La caravana de migrantes abandona la Ciudad de México rumbo a EE.UU.
Publicado: 11 nov 2018 05:26 GMT - RT
La marcha, que salió de Honduras, ha recorrido ya más de 1.500 kilómetros en menos de un mes.
La
caravana de migrantes procedente de Honduras, que integran ya unas
5.000 personas, ha abandonado la Ciudad de México y continúa su
viaje hacia Estados Unidos, informa la agencia AFP.
Este sábado al amanecer, los migrantes recogieron su campamento improvisado en un parque deportivo en el que pasaron seis noches, y se dirigieron al metro de la ciudad para tomar rumbo hacia el vecino estado mexicano, Querétaro, adonde pretenden llegar a pie. En el centro del país, el citado territorio está todavía a cientos de kilómetros de su objetivo final, EE.UU.
La caravana salió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre y ha recorrido más de 1.500 kilómetros. Desde entonces, se han formado al menos otras dos caravanas desafiando las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien calificó la marcha como "invasión" y ordenó el despliegue de miles de soldados estadounidenses en la frontera con México.
Esta semana, el mandatario estadounidense firmó una orden que busca hacer improcedente toda solicitud de asilo por parte de migrantes que crucen sin papeles la frontera de los EE.UU. con México.
Este sábado al amanecer, los migrantes recogieron su campamento improvisado en un parque deportivo en el que pasaron seis noches, y se dirigieron al metro de la ciudad para tomar rumbo hacia el vecino estado mexicano, Querétaro, adonde pretenden llegar a pie. En el centro del país, el citado territorio está todavía a cientos de kilómetros de su objetivo final, EE.UU.
La caravana salió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre y ha recorrido más de 1.500 kilómetros. Desde entonces, se han formado al menos otras dos caravanas desafiando las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien calificó la marcha como "invasión" y ordenó el despliegue de miles de soldados estadounidenses en la frontera con México.
Esta semana, el mandatario estadounidense firmó una orden que busca hacer improcedente toda solicitud de asilo por parte de migrantes que crucen sin papeles la frontera de los EE.UU. con México.
La caravana migrante cruza hasta Aguascalientes; Guadalajara los acoge
Claudio Bañuelos, Carlos García, Javier Santos, Mariana Chávez y Silvia Chávez
LA JORNADA
Decenas de migrantes de la primera
caravana que cruzaron ayer los estados de México, Querétaro, Guanajuato y
Aguascalientes, antes de su arribo a Jalisco sobre la autopista
León-Aguascalientes, a la altura del municipio jalisciense de Lagos de
Moreno, buscaban un aventón rumbo a la ciudad de Guadalajara. La
movilización ocasionó caos vehicular en el kilómetro 140+300.
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió un aviso para informar que grupos segmentados de
la primera caravana, que terminó de salir de Ciudad de México por la
madrugada de ayer y arribó a Querétaro, piden apoyo principalmente a
vehículos de carga para trasladarse.
La titular de la Comisión de Derechos
Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez, previno a las unidades de
Protección Civil municipales para estar atentas a cualquier incidente
en los Altos de Jalisco. En esa entidad del occidente mexicano, el
secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, dijo que ya se
encuentran listos para recibir a la caravana.
Después de una reunión de trabajo, López
Lara dijo que fue habilitado el auditorio Benito Juárez, de Guadalajara,
como albergue con servicio sanitario, médico y donde los marchistas
puedan recibir alimentos. Estimó el arribó de 5 mil personas.
Antes, a su paso por los municipios
guanajuatenses de Celaya, Irapuato y León, por la carretera federal 46, y
por San José Iturbide y San Luis de la Paz, por la carretera 57, se
apreció que eran grupos de 40 migrantes. La mayoría mostraba indicios de
fatiga y deshidratación.
Autoridades adecuaron albergues con baños
y colchonetas. A León llegó un grupo que fue apoyado con transporte
público para llevarlo a los límites con Jalisco.
Segundo contingente
Durante la madrugada y mañana de ayer,
integrantes de la segunda fracción de la primera caravana arribaron a la
capital queretana. Los 760 primeros que llegaron el viernes pasado
partieron al filo de las 5:30 horas de este sábado rumbo a Guanajuato.
Mientras, la segunda fracción, al igual
que la primera, llegó de aventón en vehículos particulares, en las
plataformas de tractocamiones o caminando.
El pasillo de acceso en el estadio La
Corregidora utilizado como dormitorio fue insuficiente para los 3 mil
migrantes que habían llegado hasta las 17 horas de ayer. Algunos que ya
no encontraban lugar colocaron casas de campaña o plásticos en el pasto o
en las banquetas afuera del coloso; personal de Protección Civil les
comunicó que ahí no podían acampar.
BC o Tamaulipas, el dilema
Las historias que comparten los
centroamericanos son muy parecidas: huyen de la pobreza, del crimen
organizado y la violencia. En el albergue discutían sobre seguir la ruta
hacia Tijuana porque, aunque es más lejos, representa menos peligro, o
hacia Tamaulipas es más corta, pero ahí están Los Zetas.
Otros expresaron su desesperación porque
ya llevan un mes en caravana y apenas van a la mitad del camino. También
discutieron si este domingo llegan a Irapuato o se van directo a
Guadalajara.
El último grupo de la primera caravana
que salió de Ciudad de México por la autopista México-Querétaro, a la
altura del municipio de Tepotzotlán, dejó de pasar a las 14:30 horas de
este sábado y el operativo de apoyo, implementado por el gobierno
mexiquense y organizaciones civiles y religiosas, fue retirado.
Recta final de éxodo hondureño, hoy salió de México D.F. para frontera de EE.UU.
Unos
200 migrantes hondureños partieron hoy en metro desde la Ciudad de
México para continuar su camino rumbo a la frontera sur de Estados
Unidos, ayer, el grupo tuvo una asamblea con las autoridades que
brindaron la ayuda en el transporte ferroviario.
De las cuatro caravanas que se han formado, los primeros 5,000 que llegaron a la capital mexicana, decidieron esperar un día más, por lo que mañana a primera hora saldrán para alcanzar el grupo que partió hoy.
De las cuatro caravanas que se han formado, los primeros 5,000 que llegaron a la capital mexicana, decidieron esperar un día más, por lo que mañana a primera hora saldrán para alcanzar el grupo que partió hoy.
Agencias / EL LIBERTADOR
Ciudad de México. Como
lo habían acordado ayer en asamblea, un grupo de 200 personas de la
primera Caravana Migrante, salió hoy desde el estadio José Martínez para
iniciar la recta final del éxodo rumbo a Estados Unidos.
Este
pequeño grupo se adelantó a los 5,000 migrantes que decidieron esperar
un día más. Las autoridades mexicanas han facilitado el metro para que
los hondureños lleguen a Querétaro, de allí seguirán hasta Tijuana, Baja
California.
A
eso de las 5:30 de la mañana, apoyados por un operativo de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), y del Metro de la
capital, los 200 migrantes se posicionaron en la estación “Cuatro
Caminos”. El resto de la caravana, decidió quedarse para esperar los
autobuses que facilitarán las autoridades.
Desde
ayer en la tarde el grupo de hondureños empezó a empacar las pocas
pertenencias que llevan consigo. El diario El Universal, entrevistó a
varios de los migrantes, entre ellos don Oscar Sánchez, un hondureño de
40 años, quien dijo al periódico estar agradecido, porque los cinco días
de estancia les ayudo a descansar, asearse y contactar a sus familias.
Don
Oscar mencionó que desde que salió de Tegucigalpa, para alcanzar la
caravana que se formó el 13 de octubre en San Pedro Sula, no se había
podido comunicar, “No había podido llamar a mi familia y estaban
preocupados, pero lo bueno es que aquí nos ayudaron con llamadas”.
El
éxodo hondureño, impactó en la región, ya que desde el primer brote de
más de tres mil personas, motivó a un segundo grupo de Honduras,
aumentando a 14 mil migrantes; asimismo, una tercera caravana de más de
2,000 miembros se formó en Guatemala con varios centroamericanos, y la
última con esa misma cantidad, compuesta mayoritariamente por
salvadoreños.
Camino a EE.UU.: Así es el paso de la caravana migrante por Ciudad de México
Publicado: 9 nov 2018 00:08 GMT - RT
Unos cinco mil migrantes centroamericanos
han dormido en la capital mexicana. Allí, en un albergue llamado 'Ciudad
Palillo', se sirven 18.000 comidas al día y bandas de rock han dedicado
sus canciones a los integrantes de la caravana.
Cinco mil migrantes están en Ciudad de México en lo que se ha denominado como 'Ciudad Palillo', un complejo deportivo al oriente de la capital mexicana que lleva el nombre del actor Jesús Martínez 'Palillo'.
Ahí, los caminantes del éxodo han comido, dormido, se han duchado, han lavado su ropa y recibido la visita de la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de la banda de rock Café Tacvba, cuyos integrantes improvisaron el miércoles pasado un pequeño concierto, sin que los migrantes supieran muy bien quiénes eran los músicos.
Hasta la noche de ayer, el gobierno de Ciudad de México informó que en 'Ciudad Palillo' había 5.000 migrantes, que se repartían 6.000 raciones de alimentos diarias en el desayuno, la comida y la cena. Para esa labor, se habilitaron comedores y las 16 alcaldías de la capital apoyan con entrega de las porciones todos los días, además de artículos de higiene, ropa, calzado y cobijas, principalmente.
El albergue cuenta con 140 baños portátiles, tres zonas de regaderas, siete carpas, un centro de acopio y 20 tinacos (contenedores de agua), que los migrantes han utilizado para bañarse e incluso lavar su ropa, frotándola sobre las estructuras.
Las inmediaciones de esta 'centro migrante' son resguardadas por 600 policías, donde además más de 50 médicos han otorgado cerca de 800 consultas y 90 atenciones odontológicas, 108 curaciones, vacunado contra tétanos y difteria a 100 personas y a 200 más contra la influenza; junto a los médicos hay 14 epidemiólogos, 20 promotores de salud, 37 enfermeras, 14 psicólogos y 12 odontólogos.
Además de distintas dependencias de Gobierno, en la atención del albergue participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las representaciones internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organismos de la sociedad civil mexicana, quienes han llamado a las autoridades y a la sociedad a solidarizarse con los migrantes centroamericanos y combatir la xenofobia.
Según cifras de UNICEF, unos 2.000 niños viajan con la caravana y han estado expuestos a temperaturas muy altas.
La CNDH de México informó, el pasado 6 de noviembre pasado, sobre reportes que apuntan a que más de 80 migrantes centroamericanos de la caravana que se dirige a Estados Unidos desaparecieron en el municipio de Isla, en el estado de Veracruz.
Ahí, los caminantes del éxodo han comido, dormido, se han duchado, han lavado su ropa y recibido la visita de la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de la banda de rock Café Tacvba, cuyos integrantes improvisaron el miércoles pasado un pequeño concierto, sin que los migrantes supieran muy bien quiénes eran los músicos.
El albergue cuenta con 140 baños portátiles, tres zonas de regaderas, siete carpas, un centro de acopio y 20 tinacos (contenedores de agua), que los migrantes han utilizado para bañarse e incluso lavar su ropa, frotándola sobre las estructuras.
Las inmediaciones de esta 'centro migrante' son resguardadas por 600 policías, donde además más de 50 médicos han otorgado cerca de 800 consultas y 90 atenciones odontológicas, 108 curaciones, vacunado contra tétanos y difteria a 100 personas y a 200 más contra la influenza; junto a los médicos hay 14 epidemiólogos, 20 promotores de salud, 37 enfermeras, 14 psicólogos y 12 odontólogos.
Además de distintas dependencias de Gobierno, en la atención del albergue participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las representaciones internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organismos de la sociedad civil mexicana, quienes han llamado a las autoridades y a la sociedad a solidarizarse con los migrantes centroamericanos y combatir la xenofobia.
Según cifras de UNICEF, unos 2.000 niños viajan con la caravana y han estado expuestos a temperaturas muy altas.
La CNDH de México informó, el pasado 6 de noviembre pasado, sobre reportes que apuntan a que más de 80 migrantes centroamericanos de la caravana que se dirige a Estados Unidos desaparecieron en el municipio de Isla, en el estado de Veracruz.
Caravana migrante exige a la ONU buses para llegar a EE.UU.
Publicado: 9 nov 2018 01:10 GMT | Última actualización: 9 nov 2018 01:59 GMT - RT
Con una marcha en Ciudad de México,
alrededor de 250 migrantes exigieron en oficinas de la ONU
financiamiento para buses. En este momento, dialogan con representantes
del organismo.
"¡Queremos buses, queremos buses!" fue el grito que acompañó a alrededor de 250 integrantes de la caravana migrante, que busca llegar a EE.UU., en
una marcha que realizaron este jueves desde el albergue habilitado para
ellos al poniente de Ciudad de México hasta la sede de la Naciones
Unidas (ONU), en la lujosa zona de Polanco.
Los migrantes, en su mayoría hondureños, dijeron que si la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no les financia autobuses para seguir su camino hacia EE.UU., ninguno dejará la Ciudad de México.
"Aquí
estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos", coreaban en
su camino. Pero también vitoreaban y aplaudían al pueblo mexicano: "Viva
México, Viva" o "Un aplauso para México".
Al llegar a la sede de las oficinas de la ONU, en la calle de Alejandro Dumas 165, un grupo de migrantes fue recibido por representantes de la organización, con el objetivo de abordar la petición de facilitar los autobuses.
Hasta la noche de ayer, alrededor de 5.000 migrantes se encontraba en el albergue que se ha denominado como 'Ciudad Palillo', un complejo deportivo al oriente de la capital mexicana que lleva el nombre del actor Jesús Martínez 'Palillo' en Ciudad Deportiva, en la alcaldía de Iztacalco.
"No tenemos trabajo y la meta es seguir adelante a ver si el gobierno de EE.UU. nos da una oportunidad. No somos rateros, ni terroristas, como él dice [Donald Trump], somos gente humilde, queremos oportunidad de un trabajo para poder sacar adelante a nuestra familia", dijo una de las migrantes en el albergue.
Además de distintas dependencias de Gobierno, en la atención del albergue participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las representaciones internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organismos de la sociedad civil mexicana, quienes han llamado a las autoridades y a la sociedad a solidarizarse con los migrantes centroamericanos y combatir la xenofobia.
Según cifras de UNICEF, unos 2.000 niños viajan con la caravana y han estado expuestos a temperaturas muy altas.
La CNDH de México informó, el pasado 6 de noviembre pasado, sobre reportes que apuntan a que más de 80 migrantes centroamericanos de la caravana que se dirige a Estados Unidos desaparecieron en el municipio de Isla, en el estado de Veracruz.
"A veces me siento con miedo, aterrada, pero siempre no hay vuelta atrás, voy a irme para allá (EE.UU.)", manifestó otra integrante de la caravana.
Hasta la noche de ayer, alrededor de 5.000 migrantes se encontraba en el albergue que se ha denominado como 'Ciudad Palillo', un complejo deportivo al oriente de la capital mexicana que lleva el nombre del actor Jesús Martínez 'Palillo' en Ciudad Deportiva, en la alcaldía de Iztacalco.
"No tenemos trabajo y la meta es seguir adelante a ver si el gobierno de EE.UU. nos da una oportunidad. No somos rateros, ni terroristas, como él dice [Donald Trump], somos gente humilde, queremos oportunidad de un trabajo para poder sacar adelante a nuestra familia", dijo una de las migrantes en el albergue.
Además de distintas dependencias de Gobierno, en la atención del albergue participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las representaciones internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organismos de la sociedad civil mexicana, quienes han llamado a las autoridades y a la sociedad a solidarizarse con los migrantes centroamericanos y combatir la xenofobia.
Según cifras de UNICEF, unos 2.000 niños viajan con la caravana y han estado expuestos a temperaturas muy altas.
La CNDH de México informó, el pasado 6 de noviembre pasado, sobre reportes que apuntan a que más de 80 migrantes centroamericanos de la caravana que se dirige a Estados Unidos desaparecieron en el municipio de Isla, en el estado de Veracruz.
"A veces me siento con miedo, aterrada, pero siempre no hay vuelta atrás, voy a irme para allá (EE.UU.)", manifestó otra integrante de la caravana.
La ONU pide a Estados Unidos proteger a refugiados, Trump limita condiciones de asilo
9 noviembre 2018
| CUBADEBATE
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, instó este
viernes a la Casa Blanca a asegurar la protección “sin obstrucciones” de
cualquier persona que huya de la violencia o la persecución, poco
después de que el presidente Donald Trump firmara un decreto que
suspende la concesión de asilo a quienes cruzan sin documentos la
frontera sur de Estados Unidos.
En un comunicado, la ACNUR ha recordado que espera que todos los países, incluido Estados Unidos, garanticen “de manera inmediata y sin trabas” protección como refugiado o asistencia humanitaria a cualquier persona que la precise, tal y como estipula el protocolo de 1967 sobre refugiados, del cual EE.UU. es parte.
El decreto firmado este viernes por Trump, que entra en vigor el sábado, implica que las personas que ingresen ilegalmente al país no podrán solicitar asilo, lo que analistas ven como un intento de disuadir a las caravanas de migrantes centroamericanos que viajan hacia la frontera de Estados Unidos y a la vez presionar a México para que tome acciones que detengan su marcha.
Este último punto se basa en que según las estipulaciones de lo firmado por Trump, el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que “permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México”.
El decreto estará en vigor por 90 días o hasta que EE.UU. consiga un acuerdo con México para devolver a los migrantes que buscan asilo y han viajado por territorio mexicano, y obliga a estos a presentarse en los puntos de entrada a Estados Unidos si quieren calificar para el asilo.
Al respecto, defensores de derechos de los migrantes han advertido que la administración Trump dilata deliberadamente el proceso en esos puntos, por lo que los migrantes deben esperar hasta varias semanas para solicitar protección.
En el decreto, Trump argumenta que “la continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar a Estados Unidos por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras (…) Por lo tanto, debo tomar medidas inmediatas para proteger el interés nacional y mantener la efectividad del sistema de asilo para los solicitantes de asilo legítimos, que demuestren que han huido de la persecución y justifiquen los muchos beneficios especiales asociados”.
En su comunicado, la ACNUR recuerda que entre los integrantes de la caravana de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos desde México hay personas que huyen de la violencia o persecución “y necesitan protección internacional”.
El organismo de la ONU subraya que la realidad de estas personas es “compleja” y que su gestión en las fronteras debe ser “estructurada” y han de recibir una “acogida digna”.
“La insuficiente capacidad de recepción en los puertos de entrada oficiales de la frontera sur de los Estados Unidos está provocando retrasos significativos en el norte de México. Esta situación fuerza a muchos solicitantes de asilo vulnerables a usar los servicios provistos por los contrabandistas y cruzar la frontera de manera irregular”, señala la agencia de la ONU.
La ACNUR recalca que las familias que toman esta “desesperada” decisión no buscan eludir a las autoridades fronterizas y mostró su disposición a apoyar a Estados Unidos, o cualquier otro gobierno, que garantice que cualquier persona que huya de la violencia pueda llegar “a un lugar seguro” para que se revise su caso.
“La seguridad nacional y la acogida digna de los refugiados y los solicitantes de asilo no son mutuamente excluyentes, sino que se refuerzan mutuamente”, concluye la ACNUR.
A finales de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a abordar este asunto con respeto a la ley internacional.
La caravana, que partió inicialmente de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 13 de octubre, se fue nutriendo con migrantes de otros países y dividiéndose en grandes grupos de personas. Esta semana llegó a Ciudad de México el grupo principal, de unos 5 500 integrantes, quienes recibieron albergue y ayuda. Varios cientos reiniciaron este viernes la marcha hacia la frontera de EE.UU.
Otras dos caravanas más pequeñas, con unos dos mil migrantes cada una, marchan más retrasadas.
Trump ha insistido en presentar a los migrantes como invasores y una amenaza, y de hecho la caravana y la migración fueron una de las herramientas usadas por el mandatario y los republicanos en la campaña previa a las recientes elecciones de medio término, en la que se llegó a criminalizar el fenómeno e identificar a los migrantes con delincuentes.
A inicios de semana fueron desplegados unos cinco mil soldados estadounidenses en zonas fronterizas de California, Arizona y Texas, y el Pentágono informó que espera llegar a tener más de siete mil efectivos en la línea fronteriza, donde ya hace varios meses operan más de dos mil miembros de la Guardia Nacional.
(Con información de agencias y Noticias ONU)
En un comunicado, la ACNUR ha recordado que espera que todos los países, incluido Estados Unidos, garanticen “de manera inmediata y sin trabas” protección como refugiado o asistencia humanitaria a cualquier persona que la precise, tal y como estipula el protocolo de 1967 sobre refugiados, del cual EE.UU. es parte.
El decreto firmado este viernes por Trump, que entra en vigor el sábado, implica que las personas que ingresen ilegalmente al país no podrán solicitar asilo, lo que analistas ven como un intento de disuadir a las caravanas de migrantes centroamericanos que viajan hacia la frontera de Estados Unidos y a la vez presionar a México para que tome acciones que detengan su marcha.
Este último punto se basa en que según las estipulaciones de lo firmado por Trump, el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que “permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México”.
El decreto estará en vigor por 90 días o hasta que EE.UU. consiga un acuerdo con México para devolver a los migrantes que buscan asilo y han viajado por territorio mexicano, y obliga a estos a presentarse en los puntos de entrada a Estados Unidos si quieren calificar para el asilo.
Al respecto, defensores de derechos de los migrantes han advertido que la administración Trump dilata deliberadamente el proceso en esos puntos, por lo que los migrantes deben esperar hasta varias semanas para solicitar protección.
En el decreto, Trump argumenta que “la continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar a Estados Unidos por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras (…) Por lo tanto, debo tomar medidas inmediatas para proteger el interés nacional y mantener la efectividad del sistema de asilo para los solicitantes de asilo legítimos, que demuestren que han huido de la persecución y justifiquen los muchos beneficios especiales asociados”.
En su comunicado, la ACNUR recuerda que entre los integrantes de la caravana de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos desde México hay personas que huyen de la violencia o persecución “y necesitan protección internacional”.
El organismo de la ONU subraya que la realidad de estas personas es “compleja” y que su gestión en las fronteras debe ser “estructurada” y han de recibir una “acogida digna”.
“La insuficiente capacidad de recepción en los puertos de entrada oficiales de la frontera sur de los Estados Unidos está provocando retrasos significativos en el norte de México. Esta situación fuerza a muchos solicitantes de asilo vulnerables a usar los servicios provistos por los contrabandistas y cruzar la frontera de manera irregular”, señala la agencia de la ONU.
La ACNUR recalca que las familias que toman esta “desesperada” decisión no buscan eludir a las autoridades fronterizas y mostró su disposición a apoyar a Estados Unidos, o cualquier otro gobierno, que garantice que cualquier persona que huya de la violencia pueda llegar “a un lugar seguro” para que se revise su caso.
“La seguridad nacional y la acogida digna de los refugiados y los solicitantes de asilo no son mutuamente excluyentes, sino que se refuerzan mutuamente”, concluye la ACNUR.
A finales de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a abordar este asunto con respeto a la ley internacional.
La caravana, que partió inicialmente de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 13 de octubre, se fue nutriendo con migrantes de otros países y dividiéndose en grandes grupos de personas. Esta semana llegó a Ciudad de México el grupo principal, de unos 5 500 integrantes, quienes recibieron albergue y ayuda. Varios cientos reiniciaron este viernes la marcha hacia la frontera de EE.UU.
Otras dos caravanas más pequeñas, con unos dos mil migrantes cada una, marchan más retrasadas.
Trump ha insistido en presentar a los migrantes como invasores y una amenaza, y de hecho la caravana y la migración fueron una de las herramientas usadas por el mandatario y los republicanos en la campaña previa a las recientes elecciones de medio término, en la que se llegó a criminalizar el fenómeno e identificar a los migrantes con delincuentes.
A inicios de semana fueron desplegados unos cinco mil soldados estadounidenses en zonas fronterizas de California, Arizona y Texas, y el Pentágono informó que espera llegar a tener más de siete mil efectivos en la línea fronteriza, donde ya hace varios meses operan más de dos mil miembros de la Guardia Nacional.
(Con información de agencias y Noticias ONU)
Trump firma un documento que prohíbe a los migrantes irregulares pedir asilo
Publicado: 9 nov 2018 14:23 GMT | Última actualización: 9 nov 2018 18:10 GMT - RT
La nueva orden firmada por Trump busca
volver improcedente la solicitud de asilo de los alrededor de 13.000
migrantes centroamericanos que se dirigen hacia EE.UU.
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación de
inmigración, una orden que ayudaría a prohibir a los migrantes que
cruzan la frontera de los Estados Unidos con México solicitar asilo.
De este modo, EE.UU. negaría el asilo a quienes entren ilegalmente al país. Una medida diseñada para contener la llegada de los más de 13.000 migrantes centroamericanos que se dirigen en las diferentes carvanas rumbo a los EE.UU.
El estatuto firmado por Trump pone en vigencia las regulaciones adoptadas el pasado jueves 8 de noviembre, las cuales anulan las leyes estadounidenses que establecen que cualquier persona es elegible para el asilo, sin importar cómo ingrese al país.
"Necesitamos gente en nuestro país, pero tienen que venir legalmente y tienen que tener méritos", dijo Trump el viernes antes de salir de viaje con rumbo a París.
El pasado jueves, el fiscal general interino Matthew Whitaker y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentaron los lineamientos de la nueva orden que horas más tarde sería firmada por Trump, llamada Regla Final Provisional.
"Aquellos extranjeros que infringen una suspensión o limitación presidencial para ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur con México (...) serán ilegibles para el asilo", señalaron los funcionarios de la adminsitración Trump en un comunicado conjunto.
Sin embargo, una vez entrada en vigor, la medida podría ser bloqueada primero por tribunales menores y en última instancia por la Suprema Corte.
De este modo, un migrante que pise suelo estadounidense sin contar con el visado requerido no podrá solicitar asilo e incluso será sujeto a la deportación.
De este modo, EE.UU. negaría el asilo a quienes entren ilegalmente al país. Una medida diseñada para contener la llegada de los más de 13.000 migrantes centroamericanos que se dirigen en las diferentes carvanas rumbo a los EE.UU.
El estatuto firmado por Trump pone en vigencia las regulaciones adoptadas el pasado jueves 8 de noviembre, las cuales anulan las leyes estadounidenses que establecen que cualquier persona es elegible para el asilo, sin importar cómo ingrese al país.
"Necesitamos gente en nuestro país, pero tienen que venir legalmente y tienen que tener méritos", dijo Trump el viernes antes de salir de viaje con rumbo a París.
El pasado jueves, el fiscal general interino Matthew Whitaker y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentaron los lineamientos de la nueva orden que horas más tarde sería firmada por Trump, llamada Regla Final Provisional.
"Aquellos extranjeros que infringen una suspensión o limitación presidencial para ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur con México (...) serán ilegibles para el asilo", señalaron los funcionarios de la adminsitración Trump en un comunicado conjunto.
Sin embargo, una vez entrada en vigor, la medida podría ser bloqueada primero por tribunales menores y en última instancia por la Suprema Corte.
De este modo, un migrante que pise suelo estadounidense sin contar con el visado requerido no podrá solicitar asilo e incluso será sujeto a la deportación.
Estados Unidos culpable de la inmigración ilegal de latinoamericanos (Parte II y Final)
Por Miguel Angel García Alzugaray
Texto relacionado: Estados Unidos culpable de la inmigración ilegal de latinoamericanos (+Infografía) (Parte I)
…
Para los activistas que hacen voluntariado en defensa de los
inmigrantes, sacar provecho económico de ellos es “repugnante”. Pero el
negocio de la inmigración ilegal en Texas genera prósperas cárceles y
emplea a prestamistas, usureros y abogados de medio pelo.
Desde los últimos meses, Texas ha estado en el centro del escándalo
migratorio producido por la política de “tolerancia cero” del
presidente Donald Trump, que provocó la separación de más de 2.300 niños
de sus familias al ingresar al país ilegalmente o pidiendo asilo.
Más de dos tercios de las detenciones tienen lugar en Texas. En año
fiscal 2017, por ejemplo, la patrulla fronteriza aprehendió a 303.916
individuos en la frontera sur. De ellos, 207.693 fueron capturados en
Texas, según la oficina de migración ICE.
Por eso Texas tiene, también, la mayor cantidad de prisiones para inmigrantes.
Construido en 1983, el centro de detención en Houston fue la
primera prisión privada de la historia moderna de Estados Unidos. Sus
dueños, Corrections Corporation of America (CCA), y GEO Group son las
dos mayores corporaciones de prisiones en Estados Unidos. Ambas cotizan
en bolsa.
CCA (ahora CoreCivic) opera cuatro centros de detención contratados
por ICE en Texas. La segunda, GEO, opera tres, más un cuarto en
construcción. Las dos tienen más de 120 prisiones cada una en todo el
país.
“Apreciamos mucho la continua confianza que muestra hacia nuestra
compañía la oficina de Inmigración y Aduana”, dijo el año pasado el
presidente de GEO, George Zoley, en un comunicado donde informó de un
nuevo contrato con el gobierno federal de 110 millones de dólares.
Según el centro de investigación In The Public Interest (INPI),
este esquema provoca que el encarcelamiento masivo por delitos menores
-como el ingreso ilegal- sea promovido en la esfera privada.
Ambas corporaciones, “juntas, han gastado más de 10 millones de
dólares en candidatos políticos y casi 25 millones en cabildeo desde
1989”, señaló en un reporte de junio.
GEO y CoreCivic sumaron ganancias anuales de 4.000 millones de dólares en 2017, según documentos de las dos compañías.
“Es una industria que da cabida a un lobby a favor de que las
sentencias sean más largas (…) y más severas, porque siempre que hay una
cama ocupada, ellos hacen dinero”, dijo a la AFP la abogada de
migración Jodi Goodwin, que hace voluntariado para la ONG Migrant Center
for Human Rights.
Según ICE, en el año fiscal 2017 el promedio de población diaria de
inmigrantes era de 30.539 individuos. Este año fiscal, la cifra ya
alcanza 50.379.
“Es asqueroso. Es repugnante”, dijo Goodwin.
Los refugios para niños parecen centros de horror y maltratos.
El escándalo de la separación familiar también puso bajo el foco a
los operadores privados de los refugios adonde van a parar los niños
cuando son separados de sus padres o tutores por las autoridades de
frontera.
Hay 31 centros para niños en Texas, según el Texas Tribune. Estos
refugios infantiles están bajo contrato de la Oficina de Reasentamiento
de Refugiados (ORR).
“Casa Padre”, una ex farmacia Walmart en Brownsville donde viven
más de 1.400 varones menores de edad antes de que sean enviados a casas
de adopción temporal, es el mayor de los refugios que posee Southwest
Key Programs, algunos de los cuales han sido acusados por inspectores
estatales de maltratar a los niños.
La revista Bloomberg informó que Southwest Key recibirá del gobierno más de 458 millones de dólares este año.
Pero los prósperos operadores de prisiones y refugios infantiles no son los únicos que se sustentan en la inmigración ilegal.
—¿Inmigrante? 20% para ti—
“Esto es una industria y una industria en alza”, dijo a la AFP el
economista William Glade, profesor emérito de la Universidad de Texas.
“Considerando la naturaleza de nuestro sistema judicial, esto es una ley
de pleno empleo para abogados y usted puede apostar que ellos
aprovecharán la oportunidad”.
También es una “buena oportunidad” para otro tipo de trabajadores, añadió.
La pequeña economía de ciudades polvorientas y resecas como
McAllen, Hidalgo, El Paso, Laredo y Tornillo, en la inhóspita frontera
de Texas con México, también tiene la migración como epicentro: bufetes
privados de abogados migratorios y casas de préstamos “sólo con la
firma” comparten las calles con tiendas de botas de cowboy y lecturas de
tarot.
Por ejemplo, las tiendas de préstamos para pagar fianzas (en
inglés, “bail bonds”) abarrotan el centro de El Paso. Estos negocios
prestan dinero a los detenidos que no pueden pagar la fianza fijada por
el juez para salir en libertad mientras se procesa su caso.
Según contaron los comerciantes, para delitos comunes los agentes
de “bail bonds” cobran al acusado cerca del 10% de comisión sobre el
valor de la fianza.
Pero cuando se trata de casos migratorios, el precio sube
estrepitosamente: Lachica Bonds cobra 20% del valor de la fianza a los
extranjeros acusados de entrada ilegal, más 500 dólares por procesar la
información.
Y “la mayoría de las fianzas migratorias son de 10.000 y 15.000
dólares, aunque ahorita por ejemplo tengo una de 25.000”, dijo a la AFP
una empleada que pidió no ser identificada.
Luego, cuando los inmigrantes son liberados, deben llevar una tobillera electrónica que monitoriza su ubicación.
Estas tobilleras son vendidas a las autoridades por BI Incorporated, parte de la corporación GEO Group.
El gobierno de los EEUU culpable de la inmigración ilegal
Los movimientos migratorios hacia Estados Unidos han sido parte de
la proyección propagandística del ” Sueño Americano”, del cual personas
con un afán de aventura, oportunidad o necesidad financiera han partido
hacia ese país, esperanzados por obtener satisfactores económicas que
les permitan el sustento familiar.
Pero hay otra cara de la historia -la gente se va de América Latina porque la vida no puede ser más difícil.
La inmigración centroamericana ha tenido como causas principales la
falta de desarrollo económico sostenido; la inestabilidad socio
política; las guerras civiles y los desastres naturales.
La pobreza y las crisis financieras recurrentes conspiran para hacer que la vida latinoamericana sea más difícil que en EE.UU.
Vivir en el lado norte de la frontera Estados Unidos-México, es
fácil de ver desde América Latina como otro mundo, aislado de los
Estados Unidos. Pero la verdad es que el gobierno de EE.UU. ha hecho que
históricamente la vida en América Latina sea más difícil, al derrocar a
gobiernos elegidos democráticamente, financiar atrocidades y empujar
políticas comerciales que socavan las industrias latinoamericanas,
asestando fuertes golpes a las economías locales.
Así, con la agudización de las guerras civiles en Guatemala, El
Salvador y Nicaragua (1970-1990) fomentadas por los EE.UU. se produce
una verdadera diáspora de centroamericanos, siendo los lugares de
elección, California, Illinois, New York y Miami.
Una de las razones que llevaron a millones de trabajadores de bajos
ingresos a abandonar México en las dos últimas décadas, ha sido la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Con el
TLC, las importaciones baratas, especialmente productos agrícolas,
inundaron el mercado mexicano, dejando a los agricultores y otros
trabajadores poco cualificados sin empleo. El TLC es sólo una
manifestación de las políticas de libre comercio impulsadas en
Washington, que a menudo tienen efectos negativos en los países
latinoamericanos.
No por gusto el presidente electo de México, Andrés López Obrador,
sugirió que EE.UU., Canadá y su país elaboren un plan conjunto para
financiar el desarrollo en las áreas pobres de América Central y el sur
de México.
“No queremos acciones temporales porque si no se atiende el
problema de fondo, la gente siempre va a buscar la posibilidad de
mejorar”, expresó López, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre.
En nuestra opinión, Estados Unidos en vez de levantar muros en las
fronteras, agredir a cuanto pueblo trata de ser libre y soberano en el
planeta e imponer sanciones y genocidas bloqueos económicos a países
como Cuba y Venezuela, debería practicar la verdadera solidaridad
humana.
Lo cierto es que mientras los EE.UU sigan sembrando con sus
políticas de rapiña imperialista la miseria y la inestabilidad en
América Latina y el resto del Tercer Mundo, las caravanas de inmigrantes
seguirán el éxodo hacia ese país atraídos por un sueño que además de
falso, resulta por desgracia para muchos de ellos con frecuencia una
trampa mortal.
De qué huyen las caravanas de emigrantes que se dirigen a EEUU
por Andrés Alsina
LA HAINE - 09/11/2018
No hay guatepeor para los que escapan de Guatemala, Honduras y El SalvadorSe
suman sin más pensarlo a la caravana que pasa por su puerta hacia un
norte que es para ellos la esperanza. Amuchados, se ve, piensan que
corren menos riesgo de que los roben, secuestren, prostituyan, violen y
maten en el viaje. Huyen dejando atrás lo poco que puedan tener, para
llevarse consigo al menos la vida.
Son tres caravanas [principales, y varias secundarias]: la primera
partió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre. En México los
espera un presidente saliente, Enrique Peña Nieto, que no quisiera
reprimirlos, pero a veces estos migrantes se le desmadran y no aceptan
la propuesta de residencia condicionada que ofrece; un presidente
entrante, Andrés Manuel López Obrador, que ya está prometiendo trámites
de residencia y asegura que habrá trabajo para todos ellos, y en la
frontera de EEUU, un Donald Trump que casi que se despeina insultándolos
y amenazándolos con 5.200 efectivos de sus fuerzas armadas. Cuando las
caravanas lleguen a la frontera con EEUU ya habrán pasado las elecciones
de medio término del 6 de noviembre, el tema perderá decibeles
noticiosos y todo volverá, se supone, a la normalidad.
La normalidad es peor. Cada vez más, y marcadamente desde la presidencia de Barack Obama, las caravanas son rechazadas, las familias divididas y decenas de miles de niños solos enfrentan esa realidad agresiva, en la que cualquier cosa puede pasar. Entre 2013 y 2017 fueron registrados 179.544 niños y niñas solos. En abril, la Guardia Nacional (que no el Ejército) impidió la entrada de una caravana a EEUU. En el año fiscal al 30 de setiembre se superó la cifra récord de 100.000 refugiados golpeando el muro; sólo en setiembre, se detuvo y se envió de regreso a 16.658 personas.
La realidad de la que huyen desde El Salvador, Guatemala y Honduras tiene desgracias en común: todos los años pasa a vivir del campo a la ciudad 1,9% de la población en El Salvador, 3,1% en Guatemala y 2,4% en Honduras.
El sector informal de la economía constituye 53,6% en El Salvador, 57% en Guatemala y 51,4% en Honduras. La pobreza urbana en El Salvador es de 41,6% y la pobreza rural, de 49,5%; la indigencia es a su vez de 12,5% y 17,4% la rural. En Guatemala, la pobreza urbana es de 67,7% y la pobreza rural de 77,2%; la indigencia de 46,1% y 58,2%. Y en Honduras, la pobreza urbana es de 74,3% y la rural de 81,8%; en cuanto a la indigencia, es de 50,5% en el área urbana y de 63,9% en la rural.
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) castigan una tras otra como rayo que no cesa, describiendo una realidad cotidiana más allá de lo imaginable. La cifra última, la de desigualdad, es elocuente: el índice Gini correspondiente a 2017 de El Salvador es de 0,44, el de Guatemala de 0,55 y el de Honduras de 0,56 (0 equivale a igualdad absoluta y 1 a desigualdad absoluta). CEPAL no proporciona índice Gini para Argentina; en Uruguay, el índice es 0,38.
Algo más grave tienen en común: los tres países, sumando apenas 32,5 millones de habitantes, conforman el Triángulo del Norte, una zona que los ejércitos de todo el mundo estudian en sus cursos de Estado Mayor por ser de las más peligrosas del mundo; más que Afganistán, se afirma.
El punto de partida de la coincidencia es que, sobre las abundantes debilidades institucionales previas en la construcción del Estado, los tres territorios fueron teatro de conflictos internos cuyo rasgo dominante fue que en ellas participaron sus fuerzas armadas –que causaron decenas de miles de desplazados–, que la desmovilización de las fuerzas dejó tras sí desocupación, heridas profundas y también mano de obra desocupada, en cuya formación se inculcaron valores que fácilmente encontraron correspondencia en el crimen organizado.
Uno
El Salvador superó, con [supuestos] "acuerdos" de paz en 1992, una guerra interna iniciada en 1979 que “costó unas 75.000 vidas y dejó tras de sí una de las tasas de homicidios más altas del mundo y bandas criminales que penetraron profundamente en la sociedad”, afirma Human Rights Watch (HRW).
Como ejemplo de sus consecuencias, se señala que a una prevalencia de la obesidad en la cuarta parte de la población se opone 5% de niños de hasta cuatro años con bajo peso (cifras de 2014), se suman 71.500 personas refugiadas y desplazadas dentro del país (cifras de 2017).
La ceremonia de santificación, realizada el 21 de octubre, del obispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras daba misa, fue un ejemplo de la convivencia irresuelta de los problemas del país, según la cobertura que hizo en Roma el periodista de 'The New Yorker' Jon Lee Anderson. El papa Francisco I portaba el cintillo tinto con sangre de Romero del día de su asesinato. El cardenal salvadoreño a cargo de la homilía, Gregorio Rosa Chávez, resultó un hombre de maneras suaves que se alejó “violentamente” de la crudeza del lenguaje de Romero y la de su asesinato para hablar de él como un pastor “que era todo amor”, diferencia el periodista.
[Crudeza es un eufemismo para referirse a los llamados de Monseñor Romero a los militares y a la oligarquía a cesar la violencia contra el pueblo; por ejemplo cuando diecía en sus homilías: "les suplico, les ruego, les ordeno: ¡cese la represión!", o cuando decía "la justicia es como la víbora: solo muerde a los que andan descalzos"]
La represión militar fue privatizada. El año pasado fueron asesinadas casi 4.000 personas en este país de seis millones de habitantes, pero menos del 10% de los asesinos fue aprehendido. Los responsables por el asesinato de Romero no fueron llevados a la Justicia pese a que la identidad de parte de los responsables es conocida desde hace mucho y una Comisión de la Verdad respaldada por ONU concluyó que el cerebro del asesinato había sido el mayor de ultraderecha Roberto d’Aubuisson [fundador del partido de derecha, Arena]. Su sucesor al frente de su partido, Alfredo Cristiani [que participó en las discusiones del asesinato], que en 1992 firmara la paz con el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), estaba sentado en el palco de honor durante la santificación de Romero.
Dos
Guatemala emergió, en 1996, de 36 años de guerra de guerrillas, en un siglo dominado por dictaduras militares. El conflicto interno tuvo un saldo de más de 200.000 muertos y se estima que una cifra superior al millón de desplazados.
Es un país predominantemente pobre [e indígena] con problemas de desarrollo y salud, incluyendo mortalidad infantil, juvenil y maternal, desnutrición, analfabetismo e ignorancia sobre métodos anticonceptivos. Casi la mitad de sus habitantes tienen menos de 19 años, lo que la hace la población más joven de América Latina. Su historia está marcada por la emigración legal e ilegal a México, EEUU y Canadá. Luego de la guerra civil, en 1996, [que finalizó también con supuestos "acuerdos" de paz] buena parte de la emigración que se afincó en el sur de México regresó al país.
La etimología del nombre del país es maya: significa “tierra de árboles”. La hambruna ha obligado a la población a comer la corteza de los árboles, lo que mata a la planta. La distribución de la riqueza tiene una desigualdad marcada: 20% de la población consume 51% del total de la riqueza; el 20% inferior, 6,1%.
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala y aparecen como problemas estructurales que se fortalecen ante un Estado débil. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país [aunque el más importante es la colusión entre oligarquía y políticos que mantiene empobrecida a la población].
Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en los procesos penales contra actores poderosos. Estas demoras se ven agravadas porque la Justicia a menudo no observa los plazos legalmente establecidos, y suspende audiencias que pueden tardar meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia, afirma HRW.
El gobierno estableció en 2007, en colaboración con Naciones Unidas y tras una prolongada presión internacional, una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar la delincuencia organizada. Al momento del informe de HRW, en 2017, se estaba investigando a más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos detenidos por corrupción en 2015.
El trabajo de la CICIG provocó una fuerte reacción negativa entre los funcionarios públicos durante 2017. En agosto, el presidente Jimmy Morales dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el financiamiento electoral ilícito.
Luego de que Morales ordenara la expulsión del Comisionado, el secretario general de la ONU António Guterres ratificó el compromiso del organismo de apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, miembros del Congreso de EEUU y del Parlamento Europeo. La anulación por la Corte de Constitucionalidad de la orden de Morales aseguró que Velásquez siga al frente de la CICIG, al menos hasta la conclusión de su mandato, en setiembre de 2019.
En setiembre de este año, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a diez años la pena máxima para delitos de financiamiento electoral y permitir la conmutación de penas de prisión de diez años o inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permite que el presidente y muchos congresistas eviten cumplir penas de prisión si son condenados.
Los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado tienen también un difícil trámite. En julio de 2017, un tribunal de apelación confirmó la condena de dos ex militares por delitos de lesa humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Las víctimas eran 14 mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los militares también fue hallado culpable del homicidio de tres mujeres, y el otro de la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente [aunque como siempre el dictamen fue recurrido, y dios sabe cuando se celebrará el nuevo juicio].
En marzo de 2017, un juez elevó a juicio el caso contra cinco ex militares por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluye al ex jefe militar Benedicto Lucas García, hermano del ex dictador militar Romeo Lucas García; aún no se fijó fecha para el juicio.
En mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de al menos 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, diez días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió dos meses más tarde. En mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad determinó que Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio público y que, por ende, el procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero que el proceso contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, tendría carácter público. Sin que se fijara la fecha de juicio, Ríos Montt murió en su cama en abril de 2018.
En este marco, la violencia contra civiles se ha vuelto parte de la relación social, y la profesión de periodista es blanco habitual de ataques. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al congresista Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. Casi un año después, en noviembre de 2017, se retiró la inmunidad política a Juárez [ahora solo falta esperar el juicio, que seguramente se realizará finalmente cuando falte un mes para que prescriba el delito].
En marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el refugio [cárcel para menores] Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidas imputaciones de violencia sexual que databan de varios años. Debido a que los guardias no abrieron las puertas cuando se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron heridas. [Todavía se están investigando responsabilidades]
Los temas de orientación sexual e identidad de género son enfocados de manera claramente regresiva desde el Estado. El derecho guatemalteco penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de la mujer. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años.
En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa, refrendada por 30.000 firmas, para prohibir en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto legislativo también pretendía impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad y lo que llaman “ideología de género” a los alumnos.
La amenaza de Trump de cortar el apoyo económico a proyectos en Guatemala afectará directamente el trabajo de la CICIG que trabaja con el respaldo de la ONU, y que desempeña un papel decisivo en la asistencia al sistema judicial de Guatemala para el juzgamiento de delitos violentos. Lo hace en colaboración con la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como co-querellante, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.
El Congreso de EEUU aprobó fondos de "asistencia" por 655 millones de dólares para 2017 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la "asistencia" [el destino final de los fondos lo decide EEUU] es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más oportunidades económicas. 50% de los fondos está supeditado a que, cada año, el Departamento de Estado de EEUU certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos. En 2017, Guatemala obtuvo la certificación que lo habilita a recibir los fondos totales y en forma continuada conforme al plan, incluyendo siete millones de dólares para la CICIG.
Tres
Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la leve reducción de estos delitos en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los pobres, periodistas, activistas ambientales y lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la Policía, dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.
Siendo el vecino de la frontera norte de Nicaragua, su territorio fue a partir de 1981, con la presidencia de Ronald Reagan, la base de la fuerza mercenaria que atacó al gobierno sandinista, la Contra. Las fuerzas estadounidenses disponían tan libremente del gran territorio de Honduras que al país se lo nombraba como “el portaaviones”. La insistencia en lograr el derrocamiento por vía militar del sandinismo llevó al escándalo Iran-Contras, por el cual el teniente coronel de EEUU Oliver North vendió a Irán armas cuyo tráfico estaba vedado por el embargo, para financiar la operación en Honduras [de donde a su vez recibía cargamentos de droga que vendía en EEUU, como 'bonus track'].
Condenado a un año, North no fue a la cárcel y hoy es columnista de la cadena 'Fox' de EEUU y también auspicia los videojuegos Call of Duty (El llamado del deber). La desmovilización militar y de civiles, los desplazados, los crímenes irresueltos y la debilidad del Estado tienen en Honduras (y parcialmente también en Nicaragua) los mismos efectos que en sus otros dos socios del Triángulo Norte.
El triángulo
La estructura de la criminalidad organizada es, como se dijo, materia de estudios militares. Se la liga al terrorismo pero esto sólo puede ser explicado por razones ideológicas, pues no hay terrorismo en el triángulo ni en sus cercanías. Lo que sí demanda, según un estudio específico publicado por Juan Ricardo Gòmez Hecht para uso en cursos militares, es una jerarquía organizada, el uso o la amenaza del uso de fuerza, que rinda utilidades, [la pobreza generalizada de las poblaciones, de donde se nutren las pandillas] y que la corrupción garantice la impunidad.
El Triángulo Norte es considerada de las regiones más violentas del mundo, con elevada presencia de pandillas [aunque los delitos más importante los cometen los carteles y el crimen organizado]. Es una de las mayores rutas de tránsito de drogas y en ellas las fuerzas armadas están involucradas en la seguridad pública [y al mismo tiempo con los carteles]. Sus principales actividades son el tráfico de drogas, armas, personas, pandillas y lavado de dinero.
Procura actores racionales que maximicen ganancias por medio de actividades ilegales como servicios sexuales, juegos ilegales, tráfico humano y trata de personas, y sicariato; la procuración de productos ilícitos, como tráfico de drogas, de armas, falsificación, piratería, bienes robados, y actividades predatorias como secuestro y extorsión. A sus actividades de lavado de dinero, fraude y contrabando, ahora se incorpora el cibercrimen.
La violencia es otro error, sostiene; mucho más eficaz es la corrupción y el principio de visibilidad del iceberg, que sólo expone su tercio superior. El movimiento anual de dinero del Triángulo Norte es ejemplificado con que Guatemala movilizó 1.831 millones de dólares entre enero y setiembre de 2017, Honduras 450 millones en noviembre de 2012, y El Salvador 14,6 millones a setiembre de 2010.
Toda la operación necesita de la debilidad [en el mejor de los casos; lo normal es que los funcionarios sean empleados de la oligarquía] del sistema político, del judicial y de las instituciones. La fragilidad y la debilidad sobre la que se opera se asienta en las escasas oportunidades que da el sistema social y su inequidad.
La Diaria. Extractado por La Haine
La normalidad es peor. Cada vez más, y marcadamente desde la presidencia de Barack Obama, las caravanas son rechazadas, las familias divididas y decenas de miles de niños solos enfrentan esa realidad agresiva, en la que cualquier cosa puede pasar. Entre 2013 y 2017 fueron registrados 179.544 niños y niñas solos. En abril, la Guardia Nacional (que no el Ejército) impidió la entrada de una caravana a EEUU. En el año fiscal al 30 de setiembre se superó la cifra récord de 100.000 refugiados golpeando el muro; sólo en setiembre, se detuvo y se envió de regreso a 16.658 personas.
La realidad de la que huyen desde El Salvador, Guatemala y Honduras tiene desgracias en común: todos los años pasa a vivir del campo a la ciudad 1,9% de la población en El Salvador, 3,1% en Guatemala y 2,4% en Honduras.
El sector informal de la economía constituye 53,6% en El Salvador, 57% en Guatemala y 51,4% en Honduras. La pobreza urbana en El Salvador es de 41,6% y la pobreza rural, de 49,5%; la indigencia es a su vez de 12,5% y 17,4% la rural. En Guatemala, la pobreza urbana es de 67,7% y la pobreza rural de 77,2%; la indigencia de 46,1% y 58,2%. Y en Honduras, la pobreza urbana es de 74,3% y la rural de 81,8%; en cuanto a la indigencia, es de 50,5% en el área urbana y de 63,9% en la rural.
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) castigan una tras otra como rayo que no cesa, describiendo una realidad cotidiana más allá de lo imaginable. La cifra última, la de desigualdad, es elocuente: el índice Gini correspondiente a 2017 de El Salvador es de 0,44, el de Guatemala de 0,55 y el de Honduras de 0,56 (0 equivale a igualdad absoluta y 1 a desigualdad absoluta). CEPAL no proporciona índice Gini para Argentina; en Uruguay, el índice es 0,38.
Algo más grave tienen en común: los tres países, sumando apenas 32,5 millones de habitantes, conforman el Triángulo del Norte, una zona que los ejércitos de todo el mundo estudian en sus cursos de Estado Mayor por ser de las más peligrosas del mundo; más que Afganistán, se afirma.
El punto de partida de la coincidencia es que, sobre las abundantes debilidades institucionales previas en la construcción del Estado, los tres territorios fueron teatro de conflictos internos cuyo rasgo dominante fue que en ellas participaron sus fuerzas armadas –que causaron decenas de miles de desplazados–, que la desmovilización de las fuerzas dejó tras sí desocupación, heridas profundas y también mano de obra desocupada, en cuya formación se inculcaron valores que fácilmente encontraron correspondencia en el crimen organizado.
Uno
El Salvador superó, con [supuestos] "acuerdos" de paz en 1992, una guerra interna iniciada en 1979 que “costó unas 75.000 vidas y dejó tras de sí una de las tasas de homicidios más altas del mundo y bandas criminales que penetraron profundamente en la sociedad”, afirma Human Rights Watch (HRW).
Como ejemplo de sus consecuencias, se señala que a una prevalencia de la obesidad en la cuarta parte de la población se opone 5% de niños de hasta cuatro años con bajo peso (cifras de 2014), se suman 71.500 personas refugiadas y desplazadas dentro del país (cifras de 2017).
La ceremonia de santificación, realizada el 21 de octubre, del obispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras daba misa, fue un ejemplo de la convivencia irresuelta de los problemas del país, según la cobertura que hizo en Roma el periodista de 'The New Yorker' Jon Lee Anderson. El papa Francisco I portaba el cintillo tinto con sangre de Romero del día de su asesinato. El cardenal salvadoreño a cargo de la homilía, Gregorio Rosa Chávez, resultó un hombre de maneras suaves que se alejó “violentamente” de la crudeza del lenguaje de Romero y la de su asesinato para hablar de él como un pastor “que era todo amor”, diferencia el periodista.
[Crudeza es un eufemismo para referirse a los llamados de Monseñor Romero a los militares y a la oligarquía a cesar la violencia contra el pueblo; por ejemplo cuando diecía en sus homilías: "les suplico, les ruego, les ordeno: ¡cese la represión!", o cuando decía "la justicia es como la víbora: solo muerde a los que andan descalzos"]
La represión militar fue privatizada. El año pasado fueron asesinadas casi 4.000 personas en este país de seis millones de habitantes, pero menos del 10% de los asesinos fue aprehendido. Los responsables por el asesinato de Romero no fueron llevados a la Justicia pese a que la identidad de parte de los responsables es conocida desde hace mucho y una Comisión de la Verdad respaldada por ONU concluyó que el cerebro del asesinato había sido el mayor de ultraderecha Roberto d’Aubuisson [fundador del partido de derecha, Arena]. Su sucesor al frente de su partido, Alfredo Cristiani [que participó en las discusiones del asesinato], que en 1992 firmara la paz con el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), estaba sentado en el palco de honor durante la santificación de Romero.
Dos
Guatemala emergió, en 1996, de 36 años de guerra de guerrillas, en un siglo dominado por dictaduras militares. El conflicto interno tuvo un saldo de más de 200.000 muertos y se estima que una cifra superior al millón de desplazados.
Es un país predominantemente pobre [e indígena] con problemas de desarrollo y salud, incluyendo mortalidad infantil, juvenil y maternal, desnutrición, analfabetismo e ignorancia sobre métodos anticonceptivos. Casi la mitad de sus habitantes tienen menos de 19 años, lo que la hace la población más joven de América Latina. Su historia está marcada por la emigración legal e ilegal a México, EEUU y Canadá. Luego de la guerra civil, en 1996, [que finalizó también con supuestos "acuerdos" de paz] buena parte de la emigración que se afincó en el sur de México regresó al país.
La etimología del nombre del país es maya: significa “tierra de árboles”. La hambruna ha obligado a la población a comer la corteza de los árboles, lo que mata a la planta. La distribución de la riqueza tiene una desigualdad marcada: 20% de la población consume 51% del total de la riqueza; el 20% inferior, 6,1%.
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala y aparecen como problemas estructurales que se fortalecen ante un Estado débil. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país [aunque el más importante es la colusión entre oligarquía y políticos que mantiene empobrecida a la población].
Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en los procesos penales contra actores poderosos. Estas demoras se ven agravadas porque la Justicia a menudo no observa los plazos legalmente establecidos, y suspende audiencias que pueden tardar meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia, afirma HRW.
El gobierno estableció en 2007, en colaboración con Naciones Unidas y tras una prolongada presión internacional, una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar la delincuencia organizada. Al momento del informe de HRW, en 2017, se estaba investigando a más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos detenidos por corrupción en 2015.
El trabajo de la CICIG provocó una fuerte reacción negativa entre los funcionarios públicos durante 2017. En agosto, el presidente Jimmy Morales dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el financiamiento electoral ilícito.
Luego de que Morales ordenara la expulsión del Comisionado, el secretario general de la ONU António Guterres ratificó el compromiso del organismo de apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, miembros del Congreso de EEUU y del Parlamento Europeo. La anulación por la Corte de Constitucionalidad de la orden de Morales aseguró que Velásquez siga al frente de la CICIG, al menos hasta la conclusión de su mandato, en setiembre de 2019.
En setiembre de este año, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a diez años la pena máxima para delitos de financiamiento electoral y permitir la conmutación de penas de prisión de diez años o inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permite que el presidente y muchos congresistas eviten cumplir penas de prisión si son condenados.
Los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado tienen también un difícil trámite. En julio de 2017, un tribunal de apelación confirmó la condena de dos ex militares por delitos de lesa humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Las víctimas eran 14 mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los militares también fue hallado culpable del homicidio de tres mujeres, y el otro de la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente [aunque como siempre el dictamen fue recurrido, y dios sabe cuando se celebrará el nuevo juicio].
En marzo de 2017, un juez elevó a juicio el caso contra cinco ex militares por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluye al ex jefe militar Benedicto Lucas García, hermano del ex dictador militar Romeo Lucas García; aún no se fijó fecha para el juicio.
En mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de al menos 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, diez días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió dos meses más tarde. En mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad determinó que Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio público y que, por ende, el procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero que el proceso contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, tendría carácter público. Sin que se fijara la fecha de juicio, Ríos Montt murió en su cama en abril de 2018.
En este marco, la violencia contra civiles se ha vuelto parte de la relación social, y la profesión de periodista es blanco habitual de ataques. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al congresista Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. Casi un año después, en noviembre de 2017, se retiró la inmunidad política a Juárez [ahora solo falta esperar el juicio, que seguramente se realizará finalmente cuando falte un mes para que prescriba el delito].
En marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el refugio [cárcel para menores] Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidas imputaciones de violencia sexual que databan de varios años. Debido a que los guardias no abrieron las puertas cuando se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron heridas. [Todavía se están investigando responsabilidades]
Los temas de orientación sexual e identidad de género son enfocados de manera claramente regresiva desde el Estado. El derecho guatemalteco penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de la mujer. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años.
En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa, refrendada por 30.000 firmas, para prohibir en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto legislativo también pretendía impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad y lo que llaman “ideología de género” a los alumnos.
La amenaza de Trump de cortar el apoyo económico a proyectos en Guatemala afectará directamente el trabajo de la CICIG que trabaja con el respaldo de la ONU, y que desempeña un papel decisivo en la asistencia al sistema judicial de Guatemala para el juzgamiento de delitos violentos. Lo hace en colaboración con la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como co-querellante, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.
El Congreso de EEUU aprobó fondos de "asistencia" por 655 millones de dólares para 2017 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la "asistencia" [el destino final de los fondos lo decide EEUU] es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más oportunidades económicas. 50% de los fondos está supeditado a que, cada año, el Departamento de Estado de EEUU certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos. En 2017, Guatemala obtuvo la certificación que lo habilita a recibir los fondos totales y en forma continuada conforme al plan, incluyendo siete millones de dólares para la CICIG.
Tres
Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la leve reducción de estos delitos en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los pobres, periodistas, activistas ambientales y lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la Policía, dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.
Siendo el vecino de la frontera norte de Nicaragua, su territorio fue a partir de 1981, con la presidencia de Ronald Reagan, la base de la fuerza mercenaria que atacó al gobierno sandinista, la Contra. Las fuerzas estadounidenses disponían tan libremente del gran territorio de Honduras que al país se lo nombraba como “el portaaviones”. La insistencia en lograr el derrocamiento por vía militar del sandinismo llevó al escándalo Iran-Contras, por el cual el teniente coronel de EEUU Oliver North vendió a Irán armas cuyo tráfico estaba vedado por el embargo, para financiar la operación en Honduras [de donde a su vez recibía cargamentos de droga que vendía en EEUU, como 'bonus track'].
Condenado a un año, North no fue a la cárcel y hoy es columnista de la cadena 'Fox' de EEUU y también auspicia los videojuegos Call of Duty (El llamado del deber). La desmovilización militar y de civiles, los desplazados, los crímenes irresueltos y la debilidad del Estado tienen en Honduras (y parcialmente también en Nicaragua) los mismos efectos que en sus otros dos socios del Triángulo Norte.
El triángulo
La estructura de la criminalidad organizada es, como se dijo, materia de estudios militares. Se la liga al terrorismo pero esto sólo puede ser explicado por razones ideológicas, pues no hay terrorismo en el triángulo ni en sus cercanías. Lo que sí demanda, según un estudio específico publicado por Juan Ricardo Gòmez Hecht para uso en cursos militares, es una jerarquía organizada, el uso o la amenaza del uso de fuerza, que rinda utilidades, [la pobreza generalizada de las poblaciones, de donde se nutren las pandillas] y que la corrupción garantice la impunidad.
El Triángulo Norte es considerada de las regiones más violentas del mundo, con elevada presencia de pandillas [aunque los delitos más importante los cometen los carteles y el crimen organizado]. Es una de las mayores rutas de tránsito de drogas y en ellas las fuerzas armadas están involucradas en la seguridad pública [y al mismo tiempo con los carteles]. Sus principales actividades son el tráfico de drogas, armas, personas, pandillas y lavado de dinero.
Procura actores racionales que maximicen ganancias por medio de actividades ilegales como servicios sexuales, juegos ilegales, tráfico humano y trata de personas, y sicariato; la procuración de productos ilícitos, como tráfico de drogas, de armas, falsificación, piratería, bienes robados, y actividades predatorias como secuestro y extorsión. A sus actividades de lavado de dinero, fraude y contrabando, ahora se incorpora el cibercrimen.
La violencia es otro error, sostiene; mucho más eficaz es la corrupción y el principio de visibilidad del iceberg, que sólo expone su tercio superior. El movimiento anual de dinero del Triángulo Norte es ejemplificado con que Guatemala movilizó 1.831 millones de dólares entre enero y setiembre de 2017, Honduras 450 millones en noviembre de 2012, y El Salvador 14,6 millones a setiembre de 2010.
Toda la operación necesita de la debilidad [en el mejor de los casos; lo normal es que los funcionarios sean empleados de la oligarquía] del sistema político, del judicial y de las instituciones. La fragilidad y la debilidad sobre la que se opera se asienta en las escasas oportunidades que da el sistema social y su inequidad.
La Diaria. Extractado por La Haine
Caravana migrante hacia EE UU
No es el sueño americano, es la pesadilla
10/11/2018 |
Jesus González Pazos
Caminar, caminar y caminar hasta que los pies
revienten, hasta que el cuerpo no pueda más. Avanzar y avanzar hacia el
lejano norte, aunque no suponga, tal y como muchas crónicas nos resumen,
encontrar el sueño americano. Porque bien al contrario, la razón
principal de que miles y miles de mujeres y hombres, de ancianos y
niñez hoy atraviesen bosques, ríos, montes, desiertos y barreras
policiales en Centroamérica, no es esa hipotética búsqueda de la tierra
prometida cual relato bíblico que nos están contando; la verdadera razón
es huir de la pesadilla en la que se han convertido sus países de
origen.
No hay sueño, sino pesadilla. Cuando la vida no alcanza ni a la simple sobrevivencia las personas se ponen en marcha; es un éxodo que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia en busca de la vida digna, esa que todo sistema político y social debería de tener no solo como primer proclama discursivo, sino como principal práctica diaria. Porque las grandes declaraciones de la clase política tradicional nos suelen recordar con cierta insistencia que el derecho a la vida debe de estar en el centro de nuestros anhelos; sin embargo, suelen olvidar que el mayor y primero de los derechos debería verse complementado con la coletilla (nunca una coletilla fue tan importante) de a una vida digna.
Así, a millones de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala se les ha robado este derecho. El sistema dominante establece hoy que éste lo es solo para las minorías enriquecidas, aquellas que cada día son más minoría pues la brecha de la desigualdad se ensancha y profundiza continuamente, arrojando más y más personas al territorio de las mayorías empobrecidas, mientras aumentan las riquezas de las primeras.
Organismos tan poco sospechosos de radicalismo como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Mundial establecen porcentajes de pobreza en estos países superiores al 50% del total de la población, y en muchas de sus regiones este procentaje supera al 80%. Hablamos de millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día, si a eso se le puede seguir llamando vivir.
Y esto es lo que explica que el movimiento que desde hace semanas iniciaron miles de personas en Honduras y que hoy se extiende por gran parte de esta región centroamericana, ese caminar hacia el norte, sea un grito por la urgencia de salir de la pesadilla que es la vida para estas personas. Movimiento casi espontaneo que asombra al mundo por haberse puesto en marcha sin esperar ni responder a grandes consignas políticas o a intereses geoestratégicos, aunque tiene una evidente carga y demanda política. Es la sociedad en marcha en un mundo que no da las mínimas opciones para una vida digna en el territorio que a uno le vio nacer y que, por eso mismo, la decisión de salir de él, tiene que ser muy dolorosa pero imprescindible, inevitable. Por esto no se identifican grandes partidos o sindicatos al frente, y es la expresión de la autoorganización popular por la vida la que mejor refleja y define a este movimiento en marcha.
Centroamérica se reparte hoy, en el marco del neoliberalismo, entre una escuálida, aunque muy enriquecida, oligarquía de unas pocas familias en cada país y transnacionales norteamericanas y europeas que explotan hasta el agotamiento bosques, ríos, campos y las entrañas de la tierra. Se trata de obtener el máximo de beneficios, de la forma más barata posible y en el menor tiempo. Así, unas y otras privatizan la vida y la naturaleza en su beneficio y arrojan a los pueblos a la miseria que ya no se puede llamar ni sobrevivencia.
Por todo ello, es importante entender que no hay búsqueda del sueño americano en las intenciones de estas personas, quienes, posiblemente, han visto robada hasta su capacidad de soñar. Suena bien ese enunciado que nos retrotrae a tiempos pasados, a conquistas del oeste y a la posibilidad de labrarse una vida en una tierra de abundancia y oportunidades para todos como si fuera el paraíso cristiano o la tierra sin mal guaraní. Pero no olvidemos que también hay una clara intencionalidad política en esta visión para distorsionar las verdaderas razones de que este éxodo se esté produciendo. Así, los titulares de la prensa, la radio y la televisión, nos arrastran con esa idea a los dominios de la memoria donde el imaginario popular entiende este movimiento que hoy recorre Centroamérica como si fuera una aventura más de pueblos sin futuro. Esto nos ayuda también a mantener a salvo nuestra conciencia; nos insensibiliza ante el drama existente que tendríamos que reconocer si pensamos en cada una de las historias vividas por estos miles y miles de personas, esas que les han obligado a tomar la decisión de echarse al camino hacia el norte ante la absoluta falta de posibilidades de vida y frente a todos los obstáculos que los estados puedan ponerles para impedir su caminar.
Nos narcotiza también esa imagen de aventura ante la posible pregunta de quiénes son los responsables últimos de esto que hoy ocurre en Centroamérica. Cierto es que hay desempleo, pobreza, inseguridad, que las maras y la delincuencia organizada dominan cada vez más estos países. Que la corrupción hace estados fallidos donde la democracia y justicia brillan por su ausencia. Pero, ¿es la incapacidad de las personas para hacerse un futuro, tal y como algunas crónicas interesadas nos cuentan, la razón de estas situaciones o es el propio sistema de dominación político, social y económico el que hoy cierra las puertas al futuro y hace que el presente sea insostenible para millones y millones de personas mientras que unos pocos cientos de familias y empresas enriquecidas viven en la más insultante de las abundancias? Sistema que, además, para asentar con más fuerza su dominio, no reparará en ningún momento en multiplicar sus mecanismos de persecución política y de criminalización de aquellos procesos y sectores populares y sociales que pretendan generar alternativas más justas al modelo dominante.
Y por último, es posible que también esa imagen de aventura desde Europa nos haga sentir este movimiento en Centroamérica como algo lejano pero, nos podríamos preguntar si realmente es tan lejano. África emigra, África camina hacia el norte desde hace años, y Europa tampoco es el sueño buscado sino la posibilidad de salir de la pesadilla que hoy es el continente africano para las grandes mayorías. Territorios y países donde también las mínimas oligarquías locales y las grandes transnacionales explotan sus recursos hasta el agotamiento, provocando la expulsión de millones de personas, están en el origen y razón de querer (necesitar) atravesar desiertos y mares para llegar a encontrar una vida digna. Y mientras esto ocurre como proceso humano, las respuestas de los gobiernos europeos no se diferencian tanto como pudiéramos pensar de las que está produciendo su socio estadounidense, consistente en cerrar fronteras, militarizarlas o alambrarlas y condenar y criminalizar la solidaridad.
En suma, demasiadas pesadillas en el mundo y pocos sueños donde las personas y pueblos puedan tener una vida digna y justa. Por eso, para cerrar esta reflexión, recuperamos las palabras de Leonardo da Vinci cuando dijo que “la desigualdad es la causa de todos los disturbios. No hay paz sin igualdad”.
7/11/2018
Jesus González Pazos, Miembro de Mugarik Gabe
No hay sueño, sino pesadilla. Cuando la vida no alcanza ni a la simple sobrevivencia las personas se ponen en marcha; es un éxodo que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia en busca de la vida digna, esa que todo sistema político y social debería de tener no solo como primer proclama discursivo, sino como principal práctica diaria. Porque las grandes declaraciones de la clase política tradicional nos suelen recordar con cierta insistencia que el derecho a la vida debe de estar en el centro de nuestros anhelos; sin embargo, suelen olvidar que el mayor y primero de los derechos debería verse complementado con la coletilla (nunca una coletilla fue tan importante) de a una vida digna.
Así, a millones de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala se les ha robado este derecho. El sistema dominante establece hoy que éste lo es solo para las minorías enriquecidas, aquellas que cada día son más minoría pues la brecha de la desigualdad se ensancha y profundiza continuamente, arrojando más y más personas al territorio de las mayorías empobrecidas, mientras aumentan las riquezas de las primeras.
Organismos tan poco sospechosos de radicalismo como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Mundial establecen porcentajes de pobreza en estos países superiores al 50% del total de la población, y en muchas de sus regiones este procentaje supera al 80%. Hablamos de millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día, si a eso se le puede seguir llamando vivir.
Y esto es lo que explica que el movimiento que desde hace semanas iniciaron miles de personas en Honduras y que hoy se extiende por gran parte de esta región centroamericana, ese caminar hacia el norte, sea un grito por la urgencia de salir de la pesadilla que es la vida para estas personas. Movimiento casi espontaneo que asombra al mundo por haberse puesto en marcha sin esperar ni responder a grandes consignas políticas o a intereses geoestratégicos, aunque tiene una evidente carga y demanda política. Es la sociedad en marcha en un mundo que no da las mínimas opciones para una vida digna en el territorio que a uno le vio nacer y que, por eso mismo, la decisión de salir de él, tiene que ser muy dolorosa pero imprescindible, inevitable. Por esto no se identifican grandes partidos o sindicatos al frente, y es la expresión de la autoorganización popular por la vida la que mejor refleja y define a este movimiento en marcha.
Centroamérica se reparte hoy, en el marco del neoliberalismo, entre una escuálida, aunque muy enriquecida, oligarquía de unas pocas familias en cada país y transnacionales norteamericanas y europeas que explotan hasta el agotamiento bosques, ríos, campos y las entrañas de la tierra. Se trata de obtener el máximo de beneficios, de la forma más barata posible y en el menor tiempo. Así, unas y otras privatizan la vida y la naturaleza en su beneficio y arrojan a los pueblos a la miseria que ya no se puede llamar ni sobrevivencia.
Por todo ello, es importante entender que no hay búsqueda del sueño americano en las intenciones de estas personas, quienes, posiblemente, han visto robada hasta su capacidad de soñar. Suena bien ese enunciado que nos retrotrae a tiempos pasados, a conquistas del oeste y a la posibilidad de labrarse una vida en una tierra de abundancia y oportunidades para todos como si fuera el paraíso cristiano o la tierra sin mal guaraní. Pero no olvidemos que también hay una clara intencionalidad política en esta visión para distorsionar las verdaderas razones de que este éxodo se esté produciendo. Así, los titulares de la prensa, la radio y la televisión, nos arrastran con esa idea a los dominios de la memoria donde el imaginario popular entiende este movimiento que hoy recorre Centroamérica como si fuera una aventura más de pueblos sin futuro. Esto nos ayuda también a mantener a salvo nuestra conciencia; nos insensibiliza ante el drama existente que tendríamos que reconocer si pensamos en cada una de las historias vividas por estos miles y miles de personas, esas que les han obligado a tomar la decisión de echarse al camino hacia el norte ante la absoluta falta de posibilidades de vida y frente a todos los obstáculos que los estados puedan ponerles para impedir su caminar.
Nos narcotiza también esa imagen de aventura ante la posible pregunta de quiénes son los responsables últimos de esto que hoy ocurre en Centroamérica. Cierto es que hay desempleo, pobreza, inseguridad, que las maras y la delincuencia organizada dominan cada vez más estos países. Que la corrupción hace estados fallidos donde la democracia y justicia brillan por su ausencia. Pero, ¿es la incapacidad de las personas para hacerse un futuro, tal y como algunas crónicas interesadas nos cuentan, la razón de estas situaciones o es el propio sistema de dominación político, social y económico el que hoy cierra las puertas al futuro y hace que el presente sea insostenible para millones y millones de personas mientras que unos pocos cientos de familias y empresas enriquecidas viven en la más insultante de las abundancias? Sistema que, además, para asentar con más fuerza su dominio, no reparará en ningún momento en multiplicar sus mecanismos de persecución política y de criminalización de aquellos procesos y sectores populares y sociales que pretendan generar alternativas más justas al modelo dominante.
Y por último, es posible que también esa imagen de aventura desde Europa nos haga sentir este movimiento en Centroamérica como algo lejano pero, nos podríamos preguntar si realmente es tan lejano. África emigra, África camina hacia el norte desde hace años, y Europa tampoco es el sueño buscado sino la posibilidad de salir de la pesadilla que hoy es el continente africano para las grandes mayorías. Territorios y países donde también las mínimas oligarquías locales y las grandes transnacionales explotan sus recursos hasta el agotamiento, provocando la expulsión de millones de personas, están en el origen y razón de querer (necesitar) atravesar desiertos y mares para llegar a encontrar una vida digna. Y mientras esto ocurre como proceso humano, las respuestas de los gobiernos europeos no se diferencian tanto como pudiéramos pensar de las que está produciendo su socio estadounidense, consistente en cerrar fronteras, militarizarlas o alambrarlas y condenar y criminalizar la solidaridad.
En suma, demasiadas pesadillas en el mundo y pocos sueños donde las personas y pueblos puedan tener una vida digna y justa. Por eso, para cerrar esta reflexión, recuperamos las palabras de Leonardo da Vinci cuando dijo que “la desigualdad es la causa de todos los disturbios. No hay paz sin igualdad”.
7/11/2018
Jesus González Pazos, Miembro de Mugarik Gabe
La caravana de migrantes latinoamericanos, ¿una consecuencia de la política de EEUU en la región?
©
REUTERS / Ueslei Marcelino