EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO NOV. 2018:
LA REVOLUCIÓN DE CARAVANAS
La
caravana en su desdén, al partir no sólo le dio le espalda a JOH y sus
jefes; también se la dio a la oposición partidaria, no tienen los mismos
tiempos, el pueblo quiere que se vaya JOH, la oposición electoral calla
y lo sostiene con abrazo amigo hasta los comicios de 2021.
EDITORIAL
LA REVOLUCIÓN DE CARAVANAS
Del
otro lado de las fronteras —a lo lejos— en las montañas hondureñas, aún
se ve la densa estela blanca de gas lacrimógeno. Se siente como tantas
veces en los últimos diez años ese impulso de ira, de soledad, de
frustración. Flota en la memoria ese efecto tóxico que quema la piel y
calienta la respiración, que hace llorar ácido en la falsa niebla, que
sofoca la garganta hasta matar a Wendy en 2009.
Esa
desesperanza apuraba el paso de la caravana recién el sábado 13 de
octubre, no hacia Estados Unidos, es a un destino mejor como muchos
otros pueblos que por terror y hambre hicieron y harán lo mismo en la
historia. El punto de partida es el sueño de una madre viendo crecer a
sus hijos y su descendencia, o la obstinación de una mujer con recuperar
para sus hijos una choza de tablas que el río embravecido se llevó
durante la semana morazánica.
Ese
adiós no causa gracia. La primera de cuatro caravanas formada por unas
7.000 personas llegó a Baja California el pasado 15 de noviembre, 34
días después que salieron de San Pedro Sula y tras haber cruzado por
tierra más de 4,400 kilómetros. Un camino incierto que en la ansiedad
por pasar la frontera fue la sepultura para Henry, asesinado por la
policía mexicana. ¡Que ironía! Dicen que una bala de goma lo mató, igual
que a Isis Obed el 5 julio de 2009 en pleno golpe de Estado.
Jamás
olvidaremos el trato amistoso a los nuestros en Chiquimula y Tapachula
y, tampoco, más adelante el frío, el hambre y la discriminación en
Tijuana. Aun así no hallaron opción, siguieron, el miedo cala los huesos
en Honduras. Aquí ha ocurrido un genocidio, los muertos son civiles
desarmados.
En
la última década, desde 2009 hasta el primer trimestre de 2018, datos
oficiales cuentan que fueron asesinados 55,137 hondureños, cifra
escalofriante que supera el promedio de 44,000 homicidios que por década
registró Colombia en sus cincuenta años de cruento conflicto armado
convencional, entre 1958 y 2012 la guerra se llevó 177.307 civiles y
apenas 40.787 combatientes de diferentes bandos, según el Centro de
Memoria Histórica.
Varios
medios del mundo han recogido el testimonio de hondureños, sin ambages
declaran que huyen de la dictadura que lidera Juan Hernández y culpan
que la injerencia de Estados Unidos imposibilita el cumplimiento de la
voluntad popular y, que ambos factores, han vuelto insoportable la
existencia tranquila, han dicho que si Hernández deja el gobierno
mañana, volverían. La caravana es una novedosa forma de protesta
internacional contra los que hoy controlan Honduras. Es, ante la
diplomacia cómplice del despotismo, que oculta la hipocresía bajo
disfraz de prudencia, el reclamo a tiempo contra sus corporaciones
amantes de los poderosos, que conspiran contra el triunfo de los pueblos
que exterminan las tiranías.
No
hay revoluciones iguales. Éxodo es método de lucha, esta vez; el
escenario es el exterior, esta vez. Mucho historiador bueno para
memorizar, sin dudar, se apega al manual de dominación y repite que el
hondureño es “pacífico”, cuando nunca lo ha sido. ¿Qué “pacífico”
caminaría 210 días continuos desarmado, en protesta contra un golpe de
Estado como en 2009 frente a un ejército como el hondureño, asesino de
ocupación gringa?
¿Qué
“pacífico” pasaría casi cien años en guerras civiles? ¿No han visto
como esta caravana en harapos, enferma y hambrienta, sin querer, infunde
reservas en otros pueblos cuando ven al hondureño saltar al vacío y
cruzar ríos, aun siendo torturado por helicópteros mexicanos? El
connacional destaca por su inteligencia con la mínima oportunidad en el
extranjero. Esto no es drama, no necesita el pueblo, se hizo insensible
para subsistir al trato bestial del poder.
La
caravana en su desdén, al partir no sólo le dio le espalda a JOH y sus
jefes; también se la dio a la oposición partidaria, no tienen los mismos
tiempos, el pueblo quiere que se vaya JOH, la oposición electoral calla
y lo sostiene con abrazo amigo hasta los comicios de 2021.
Un migrante salvadoreño descansa antes de emprender el viaje hacia EU. Foto Afp
San Salvador. Un nuevo grupo
de unos 200 migrantes salvadoreños iniciaron este domingo su camino
hacia Estados Unidos, con la esperanza de escapar de las pandillas y la
crisis económica.
Los migrantes se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en el sector oeste de la capital, y desde ahí caminaron un kilómetro hasta una terminal en donde abordaron tres autobuses hacia la ciudad de Sonsonate, 66 km al este de la capital.
Los migrantes, algunos llevando niños, aseguraron que en Sonsonate tomarían otro autobús que los conducirá a una de las fronteras que conectan con Guatemala.
Con mochilas al hombro, hombres y mujeres se mostraron decididos a soportar lo que les depare el camino, y estaban conscientes de lo duro que será el viaje, más aún sabedores que no llevan documentos migratorios.
"La verdad es que uno se va obligado, yo no quisiera irme del país, pero imagínese qué hago yo sola con mis dos hijos, nadie me ayuda, las maras (pandillas) nos han amenazado, así que mejor nos vamos", dijo a la AFP Cecilia Bonilla, de 36 años, que viaja con sus hijos Steven y Daniel de cinco y 13 años.
Esta madre soltera, sin trabajo formal y amenazada por las pandillas dejó así abandonada su pequeña casa en una complicada zona plagada de maras en la ciudad de Soyapango, en la periferia este de la capital.
Por su parte, Javier Campos, de 42 años, viajó el sábado desde el oriental departamento de Usulután y pernoctó junto a otros migrantes en la plaza.
Con un grueso abrigo por el frío de la mañana, Campos, de piel morena y cabello bien recortado, explicó que dejó a su esposa y tres hijos "con todo su dolor".
"Qué le vamos a hacer, me duele dejar a la familia, pero es por ellos que decidí irme a ver si llegamos al norte, si pasamos a Estados Unidos tenemos la esperanza de tener una mejor vida, acá en El Salvador ya no hago nada", dijo Campos, que siempre se ha dedicado a la pesca artesanal.
Muchos de los salvadoreños que este domingo cogieron rumbo a Estados Unidos aseguraron a la prensa que llevan poco dinero.
La mayoría llevaban en sus mochilas un par de cambios de ropa, abrigos para el frío y medicina básica para afecciones estomacales, gripe, fiebre o dolores musculares.
El 13 de octubre, miles de migrantes hondureños salieron de su país en caravana con rumbo a suelo estadounidense.
Siguiendo a los hondureños, a finales de octubre, casi 2 mil salvadoreños abandonaron el país huyendo de falta de empleo y de la violencia de las pandillas, como se denomina a bandas delictivas que operan en países de Centroamérica.
Organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia católica salvadoreña han pedido al gobierno atacar las causas que están originando las migraciones masivas de ciudadanos que buscan un mejor futuro en el país.
Migrantes
en éxodo denotan preocupación por lo acontecido ayer en la ciudad de
Tijuana, donde pobladores atacaron a hondureños que se asentaron en los
albergues, además el edil del Partido Acción Nacional, ha declarado como
“non grata” la masiva llegada de indocumentados.
Una nueva caravana de migrantes, integrada por al menos 150
ciudadanos de El Salvador, partió este domingo desde ese país rumbo a
Estados Unidos (EE.UU.)
El nuevo grupo inició su caminata a las 8h00 (hora local) desde la Plaza Salvador del Mundo, dirigiéndose al terminal de occidente para abordar autobuses y así llegar a la frontera de San Cristóbal y cruzar hacia Guatemala.
Los marchantes señalan que en Guatemala se reunirán con 25 migrantes más para llegar juntos a EE.UU. Esto, pese a las reiteradas y mantenidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de no permitir el acceso a personas que intenten ingresar ilegalmente al país.
El grupo de salvadoreños señalan que se unirán a las caravanas que han salido desde mediados de octubre, con la finalidad de pedir asilo en EE.UU.
Manuel Umaña, un agricultor de 53 años, asegura que decidió unirse a la caravana para escapar del acecho de violencia. “A nosotros ya nos tienen amenazados los pandilleros en donde vivimos, ya no tenemos vida con esa gente, nosotros no nos metemos con nadie y por eso decidimos ir a buscar ambiente a otro lugar”, expresó.
Esta nueva caravana se unirá a los al menos 4.000 mil migrantes centroamericanos que han partido en diferentes fechas desde Guatemala, Honduras y El Salvador.
(Con información de Telesur)
La garita de San Ysidro tiene 24 puertas con dos accesos cada una y comunica Tijuana con el condado de San Diego. Normalmente en este punto el cruce podría durar una hora; desde el martes pasado se pierden hasta cuatro horas intentando cruzar.
No hubo información oficial sobre el operativo en la garita: simplemente se pudo ver el despliegue del improvisado muro.
“En
ningún momento hemos disparado a ningún ciudadano”, ha dicho hoy el
jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Rene Ponce (foto), quien alega
que “mis soldados no han sido entrenados para eso”. Ayer la Fiscalía
pidió al castrense la información referente a los 22 asesinatos de
civiles en las protestas durante el “golpe electoral”.
Ponencia de Berta Oliva
Antes de venir aquí revisé mis antiguas notas sobre este mismo tema y encontré unas del 5 de mayo de 2003, es decir, divulgadas hace 14 años.
Es increíble la vigencia de aquello que dijimos.
Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. Tomaron decisiones políticas y administrativas en varias instituciones clave del Estado.
Hoy podemos decir lo mismo.
Entre 2009 y 2018, 10 años después del golpe de Estado, la soldadezca decide la justicia, la política exterior, la vida y la muerte en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Los militares se tragan casi el 2 por ciento del total del producto interno bruto del país, esto significa en 2018 más de 15 mil millones de lempiras, policías y militares que son dos contabilidades en una. Como convenga mejor.
En 2003 dije que esta influencia militar fuera de los batallones, por encima de los civiles, tenía diversas expresiones. Expresiones siempre contra la gente.
El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos era una contracorriente fuerte y decisiva para detener esta degeneración del papel militar en la sociedad hondureña. Y eso nos costó caro. Compañeros y compañeras asesinadas o expulsadas del país.
El primer presidente de la época de transición, Roberto Suazo Córdova, aceptó lejos del poder que él fue una figura decorativa. Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el poder, guiados siempre por la embajada de Estados Unidos y la Escuela de las Américas.
El poder siempre lo ejercían del mismo modo que hoy: facilitación del crimen organizado, participación directa en el narcotráfico, represión bruta de la disidencia social y política con detenciones ilegales, torturas, desapariciones, control de las comunicaciones, pactos de silencio, complicidad y chantaje hacia los partidos políticos; control de medios de comunicación y administración de instituciones claves, como las siguientes:
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y CONATEL.
La Policía Nacional.
La Policía de Tránsito.
La Policía de Fronteras
La Dirección de Población y Política Migratoria.
La Empresa Nacional Portuaria.
Las aduanas terrestres, aéreas y marítimas.
La Dirección de Aeronáutica Civil.
La Armería.
El Instituto Cartográfico Nacional. Entre otras.
En aquella época pasada los jefes militares opinaban sobre política exterior, economía política, ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían “pacíficamente” los conflictos sociales y políticos del país.
En los batallones se firmaban los pactos de caballeros; del Estado Mayor salían las partes “concertadas”, enfocadas por el cañón de los fusiles.
Después de 2009, los militares y policías militares, que son lo mismo, rezan antes de reprimir, hacen cultos para lavar sus armas manchadas de sangre, y los jefes del Estado Mayor tienen el aire de pastores.
Entre 1980 y 1984 los militares produjeron más de 184 desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado.
Después del golpe de Estado nuestro registro de nuevas desapariciones es de 63?
En el pasado Honduras fue ocupada literalmente por las tropas militares de los Estados Unidos, los agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas. Todo el territorio fue tomado para atacar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y a Honduras, por supuesto.
Honduras fue utilizada para entrenar tropas contrainsurgentes de El Salvador, Guatemala y NIcaragua, mientras unidades locales fueron “formadas” por la Escuela de las Américas en Estados Unidos y Panamá en técnicas de vigilancia, infiltración, penetración, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato.
En 2018 Honduras sigue ocupada. Tiene la base permanente de Palmerola, ampliada después del golpe, una base militar extranjera en La Mosquitia, otra base tecnológica en el Mar Caribe. Y en tierra firme, agentes del FBI, de la CIA y hasta de la Policía Rural estadounidense.
En aquella época de hace 25 años no habíamos críticos ni disidentes del militarismo, sólo enemigos de las Gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras; no habíamos movimientos de opinión pública por los derechos humanos, sólo éramos unos “grupúsculos de termocéfalos” que amenzábamos la unidad granítica de las Fuerzas Armadas. Paja hombe, entiendan mi modo sarcasmo…
En marzo de 1984 fue echado de su cargo el principal líder del militarismo en Honduras: el general Gustavo Alvarez Martínez, el peón preferido de la estrategia estadounidense.
Pero quedaron siempre sus alumnos hasta nuestros días, hasta parientes suyos han tenido mandos en los últimos años. Aunque el más conocido tuvo que huír o se lo llevaron a estados Unidos, no es muy claro eso aún.
El guión político del poder militar en Honduras siguió intacto con un armamentismo brutal. Tienen aviones de combate, aviones israelíes no tripulados, cambiaron sus fusiles de asalto, tienen inteligencia artificial y equipo naval de alta velocidad.
Pero las tareas principales que les da la Constitución de 1982 siguen en problemas: la droga que consume EEUU sigue pasando puntual por este territorio, más de 550 mil toneladas siguen pasando, los bosques se incendian cada año sin trabajo preventivo y lo peor, dejaron a un impostor asaltar la presidencia por la vía de la reeelección. Sin hacer nada por detenerlo. Y veamos ahora los efectos….
Medición de fuerzas.
Las violaciones a los derechos humanos no pudieron ser controladas por los expertos del Pentágono. Eran fuertes las voces y los gritos de nosotros los parientes de los desaparecidos, los activistas de derechos humanos y los líderes políticos y sociales opuestos a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la Guerra de Baja Intensidad.
El primer juicio contra el Estado por desaparición forzada de personas, abierto en 1996 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado en 1987 y 1988, fue un duro precedente para los impulsores del militarismo.
El miedo, el terror y la indefensión que imponía el Estado, habían sido enfrentados siempre con lágrimas, pancartas, denuncias; ahora con un juicio a nivel internacional.
Los desertores de las filas del terrorismo estatal habían aportado también valiosa contribución. Testimonios desde adentro que vulneraban la moral y la credibilidad de la institución militar.
En 1989 llegó como Presidente Rafael Callejas, quien aportó dinero a la APROH para desaparecer personas, para entonces era amigo de la embajada de Los Próceres, ahora lo tienen con grilletes en Miami por no haber hecho bien las cuentas… Callejas llevó con él a todos los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos. Fueron ascendidos a cargos visibles en las Fuerzas Armadas, empezando por el primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16, Luis Alonso Discua Elvir.
Callejas les mantuvo alto su presupuesto, el control de todas las instituciones impulsoras de la guerra fría y les prometió olvido total a sus delitos mediante decretos de amnistía. Revivió los acuerdos de Esquipulas 86 y anunció “no más noches oscuras de los desaparecidos”.
Era evidente que los militares estaban en el poder, pero conscientes que lo perdían. Su estabilidad externa pasó a depender en gran medida de los políticos de ambos partidos tradicionales, lo que los obligaba a negociar con ellos; y su “unidad granítica” al interior desmejoró radicalmente por la corrupción, el narcotráfico, el crimen y otros delitos inocultables dentro y fuera de las barracas, que desató un choque generacional implacable.
Hoy esos militares tienen de nuevo a liberales y nacionalistas como sus rehenes, ellos piden algo y se los dan como a los niños llorones.
Todo lo que piden los militares es usado para sus cuentas particulares y lo demás para uniformes, un montón de papadas anexas, y gas lacrimógeno, gas pimienta. Les encanta tirar gases…
Reformas y abajo el militarismo.
El arribo al poder en 1994 del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el liberal Carlos Roberto Reina, impulsó las reformas que dejaron, finalmente, fuera de combate al militarismo y fortalecidas las posiciones de los organismos defensores de los derechos humanos.
Bajo presión popular, el gobierno de Reina eliminó el Servicio Militar Obligatorio y lo sustituyó por uno Voluntario y Democrático; además, relevó con civiles a los militares de la administración de las instituciones públicas de la guerra fría mencionadas al inicio.
Reina acompañó la separación de la policía militar de las Fuerzas Armadas y la transfirió al control civil. También estuvo atento a la apertura de fosas comunes identificadas en cementerios clandestinos y al inicio de juicios en 1995 contra militares activos y en retiro por desapariciones forzadas de personas en los años ochentas.
Aunque Reina fue forzado a negociar impunidad con la deteriorada cúpula militar del Batallón 3-16, pudo impulsar antes de irse del poder la supresión del cargo de Comandante en Jefe (paralelo al Presidente) y el deliberativo Consejo Superior (paralelo al Congreso Nacional) de las Fuerzas Armadas. También eliminó el cargo militar en la Secretaría de Defensa y ascendió a figura constitucional permanente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Para esta época más de dos docenas de militares habían huido de Honduras, esquivando la justicia.
El Huracán Mitch arrastró a los prófugos hasta las playas de Honduras. En medio de la conmoción del huracán Mitch y apoyados en el retorno al poder del ex secretario privado del gobierno de Alvarez Martínez, el liberal de derecha Carlos Flores Facussé, los prófugos retornaron al país en 1998 y hallaron jueces que cambiaron la tipificación de sus delitos para hacerlos fiables, al tiempo que invocaron los viejos decretos de amnistía.
Aunque la amnistía fue declarada inconstitucional, los jueces favorecieron con sus fallos a la mayoría de los acusados, sin necesidad de recurrir a la amnesia.
Durante el gobierno de Flores Facussé, los jefes militares no cuestionados se sometieron al poder presidencial, iniciaron esfuerzos por acercarse de otra forma a la población y retiraron todo respaldo económico o político institucional a los acusados por violaciones a los derechos humanos.
Para esta época los militares inclusive dejaron de ser una competencia agresiva para los empresarios en el terreno de los negocios.
En su mejor época movían una pujante industria militar, acompañada de bancos, financieras, puestos de bolsa, funerarias, bienes raíces, medios de comunicación, cementera, etc.
Actualmente su mejor empresa es el Presupuesto Nacional, el gasto inútil en militares representa infinitamente más que educación, salud y justicia.
El gobierno de Flores Facussé, paralelamente, abandonó las reformas institucionales en materia policial y judicial iniciadas en 1993.
Facaussé fomentó la impunidad de los militares procesados por delitos de lessa humanidad, permitió que los viejos cuadros de la policía militar controlaran la “nueva” policía civil y quitó a la Fiscalía General la policía técnica de investigación criminal para anexarla a la “nueva” institución policial.
Facussé echó para atrás los cambios de Reina.
Arreciaron durante ese período las muertes violentas de jóvenes y personas supuestamente delincuentes sin que sus casos hayan sido investigados y castigados, y creció sin precedentes el delito organizado jefeado o integrado por ex policías, ex oficiales del ejército o miembros activos de ambas instituciones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía se reconvirtieron en el crimen organizado y los efectos los padecemos hoy.
La nueva entidad policial no fue depurada y los jueces y magistrados, como siempre, fueron nombrados por filiación política.
El ahora.
Actualmente, pasamos de la “Cero Tolerancia” o “Guerra contra la Delincuencia”, de Maduro, que empoderó otra vez a los Comités de Seguridad, Vecinos Vigilantes y Operativos Conjuntos Policía-Ejército. Hasta quedarse juntos hoy en día.
El propósito no era la prevención de los delitos, era excderse en los delitos y violaciones a derechos, para volver a ser temidos.
En el marco de esta nueva estrategia de seguridad interior, los militares han sido incorporados de forma permanente a tareas policiales, como fue en el pasado. Hoy son uno solo.
Con todo el presupuesto del país a su disposición, los esquemas de intolerancia fueron reinstalados, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos cada día.
Ellos empezaron con la estrategia de subir la percepción de inseguridad por encima de los niveles reales de delincuencia, para que la población aceptara la mano dura de policías y militares. Y que aceptara la muerte como oferta principal.
Nunca como ahora fue más violento el lenguaje contra quienes levantamos la voz por la vida. Se nos acusa de defender a los delincuentes y estimular la inseguridad con nuestra postura en contra de la matanza. De ser enemigos del desarrollo y enemigos de la patria.
La comunidad de personas defensoras de derechos humanos somos víctimas de criminalización, persecución y muerte. Más de 400 personas defensoras a nivel nacional tienen medidas colectivas pedidas por la Comisión Interamericana. Decenas han muerto asesinadas.
El país vive una profunda crisis derivada del injusto modelo económico aplicado, de la degeneración ética de la clase política dirigente y del empobrecimiento aterrador de los hogares.
El golpismo de los últimos 10 años tiene un impacto atroz sobre la vida y las libertades. Leyes involutivas de los derechos humanos fueron aprobadas, y son manejadas por los militares. Las cárceles están llenas de personas criminalizadas durante la resistencia al golpe y al fraude. Tenemos presos políticos sufriendo en prisiones en poder de los militares.
Todo se parece a una ingobernabilidad social y política que pone a los militares del país al centro, ni siquiera como salvadores de la democracia, sino como el principal problema.
No olvidar:
Oficiales huyendo aún por violaciones a DDHH
Otros reconvertidos de analistas de tv y radio
El peso de la Corrupción en las violaciones
La extradición a Estados Unidos que no aminora los problemas
La lucha contra la impunidad de la OEA, que no pasa del poder de los corruptos
El papel de la comunidad internacional avalando el golpismo
El escandaloso número de hombres en armas en este momento de crisis
Los días tristes que vienen porque la crisis sigue
La impunidad continúa
Mayo 5 de 2003/Octubre 2018
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- A más de 90 días de permanecer en resistencia, el “Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa, fue desalojado violentamente por fuerzas policiales, militares y paramilitares al servicio de la Empresa Minera Los Pinares. El resultado ha sido fatal y se anuncia persecución y más violencia.
“Es la gran dictadura del gran capital, la que se impone, y en Honduras está en marcha, y está en marcha, porque hay alguien a quien le interesa esto, le interesa a Juan Orlando y su grupo económicamente pudiente en el país; para esto tiene una estructura armada, una estructura fuertemente armada para reprimir las luchas de las comunidades que se resisten a aceptar los cánones de la gran dictadura de la economía capitalista”, dijo a www.defensoresenlinea.com Juan López, líder de las comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica en Colón.
El gran capital transnacional, teniendo a la gran empresa privada de Honduras como “la gran testaferra de estos capitales” que se mueven en nuestro país ha llegado a este municipio, a este departamento, y ha llegado de la manera más deshonesta. Sin consulta, sin decisiones de las comunidades y las poblaciones, explicó López.
López indicó que “está arremetiendo el gran capital contra el agua, contra el ambiente y contra las relaciones fraternas entre las comunidades y la población”.
Creo que aquí el estado de Honduras como estructura de administración, está jugando el papel más vergonzoso a favor de los grandes capitales. Hay una estrategia y por supuesto cuando entendemos el contexto nacional en el marco de lo continental, estamos mirando cómo las grandes empresas, las transnacionales, las multinacionales, las empresas nacionales van enterrando sus colmillos en todo el territorio, acaparando los espacios físicos, los espacios electrónicos, los espacios hídricos, los espacios humanos y administrativos, sostuvo.
López indicó que a este ritmo, si no se quiebra esta locura del gran capital, en los próximos años tendremos comunidades con un nivel de expulsión mayor que el que está dándose ahora en el país, con estas caravanas que van hacia Estados Unidos.
La comunidad de Guapinol lleva 92 años ahí, y de un plumazo, un diputado, un ministro, un alcalde, están de acuerdo para que en 3 años, destruyan ese río. “Oponernos a eso entonces es dignidad, es honestidad, es ética con la vida”.
Para nosotros continúa ahora un proceso de análisis, el escenario ha cambiado, de una lucha de movilización, de exigencia pacífica, la gran empresa privada Inversiones Los Pinares, con la facilitación de toda la estructura del estado, la pone ahora en condiciones de llevar esta lucha a un enfrentamiento armado, advirtió el líder laico de la iglesia católica.
“Lo que busca Inversiones Los Pinares y lo que busca el gobierno central es que haya enfrentamiento entre los mismos vecinos del municipio. Nosotros no queremos eso, no luchamos para la muerte, luchamos por la vida”.
Entendiendo que somos seres humanos con sentimientos, con emociones, con impotencia ante el régimen de la economía y de la administración tememos que esto pase, eso es lo que quiere la gran empresa privada.
“Por supuesto que grupos paramilitares, grupos armados que tiene la empresa minera, significa para nosotros el punto de lanza, la picota de la estrategia que tiene la empresa para la provocación, eso es lo que buscan”.
López dijo que “nosotros vamos a seguir luchando, pero queremos esta lucha sentarla sobre principios de justicia y de dignidad”.
Se prevé un escenario más oscuro, si el gobierno central se niega a cancelar los 6 proyectos mineros que hay en el municipio, se prevé un ambiente mucho más tenso, tememos que la sangre chorree más que los chorros de los ríos San Pedro, Guapinol y el río Tocoa.
Las comunidades no se van a quedar cruzadas de brazos, tienen que dar la batalla, es el deber de dar la batalla porque es su vida; no tenemos otro camino que seguir luchando.
Hay en la comunidad de Guapinol, símbolo de la resistencia en el municipio y en el departamento, una situación lamentable. Los compañeros de los sectores de San Pedro, Cayo Sierra, de Zamora, de La Concepción, de La Lempira, del mismo Ceibita, de Tocoa, fuímos nuevamente desalojados en la toma que teníamos; exigiendo al gobierno que ponga fin a esta situación en que nos ha metido.
“Entonces prevemos un escenario más complicado, más violento, más criminal, más oscuro en ésta área del departamento y del municipio, y eso lo define Juan Orlando y su decisión de mantener a sangre y fuego la imposición de la empresa minera Inversiones Los Pinares y otras que tienen concesiones mineras en el municipio”.
Aquí el único responsable de la situación que se está viviendo es el gobierno central, con nombre y apellido: Juan Orlando Hernández, en su condición de presidente del Congreso Nacional, cuando se creó el conflicto en diciembre de 2013.
Oscar Ramón Nájera Zapata, diputado por el departamento de Colón que lleva 7 períodos de ocupar una curul en el hemiciclo legislativo “es responsable desde la comisión de energía del congreso, por sus manos, por sus decisiones han pasado todos estos procesos, proyectos, contratos y determinaciones”.
Ahora las comunidades estamos padeciendo las consecuencias de sus actos, hay compañeros heridos, compañeros golpeados, gaseados, compañeros que todavía no logran llegar a su casa y quien sabe dónde y cómo estén”.
Compañeros que están a punto de explotar de impotencia, “pero nos duele que 2 militares hayan muerto en este proceso de esta tarde, nos duele por supuesto; somos seres humanos y necesitamos unas condiciones aptas para poder vivir”.
Eso es lo que hay ahora, zozobra, miedo, impotencia en la comunidad de Guapinol, en Ceibita, La lempira, La Concepción y en Zamora .
Juan López junto a 17 defensores y defensoras ambientalistas que han estado acompañando la lucha de resistencia frente a la compañía minera, enfrentan procesos judiciales ordenadas por el régimen.
El Congreso Nacional mediante decreto 127-2012 creó el parque nacional Montaña de Botaderos (bautizada por las comunidades como Montaña Carlos Escaleras). Este parque contiene una gran reserva productora de agua.
El decreto ordenaba al Instituto de Conservación Forestal (ICF) que se inscribiera el parque en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, y no se hizo.
El 28 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional emitió un decreto modificando las medidas internas del parque nacional, ampliando la zona de amortiguamiento y en consecuencia, reduciendo la zona núcleo.
La concesión otorgada a la empresa minera Emco Minning Company, hoy Inversiones Los Pinares, estaría dentro de la zona núcleo abarcando unas 100 hectáreas.
Por otra parte, existen 18 proyectos mineros otorgados por INHGEOMIN en el departamento de Colón, de los cuales 6 están en el municipio de Tocoa que suman unas 350 hectáreas de territorio concesionado para explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional, que ponen en peligro el río Tocoa, afectando directamente a 14 comunidades del sector Abisinia y la ciudad de Tocoa.
De la Montaña Carlos Escaleras, que se ubica entre los departamentos de Colón y Olancho, nacen los ríos Mame. Guapinol, Monga, Cuaca, San Pedro, Taujica, Bonito, Izquierdo, Río Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.
Posee una extensión de 96, 755 hectáreas, de las cuales 24, 223, constituyen la zona núcleo y 72,531 la zona de amortiguamiento.
Los migrantes se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en el sector oeste de la capital, y desde ahí caminaron un kilómetro hasta una terminal en donde abordaron tres autobuses hacia la ciudad de Sonsonate, 66 km al este de la capital.
Los migrantes, algunos llevando niños, aseguraron que en Sonsonate tomarían otro autobús que los conducirá a una de las fronteras que conectan con Guatemala.
Con mochilas al hombro, hombres y mujeres se mostraron decididos a soportar lo que les depare el camino, y estaban conscientes de lo duro que será el viaje, más aún sabedores que no llevan documentos migratorios.
"La verdad es que uno se va obligado, yo no quisiera irme del país, pero imagínese qué hago yo sola con mis dos hijos, nadie me ayuda, las maras (pandillas) nos han amenazado, así que mejor nos vamos", dijo a la AFP Cecilia Bonilla, de 36 años, que viaja con sus hijos Steven y Daniel de cinco y 13 años.
Esta madre soltera, sin trabajo formal y amenazada por las pandillas dejó así abandonada su pequeña casa en una complicada zona plagada de maras en la ciudad de Soyapango, en la periferia este de la capital.
Por su parte, Javier Campos, de 42 años, viajó el sábado desde el oriental departamento de Usulután y pernoctó junto a otros migrantes en la plaza.
Con un grueso abrigo por el frío de la mañana, Campos, de piel morena y cabello bien recortado, explicó que dejó a su esposa y tres hijos "con todo su dolor".
"Qué le vamos a hacer, me duele dejar a la familia, pero es por ellos que decidí irme a ver si llegamos al norte, si pasamos a Estados Unidos tenemos la esperanza de tener una mejor vida, acá en El Salvador ya no hago nada", dijo Campos, que siempre se ha dedicado a la pesca artesanal.
Muchos de los salvadoreños que este domingo cogieron rumbo a Estados Unidos aseguraron a la prensa que llevan poco dinero.
La mayoría llevaban en sus mochilas un par de cambios de ropa, abrigos para el frío y medicina básica para afecciones estomacales, gripe, fiebre o dolores musculares.
El 13 de octubre, miles de migrantes hondureños salieron de su país en caravana con rumbo a suelo estadounidense.
Siguiendo a los hondureños, a finales de octubre, casi 2 mil salvadoreños abandonaron el país huyendo de falta de empleo y de la violencia de las pandillas, como se denomina a bandas delictivas que operan en países de Centroamérica.
Organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia católica salvadoreña han pedido al gobierno atacar las causas que están originando las migraciones masivas de ciudadanos que buscan un mejor futuro en el país.
Organizaciones de América Latina se suman a protesta en la Frontera de EEUU y México
En
Colombia, diversas organizaciones de paz, derechos humanos, y
religiosas se han sumado a las actividades de protesta que, por estos
días, del 16 al 18 de noviembre, realiza SOAWatch en la frontera de EEUU
y México.
El
viernes 16 de noviembre, desde el Centro Interactivo Maloka, en la
Ciudad de Bogotá, los activistas caminaron con pancartas y cruces,
cantando en letanía los nombres de lideresas y líderes sociales que han
sido asesinados en Colombia, gritando “Presente”, rodearon la embajada
de los Estados Unidos, y colocaron cruces en el Puente Peatonal de la
calle 26 con los nombres de quienes han sido asesinados.
Abilio
Peña, de SICSAL Colombia, señaló que “El énfasis de la acción fue
puesto en el asesinato de los líderes sociales. Son 419 en los tiempos
del proceso de paz. Desde enero del 2016 hasta mayo de este año, que son
los últimos datos que tenemos, han seguido asesinado casi diariamente a
líderes sociales. Reclamamos también a los EEUU por los militares que
están implicados en estos crímenes como en los falsos positivos y, como
ha ocurrido en El Salvador, Guatemala, Chile, Nicaragua, tienen
responsabilidad por tener esta escuela militar, la Escuela de las
Américas. También nos solidarizamos con el Tercer Encuentro que se está
desarrollando en la frontera”.
Chile
En
el espacio Epicentro, en la ciudad de Santiago, SOAW Chile, en conjunto
con organizaciones de inmigrantes, realizó el jueves 15 de noviembre un
conversatorio para analizar por qué tantas personas están huyendo de
sus propios países.
Alicia
Lira, presidenta de AFEP, comenzó su intervención rindiendo homenaje al
comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por la policía chilena
el miércoles 14 de noviembre. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad
con las acciones que se están realizando en la Frontera y con la
Caravana de Inmigrantes que va desde Honduras hasta los EEUU indicando
que esta es una invasión pacífica de personas que quieren salvar sus
vidas. En contraste, dijo, “Estados Unidos está acostumbrado a la
invasión violenta, con muertes, con armas, con el saqueo de nuestras
riquezas a nuestros países”.
Claudia
Patricia Álvarez, de la Organización de Colombianos Refugiados en
Chile, en su intervención, señaló lo difícil que es hoy conseguir
refugio en Chile. “Dicen que nosotros los colombianos no nos están dando
más refugio porque, según ellos, nosotros tenemos un Acuerdo de Paz y,
según ellos, se acabó la guerra y ya no hay más conflicto interno. Eso
choca con la realidad, cuántos muertos a diario siguen sucediendo (en
Colombia) y eso a diario se sigue repitiendo”.
Miguel
Sánchez, del Colectivo Raíces en Resistencia, confirmó que a pesar de
los Acuerdos de Paz se siguen asesinando a lideresas y líderes sociales.
“En Colombia sigue el conflicto, a dos años de los Acuerdos de La
Habana, donde no ha habido implementación y el Estado colombiano no ha
cumplido los acuerdos con los que se comprometió, a pesar que los haya
firmado”.
También
estuvo presente Melissa Rocha, de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes,
y Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes
en Chile.
La actividad terminó con una velaton de solidaridad en las afueras de la Catedral, en la Plaza de Armas, de Santiago.
Un juez prohíbe que la Casa Blanca deniegue asilo a migrantes que crucen la frontera ilegalmente
Publicado: 20 nov 2018 06:53 GMT | Última actualización: 20 nov 2018 11:44 GMT - RT
Donald Trump firmó este mes una orden para
convertir en improcedentes las solicitudes de asilo de los miles de
migrantes centroamericanos que se dirigen hacia EE.UU.
Migrantes se dirigen a un refugio temporal en Mexicali, México, el 18 de noviembre 2018.
/
Kim Kyung-Hoon / Reuters
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Este
lunes, un juez federal prohibió a la Administración de Donald Trump
denegar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera
sur, informa la agencia AP.
El juez de distrito Jon S. Tigar emitió una orden de restricción temporal tras una audiencia en San Francisco solicitada por la Unión de Libertades Civiles de América y el Centro de Derechos Constitucionales.
Las dos entidades presentaron una demanda después de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera este mes un decreto
para impedir las peticiones de asilo con el objetivo de contrarrestar
la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos.
"Las personas tienen derecho a asilo si cruzan [la frontera] entre puertos de entrada. No podría ser más claro", dijo Baher Azmy, abogado del Centro de Derechos Constitucionales.
El pasado 9 de noviembre, el presidente firmó una proclamación de inmigración, una orden que ayudaría a prohibir a los migrantes que cruzan la frontera de los Estados Unidos con México solicitar asilo. De este modo, EE.UU. negaría el asilo a quienes entren ilegalmente al país.
En su mayoría son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que huyen de la miseria y de la violencia que existe en sus sociedades de origen. De momento, se estima que al menos 3.000 personas han pedido asilo a las autoridades mexicanas.
Washington inició la semana pasada trabajos para "fortalecer" el cruce de la frontera entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México) para prepararse ante la llegada de la caravana salida desde Centroamérica. Los soldados estadounidenses colocaron alambre de púas para cerrar cuatro carriles en la frontera entre ambas ciudades mientras los primeros integrantes de la columna escalaban la valla fronteriza mexicana.
El juez de distrito Jon S. Tigar emitió una orden de restricción temporal tras una audiencia en San Francisco solicitada por la Unión de Libertades Civiles de América y el Centro de Derechos Constitucionales.
"Las personas tienen derecho a asilo si cruzan [la frontera] entre puertos de entrada. No podría ser más claro", dijo Baher Azmy, abogado del Centro de Derechos Constitucionales.
El pasado 9 de noviembre, el presidente firmó una proclamación de inmigración, una orden que ayudaría a prohibir a los migrantes que cruzan la frontera de los Estados Unidos con México solicitar asilo. De este modo, EE.UU. negaría el asilo a quienes entren ilegalmente al país.
¿De dónde surge la caravana migrante?
La caravana de migrantes salió a principios de octubre de Honduras, aunque a medida que han pasado las semanas otros ciudadanos centroamericanos se han unido a la marcha. Su objetivo es llegar a EE.UU. para mejorar sus condiciones de vida, para lo que tienen que cruzar México.En su mayoría son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que huyen de la miseria y de la violencia que existe en sus sociedades de origen. De momento, se estima que al menos 3.000 personas han pedido asilo a las autoridades mexicanas.
Washington inició la semana pasada trabajos para "fortalecer" el cruce de la frontera entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México) para prepararse ante la llegada de la caravana salida desde Centroamérica. Los soldados estadounidenses colocaron alambre de púas para cerrar cuatro carriles en la frontera entre ambas ciudades mientras los primeros integrantes de la columna escalaban la valla fronteriza mexicana.
MIGRANTES EN ÉXODO, PREOCUPADOS POR ATAQUES EN TIJUANA
Migrantes
en éxodo denotan preocupación por lo acontecido ayer en la ciudad de
Tijuana, donde pobladores atacaron a hondureños que se asentaron en los
albergues, además el edil del Partido Acción Nacional, ha declarado como
“non grata” la masiva llegada de indocumentados.
Agencias / EL LIBERTADOR
Querétaro, México. A
la expectativa y con temor se encuentran miles de hondureños que
componen el masivo éxodo migrante. Luego de que ayer se formaran grupos
de mexicanos antimigrantes en Tijuana, Baja California que respondieron
con violencia a la llegada de exiliados.
Las
cuatro caravanas, dos de hondureños –mayoritariamente– y las otras dos
de ciudadanos de Guatemala y El Salvador, tienen previsto llegar a
Tijuana para asentarse allí a esperar que Estados Unidos les brinde un
asilo político.
Esto
ha disparado las alertas en los mexicanos, que consideran a los
migrantes como “criminales” que afectaran la vida en la ciudad
fronteriza. A pesar de que gran parte del pueblo azteca ha dado
importantes ayudas humanitarias, una minoría ha atacado a los
centroamericanos, destacando mensajes xenofóbicos en redes sociales.
A
través de WhatsApp, los migrantes en Tijuana distribuyeron un video en
el que se observa un enfrentamiento entre pobladores y centroamericanos,
luego de que los locales fueran al refugio a lanzar piedras y agredir a
los exiliados.
Esto
ha preocupado a la segunda caravana que de momento se encuentra en la
Ciudad de México. Pero, sostienen que seguirán su camino hasta Tijuana,
donde esperaran a recibir un asilo en EE.UU., no piensan volver a sus
países.
Hoy
desde tempranas horas unos 1,500 migrantes partieron rumbo a Querétaro
para continuar, harán escala en Guadalajara que representa la mitad del
recorrido, si se toma en cuenta la distancia de 4,448 kilómetros entre
San Pedro Sula, Honduras y Tijuana, Baja California.
Entre
tanto, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, del
ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN), calificó como personas
“non gratas” a los migrantes.
“Tijuana
es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue
distinto con los haitianos (que llegaron en 2016), ellos llevaban
papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión, y
derechos humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son
para los humanos derechos”, dijo Gastélum.
Al estilo Trump: Alcalde de Tijuana despotrica contra migrantes centroamericanos
Publicado: 17 nov 2018 00:01 GMT - RT
Juan Manuel Gastélum, alcalde de la ciudad
fronteriza de Tijuana, amenazó con deportar a los migrantes
centroamericanos que llegaron a la ciudad.
Migrantes centroamericanos ante el muro entre San Diego y Tijuana, en México. 15 de noviembre de 2018
Brian Skoloff / AP
Tras
recorrer buena parte de territorio mexicano con el sueño de llegar a
EE.UU., los migrantes centroamericanos se han enfrentado con otro muro
que no imaginaban: Juan Manuel Gastélum, alcalde de la ciudad fronteriza
de Tijuana (norte de México).
A través de su cuenta de Twitter, Juan Manuel Gastélum prometió que deportaría a sus lugares de origen a los migrantes que no respeten la "tranquilidad" de los habitantes de la ciudad fronteriza.
El jueves 15 de noviembre, durante una entrevista con Milenio Televisión,
Gastélum llamó a algunos centroamericanos "viciosos", "gente non grata"
e "indeseables", y los acusó de "molestar" a la población de esta
ciudad fronteriza, por lo que anunció que harán una consulta para decidir si los deportan a sus lugares de origen.
Los
migrantes centroamericanos llevan un mes caminando y transportándose
como han podido desde la frontera sur de México hasta el norte del país,
con la esperanza de llegar a EE.UU. Para lograrlo, se han dividido en
cuatro caravanas, debido a las condiciones de inseguridad que enfrentan
en su paso por el país latinoamericano.
Pese a que muchos huyen de la inseguridad de sus países, en México se enfrentan a robos, extorsiones y secuestros cometidos por miembros del crimen organizado, y en algunas ocasiones, por las propias autoridades mexicanas.
A través de su cuenta de Twitter, Juan Manuel Gastélum prometió que deportaría a sus lugares de origen a los migrantes que no respeten la "tranquilidad" de los habitantes de la ciudad fronteriza.
Insultos a su llegada
Desde el momento que arribaron a Tijuana, los más de 2.000 migrantes centroamericanos se enfrentaron con un sector de la población que los insultó y les gritó que se fueran de la ciudad fronteriza.Pese a que muchos huyen de la inseguridad de sus países, en México se enfrentan a robos, extorsiones y secuestros cometidos por miembros del crimen organizado, y en algunas ocasiones, por las propias autoridades mexicanas.
Incertidumbre
Los más de 2.000 migrantes que permanecen en Tijuana, en la frontera con California, están en la incertidumbre sobre si el gobierno de EE.UU. les dará asilo, aunque las señales que ha enviado el presidente estadounidense son poco alentadoras tras el despliegue militar en la frontera con México.Policía impide el paso de marcha antinmigrante en Tijuana
|
domingo, 18 nov 2018
14:42 LA JORNADA
La policía de Tijuana impidió el paso de un contingente
antinmigrante que se dirigía a protestar frente al Refugio Temporal
Benito Juárez. Foto Afp
Ciudad de México.
La policía municipal de Tijuana impidió el paso de un contingente
antinmigrante que se dirigía a protestar frente al Refugio Temporal
Benito Juárez en la zona norte.
Al menos 200 tijuanenses, enarbolando la
bandera nacional y gritos de "México, México" exigieron que se expulse a
quienes llaman “invasores”.
Con escudos antimotines, los policías municipales
contuvieron a los manifestantes para impedir su paso al albergue donde
se encuentran 2 mil 200 migrantes centroamericanos.
Esta protesta se convocó hace una semana cuando antinmigrantes se enfrentaron a integrantes de la caravana en Playas de Tijuana.
No estamos contra la migración, pero esta es una
“invasión” y rechazamos la migración ilegal, coincidieron en señalar los
participantes de esta marcha, que inició en la mañana con un plantón en
la glorieta de Cuauhtémoc en la Zona Río.
Nueva caravana de migrantes parte rumbo a EEUU desde El Salvador
18 noviembre 2018
| CUBADEBATE
Algunos de los integrantes de la caravana iban con su familia. Foto EDH.
El nuevo grupo inició su caminata a las 8h00 (hora local) desde la Plaza Salvador del Mundo, dirigiéndose al terminal de occidente para abordar autobuses y así llegar a la frontera de San Cristóbal y cruzar hacia Guatemala.
Los marchantes señalan que en Guatemala se reunirán con 25 migrantes más para llegar juntos a EE.UU. Esto, pese a las reiteradas y mantenidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de no permitir el acceso a personas que intenten ingresar ilegalmente al país.
El grupo de salvadoreños señalan que se unirán a las caravanas que han salido desde mediados de octubre, con la finalidad de pedir asilo en EE.UU.
Manuel Umaña, un agricultor de 53 años, asegura que decidió unirse a la caravana para escapar del acecho de violencia. “A nosotros ya nos tienen amenazados los pandilleros en donde vivimos, ya no tenemos vida con esa gente, nosotros no nos metemos con nadie y por eso decidimos ir a buscar ambiente a otro lugar”, expresó.
Esta nueva caravana se unirá a los al menos 4.000 mil migrantes centroamericanos que han partido en diferentes fechas desde Guatemala, Honduras y El Salvador.
Foto EDH
Cuatro buses fueron abordados por los salvadoreños para transportarse a la frontera la Hachadura. Foto EDH.
Jalisco se prepara para atender a segunda caravana migrante
|
domingo, 18 nov 2018
12:44 LA JORNADA
Integrantes de la caravana de migrantes se dirigen al norte de
México por la carretera entre Zapopan y Tequila, Jalisco. Foto Afp /
Archivo
Puerto Vallarta, Jal.
Una segunda caravana de migrantes centroamericanos se aproxima a
Jalisco, por lo que el gobierno estatal se apresta para darles atención,
de acuerdo con fuentes oficiales.
La Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos de Jalisco informó que durante la tarde de hoy dará a conocer
detalles sobre el operativo de recibimiento de esta segunda caravana de
migrantes a la entidad.
Durante la semana pasada llegaron a Jalisco poco más
de 6 mil migrantes al albergue Benito Juárez, en Zapopan, mismo que fue
cerrado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, bajo el
argumento de que ya no esperaban arribos masivos.
Sin embargo, este fin de semana los migrantes han
estado llegando a la Casa del Refugio del Migrante, en Tlaquepaque,
donde más de cien personas mantienen al tope ese albergue.
Cabe señalar que la semana pasada los migrantes que
arribaron fueron de 12 nacionalidades, sobre todo Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Belice.
Integrantes de caravana salen de Querétaro hacia el norte del país
Un total de 612 integrantes de una fracción de la
segunda caravana de migrantes partió al filo de las 06:30 horas del
estadio La Corregidora y se dirige hacia Guanajuato.
Protección Civil del estado, por medio de su cuenta
oficial de Twitter, informó que los migrantes que pernoctaron la noche
del sábado en el estadio continúa con su trayecto rumbo a Tijuana, Baja
California.
A través del grupo interinstitucional que
encabezó el gobierno estatal, mil 669 personas fueron atendidas en
distintos grupos desde su arribo el viernes, sábado y este domingo donde
recibieron atención médica y alimentos.
Policía Federal levanta muro en garita de San Ysidro
|
domingo, 18 nov 2018
08:12
Agentes federales colocan vallas en la garita de San Ysidro. Foto Roberto Córdova Leyva, La Jornada Baja California
Ciudad de México. La Policía Federal colocó la
noche de este sábado un muro formado por vallas metálicas en el lado
mexicano de la garita de San Ysidro, California, mientras la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos continuó el reforzamiento del cerco
fronterizo que corre en la zona de la canalización.
Es la primera vez que las autoridades mexicanas despliegan esas
vallas, que normalmente usa la policía antimotines en la garita,
provocando gran expectación de los miles de tijuanenses que cruzan todos
los días. Del lado sur de la garita pasan quienes tienen una visa
general.La garita de San Ysidro tiene 24 puertas con dos accesos cada una y comunica Tijuana con el condado de San Diego. Normalmente en este punto el cruce podría durar una hora; desde el martes pasado se pierden hasta cuatro horas intentando cruzar.
No hubo información oficial sobre el operativo en la garita: simplemente se pudo ver el despliegue del improvisado muro.
Sector Laredo
Mientras, del lado de Laredo, Texas, la Guardia Nacional
de Estados Unidos continúa instalando alambre con cuchillas en las
riberas del río Bravo, que sirve de frontera con Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Apenas la mañana del sábado terminó de proteger con alambrada de
concertina las estructuras de los puentes internacionales I (Puerta a
las Américas) y 2 (Juárez-Lincoln).
Aunque a esta frontera no han arribado centroamericanos, las autoridades federales estadunidenses han incrementado la seguridad, que incluye a elementos de Aduanas y Protección Fronteriza a mitad de los puentes para revisar documentación de peatones y automovilistas.
Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza, sector Laredo, desplegó Equipo de Respuesta Móvil desde el 14 de noviembre, ante la posible llegada de migrantes que transitan por México, informo la corporación.
Las tareas de este equipo servirán
Aunque a esta frontera no han arribado centroamericanos, las autoridades federales estadunidenses han incrementado la seguridad, que incluye a elementos de Aduanas y Protección Fronteriza a mitad de los puentes para revisar documentación de peatones y automovilistas.
Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza, sector Laredo, desplegó Equipo de Respuesta Móvil desde el 14 de noviembre, ante la posible llegada de migrantes que transitan por México, informo la corporación.
Las tareas de este equipo servirán
para aumentar las capacidades de seguridad fronteriza hasta que las caravanas de migrantes lleguen al área del sur de California, Estados Unidos, dijo el jefe interino de la Patrulla Fronteriza, Félix Chávez.
Trump revela cuánto tiempo mantendrá las tropas en la frontera con México
Publicado: 17 nov 2018 15:42 GMT | Última actualización: 17 nov 2018 15:53 GMT - RT
El presidente dijo ante la prensa en la Casa
Blanca que los militares han construido una "valla muy hermosa" en la
frontera.
Delcia Lopez / Reuters
El
presidente de EE.UU., Donald Trump, ha insistido este sábado en que las
tropas estarán estacionadas en la frontera sur del país "el tiempo que
sea necesario", frente a los llamamientos de algunos políticos y
periodistas que han pedido enviar de vuelta a casa a los miembros del
servicio para el Día de Acción de Gracias.
El presidente dijo ante la prensa en la Casa Blanca que los militares han construido una "valla muy hermosa" en la frontera, que se encuentra "completamente defendida", de tal forma que "nadie pasa". "Cuando los atrapan, no los liberan", aseguró el mandatario en referencia a los migrantes procedentes de países centroamericanos.
Más información, en breve.
El presidente dijo ante la prensa en la Casa Blanca que los militares han construido una "valla muy hermosa" en la frontera, que se encuentra "completamente defendida", de tal forma que "nadie pasa". "Cuando los atrapan, no los liberan", aseguró el mandatario en referencia a los migrantes procedentes de países centroamericanos.
Más información, en breve.
HONDURAS: JEFE DEL EJÉRCITO NIEGA CRÍMENES ELECTORALES
- Publicado: 18 Octubre 2018
“En
ningún momento hemos disparado a ningún ciudadano”, ha dicho hoy el
jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Rene Ponce (foto), quien alega
que “mis soldados no han sido entrenados para eso”. Ayer la Fiscalía
pidió al castrense la información referente a los 22 asesinatos de
civiles en las protestas durante el “golpe electoral”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Rene Ponce, dijo hoy con relación a
los 22 asesinatos en movilizaciones en el marco de la crisis política de
las elecciones de noviembre, que en las Fuerzas Armadas, los soldados
no son entrenados para eso.
Textualmente,
el general Ponce Fonseca, mencionó que “en ningún momento hemos
disparado a ningún ciudadano”, declaración que contrasta los informes de
organizaciones internacionales que reconocieron que 22 personas
murieron de forma directa por la intervención militar en las protestas
contra el “golpe electoral”.
Los
sucesos ocurrieron en el contexto de un ineficiente y muy cuestionado
conteo de votos, y que el Tribunal Electoral no reconoció la victoria de
la Alianza de Oposición, formada por el Partido Libertad y Refundación
(Libre), Innovación y Unidad (PINU), miembros expulsados del Partido
Anticorrupción (PAC), y dos facciones, una del Partido Liberal y otra
del Partido Nacional.
El
Tribunal, a eso de las 2:00 de la mañana daba como vencedor a Salvador
Nasralla de la Alianza; no obstante, a pesar de la ventaja de cinco por
ciento, no aceptó la tendencia que era irreversible para expertos en
estadística electoral, sumado a eso, las constantes fallas del sistema,
inspiró a la población para salir a protestar.
La crisis se ahondó luego de que en un acto ilegitimo el designado presidencial, Ricardo Álvarez, firmara un Estado de Sitio,
cuando la legislación nacional establece que es una disposición
únicamente del presidente de la República, con el toque de queda, la
bestialidad militar desató una “cacería de brujas”.
Solo
en la primera noche del toque de queda, se reportaron 20 heridos y
siete muertos, una serie de videos en redes sociales, dieron fe del
abuso de los castrenses que parecían disfrutar el uso de su equipo
bélico. En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OACNUDH), reconoció las víctimas mortales como un acto
autoritarita.
Más
recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
ratificó que en Honduras 22 personas perdieron la vida a causa de la
represión militar, incluso ambos organismos lamentaron de hondureños
asesinados por disparos certeros.
Ayer
el Ministerio Público urgió al general Ponce Fonseca, que entregara
toda la información correspondiente a los delitos electorales,
advirtiendo que era obligatorio cumplir con lo requerido y sin demora.
El líder militar, respondió que era el más interesado en conocer los
hechos, y pidió investigar los sucesos que afectaron a miembros del
Ejército.
“No
lo vamos a negar. Todas las Fuerzas Armadas estuvieron empeñadas en
apoyo a la Policía Nacional. Los casos van a salir y si hay responsables
que sean juzgados y si soy responsable seré juzgado”, dijo y aclaró que
no es un requerimiento fiscal en su contra, sino una colaboración para
investigación.
Sentenció
que se ha dado información de entre 15 y 17 casos, pero que “no
necesariamente signifique que las Fuerzas Armadas estén directamente
involucradas”.
EL IMPACTO DEL MILITARISMO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Antes de venir aquí revisé mis antiguas notas sobre este mismo tema y encontré unas del 5 de mayo de 2003, es decir, divulgadas hace 14 años.
Es increíble la vigencia de aquello que dijimos.
Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. Tomaron decisiones políticas y administrativas en varias instituciones clave del Estado.
Hoy podemos decir lo mismo.
Entre 2009 y 2018, 10 años después del golpe de Estado, la soldadezca decide la justicia, la política exterior, la vida y la muerte en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Los militares se tragan casi el 2 por ciento del total del producto interno bruto del país, esto significa en 2018 más de 15 mil millones de lempiras, policías y militares que son dos contabilidades en una. Como convenga mejor.
En 2003 dije que esta influencia militar fuera de los batallones, por encima de los civiles, tenía diversas expresiones. Expresiones siempre contra la gente.
El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos era una contracorriente fuerte y decisiva para detener esta degeneración del papel militar en la sociedad hondureña. Y eso nos costó caro. Compañeros y compañeras asesinadas o expulsadas del país.
El primer presidente de la época de transición, Roberto Suazo Córdova, aceptó lejos del poder que él fue una figura decorativa. Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el poder, guiados siempre por la embajada de Estados Unidos y la Escuela de las Américas.
El poder siempre lo ejercían del mismo modo que hoy: facilitación del crimen organizado, participación directa en el narcotráfico, represión bruta de la disidencia social y política con detenciones ilegales, torturas, desapariciones, control de las comunicaciones, pactos de silencio, complicidad y chantaje hacia los partidos políticos; control de medios de comunicación y administración de instituciones claves, como las siguientes:
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y CONATEL.
La Policía Nacional.
La Policía de Tránsito.
La Policía de Fronteras
La Dirección de Población y Política Migratoria.
La Empresa Nacional Portuaria.
Las aduanas terrestres, aéreas y marítimas.
La Dirección de Aeronáutica Civil.
La Armería.
El Instituto Cartográfico Nacional. Entre otras.
En aquella época pasada los jefes militares opinaban sobre política exterior, economía política, ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían “pacíficamente” los conflictos sociales y políticos del país.
En los batallones se firmaban los pactos de caballeros; del Estado Mayor salían las partes “concertadas”, enfocadas por el cañón de los fusiles.
Después de 2009, los militares y policías militares, que son lo mismo, rezan antes de reprimir, hacen cultos para lavar sus armas manchadas de sangre, y los jefes del Estado Mayor tienen el aire de pastores.
Entre 1980 y 1984 los militares produjeron más de 184 desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado.
Después del golpe de Estado nuestro registro de nuevas desapariciones es de 63?
En el pasado Honduras fue ocupada literalmente por las tropas militares de los Estados Unidos, los agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas. Todo el territorio fue tomado para atacar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y a Honduras, por supuesto.
Honduras fue utilizada para entrenar tropas contrainsurgentes de El Salvador, Guatemala y NIcaragua, mientras unidades locales fueron “formadas” por la Escuela de las Américas en Estados Unidos y Panamá en técnicas de vigilancia, infiltración, penetración, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato.
En 2018 Honduras sigue ocupada. Tiene la base permanente de Palmerola, ampliada después del golpe, una base militar extranjera en La Mosquitia, otra base tecnológica en el Mar Caribe. Y en tierra firme, agentes del FBI, de la CIA y hasta de la Policía Rural estadounidense.
En aquella época de hace 25 años no habíamos críticos ni disidentes del militarismo, sólo enemigos de las Gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras; no habíamos movimientos de opinión pública por los derechos humanos, sólo éramos unos “grupúsculos de termocéfalos” que amenzábamos la unidad granítica de las Fuerzas Armadas. Paja hombe, entiendan mi modo sarcasmo…
En marzo de 1984 fue echado de su cargo el principal líder del militarismo en Honduras: el general Gustavo Alvarez Martínez, el peón preferido de la estrategia estadounidense.
Pero quedaron siempre sus alumnos hasta nuestros días, hasta parientes suyos han tenido mandos en los últimos años. Aunque el más conocido tuvo que huír o se lo llevaron a estados Unidos, no es muy claro eso aún.
El guión político del poder militar en Honduras siguió intacto con un armamentismo brutal. Tienen aviones de combate, aviones israelíes no tripulados, cambiaron sus fusiles de asalto, tienen inteligencia artificial y equipo naval de alta velocidad.
Pero las tareas principales que les da la Constitución de 1982 siguen en problemas: la droga que consume EEUU sigue pasando puntual por este territorio, más de 550 mil toneladas siguen pasando, los bosques se incendian cada año sin trabajo preventivo y lo peor, dejaron a un impostor asaltar la presidencia por la vía de la reeelección. Sin hacer nada por detenerlo. Y veamos ahora los efectos….
Medición de fuerzas.
Las violaciones a los derechos humanos no pudieron ser controladas por los expertos del Pentágono. Eran fuertes las voces y los gritos de nosotros los parientes de los desaparecidos, los activistas de derechos humanos y los líderes políticos y sociales opuestos a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la Guerra de Baja Intensidad.
El primer juicio contra el Estado por desaparición forzada de personas, abierto en 1996 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado en 1987 y 1988, fue un duro precedente para los impulsores del militarismo.
El miedo, el terror y la indefensión que imponía el Estado, habían sido enfrentados siempre con lágrimas, pancartas, denuncias; ahora con un juicio a nivel internacional.
Los desertores de las filas del terrorismo estatal habían aportado también valiosa contribución. Testimonios desde adentro que vulneraban la moral y la credibilidad de la institución militar.
En 1989 llegó como Presidente Rafael Callejas, quien aportó dinero a la APROH para desaparecer personas, para entonces era amigo de la embajada de Los Próceres, ahora lo tienen con grilletes en Miami por no haber hecho bien las cuentas… Callejas llevó con él a todos los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos. Fueron ascendidos a cargos visibles en las Fuerzas Armadas, empezando por el primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16, Luis Alonso Discua Elvir.
Callejas les mantuvo alto su presupuesto, el control de todas las instituciones impulsoras de la guerra fría y les prometió olvido total a sus delitos mediante decretos de amnistía. Revivió los acuerdos de Esquipulas 86 y anunció “no más noches oscuras de los desaparecidos”.
Era evidente que los militares estaban en el poder, pero conscientes que lo perdían. Su estabilidad externa pasó a depender en gran medida de los políticos de ambos partidos tradicionales, lo que los obligaba a negociar con ellos; y su “unidad granítica” al interior desmejoró radicalmente por la corrupción, el narcotráfico, el crimen y otros delitos inocultables dentro y fuera de las barracas, que desató un choque generacional implacable.
Hoy esos militares tienen de nuevo a liberales y nacionalistas como sus rehenes, ellos piden algo y se los dan como a los niños llorones.
Todo lo que piden los militares es usado para sus cuentas particulares y lo demás para uniformes, un montón de papadas anexas, y gas lacrimógeno, gas pimienta. Les encanta tirar gases…
Reformas y abajo el militarismo.
El arribo al poder en 1994 del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el liberal Carlos Roberto Reina, impulsó las reformas que dejaron, finalmente, fuera de combate al militarismo y fortalecidas las posiciones de los organismos defensores de los derechos humanos.
Bajo presión popular, el gobierno de Reina eliminó el Servicio Militar Obligatorio y lo sustituyó por uno Voluntario y Democrático; además, relevó con civiles a los militares de la administración de las instituciones públicas de la guerra fría mencionadas al inicio.
Reina acompañó la separación de la policía militar de las Fuerzas Armadas y la transfirió al control civil. También estuvo atento a la apertura de fosas comunes identificadas en cementerios clandestinos y al inicio de juicios en 1995 contra militares activos y en retiro por desapariciones forzadas de personas en los años ochentas.
Aunque Reina fue forzado a negociar impunidad con la deteriorada cúpula militar del Batallón 3-16, pudo impulsar antes de irse del poder la supresión del cargo de Comandante en Jefe (paralelo al Presidente) y el deliberativo Consejo Superior (paralelo al Congreso Nacional) de las Fuerzas Armadas. También eliminó el cargo militar en la Secretaría de Defensa y ascendió a figura constitucional permanente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Para esta época más de dos docenas de militares habían huido de Honduras, esquivando la justicia.
El Huracán Mitch arrastró a los prófugos hasta las playas de Honduras. En medio de la conmoción del huracán Mitch y apoyados en el retorno al poder del ex secretario privado del gobierno de Alvarez Martínez, el liberal de derecha Carlos Flores Facussé, los prófugos retornaron al país en 1998 y hallaron jueces que cambiaron la tipificación de sus delitos para hacerlos fiables, al tiempo que invocaron los viejos decretos de amnistía.
Aunque la amnistía fue declarada inconstitucional, los jueces favorecieron con sus fallos a la mayoría de los acusados, sin necesidad de recurrir a la amnesia.
Durante el gobierno de Flores Facussé, los jefes militares no cuestionados se sometieron al poder presidencial, iniciaron esfuerzos por acercarse de otra forma a la población y retiraron todo respaldo económico o político institucional a los acusados por violaciones a los derechos humanos.
Para esta época los militares inclusive dejaron de ser una competencia agresiva para los empresarios en el terreno de los negocios.
En su mejor época movían una pujante industria militar, acompañada de bancos, financieras, puestos de bolsa, funerarias, bienes raíces, medios de comunicación, cementera, etc.
Actualmente su mejor empresa es el Presupuesto Nacional, el gasto inútil en militares representa infinitamente más que educación, salud y justicia.
El gobierno de Flores Facussé, paralelamente, abandonó las reformas institucionales en materia policial y judicial iniciadas en 1993.
Facaussé fomentó la impunidad de los militares procesados por delitos de lessa humanidad, permitió que los viejos cuadros de la policía militar controlaran la “nueva” policía civil y quitó a la Fiscalía General la policía técnica de investigación criminal para anexarla a la “nueva” institución policial.
Facussé echó para atrás los cambios de Reina.
Arreciaron durante ese período las muertes violentas de jóvenes y personas supuestamente delincuentes sin que sus casos hayan sido investigados y castigados, y creció sin precedentes el delito organizado jefeado o integrado por ex policías, ex oficiales del ejército o miembros activos de ambas instituciones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía se reconvirtieron en el crimen organizado y los efectos los padecemos hoy.
La nueva entidad policial no fue depurada y los jueces y magistrados, como siempre, fueron nombrados por filiación política.
El ahora.
Actualmente, pasamos de la “Cero Tolerancia” o “Guerra contra la Delincuencia”, de Maduro, que empoderó otra vez a los Comités de Seguridad, Vecinos Vigilantes y Operativos Conjuntos Policía-Ejército. Hasta quedarse juntos hoy en día.
El propósito no era la prevención de los delitos, era excderse en los delitos y violaciones a derechos, para volver a ser temidos.
En el marco de esta nueva estrategia de seguridad interior, los militares han sido incorporados de forma permanente a tareas policiales, como fue en el pasado. Hoy son uno solo.
Con todo el presupuesto del país a su disposición, los esquemas de intolerancia fueron reinstalados, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos cada día.
Ellos empezaron con la estrategia de subir la percepción de inseguridad por encima de los niveles reales de delincuencia, para que la población aceptara la mano dura de policías y militares. Y que aceptara la muerte como oferta principal.
Nunca como ahora fue más violento el lenguaje contra quienes levantamos la voz por la vida. Se nos acusa de defender a los delincuentes y estimular la inseguridad con nuestra postura en contra de la matanza. De ser enemigos del desarrollo y enemigos de la patria.
La comunidad de personas defensoras de derechos humanos somos víctimas de criminalización, persecución y muerte. Más de 400 personas defensoras a nivel nacional tienen medidas colectivas pedidas por la Comisión Interamericana. Decenas han muerto asesinadas.
El país vive una profunda crisis derivada del injusto modelo económico aplicado, de la degeneración ética de la clase política dirigente y del empobrecimiento aterrador de los hogares.
El golpismo de los últimos 10 años tiene un impacto atroz sobre la vida y las libertades. Leyes involutivas de los derechos humanos fueron aprobadas, y son manejadas por los militares. Las cárceles están llenas de personas criminalizadas durante la resistencia al golpe y al fraude. Tenemos presos políticos sufriendo en prisiones en poder de los militares.
Todo se parece a una ingobernabilidad social y política que pone a los militares del país al centro, ni siquiera como salvadores de la democracia, sino como el principal problema.
No olvidar:
Oficiales huyendo aún por violaciones a DDHH
Otros reconvertidos de analistas de tv y radio
El peso de la Corrupción en las violaciones
La extradición a Estados Unidos que no aminora los problemas
La lucha contra la impunidad de la OEA, que no pasa del poder de los corruptos
El papel de la comunidad internacional avalando el golpismo
El escandaloso número de hombres en armas en este momento de crisis
Los días tristes que vienen porque la crisis sigue
La impunidad continúa
Mayo 5 de 2003/Octubre 2018
Violenta arremetida del capital transnacional contra las poblaciones en Guapinol
Tegucigalpa.- A más de 90 días de permanecer en resistencia, el “Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa, fue desalojado violentamente por fuerzas policiales, militares y paramilitares al servicio de la Empresa Minera Los Pinares. El resultado ha sido fatal y se anuncia persecución y más violencia.
“Es la gran dictadura del gran capital, la que se impone, y en Honduras está en marcha, y está en marcha, porque hay alguien a quien le interesa esto, le interesa a Juan Orlando y su grupo económicamente pudiente en el país; para esto tiene una estructura armada, una estructura fuertemente armada para reprimir las luchas de las comunidades que se resisten a aceptar los cánones de la gran dictadura de la economía capitalista”, dijo a www.defensoresenlinea.com Juan López, líder de las comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica en Colón.
El gran capital transnacional, teniendo a la gran empresa privada de Honduras como “la gran testaferra de estos capitales” que se mueven en nuestro país ha llegado a este municipio, a este departamento, y ha llegado de la manera más deshonesta. Sin consulta, sin decisiones de las comunidades y las poblaciones, explicó López.
López indicó que “está arremetiendo el gran capital contra el agua, contra el ambiente y contra las relaciones fraternas entre las comunidades y la población”.
Creo que aquí el estado de Honduras como estructura de administración, está jugando el papel más vergonzoso a favor de los grandes capitales. Hay una estrategia y por supuesto cuando entendemos el contexto nacional en el marco de lo continental, estamos mirando cómo las grandes empresas, las transnacionales, las multinacionales, las empresas nacionales van enterrando sus colmillos en todo el territorio, acaparando los espacios físicos, los espacios electrónicos, los espacios hídricos, los espacios humanos y administrativos, sostuvo.
López indicó que a este ritmo, si no se quiebra esta locura del gran capital, en los próximos años tendremos comunidades con un nivel de expulsión mayor que el que está dándose ahora en el país, con estas caravanas que van hacia Estados Unidos.
“Nosotros ahora tenemos gente herida, hay muertos, hay una comunidad profundamente golpeada por defender eso que le ha dado vida durante tantos años, durante décadas, por no decir siglos”, detalló.“Lo que busca Inversiones Los Pinares y lo que busca el gobierno central es que haya enfrentamiento entre los mismos vecinos del municipio. Nosotros no queremos eso, no luchamos para la muerte, luchamos por la vida”: Juan López
La comunidad de Guapinol lleva 92 años ahí, y de un plumazo, un diputado, un ministro, un alcalde, están de acuerdo para que en 3 años, destruyan ese río. “Oponernos a eso entonces es dignidad, es honestidad, es ética con la vida”.
Para nosotros continúa ahora un proceso de análisis, el escenario ha cambiado, de una lucha de movilización, de exigencia pacífica, la gran empresa privada Inversiones Los Pinares, con la facilitación de toda la estructura del estado, la pone ahora en condiciones de llevar esta lucha a un enfrentamiento armado, advirtió el líder laico de la iglesia católica.
“Lo que busca Inversiones Los Pinares y lo que busca el gobierno central es que haya enfrentamiento entre los mismos vecinos del municipio. Nosotros no queremos eso, no luchamos para la muerte, luchamos por la vida”.
Entendiendo que somos seres humanos con sentimientos, con emociones, con impotencia ante el régimen de la economía y de la administración tememos que esto pase, eso es lo que quiere la gran empresa privada.
“Por supuesto que grupos paramilitares, grupos armados que tiene la empresa minera, significa para nosotros el punto de lanza, la picota de la estrategia que tiene la empresa para la provocación, eso es lo que buscan”.
López dijo que “nosotros vamos a seguir luchando, pero queremos esta lucha sentarla sobre principios de justicia y de dignidad”.
Se prevé un escenario más oscuro, si el gobierno central se niega a cancelar los 6 proyectos mineros que hay en el municipio, se prevé un ambiente mucho más tenso, tememos que la sangre chorree más que los chorros de los ríos San Pedro, Guapinol y el río Tocoa.
Las comunidades no se van a quedar cruzadas de brazos, tienen que dar la batalla, es el deber de dar la batalla porque es su vida; no tenemos otro camino que seguir luchando.
El contexto actual de la comunidad en Guapinol “es muy lamentable, muy triste, deprimente, angustiante y doloroso”, dijo.Entonces prevemos un escenario más complicado, más violento, más criminal, más oscuro en ésta área del departamento y del municipio, y eso lo define Juan Orlando y su decisión de mantener a sangre y fuego la imposición de la empresa minera Inversiones Los Pinares y otras que tienen concesiones mineras en el municipio.
Hay en la comunidad de Guapinol, símbolo de la resistencia en el municipio y en el departamento, una situación lamentable. Los compañeros de los sectores de San Pedro, Cayo Sierra, de Zamora, de La Concepción, de La Lempira, del mismo Ceibita, de Tocoa, fuímos nuevamente desalojados en la toma que teníamos; exigiendo al gobierno que ponga fin a esta situación en que nos ha metido.
“Entonces prevemos un escenario más complicado, más violento, más criminal, más oscuro en ésta área del departamento y del municipio, y eso lo define Juan Orlando y su decisión de mantener a sangre y fuego la imposición de la empresa minera Inversiones Los Pinares y otras que tienen concesiones mineras en el municipio”.
Aquí el único responsable de la situación que se está viviendo es el gobierno central, con nombre y apellido: Juan Orlando Hernández, en su condición de presidente del Congreso Nacional, cuando se creó el conflicto en diciembre de 2013.
Oscar Ramón Nájera Zapata, diputado por el departamento de Colón que lleva 7 períodos de ocupar una curul en el hemiciclo legislativo “es responsable desde la comisión de energía del congreso, por sus manos, por sus decisiones han pasado todos estos procesos, proyectos, contratos y determinaciones”.
Ahora las comunidades estamos padeciendo las consecuencias de sus actos, hay compañeros heridos, compañeros golpeados, gaseados, compañeros que todavía no logran llegar a su casa y quien sabe dónde y cómo estén”.
Compañeros que están a punto de explotar de impotencia, “pero nos duele que 2 militares hayan muerto en este proceso de esta tarde, nos duele por supuesto; somos seres humanos y necesitamos unas condiciones aptas para poder vivir”.
Eso es lo que hay ahora, zozobra, miedo, impotencia en la comunidad de Guapinol, en Ceibita, La lempira, La Concepción y en Zamora .
Juan López junto a 17 defensores y defensoras ambientalistas que han estado acompañando la lucha de resistencia frente a la compañía minera, enfrentan procesos judiciales ordenadas por el régimen.
El Congreso Nacional mediante decreto 127-2012 creó el parque nacional Montaña de Botaderos (bautizada por las comunidades como Montaña Carlos Escaleras). Este parque contiene una gran reserva productora de agua.
El decreto ordenaba al Instituto de Conservación Forestal (ICF) que se inscribiera el parque en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, y no se hizo.
El 28 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional emitió un decreto modificando las medidas internas del parque nacional, ampliando la zona de amortiguamiento y en consecuencia, reduciendo la zona núcleo.
La concesión otorgada a la empresa minera Emco Minning Company, hoy Inversiones Los Pinares, estaría dentro de la zona núcleo abarcando unas 100 hectáreas.
Por otra parte, existen 18 proyectos mineros otorgados por INHGEOMIN en el departamento de Colón, de los cuales 6 están en el municipio de Tocoa que suman unas 350 hectáreas de territorio concesionado para explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional, que ponen en peligro el río Tocoa, afectando directamente a 14 comunidades del sector Abisinia y la ciudad de Tocoa.
De la Montaña Carlos Escaleras, que se ubica entre los departamentos de Colón y Olancho, nacen los ríos Mame. Guapinol, Monga, Cuaca, San Pedro, Taujica, Bonito, Izquierdo, Río Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.
Posee una extensión de 96, 755 hectáreas, de las cuales 24, 223, constituyen la zona núcleo y 72,531 la zona de amortiguamiento.
Honduras: Terrorismo de Estado en Guapinol
Monday, 29 October 2018 22:44 Written by Wilmer Paz C. Published in Contexto
Las amenazas de desalojo en Guapinol se concretaron el pasado
sábado 27 de octubre de 2018, pero la cacería contra las personas
defensoras de los derechos humanos que estaban en el campamento y
quienes se pronuncian a su favor sufren persecución, detenciones
ilegales, secuestro y amenazas, en medio de fuerte presencia militar y
policial.
Hay una situación de pánico colectivo que están viviendo los
habitantes de la comunidad de Ceibita y demás aledañas. Los habitantes
de las comunidades se levantaron para exigir que la compañía minera
Inversiones Los Pinares salga de la zona porque ha causado un
irreparable daño a los ríos Guapinol y San Pedro, que constituyen su
principal fuente de agua.
Alrededor de mil 500 efectivos militares y policiales llegaron bien apertrechados a Guapinol y desalojaron violentamente a los defensores y defensores del ambiente. Sin embargo eso no quedó allí sino que se instauró una cacería por los cuerpos represivos del Estado, sumándose las acciones violentas de los empleados de la compañía minera, antes llamada Emco Mining Company, propiedad de Lenir López y Ana Facussé.
Se informó por redes sociales que varios periodistas fueron estropeados por la policía y su material documental de la represión en el momento del desalojo del sábado fue borrado, además a algunos les destruyeron su equipo de trabajo, lo que violenta el derecho a la información de los comunicadores sociales y los compromisos asumidos por el estado de Honduras ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que evaluó a Honduras en el Examen Periódico Universal, EPU, de mayo de 2015.
A través del terror pretenden disuadir a los habitantes que permanecieron por casi tres meses en un campamento de resistencia, pero durante todo este tiempo han tenido que sufrir campañas de desprestigio, amenazas, criminalización, entre otras estrategias de ablandamiento de diferentes instancias estatales que le hacen la comparsa a la empresa que fue descartada por un informe oficial inicial, pero un segundo aparentemente amañado le permitió las operaciones .
Según denuncia a pasosdeanimalgrande.com, por el dirigente comunal Juan López, el fin de semana en horas de la noche empleados de la minera, aproximadamente entre 20 a 30, montados en motocicleta, rodearon la casa de Irma Serrano haciéndole disparos al inmueble para después prenderle fuego, dentro de la casa se encontraban ella y sus hijas quienes vivieron una pesadilla.
Según relató López, la señora Serrano es una de las activistas más comprometidas de la zona, “y por eso la quieren tomar como una figura de escarmiento para todos los que luchamos y seguiremos luchando por defender nuestras fuentes de agua, por supuesto que tememos por nuestra vida, Irma ya había sido amenazada sobre estas acciones y lo cumplieron, pero también han amenazado con matarla, por lo que suplicamos a las autoridades por favor hagan algo por nosotros, estamos indefensos, víctimas de una brutal represión de esta empresa que quiere acabar con nuestra vida contaminando el rio” apuntó.
Indiferencia de las autoridades
Asimismo lamentó López que se encuentran en total desventaja ante el poder económico y logístico de la minera, “antes de este desalojo nos hemos acercado a las autoridades para ponerlos al tanto de los abusos y amenazas proferidas por personal de la empresa a nuestros compañeros pero por increíble que parezca el jefe de Policía nos dijo que las cosas están muy difíciles en este sector y que “tenía miedo de intervenir, esta indiferencia nos obliga a nosotros a tomar acciones ya que ninguna autoridad vela por este derecho legítimo que representa defender nuestros recursos, ellos (la minera) se han dado a la tarea de montar una campaña en los medios de comunicación”.
Para el caso mencionó a Canal 11 y el Programa Frente a Frente, de la Corporación TSI, redes sociales "e incluso han ido hasta la Embajada Americana para desprestigiarles a través de un denominado Comité de Defensa de la Comunidad de Ceibita, organización que supuestamente está a favor de que la minera siga realizando sus trabajos de extracción a pesar de los daños al ambiente".
Ya corre la sangre
Explicó Juan López que aunque la posición de los defensores del ambiente es la de no confrontar, tienen el temor que a través de falsas acusaciones se justifiquen acciones que violentan su seguridad y sus derechos, para el caso ya se reporta una muerte de uno de los empleados de la minera y de dos militares según medios corporativos, así como la quema de un bus de ruta interurbana , este tipo de acciones buscan desprestigiar una exigencia justa, señaló.
“Pretenden inculparnos de situaciones falsas, nos están infiltrando personas en nuestras reuniones, sufrimos continuas persecuciones, la situación es completamente intolerable y responsabilizo a los señores Gerson Leiva y a Julio César Hernández de lo que a mí me suceda, ya que se han dado a la tarea de orquestar una campaña de odio hacia mí, ellos me señalan como cabecilla de este movimiento y me sentenciaron que yo pagaría las consecuencias de todo”, denunció.
Por su parte Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización que acompaña en sus demandas a los habitantes de Ceibita y Guapinol, lamentó que solamente un representante del CONADEH estaba presente en el desalojo del campamento “pero aun así este funcionario pudo constatar el ridículo y sobredimensionado uso de la fuerza por las autoridades”.
Alrededor de mil 500 efectivos militares y policiales llegaron bien apertrechados a Guapinol y desalojaron violentamente a los defensores y defensores del ambiente. Sin embargo eso no quedó allí sino que se instauró una cacería por los cuerpos represivos del Estado, sumándose las acciones violentas de los empleados de la compañía minera, antes llamada Emco Mining Company, propiedad de Lenir López y Ana Facussé.
Se informó por redes sociales que varios periodistas fueron estropeados por la policía y su material documental de la represión en el momento del desalojo del sábado fue borrado, además a algunos les destruyeron su equipo de trabajo, lo que violenta el derecho a la información de los comunicadores sociales y los compromisos asumidos por el estado de Honduras ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que evaluó a Honduras en el Examen Periódico Universal, EPU, de mayo de 2015.
A través del terror pretenden disuadir a los habitantes que permanecieron por casi tres meses en un campamento de resistencia, pero durante todo este tiempo han tenido que sufrir campañas de desprestigio, amenazas, criminalización, entre otras estrategias de ablandamiento de diferentes instancias estatales que le hacen la comparsa a la empresa que fue descartada por un informe oficial inicial, pero un segundo aparentemente amañado le permitió las operaciones .
Según denuncia a pasosdeanimalgrande.com, por el dirigente comunal Juan López, el fin de semana en horas de la noche empleados de la minera, aproximadamente entre 20 a 30, montados en motocicleta, rodearon la casa de Irma Serrano haciéndole disparos al inmueble para después prenderle fuego, dentro de la casa se encontraban ella y sus hijas quienes vivieron una pesadilla.
Según relató López, la señora Serrano es una de las activistas más comprometidas de la zona, “y por eso la quieren tomar como una figura de escarmiento para todos los que luchamos y seguiremos luchando por defender nuestras fuentes de agua, por supuesto que tememos por nuestra vida, Irma ya había sido amenazada sobre estas acciones y lo cumplieron, pero también han amenazado con matarla, por lo que suplicamos a las autoridades por favor hagan algo por nosotros, estamos indefensos, víctimas de una brutal represión de esta empresa que quiere acabar con nuestra vida contaminando el rio” apuntó.
Indiferencia de las autoridades
Asimismo lamentó López que se encuentran en total desventaja ante el poder económico y logístico de la minera, “antes de este desalojo nos hemos acercado a las autoridades para ponerlos al tanto de los abusos y amenazas proferidas por personal de la empresa a nuestros compañeros pero por increíble que parezca el jefe de Policía nos dijo que las cosas están muy difíciles en este sector y que “tenía miedo de intervenir, esta indiferencia nos obliga a nosotros a tomar acciones ya que ninguna autoridad vela por este derecho legítimo que representa defender nuestros recursos, ellos (la minera) se han dado a la tarea de montar una campaña en los medios de comunicación”.
Para el caso mencionó a Canal 11 y el Programa Frente a Frente, de la Corporación TSI, redes sociales "e incluso han ido hasta la Embajada Americana para desprestigiarles a través de un denominado Comité de Defensa de la Comunidad de Ceibita, organización que supuestamente está a favor de que la minera siga realizando sus trabajos de extracción a pesar de los daños al ambiente".
Ya corre la sangre
Explicó Juan López que aunque la posición de los defensores del ambiente es la de no confrontar, tienen el temor que a través de falsas acusaciones se justifiquen acciones que violentan su seguridad y sus derechos, para el caso ya se reporta una muerte de uno de los empleados de la minera y de dos militares según medios corporativos, así como la quema de un bus de ruta interurbana , este tipo de acciones buscan desprestigiar una exigencia justa, señaló.
“Pretenden inculparnos de situaciones falsas, nos están infiltrando personas en nuestras reuniones, sufrimos continuas persecuciones, la situación es completamente intolerable y responsabilizo a los señores Gerson Leiva y a Julio César Hernández de lo que a mí me suceda, ya que se han dado a la tarea de orquestar una campaña de odio hacia mí, ellos me señalan como cabecilla de este movimiento y me sentenciaron que yo pagaría las consecuencias de todo”, denunció.
Por su parte Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización que acompaña en sus demandas a los habitantes de Ceibita y Guapinol, lamentó que solamente un representante del CONADEH estaba presente en el desalojo del campamento “pero aun así este funcionario pudo constatar el ridículo y sobredimensionado uso de la fuerza por las autoridades”.
Defensora de Guapinol: Nuestros padres y abuelos nunca necesitaron de una minera para vivir dignamente
Thursday, 15 November 2018 16:51 Written by Wilmer Paz C. Published in Contexto
Juana Zúniga describió los momentos de terror que han vivido y la militarización de que es objeto la comunidad de Guapinol
Mientras se mueven los hilos del poder para aplastar la demanda
ciudadana de la comunidad de Guapinol para que se respete el ejercicio
de sus soberanía, la población se refugia en la esperanza y la lucha
decidida de lograr el respeto a sus derechos a un medio ambiente sano y
al agua.
El 27 de Octubre recién pasado en una desproporcionada acción militar
aproximadamente 1500 elementos policiales y militares arrasaron a punta
de lacrimógenas, bala y tolete con el campamento y contra la humanidad
de personas indefensas que en su mayoría eran mujeres y niños.
El equipo de veeduría de derechos humanos, que llego a la zona de conflicto, ha reconocido a través del informe brindado a la prensa, que la lucha de los pobladores es justa ya que la concesión ASP1 y ASP2 otorgada por el Estado a la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, es producto de un sistémico tráfico de influencias que a nivel gubernamental manipula y modifica resoluciones ambientales, tal como ésta en la que ingenieros de la oficina de MiAmbiente e INHGEOMIN documentaron en 2010 la inviabilidad del proyecto dado que el mismo se desarrollaría en zona protegida de un parque nacional Carlos Escaleras. Pero el mismo fue trastocado en 2013 para beneficio de los inversores.
Eddy Tabora director ejecutivo de C- Libre alertó que por parte de las autoridades se están manipulando situaciones especiales para criminalizar a inocentes y no descartó que la quema de buses y hasta la muerte de elementos del ejército sean actos perpetrados como estrategia para deslegitimar a través de la difamación la lucha de la comunidad.
Testigos Vivientes del terror
Juana Zúniga, residente en la zona y que vino a Tegucigalpa para pedir auxilio por las atrocidades vividas en su comunidad, compartió para este medio, la saña con la que las autoridades han procedido en contra de ellos para amedrentarlos; “nos dijeron que no nos preocupáramos, que el desalojo sería pacífico, pero de repente nos atacaron, metieron maquinaria y derribaron nuestras champas”.
Para sorpresa nuestra empezaron a lanzar una cantidad exagerada de gas lacrimógeno, los compañeros entramos en pánico y corríamos para todos lados, nunca imaginamos que procederían de esa forma. Yo jamás había experimentado el poder de ese gas, ni sabía cómo era, casi me desmayo. Tuve que auxiliar a una compañera embarazada que estuvo a punto de desmayarse, nos acorralaron, ya que lanzaron el gas por los puntos donde podíamos escapar, nos gritaron que ahora la íbamos a pagar caro. Después de eso familias enteras se han desplazado del lugar por temor a ser agredidas”, agregó.
Gabriela Sorto, también habitante de aquel sector habló en relación a las posibles salidas del conflicto, aseguró que la opacidad del alcalde del Municipio de Tocoa, Adán Fúnez, quien no se muestra decidido a arreglar el conflicto denotando acomodamiento y complicidad con la minera, “nosotros hemos solicitado un cabildo abierto al alcalde donde los pobladores por mayoría soberana declaren al municipio libre de minería, no solo para la comunidad de Guapinol queremos que todo el municipio sea declarado libre”.
Consultada si confían en que este proceso sea transparente, Sorto afirmó que no confían en ninguna propuesta que venga de los gobiernos.
Existen seis permisos ya brindados por el Estado todos en Tocoa, Colón, para la entrevistada están a tiempo de detenerlos, “nuestro rio con las acciones que hemos emprendido se está empezando a recuperar. Ha sufrido el daño del aceite y el diésel que derramaron las máquinas y la tierra que abriendo la brecha removieron pero gracias a la conciencia de la gente el rio está agradecido. Es una burla para el ambiente y para la gente las burdas medidas de mitigación implementadas en la zona por las autoridades deberían avergonzarles”.
Nuestros padres y abuelos nunca necesitaron de una minera para vivir dignamente, este es un paraíso, es una tierra fértil que da frijoles, maíz y hortalizas para vivir cómodamente, aquí los negocios son prósperos y estos ambiciosos han venido a robarnos este paraíso y la paz.
La dignidad es más fuerte que el temor
Génesis Andino, defensora de derechos humanos y representante de la Asociación Por la Democracia y Los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), manifestó estar impactada por el clima de tensión, miedo y persecución que se respira en la zona.
“Al compartir con esas personas se puede sentir su impotencia, su miedo. Ahí se respira el hostigamiento. Cuando me le acerqué a una señora lloraba del terror provocado por la persecución y la pérdida de ese ambiente de paz con el que han vivido siempre, pero realmente que su fortaleza es inspiradora, entenderlas que a pesar del peligro que representa estar en resistencia están determinadas a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de asegurar un futuro digno a sus hijos”.
Andino explicó que le impresiono ver lo esencial que representa la figura de la mujer en esta lucha, “estas mujeres que sacan el tiempo y la fortaleza para ocuparse de su tarea como madres dejando a sus hijos a la escuela y luego regresan al campamento comprometidas y determinadas a seguir.
Son mujeres dignas y empoderadas que merecen mi respeto y mi admiración, no solo son ellas, también los hombres están sufriendo, están solos rodeados del peligro, y ellos manifiestan que ”estamos en medio nuestros enemigos”, refiriéndose a sus propios vecinos pagados y manipulados por Inversiones Los Pinares, al alcalde y a las autoridades que los persiguen como delincuentes, finalizó la defensora de derechos humanos.
A continuación compartimos la Alerta que emitió COPA este martes:
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA); a las Organizaciones Nacionales e Internacionales a 70 días de Campamento comunicamos lo siguiente:
1. El gobierno de Juan Orlando Hernández representado en INHGEOMIN y MI AMBIENTE, el Alcalde Adán Funes Martínez junto a la Empresa minera Inversiones los Pinares, sus trabajadores y activistas han emprendido una campaña mediática de criminalización y difamación contra COPA, FSAR, parroquia de Tocoa, Juan López y Leonel George poniendo en riesgo la vida, la seguridad desconociendo la labor genuina a favor de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas en el valle del aguan.
2. Condenamos la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa, bajo el expediente 148-2018 y orden de desalojo del Campamento Por la Vida mediante un juez de jurisdicción nacional en San Pedro Sula tipificado como delitos de alta peligrosidad la defensa del agua y los derechos fundamentales de las comunidades; desconociendo los derechos legítimo y legales garantizados en las leyes Nacionales y tratados y convenios internacionales firmados por Honduras por lo que exigimos su cancelación de inmediato ya que atenta contra la libertad del ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.
3. Condenamos la criminalización y persecución contra Carlos Leonel George miembro de la Junta Directiva de COPA, defensor de derechos humanos, Comunicador social y beneficiario de las Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH ) las MC 5014 en su ampliación, que en vez de proteger su vida el Estado de Honduras la pone en peligro por lo que es su responsabilidad de Juan Orlando Hernández, Adán Funes Martínez y la Empresa minera Inversiones los Pinares por cualquier atentado contra la vida de nuestro Compañero.
4. Exigimos una investigación sobre las campañas de criminalización y motivaciones mediante comunicados de organizaciones falsas y medios de comunicación y personas que se prestan por intereses personales olvidando los intereses colectivos y los derechos fundamentales de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tocoa, Colón.
5. Condenamos la actitud del gobierno de Juan Orlando Hernández, del Alcalde Adán Funes Martínez de desconocer los derechos de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas y negar las peticiones de los barrios, colonias y comunidades de los distintos sectores del municipio donde exigen Cabildo Abierto municipal y la cancelación inmediata de las licencias ambientales y concesiones de minería ya que son ilegales e ilegítima por encontrarse en la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos y el municipio no fue consultado y esas concesiones ponen en riesgo el agua del municipio de Tocoa, Colón.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a levantar Alerta por lo que sucede en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida ya que con la persecución judicial desde el Estado de Honduras los deja indefensos para ser atacados por grupos de choque creados por la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez.
“Defender el agua y la vida no es un delito, es un derecho humano fundamental”
“Alto a la Criminalización Estatal contra defensores de los derechos humanos.”
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Tocoa, Colón, Honduras, Centro América, 9 de Octubre de 2018
El equipo de veeduría de derechos humanos, que llego a la zona de conflicto, ha reconocido a través del informe brindado a la prensa, que la lucha de los pobladores es justa ya que la concesión ASP1 y ASP2 otorgada por el Estado a la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, es producto de un sistémico tráfico de influencias que a nivel gubernamental manipula y modifica resoluciones ambientales, tal como ésta en la que ingenieros de la oficina de MiAmbiente e INHGEOMIN documentaron en 2010 la inviabilidad del proyecto dado que el mismo se desarrollaría en zona protegida de un parque nacional Carlos Escaleras. Pero el mismo fue trastocado en 2013 para beneficio de los inversores.
Eddy Tabora director ejecutivo de C- Libre alertó que por parte de las autoridades se están manipulando situaciones especiales para criminalizar a inocentes y no descartó que la quema de buses y hasta la muerte de elementos del ejército sean actos perpetrados como estrategia para deslegitimar a través de la difamación la lucha de la comunidad.
Testigos Vivientes del terror
Juana Zúniga, residente en la zona y que vino a Tegucigalpa para pedir auxilio por las atrocidades vividas en su comunidad, compartió para este medio, la saña con la que las autoridades han procedido en contra de ellos para amedrentarlos; “nos dijeron que no nos preocupáramos, que el desalojo sería pacífico, pero de repente nos atacaron, metieron maquinaria y derribaron nuestras champas”.
Para sorpresa nuestra empezaron a lanzar una cantidad exagerada de gas lacrimógeno, los compañeros entramos en pánico y corríamos para todos lados, nunca imaginamos que procederían de esa forma. Yo jamás había experimentado el poder de ese gas, ni sabía cómo era, casi me desmayo. Tuve que auxiliar a una compañera embarazada que estuvo a punto de desmayarse, nos acorralaron, ya que lanzaron el gas por los puntos donde podíamos escapar, nos gritaron que ahora la íbamos a pagar caro. Después de eso familias enteras se han desplazado del lugar por temor a ser agredidas”, agregó.
Gabriela Sorto, también habitante de aquel sector habló en relación a las posibles salidas del conflicto, aseguró que la opacidad del alcalde del Municipio de Tocoa, Adán Fúnez, quien no se muestra decidido a arreglar el conflicto denotando acomodamiento y complicidad con la minera, “nosotros hemos solicitado un cabildo abierto al alcalde donde los pobladores por mayoría soberana declaren al municipio libre de minería, no solo para la comunidad de Guapinol queremos que todo el municipio sea declarado libre”.
Consultada si confían en que este proceso sea transparente, Sorto afirmó que no confían en ninguna propuesta que venga de los gobiernos.
Existen seis permisos ya brindados por el Estado todos en Tocoa, Colón, para la entrevistada están a tiempo de detenerlos, “nuestro rio con las acciones que hemos emprendido se está empezando a recuperar. Ha sufrido el daño del aceite y el diésel que derramaron las máquinas y la tierra que abriendo la brecha removieron pero gracias a la conciencia de la gente el rio está agradecido. Es una burla para el ambiente y para la gente las burdas medidas de mitigación implementadas en la zona por las autoridades deberían avergonzarles”.
Nuestros padres y abuelos nunca necesitaron de una minera para vivir dignamente, este es un paraíso, es una tierra fértil que da frijoles, maíz y hortalizas para vivir cómodamente, aquí los negocios son prósperos y estos ambiciosos han venido a robarnos este paraíso y la paz.
La dignidad es más fuerte que el temor
Génesis Andino, defensora de derechos humanos y representante de la Asociación Por la Democracia y Los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), manifestó estar impactada por el clima de tensión, miedo y persecución que se respira en la zona.
“Al compartir con esas personas se puede sentir su impotencia, su miedo. Ahí se respira el hostigamiento. Cuando me le acerqué a una señora lloraba del terror provocado por la persecución y la pérdida de ese ambiente de paz con el que han vivido siempre, pero realmente que su fortaleza es inspiradora, entenderlas que a pesar del peligro que representa estar en resistencia están determinadas a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de asegurar un futuro digno a sus hijos”.
Andino explicó que le impresiono ver lo esencial que representa la figura de la mujer en esta lucha, “estas mujeres que sacan el tiempo y la fortaleza para ocuparse de su tarea como madres dejando a sus hijos a la escuela y luego regresan al campamento comprometidas y determinadas a seguir.
Son mujeres dignas y empoderadas que merecen mi respeto y mi admiración, no solo son ellas, también los hombres están sufriendo, están solos rodeados del peligro, y ellos manifiestan que ”estamos en medio nuestros enemigos”, refiriéndose a sus propios vecinos pagados y manipulados por Inversiones Los Pinares, al alcalde y a las autoridades que los persiguen como delincuentes, finalizó la defensora de derechos humanos.
Autoridades locales, gubernamentales y mineras criminalizan y difaman a líderes y organizaciones de derechos humanos del Bajo Aguán
Foto Radio Progreso
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
denunció este martes la persecución judicial en la que se han emitido 18
órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras
de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité
municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa.A continuación compartimos la Alerta que emitió COPA este martes:
La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA); a las Organizaciones Nacionales e Internacionales a 70 días de Campamento comunicamos lo siguiente:
1. El gobierno de Juan Orlando Hernández representado en INHGEOMIN y MI AMBIENTE, el Alcalde Adán Funes Martínez junto a la Empresa minera Inversiones los Pinares, sus trabajadores y activistas han emprendido una campaña mediática de criminalización y difamación contra COPA, FSAR, parroquia de Tocoa, Juan López y Leonel George poniendo en riesgo la vida, la seguridad desconociendo la labor genuina a favor de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas en el valle del aguan.
2. Condenamos la persecución judicial en la que se han emitido 18 órdenes de captura contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones integrantes del Comité municipal de los Bienes Comunes y público de Tocoa, bajo el expediente 148-2018 y orden de desalojo del Campamento Por la Vida mediante un juez de jurisdicción nacional en San Pedro Sula tipificado como delitos de alta peligrosidad la defensa del agua y los derechos fundamentales de las comunidades; desconociendo los derechos legítimo y legales garantizados en las leyes Nacionales y tratados y convenios internacionales firmados por Honduras por lo que exigimos su cancelación de inmediato ya que atenta contra la libertad del ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.
3. Condenamos la criminalización y persecución contra Carlos Leonel George miembro de la Junta Directiva de COPA, defensor de derechos humanos, Comunicador social y beneficiario de las Medidas Cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH ) las MC 5014 en su ampliación, que en vez de proteger su vida el Estado de Honduras la pone en peligro por lo que es su responsabilidad de Juan Orlando Hernández, Adán Funes Martínez y la Empresa minera Inversiones los Pinares por cualquier atentado contra la vida de nuestro Compañero.
4. Exigimos una investigación sobre las campañas de criminalización y motivaciones mediante comunicados de organizaciones falsas y medios de comunicación y personas que se prestan por intereses personales olvidando los intereses colectivos y los derechos fundamentales de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tocoa, Colón.
5. Condenamos la actitud del gobierno de Juan Orlando Hernández, del Alcalde Adán Funes Martínez de desconocer los derechos de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas y negar las peticiones de los barrios, colonias y comunidades de los distintos sectores del municipio donde exigen Cabildo Abierto municipal y la cancelación inmediata de las licencias ambientales y concesiones de minería ya que son ilegales e ilegítima por encontrarse en la zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos y el municipio no fue consultado y esas concesiones ponen en riesgo el agua del municipio de Tocoa, Colón.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a levantar Alerta por lo que sucede en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida ya que con la persecución judicial desde el Estado de Honduras los deja indefensos para ser atacados por grupos de choque creados por la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez.
“Defender el agua y la vida no es un delito, es un derecho humano fundamental”
“Alto a la Criminalización Estatal contra defensores de los derechos humanos.”
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Tocoa, Colón, Honduras, Centro América, 9 de Octubre de 2018
