¿Donald Trump está perdiendo la "guerra" contra los migrantes?
Publicado: 22 nov 2018 15:45 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 18:17 GMT - RT
La falta de recursos para el muro entre
México y EE.UU, y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes,
con hispanos e indígenas en puestos de elección popular, son algunas de
las 'piedras' en el camino de Trump.
El
presidente estadounidense, Donald Trump, revisa los prototipos del muro
fronterizo en San Diego, California, el 13 de marzo de 2018.
Mandel Ngan / AFP
La 'guerra' que Donald Trump ha declarado a los migrantes ha tenido más batallas perdidas que victorias estratégicas.
En primer lugar, la obtención de recursos para financiar el muro entre México y EE.UU. tiene una traba difícil de sortear, luego de que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes a los republicanos en las recientes elecciones de medio término. En segunda instancia, porque tras esos comicios, representantes de origen hispano e indígena ocupan varias curules.
En los dos años que Trump lleva al frente de la Casa Blanca, la construcción del muro —una de sus principales promesas de campaña— no ha prosperado ni en la Cámara de Senadores ni en la de Representantes, y el 7 de diciembre próximo es decisivo, pues es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el programa de financiación.
La Administración Trump mantiene su plan de solicitar 18.000 millones de dólares al Congreso para la construcción de un total de 1.155 kilómetros de barreras físicas en la frontera con México, con base en declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
La
aprobación de los recursos necesarios para construir el muro está
trabado entre demócratas y republicanos, "no porque no estén interesados
en frenar la migración, sino por la forma en que Trump ha manejado la
situación, de manera muy agresiva, que busca humillar a México", explica
Laura del Alizal Arriaga, investigadora y profesora de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
"Y esto me parece que los demócratas no lo van a aprobar, sería además darle un golpe decisivo a una de las principales promesas de Trump en campaña", agrega la catedrática.
Ni siquiera con mayoría en las dos cámaras del Congreso Trump consiguió el monto requerido y, hasta ahora, su única salida es convencer a los que se oponen a la construcción para que liberen los recursos.
"Ahora existen menos probabilidades de éxito a causa de la mayoría demócrata en la Cámara baja", manifestó la experta en temas de política exterior.
"[Los triunfos de las minorías] son una buena noticia para
México y colocan como una pesadilla temporal la amenaza de una
contrarrevolución nacionalista, proteccionista y conservadora".
José Luis León Manríquez.
"Tienen que aprobar el
presupuesto antes del 8 de diciembre, que se vencen los últimos
recursos, para que el Gobierno siga operando con el presupuesto actual.
Están sobre la fecha límite y tendría que ser una negociación muy rápida (…)
Dada la magnitud de los recursos que (Trump) requiere, lo que podríamos
ver es que el Congreso le aprobara menos, pero que fueran destinados a
seguir protegiendo y reforzando la frontera", considera Alizal Arriaga.
En ello coincide José Luis León Manríquez, profesor de Estudios Internacionales por la UAM y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, quien estima que ahora existen posibilidades de que se pueda frenar el muro, al menos presupuestalmente, así como evitar un agudizamiento en las medidas de contención en la franja limítrofe ordenadas por Trump, mediante una aprobación de recursos.
"[Los triunfos
de las minorías] son una buena noticia para México y colocan como una
pesadilla temporal la amenaza de una contrarrevolución nacionalista,
proteccionista y conservadora, en particular por la presencia de representantes de origen hispano e indígena, entre otros, en puestos de elección popular", señala León Manríquez.
Sin embargo, Del Alizal Arriaga advierte que la comunidad hispana no podría esperar de manera inmediata un apoyo directo a sus demandas, aunque "las minorías están adquiriendo más importancia después de ser tan denostadas y se experimentará un mayor respeto en cuanto a las posturas de esos grupos".
La caravana migrante, explica la experta, podría ser utilizada por Trump para tratar de disuadir al Congreso de que liberen los recursos y convencerlos de la necesidad de la aprobación del muro. "Podría justificar diciendo 'miren a estos señores, están ahí brincando encima de la reja por alta que esté', eso le daría argumentos para tratar de convencer a los demócratas".
"Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la
gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron
ver que los demócratas no arrasaron".
Laura del Alizal Arriaga.
Y es que el presidente estadounidense ha sido claro sobre lo que piensa de la caravana: ha amenazado con dispararles si lanzaban piedras, aunque luego reculó, y ayer la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, advirtió en plena frontera con México que quienes intenten ingresar ilegalmente a su país no tendrán derecho a solicitar asilo o refugio; apenas un día después de que un juez federal prohibiera a la Administración de Donald Trump denegar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.
Aunque, destaca, las propuestas que realice el presidente Trump de ahora en adelante "se encontrarán con diversas trabas
y habrá mucha mayor resistencia, aunque esto todavía no es suficiente
para modificar radicalmente la política estadounidense, ya que los
poderes políticos, a pesar de todo, continúan manteniendo un
equilibrio".
El reloj sigue corriendo para el Congreso de EE.UU, el cual además tendrá que discutir, por ejemplo, sobre los fondos de ayuda federal para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, poco más de un año atrás.
La aprobación del presupuesto es la forma de control que tiene el Congreso estadounidense sobre la política exterior, por lo que es posible que la construcción del muro en esta Administración no se logre, dice la especialista. Pero a pesar de su esperanza, asoma una inquietud mayúscula: "el problema es que Trump está apuntando hacia la reelección".
Paola Morales
En primer lugar, la obtención de recursos para financiar el muro entre México y EE.UU. tiene una traba difícil de sortear, luego de que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes a los republicanos en las recientes elecciones de medio término. En segunda instancia, porque tras esos comicios, representantes de origen hispano e indígena ocupan varias curules.
En los dos años que Trump lleva al frente de la Casa Blanca, la construcción del muro —una de sus principales promesas de campaña— no ha prosperado ni en la Cámara de Senadores ni en la de Representantes, y el 7 de diciembre próximo es decisivo, pues es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el programa de financiación.
La Administración Trump mantiene su plan de solicitar 18.000 millones de dólares al Congreso para la construcción de un total de 1.155 kilómetros de barreras físicas en la frontera con México, con base en declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Integrantes
de la caravana migrante proveniente de Centroamérica, que intentan
llegar a EE.UU. se reúnen cerca de la frontera en Tijuana, México, el 15
de noviembre de 2018.
/ Adrees Latif
/ Reuters
"Y esto me parece que los demócratas no lo van a aprobar, sería además darle un golpe decisivo a una de las principales promesas de Trump en campaña", agrega la catedrática.
Ni siquiera con mayoría en las dos cámaras del Congreso Trump consiguió el monto requerido y, hasta ahora, su única salida es convencer a los que se oponen a la construcción para que liberen los recursos.
¿Cierre del Gobierno federal?
Hasta el domingo pasado, el proyecto seguía paralizado. El presidente estadounidense, incluso, amenazó con decretar el cierre del Gobierno federal si no se alcanza un acuerdo con los demócratas sobre la cuestión de la financiación de la construcción del muro en la frontera con México."Ahora existen menos probabilidades de éxito a causa de la mayoría demócrata en la Cámara baja", manifestó la experta en temas de política exterior.
"[Los triunfos de las minorías] son una buena noticia para
México y colocan como una pesadilla temporal la amenaza de una
contrarrevolución nacionalista, proteccionista y conservadora".
José Luis León Manríquez.
"Tienen que aprobar el
presupuesto antes del 8 de diciembre, que se vencen los últimos
recursos, para que el Gobierno siga operando con el presupuesto actual.
Están sobre la fecha límite y tendría que ser una negociación muy rápida (…)
Dada la magnitud de los recursos que (Trump) requiere, lo que podríamos
ver es que el Congreso le aprobara menos, pero que fueran destinados a
seguir protegiendo y reforzando la frontera", considera Alizal Arriaga.En ello coincide José Luis León Manríquez, profesor de Estudios Internacionales por la UAM y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, quien estima que ahora existen posibilidades de que se pueda frenar el muro, al menos presupuestalmente, así como evitar un agudizamiento en las medidas de contención en la franja limítrofe ordenadas por Trump, mediante una aprobación de recursos.
"Pesadilla temporal"
Las elecciones intermedias del 6 de noviembre pasado también llevaron al poder a grupos minoritarios, como hispanos, indígenas y homosexuales, lo que también podría funcionar como barrera para la mayoría republicana en la Cámara baja de EE.UU. y, con ello, al ejercicio del poder del presidente Donald Trump.
Migrantes de la caravana en su ruta hacia EE.UU., Mexicali, México, 20 de noviembre de 2018.
/ Hannah McKay
/ Reuters
Sin embargo, Del Alizal Arriaga advierte que la comunidad hispana no podría esperar de manera inmediata un apoyo directo a sus demandas, aunque "las minorías están adquiriendo más importancia después de ser tan denostadas y se experimentará un mayor respeto en cuanto a las posturas de esos grupos".
La caravana migrante, explica la experta, podría ser utilizada por Trump para tratar de disuadir al Congreso de que liberen los recursos y convencerlos de la necesidad de la aprobación del muro. "Podría justificar diciendo 'miren a estos señores, están ahí brincando encima de la reja por alta que esté', eso le daría argumentos para tratar de convencer a los demócratas".
"Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la
gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron
ver que los demócratas no arrasaron".
Laura del Alizal Arriaga.
Y es que el presidente estadounidense ha sido claro sobre lo que piensa de la caravana: ha amenazado con dispararles si lanzaban piedras, aunque luego reculó, y ayer la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, advirtió en plena frontera con México que quienes intenten ingresar ilegalmente a su país no tendrán derecho a solicitar asilo o refugio; apenas un día después de que un juez federal prohibiera a la Administración de Donald Trump denegar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.Un atisbo de esperanza
"Por un lado, Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron ver que los demócratas no arrasaron como se preveía; el electorado está muy conservador y, además, la economía estadounidense va bien, le otorgan una cierta confianza de que no está haciendo las cosas tan mal", reflexiona Del Alizal. El reloj sigue corriendo para el Congreso de EE.UU, el cual además tendrá que discutir, por ejemplo, sobre los fondos de ayuda federal para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, poco más de un año atrás.
La aprobación del presupuesto es la forma de control que tiene el Congreso estadounidense sobre la política exterior, por lo que es posible que la construcción del muro en esta Administración no se logre, dice la especialista. Pero a pesar de su esperanza, asoma una inquietud mayúscula: "el problema es que Trump está apuntando hacia la reelección".
Paola Morales
Trump dice que los militares usarán "fuerza letal" en la frontera "si es necesario"
Publicado: 22 nov 2018 15:38 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 18:59 GMT - RT
El presidente estadounidense amagó con cerrar toda la frontera con México por tiempo indefinido.
El presidente de los EE.UU., Donald Trump,
dio su permiso a las tropas del Ejército para usar "la fuerza letal" en
la frontera con México "si es necesario", con el objetivo de contener a
los migrantes centroamericanos.
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países.
Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera. Con esto, se paralizaría buena parte de la actividad administrativa del Gobierno estadounidense, con el fin de atender lo que Trump considera una crisis de seguridad en la franja fronteriza.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se producen apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijera que se le había otorgado autoridad para permitir que las tropas exhibieran mayor poder para ayudar a proteger a los funcionarios fronterizos.
Alrededor de 5.800 tropas en servicio activo han sido enviadas a la frontera de EE.UU. y México para reforzar la seguridad antes de la llegada de la caravana de migrantes, compuesta principalmente por hondureños.
Actualmente, un grupo de más de 6.000 migrantes centroamericanos se encuentra en Tijuana, México, con el objetivo de tramitar su solicitud de asilo a EE.UU.
La marcha de la caravana migrante proveniente de Centroamérica fue el motivo que utilizó el presidente Trump para ordenar al Ejército movilizarse a la frontera con México y ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
"Si vemos que es incontrolable cerraremos la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera", aseguró Trump a periodistas en Palm Beach, Florida.
"Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a EE.UU.", dijo Trump.
Esto, luego de que un juez de California invalidara el mandato de Trump para que los migrantes no pudieran solicitar asilo en EE.UU.
"Los jueces no deben legislar seguridad y protección en la frontera, o en cualquier otro lugar. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡A nuestros grandes profesionales de la aplicación de la ley se les debe permitir hacer su trabajo! Si no, solo habrá caos, caos, lesiones y muerte. ¡Queremos la Constitución como está escrita!", dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países.
Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera. Con esto, se paralizaría buena parte de la actividad administrativa del Gobierno estadounidense, con el fin de atender lo que Trump considera una crisis de seguridad en la franja fronteriza.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se producen apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijera que se le había otorgado autoridad para permitir que las tropas exhibieran mayor poder para ayudar a proteger a los funcionarios fronterizos.
Alrededor de 5.800 tropas en servicio activo han sido enviadas a la frontera de EE.UU. y México para reforzar la seguridad antes de la llegada de la caravana de migrantes, compuesta principalmente por hondureños.
Actualmente, un grupo de más de 6.000 migrantes centroamericanos se encuentra en Tijuana, México, con el objetivo de tramitar su solicitud de asilo a EE.UU.
La marcha de la caravana migrante proveniente de Centroamérica fue el motivo que utilizó el presidente Trump para ordenar al Ejército movilizarse a la frontera con México y ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Cerrar la frontera
Trump dijo que hay "una situación muy mala" en Tijuana, donde se encuentra el mayor contingente de centroamericanos que conforman la caravana migrante."Si vemos que es incontrolable cerraremos la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera", aseguró Trump a periodistas en Palm Beach, Florida.
"Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a EE.UU.", dijo Trump.
Revive confrontación con Poder Judicial
Horas antes, Trump también respondió al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, quien criticó al mandatario por atacar la independencia del Poder Judicial al bloquear algunas medidas impuestas en materia migratoria.Esto, luego de que un juez de California invalidara el mandato de Trump para que los migrantes no pudieran solicitar asilo en EE.UU.
"Los jueces no deben legislar seguridad y protección en la frontera, o en cualquier otro lugar. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡A nuestros grandes profesionales de la aplicación de la ley se les debe permitir hacer su trabajo! Si no, solo habrá caos, caos, lesiones y muerte. ¡Queremos la Constitución como está escrita!", dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.
Noticias Internacionales Independientes (EE:UU.)
Un juez federal frena “la prohibición de asilo” impuesta por Trump, alegando que el presidente no puede reescribir las leyes de inmigración
Breve20 de noviembre de 2018
Una
nueva medida hizo retroceder el ataque contra los derechos de los
inmigrantes impulsado por el presidente Trump. Un juez federal de
California frenó de manera temporaria la prohibición de asilo impuesta
por Trump a toda persona que ingrese a Estados Unidos por fuera de un
puerto legal de ingreso. Trump anunció la medida este mes, pero el
lunes, el juez federal de distrito Jon Tigar puso un freno temporario a
la orden. Tigar escribió: “Los solicitantes de asilo correrán mayores
riesgos de violencia y otros males en la frontera y a muchos se les
negará el derecho a hacer peticiones meritorias de asilo. El Gobierno
no da ningún fundamento que justifique la nueva norma y la necesidad de
evitar estos males”.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Baher Azmy. Azmy es el director legal del Centro para los Derechos Constitucionales y uno de los abogados que demandó al Gobierno de Trump por “la prohibición de asilo”.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Baher Azmy. Azmy es el director legal del Centro para los Derechos Constitucionales y uno de los abogados que demandó al Gobierno de Trump por “la prohibición de asilo”.
Alrededor de 100 migrantes intentan cruzar la frontera en Tijuana
Publicado: 22 nov 2018 20:59 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 21:26 GMT - RT
La policía instaló en el lugar una valla de
seguridad y los agentes intentan disuadir a los migrantes para evitar un
enfrentamiento.
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
La Policía Federal de México detiene el paso de unos 100 integrantes de la caravana migrante, quienes buscan a llegar al puente fronterizo con EE.UU., en la ciudad de Tijuana.
Para ello, la Policía instaló una valla de seguridad, a fin de evitar la llegada de los migrantes a la línea fronteriza, mientras agentes de aduana buscan disuadirlos para evitar algún enfrentamiento con las autoridades estadounidenses.
Hoy el presidente Donald Trump dio su permiso a las tropas del Ejército para usar, "si es necesario", "la fuerza letal" en la frontera con México con la intención de contener a los migrantes centroamericanos.
El jefe del Pentágono, James Mattis, indicó el martes pasado que los militares solo podrían detener temporalmente a los inmigrantes ilegales por posibles ataques a los guardias fronterizos para, luego, entregarlos a las autoridades civiles.
Anteriormente, en el marco de preparación ante la llegada de la caravana de migrantes de América Central, el Pentágono envió al menos a 5.800 soldados a la frontera entre México y EE.UU.
Para ello, la Policía instaló una valla de seguridad, a fin de evitar la llegada de los migrantes a la línea fronteriza, mientras agentes de aduana buscan disuadirlos para evitar algún enfrentamiento con las autoridades estadounidenses.
Hoy el presidente Donald Trump dio su permiso a las tropas del Ejército para usar, "si es necesario", "la fuerza letal" en la frontera con México con la intención de contener a los migrantes centroamericanos.
El jefe del Pentágono, James Mattis, indicó el martes pasado que los militares solo podrían detener temporalmente a los inmigrantes ilegales por posibles ataques a los guardias fronterizos para, luego, entregarlos a las autoridades civiles.
Anteriormente, en el marco de preparación ante la llegada de la caravana de migrantes de América Central, el Pentágono envió al menos a 5.800 soldados a la frontera entre México y EE.UU.
Evo Morales acusa a Trump de "doble moral" por su actitud ante la caravana de migrantes
Publicado: 23 nov 2018 08:54 GMT - RT
El mandatario boliviano ha señalado que con
sus medidas el presidente de EE.UU. "convirtió el "sueño"
estadounidense en pesadilla del mundo".
El presidente de Bolivia, Evo Morales.
David Mercado / Reuters
Las
medidas que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pretende tomar para
evitar que los migrantes de América Central ingresen al territorio de su
país son un ejemplo de "doble moral", ha afirmado el presidente de
Bolivia, Evo Morales, este jueves en su Twitter.
"Trump, con doble moral, envía mensajes de "amor, entendimiento y dicha" a su pueblo por el Día de Acción de Gracias, mientras ordena a sus tropas usar fuerza letal contra la caravana de migrantes de Centro América", escribió el mandatario boliviano, agregando que de esta manera el líder de EE.UU. "convirtió el "sueño" estadounidense en pesadilla del mundo".
Este jueves Donald Trump dio permiso a las tropas del Ejército para usar "la fuerza letal" en la frontera con México "si es necesario", con el objetivo de contener a los migrantes centroamericanos.
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países. Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera.
Un
migrante hondureño de unos 17 años falleció tras ser atropellado por un
vehículo no identificado en la carretera que une a las ciudades de
Mexicali y Tijuana, según reporte policial, el conductor se dio a la
fuga, informó la agencia de información mediática RT.
Por otro lado, la Secretaría de Salud del estado informó que otro menor de 17, también hondureño, que ingresó al Hospital General de Tijuana (HGT) la madrugada del 14 de noviembre, con diagnóstico de neumonía química por broncoaspiración, murió ayer después de siete días hospitalizado.
Por Sobeyda Lovo
Tegucigalpa.- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que sólo en el mes de octubre del año en curso, se han registrado 74 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante octubre los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 155 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 140 fueron del sexo masculino y 15 del sexo femenino.
De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza – Honduras, 74 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 47.7 por ciento de las víctimas.
Un 70.3 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas alcanzaron el 22.4 por ciento, las provocadas por un objeto contuso con el 2.5%, y finalmente las producidas por asfixia o estrangulación con el 4.5%.
En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para octubre se registró un total de 50 casos, de los cuales, 43 corresponden al sexo masculino y 7 al sexo femenino.
De los 50 casos registrados en octubre, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 82%, seguida por las causas no determinadas con el 6%, las producidas por arma blanca con el 2%, la asfixia por estrangulamiento con el 10%.
Si se comparan las muertes violentas de octubre (50 casos) con las de septiembre (44 casos) se registra un aumento de 6 casos.
Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante octubre, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 3 matanzas, detalla el informe de Casa Alianza-Honduras.
Casa Alianza asegura que de acuerdo al monitoreo realizado en el periodo comprendido entre enero de 2016 a octubre de 2018, los medios de comunicación escrita del país registraron un total de 181 matanzas con un saldo de 652 decesos.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son: El Distrito Central con 14, y Choloma con 10 casos.
Entretanto los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son: Francisco Morazán y Cortés con 15 y 22 casos respectivamente. Entre los dos departamentos concentran el 72% de los sucesos a nivel nacional.
Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en octubre se contabilizaron 12 sucesos, diez de ellos de sexo masculino y dos de sexo femenino, 1 persona pertenecía a menores de 23 años y se identificó de sexo femenino.
De la información recopilada durante octubre, en el 90% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.
En el régimen de JOH se han registrado 3 mil 622 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.
Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y octubre de 2018 se han registrado en el país 12,736 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los cincuenta y siete meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,622 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido, destaca el informe de casa Alianza-Honduras.
A su vez la reportera indicó que estos actos de la policía no son extraños para la gente, “ya los conocemos y esto sucede cada vez que pierden el control de la situación, cometen una serie de ligerezas, por ejemplo cuando los altos mandos les llaman la atención por su incapacidad para controlar la situación, los agentes se molestan y empiezan a tirarle los carros a los manifestantes, los agreden físicamente, lanzan bala viva, hoy golpearon a una muchacha embarazada de siete meses de gestación.
Ante
tanta irregularidad en el juicio del crimen contra Berta Cáceres, la
abogada representante del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Karina Sánchez (foto en texto), considera que en
esta primera instancia judicial, se condenará a los autores materiales,
pero no habrá justicia hasta dar con los autores intelectuales y la
organización criminal que ordenó el crimen.
“El estado tiene una deuda muy grande se han denunciado muchas irregularidades y múltiples violaciones al debido proceso y tendrá que responder con imparcialidad, independencia y con consecuencia en el juzgamiento del próximo juicio”, opina la abogada.
Comenta
que hoy rindió declaraciones de imputado, el exgerente de la empresa
Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), Sergio Rodríguez. Se espera que
hoy en horas de la noche ya haya conclusiones de parte del Tribunal de
Sentencia.
“Otro
tema que ha impactado de alguna manera de los que estamos siguiendo el
caso es que se prohibió publicitarlo de modo que solo pueden saber del
caso los que asisten a la sala y aunque se interpusieron recursos y
solicitudes de que se pudiera transmitir vía digital, fueron
rechazadas”, agrega Sánchez.
1 Las excepciones a esta tipificación de los derechos de las víctimas la vemos reflejada en el artículo 308 del mismo texto legal, que enumera como excepciones del carácter público del proceso que:
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Por: Sandra Rodríguez
"Trump, con doble moral, envía mensajes de "amor, entendimiento y dicha" a su pueblo por el Día de Acción de Gracias, mientras ordena a sus tropas usar fuerza letal contra la caravana de migrantes de Centro América", escribió el mandatario boliviano, agregando que de esta manera el líder de EE.UU. "convirtió el "sueño" estadounidense en pesadilla del mundo".
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países. Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera.
EEUU: En la impunidad dejan a agente de la Patrulla Fronteriza que asesinó a migrante
Justicia denegada para la familia: Segundo juicio al agente de la patrulla fronteriza resultó en otro jurado que no llegó a un acuerdo sobre el veredicto de asesinato en el caso de José Antonio Elena Rodríguez
Nogales, Arizona. –
La tarde del 21 de noviembre, a José Antonio Elena Rodríguez y su
familia se les negó de nuevo la justicia. Después de un mes de juicio,
un jurado en una corte federal en Tucson, Arizona decidió que el agente
de la patrulla fronteriza Lonnie Swartz no será condenado penalmente por
el asesinato de José Antonio.
El
10 de octubre de 2012, el agente de la patrulla fronteriza Lonnie
Swartz asesinó a José Antonio después de dispararle 10 veces en la
espalda en 34 segundos desde el lado estadounidense de la frontera
militarizada, a través del muro hacia Nogales, Sonora, donde José
Antonio estaba de pie. El 23 de abril de 2018, un jurado en una corte
federal en Arizona absolvió a Swartz por asesinato en segundo grado.
El
final del segundo juicio por cargos menores de asesinato voluntario
terminó en un veredicto de no culpable por cargos involuntarios y un
jurado en desacuerdo sobre el veredicto por cargos de asesinato
voluntario.
La familia de José Antonio Elena Rodríguez sigue clamando por justicia.
Después
del primer juicio, el sindicato de la Patrulla Fronteriza dijo que
habían gastado casi un millón de dólares en la defensa de Swartz, usando
ese dinero para evitar que le condenaran por asesinato. El fiscal
federal Wallace Kleindienst dijo que el juez Collins había permitido a
Swartz presentar pruebas que otros jueces probablemente no hubieran
aceptado. Otros jueces tampoco hubieran aceptado el el testimonio de un
informante anónimo conocido como “el señor”, a quien se le pagó $
234,000 durante 9 años para declarar que José Antonio estuvo involucrado
en “operaciones de narcotráfico”.
Eduardo
García, organizador comunitario añade que “todo el juicio fue una
criminalización de José Antonio, su familia y las comunidades
fronterizas, en lugar de exponer a Swartz y la impunidad de la Patrulla
Fronteriza en la muerte y el sufrimiento de la comunidad.” Tanto el
tribunal como la fiscalía han sido cómplices al permitir que la Unión de
Patrulla Fronteriza se apoye en estereotipos racistas en su defensa”.
Independientemente
de la decisión del tribunal, la comunidad exige poner fin a la
impunidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza para matar y rechaza
el asesinato de la identidad de José Antonio al pintarle como miembro
del cártel, en lugar de responsabilizar a Lonnie Swartz por el asesinato
de un niño de 16 años.–
Este
acto de injusticia sienta un precedente alarmante de cómo la violencia
estatal será reforzada y justificada dentro de la región fronteriza, al
mismo tiempo que somos testigos de que el gobierno de EE. UU. está
desplegando miles de militares en servicio activo en la frontera de EE.
UU. / MX.
El éxodo centroamericano se abre paso a través de México. Dossier
Eliana Gilet
Es corresponsal del diario uruguayo Brecha en México.
Fuente:
https://brecha.com.uy/, 9 de noviembre de 2018
18/11/2018
Frente a la presión de las autoridades por detenerla, la
primera caravana en llegar a Ciudad de México debate cómo seguir. La
situación desenmascaró la larga crisis que vive Honduras, donde la
violencia, la pobreza y el autoritarismo empujan a la gente a partir, y
la migración es el verdadero sostén de la economía nacional.
Ya son cinco los grupos de migrantes que atraviesan México en caravana rumbo a Estados Unidos. Van a pie, “a jalón” de los camiones en la ruta o, cuando pueden pagarlo, en autobús. La Policía Federal dice que son 17 mil personas; 4 mil ya están en la capital mexicana. Es un éxodo.
La sangría de gente es apenas una muestra que permite intuir la profundidad de la crisis hondureña: servicios públicos devastados, salarios de chiste y un presidente impopular que simboliza un sistema opresivo con toda disidencia. “¡Fuera joh!”, gritan los migrantes al marchar, en referencia al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En este éxodo viaja gente de las dos ciudades principales de ese país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, de aldeas de las zonas rurales, y trabajadores de campo guatemaltecos. Los salvadoreños también están: se acercaron en grupos más pequeños y en su propia caravana. Hay familias enteras que han sido amenazadas en sus países de origen. Cuando los padres se sienten en peligro, no dejan a sus hijos atrás.
Otros ya estaban en México, pero como su trámite de refugio no avanzaba, las caravanas se transformaron en la manera obvia de subir al norte por un país peligroso, sin tener que pagar los costos del “pollero”, ni las extorsiones de la policía o la “migra”.
En varias oportunidades durante la sucesión actual de marchas migratorias el gobierno federal mostró el garrote, con represión o demoras en la ruta durante las horas más duras del sol mesoamericano. Aunque algunos gobiernos locales ofrecieron ayuda humanitaria, la respuesta solidaria de los pobladores que recibieron a los centroamericanos rebasó a la autoridad, en un despliegue de redes de ayuda y autoorganización como el ocurrido tras el sismo del 19 de setiembre de 2017. Los mexicanos tienen el migrar en la genética, y las respuestas xenófobas se mantienen confinadas a las redes sociales.
Antes de que la primera caravana saliera de Chiapas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el plan de contención Estás en tu Casa. Según sostuvo en un comunicado la coordinadora de los migrantes centroamericanos en México, la medida no ofrece nada distinto a lo que ya garantiza la legislación vigente, mientras reduce la posibilidad de solicitar refugio a los estados de Chiapas y Oaxaca. La respuesta del éxodo fue seguir caminando.
Los primeros miembros de estas caravanas que pidieron refugio en territorio mexicano fueron recluidos por el Instituto Nacional de Migración (Inm) en la Feria Mesoamericana de Tapachula durante más de dos semanas. El confinamiento duró hasta el 5 de noviembre, cuando se anunció el cierre del predio y se desalojó sin aviso previo ni planificación a unas 2 mil personas, según denunció la Misión de Observación del Éxodo Centroamericano en Chiapas, integrada por diversas organizaciones sociales.
Ahora el gran campo de refugiados está en Ciudad de México. La autoridad local armó lo que llama un “puente humanitario” para coordinar la ayuda, que concentró en un solo punto: el estadio Jesús Martínez, “Palillo”, ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, de la capital mexicana.
Arde Honduras
La primera vez que esta cronista cubrió la ruta migrante en México, los hondureños ya eran mayoría. Sentado bajo la pequeña línea de sombra del albergue de la ciudad chiapaneca de Palenque, un trabajador de la industria textil hondureña de 33 años trazó en 2015 los motivos que hay detrás de lo que ahora ocurre.
“La gente se ha rebelado en San Pedro, en Tegucigalpa, en Comayagua, pero ellos responden con su Policía Militar para gasear y golpear a las personas y luego hacen que los medios tarifados no publiquen cuando hay manifestaciones contra el gobierno”, explicó.
Recordó el golpe de Estado de 2009 y el posterior estado de sitio que duró seis meses –con toque de queda a partir de las 5 de la tarde–, los escándalos públicos de corrupción que fueron cebando el malestar entre la gente, los bajos salarios que ahogaron a los pocos que tenían trabajo: “1.500 lempiras (60 dólares) a la semana y explotados los siete días”.
“Cuando empezaron los movimientos, muchos nos quejamos. No han querido bloquear las redes sociales porque las usan para intimidarnos. En Facebook no se puede publicar cosas contra el gobierno”, contó el hondureño. Mencionó como ejemplo la persecución al periodista David Romero, quien luego sería condenado a diez años de prisión por difamación, tras revelar un millonario desfalco del oficialismo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En aquel entonces el hombre migraba a escondidas, porque el Plan Frontera Sur llevaba un año en pie y la ruta mexicana estaba llena de retenes de la migra. Todos los albergues, en su mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, ya anunciaban que las violaciones a los derechos humanos de la gente en tránsito se habían disparado, debido a la militarización sin pausa de los estados del sureste.
Es en ese marco que debe leerse el avance de las fuerzas armadas mexicanas sobre la frontera con Guatemala que se vio el pasado 19 de octubre en el río Suchiate, cuando ingresó el éxodo actual. Se trata de la culminación de un proceso represivo que ya lleva cuatro años y que busca cerrar la frontera sur de México hasta convertirla en el verdadero muro prometido por el presidente de Estados Unidos (véase Brecha, 26-X-18).
Entre quienes llegaron por estos días a Ciudad de México, una joven de 26 años del departamento hondureño de Yoro denunció lo mismo que aquel obrero: trabajo doméstico con cama –un día libre cada 15– por 1.500 lempiras la quincena. Ella tiene un hijo de 10 años que dejó con su madre y al que tiene que mantener.
“Honduras está atrapada en un círculo vicioso de bajo crecimiento debido a factores como la violencia, el escaso dinamismo de la economía y la debilidad institucional. Hay un agotamiento del sistema político tradicional hondureño, que no responde a las necesidades de la población”, analizó en entrevista con Brecha el economista Noé Pino.
Pino fue presidente del Banco Central de Honduras, ministro de Finanzas y embajador en Washington. Actualmente se desempeña como docente universitario. Según él, la migración que hoy vemos convertida en una situación dramática comenzó tras los efectos del huracán Mitch, en 1998.
La ola migratoria ha quedado registrada en las cifras de expulsión. “Si tomamos en cuenta la última década, Estados Unidos ha estado deportando entre 70 mil y 80 mil hondureños al año”, explicó Pino. “No nos debe extrañar lo que estamos viendo ahora. Se venía dando diariamente”, señaló el economista, y mencionó además que desde los últimos años México deporta una cantidad similar a la de su vecino del norte. Ahí se ve uno de los efectos del Programa Frontera Sur: en un año y medio –entre fines de 2016 y abril de 2018– México deportó a Centroamérica 60 mil niños y adolescentes, sin más proceso que una entrevista.
“Tenemos las cifras de las deportaciones, pero no sabemos cuánta gente se queda irregularmente en Estados Unidos, cuántos logran evadir la deportación”, agregó el experto. Esas personas son clave para Honduras, por el peso que ocupa en su economía el envío de dinero que hacen desde el exterior. “Se calcula que para 2018 vamos a recibir alrededor de 4.600 millones de dólares, lo que hace de las remesas la principal fuente de ingreso por exportaciones. Esto quiere decir, puesto en término muy gruesos y muy duros, que el principal producto de exportación de Honduras son las personas”, sostuvo Pino.
En ese sentido, el periodista y ex diputado opositor Bartolo Fuentes afirmó a Brecha: “Juan Orlando Hernández no tiene ningún interés en detener la migración. Lo que no quiere es que se haga pública, pero a él le gustaría que se fueran 50 mil para bajar la presión en el país”. Fuentes acaba de salir de Honduras por el temor a una detención arbitraria (véase “Persigan al mensajero”). El gobierno hondureño lo señala como el promotor de la caravana, algo que tanto él como otros integrantes del éxodo desmienten.
Cruzar México
Cuando atravesó el estado de Chiapas la primera de las actuales caravanas, el gobierno federal mandó a su policía y a agentes de Migración para “explicarle” la propuesta del presidente a la cabecera del éxodo. Los retuvo casi cinco horas sobre el asfalto caliente hasta que les permitió el paso. A la segunda caravana también le cerró el camino en el puente binacional Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, mientras la marina impedía el abordaje de la gente a las balsas. Los migrantes armaron un pasamano para cruzar, con sus hijos y sus cosas sobre la cabeza, mientras un helicóptero les volaba encima con el ruido ensordecedor de sus aspas.
En uno de los grupos grandes detenidos en la frontera vino un costarricense de 43 años que relató así a Brecha el cruce: “Salimos como 400 personas en una caravana de (la ciudad guatemalteca de) Tecún Umán, pero cinco quilómetros antes de entrar a Tapachula nos emboscaron y nos cayeron Migración y los federales, con cuatro buses adelante, las ‘trocas’ en que andan ellos, los antimotines. Nosotros nos agachamos y vino uno de los antimotines y comenzó a pegarle a un muchacho hondureño”. A ese siguieron otros golpes y “luego ya todo fue un desmadre”. En su mayoría quedaron detenidos. El hombre contó que sólo nueve pudieron escapar tras esconderse en un matorral cercano, y llegaron a Ciudad de México pagando transporte.
Junto a él, una muchacha flaquita comentó que había venido en autobús desde la localidad veracruzana de Acayucan. Por ese viaje pagó unos 600 pesos mexicanos (30 dólares). En conjunto con su hermano también pagaron el boleto de otra muchacha que viaja con un niño. Según dijo, en ese autobús “eran puros hondureños”, y explicó que ellos han pagado el transporte de buena parte de los trayectos que han recorrido.
De esos gastos también habló a Brecha Tomás González Castillo, un fraile que comanda el albergue La 72. “Una comida para 7 mil personas ¿quién la da? Hay una organización colectiva de los pueblos por donde van pasando, eso ya es un gasto enorme. Ahora, multiplícalo por dos o tres comidas al día. Es mucho dinero”, subrayó el sacerdote.
González Castillo contó que también ingresa gente por la zona donde trabaja, en la frontera del estado de Tabasco que da al Petén guatemalteco: “La mayoría entra por Tapachula, pero hay muchos que por ser rechazados están tomando nuestra ruta, por Tabasco. En el albergue, en diez días llegaron 1.500 personas. Es lo que habitualmente recibimos en un mes. Está migrando todo tipo de gente, pero en su mayoría son de Honduras”.
El fraile fue crítico con las nuevas autoridades que actúan en el tema. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el académico Tonatiuh Guillén estará al frente del Inm y que Andrés Ramírez Silva, un ex funcionario de Acnur, encabezará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. “El Inm está perdido. No creo que una persona pueda componer esto, por mucha voluntad política y buena intención que tenga. Están prometiendo demasiado, y creo que tienen que poner los pies sobre la tierra”, sostuvo González Castillo.
El religioso, un referente en el tema de la movilidad fronteriza, denunció que los propios agentes estatales atacan a los migrantes, les cobran por pasar y los extorsionan ofreciéndoles seguridad.
Pánico en Veracruz
Desde la noche del sábado 3 de noviembre hasta el momento de publicarse esta nota los miembros de la primera caravana vienen llegando a Ciudad de México con cuentagotas, en contraste con el impulso masivo con que lograron cruzar la frontera guatemalteca.
La situación, que agrava la vulnerabilidad de los migrantes, es en buena medida responsabilidad del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El 2 de noviembre Yunes había prometido 150 camiones para trasladar a los integrantes de la caravana desde la ciudad veracruzana de Sayula de Alemán hasta la capital mexicana. Dos horas más tarde el jerarca negó esa ayuda con el pretexto de que la Ciudad de México no tenía las condiciones para recibirlos.
La Misión de Observación del Éxodo Migrante en Veracruz denunció “la dispersión del éxodo en 300 quilómetros de ruta” de ese estado, “producto de la frustración, el desconcierto y la desesperación” provocadas por la acción del gobernador. Un miembro de esa organización de la sociedad civil relató a Brecha un panorama desolador, de “mucho caos”, luego de que la gente se lanzara a la carretera y recorriera los 70 quilómetros que separan Sayula de Alemán de Ciudad Isla, epicentro de una región de enorme peligro, donde son comunes las desapariciones forzadas y el accionar de las organizaciones criminales.
Los antecedentes violentos de la zona, que comprende el límite entre Veracruz y Oaxaca, por donde pasó la caravana, multiplicaron los titulares de prensa que decían que una parte de la gente había sido “secuestrada por camioneros y entregada al cartel de Los Zetas”. Aunque nadie ha podido confirmar ese extremo, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, alimentó los rumores al afirmar que tiene indicios de que entre 80 y 100 migrantes están desaparecidos. El funcionario dijo basar su denuncia en su propia impresión de lo ocurrido en la ruta y en testimonios que él mismo recogió.
En una entrevista radial (Radio Fórmula, 5-XI-18) Peimbert reconoció no tener cómo contactar a los denunciantes de esas supuestas desapariciones, por lo que no puede comprobar si ya se reencontraron con quienes buscaban. Tampoco ha dado nombres o fotografías de las personas faltantes, lo primero que se hace en casos de desaparición. Desde la Misión de Observación en Veracruz sostuvieron que no hay forma de dar una certeza absoluta del destino de cada uno de los migrantes que pasaron por ese estado.
A pesar de la irresponsabilidad de las autoridades, de haber menguado sus fuerzas tras padecer lluvias, lodazales y decenas de noches durmiendo en el suelo, y de saberse engañada por los gobernantes, la gente se las ha ingeniado para concentrarse por miles en la capital mexicana. La caravana decidirá en asamblea cómo continuar. Dicen que seguirán hacia el norte.
Tierra para todos
Mientras el éxodo se mueve por México, un pequeño grupo de mujeres centroamericanas entró al país por el paso fronterizo entre la localidad chiapaneca de Talismán y la aldea de El Carmen, en el departamento guatemalteco de San Marcos.
Conforman la 14ª Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos en México, que hacen lo que las autoridades no encaran: buscarlos. En este año, tres mujeres (una nicaragüense y dos hondureñas) se reencontraron con sus hijos, con quienes llevaban una década sin contacto.
Es el resultado de la alianza del Movimiento Migrante Mesoamericano (una organización mexicana) con los comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Al llegar a Ciudad de México, durante el Foro Mundial de las Migraciones, las mujeres de esta caravana participaron como la delegación centroamericana en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, y se reunieron con el otro polo migratorio: el que recorre el camino entre África y Europa.
Las mujeres que buscan a aquellos originarios de Túnez, Argelia, Senegal y Mauritania desaparecidos en los pasos hacia Italia y España expresaron su reconocimiento al avance de las centroamericanas para empujar la desidia oficial.
En los 14 años que lleva realizándose, la Caravana de Madres ha encontrado a 301 personas que estaban desaparecidas en México. Cada año las mujeres recaban pistas con un método sencillo: extienden las fotos de los miles que faltan a lo largo de las distintas rutas migratorias que existen en el país, y le piden a la gente de los pueblos que las miren y digan si reconocen a alguien. Así de sencillo.
Luego siguen esas pistas y se las entregan a la autoridad para sus búsquedas oficiales. También preguntan entre los que viven aquí y son de allá si tienen contacto con sus familias, o si desean que ellas las busquen.
Junto a mujeres como Fatma Kasraoui, que busca a su hijo Ramzi Walhasi desde 2011 –desaparecido al migrar junto a otros nueve jóvenes de su barrio tunecino–, y Souad ben Sassi, madre de Bader Msalmi –también desaparecido desde 2011, cuando salió hacia Italia–, llegó Imed Soltani.
A Soltani le faltan dos hermanos, Slim y Bethesen, que tenían 31 y 27 años al desaparecer en marzo de 2011. Además preside la organización La Terre pour Tous, de Túnez. Formalmente el Estado reconoce 504 personas desaparecidas, pero las madres cuentan 2 mil.
Gracias a la traducción de Yu, una de las voluntarias de la cumbre, Soltani dijo a Brecha en francés que son las madres quienes en realidad presiden la organización, y que él ocupa el cargo formalmente.
“Nuestro trabajo es contra las políticas de la Unión Europea y el sistema actual, en que los gobiernos funcionan como el coyote. Al mismo tiempo que empujan a estos jóvenes a salir, les ponen barreras. Son políticas que han construido muros contra las personas que se mueven”, afirmó.
Soltani sostuvo que estas organizaciones de madres de desaparecidos, que se han formalizado en el último año, son una forma de reclamar a los gobiernos por su responsabilidad en la desaparición de migrantes, “mostrarles lo que han ocasionado con sus políticas”.
Su preocupación y la de las madres de su organización son los campos de refugiados en Libia, donde se concentra a los migrantes en condiciones precarias y se busca impedir su salida hacia Europa.
“El problema con Libia es que el gobierno no funciona como tal, sino que hay muchas mafias a cargo. El gobierno de Italia y el de la Unión Europea han trabajado con esas mafias dándoles fondos para que bloqueen el tránsito de la gente”, dijo Soltani.
El propósito de La Terre pour Tous es realizar una caravana que salga de Túnez hasta esos campos de refugiados, como forma de pronunciarse contra estas políticas, según explicó el militante.
“Con esta cumbre mundial pudimos entender que las madres pueden contar unas con otras, que la voz de Túnez puede escucharse en México y la de México en Túnez. La solidaridad y reciprocidad es lo más importante que me llevo”, agregó.
Desde el 12 de octubre, medios y autoridades hondureñas acusan a Bartolo Fuentes de ser el promotor y organizador del éxodo migratorio que ha dejado al descubierto las carencias del gobierno liderado por Juan Orlando Hernández.
Además de periodista, Fuentes también fue diputado por el partido Libre, pero sostiene que hace tiempo dejó de tener poder político. En abril pasado se unió en México a la caravana organizada por Pueblo sin Fronteras, una organización de Estados Unidos que logró conseguir asilo en ese país para el 93 por ciento (347 de 401) de quienes marcharon en aquella ocasión.
El grupo asesoró a la gente sobre la ley migratoria estadounidense y disuadió de solicitar refugio a quienes no tenían el perfil para superar la entrevista “de miedo creíble”. Esta se trata de un interrogatorio hecho a cada persona que pide asilo en Estados Unidos, en el que la autoridad migratoria decide si creer o no que el solicitante ha sufrido persecución o torturas en su país de origen, y con base en ello lo acepta o lo deporta.
Fuentes trasmitió la caravana de abril y generó material para un programa de televisión llamado Los migrantes. Por el mismo motivo se sumó al grupo que salió el 12 de octubre desde San Pedro Sula: para trasmitir y acompañar a los que entonces se calculaba serían unos 500 hondureños. Un mes después, se estima que son más de 7 mil los que han entrado a México.
El ex diputado denuncia que sufre una criminalización contradictoria: lo acusan de cobrar a las personas como “coyote” y también de pagarles con dinero extranjero para que migren. Las autoridades –estadounidenses y hondureñas– lo vinculan con George Soros, con el gobierno de Venezuela, con los demócratas de Estados Unidos y con el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, quienes habrían depositado su autoridad en un solo periodista de un departamento del norte del país.
Fuentes salió de Honduras por sugerencia de una organización que protege la libertad de expresión, ante el peligro de ser detenido arbitrariamente. Esta entrevista se hizo en México, durante la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, celebrada entre el 2 y el 4 de noviembre en paralelo con el Foro Social Mundial de las Migraciones.
—¿Cómo fue su detención cuando cubría el inicio del éxodo?
—Fui detenido en Guatemala durante cuatro días en un “albergue de Migración” que está en la zona 5 de la capital guatemalteca. Es una cárcel: me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y mis pertenencias, y me tenían bajo llave. Fui deportado a Honduras el viernes 19 de octubre. No tuve en Guatemala ninguna acusación criminal, la gente de Migración me acompañó hasta Tegucigalpa.
Al llegar al aeropuerto había como ocho oficiales de la policía nacional, y en un momento intentaron evitar que yo saliera. No sé si por temor, porque había mucha gente esperando, entre periodistas y amigos, o realmente querían llevarme detenido, pero lo hicieron al grito de “¡No lo dejen salir!”. Entró la gente y me arrebató, prácticamente, de las manos de la Policía.
—¿Por qué denuncia que se lo acusa sin pruebas?
—Antes de que fuera deportado a Honduras, la canciller de la república (María Dolores Agüero) hizo una conferencia de prensa en la que me menciona seis veces por cosas de las que no soy responsable y que además no son delitos. Me enteré, por otras vías, de que el gobierno llevó un expediente al Ministerio Público para que procediera en mi contra. Pero lo que llevaron fueron artículos de periódico, declaraciones de los mismos funcionarios de gobierno y capturas de pantallas de las redes sociales.
Sin embargo, yo sé que en Honduras la fiscalía no aplica la ley y no actúa con independencia, sino que recibe órdenes de la presidencia. Así tenemos más de cien compañeros que, por estar con una cacerola protestando tras el fraude electoral, están judicializados. No hay necesidad de que le aporten pruebas a un juez, si la fiscalía presenta eso y le dicen “mándelo a la cárcel”, me van a mandar.
—¿Hay arbitrariedades?
—Claro. Me van a tener dos años para después decirme que soy inocente, porque no van a poder probar nada. Para evitar eso salí del país, por recomendación del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Por medio de unos compañeros presentaré una querella contra la canciller Agüero, para que responda por sus declaraciones.
Si los funcionarios se atreven a decir en el tribunal que soy un coyote y un traficante, que se atengan a las consecuencias. Yo jamás le he cobrado a nadie por llevar a otra persona, no he sido coyote. Y si promoví o no la caravana, puede decirse que a lo mejor sí, por mis opiniones. Lo que yo escribí fue: “Migrantes, no se vayan solos”, porque tengo casi 20 años de estar viendo el sufrimiento de la gente. Los matan, los violan, llegan mutilados. El gobierno sólo presenta sus estadísticas, no lo inmuta nada de eso. A uno le toca vivir esos sufrimientos a diario, cuando las madres le preguntan a uno y le cuentan, o cuando están intentando repatriar un cuerpo. Son gente pobre, y les dicen que vayan a Tegucigalpa, cuando la gente no tiene ni para el pasaje.
—¿Va a pedir protección en México?
—Por ahora no pienso solicitar refugio ni asilo. Lo que quiero es regresar a Honduras con la garantía de que no voy a ser perseguido ni mandado a la cárcel. Que pare la campaña de odio que tiene el gobierno de manera directa a través de los medios que ellos pagan, pues. Es una criminalización terrible que pone en riesgo mi vida.
Yo no tengo poder económico, ni siquiera político. Ahora ya no soy funcionario, no soy nada. Pero la verdad es poderosa y la palabra dicha en favor de la justicia pega. Ellos ahora no pueden controlar la circulación de las ideas, porque están las redes sociales. Yo escribí en Facebook y ha servido.
Me siento perseguido, triste de estar lejos de mi familia, me da miedo en determinados momentos, pero no me paraliza. Cuando uno viene a este foro de gente de tantas partes del mundo que está luchando, no es momento de echarse para atrás. A pesar de lo que le toque vivir a uno, hay que ir para adelante. No nos podemos callar estas realidades.
Josué Enríquez es uno de esos seres humanos que lo único que quieren en la vida es tranquilidad y, para conseguirla, tiene un as bajo la manga, un as que le ha resultado infalible, incluso en los momentos de absoluta amargura: su sonrisa. Tiene 27 años y trabaja lavando autos en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Cuando le pregunto en qué consiste su tranquilidad me responde enseguida que en ser feliz. Le cuento que la palabra felicidad me parece muy complicada, y él –revelándome sus inagotables dientes– asegura: “Estados Unidos, hermano, mi felicidad está allá”.
En su tiempo libre, Josué acude como voluntario a la Casa del Migrante, de Tijuana. Allí hace lo que mande la ocasión: desde cambiar un bombillo, pintar una pared o colaborar en labores de limpieza, hasta resolver inconvenientes eléctricos y logísticos. Aunque ya no vive ahí, sigue yendo porque se siente muy agradecido. Dice que en el difícil viaje que le ha tocado asumir nunca fue tan bien tratado como cuando llegó al albergue.
Con lo poco que gana lavando autos, Josué cubre una ínfima parte de los gastos de su esposa y su hijo en El Salvador y, aparte, intenta ahorrar para cuando decida cruzar. ¿Por dónde? No sabe. “Por donde se pueda –insinúa sonriendo, y agrega: yo tengo una hermana en Los Ángeles que no veo hace 25 años. La idea sigue siendo llegar allá. Como sea.”
El 10 de julio de 2017 el hermano mayor de Josué fue obligado a servir de testigo en un concejo municipal organizado por la Mara Salvatrucha en La Libertad, un pequeño municipio costero ubicado a 30 quilómetros al occidente de la capital de El Salvador. Según Josué, en dicho concejo no sólo participaron pandilleros y civiles presionados, también concurrieron figuras de la administración pública y las fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño, con un objetivo puntual: negociar y repartir los territorios de dominio.
Un mes después, el 12 de agosto, Josué abandonaría el país. Su hermano fue amenazado de muerte por los mismos que lo habían obligado a presenciar lo que nunca debió presenciar. El ultimátum, de paso, intimidó a la familia entera que, sigilosamente y sin dudarlo, empezó a desplazarse a otras provincias del país. Josué fue el único que se animó a salir de El Salvador. Para eso renunció a la licenciatura en idiomas que cursaba, escondió a su esposa y su hijo de 2 años en un pueblo que no menciona, pidió 1.000 dólares prestados y persuadió a un sobrino suyo de 19 años de emprender la travesía hacia Estados Unidos.
* * *
“Al llegar a Tapachula conocimos a un comerciante de ropa que nos advirtió sobre los peligros de cruzar México. Ese señor fue lo mejor que nos pasó. Le caímos muy bien, tanto que mientras nosotros pensábamos en subirnos a La Bestia,1 él nos ofreció darnos una mano y llevarnos hasta Ciudad de México, encubiertos, en uno de sus vehículos. Cuando llegamos sólo teníamos lo que llevábamos puesto y, para no parecer mendigos, compramos ropa nueva. Hasta ahí, por suerte, no había gastado un solo dólar de los 1.000 que llevaba. Después nos fuimos a Hermosillo2 en camión. Allí conocimos a un guatemalteco que había vivido varios años en El Salvador. Él nos conectó con un ‘coyote’ en la frontera, en Nogales, que era seguro, ya que sólo se dedicaba a pasar gente sin robos ni mafias. Negociamos 700 dólares cada uno, por anticipado. Allá, además de nosotros dos, iban cuatro hondureños y siete guatemaltecos. El coyote nos dio una cartulina, que funcionaba como clave para cuando nos parara el Ejército o la Policía de México. Sólo teníamos que mostrarla y ya ellos sabían a qué veníamos y nos dejaban pasar sin problemas. Todo funciona como una red.
Compré víveres porque nos dijeron que caminaríamos varios días por el desierto. El coyote no quería que yo llevara esa maleta que pesaba unos diez quilos, pero lo convencí, porque no iba a pasar hambre, ni sed. Todos los demás sólo llevaban algunas botellas con agua y, por exigencia del coyote, iban vestidos de negro. Éramos diez personas. De seis a siete días de camino por el desierto. Sólo en la noche caminaríamos. Si algo llegaba a pasar con alguno de los pasajeros, todos los demás teníamos que seguir sin mirar atrás. Es decir, nadie era responsabilidad de nadie. En la noche hacía mucho frío y en el día las temperaturas eran muy pesadas y la arena se metía en los ojos. Una noche, entre unos arbustos, nos encontramos con los restos de una persona. Seguramente murió haciendo lo que nosotros hacíamos.
Después de ver eso, pasaron muchas horas de caminata triste, muda, hasta que un viejo rompió el silencio para pedir un poco de agua y limpiar las heridas de sus pies. Así cruzamos. A las afueras de Río Rico, Arizona, nos recibió un señor de Guatemala. Pasamos 22 días en su casa rodante. Ahí comíamos y dormíamos y sólo teníamos permiso de movernos para ir al baño. Esperábamos a que el coyote estuviera seguro de poder llevarnos a la ciudad de Tucson, pero eso nunca pasó. Un día el guatemalteco que nos hospedaba dijo que teníamos que irnos como pudiéramos, porque él ya no podía tenernos más tiempo ahí. Todos salimos esa misma noche. En Río Rico logré contactar a mi hermana y recibí su okay para llegar a Los Ángeles. Agarramos un autobús en dirección a Tucson a las 10 de la noche y, apenas nos subimos, me quedé dormido. Caí como una piedra. Yo creo que fue el cansancio acumulado el que me noqueó.
Como a la una de la mañana me cachetearon para que me despertara. Un tipo vestido de verde hablándome en inglés me pidió identificación. Yo saqué un documento falso que me habían dado en Nogales por si pasaba algo. El tipo no creyó nada. Se llevó la identificación y a los pocos minutos subió otro oficial, de apellido hispano, y me hizo bajar del bus, diciéndome que ese documento pertenecía a un mexicano que había sido asesinado en Texas años atrás. ‘Usted no es mexicano. Dígame de dónde es o le va a ir peor’, me dijo sujetándome del cuello. ‘La neta es que soy salvadoreño’, respondí con miedo. Ahí me subieron a la patrulla migratoria. Mucha mala suerte la mía, cruzar tranquilamente, como todos lo sueñan, y que me agarren el primer día que pude transitar libremente por Estados Unidos. Entonces ahí mismo nos esposaron a todos. Nos llevaron a un contenedor por diez días con unas 50 personas más, sin poder ver la luz del sol.
Un día me sacaron, con un grupo de 20 en el que no iba mi sobrino, y nos llevaron a un lugar en el que estuvimos siete días, hasta que la orden fue que nos llevaran a Houston, en donde pasamos otros 64 días encerrados con gente que esperaba la deportación. Estábamos hacinados y nos trataban como a criminales. Allí recibimos la visita del cónsul de mi país, y él nos trató mal, diciéndonos que qué chingadas íbamos a hacer allá, que no arrastráramos la miseria del país por el mundo y que menos mal que nos podían mandar directamente a El Salvador, porque a muchos latinos simplemente los dejan tirados a su suerte, en alguna frontera con México.
Entonces me deportaron. Volví sin un solo dólar y una bolsa con una muda de ropa sucia. En San Salvador pedí plata en la calle para poder ir al pueblo donde había dejado escondidos a mi esposa y a mi hijo. Ya en el pueblo no alcancé a durar ni una semana cuando decidí venirme para Tijuana con la ayuda de un amigo que me prestó 300 dólares. Volví a cruzar México y acá estoy, con la idea de pasar como sea. Un coyote me cobra 8 mil dólares para cruzarme desde el aeropuerto de Tijuana hasta el de San Diego. Sin riesgos de ningún tipo, ni desiertos ni nada de eso. Esa persona ya ayudó a cruzar a los hijos de mi hermana. Es seguro. Ella me dijo que me daba la mitad de lo que cobra el coyote. También me han dicho que contemple la posibilidad de pedir refugio acá en México, y así empezar a trabajar legalmente, pero yo no quiero, necesito ganar verdes para pagar los 1.300 que debo y ahorrar lo que necesito para cruzar.
Necesito hacer una nueva vida en Estados Unidos. Alcanzar la felicidad, mejor dicho. Yo no puedo estar en El Salvador, y aunque pueda estar en México no quiero. Si trabajo acá el dinero no me alcanza. Si intento pasar, saltando el muro o nadando por el mar o con el coyote de mi hermana, y me vuelven a agarrar, voy a intentarlo las veces que sea necesario. El Salvador, aunque es mi país, ya es historia en mi vida, y yo estoy mirando para el norte, donde está la plata y la realización de mis sueños. Ni siquiera teniendo dinero volvería, ni siquiera si se acabara la mara. El Salvador es la violencia hecha país. No me importa si mi esposa me deja por otro, lo único que realmente me interesa es mi hijo, y si cruzo me lo traigo, también, como sea.”
* * *
Josué no deja que fotografiemos su extensa sonrisa. Cree que una imagen suya, por ahí, dando vueltas, puede arruinarle sus planes. Nos indica, entonces, que le gustaría una foto que lo exhibiera esperando. Algo en lo que sin querer se ha especializado. Se pone de pie y, mostrándonos su espalda, se sumerge en un pasillo de la Casa del Migrante. La cámara dispara. Al ver la foto exclama: “¡Uy! De verdad parece que yo fuera un ilegal, pero no, sólo soy un indocumentado”. Y vuelve a sonreír.
Notas
1) Tren de carga que usan algunos inmigrantes para atravesar México de sur a norte, montados en el techo.
2) Capital del estado norteño de Sonora, limítrofe con Estados Unidos.
Fuente:
Frente a la presión de las autoridades por detenerla, la
primera caravana en llegar a Ciudad de México debate cómo seguir. La
situación desenmascaró la larga crisis que vive Honduras, donde la
violencia, la pobreza y el autoritarismo empujan a la gente a partir, y
la migración es el verdadero sostén de la economía nacional.Ya son cinco los grupos de migrantes que atraviesan México en caravana rumbo a Estados Unidos. Van a pie, “a jalón” de los camiones en la ruta o, cuando pueden pagarlo, en autobús. La Policía Federal dice que son 17 mil personas; 4 mil ya están en la capital mexicana. Es un éxodo.
La sangría de gente es apenas una muestra que permite intuir la profundidad de la crisis hondureña: servicios públicos devastados, salarios de chiste y un presidente impopular que simboliza un sistema opresivo con toda disidencia. “¡Fuera joh!”, gritan los migrantes al marchar, en referencia al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En este éxodo viaja gente de las dos ciudades principales de ese país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, de aldeas de las zonas rurales, y trabajadores de campo guatemaltecos. Los salvadoreños también están: se acercaron en grupos más pequeños y en su propia caravana. Hay familias enteras que han sido amenazadas en sus países de origen. Cuando los padres se sienten en peligro, no dejan a sus hijos atrás.
Otros ya estaban en México, pero como su trámite de refugio no avanzaba, las caravanas se transformaron en la manera obvia de subir al norte por un país peligroso, sin tener que pagar los costos del “pollero”, ni las extorsiones de la policía o la “migra”.
En varias oportunidades durante la sucesión actual de marchas migratorias el gobierno federal mostró el garrote, con represión o demoras en la ruta durante las horas más duras del sol mesoamericano. Aunque algunos gobiernos locales ofrecieron ayuda humanitaria, la respuesta solidaria de los pobladores que recibieron a los centroamericanos rebasó a la autoridad, en un despliegue de redes de ayuda y autoorganización como el ocurrido tras el sismo del 19 de setiembre de 2017. Los mexicanos tienen el migrar en la genética, y las respuestas xenófobas se mantienen confinadas a las redes sociales.
Antes de que la primera caravana saliera de Chiapas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el plan de contención Estás en tu Casa. Según sostuvo en un comunicado la coordinadora de los migrantes centroamericanos en México, la medida no ofrece nada distinto a lo que ya garantiza la legislación vigente, mientras reduce la posibilidad de solicitar refugio a los estados de Chiapas y Oaxaca. La respuesta del éxodo fue seguir caminando.
Los primeros miembros de estas caravanas que pidieron refugio en territorio mexicano fueron recluidos por el Instituto Nacional de Migración (Inm) en la Feria Mesoamericana de Tapachula durante más de dos semanas. El confinamiento duró hasta el 5 de noviembre, cuando se anunció el cierre del predio y se desalojó sin aviso previo ni planificación a unas 2 mil personas, según denunció la Misión de Observación del Éxodo Centroamericano en Chiapas, integrada por diversas organizaciones sociales.
Ahora el gran campo de refugiados está en Ciudad de México. La autoridad local armó lo que llama un “puente humanitario” para coordinar la ayuda, que concentró en un solo punto: el estadio Jesús Martínez, “Palillo”, ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, de la capital mexicana.
Arde Honduras
La primera vez que esta cronista cubrió la ruta migrante en México, los hondureños ya eran mayoría. Sentado bajo la pequeña línea de sombra del albergue de la ciudad chiapaneca de Palenque, un trabajador de la industria textil hondureña de 33 años trazó en 2015 los motivos que hay detrás de lo que ahora ocurre.
“La gente se ha rebelado en San Pedro, en Tegucigalpa, en Comayagua, pero ellos responden con su Policía Militar para gasear y golpear a las personas y luego hacen que los medios tarifados no publiquen cuando hay manifestaciones contra el gobierno”, explicó.
Recordó el golpe de Estado de 2009 y el posterior estado de sitio que duró seis meses –con toque de queda a partir de las 5 de la tarde–, los escándalos públicos de corrupción que fueron cebando el malestar entre la gente, los bajos salarios que ahogaron a los pocos que tenían trabajo: “1.500 lempiras (60 dólares) a la semana y explotados los siete días”.
“Cuando empezaron los movimientos, muchos nos quejamos. No han querido bloquear las redes sociales porque las usan para intimidarnos. En Facebook no se puede publicar cosas contra el gobierno”, contó el hondureño. Mencionó como ejemplo la persecución al periodista David Romero, quien luego sería condenado a diez años de prisión por difamación, tras revelar un millonario desfalco del oficialismo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En aquel entonces el hombre migraba a escondidas, porque el Plan Frontera Sur llevaba un año en pie y la ruta mexicana estaba llena de retenes de la migra. Todos los albergues, en su mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, ya anunciaban que las violaciones a los derechos humanos de la gente en tránsito se habían disparado, debido a la militarización sin pausa de los estados del sureste.
Es en ese marco que debe leerse el avance de las fuerzas armadas mexicanas sobre la frontera con Guatemala que se vio el pasado 19 de octubre en el río Suchiate, cuando ingresó el éxodo actual. Se trata de la culminación de un proceso represivo que ya lleva cuatro años y que busca cerrar la frontera sur de México hasta convertirla en el verdadero muro prometido por el presidente de Estados Unidos (véase Brecha, 26-X-18).
Entre quienes llegaron por estos días a Ciudad de México, una joven de 26 años del departamento hondureño de Yoro denunció lo mismo que aquel obrero: trabajo doméstico con cama –un día libre cada 15– por 1.500 lempiras la quincena. Ella tiene un hijo de 10 años que dejó con su madre y al que tiene que mantener.
“Honduras está atrapada en un círculo vicioso de bajo crecimiento debido a factores como la violencia, el escaso dinamismo de la economía y la debilidad institucional. Hay un agotamiento del sistema político tradicional hondureño, que no responde a las necesidades de la población”, analizó en entrevista con Brecha el economista Noé Pino.
Pino fue presidente del Banco Central de Honduras, ministro de Finanzas y embajador en Washington. Actualmente se desempeña como docente universitario. Según él, la migración que hoy vemos convertida en una situación dramática comenzó tras los efectos del huracán Mitch, en 1998.
La ola migratoria ha quedado registrada en las cifras de expulsión. “Si tomamos en cuenta la última década, Estados Unidos ha estado deportando entre 70 mil y 80 mil hondureños al año”, explicó Pino. “No nos debe extrañar lo que estamos viendo ahora. Se venía dando diariamente”, señaló el economista, y mencionó además que desde los últimos años México deporta una cantidad similar a la de su vecino del norte. Ahí se ve uno de los efectos del Programa Frontera Sur: en un año y medio –entre fines de 2016 y abril de 2018– México deportó a Centroamérica 60 mil niños y adolescentes, sin más proceso que una entrevista.
“Tenemos las cifras de las deportaciones, pero no sabemos cuánta gente se queda irregularmente en Estados Unidos, cuántos logran evadir la deportación”, agregó el experto. Esas personas son clave para Honduras, por el peso que ocupa en su economía el envío de dinero que hacen desde el exterior. “Se calcula que para 2018 vamos a recibir alrededor de 4.600 millones de dólares, lo que hace de las remesas la principal fuente de ingreso por exportaciones. Esto quiere decir, puesto en término muy gruesos y muy duros, que el principal producto de exportación de Honduras son las personas”, sostuvo Pino.
En ese sentido, el periodista y ex diputado opositor Bartolo Fuentes afirmó a Brecha: “Juan Orlando Hernández no tiene ningún interés en detener la migración. Lo que no quiere es que se haga pública, pero a él le gustaría que se fueran 50 mil para bajar la presión en el país”. Fuentes acaba de salir de Honduras por el temor a una detención arbitraria (véase “Persigan al mensajero”). El gobierno hondureño lo señala como el promotor de la caravana, algo que tanto él como otros integrantes del éxodo desmienten.
Cruzar México
Cuando atravesó el estado de Chiapas la primera de las actuales caravanas, el gobierno federal mandó a su policía y a agentes de Migración para “explicarle” la propuesta del presidente a la cabecera del éxodo. Los retuvo casi cinco horas sobre el asfalto caliente hasta que les permitió el paso. A la segunda caravana también le cerró el camino en el puente binacional Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, mientras la marina impedía el abordaje de la gente a las balsas. Los migrantes armaron un pasamano para cruzar, con sus hijos y sus cosas sobre la cabeza, mientras un helicóptero les volaba encima con el ruido ensordecedor de sus aspas.
En uno de los grupos grandes detenidos en la frontera vino un costarricense de 43 años que relató así a Brecha el cruce: “Salimos como 400 personas en una caravana de (la ciudad guatemalteca de) Tecún Umán, pero cinco quilómetros antes de entrar a Tapachula nos emboscaron y nos cayeron Migración y los federales, con cuatro buses adelante, las ‘trocas’ en que andan ellos, los antimotines. Nosotros nos agachamos y vino uno de los antimotines y comenzó a pegarle a un muchacho hondureño”. A ese siguieron otros golpes y “luego ya todo fue un desmadre”. En su mayoría quedaron detenidos. El hombre contó que sólo nueve pudieron escapar tras esconderse en un matorral cercano, y llegaron a Ciudad de México pagando transporte.
Junto a él, una muchacha flaquita comentó que había venido en autobús desde la localidad veracruzana de Acayucan. Por ese viaje pagó unos 600 pesos mexicanos (30 dólares). En conjunto con su hermano también pagaron el boleto de otra muchacha que viaja con un niño. Según dijo, en ese autobús “eran puros hondureños”, y explicó que ellos han pagado el transporte de buena parte de los trayectos que han recorrido.
De esos gastos también habló a Brecha Tomás González Castillo, un fraile que comanda el albergue La 72. “Una comida para 7 mil personas ¿quién la da? Hay una organización colectiva de los pueblos por donde van pasando, eso ya es un gasto enorme. Ahora, multiplícalo por dos o tres comidas al día. Es mucho dinero”, subrayó el sacerdote.
González Castillo contó que también ingresa gente por la zona donde trabaja, en la frontera del estado de Tabasco que da al Petén guatemalteco: “La mayoría entra por Tapachula, pero hay muchos que por ser rechazados están tomando nuestra ruta, por Tabasco. En el albergue, en diez días llegaron 1.500 personas. Es lo que habitualmente recibimos en un mes. Está migrando todo tipo de gente, pero en su mayoría son de Honduras”.
El fraile fue crítico con las nuevas autoridades que actúan en el tema. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el académico Tonatiuh Guillén estará al frente del Inm y que Andrés Ramírez Silva, un ex funcionario de Acnur, encabezará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. “El Inm está perdido. No creo que una persona pueda componer esto, por mucha voluntad política y buena intención que tenga. Están prometiendo demasiado, y creo que tienen que poner los pies sobre la tierra”, sostuvo González Castillo.
El religioso, un referente en el tema de la movilidad fronteriza, denunció que los propios agentes estatales atacan a los migrantes, les cobran por pasar y los extorsionan ofreciéndoles seguridad.
Pánico en Veracruz
Desde la noche del sábado 3 de noviembre hasta el momento de publicarse esta nota los miembros de la primera caravana vienen llegando a Ciudad de México con cuentagotas, en contraste con el impulso masivo con que lograron cruzar la frontera guatemalteca.
La situación, que agrava la vulnerabilidad de los migrantes, es en buena medida responsabilidad del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El 2 de noviembre Yunes había prometido 150 camiones para trasladar a los integrantes de la caravana desde la ciudad veracruzana de Sayula de Alemán hasta la capital mexicana. Dos horas más tarde el jerarca negó esa ayuda con el pretexto de que la Ciudad de México no tenía las condiciones para recibirlos.
La Misión de Observación del Éxodo Migrante en Veracruz denunció “la dispersión del éxodo en 300 quilómetros de ruta” de ese estado, “producto de la frustración, el desconcierto y la desesperación” provocadas por la acción del gobernador. Un miembro de esa organización de la sociedad civil relató a Brecha un panorama desolador, de “mucho caos”, luego de que la gente se lanzara a la carretera y recorriera los 70 quilómetros que separan Sayula de Alemán de Ciudad Isla, epicentro de una región de enorme peligro, donde son comunes las desapariciones forzadas y el accionar de las organizaciones criminales.
Los antecedentes violentos de la zona, que comprende el límite entre Veracruz y Oaxaca, por donde pasó la caravana, multiplicaron los titulares de prensa que decían que una parte de la gente había sido “secuestrada por camioneros y entregada al cartel de Los Zetas”. Aunque nadie ha podido confirmar ese extremo, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, alimentó los rumores al afirmar que tiene indicios de que entre 80 y 100 migrantes están desaparecidos. El funcionario dijo basar su denuncia en su propia impresión de lo ocurrido en la ruta y en testimonios que él mismo recogió.
En una entrevista radial (Radio Fórmula, 5-XI-18) Peimbert reconoció no tener cómo contactar a los denunciantes de esas supuestas desapariciones, por lo que no puede comprobar si ya se reencontraron con quienes buscaban. Tampoco ha dado nombres o fotografías de las personas faltantes, lo primero que se hace en casos de desaparición. Desde la Misión de Observación en Veracruz sostuvieron que no hay forma de dar una certeza absoluta del destino de cada uno de los migrantes que pasaron por ese estado.
A pesar de la irresponsabilidad de las autoridades, de haber menguado sus fuerzas tras padecer lluvias, lodazales y decenas de noches durmiendo en el suelo, y de saberse engañada por los gobernantes, la gente se las ha ingeniado para concentrarse por miles en la capital mexicana. La caravana decidirá en asamblea cómo continuar. Dicen que seguirán hacia el norte.
Tierra para todos
Mientras el éxodo se mueve por México, un pequeño grupo de mujeres centroamericanas entró al país por el paso fronterizo entre la localidad chiapaneca de Talismán y la aldea de El Carmen, en el departamento guatemalteco de San Marcos.
Conforman la 14ª Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos en México, que hacen lo que las autoridades no encaran: buscarlos. En este año, tres mujeres (una nicaragüense y dos hondureñas) se reencontraron con sus hijos, con quienes llevaban una década sin contacto.
Es el resultado de la alianza del Movimiento Migrante Mesoamericano (una organización mexicana) con los comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Al llegar a Ciudad de México, durante el Foro Mundial de las Migraciones, las mujeres de esta caravana participaron como la delegación centroamericana en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, y se reunieron con el otro polo migratorio: el que recorre el camino entre África y Europa.
Las mujeres que buscan a aquellos originarios de Túnez, Argelia, Senegal y Mauritania desaparecidos en los pasos hacia Italia y España expresaron su reconocimiento al avance de las centroamericanas para empujar la desidia oficial.
En los 14 años que lleva realizándose, la Caravana de Madres ha encontrado a 301 personas que estaban desaparecidas en México. Cada año las mujeres recaban pistas con un método sencillo: extienden las fotos de los miles que faltan a lo largo de las distintas rutas migratorias que existen en el país, y le piden a la gente de los pueblos que las miren y digan si reconocen a alguien. Así de sencillo.
Luego siguen esas pistas y se las entregan a la autoridad para sus búsquedas oficiales. También preguntan entre los que viven aquí y son de allá si tienen contacto con sus familias, o si desean que ellas las busquen.
Junto a mujeres como Fatma Kasraoui, que busca a su hijo Ramzi Walhasi desde 2011 –desaparecido al migrar junto a otros nueve jóvenes de su barrio tunecino–, y Souad ben Sassi, madre de Bader Msalmi –también desaparecido desde 2011, cuando salió hacia Italia–, llegó Imed Soltani.
A Soltani le faltan dos hermanos, Slim y Bethesen, que tenían 31 y 27 años al desaparecer en marzo de 2011. Además preside la organización La Terre pour Tous, de Túnez. Formalmente el Estado reconoce 504 personas desaparecidas, pero las madres cuentan 2 mil.
Gracias a la traducción de Yu, una de las voluntarias de la cumbre, Soltani dijo a Brecha en francés que son las madres quienes en realidad presiden la organización, y que él ocupa el cargo formalmente.
“Nuestro trabajo es contra las políticas de la Unión Europea y el sistema actual, en que los gobiernos funcionan como el coyote. Al mismo tiempo que empujan a estos jóvenes a salir, les ponen barreras. Son políticas que han construido muros contra las personas que se mueven”, afirmó.
Soltani sostuvo que estas organizaciones de madres de desaparecidos, que se han formalizado en el último año, son una forma de reclamar a los gobiernos por su responsabilidad en la desaparición de migrantes, “mostrarles lo que han ocasionado con sus políticas”.
Su preocupación y la de las madres de su organización son los campos de refugiados en Libia, donde se concentra a los migrantes en condiciones precarias y se busca impedir su salida hacia Europa.
“El problema con Libia es que el gobierno no funciona como tal, sino que hay muchas mafias a cargo. El gobierno de Italia y el de la Unión Europea han trabajado con esas mafias dándoles fondos para que bloqueen el tránsito de la gente”, dijo Soltani.
El propósito de La Terre pour Tous es realizar una caravana que salga de Túnez hasta esos campos de refugiados, como forma de pronunciarse contra estas políticas, según explicó el militante.
“Con esta cumbre mundial pudimos entender que las madres pueden contar unas con otras, que la voz de Túnez puede escucharse en México y la de México en Túnez. La solidaridad y reciprocidad es lo más importante que me llevo”, agregó.
Con Bartolo Fuentes: Persigan al mensajero
Eliana GiletDesde el 12 de octubre, medios y autoridades hondureñas acusan a Bartolo Fuentes de ser el promotor y organizador del éxodo migratorio que ha dejado al descubierto las carencias del gobierno liderado por Juan Orlando Hernández.
Además de periodista, Fuentes también fue diputado por el partido Libre, pero sostiene que hace tiempo dejó de tener poder político. En abril pasado se unió en México a la caravana organizada por Pueblo sin Fronteras, una organización de Estados Unidos que logró conseguir asilo en ese país para el 93 por ciento (347 de 401) de quienes marcharon en aquella ocasión.
El grupo asesoró a la gente sobre la ley migratoria estadounidense y disuadió de solicitar refugio a quienes no tenían el perfil para superar la entrevista “de miedo creíble”. Esta se trata de un interrogatorio hecho a cada persona que pide asilo en Estados Unidos, en el que la autoridad migratoria decide si creer o no que el solicitante ha sufrido persecución o torturas en su país de origen, y con base en ello lo acepta o lo deporta.
Fuentes trasmitió la caravana de abril y generó material para un programa de televisión llamado Los migrantes. Por el mismo motivo se sumó al grupo que salió el 12 de octubre desde San Pedro Sula: para trasmitir y acompañar a los que entonces se calculaba serían unos 500 hondureños. Un mes después, se estima que son más de 7 mil los que han entrado a México.
El ex diputado denuncia que sufre una criminalización contradictoria: lo acusan de cobrar a las personas como “coyote” y también de pagarles con dinero extranjero para que migren. Las autoridades –estadounidenses y hondureñas– lo vinculan con George Soros, con el gobierno de Venezuela, con los demócratas de Estados Unidos y con el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, quienes habrían depositado su autoridad en un solo periodista de un departamento del norte del país.
Fuentes salió de Honduras por sugerencia de una organización que protege la libertad de expresión, ante el peligro de ser detenido arbitrariamente. Esta entrevista se hizo en México, durante la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, celebrada entre el 2 y el 4 de noviembre en paralelo con el Foro Social Mundial de las Migraciones.
—¿Cómo fue su detención cuando cubría el inicio del éxodo?
—Fui detenido en Guatemala durante cuatro días en un “albergue de Migración” que está en la zona 5 de la capital guatemalteca. Es una cárcel: me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y mis pertenencias, y me tenían bajo llave. Fui deportado a Honduras el viernes 19 de octubre. No tuve en Guatemala ninguna acusación criminal, la gente de Migración me acompañó hasta Tegucigalpa.
Al llegar al aeropuerto había como ocho oficiales de la policía nacional, y en un momento intentaron evitar que yo saliera. No sé si por temor, porque había mucha gente esperando, entre periodistas y amigos, o realmente querían llevarme detenido, pero lo hicieron al grito de “¡No lo dejen salir!”. Entró la gente y me arrebató, prácticamente, de las manos de la Policía.
—¿Por qué denuncia que se lo acusa sin pruebas?
—Antes de que fuera deportado a Honduras, la canciller de la república (María Dolores Agüero) hizo una conferencia de prensa en la que me menciona seis veces por cosas de las que no soy responsable y que además no son delitos. Me enteré, por otras vías, de que el gobierno llevó un expediente al Ministerio Público para que procediera en mi contra. Pero lo que llevaron fueron artículos de periódico, declaraciones de los mismos funcionarios de gobierno y capturas de pantallas de las redes sociales.
Sin embargo, yo sé que en Honduras la fiscalía no aplica la ley y no actúa con independencia, sino que recibe órdenes de la presidencia. Así tenemos más de cien compañeros que, por estar con una cacerola protestando tras el fraude electoral, están judicializados. No hay necesidad de que le aporten pruebas a un juez, si la fiscalía presenta eso y le dicen “mándelo a la cárcel”, me van a mandar.
—¿Hay arbitrariedades?
—Claro. Me van a tener dos años para después decirme que soy inocente, porque no van a poder probar nada. Para evitar eso salí del país, por recomendación del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Por medio de unos compañeros presentaré una querella contra la canciller Agüero, para que responda por sus declaraciones.
Si los funcionarios se atreven a decir en el tribunal que soy un coyote y un traficante, que se atengan a las consecuencias. Yo jamás le he cobrado a nadie por llevar a otra persona, no he sido coyote. Y si promoví o no la caravana, puede decirse que a lo mejor sí, por mis opiniones. Lo que yo escribí fue: “Migrantes, no se vayan solos”, porque tengo casi 20 años de estar viendo el sufrimiento de la gente. Los matan, los violan, llegan mutilados. El gobierno sólo presenta sus estadísticas, no lo inmuta nada de eso. A uno le toca vivir esos sufrimientos a diario, cuando las madres le preguntan a uno y le cuentan, o cuando están intentando repatriar un cuerpo. Son gente pobre, y les dicen que vayan a Tegucigalpa, cuando la gente no tiene ni para el pasaje.
—¿Va a pedir protección en México?
—Por ahora no pienso solicitar refugio ni asilo. Lo que quiero es regresar a Honduras con la garantía de que no voy a ser perseguido ni mandado a la cárcel. Que pare la campaña de odio que tiene el gobierno de manera directa a través de los medios que ellos pagan, pues. Es una criminalización terrible que pone en riesgo mi vida.
Yo no tengo poder económico, ni siquiera político. Ahora ya no soy funcionario, no soy nada. Pero la verdad es poderosa y la palabra dicha en favor de la justicia pega. Ellos ahora no pueden controlar la circulación de las ideas, porque están las redes sociales. Yo escribí en Facebook y ha servido.
Me siento perseguido, triste de estar lejos de mi familia, me da miedo en determinados momentos, pero no me paraliza. Cuando uno viene a este foro de gente de tantas partes del mundo que está luchando, no es momento de echarse para atrás. A pesar de lo que le toque vivir a uno, hay que ir para adelante. No nos podemos callar estas realidades.
Un salvadoreño a las puertas de Estados Unidos: Relato de una huida
Giovanny Jaramillo Rojas, desde Tijuana, MéxicoJosué Enríquez es uno de esos seres humanos que lo único que quieren en la vida es tranquilidad y, para conseguirla, tiene un as bajo la manga, un as que le ha resultado infalible, incluso en los momentos de absoluta amargura: su sonrisa. Tiene 27 años y trabaja lavando autos en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Cuando le pregunto en qué consiste su tranquilidad me responde enseguida que en ser feliz. Le cuento que la palabra felicidad me parece muy complicada, y él –revelándome sus inagotables dientes– asegura: “Estados Unidos, hermano, mi felicidad está allá”.
En su tiempo libre, Josué acude como voluntario a la Casa del Migrante, de Tijuana. Allí hace lo que mande la ocasión: desde cambiar un bombillo, pintar una pared o colaborar en labores de limpieza, hasta resolver inconvenientes eléctricos y logísticos. Aunque ya no vive ahí, sigue yendo porque se siente muy agradecido. Dice que en el difícil viaje que le ha tocado asumir nunca fue tan bien tratado como cuando llegó al albergue.
Con lo poco que gana lavando autos, Josué cubre una ínfima parte de los gastos de su esposa y su hijo en El Salvador y, aparte, intenta ahorrar para cuando decida cruzar. ¿Por dónde? No sabe. “Por donde se pueda –insinúa sonriendo, y agrega: yo tengo una hermana en Los Ángeles que no veo hace 25 años. La idea sigue siendo llegar allá. Como sea.”
El 10 de julio de 2017 el hermano mayor de Josué fue obligado a servir de testigo en un concejo municipal organizado por la Mara Salvatrucha en La Libertad, un pequeño municipio costero ubicado a 30 quilómetros al occidente de la capital de El Salvador. Según Josué, en dicho concejo no sólo participaron pandilleros y civiles presionados, también concurrieron figuras de la administración pública y las fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño, con un objetivo puntual: negociar y repartir los territorios de dominio.
Un mes después, el 12 de agosto, Josué abandonaría el país. Su hermano fue amenazado de muerte por los mismos que lo habían obligado a presenciar lo que nunca debió presenciar. El ultimátum, de paso, intimidó a la familia entera que, sigilosamente y sin dudarlo, empezó a desplazarse a otras provincias del país. Josué fue el único que se animó a salir de El Salvador. Para eso renunció a la licenciatura en idiomas que cursaba, escondió a su esposa y su hijo de 2 años en un pueblo que no menciona, pidió 1.000 dólares prestados y persuadió a un sobrino suyo de 19 años de emprender la travesía hacia Estados Unidos.
* * *
“Al llegar a Tapachula conocimos a un comerciante de ropa que nos advirtió sobre los peligros de cruzar México. Ese señor fue lo mejor que nos pasó. Le caímos muy bien, tanto que mientras nosotros pensábamos en subirnos a La Bestia,1 él nos ofreció darnos una mano y llevarnos hasta Ciudad de México, encubiertos, en uno de sus vehículos. Cuando llegamos sólo teníamos lo que llevábamos puesto y, para no parecer mendigos, compramos ropa nueva. Hasta ahí, por suerte, no había gastado un solo dólar de los 1.000 que llevaba. Después nos fuimos a Hermosillo2 en camión. Allí conocimos a un guatemalteco que había vivido varios años en El Salvador. Él nos conectó con un ‘coyote’ en la frontera, en Nogales, que era seguro, ya que sólo se dedicaba a pasar gente sin robos ni mafias. Negociamos 700 dólares cada uno, por anticipado. Allá, además de nosotros dos, iban cuatro hondureños y siete guatemaltecos. El coyote nos dio una cartulina, que funcionaba como clave para cuando nos parara el Ejército o la Policía de México. Sólo teníamos que mostrarla y ya ellos sabían a qué veníamos y nos dejaban pasar sin problemas. Todo funciona como una red.
Compré víveres porque nos dijeron que caminaríamos varios días por el desierto. El coyote no quería que yo llevara esa maleta que pesaba unos diez quilos, pero lo convencí, porque no iba a pasar hambre, ni sed. Todos los demás sólo llevaban algunas botellas con agua y, por exigencia del coyote, iban vestidos de negro. Éramos diez personas. De seis a siete días de camino por el desierto. Sólo en la noche caminaríamos. Si algo llegaba a pasar con alguno de los pasajeros, todos los demás teníamos que seguir sin mirar atrás. Es decir, nadie era responsabilidad de nadie. En la noche hacía mucho frío y en el día las temperaturas eran muy pesadas y la arena se metía en los ojos. Una noche, entre unos arbustos, nos encontramos con los restos de una persona. Seguramente murió haciendo lo que nosotros hacíamos.
Después de ver eso, pasaron muchas horas de caminata triste, muda, hasta que un viejo rompió el silencio para pedir un poco de agua y limpiar las heridas de sus pies. Así cruzamos. A las afueras de Río Rico, Arizona, nos recibió un señor de Guatemala. Pasamos 22 días en su casa rodante. Ahí comíamos y dormíamos y sólo teníamos permiso de movernos para ir al baño. Esperábamos a que el coyote estuviera seguro de poder llevarnos a la ciudad de Tucson, pero eso nunca pasó. Un día el guatemalteco que nos hospedaba dijo que teníamos que irnos como pudiéramos, porque él ya no podía tenernos más tiempo ahí. Todos salimos esa misma noche. En Río Rico logré contactar a mi hermana y recibí su okay para llegar a Los Ángeles. Agarramos un autobús en dirección a Tucson a las 10 de la noche y, apenas nos subimos, me quedé dormido. Caí como una piedra. Yo creo que fue el cansancio acumulado el que me noqueó.
Como a la una de la mañana me cachetearon para que me despertara. Un tipo vestido de verde hablándome en inglés me pidió identificación. Yo saqué un documento falso que me habían dado en Nogales por si pasaba algo. El tipo no creyó nada. Se llevó la identificación y a los pocos minutos subió otro oficial, de apellido hispano, y me hizo bajar del bus, diciéndome que ese documento pertenecía a un mexicano que había sido asesinado en Texas años atrás. ‘Usted no es mexicano. Dígame de dónde es o le va a ir peor’, me dijo sujetándome del cuello. ‘La neta es que soy salvadoreño’, respondí con miedo. Ahí me subieron a la patrulla migratoria. Mucha mala suerte la mía, cruzar tranquilamente, como todos lo sueñan, y que me agarren el primer día que pude transitar libremente por Estados Unidos. Entonces ahí mismo nos esposaron a todos. Nos llevaron a un contenedor por diez días con unas 50 personas más, sin poder ver la luz del sol.
Un día me sacaron, con un grupo de 20 en el que no iba mi sobrino, y nos llevaron a un lugar en el que estuvimos siete días, hasta que la orden fue que nos llevaran a Houston, en donde pasamos otros 64 días encerrados con gente que esperaba la deportación. Estábamos hacinados y nos trataban como a criminales. Allí recibimos la visita del cónsul de mi país, y él nos trató mal, diciéndonos que qué chingadas íbamos a hacer allá, que no arrastráramos la miseria del país por el mundo y que menos mal que nos podían mandar directamente a El Salvador, porque a muchos latinos simplemente los dejan tirados a su suerte, en alguna frontera con México.
Entonces me deportaron. Volví sin un solo dólar y una bolsa con una muda de ropa sucia. En San Salvador pedí plata en la calle para poder ir al pueblo donde había dejado escondidos a mi esposa y a mi hijo. Ya en el pueblo no alcancé a durar ni una semana cuando decidí venirme para Tijuana con la ayuda de un amigo que me prestó 300 dólares. Volví a cruzar México y acá estoy, con la idea de pasar como sea. Un coyote me cobra 8 mil dólares para cruzarme desde el aeropuerto de Tijuana hasta el de San Diego. Sin riesgos de ningún tipo, ni desiertos ni nada de eso. Esa persona ya ayudó a cruzar a los hijos de mi hermana. Es seguro. Ella me dijo que me daba la mitad de lo que cobra el coyote. También me han dicho que contemple la posibilidad de pedir refugio acá en México, y así empezar a trabajar legalmente, pero yo no quiero, necesito ganar verdes para pagar los 1.300 que debo y ahorrar lo que necesito para cruzar.
Necesito hacer una nueva vida en Estados Unidos. Alcanzar la felicidad, mejor dicho. Yo no puedo estar en El Salvador, y aunque pueda estar en México no quiero. Si trabajo acá el dinero no me alcanza. Si intento pasar, saltando el muro o nadando por el mar o con el coyote de mi hermana, y me vuelven a agarrar, voy a intentarlo las veces que sea necesario. El Salvador, aunque es mi país, ya es historia en mi vida, y yo estoy mirando para el norte, donde está la plata y la realización de mis sueños. Ni siquiera teniendo dinero volvería, ni siquiera si se acabara la mara. El Salvador es la violencia hecha país. No me importa si mi esposa me deja por otro, lo único que realmente me interesa es mi hijo, y si cruzo me lo traigo, también, como sea.”
* * *
Josué no deja que fotografiemos su extensa sonrisa. Cree que una imagen suya, por ahí, dando vueltas, puede arruinarle sus planes. Nos indica, entonces, que le gustaría una foto que lo exhibiera esperando. Algo en lo que sin querer se ha especializado. Se pone de pie y, mostrándonos su espalda, se sumerge en un pasillo de la Casa del Migrante. La cámara dispara. Al ver la foto exclama: “¡Uy! De verdad parece que yo fuera un ilegal, pero no, sólo soy un indocumentado”. Y vuelve a sonreír.
Notas
1) Tren de carga que usan algunos inmigrantes para atravesar México de sur a norte, montados en el techo.
2) Capital del estado norteño de Sonora, limítrofe con Estados Unidos.
https://brecha.com.uy/, 9 de noviembre de 2018
MUERE MIGRANTE HONDUREÑO EN MÉXICO TRAS SER ATROPELLADO
Un
migrante hondureño de unos 17 años falleció tras ser atropellado por un
vehículo no identificado en la carretera que une a las ciudades de
Mexicali y Tijuana, según reporte policial, el conductor se dio a la
fuga, informó la agencia de información mediática RT.Por otro lado, la Secretaría de Salud del estado informó que otro menor de 17, también hondureño, que ingresó al Hospital General de Tijuana (HGT) la madrugada del 14 de noviembre, con diagnóstico de neumonía química por broncoaspiración, murió ayer después de siete días hospitalizado.
Agencias / EL LIBERTADOR
Tijuana. La
noche del martes, un migrante hondureño de unos 17 años falleció tras
ser atropellado por un vehículo no identificado en la carretera que une a
las ciudades de Mexicali y Tijuana (norte de México), informó la
Policía federal mexicana.
Según
el reporte policial, el joven habría caminado de forma no apropiada en
el tramo de La Rumorosa, cerca de la caseta de cobro del peaje, y tras
ser embestido murió de manera instantánea. El conductor del vehículo no
se detuvo y hasta el momento no ha sido detenido.
La
Policía mexicana supone que la víctima formaba parte de la caravana de
migrantes que desde la mañana del mismo día estaba caminando hacia la
frontera de Tijuana con EE.UU., el occiso, según el periódico Excelsior
responde al nombre de Oscar Baduel Cruz.
Este
rotativo, informó que el joven formaba parte de un grupo de 600
miembros del éxodo migrante, que no recibió recursos de ayuda en
mexicalí, por esa razón partieron rumbo a Tijuana desde la mañana del
martes, en el suceso, su madre fue testigo del accidente.
En
Mexicali aún permanecen otros 900 hondureños de un total de mil 500,
mientras que en Tijuana suman ya 4 mil extranjeros que esperan fecha
para poder iniciar los trámites de asilo ante las autoridades
migratorias de Estados Unidos.
Por
otro lado, la Secretaría de Salud del estado informó que el menor de 17
años de origen hondureño, que ingresó al Hospital General de Tijuana
(HGT) la madrugada del 14 de noviembre, con diagnóstico de neumonía
química por broncoaspiración, infección en vías urinarias y probable
intoxicación por sustancias ilícitas, falleció el miércoles, después de
siete días hospitalizado, producto de un síndrome pos paro
cardiorrespiratorio; ya presentaba muerte cerebral secundaria a
encefalopatía anoxoisquémica.
El
Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana, Óscar Ginera,
explicó que durante su estancia en el Servicio de Urgencias del HGT, se
realizaron los estudios correspondientes para determinar sus patologías y
manejo de las mismas, con lo que se confirmó el consumo de enervantes y
consecuentemente daño severo neurológico.
Al
menos seis hondureños seis hondureños han perdido la vida en su afán
por buscar un asilo en EE.UU. o México, ya que no consideran habitable
la tierra que los vio nacer.
Casa Alianza: En octubre se registraron 74 muertes violentas de jóvenes
Si se comparan las muertes violentas de octubre (50 casos) con las de septiembre (44 casos) se registra un aumento de 6 casos.
Tegucigalpa.- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que sólo en el mes de octubre del año en curso, se han registrado 74 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante octubre los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 155 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 140 fueron del sexo masculino y 15 del sexo femenino.
De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza – Honduras, 74 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 47.7 por ciento de las víctimas.
Un 70.3 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas alcanzaron el 22.4 por ciento, las provocadas por un objeto contuso con el 2.5%, y finalmente las producidas por asfixia o estrangulación con el 4.5%.
En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para octubre se registró un total de 50 casos, de los cuales, 43 corresponden al sexo masculino y 7 al sexo femenino.
De los 50 casos registrados en octubre, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 82%, seguida por las causas no determinadas con el 6%, las producidas por arma blanca con el 2%, la asfixia por estrangulamiento con el 10%.
Si se comparan las muertes violentas de octubre (50 casos) con las de septiembre (44 casos) se registra un aumento de 6 casos.
Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante octubre, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 3 matanzas, detalla el informe de Casa Alianza-Honduras.
Casa Alianza asegura que de acuerdo al monitoreo realizado en el periodo comprendido entre enero de 2016 a octubre de 2018, los medios de comunicación escrita del país registraron un total de 181 matanzas con un saldo de 652 decesos.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son: El Distrito Central con 14, y Choloma con 10 casos.
Entretanto los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son: Francisco Morazán y Cortés con 15 y 22 casos respectivamente. Entre los dos departamentos concentran el 72% de los sucesos a nivel nacional.
Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en octubre se contabilizaron 12 sucesos, diez de ellos de sexo masculino y dos de sexo femenino, 1 persona pertenecía a menores de 23 años y se identificó de sexo femenino.
De la información recopilada durante octubre, en el 90% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.
En el régimen de JOH se han registrado 3 mil 622 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.
Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y octubre de 2018 se han registrado en el país 12,736 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los cincuenta y siete meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,622 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido, destaca el informe de casa Alianza-Honduras.
Ardió Choluteca: Una periodista, un diputado y una mujer embarazada fueron atacados por la policía
Wednesday, 21 November 2018 23:46 Written by wilmer Paz C. Published in Denuncia
Policías dispararon bala viva,
chocaron contra el vehículo de una periodista y golpearon varias
personas, mientras en el reporte policial solamente aparecen policías
heridos
Foto:El Informador
Caótica
la situación que se vivió Choluteca este 21 de noviembre de 2018, en
medio de llamas, disparos, heridos, gas lacrimógeno y cortes de energía
eléctrica provocados por la represión impuesta por aparatos de seguridad
del Estado a pobladores que se manifestaban en las cercanías del lugar
donde está reunido el pleno de diputados, en el marco de la realización
del llamado Congreso móvil que la directiva del Poder Legislativo
programó para realizarlo en aquella ciudad del sur del país.
Melissa Hernández periodista de aquella localidad informó a
pasosdeanimalgrande.com que la situación es desesperante dado que en
medio del caos provocado por la represión policial las autoridades
decidieron cerrar todos los accesos a la ciudad de Choluteca nadie puede
entrar ni salir de la ciudad, han cortado la energía eléctrica en los
barrios bravos, denominación local para las zonas que más intensifican
los actos de protesta
Se
reportan hasta los momentos en la zona 6 personas civiles heridas, uno
de ellos es un niño de 12 años a quien se informó fue impactado de bala
por un miembro de la policía, el menor se encuentra en estado grave,
todos tuvieron que ser trasladados hacia la cercana ciudad de San
Lorenzo, dado que según se supo, el Hospital de Choluteca no cuenta con
insumos para atender estos casos de gravedad.
La
periodista Elizabeth Zúniga resultó herida cuando una patrulla que se
conducía a toda velocidad y en contravía envistió su vehículo. La
comunicadora reprocha la actitud de los directivos del Congreso Nacional
quienes en total conocimiento que la ciudad de Choluteca está
convertida en un bastión de protestas desde las pasadas elecciones
generales, llegan a hacer este tipo de actos que resultan repudiables
para la población del sur, “en esta ciudad la gran mayoría de las
personas están indignadas con todo lo que huela a gobierno
definitivamente considero es un error que vengan a hacer el congreso en
medio de tanta animadversión”,
Asimismo el Diputado suplente Darío Morán fue víctima de la represión policial mientras grababa imágenes con su celular.
Zúniga
dijo que otra las situaciones que enardeció el ánimo de la gente es que
en un acto de abuso de poder los diputados mandaron a cerrar los
accesos a la ciudad impidiendo al paso de las personas comunes, del
comercio y del turismo.
“El
puente Sobre el Rio Choluteca está cerrado y esto provocó hoy un
terrible congestionamiento vial e incomodidad en la ciudadanía. También
ha molestado que hoy los delincuentes hicieron de las suyas porque todos
los efectivos militares estaban destacados en la protección de este
evento público, mientras tanto la ciudad sucumbía en manos de la
delincuencia”, argumentó.
Considera esta acción legislativa como una afrenta
Melissa Hernández
consideró “una afrenta” la instalación de dicho Congreso en ese lugar
“porque a sabiendas que aquí la gente sale todos los miércoles y sábados
a protestar, vienen a provocar este tipo de reacción en la población.
Aquí la gente está indignada por el fraude electoral, los abusos de la
EEH, el Hospital del Sur abandonado, entre otras cosas y tienen la
osadía de presentarse haciendo este acto, es inaudito, recalcó.A su vez la reportera indicó que estos actos de la policía no son extraños para la gente, “ya los conocemos y esto sucede cada vez que pierden el control de la situación, cometen una serie de ligerezas, por ejemplo cuando los altos mandos les llaman la atención por su incapacidad para controlar la situación, los agentes se molestan y empiezan a tirarle los carros a los manifestantes, los agreden físicamente, lanzan bala viva, hoy golpearon a una muchacha embarazada de siete meses de gestación.
Mauricio Oliva es el único responsable del caos
“Yo responsabilizo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva,
por todos los daños y las vidas que se pierdan hoy, porque él sabe que
no es profeta en su tierra y conoce de sobra la situación de Choluteca,
él sabe que su gobernador es repudiado, los empleados puestos por el
gobierno son también repudiados y salen de aquí a las 12 porque saben
que la gente sale a las 2:00 pm a manifestarse y les tienen miedo.
Sabiendo esto no sé porque viene a provocar a esta gente que está
indignada por tanta miseria fomentada desde ese Congreso y vienen a
restregarle a la población todo el gasto que representa este acto”,
agregó.
Por
si la encerrona en la ciudad fuera poco las autoridades tienen en este
momento sin energía eléctrica a los barrios El Porvenir, Santa Lucia,
San Jorge, San Juan Bosco, los Graneros, de estos sectores provienen las
personas más persistentes en las protestas, al cortarles la energía
detonaron el malestar en ellos, hay quema de llantas por todos lados,
barricadas y la gente corría de un lado a otro.
Heridos y golpeados en segundo día de protestas en Choluteca, mientras pastor denuncia que policía le disparó bala viva
Wednesday, 21 November 2018 23:00 Written by Dina Meza Published in Denuncia
El pastor Héctor Osorto denunció que la policía TIGRES y militares
le lanzaron bombas lacrimógenas cuando iba en su carro y después le
dispararon bala viva, cuando se acercaba para hablar a través de unos
altoparlantes para ser escuchado por el presidente del Congreso
Nacional, en las protestas de este 21 de noviembre de 2018, en
Choluteca, al Sur de Honduras.
Desde la noche del martes 20 de noviembre de 2018 se han movilizado
centenares de manifestantes para repudiar la presencia del presidente
del parlamento hondureño que llevó un congreso móvil a la ciudad de
Choluteca, lo que ha sido considerado como una afrenta al pueblo del Sur
que se manifiesta todos los miércoles y sábado para protestar contra la
corrupción, la violencia contra la ciudadanía y la ilegal reelección
del actual mandatario Juan Orlando Hernández.
Desde noviembre de 2017 hay un movimiento de protesta que el gobierno no ha podido detener ni con represión y la movilización de todo el aparataje de inteligencia al sector cuyas movilizaciones causan enojo al gobierno del Partido Nacional y han señalado que deben desactivarse dichas manifestaciones.
Los temas retomados para las protestas recién pasadas es lo referente a 23 concesiones para energía a empresas que las tendrán durante 50 años, las cuales fueron aprobadas en el 2013. La población está muy molesta porque no les consultaron. Asimismo hay proyectos mineros a cielo abierto. Asimismo las protestan van contra los cobros exagerados de la Empresa Energía Honduras, EEH y los cobros en el Hospital del Sur que ha dejado fuera a quienes no pueden pagar la atención médica.
Este miércoles 21 de noviembre de 2018 las calles estaban totalmente militarizadas con el objetivo de impedir las protestas, pero el fastidio ante tanta ilegalidad hizo que la gente no se detuviera para realizar la movilización acostumbrada agregado a acciones en contra la presencia de Mauricio Oliva.
Desde las 10 de la mañana de este mismo día un grupo de manifestantes llegaron a protestar frente al puente colgante que estaba militarizado, con antimotines, policías de Fuerzas Especiales y una tanqueta. Los cuerpos represivos del Estado lanzaron gases lacrimógenos en contra de quienes protestaban.
A eso de las tres y treinta de la tarde decenas de personas llegaron a manifestarse y fueron reprimidas lanzándoles bombas lacrimógenas, durando varias horas las protestas, pero lejos de dispersar a la gente se unieron más, resultando después varios heridos entre ellos nueve policías y un joven de 20 años.
El diputado Darío Morán del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue golpeado por la policía, éste interpuso la denuncia correspondiente.
Mientras la policía departamental del sector informó en un comunicado de prensa de más de cinco policías fueron heridos, sin incluir a los civiles afectados, entre ellos figuraba un hombre que vendía paletas cuando la represión policial militar se vino encima.
El diputado y periodista Rony Martínez informó en vivo sobre la represión y dijo que había una gran cantidad de gases lacrimógenos y que después la policía se dedicó a borrar la evidencia de los disparos con bala viva que hicieron al momento de reprimir la protesta pacífica.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas señalan que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”, sin embargo esa disposición internacional es violentada continuamente por los aparatos armados del Estado de Honduras.
Policías tiraban a matarme
El pastor Héctor Osorto, quien se ha unido a las protestas debido a
la muerte de su madre quien falleció por mala praxis en el Hospital del
Sur, el 06 de septiembre pasado, relató c+omo fue atacado alevosamente
por la policía y el ejército.
“Yo andaba solo en la manifestación, andaba con un parlante y quería que el doctor Mauricio Oliva me escuchara, por lo que me acerqué al Parque Valle, cerca de la Policía Preventiva, pero los policías TIGRES y militares me lanzaron bombas lacrimógenas y también me dispararon bala viva, fue terrible pensé que me iban a matar, por lo tanto responsabilizo a la policía porque tiran a matar a los seres humanos, si algo le pasa a mi familia y a mí responsabilizo a la policía”, denunció el afectado.
El pastor Osorto conducía un automóvil parecido al del periodista Jairo López quien ha sufrido también varios eventos represivos y actualmente enfrenta un juicio por daños contra la Empresa Energía Honduras, después de que fuera secuestrado por policías que no le informaron de su arresto y orden de captura al momento de llevárselo por la fuerza de su casa, el pasado 10 de noviembre, por lo que podría parecer sospechoso de que los policías que dispararon se equivocaron de objetivo.
Desde noviembre de 2017 hay un movimiento de protesta que el gobierno no ha podido detener ni con represión y la movilización de todo el aparataje de inteligencia al sector cuyas movilizaciones causan enojo al gobierno del Partido Nacional y han señalado que deben desactivarse dichas manifestaciones.
Los temas retomados para las protestas recién pasadas es lo referente a 23 concesiones para energía a empresas que las tendrán durante 50 años, las cuales fueron aprobadas en el 2013. La población está muy molesta porque no les consultaron. Asimismo hay proyectos mineros a cielo abierto. Asimismo las protestan van contra los cobros exagerados de la Empresa Energía Honduras, EEH y los cobros en el Hospital del Sur que ha dejado fuera a quienes no pueden pagar la atención médica.
Este miércoles 21 de noviembre de 2018 las calles estaban totalmente militarizadas con el objetivo de impedir las protestas, pero el fastidio ante tanta ilegalidad hizo que la gente no se detuviera para realizar la movilización acostumbrada agregado a acciones en contra la presencia de Mauricio Oliva.
Desde las 10 de la mañana de este mismo día un grupo de manifestantes llegaron a protestar frente al puente colgante que estaba militarizado, con antimotines, policías de Fuerzas Especiales y una tanqueta. Los cuerpos represivos del Estado lanzaron gases lacrimógenos en contra de quienes protestaban.
A eso de las tres y treinta de la tarde decenas de personas llegaron a manifestarse y fueron reprimidas lanzándoles bombas lacrimógenas, durando varias horas las protestas, pero lejos de dispersar a la gente se unieron más, resultando después varios heridos entre ellos nueve policías y un joven de 20 años.
El diputado Darío Morán del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue golpeado por la policía, éste interpuso la denuncia correspondiente.
Mientras la policía departamental del sector informó en un comunicado de prensa de más de cinco policías fueron heridos, sin incluir a los civiles afectados, entre ellos figuraba un hombre que vendía paletas cuando la represión policial militar se vino encima.
El diputado y periodista Rony Martínez informó en vivo sobre la represión y dijo que había una gran cantidad de gases lacrimógenos y que después la policía se dedicó a borrar la evidencia de los disparos con bala viva que hicieron al momento de reprimir la protesta pacífica.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas señalan que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”, sin embargo esa disposición internacional es violentada continuamente por los aparatos armados del Estado de Honduras.
Policías tiraban a matarme
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“Yo andaba solo en la manifestación, andaba con un parlante y quería que el doctor Mauricio Oliva me escuchara, por lo que me acerqué al Parque Valle, cerca de la Policía Preventiva, pero los policías TIGRES y militares me lanzaron bombas lacrimógenas y también me dispararon bala viva, fue terrible pensé que me iban a matar, por lo tanto responsabilizo a la policía porque tiran a matar a los seres humanos, si algo le pasa a mi familia y a mí responsabilizo a la policía”, denunció el afectado.
El pastor Osorto conducía un automóvil parecido al del periodista Jairo López quien ha sufrido también varios eventos represivos y actualmente enfrenta un juicio por daños contra la Empresa Energía Honduras, después de que fuera secuestrado por policías que no le informaron de su arresto y orden de captura al momento de llevárselo por la fuerza de su casa, el pasado 10 de noviembre, por lo que podría parecer sospechoso de que los policías que dispararon se equivocaron de objetivo.
Redehsur documenta violaciones a derechos humanos en Choluteca
Por: Sandra Rodríguez
Choluteca, Choluteca. –
Persecución, vigilancia, falsos perfiles entre otras acciones
intimidatorias, documentó la Red de Defensores de Derechos Humanos del
Sur del país (REDEHSUR), este día en Choluteca a varias personas que
participan en protestas sociales contra el régimen desde hace un año.
Sin duda, el imponer temor entre la
población de parte de la policía y militares hace impacto entre sus
víctimas, quienes no denuncian ante las autoridades porque temen que
sean los mismos que los persiguen.
Las protestas van dirigidas por los
abusos de poder, alto cobro de la energía eléctrica y desde ayer, por la
instalación del Congreso Móvil, sesión que realiza el Poder Legislativo
fuera de la sede en Tegucigalpa.
La manifestación organizada por el grupo
ciudadano ha estado en los lugares donde se agendó las actividades de
los parlamentarios, y desde anoche se cerró el paso principal en el
puente de Choluteca, desviando el tráfico por el puente Sol Naciente, ya
que el primero está vigilado por la policía preventiva y de tránsito.
En
horas de la noche nuevamente los pobladores fueron al puente, que es un
estilo similar al Golden Gate Bridge, de California, Estados Unidos. La
obra hondureña fue construida durante la dictadura del nacionalista
Tiburcio Carías Andino, y declarado Patrimonio Nacional a iniciativa del
también nacionalista Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y
nativo de Choluteca.
Cerca del puente Choluteca o “Carías”
está el hotel donde los diputados sesionan y afuera un ataque con gases
lacrimógenos y disparos que, según la REDEHSUR dejó dos menores de edad
heridos de bala quienes fueron llevados al Hospital del Sur, y un menor
detenido.
La REDEHSUR también denunció que la policía se ensañó con un vendedor de paletas (helados), quien responde al nombre de Martín Ramírez,
él fue golpeado por elementos de la Policía Nacional, en la entrada de
la ciudad y le lanzaron gases lacrimógenos. En un video difundido en
redes sociales el señor de edad avanzada muestra los golpes en el
costado de su espalda.
Defensoras de derechos humanos de
diferentes organizaciones acompañaron a estas nuevas víctimas de la
represión a la protesta social de parte de policías y militares, que
cerraron el paso de la vía púnica porque en la entrada de la ciudad
sesionaba el Congreso Nacional, y para los manifestantes era una
oportunidad de expresar su descontento al régimen de Hernández.
Parte del trabajo de la REDEHSUR desde
su creación en el 2012, es la documentación, acompañamiento y asesoría
en casos de violaciones a los derechos humanos y según lo requiera la
víctima, informó la abogada Cinthia Turcios, del Área de Acceso a la
Justicia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), organización que acompaña a la Red en el sur de los
departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
Procesos contra campesinos
Mientras
que, en Isla de Tigre, Amapala, se llevaba a cabo la audiencia inicial
contra cuatro defensores/as por el derecho a la tierra en Zacate Grande:
Oneida González, Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y Jacinto Hernández.
Allan Torres, integrante de la REDEHSUR,
y representante de la Asociación por el Desarrollo de la Península de
Zacate Grande, se movilizó hasta el Juzgado de Letras de Amapala, e
informó que, según las conclusiones, el Ministerio Público solicitó
sobreseimiento definitivo para doña Veneranda Cruz, y orden de captura
ante la ampliación del requerimiento por daños contra el defensor de
ddhh de miembro de la REDEHSUR y ADEPZA Abel Pérez, Santos Hernández y
su compañera de hogar María Concepción Martínez, en perjuicio de
empleados del terrateniente Jorge Luis Cassis, quien llegó también a la
isla.
Siempre que hay audiencias contra
compañeros campesinos, viajan en lancha varias personas, integrantes de
ADEPZA, como muestras de solidaridad con los y las criminalizadas, y con
el temor de que vengan más procesos judiciales.
En juicio de Berta: “habrá condenados, pero no justicia”, según abogada internacional
- Publicado: 24 Noviembre 2018
Ante
tanta irregularidad en el juicio del crimen contra Berta Cáceres, la
abogada representante del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Karina Sánchez (foto en texto), considera que en
esta primera instancia judicial, se condenará a los autores materiales,
pero no habrá justicia hasta dar con los autores intelectuales y la
organización criminal que ordenó el crimen.“El estado tiene una deuda muy grande se han denunciado muchas irregularidades y múltiples violaciones al debido proceso y tendrá que responder con imparcialidad, independencia y con consecuencia en el juzgamiento del próximo juicio”, opina la abogada.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
“En este caso del primer juicio, habrá condenados, pero no habrá
justicia”, ha dicho en exclusiva a EL LIBERTADOR la abogada
representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), Karina Sánchez, quien además expone las graves inconsistencias
en el caso de la extinta ambientalista Berta Cáceres.
La
experta en leyes, afirma que en este primer juicio contra los autores
materiales, está en sus últimos días, y que ya se han realizado los
medios de pruebas y que se ha dado paso a las declaraciones de los
imputados.
Comenta
que hoy rindió declaraciones de imputado, el exgerente de la empresa
Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), Sergio Rodríguez. Se espera que
hoy en horas de la noche ya haya conclusiones de parte del Tribunal de
Sentencia.
Sánchez
explica que “la sentencia que habrá ahora se condena a los autores
materiales, los que gatillaron, aún hay dificultad para vincular autores
intermedios, especialmente a Sergio Rodríguez que no se han entregado
pruebas muy importantes y que en todo caso no se está considerando a
otros autores intelectuales, que están vinculados en la estructura
criminal”.
La
abogada cuestiona que el “caso de Berta conlleva muchas y graves
irregularidades, mencionando algunas el acceso a la información previo a
la audiencia”. Algunas de estas es que varios expedientes allanados
desde 2016 aún no habían sido estudiados “estamos hablando de que
celulares, computadoras no han sido analizados y toda esa información ha
sido considerada en este caso”.
Lamenta
que además, “no se toma en cuenta hechos que pasaron antes del 2 de
marzo, solo se está juzgando lo que pasó el 2 de marzo de 2016, pero no
todas las agresiones y el contexto de amenaza que existió previamente”.
La
experta en leyes ha criticado que no se ha incorporado al Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) como una de las
víctimas, a pesar de que este organismo era dirigido por Berta al
momento de su asesinato.
“Otro
tema que ha impactado de alguna manera de los que estamos siguiendo el
caso es que se prohibió publicitarlo de modo que solo pueden saber del
caso los que asisten a la sala y aunque se interpusieron recursos y
solicitudes de que se pudiera transmitir vía digital, fueron
rechazadas”, agrega Sánchez.
La
abogada dice que incluso el Ministerio Público no había facilitado
información “considerada clave”, y explica que se debe entender que este
primer juicio es una antesala al segundo, que señala al presidente de
DESA, David Castillo como supuesto autor intelectual, donde se revelará
la estructura criminal culpable del crimen.
“Vamos
a esperar el próximo juicio a ver si esclarecemos quién conformaba esta
estructura criminal que es el culpable del asesinato”. Amplia que en
este caso, El Estado de Honduras, tiene una deuda muy grande, ya que en
el juicio “se han denunciado muchas irregularidades y múltiples
violaciones al debido proceso y tendrá que responder con imparcialidad,
independencia y con consecuencia en el juzgamiento”.
La
togada concluye que el caso de Berta a nivel internacional, ha tenido
mucho impacto, por lo que diversos sectores mundiales se han unido a la
exigencia de hacer justicia, por ello invita a la sociedad nacional e
internacional, a estar al pendiente y seguir denunciando las
irregularidades, y sobre todo esperar el segundo juicio, que califica
como el más importante.
Eurodiputados: Últimas acciones judiciales dejan en “extrema indefensión” a familiares de Berta Cáceres y COPINH
Cesario Padilla DDHH 15 Noviembre 2018
Cesario Padilla DDHH 15 Noviembre 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Más 30 diputados y diputadas al Parlamento Europeo, enviaron una carta a
las autoridades hondureñas este 13 de noviembre, en cual consideran que
las últimas acciones en el juicio oral y público contra ocho acusados
del asesinato contra Berta Cáceres dejan en una “extrema indefensión” a
la familia de la lideresa y al Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Los
diputados y diputadas al Parlamento Europeo dirigieron la carta a Juan
Orlando Hernández, presidente ilegalmente reelecto; al Fiscal General
del Ministerio Público (MP), impuesto en su segundo perdido, Óscar
Chinchilla; al Titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando
Argueta, y a quienes conforman la sala uno, del Tribunal de Sentencia
(Esther Carolina Flores, Denia Lizeth Villatoro y Jocelyn Donaire).
En
la misiva los parlamentarios y parlamentarias urgen a las autoridades
hondureñas para que se garantice la representación privada como derecho
de las víctimas. Agregan que, “la representación no puede quedar en
manos de una institución que ellas han denunciado repetidamente como
vulneradora de sus derechos”.
Actualmente,
la defensa privada de la familia de Berta Cáceres, asesinada en marzo
de 2016, fue excluida del juicio por decisión del Tribunal de Sentencia,
al convocar a celebración de juicio, el pasado 20 de febrero.
Desde
la primera convocatoria para el juicio, la defensa privada denunció
irregularidades en el proceso, mismas que denunciaron ante la Corte de
Apelaciones y el Ministerio Público. Una de estas acciones fue recusar
al propio tribunal que conoce la causa contra los implicados en el
asesinato de la lideresa del pueblo lenca.
Hacen
un llamado al Ministerio Público a que cumpla con la obligación de dar a
las víctimas acceso a la información que solicitan y así, no seguir
vulnerándoles el derecho al acceso a la justicia, verdad y reparación.
Sobre
la publicidad del juicio, esta debe ser garantizada ya que, por el
papel de Berta Cáceres, como lideresa y defensora de los derechos
humanos, la sociedad hondureña y comunidad internacional tienen derecho a
ser testigo del proceso.
Por
último, la treintena de Europarlamentarios instan a que se asegure el
procesamiento de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres.
Actualmente por dicho delito, fue capturado el 02 de marzo de este año
Roberto David Castillo; quien será judicializado por separado.
Mientras
que, los acusados como autores materiales son: Emerson Duarte Meza,
Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry
Javier Hernández, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez
(militar activo al momento del asesinato), Douglas Geovanny Bustillo,
(ex jefe de seguridad de DESA), Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente
del área social, ambiental de DESA).
Ver carta de los Diputados y Diputadas al Parlamento Europeo, en este link: https://redeulat.org/wp-
Honduras: Organizaciones Miembros
de la Misión de Obsevación Calificada expresan preocupación ante
audiencia celebrada sin previo aviso en el primer juicio por el
asesinato de Berta Cáceres
Tegucigalpa, 16 de noviembre de 2018. – Organizaciones
miembros de la Misión de Observación Calificada que observa el juicio
por el asesinato de la defensora Berta Cáceres expresa su profunda
preocupación porque el pasado lunes 12 de noviembre se celebró una
audiencia sin avisar previamente a las víctimas del caso, lo cual se
suma a una serie de graves irregularidades que han sido denunciadas
desde el inicio del proceso.
El pasado miércoles 9 de noviembre, el
Tribunal notificó públicamente a las partes que el juicio se retomaría
hasta el martes 13 de noviembre a las 09:00 a.m.; sin embargo, el lunes
12 de noviembre, el Poder Judicial publicó en su Twitter que el juicio
se estaba reanudando. Este mensaje parece ser el único anuncio público
del cambio y constituye una nueva violación al principio de publicidad,
así como a los derechos de representación de los intereses de las
víctimas. En dicha audiencia, se evacuaron las extracciones telefónicas
que corresponden a dos de los imputados, Sergio Rodríguez y Douglas
Bustillo, ambos ligados a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Aunque el 19 de octubre el Tribunal
declaró la acusación privada en abandono de la causa y ordenó al
Ministerio Público asumir su presentación, en este caso, ni la familia de Berta Cáceres ni Gustavo Castro fueron informados respecto del cambio de fecha de la audiencia.
Esto imposibilitó que tanto ellos, como la Misión de Observación
Calificada, quien se presentó ante el Tribunal al inicio del debate oral
y público para expresar abiertamente su interés en seguir el proceso
público, otros observadores de organizaciones de la sociedad civil
hondureña e internacional, el cuerpo diplomático y medios nacionales e
internacionales pudieran acudir a observar la audiencia; es decir, en la
práctica se trató de una audiencia secreta.
El principio de publicidad del proceso
estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.5)
además de proteger los derechos de las personas acusadas y los
intereses de las víctimas, se constituye como un medio esencial para que
pueda ejercerse el control y vigilancia sobre las actuaciones de las
autoridades públicas por parte de la comunidad en general, siendo
también un presupuesto de la eficacia de la función judicial y la
legitimación de la democracia participativa.
A las víctimas y sus representantes –
además de ser excluidos del proceso y no ser informados de este tipo de
decisiones – también se les denegó la posibilidad de transmitir las audiencias, así como el acceso a las grabaciones del juicio.
Esto implica que la asistencia a las audiencias es el único medio por
el cual las víctimas, sus representantes y la sociedad en general pueden
obtener información sobre el desarrollo del proceso. Estos hechos
violentan el derecho de acceso efectivo a la justicia y la protección y
garantía del derecho a la verdad.
Asimismo, a nivel nacional supondría la
vulneración de diversos preceptos del Código Procesal Penal Hondureño
que aseguran los derechos de información y de asistencia a las
audiencias por parte de las víctimas.
Concretamente el artículo 161 que enumera estos derechos expresa en su apartado 2) y 4) el derecho de la víctima a “ser informada de los resultados del proceso aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite” y el derecho a “participar en las audiencias públicas conforme a lo establecido en este código”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que
“(…) los procesos nacionales son también una forma de hacer valer el
derecho a la verdad. Los tribunales imparten justicia, pero también
evalúan los hechos de acuerdo a rigurosos criterios de prueba y de
procedimiento, y dejan constancia de ellos en las actas judiciales. Al
promover el derecho a la verdad, los Estados deberían garantizar un
amplio ius standi en el proceso a todo lesionado y a toda persona u ONG con interés legítimo”. (Estudio sobre el derecho a la verdad. Doc ONU E/CN.4/2006/81, párr. 48. 2005).
Organizaciones miembros de la Misión de
Observación denuncian esta nueva irregularidad que afecta los derechos
de las víctimas, a la vez solicitan que se respete el principio de
publicidad del proceso, y se les permita ser parte del proceso. La
Misión continuará monitoreando y denunciando las irregularidades que
observen el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la
tentativa de homicidio en contra de Gustavo Castro.
Firman:- Canadian Centre for International Justice – Canadá
- Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) – Nicaragua
- Centro de Accion Legal para los Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala
- Centro de Investigacion y Promocion de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras
- Centro por la Justicia y el Derecho Internaiconal (CEJIL) – Regional
- Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ) – Internacional
- Due Process of Law Foundation (DPLF) – Estados Unidos
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) – Honduras
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional
- Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA) – Estados Unidos
- Impunity Watch – Holanda
- Joseph P. Berra del Promise Institute for Human Rights de UCLA – Estados Unidos
- National Lawyers Guild, International Committee – Estados Unidos
- Observatoire International des Avocats – España/Francia/Italia/París
- Plataforma Internacional Contra la Impunidad – Ginebra
1 Las excepciones a esta tipificación de los derechos de las víctimas la vemos reflejada en el artículo 308 del mismo texto legal, que enumera como excepciones del carácter público del proceso que:
- afecte directamente el honor, la intimidad personal o familiar o la vida privada de la víctima o de cualquiera de los testigos,
- ponga en peligro la vida e integridad física de cualquier miembro del Tribunal de Sentencia, de las partes, o de alguna de las personas autorizadas para participar en el juicio
- se ponga en peligro un secreto oficial o privado que amerite protegerse
- pueda alterarse el orden público y,
- el testigo sea menor de 18 años
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa
La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex
militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo
Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente
dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se
conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una
vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de
justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Continúa la criminalización por la defensa de la tierra en Playa Blanca
Amapala, Valle.- Cuatro
integrantes de la Asociación Para el Desarrollo de la Península de
Zacate Grande (ADEPZA), continuaron hoy un proceso en el que se les
criminaliza por la defensa de la playa y las tierras en la comunidad de
Playa Blanca, una de las diez comunidades de la Península de Zacate
Grande.
Las defensoras son Oneida Gonzalez,
Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, quienes
deben comparecer al Juzgado de Amapala, municipio de Valle.
Se les acusa por los supuestos delitos
de usurpación, daños a la propiedad privada y amenazas contra empleados
del terrateniente Jorge Luis Cassis, informó la Red de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), parte de sus
integrantes acompañan la audiencia.
A las y el imputado se les señala por la
defensa de un terreno por el cual, en el 2015, se procesó a Abel Pérez,
Santos Hernández y Tomás García, a los primeros dos se les condenó a
cinco años y un mes de prisión, actualmente el proceso está en Casación,
informó la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
que lleva parte de la representación jurídica.
Lo que cambia en este nuevo caso, es que
las supuestas amenazas son contra los empleados de Cassis, mientras que
a Abel y Santos el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, los
condenó directamente por amenazas contra el terrateniente, explicó un
integrante de la REDEHSUR.
Oneida Gonzalez, Veneranda Cruz, Yesica
Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, tienen estas acusaciones desde
abril del 2018, y fueron presentados hasta hace unas semanas por la Red
de Abogados de la zona sur de Honduras, quedando con medidas
sustitutivas a la prisión de no salir del país, no acercarse al predio
en disputa, no tener contacto con el terrateniente ni empleados e ir a
firmar cada 15 días al juzgado de Amapala.
Entre estas medidas, los y las
defensoras destacan que, el predio al cual tienen prohibido el acceso,
es un paso obligado para llegar a sus comunidades en Playa Blanca y
Puerto Sierra, y es un lugar de carga y descarga no solo para los
pobladores, sino para el comercio.
Por otra parte, ir hasta la Isla del
Tigre, representa un coste económico difícil de sostener, por esta razón
Abel y Santos estuvieron 101 días en prisión entre mayo y agosto del
2016, ya que, al no poder cumplir siempre esta medida fueron acusados de
desobediencia.
La idea de recuperar el plantel de unas
50 varas cuadradas tiene un objetivo comunitario, en 2015 se limpió y
adecuó el solar para parqueo y atender a las visitas en la Semana Santa,
acción que realizaba un grupo campesino organizado que su vez son
miembros de ADEPZA, y que se formó en noviembre del 2014.
Se llamó a una persona por vivienda,
eran 34 familias, y ahora, según denunció la REDEHSUR y ADEPZA, vuelven a
criminalizar tras la ampliación de requerimiento por daños a Abel
Pérez, integrante de ambas organizaciones, Santos Hernández y su
compañera de hogar María Concepción Martínez.
La defensora Nidia Castillo, de la Red
de Abogados, explicó a defensoresenlinea.com que la audiencia seguirá
mañana miércoles 21 de noviembre, con una inspección en el predio.
Veneranda Cruz, hospitalizada
La criminalización por la defensa de la
tierra, ha deteriorado la salud de los criminalzados, don Tomás ha
decaído mucho, aunque no fue condecorado estuvo sometido dos años al
proceso judicial, y está noche doña Veneranda de 64 años, está en un
hospital público ante la presión de la audiencia denunció ADEPZA.
El plantel ya había sido solicitado por
los habitantes de Playa Blanca y Puerto Sierra al Instituto Nacional
Agrario (INA), pero cuando se derogó el decreto 18-2008 se canceló la
solicitud, ya estaban a punto de obtener el predio con la documentación
que solo esperaba la firma de los representantes del Instituto de la
Propiedad (IP), en Nacaome, detalló un defensor y poblador.
Supuestamente Cassis se lo compró a
Carmen Malespin, quien irrespetó el decreto de la Constitución de la
República que dice que 50 metro de tierra a la playa es de carácter
nacional, y ellos (los terratenientes) se adueñan hasta de la playa,
incluso hay un muro que recorre todo el caserío de Puerto Sierra hasta
una propiedad de otro terrateniente entre la comunidad de El Zope y
Playa Blanca, detalló el aldeano.
La comunidad se mantiene del cerco hacia
el mar, sin embargo el terrateniente tiene documentos que se dice dueño
de todo, agregó.
Por el momento se desconoce qué va a
suceder con los nuevos criminalizados, los recriminados y se teme por la
salud de los acusados. La REDEHSUR continúa con su labor de
acompañamiento, documentación y denuncia, además se solidariza con su
compañero miembro, Abel Pérez.
