todo el país para realizar el paro cívico el día 11.
La marcha del miércoles en Tegucigalpa se iniciará a las 13:00 hora local y partirá desde el Obelisco de Comayagüela hasta el Congreso Nacional, mientras que la de San Pedro Sula recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.
Al informar sobre esas acciones, el líder de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, denunció que el Gobierno está destruyendo las conquistas de los trabajadores con la aprobación de leyes antiobreras como la temporal de empleo que lesiona a los sindicatos.
A su vez, el secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores, José Luis Boquedano, acusó al Gobierno de atentar contra los derechos de los trabajadores al desindexar el salario mínimo del Estatuto del Docente.
Boquedano rechazó el aumento del seis por ciento al salario mínimo aprobado por el Gobierno el cual no satisface los intereses laborales y, según él, es una ofensa porque ni siquiera se acerca al descomunal alza del costo de la canasta básica.
Por su parte Carlos Reyes, representante del Frente de Resistencia, denunció que después del golpe de Estado del año pasado el Gobierno hace papel mojado de la Constitución al ser regido por grupos económicos de poder.
