Dice abogado: En el juicio de Berta Cáceres hay subyugación del sistema de justicia a la estructura criminal
Wednesday, 14 November 2018 00:29 Written by Webmaster Published in Bertha Caceres
En el Foro “La Verdad en la Causa Berta Cáceres”, que se llevó a
cabo este 13 de noviembre de 2018, en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, UNAH, se dio a conocer las graves fallas del sistema de
justicia, el involucramiento de estructuras criminales y económicas
entrelazadas con las actuaciones de un Estado, en el crimen contra la
defensora de los derechos humanos.
Este foro se da en el contexto del desarrollo del juicio contra
actores materiales en el asesinato e intento de matar a Gustavo Castro,
un defensor de derechos humanos que se encontraba junto a Cáceres el 02
de marzo de 2016 , en que se cometió el hecho criminal.
A través de Skype participó Castro quien recordó los momentos en que se llevó a cabo el crimen, cuando los asesinados entraron por la cocina y simultáneamente les dispararon a ambos, y luego toda la trama de ilegalidades que llevaron a cabo para tratar de involucrar al COPINH , sin custodiar la escena del crimen porque ellos nunca pensaron que habría un sobreviviente del crimen.
Recordó cómo fue sometido a varios actos ilegales, entre ellos mantenerlo secuestrado porque no lo dejaban salir del país.
Víctor Fernández, uno de los abogados que integra el equipo de acusadores privados, señaló que el manejo separado que han hecho del juicio el cual está en varias oficinas del Ministerio Público sobre y el intento de asesinato de Gustavo Castro, debe interpretarse como parte de la sutil estrategia de impunidad para enjuiciar a unos imputados y garantizar la impunidad para los autores económicos del crimen.
Describió que se ha repartido el caso en las Fiscalías de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción, UEFECIC y la Fiscalía de Derechos Humanos, pero que al “pedacear” el caso es una manera de generar impunidad porque pretenden que en el supuesto caso que condenen los autores materiales, se olviden a los autores intelectuales.
Hizo un resumen de los puntos a manera de conclusión y criticó el hecho de haber expulsado a los abogados de las víctimas para llevar a cabo una farsa de juicio y negar la verdad integral, porque la mayoría de cosas no se están discutiendo en el juicio y se tendrá una sentencia reducida al 10 por ciento.
También denunció que ha habido una descarada violación de estándares internacionales y normas básicas del debido proceso, lo que adelanta la suerte que pueden correr los casos contra otros actores en el crimen que están en proceso.
Fernández dijo que hay mucha atención sobre este caso, la sala del tribunal de sentencia pasa llena de observadores internacionales pero eso le ha importado a la fiscalía y es un hecho nefasto de lo que puede pasar con las otras estructuras criminales involucradas.
El comportamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial refleja el fracaso absoluto del sistema de justicia, dijo.
Pero manifestó que el apoyo que la cooperación internacional sigue dando a un sistema corrupto que viola los derechos humanos, a esos organismos les parece normal que las empresas paguen a los policías y militares, incluso se establecen cánones.
Otra de las conclusiones es la subyugación del sistema de justicia a la estructura criminal que ejecutó a Berta Cáceres, lo que configura un ambiente para que otros crímenes queden en la impunidad, en comunidades que luchan, como el asesinato de tolupanes y otros que no tienen tanta visibilidad.
Recordó que la estructura criminal desarrolló de manera sostenida una serie de crímenes contra el COPINH, el pueblo lenca y de toda la institucionalidad, jurídicamente la estructura criminal es responsable al menos de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato.
La causa de Berta Cáceres plantea el choque entre el modelo económico, cómo funcionan y se aglutinan las élites y la complicidad que hay entre ellas, así como una organización puede desenmascarar eso para confrontar el modelo.
Reflexionó que los pueblos, las comunidades están desafiados a establecer un modelo para el control real de sus territorios y de toda la institucionalidad del país debiendo plantear el enfoque integral de la lucha “y a quienes estamos enfrentando”.
No obstante dijo que hay pequeñas victorias, “está claro que esta estructura criminal no solo tenía el objetivo de matar a Bertita sino que querían hacerlo involucrando al COPIHN, querían matarlo porque en los últimos 20 años ha hecho resistencia frontal”.
Destacó que el hecho de no participar en este juicio porque es una farsa, lo que está de fondo es esconder todo eso, “es un espectáculo triste de la justicia, no participar en el juicio es una forma de decir no a una farsa y recuperar el espacio público”.
Carrera de Trabajo Social y Ciencias Sociales apoyaron con la logística del evento
Entretanto Berta Zúniga, Coordinadora General del COPINH, expresó que lo que decida ese tribunal, “tenemos la certeza absoluta que los enjuiciados son responsables del hecho, por ende es culpable la empresa y la estructura, lo sabíamos, no teníamos duda, es valioso reafirmar que teníamos razón “.
La también hija de Berta Cáceres advirtió que “hemos estado empeñados en no dejar este crimen en el silencio, vamos a seguir luchando por la justicia y no nos van a callar, aunque les moleste vamos a seguir hasta que toda esa estructura este desmantelada y esa concesión sea retirada del terreno. Nosotros sostenemos que ese juicio es una farsa, sabemos quiénes son los culpables y le toca al Estado llegar hasta esas estructuras”.
Vea video del Foro Aquí
A través de Skype participó Castro quien recordó los momentos en que se llevó a cabo el crimen, cuando los asesinados entraron por la cocina y simultáneamente les dispararon a ambos, y luego toda la trama de ilegalidades que llevaron a cabo para tratar de involucrar al COPINH , sin custodiar la escena del crimen porque ellos nunca pensaron que habría un sobreviviente del crimen.
Recordó cómo fue sometido a varios actos ilegales, entre ellos mantenerlo secuestrado porque no lo dejaban salir del país.
Víctor Fernández, uno de los abogados que integra el equipo de acusadores privados, señaló que el manejo separado que han hecho del juicio el cual está en varias oficinas del Ministerio Público sobre y el intento de asesinato de Gustavo Castro, debe interpretarse como parte de la sutil estrategia de impunidad para enjuiciar a unos imputados y garantizar la impunidad para los autores económicos del crimen.
Describió que se ha repartido el caso en las Fiscalías de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción, UEFECIC y la Fiscalía de Derechos Humanos, pero que al “pedacear” el caso es una manera de generar impunidad porque pretenden que en el supuesto caso que condenen los autores materiales, se olviden a los autores intelectuales.
Hizo un resumen de los puntos a manera de conclusión y criticó el hecho de haber expulsado a los abogados de las víctimas para llevar a cabo una farsa de juicio y negar la verdad integral, porque la mayoría de cosas no se están discutiendo en el juicio y se tendrá una sentencia reducida al 10 por ciento.
También denunció que ha habido una descarada violación de estándares internacionales y normas básicas del debido proceso, lo que adelanta la suerte que pueden correr los casos contra otros actores en el crimen que están en proceso.
Fernández dijo que hay mucha atención sobre este caso, la sala del tribunal de sentencia pasa llena de observadores internacionales pero eso le ha importado a la fiscalía y es un hecho nefasto de lo que puede pasar con las otras estructuras criminales involucradas.
El comportamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial refleja el fracaso absoluto del sistema de justicia, dijo.
Pero manifestó que el apoyo que la cooperación internacional sigue dando a un sistema corrupto que viola los derechos humanos, a esos organismos les parece normal que las empresas paguen a los policías y militares, incluso se establecen cánones.
Otra de las conclusiones es la subyugación del sistema de justicia a la estructura criminal que ejecutó a Berta Cáceres, lo que configura un ambiente para que otros crímenes queden en la impunidad, en comunidades que luchan, como el asesinato de tolupanes y otros que no tienen tanta visibilidad.
Recordó que la estructura criminal desarrolló de manera sostenida una serie de crímenes contra el COPINH, el pueblo lenca y de toda la institucionalidad, jurídicamente la estructura criminal es responsable al menos de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato.
La causa de Berta Cáceres plantea el choque entre el modelo económico, cómo funcionan y se aglutinan las élites y la complicidad que hay entre ellas, así como una organización puede desenmascarar eso para confrontar el modelo.
Reflexionó que los pueblos, las comunidades están desafiados a establecer un modelo para el control real de sus territorios y de toda la institucionalidad del país debiendo plantear el enfoque integral de la lucha “y a quienes estamos enfrentando”.
No obstante dijo que hay pequeñas victorias, “está claro que esta estructura criminal no solo tenía el objetivo de matar a Bertita sino que querían hacerlo involucrando al COPIHN, querían matarlo porque en los últimos 20 años ha hecho resistencia frontal”.
Destacó que el hecho de no participar en este juicio porque es una farsa, lo que está de fondo es esconder todo eso, “es un espectáculo triste de la justicia, no participar en el juicio es una forma de decir no a una farsa y recuperar el espacio público”.
Carrera de Trabajo Social y Ciencias Sociales apoyaron con la logística del evento
Entretanto Berta Zúniga, Coordinadora General del COPINH, expresó que lo que decida ese tribunal, “tenemos la certeza absoluta que los enjuiciados son responsables del hecho, por ende es culpable la empresa y la estructura, lo sabíamos, no teníamos duda, es valioso reafirmar que teníamos razón “.
La también hija de Berta Cáceres advirtió que “hemos estado empeñados en no dejar este crimen en el silencio, vamos a seguir luchando por la justicia y no nos van a callar, aunque les moleste vamos a seguir hasta que toda esa estructura este desmantelada y esa concesión sea retirada del terreno. Nosotros sostenemos que ese juicio es una farsa, sabemos quiénes son los culpables y le toca al Estado llegar hasta esas estructuras”.
Vea video del Foro Aquí
Caso Berta Cáceres: Víctimas se declaran en rebeldía
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 26 octubre, 2018
Desconocen toda actuación del tribunal y denuncian farsa judicial
Tras la decisión de la Sala Primera del
Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa de excluir a los representantes
legales de las víctimas del juicio contra los imputados del asesinato de
Berta Cáceres y la tentativa de asesinato del activista ambiental
mexicano Gustavo Castro, la familia de la luchadora social, el Copinh y
los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) anunciaron que
desconocerán las actuaciones de las jueces por considerarlas ilegales.
La decisión de las víctimas y sus representantes fue anunciada en conferencia de prensa y plasmada en un comunicado, que recoge las irregularidades e ilegalidades cometidas por los órganos de justicia durante los últimos dos años y medio.
La exclusión de los representantes
privados de las víctimas se dio el pasado 19 de octubre, tras convocarse
de manera ilegal el inicio del juicio puesto que hay recursos
pendientes de resolver, entre otros el de la recusación de las cuatro
jueces que integran la Primera Sala.
Además, el tribunal decidió de manera unilateral imponer al Ministerio Público (MP) como representante único de las víctimas.
“El Ministerio Público nunca ha
representado ni representará a las víctimas, sino a los victimarios,
ocultando sistemáticamente información y negando nuestros derechos. El
tribunal está desarrollando una farsa, todas sus actuaciones son
ilegales y el juicio debe ser reiniciado y desarrollado con todas las
garantías”, dijo Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Todo es ilegal
“La decisión del tribunal de imponer
como representantes legales a los fiscales del MP, esos mismos que están
siendo denunciados por cometer abuso de autoridad, violación de los
deberes de los funcionarios y desobediencia a órdenes judiciales,
constituye una ofensa y una burla a la dignidad de las víctimas. Es un
ataque a su dignidad y constituye un hecho de revictimización”, dijo
Víctor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y
miembro del equipo del MADJ.
Para él, todo lo que ha pasado en estos
meses ronda entre la ilegalidad y la mentira, y tiene el objetivo de
generar impunidad desde el sistema judicial.
“ El nivel de determinación de
atropellar a las víctimas ha llegado al extremo que las distintas
instancias del poder judicial que han intervenido en el caso están
mintiendo descaradamente Afirman, por ejemplo, que una resolución que
resuelve una recusación no es susceptible de recurso de apelación. Esto
es absurdo y le resta credibilidad a este tribunal”, advirtió Fernández.
El abogado aclaró que los representantes
legales de la familia, el Copinh y Gustavo Castro nunca han abandonado,
como se les acusa, la causa Berta Cáceres.
“El día que quisieron iniciar el proceso
acudimos a la audiencia para decirles a las jueces, por escrito, que no
íbamos a avalar una diligencia judicial dirigida por un tribunal que
sigue recusado. Tanto las víctimas como nosotros hemos aportado mucho al
proceso, y es por eso que el sistema de justicia y el gobierno nos
vienen marginando”, lamentó.
Plan perverso
Detrás de un juicio plagado de
irregularidades e ilegalidades podría ocultarse un plan perverso del
Estado. Por un lado llegar a tener algún tipo de sentencia condenatoria
ante la creciente presión internacional, por el otro crear las
condiciones para que dichas sentencias sean susceptibles del recurso de
nulidad.
De esta manera se aseguraría la condena
de algunos ejecutores materiales del crimen y se desvincularían del
asesinato a las personas más cercanas a la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca.
Asimismo se sentarían las bases para futuros juicios, como el que
enfrentará el ex gerente general de DESA, David Castillo, enterrando
cualquier posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del
crimen.
“No nos interesa una farsa como la que están montando, ni que condenen a cualquier persona y por cualquier cosa. Pretenden ocultar la verdad integral del crimen, protegiendo a los que orquestaron, planearon y financiaron el asesinato de Berta. Por eso no vamos a participar de la farsa y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, aseguró Fernández.
Campaña negra
Los meses previos al inicio del juicio fueron marcados por una intensa ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el Copinh y el trabajo investigativo independiente.
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo realizado por el GAIPE[1].
La investigación del grupo de expertos concluía que existen pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, están involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
“El mundo no duda que DESA es la asesina de mi mami. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la verdad y las ideas”, escribió Bertha Zúniga en su cuenta Twitter.
A la par de estos intentos de sembrar dudas en la opinión pública nacional e internacional, se ha desatado toda una campaña de difamación y estigmatización contra el Copinh y las organizaciones acusadas de ser “anti desarrollo”.
Los ataques apuntan, entre otros, a convencer a las organizaciones internacionales solidarias a desvincularse de la organización indígena de la cual Berta Cáceres fue cofundadora.
Un ejemplo es la reciente entrevista realizada por el periódico español El Confidencial al abogado de DESA, Robert Amsterdam.
En la entrevista el abogado acusa al Copinh de ser una “organización política de naturaleza criminal” y de “encubrir el asesinato” de Berta Cáceres, y al GAIPE de “falta de objetividad” y de violar “los derechos de los acusados a un juicio justo”.
Lo que más preocupa es que la ‘campaña negra’ ya trascendió la simple esfera mediática y el Copinh ha venido denunciando ataques físicos y armados y destrucción de cultivos, como los que han sufrido recientemente las comunidades lencas en la zona de Río Blanco.
“Como hemos denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador de los medios de comunicación oligárquicos, son el preludio de la violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que exige sus derechos”, lamentó el Copinh en un reciente comunicado.
Atacan el legado de Berta
La campaña ha servido también para atacar la figura y el legado de compromiso y lucha de Berta Cáceres. La biografía no autorizada publicada hace unos meses en Honduras cumple justamente dos objetivos: tergiversar la imagen y la trayectoria personal de la dirigente indígena y eximir a DESA y a sus principales cuadros dirigentes de cualquier responsabilidad en el asesinato.
“Estas mismas campañas de estigmatización y criminalización la vivió nuestra compañera Berta antes de ser vilmente asesinada por la empresa DESA. Exigimos que se incorporen al juicio los medios de prueba propuestos por las víctimas, que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta”, manifestó el Copinh.
[1] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
(ENGLISH) La familia que Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:
Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del tribunal de sentencia que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.
Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.
Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.
Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.
Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.
Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.
Se equivoca el Tribunal de Sentencia presidido por Esther Carolina Flores, así como de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia. No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.
La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de octubre de 2018.
“No nos interesa una farsa como la que están montando, ni que condenen a cualquier persona y por cualquier cosa. Pretenden ocultar la verdad integral del crimen, protegiendo a los que orquestaron, planearon y financiaron el asesinato de Berta. Por eso no vamos a participar de la farsa y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, aseguró Fernández.
Campaña negra
Los meses previos al inicio del juicio fueron marcados por una intensa ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el Copinh y el trabajo investigativo independiente.
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo realizado por el GAIPE[1].
La investigación del grupo de expertos concluía que existen pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, están involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
“El mundo no duda que DESA es la asesina de mi mami. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la verdad y las ideas”, escribió Bertha Zúniga en su cuenta Twitter.
A la par de estos intentos de sembrar dudas en la opinión pública nacional e internacional, se ha desatado toda una campaña de difamación y estigmatización contra el Copinh y las organizaciones acusadas de ser “anti desarrollo”.
Los ataques apuntan, entre otros, a convencer a las organizaciones internacionales solidarias a desvincularse de la organización indígena de la cual Berta Cáceres fue cofundadora.
Un ejemplo es la reciente entrevista realizada por el periódico español El Confidencial al abogado de DESA, Robert Amsterdam.
En la entrevista el abogado acusa al Copinh de ser una “organización política de naturaleza criminal” y de “encubrir el asesinato” de Berta Cáceres, y al GAIPE de “falta de objetividad” y de violar “los derechos de los acusados a un juicio justo”.
Lo que más preocupa es que la ‘campaña negra’ ya trascendió la simple esfera mediática y el Copinh ha venido denunciando ataques físicos y armados y destrucción de cultivos, como los que han sufrido recientemente las comunidades lencas en la zona de Río Blanco.
“Como hemos denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador de los medios de comunicación oligárquicos, son el preludio de la violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que exige sus derechos”, lamentó el Copinh en un reciente comunicado.
Atacan el legado de Berta
La campaña ha servido también para atacar la figura y el legado de compromiso y lucha de Berta Cáceres. La biografía no autorizada publicada hace unos meses en Honduras cumple justamente dos objetivos: tergiversar la imagen y la trayectoria personal de la dirigente indígena y eximir a DESA y a sus principales cuadros dirigentes de cualquier responsabilidad en el asesinato.
“Estas mismas campañas de estigmatización y criminalización la vivió nuestra compañera Berta antes de ser vilmente asesinada por la empresa DESA. Exigimos que se incorporen al juicio los medios de prueba propuestos por las víctimas, que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta”, manifestó el Copinh.
[1] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
NOS DECLARAMOS EN REBELDÍA CONTRA LA FARSA Y LA INJUSTICIA.
(ENGLISH) La familia que Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:
Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del tribunal de sentencia que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.
Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.
Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.
Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.
Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.
Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.
Se equivoca el Tribunal de Sentencia presidido por Esther Carolina Flores, así como de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia. No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.
La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de octubre de 2018.
¡Si no hay debido proceso, no puede haber un juicio!
Se
suspende nuevamente juicio en la causa Berta Cáceres debido a
convocatoria ilegal de parte de tribunal de sentencias inhabilitado por
recusación en su contra.
Los abogados que representan al COPINH y la familia de Berta manifestaron esta mañana que la convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso.
Uno de los equipos de la acusación privada presentó un Recurso de Apelación de Hecho, para solicitarle a la sala de lo penal revise la decisión de la corte de apelaciones que de manera arbitraria no acepta que se recuse al tribunal de sentencia.
Los abogados que representan al COPINH y la familia de Berta manifestaron esta mañana que la convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso.
Uno de los equipos de la acusación privada presentó un Recurso de Apelación de Hecho, para solicitarle a la sala de lo penal revise la decisión de la corte de apelaciones que de manera arbitraria no acepta que se recuse al tribunal de sentencia.
El equipo legal de igual forma presentó una denuncia ante la fiscalía
de enjuiciamiento de funcionarios públicos, contra la Corte de
Apelaciones De Francisco Morazán por el delito de violación de deberes
de los funcionarios, al violar la legalidad y no fundamentar las
decisiones que vulneran los derechos de las víctimas, e incluso de los
imputados.
Saldrán de la cárcel los primeros 5 imputados.
Una de las preocupaciones que existe es el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados en el caso, “lo que será única y exclusivamente responsabilidad del Estado de Honduras debido a los retrasos del ministerio público para entregar la información correspondiente y el tribunal de sentencia por el encubrimiento a este hecho” ha declarado la vocera del equipo legal.
Frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre del presente año una carta pública al Fiscal General, solicitándole, que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva.
El proceso en la causa Berta Cáceres se inició hace más de dos años, tiempo suficiente para llevar a cabo toda la investigación necesaria y recabar las pruebas que den con los autores no solo materiales sino intelectuales en el asesinato, pero todo lo contrario es la respuesta de las autoridades; aun no se realizan las pericias a varios aparatos que contienen información de los imputados, se ha postergado la entrega de información y no se imputa a los autores intelectuales del asesinato.
¡Si no hay debido proceso, no puede haber un juicio!
Saldrán de la cárcel los primeros 5 imputados.
Una de las preocupaciones que existe es el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados en el caso, “lo que será única y exclusivamente responsabilidad del Estado de Honduras debido a los retrasos del ministerio público para entregar la información correspondiente y el tribunal de sentencia por el encubrimiento a este hecho” ha declarado la vocera del equipo legal.
Frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre del presente año una carta pública al Fiscal General, solicitándole, que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva.
El proceso en la causa Berta Cáceres se inició hace más de dos años, tiempo suficiente para llevar a cabo toda la investigación necesaria y recabar las pruebas que den con los autores no solo materiales sino intelectuales en el asesinato, pero todo lo contrario es la respuesta de las autoridades; aun no se realizan las pericias a varios aparatos que contienen información de los imputados, se ha postergado la entrega de información y no se imputa a los autores intelectuales del asesinato.
¡Si no hay debido proceso, no puede haber un juicio!
Reseña de prensa, suspensión del juicio causa Berta Cáceres 15-16/oct/18
COBERTURA MEDIATICA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA ULTERIOR
SUSPENSIÓN DEL JUICIO. Se confirma confabulación del Sistema de Justicia
hondureño para iniciar arbitrariamente un juicio ilegal en la causa #BertaCaceres
https://www.dw.com/es/
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http://demoefe.ikuna.com/187_
http://www.cronica.com.mx/
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http://arainfo.org/suspenden-
http://cholusatsur.com/
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https://mundo.sputniknews.com/
https://www.efe.com/efe/
https://www.
http://www.conexihon.hn/index.
http://www.proceso.hn/
https://latinoamerica24horas.
http://www.cubadebate.cu/
https://es-us.noticias.yahoo.
https://www.france24.com/es/
https://www.elconfidencial.
http://www.radionicaragua.com.
https://www.lavanguardia.com/
https://es-us.noticias.yahoo.
https://www.tvn-2.com/mundo/
http://www.telemetro.com/
https://www.laprensa.hn/
https://www.eldiario.es/
https://www.elheraldo.hn/pais/
http://www.latribuna.hn/2018/
http://www.radioamerica.hn/
https://www.elnuevodiario.com.
El inicio del juicio a ocho acusados por el asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue nuevamente suspendido hoy y hasta nueva fecha, informó a Efe una fuente oficial.
El juicio oral y público, previsto este lunes tras dos aplazamientos, “se suspendió” debido a que “la acusación privada interpuso una apelación”, dijo la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
“La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, subrayó Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal conocerá el recurso.
(Con información de EFE)
https://www.dw.com/es/
http://www.albatv.org/
http://demoefe.ikuna.com/187_
http://www.cronica.com.mx/
http://xeva.com.mx/nota.cfm?
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http://arainfo.org/suspenden-
http://cholusatsur.com/
https://www.telesurtv.net/
https://mundo.sputniknews.com/
https://www.efe.com/efe/
https://www.
http://www.conexihon.hn/index.
http://www.proceso.hn/
https://latinoamerica24horas.
http://www.cubadebate.cu/
https://es-us.noticias.yahoo.
https://www.france24.com/es/
https://www.elconfidencial.
http://www.radionicaragua.com.
https://www.lavanguardia.com/
https://es-us.noticias.yahoo.
https://www.tvn-2.com/mundo/
http://www.telemetro.com/
https://www.eldiario.es/
https://www.elheraldo.hn/pais/
http://www.latribuna.hn/2018/
http://www.radioamerica.hn/
https://www.elnuevodiario.com.
Asesinato de Berta Cáceres sigue impune: Suspenden juicio a los acusados
Berta Cáceres fue asesinada un 3 de marzo de 2016. Foto: Archivo.
El juicio oral y público, previsto este lunes tras dos aplazamientos, “se suspendió” debido a que “la acusación privada interpuso una apelación”, dijo la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
“La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, subrayó Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal conocerá el recurso.
(Con información de EFE)
Suspenden por tercera vez juicio por asesinato de la ambientalista Berta Cáceres
El juicio había sido suspendido por primera vez el 17 de setiembre y por segunda ocasión el 15 de octubre. En ambas ocasiones se debió a que los familiares de Cáceres recusaron a tres jueces de la sala.
Foto: Flickr / Monk Fotografía
POSTERGANDO LA JUSTICIA
20 de octubre de 2018, 11:03hs - LR21
Un tribunal hondureño suspendió el viernes por tecera vez el comienzo del juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, debido a que la familia presentó una nueva recusación contra los tres jueces que integran el tribunal, según informaron medios locales.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COINH), fue asesinada cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016, luego de impedir con manifestaciones que se construyera una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, al oeste de Honduras.
Las ocho personas acusadas por el crimen llegaron a la sala de juicios con fuerte custodia policial; en el lugar estaban ya presentes los acusadores de la Fiscalía y los abogados defensores de los imputados, sin embargo, la presidenta del tribunal, Ester Flores, anunció que la audiencia quedaría suspendida de nuevo por la recusación de los familiares de Cáceres.
“Los acusadores privados (familia de Cáceres y COINH) han interpuesto (…) un recurso de amparo” y, por lo tanto, “no se puede dar inicio al juicio oral y público”, dijo la jueza.
Las dos primeras ocasiones en que se suspendió el juicio también fue por recusación de la familia a tres jueces de la sala, algo que no pone contentos a los acusados y su defensa.
Jair López, abogado del acusado Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos (DESA), dijo a la agencia de noticias AFP que el tribunal tiene que empezar el juicio lo antes posible para poder lograr “una justicia pronta, efectiva y en un plazo razonable”.
Las recusaciones de la familia de Cáceres tienen como sustento que los miembros del tribunal han rechazado en varias ocasiones solicitar al Ministerio Público que aporte todas las pruebas que tiene contra los acusados. Ellos aseguran que dicho ministerio esconde una parte sustancial de la evidencia con el fin de favorecer a los ejecutivos y a las grandes empresas socias de DESA.
Junto con Rodríguez están acusados el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo (cuyo juicio se lleva por aparte) y otros empleados de seguridad de la compañía.
Desde #KhanalAhmar Palestina a Honduras: “Berta Cáceres fue una de las nuestras. Lucho por la autodeterminación de su pueblo Lenca y en contra de la destrucción y colonización de su tierra y los recursos naturales.” #JusticiaporBerta
AQUI EL VIDEO
Berta Cáceres se mantuvo firme y sin temor junto con el pueblo Lenca y el COPINH para luchar contra el megaproyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, prevista en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA), que está construyendo el proyecto, y el gobierno hondureño han respondido a la lucha popular con el incremento de la represión y persecución a los/as defensores/as de los derechos humanos. Sin embargo, el asesinato de Berta Cáceres solo ha intensificado la lucha.
Estamos conectados con el juicio por el asesinato de Berta porque Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad.
El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres.
Como dijo la hija de Berta, Berta Zúñiga, no solo queremos justicia para Berta, junto con el COPINH y el pueblo de Honduras creemos que el juicio debe ser un paso para poner fin a la impunidad de los perpetradores y todos los cómplices.
Estamos siguiendo el juicio por el asesinato de Berta y denunciamos que, entre otras irregularidades, el Ministerio Público por más de dos años ha persistido en obstaculizar y ocultar información que viola los derechos de las víctimas.
Además, los ocho ex empleados de DESA y el personal militar actualmente bajo juicio no son los únicos responsables. Toda la cadena de complicidad debe deshacerse. DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas.
Finalmente, debemos trabajar juntos para evitar que Israel exporte su experiencia en represión para dañar a las personas alrededor del mundo.
Ya sea en Honduras, en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo: tenemos que solidarizarnos para poner fin a la represión estatal y vencer la avaricia corporativa que se beneficia de las violaciones de nuestros derechos.
La verdadera justicia tiene que ser construida por la gente. ¡Berta Vive! Su espíritu inspira nuestra lucha diaria.
Firmado por:
Coaliciones:
ONG’s Palestinas medioambientales (PENGON) – Amigos de la Tierra Palestina
Coalición por la Defensa de la Tierra
Comité Nacional Palestino por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BNC)
Coalición Cíviva por los Derechos de los Palestinos en Jerusalén
Coalición por Justicia Social y Climática.
Organizaciones:
Asociación Al-Amal para la Infancia y el Desarrollo
Asociación de Agrónomos Árabes
Asociación para los Derechos de los Campesinos y para la Conservación del Medio Ambiente
Asociación Jadayel – Centro Palestino para la Cultura, las Artes y la Creatividad
Centro de Educación Ambiental
Centro de Medios Ambientales
Vida verde
Centro de Investigaciones de la Tierra
Sociedad Ni’lin para el Desarrollo y el Trabajo Comunitario
Foro de la Juventud Palestina
Comités de Ayuda Agrícola Palestina – PARC
Sociedad de Campesinos Palestinos – Tulkarem
Sindicato de Agricultores Palestinos
Federación Palestina de Nuevas Uniones
Campaña Popular Palestina contra el Muro del Apartheid (Detener el Muro / Stop the wall)
Centro de Desarrollo de Mujeres Palestinas
Consejo Popular para Proteger el Valle del Jordán
Comité de Coordinación de Lucha Popular (PSCC)
Sociedad de Desarrollo de Mujeres Rurales
Unión de los Comités de Trabajo Agrícola
Un tribunal hondureño suspendió el viernes por tecera vez el comienzo del juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, debido a que la familia presentó una nueva recusación contra los tres jueces que integran el tribunal, según informaron medios locales.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COINH), fue asesinada cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016, luego de impedir con manifestaciones que se construyera una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, al oeste de Honduras.
Las ocho personas acusadas por el crimen llegaron a la sala de juicios con fuerte custodia policial; en el lugar estaban ya presentes los acusadores de la Fiscalía y los abogados defensores de los imputados, sin embargo, la presidenta del tribunal, Ester Flores, anunció que la audiencia quedaría suspendida de nuevo por la recusación de los familiares de Cáceres.
“Los acusadores privados (familia de Cáceres y COINH) han interpuesto (…) un recurso de amparo” y, por lo tanto, “no se puede dar inicio al juicio oral y público”, dijo la jueza.
Tercera suspensión
Flores aseguró que la sala competente se pronunciará en los próximos días si se admite o no el recurso de amparo presentado el viernes.Las dos primeras ocasiones en que se suspendió el juicio también fue por recusación de la familia a tres jueces de la sala, algo que no pone contentos a los acusados y su defensa.
Jair López, abogado del acusado Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos (DESA), dijo a la agencia de noticias AFP que el tribunal tiene que empezar el juicio lo antes posible para poder lograr “una justicia pronta, efectiva y en un plazo razonable”.
Las recusaciones de la familia de Cáceres tienen como sustento que los miembros del tribunal han rechazado en varias ocasiones solicitar al Ministerio Público que aporte todas las pruebas que tiene contra los acusados. Ellos aseguran que dicho ministerio esconde una parte sustancial de la evidencia con el fin de favorecer a los ejecutivos y a las grandes empresas socias de DESA.
Junto con Rodríguez están acusados el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo (cuyo juicio se lleva por aparte) y otros empleados de seguridad de la compañía.
Familia pide a Fiscal general que acuse de asociación ilícita a asesinos de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La familia de Berta Cáceres, el Copinh, el MADJ y el cuerpo de abogados
se presentaron este día al Ministerio Público para solicitarle al
Fiscal General de Honduras, Oscar Fernando Chinchilla que se impute el
delito de Asociación Ilícita a la estructura criminal que asesinó a
Berta Cáceres.
La petición dice: “Señor
Fiscal General: Nos dirigimos a usted directamente, en el marco de los
526 años de resistencia indígena y diversa del pueblo hondureño, a
solicitar que el Ministerio Público acuda ante los tribunales de la
república a imputar el delito de asociación ilícita a la estructura
criminal, que se constituyó desde la fachada de la sociedad mercantil
Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), A cual ha ejecutado, de
manera sostenida, por varios años, una serie de ataques en contra del
Pueblo Lenca del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), de personas opuestas al proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca (PHAZ) especialmente las organizadas en COPINH, incluyendo a
nuestra compañera asesinada Berta Cáceres, como Coordinadora General del
COPINH.
El
Ministerio Público que Usted dirige, a través de la Fiscalía Especial
de Delitos Contra la Vida y la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la
Corrupción, hace más de dos años maneja abundante información a través
de la cual se ha podido constatar que, la estructura criminal que opera y
sigue operando desde la fachada de DESA, ha realizado múltiples actos
que constituyen delitos y que en general atentan contra bienes jurídicos
protegidos por la Constitución de la República, tal como lo sanciona el
artículo 332 del Código Penal hondureno.
Víctor
Fernández, del cuerpo de abogado de las familias Cáceres, Flores y
Cáceres Zúniga, dijo que no fueron recibidos por el Fiscal General, pero
que en la misiva presentaron todos los elementos de prueba que existen
para la asociación ilícita de acuerdo al articulo 332 del Código Penal
hondureño.
Nota relacionada Conozca en qué momento del proceso se encuentra el juicio por el asesinato de Berta Cáceres
Fernández señaló que el fiscal no se puede hacer de la “vista gorda”, a unos elementos que son obvios y notorios de que hubo un comportamiento sistemático de ataques contra el Copinh y contra el pueblo Lenca.Diputados europeos preocupados ante juicio por el asesinato Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Esta mañana ha tenido lugar en el parlamento español (Congreso de las/os Diputadas/os) la sesión de control al gobierno. El diputado Pedro Arrojo (Unidos Podemos) ha preguntado al Gobierno: “¿Qué está haciendo el Gobierno de cara a evitar más asesinatos de defensoras medioambientales y de derechos humanos en América Latina, tal y como ocurrió con Berta Cáceres en 2016, cuyo juicio se está celebrando ahora?
La pregunta fue dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.
Aquí el video de la pregunta, la respuesta del ministro y la réplica de Pedro Arrojo.
Tegucigalpa.
Los eurodiputados han remitido una carta al presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, y a la Alta Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, una misiva que
ha sido firmada por 32 eurodiputados de cuatro grupos políticos.
“El
juicio debe realizarse en pleno respeto de los principios de
imparcialidad y acceso a la justicia. Este caso es clave para la defensa
de los derechos humanos en Honduras y en toda la región de América
Latina”, aseguran en la carta los eurodiputados
Más
de treinta representantes del Parlamento Europeo de Alemania, Bélgica,
Grecia, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y
Suecia han expresado hoy al Gobierno de Honduras y a la UE su “profunda
preocupación ante el estado actual del proceso judicial abierto por el
asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el asesinato en
grado de tentativa del ambientalista mexicano, Gustavo Castro”
Lo
anterior lo han manifestado en una carta que han remitido al presidente
de la Republica de Honduras, Juan Hernández, y a Alta Representante de
la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica
Mogherini.
El juicio ha sido
muy cuestionado porque no se le ha permitido a la familia de Berta
Cáceres ni a los abogados conocer todos los expedientes del juicio.
Además,
no se ha permitido la publicidad del juicio, al negar la transmisión
del mismo por parte del tribunal de sentencia que conoce el juicio, a
pesar de las peticiones hechas por los abogados y por los organismos
internacionales que acompañan a la familia y que son vigilantes del
juicio.
En el parlamento español diputado Pedro Arrojo pregunta qué está haciendo el Gobierno en casos como el asesinato de Berta Cáceres.
Esta mañana ha tenido lugar en el parlamento español (Congreso de las/os Diputadas/os) la sesión de control al gobierno. El diputado Pedro Arrojo (Unidos Podemos) ha preguntado al Gobierno: “¿Qué está haciendo el Gobierno de cara a evitar más asesinatos de defensoras medioambientales y de derechos humanos en América Latina, tal y como ocurrió con Berta Cáceres en 2016, cuyo juicio se está celebrando ahora?
La pregunta fue dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.
Aquí el video de la pregunta, la respuesta del ministro y la réplica de Pedro Arrojo.
Pedro Arrojo: "Lo grave es que Berta es una de las 130 asesinadas desde el golpe en Honduras"
Publicado el 10 oct. 2018
VIDEO:
Comunicado de solidaridad y VIDEO desde #KhanalAhmar Palestina a Honduras: “Berta Cáceres fue una de las nuestras…
Desde #KhanalAhmar Palestina a Honduras: “Berta Cáceres fue una de las nuestras. Lucho por la autodeterminación de su pueblo Lenca y en contra de la destrucción y colonización de su tierra y los recursos naturales.” #JusticiaporBerta
AQUI EL VIDEO
Declaración de solidaridad: por el fin de la impunidad y por la justicia para el pueblo de Honduras.
Seguimos de cerca el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras (COPINH), que se realiza del 10 al 28 de septiembre. Un escuadrón de la muerte la asesinó el 2 de marzo de 2016 en su casa e hirió a Gustavo Castro, miembro de Amigos de la Tierra – México.
Berta fue una de nosotros. Luchó por el derecho a la autodeterminación de su pueblo, los Lencas, y en contra de la destrucción y colonización de sus tierras y recursos naturales.Berta Cáceres se mantuvo firme y sin temor junto con el pueblo Lenca y el COPINH para luchar contra el megaproyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, prevista en el río Gualcarque, un lugar sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA), que está construyendo el proyecto, y el gobierno hondureño han respondido a la lucha popular con el incremento de la represión y persecución a los/as defensores/as de los derechos humanos. Sin embargo, el asesinato de Berta Cáceres solo ha intensificado la lucha.
Estamos conectados con el juicio por el asesinato de Berta porque Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad.
El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres.
Como dijo la hija de Berta, Berta Zúñiga, no solo queremos justicia para Berta, junto con el COPINH y el pueblo de Honduras creemos que el juicio debe ser un paso para poner fin a la impunidad de los perpetradores y todos los cómplices.
Estamos siguiendo el juicio por el asesinato de Berta y denunciamos que, entre otras irregularidades, el Ministerio Público por más de dos años ha persistido en obstaculizar y ocultar información que viola los derechos de las víctimas.
Además, los ocho ex empleados de DESA y el personal militar actualmente bajo juicio no son los únicos responsables. Toda la cadena de complicidad debe deshacerse. DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas.
Finalmente, debemos trabajar juntos para evitar que Israel exporte su experiencia en represión para dañar a las personas alrededor del mundo.
Ya sea en Honduras, en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo: tenemos que solidarizarnos para poner fin a la represión estatal y vencer la avaricia corporativa que se beneficia de las violaciones de nuestros derechos.
La verdadera justicia tiene que ser construida por la gente. ¡Berta Vive! Su espíritu inspira nuestra lucha diaria.
Firmado por:
Coaliciones:
ONG’s Palestinas medioambientales (PENGON) – Amigos de la Tierra Palestina
Coalición por la Defensa de la Tierra
Comité Nacional Palestino por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BNC)
Coalición Cíviva por los Derechos de los Palestinos en Jerusalén
Coalición por Justicia Social y Climática.
Organizaciones:
Asociación Al-Amal para la Infancia y el Desarrollo
Asociación de Agrónomos Árabes
Asociación para los Derechos de los Campesinos y para la Conservación del Medio Ambiente
Asociación Jadayel – Centro Palestino para la Cultura, las Artes y la Creatividad
Centro de Educación Ambiental
Centro de Medios Ambientales
Vida verde
Centro de Investigaciones de la Tierra
Sociedad Ni’lin para el Desarrollo y el Trabajo Comunitario
Foro de la Juventud Palestina
Comités de Ayuda Agrícola Palestina – PARC
Sociedad de Campesinos Palestinos – Tulkarem
Sindicato de Agricultores Palestinos
Federación Palestina de Nuevas Uniones
Campaña Popular Palestina contra el Muro del Apartheid (Detener el Muro / Stop the wall)
Centro de Desarrollo de Mujeres Palestinas
Consejo Popular para Proteger el Valle del Jordán
Comité de Coordinación de Lucha Popular (PSCC)
Sociedad de Desarrollo de Mujeres Rurales
Unión de los Comités de Trabajo Agrícola
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario de Uruguay saluda al COPINH
“Chabacanada” así ve la policía las medidas de seguridad para defensores de DDHH
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Una lámpara en el poste del
tendido eléctrico frente a su casa y un carné que lo identifica como
beneficiario de medidas de protección por ser defensor de derechos
humanos en riesgo (mismo que la policía de Gracias, Lempira, afirmó
desconocer), es lo que obtuvo Bernandino Pérez, a quien se le anunció
que, por no tener incidentes, se le suspenderá esa seguridad.
Pérez es integrante de la Red de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira) que
forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), y es comunicador de la radio comunitaria Taragual,
“La Voz de la Vida”, en el municipio de La Iguala, departamento de
Lempira.
Su labor de defensoría
Uno no se siente seguro, porque la labor
de defensora es fuera de la casa, la vez que intentó hacer uso de su
carné fue para auxiliar a una pareja mayor detenida en la carretera por
la policía, al señor no lo dejaban pasar y la señora iba de emergencia
para el hospital de Gracias, por lo que Bernardino se presentó ante la
policía como defensor de derechos humanos para que dejaran que la mujer
llegara al hospital.
“Hacete a un lado” me dijo el policía que es de Gracias. Le mostré el
carné que me facilita el mecanismo de protección, lo que me respondió
en son de burla “yo ni sé de esa chabacanada”, finalmente logramos que
los dejara pasar, dándoles diez minutos para ir y volver.
Bernandino Pérez es comunicador de la radio comunitaria Taragual y defensor de derechos humanos
Al defensor le preocupa que se
desconozca qué significa ese documento, aunque se quiera dar seguimiento
y estar atentos a los defensores en riesgo, otra limitante es que para
entrar al sistema de protección se debe identificar plenamente quienes
lo hostigan o vigilan para saber sobre la acción que realiza y eso es
amplio porque cualquier persona se presta para esos hechos.
En noviembre se le vencerá la protección
estatal, Bernardino aseguró que no siente temor quedar a la deriva,
porque está decidido a enfrentar la lucha desde los derechos humanos con
o sin un documento que la misma policía desconoce.
Pero no descartó la posibilidad de que
“si me vuelven a renovar las medidas con mucho gusto las acepto, porque
va quedando constancia que mi labor no es para determinado sector, sino
que seguiré enfrentando la lucha, con carneé o sin carné”.
Cabe señalar que es deber de los Estados proteger a los y las defensoras de derechos humanos, sin embargo, Honduras es uno de los países más peligrosos para este ejercicio. Al menos 15 defensores que gozaban de medidas cautelares o de protección fueron asesinadas, y en la mayoría de casos el Estado ha sido incapaz de aplicar justicia contra los autores intelectuales.
Bernardino seguirá acciones con el
acompañamiento de la Red de Lempira y el COFADEH, organización
peticionaria de las medidas de seguridad, como lo ha hecho también con
defensores y defensoras de derechos humanos de organizaciones y otras
redes donde sus integrantes han sido afectados por ejercer su labor de
defensoría.
Recientemente el COFADEH realizó una
jornada con beneficiaros del proyecto Defendiendo Derechos y Libertades
para vos y para tu voz, que ejecuta este comité, con el apoyo
de Diakonía, para conocer sobre el accionar del Mecanismo Nacional de
Protección para Defensores/as periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia
También se discutió la aplicación de un
documento que permitirá recolectar información desde beneficiarios de
las mismas, o de Medidas Cautelar otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), facilitado por Francisco
Castellanos de este Comité.
Para el grupo beneficiario que
representa a 19 organizaciones, gremios y redes, las medidas que ofrece
el Mecanismo Nacional de Protección no son siempre las acordes, como que
un policía los custodie, o portar un carnet que los mismos uniformados
dicen desconocer.
Régimen hondureño tiene estrategia para reorientar actores que violan derechos humanos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Tras conocerse de la violencia desatada por el capital transnacional unido a grupos económicos locales, contra el Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, que dejó como saldo 2 militares muertos y varios heridos de bala, trascendió que dos miembros del Comité Ambientalista de protección al río Reitoca, han sido criminalizados por el Ministerio Público.
El periódico digila www.defensoresenlinnea.com conoció el texto del Acta de Medidas cautelares bajo el número de expediente 2701-2018 en el cual detalla que el 31 de octubre de este año, los defensores del Río Reitoca, Wilmer Otoniel Alonso Herrera y José Orlando Rodas García, comparecieron a “Audiencia de Declaración de Imputado”, en el cual el Juzgado de Letras de lo Penal, de Justicia dictaminó decretar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva establecidas en el Código Penal.
La Coordinadora General del Comité de familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva que se continúa utilizando el sistema de justicia como mecanismo de inhabilitar la reclamación de derechos y la defensa territorial de las comunidades y pueblos en rebeldía.
A Wilmer Otoniel Alonso Herrera y a José Orlando Rodas García, se les acusa de usurpación en perjuicio de la empresa Mercantil promotora de generación de energía Limpia A.A. (Progelsa).
El tribunal determinó que los imputados deberán presentarse periódicamente los días jueves de cada semana ante el tribunal, se les prohíbe salir del país y no concurrir a determinados lugares en los que se encuentren representantes de Progelsa. Además el tribubal prohibió a los defensores del Río Reitoca mantener cualquier comunicación con la empresa hidroeléctrica.
La comunidad de Reitoca se ha mostrado indignada por la presencia de la empresa que impulsa el denominado: “Proyecto hidroeléctrico Río Petacón” que desarrolla Progelsa, porque aducen que en su primera fase contaminó el Río Reitoca, única fuente de agua que atraviesa la comunidad, y que se ubica al sur de Francisco Morazán en el corredor seco.
La mayoría de la población asegura que el proyecto no se consultó con la comunidad, que es en su mayoría es “lenca” y que cuenta con un título que data del siglo XVIII.
También los vecinos aseguran que el estado ha violado el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de consulta que deben realizarse.
Reitoca realizará varios eventos de solidaridad con los ambientalistas que han sido criminalizados por el poder judicial, a través de manifestaciones pacíficas en el municipio que incluyen una vigilia que acompañarán las iglesias católica y evangélica.
La resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Río Petacón comenzó en enero de 2017. Los ambientalistas han sido víctimas de brutales desalojos protagonizados por fuerzas policiales y militares que dejaron al menos 2 personas heridas de bala en la comunidad.
Tegucigalpa.-
De acuerdo al criterio de Edy Tábora, director del Comité por la Libre
Expresión (C-Libre), el régimen de Juan Hernandez tiene una estrategia
bien montada para reorientar los actores que cometen violaciones a los
derechos humanos, queriendo culpar a las maras y pandillas y sacar del
juego a los operadores de justicia y al propio engranaje gubernamental.
Tábora
apuntó que en la ley de la Policía Militar, creada por Juan Hernández,
ya se incorpora un concepto diciendo que quienes violan derechos humanos
en Honduras es el crimen organizado.
En
el mismo dialogo patrocinado por el régimen de Hernández quieren
instituir en el tema del fraude electoral que quienes se debe investigar
como culpables de la violencia postelectoral es a las maras y el crimen
organizado.
El
director de C-Libre reiteró que es toda una estrategia para tratar de
desviar que los culpables de las violaciones de los derechos humanos en
Honduras son agentes estatales.
Y
van a continuar con esta estrategia, dijo Tábora, porque parte de los
elementos que quieren distanciar del fraude electoral es que quien
cometía la violencia no son agentes estatales porque así se libran,
según ellos de ser penalizados.
“Sistema de justicia busca inhabilitar la reclamación de derechos”: Bertha Oliva
Tegucigalpa.- Tras conocerse de la violencia desatada por el capital transnacional unido a grupos económicos locales, contra el Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, que dejó como saldo 2 militares muertos y varios heridos de bala, trascendió que dos miembros del Comité Ambientalista de protección al río Reitoca, han sido criminalizados por el Ministerio Público.
El periódico digila www.defensoresenlinnea.com conoció el texto del Acta de Medidas cautelares bajo el número de expediente 2701-2018 en el cual detalla que el 31 de octubre de este año, los defensores del Río Reitoca, Wilmer Otoniel Alonso Herrera y José Orlando Rodas García, comparecieron a “Audiencia de Declaración de Imputado”, en el cual el Juzgado de Letras de lo Penal, de Justicia dictaminó decretar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva establecidas en el Código Penal.
La Coordinadora General del Comité de familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva que se continúa utilizando el sistema de justicia como mecanismo de inhabilitar la reclamación de derechos y la defensa territorial de las comunidades y pueblos en rebeldía.
A Wilmer Otoniel Alonso Herrera y a José Orlando Rodas García, se les acusa de usurpación en perjuicio de la empresa Mercantil promotora de generación de energía Limpia A.A. (Progelsa).
El tribunal determinó que los imputados deberán presentarse periódicamente los días jueves de cada semana ante el tribunal, se les prohíbe salir del país y no concurrir a determinados lugares en los que se encuentren representantes de Progelsa. Además el tribubal prohibió a los defensores del Río Reitoca mantener cualquier comunicación con la empresa hidroeléctrica.
La comunidad de Reitoca se ha mostrado indignada por la presencia de la empresa que impulsa el denominado: “Proyecto hidroeléctrico Río Petacón” que desarrolla Progelsa, porque aducen que en su primera fase contaminó el Río Reitoca, única fuente de agua que atraviesa la comunidad, y que se ubica al sur de Francisco Morazán en el corredor seco.
La mayoría de la población asegura que el proyecto no se consultó con la comunidad, que es en su mayoría es “lenca” y que cuenta con un título que data del siglo XVIII.
También los vecinos aseguran que el estado ha violado el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de consulta que deben realizarse.
Reitoca realizará varios eventos de solidaridad con los ambientalistas que han sido criminalizados por el poder judicial, a través de manifestaciones pacíficas en el municipio que incluyen una vigilia que acompañarán las iglesias católica y evangélica.
La resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Río Petacón comenzó en enero de 2017. Los ambientalistas han sido víctimas de brutales desalojos protagonizados por fuerzas policiales y militares que dejaron al menos 2 personas heridas de bala en la comunidad.
Juego macabro entre minera, gobierno y cuerpos represivos entrará en acción en Guapinol
Tuesday, 30 October 2018 22:03 Written by Dina Meza Published in Denuncia
Foto: Hondudiario
La empresa minera Inversiones Los Pinares se reunió este domingo
28 de octubre de 2018, con altos jefes policiales y militares,
representantes del gobierno y de la alcaldía de Tocoa, Colón para afinar
estrategias contra los defensores y defensoras de derechos humanos que
se oponen a las operaciones de la compañía. El objetivo es que a sangre y
fuego esta empresa no pare sus actividades, según denuncia difundida
este 30 de octubre del corriente año.
Un campamento de resistencia para defender los bienes comunes, entre
ellos las fuentes de agua se instaló en la comunidad de Guapinol, Tocoa,
Colón, desde casi tres meses, pero el sábado 28 de este mes de octubre
fue desalojado violentamente por mil 500 efectivos de varios cuerpos
represivos estatales.
De acuerdo a un comunicado divulgado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, “en reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar”.
Agregaron en el documento que como estrategia se definió que el alcalde municipal de Tocoa, Colón, “Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policiales y militares aseguran que garantizarán el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables”.
Este es el texto del documento emitido:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, ante los acontecimientos de los últimos días cristalizados el día de ayer lunes, expresamos lo siguiente;
Condenamos la actitud irresponsable, sorda y muda del gobierno central y Municipal que ha llevado al Municipio el luto y el dolor. A fuego y sangre nos están imponiendo en el Municipio un proyecto de desarrollo económico para los ricos y miseria para los pobres, y nos ponen en guerra a pobres contra pobres. Un civil o un soldado somos seres humanos con derecho a vivir. Somos los mismos pobres utilizados por el imperio empresarial minero para generar y cuidar la riqueza ajena. Exigimos que pare esta danza macabra, deben parar y cancelar todos los proyectos mineros que han convertido al Municipio en un lugar peligroso. Este sistema a la larga, nos dejara sin agua, con decenas de muertos, divididos y sin vida.
Estamos sufriendo los impactos del extractivismo administrativo producido en el Congreso Nacional en 2013 plasmado en el decreto #252-2013. Sufrimos los impactos del extractivismo ejecutivo producido en INHGEOMIN, MIAMBIENTE, ICF y el Gobierno Municipal de Tocoa. Las decisiones tomadas por los altos jerarcas de las instituciones, impulsadas por la ambición y la corrupción, burlándose de las comunidades, tiene como resultados un escenario doloroso en el Municipio de Tocoa. La pérdida de tres vidas humanas, muchas personas heridas, amenazadas, vivienda incendiada, gente judicializada y alto riesgo de perder el agua, es el producto del crimen gubernamental. Con los seis proyectos mineros en Tocoa, están violando la resolución 64/292 de la ONU y el artículo 145 de la Constitucional Nacional para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, de lo cual dependen los demás derechos humanos.
El Comité Municipal no pertenece al crimen organizado como lo dice Inversiones los Pinares a través de sus empleados. Somos ciudadanos del Municipio, con residencia en comunidades, caseríos, aldeas, colonias, barrios, miembros de organizaciones sociales, iglesias, etc. que defendemos lo que necesitamos para vivir. El contexto de violencia y miedo lo ha creado el gobierno central junto a la empresa Minera Inversiones los Pinares ¿Acaso existía esta situación en las comunidades de la zona antes de la llegada de esta empresa minera? Encontró burócratas y dirigentes sensibles al soborno, se ha aprovechado de la pobreza de la gente y la docilidad del gobierno Municipal de Tocoa.
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que la situación es muy peligrosa. En reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar. Que Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policial y militar aseguran que garantizaran el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables. Lamentamos que el gobierno usurpador junto a la empresa minera señale a personas y organizaciones como responsables de lo que ellos han hecho mediante la corrupción y la trampa y el pueblo sufriendo las consecuencias.
Aclaramos que estas personas y la Fundación nunca han buscado controlar el proceso de lucha por el agua que es propio de las comunidades y organizaciones en general. Exigimos el cese a la campaña criminalizante y solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos que exijamos la cancelación de los proyectos mineros para que vuelva la paz. Que la verdad y la justicia resplandezcan en nuestro Municipio.
Tocoa, Colon, 30 de octubre 2018
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
De acuerdo a un comunicado divulgado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, “en reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar”.
Agregaron en el documento que como estrategia se definió que el alcalde municipal de Tocoa, Colón, “Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policiales y militares aseguran que garantizarán el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables”.
Este es el texto del documento emitido:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, ante los acontecimientos de los últimos días cristalizados el día de ayer lunes, expresamos lo siguiente;
Condenamos la actitud irresponsable, sorda y muda del gobierno central y Municipal que ha llevado al Municipio el luto y el dolor. A fuego y sangre nos están imponiendo en el Municipio un proyecto de desarrollo económico para los ricos y miseria para los pobres, y nos ponen en guerra a pobres contra pobres. Un civil o un soldado somos seres humanos con derecho a vivir. Somos los mismos pobres utilizados por el imperio empresarial minero para generar y cuidar la riqueza ajena. Exigimos que pare esta danza macabra, deben parar y cancelar todos los proyectos mineros que han convertido al Municipio en un lugar peligroso. Este sistema a la larga, nos dejara sin agua, con decenas de muertos, divididos y sin vida.
Estamos sufriendo los impactos del extractivismo administrativo producido en el Congreso Nacional en 2013 plasmado en el decreto #252-2013. Sufrimos los impactos del extractivismo ejecutivo producido en INHGEOMIN, MIAMBIENTE, ICF y el Gobierno Municipal de Tocoa. Las decisiones tomadas por los altos jerarcas de las instituciones, impulsadas por la ambición y la corrupción, burlándose de las comunidades, tiene como resultados un escenario doloroso en el Municipio de Tocoa. La pérdida de tres vidas humanas, muchas personas heridas, amenazadas, vivienda incendiada, gente judicializada y alto riesgo de perder el agua, es el producto del crimen gubernamental. Con los seis proyectos mineros en Tocoa, están violando la resolución 64/292 de la ONU y el artículo 145 de la Constitucional Nacional para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, de lo cual dependen los demás derechos humanos.
El Comité Municipal no pertenece al crimen organizado como lo dice Inversiones los Pinares a través de sus empleados. Somos ciudadanos del Municipio, con residencia en comunidades, caseríos, aldeas, colonias, barrios, miembros de organizaciones sociales, iglesias, etc. que defendemos lo que necesitamos para vivir. El contexto de violencia y miedo lo ha creado el gobierno central junto a la empresa Minera Inversiones los Pinares ¿Acaso existía esta situación en las comunidades de la zona antes de la llegada de esta empresa minera? Encontró burócratas y dirigentes sensibles al soborno, se ha aprovechado de la pobreza de la gente y la docilidad del gobierno Municipal de Tocoa.
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que la situación es muy peligrosa. En reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar. Que Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policial y militar aseguran que garantizaran el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables. Lamentamos que el gobierno usurpador junto a la empresa minera señale a personas y organizaciones como responsables de lo que ellos han hecho mediante la corrupción y la trampa y el pueblo sufriendo las consecuencias.
Aclaramos que estas personas y la Fundación nunca han buscado controlar el proceso de lucha por el agua que es propio de las comunidades y organizaciones en general. Exigimos el cese a la campaña criminalizante y solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos que exijamos la cancelación de los proyectos mineros para que vuelva la paz. Que la verdad y la justicia resplandezcan en nuestro Municipio.
Tocoa, Colon, 30 de octubre 2018
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
Coalición contra la Impunidad: Militarización en Guapinol es para intimidar, vigilar y desmovilizar la lucha legítima
Thursday, 15 November 2018 00:45 Written by GA Published in Contexto
La mañana de este 14 de noviembre de 2018 la Coalición Contra la
Impunidad realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los
resultados de la misión que viajó a Guapinol a principios de este mes,
con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos en
la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón y que mantiene en un estado de
terror, militarización, persecusuión y grupos armados tolerados por el
Estado de Honduras.
El objetivo de la misión de la Coalición contra la Impunidad, estuvo
conformada por unas 19 organizaciones que se entrevistaron con
diferentes autoridades estatales de la zona, defensores y defensoras de
derechos humanos de Guapinol, así como con periodistas y comunicadores
sociales, sobre el desalojo violento ocurrido el 27 de octubre de 2018
por militares y policías, que dejó un sin número de violaciones a los
derechos humanos.
La Coalición entregó un comunicado a distintos medios de comunicación donde señaló las irregularidades de la concesión emitida a la empresa minera y que es productor de prácticas corruptas en el Congreso Nacional.
“Establecemos que la concesión del proyecto extractivo minero ASP 1 y ASP 2 otorgado a favor de la empresa Inversiones Pinares, propiedad del señor Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas. Es una ilegalidad suprema que el decreto 127-2012 que declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, haya sido reformado mediante decreto 252-2013 presentado por el ex diputado nacionalista Ricardo Antonio Díaz Aceituno, ampliando la zona de amortiguamiento y dando acceso ilegal a la explotación minera”, dice uno de los enunciados del documento.
Asimismo enumera las instituciones del Estado que son responsables de otorgar la licencia ambiental que ha provocado los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la salud de miles de personas.
También en el comunicado denunciaron las campañas de estigmatización “organizadas por la empresa Inversiones Pinares, para deslegitimar la lucha legítima de las comunidades y organizaciones y personas que resisten a la voracidad y corrupción estatal y privada”.
Denunciamos la incursión bélica y la violencia extrema por parte de al menos 1,500 agentes policiales y militares el día 27 de octubre contra “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida” cuando realizaron un desalojo forzoso. 10. Denunciamos la obstrucción a la labor informativa, las amenazas y la violencia contra las y los periodistas al momento de cubrir el ilegal desalojo, agrega el extenso comunicado.
Seguimos en pie de lucha
Pedimos al gobierno que nos quite la militarización porque no somos un grupo de vándalos, señaló, Juana Zúniga del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, organización que se mantiene en pie de lucha para evitar la destrucción de sus fuentes de agua por la minera Inversiones Los Pinares.
La comunidad de Guapinol ha realizado diversas acciones en defensa de su medio ambiente el cual están siendo destruido según denunciaron, por las operaciones de la empresa minera.
Desde el momento de la visita como misión no hemos parado en el tema del acompañamiento a la comunidad de Guapinol, vamos a presentar varios recursos legales en las diferentes instancias para continuar en el respaldo al comité, uno de ellos, tiene que ver con la ilegalidad del decreto que reformó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras, posteriormente vamos a regresar al campamento, para continuar con el respaldo a la comunidad, destacaron.
Hay un aproximado de 15 familias que han tenido que salir de la zona por miedo a la persecución.
Las preocupaciones
“Una de las cosas que tenemos que destacar que como misión tuvimos una reunión con la representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos,(CONADEH), en Tocoa, a nosotras nos parece que hasta esa fecha del 02 de noviembre la funcionaria no había podido ir a la comunidad de La Ceibita, que esta sitiada por sicarios, informó Yessica Trinidad, Coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Después de la toma de la municipalidad por 11 días, no se escuchó al pueblo, la petición es un cabildo abierto y cancelación de las concesiones mineras. Se ha hecho una búsqueda de información, no hemos tenido respuesta, ni de los entes estatales a través del gobierno central, ni de la municipalidad de Tocoa, además el comité ha estado permanentemente en la búsqueda de soluciones, narró Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Banegas describió que lo que han obtenido es 18 órdenes de captura para sus compañeros, un desalojo violento siendo el juez ejecutar un miembro de la DPI, un compañero asesinado, un herido de bala, dos muertes militares, una casa y un bus quemados, hay familias desplazadas, persecución permanente, “es un ambiente de guerra”.
Gabriela Soto, pobladora de Guapinol denunció que han criminalizado haciéndoles ver como un grupo organizado para el vandalismo, pero se ha luchado por un campamento pacifico en defensa del agua. “Ahora no se puede transitar libremente en nuestra comunidad porque ha sido militarizada horriblemente, están entrando tres o cuatro a diario a nuestra aldea, no podemos caminar o circular libremente como antes”.
Describió que tres meses después que estaban en el campamento el agua del rio iba aclarando, “llorábamos de la alegría al ver lo que habíamos logrado, paramos esa maquinaria, pero qué pasa después, bueno hace tres días llovió, el agua ya bajó con sedimento de carretera, eso nos hace pensar que esta empresa está subiendo maquinaria y ese sedimento que está suelto vuelve a caer al rio y así provoca que el agua vuelva a salir como chocolate”, señaló Juana Zúniga dirigente del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Zúniga dijo que “no hay palabras para describir la intimidación que nos hacen los militares, y hay compañeros que viven cerca del río que han tenido que abandonar sus casas por temor a que les hayan a hacer algo malo “.
Lea el comunicado íntegro Aquí
La Coalición entregó un comunicado a distintos medios de comunicación donde señaló las irregularidades de la concesión emitida a la empresa minera y que es productor de prácticas corruptas en el Congreso Nacional.
“Establecemos que la concesión del proyecto extractivo minero ASP 1 y ASP 2 otorgado a favor de la empresa Inversiones Pinares, propiedad del señor Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas. Es una ilegalidad suprema que el decreto 127-2012 que declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, haya sido reformado mediante decreto 252-2013 presentado por el ex diputado nacionalista Ricardo Antonio Díaz Aceituno, ampliando la zona de amortiguamiento y dando acceso ilegal a la explotación minera”, dice uno de los enunciados del documento.
Asimismo enumera las instituciones del Estado que son responsables de otorgar la licencia ambiental que ha provocado los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la salud de miles de personas.
También en el comunicado denunciaron las campañas de estigmatización “organizadas por la empresa Inversiones Pinares, para deslegitimar la lucha legítima de las comunidades y organizaciones y personas que resisten a la voracidad y corrupción estatal y privada”.
Denunciamos la incursión bélica y la violencia extrema por parte de al menos 1,500 agentes policiales y militares el día 27 de octubre contra “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida” cuando realizaron un desalojo forzoso. 10. Denunciamos la obstrucción a la labor informativa, las amenazas y la violencia contra las y los periodistas al momento de cubrir el ilegal desalojo, agrega el extenso comunicado.
Seguimos en pie de lucha
Pedimos al gobierno que nos quite la militarización porque no somos un grupo de vándalos, señaló, Juana Zúniga del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, organización que se mantiene en pie de lucha para evitar la destrucción de sus fuentes de agua por la minera Inversiones Los Pinares.
La comunidad de Guapinol ha realizado diversas acciones en defensa de su medio ambiente el cual están siendo destruido según denunciaron, por las operaciones de la empresa minera.
Desde el momento de la visita como misión no hemos parado en el tema del acompañamiento a la comunidad de Guapinol, vamos a presentar varios recursos legales en las diferentes instancias para continuar en el respaldo al comité, uno de ellos, tiene que ver con la ilegalidad del decreto que reformó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras, posteriormente vamos a regresar al campamento, para continuar con el respaldo a la comunidad, destacaron.
Hay un aproximado de 15 familias que han tenido que salir de la zona por miedo a la persecución.
Las preocupaciones
“Una de las cosas que tenemos que destacar que como misión tuvimos una reunión con la representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos,(CONADEH), en Tocoa, a nosotras nos parece que hasta esa fecha del 02 de noviembre la funcionaria no había podido ir a la comunidad de La Ceibita, que esta sitiada por sicarios, informó Yessica Trinidad, Coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Después de la toma de la municipalidad por 11 días, no se escuchó al pueblo, la petición es un cabildo abierto y cancelación de las concesiones mineras. Se ha hecho una búsqueda de información, no hemos tenido respuesta, ni de los entes estatales a través del gobierno central, ni de la municipalidad de Tocoa, además el comité ha estado permanentemente en la búsqueda de soluciones, narró Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Banegas describió que lo que han obtenido es 18 órdenes de captura para sus compañeros, un desalojo violento siendo el juez ejecutar un miembro de la DPI, un compañero asesinado, un herido de bala, dos muertes militares, una casa y un bus quemados, hay familias desplazadas, persecución permanente, “es un ambiente de guerra”.
Gabriela Soto, pobladora de Guapinol denunció que han criminalizado haciéndoles ver como un grupo organizado para el vandalismo, pero se ha luchado por un campamento pacifico en defensa del agua. “Ahora no se puede transitar libremente en nuestra comunidad porque ha sido militarizada horriblemente, están entrando tres o cuatro a diario a nuestra aldea, no podemos caminar o circular libremente como antes”.
Describió que tres meses después que estaban en el campamento el agua del rio iba aclarando, “llorábamos de la alegría al ver lo que habíamos logrado, paramos esa maquinaria, pero qué pasa después, bueno hace tres días llovió, el agua ya bajó con sedimento de carretera, eso nos hace pensar que esta empresa está subiendo maquinaria y ese sedimento que está suelto vuelve a caer al rio y así provoca que el agua vuelva a salir como chocolate”, señaló Juana Zúniga dirigente del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Zúniga dijo que “no hay palabras para describir la intimidación que nos hacen los militares, y hay compañeros que viven cerca del río que han tenido que abandonar sus casas por temor a que les hayan a hacer algo malo “.
Lea el comunicado íntegro Aquí
