sábado, 15 de enero de 2011

INFORMACIONES HONDURAS ( nr 644 ) 14 enero 2011

De la reforma constitucional a la Asamblea Constituyente
Lo que hace tan sólo año y medio atrás fue motivo para un golpe de Estado y masacre de hondureños/as, ahora, se convierte en la salida al desencuentro nacional.

Ollantay Itzamná | Abya Ayala | 12-1-2011 |

Sólo una élite con el particular perfil intelectual y moral como la hondureña pudo haberse atrevido a consumar el delito del golpe de Estado en América Latina del siglo XXI. Creyeron que EEUU los protegería ante la comunidad internacional. Confiaron que el pueblo sumiso, que habían criado por cerca de dos siglos, se resignaría como tantas veces ocurrió en la historia hondureña. Pero estos supuestos eran del pasado. No previeron que el golpe sería su propio holocausto y un perfecto caldo de cultivo para la fecundación de los temidos cambios en el país. Y así fue.

Lo que hace 18 meses atrás fue motivo de un golpe de Estado, ahora, se convierte en la única tabla de salvación de la Honduras que languidece sin autoridad y sin Estado. Lo que Manuel Zelaya planteó en 2009, ahora es la “solución” para el desencuentro nacional. El Congreso Nacional actual plantea: “dejar que el pueblo decida sobre lo que quiera decidir, mediante referéndum y plebiscito”. Una de éstas podría ser la Asamblea Constituyente, actualmente entrampada entre la consigna de la “auto convocatoria” popular y el “silencio” constitucional sobre el tema.

La propuesta de reforma al Art. 5° de la actual Constitución Política, que debate el Congreso Nacional, deja abierta todas las posibilidades de consulta. Aprovechando esta reforma constitucional, mediante referéndum, se debería incorporar en la Constitución Política actual la figura de la Asamblea Constituyente. Pero ni los promotores del golpe, ni sectores de la resistencia popular están de acuerdo con esta propuesta de modificación constitucional.

Los primeros dicen: no queremos cambios. Que la Constitución y el país sigan como están, pero no se dan cuenta que viven en una Honduras minada por el caos total y sin un Estado que la dirija. Los segundos dicen: no queremos reformas a una Constitución Política que “no existe”. Exigimos una nueva Constitución para refundar Honduras. Pero tampoco quieren darse cuenta que en los hechos esa Constitución violentada y rota (por el golpe de Estado) es la que aún rige a este país que se muere. Y, sólo incorporando la figura jurídica de la Asamblea Constituyente en la Constitución actual será posible convocar a la Constituyente para la redacción y aprobación de la nueva Constitución Política. De lo contrario los detractores de la Constituyente siempre demandarán su inconstitucionalidad. Así, ambas posturas parecen ser de avestruces suicidas.

¿Por qué será que se oponen a este elemental razonamiento jurídico-político las y los “dirigentes” dogmáticos y “progresistas”? ¿Será que en el fondo ambos tienen miedo a que la gente participe y decida? ¿O será que carecen de la capacidad intelectual básica para comprender este razonamiento elemental evidente para el común de hondureñas/os despiertos? ¿Recuerda Ud. la negativa secante de los líderes del FNRP de asistir al “diálogo” convocado por el gobierno de Pepe Lobo en octubre pasado? ¿Ganó o perdió el FNRP con esa actitud?

Por las condiciones sociopolíticas en las que sobrevive Honduras, el proceso constituyente es el único espacio para el reencuentro y la refundación del país. Y en este proceso vencerán quienes tengan propuestas e ideas claras para los contenidos de la nueva Constitución Política. En lugar de entramparnos en consignas, debemos estar ya debatiendo los contenidos tanto para la Ley de Convocatoria para la Asamblea Constituyente, como los contenidos de la nueva Constitución. Pero, esto también tiene que ser una construcción de abajo hacia arriba.

No se puede seguir subestimando al pueblo como si aún fueran ganados encerrados en establos que se contenta con el forraje que le arrojan sus pastores. No es con consignas que se derrota a la desintegración sociopolítica del país, ni a sus promotores. El proceso refundacional implica amplitud y claridad en el pensamiento. Ninguna Constitución Política, por más popular y participativa que fuera, es garantía per se para la refundación de un país. Depende mucho de lo que cada uno de nosotros/as estemos dispuestos a hacer por el país, y no tanto de lo el país o las leyes puedan hacer por nosotros/as. Es asunto pasa por un profundo cambio de actitud y de pensamiento.



Implacables la corrupción y los corruptos

voselsoberano.com | Miércoles 12 de Enero de 2011

PRONUNCIAMIENTO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), ante el anuncio hecho por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez de que presentó una querella en contra de personas que le han difamado, a la comunidad nacional e internacional, manifestamos:

1.- Que en julio de 2009 presentamos formal denuncia ante la Fiscalía Contra la Corrupción para que investigara y determinara si el ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, tendrían responsabilidad penal por Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos, porque a través de un acuerdo ejecutivo emitido en diciembre de 2001, el ex presidente dispuso otorgar a la oficina del cardenalato del religioso, la cantidad de 100 mil lempiras mensuales, con carácter permanente. Este acuerdo ejecutivo fue publicado en La Gaceta y el Cardenal ha reconocido públicamente que el dinero fue recibido al menos una vez a través de la arquidiócesis de Tegucigalpa.

2.- Denunciamos que el Ministerio Público, no obstante ser nuestras organizaciones las denunciantes, jamás nos requirió para contribuir a la investigación, ni para notificarnos sus resoluciones, como es su responsabilidad; es más, cada vez que asistimos a esa institución para pedir información sobre el caso y conocer el avance de la investigación, nos respondieron con evasivas y jamás tuvimos acceso al expediente, a tal grado que ha sido hasta ahora que nos hemos enterado que el Ministerio Público archivó las diligencias, tras la divulgación a través de distintos medios de comunicación y del anuncio hecho por el Cardenal de que presentó denuncia o querella contra quienes le denunciamos.

3.- La confesión del Cardenal de que su arquidiócesis recibió los cien mil lempiras y luego su anuncio de presentar querella contra quienes le denunciamos, asociado con la resolución del Ministerio Público de archivar la denuncia y acudir inusualmente a pedir un sobreseimiento a favor del cardenal y del ex presidente (a quienes nunca acusó), refleja un desbordado cinismo y ratifica que la Corrupción en Honduras es un asunto generado y promovido desde la misma institucionalidad del Estado y las propias jerarquías religiosas. El actuar del Cardenal y de la institucionalidad hondureña, expresan un claro mensaje para que la ciudadanía se llame al silencio y acepte como un designio inevitable la indignante y desbordada corrupción que opera en el país.

4.- El MADJ, el CDM y el COFADEH como espacios dedicados a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, ante el bochornoso actuar del Ministerio Público y ante la agresividad, el poderío e impunidad exhibidos por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, nos declaramos en estado de indefensión y desde ya le responsabilizamos a él, al Ministerio Público y al régimen que preside Porfirio Lobo Sosa por cualquier acción que atente contra los derechos de nuestra organizaciones y de las personas que las integramos.

5.- No obstante la indefensión y la persecución desatada en contra nuestra, reiteramos el compromiso de pelear pacífica y dignamente junto a nuestro pueblo y el derecho que poseemos a demandar justicia contra los corruptos, no importa su rango, jerarquía, posición política, económica o social.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de enero de 2011



De nuevo la Cuarta Urna

voselsoberano.com | Miércoles 12 de Enero de 2011


Renan Augusto Barahona Andino

Indudablemente uno de los temas que mas debate ha traído a la palestra publica y también familiar por no decir privada fue la implementación de lo que se concibió como la Cuarta Una como un mecanismo de consulta al pueblo sobre su deseo o no de darse una nueva Constitución.

En aquel momento se dedicaron cantidades enormes de páginas de periódicos, horas de televisión y radio, tanto de quienes apoyaron el proyecto como de quienes lo adversaron. Se volvieron hombres del momento los “eruditos” del Derecho Constitucional, protagonizaron la “noticia del día” los sabenada y sabetodo que han llegado a convertirse en los personajes que opinan por el pueblo, aunque este no halla mas que elegido en penumbras a presidentes, diputados y autoridades de las 298 alcaldías que hoy conforman nuestra Honduras.

Los estira y encoge de las leguleyadas para darle ilegalidad o no al acto de la Cuarta Urna también fueron grandes noticias, aun y cuando todos sabemos la injusticia que conlleva la corrupción que caracteriza de manera general al Poder Judicial.

Por supuesto que un acto como dicha consulta conllevaba el uso de grandes recursos materiales, humanos y logísticos, mas aun cuando el consultado es un pueblo altamente analfabeto y casi sin conocimiento político, de lo cual entre otras cosas se han valido los políticos de oficio tradicionalmente identificados con el Partido Liberal, y el Partido Nacional y hoy día acompañados por la Unificación Democrática o UD, la Democracia Cristiana y el PINU Social Demócrata. También ese pueblo de Morazán ha sufrido históricamente de alienación por parte de los medios de comunicación masiva que han estado al servicio de la oligarquía que hoy día controla nuestro país.

En ese orden de ideas y con la lógica que se organizan las cosas en nuestro país, el expresidente Zelaya cometió entre tantos errores el considerar que con los recursos, que todavía en ese momento eran relativamente abundantes en las arcas nacionales, y repartiendo pisto entre los allegados, los arribistas incluyendo aquellos que dirigen algunas organizaciones populares, estableciendo una lucha enmarcada en una batalla de anuncios beneficiando a los medios incluyendo los mas retrógrados y serviles, podía llevar a cabo un proceso tan delicado e importante para nuestro pueblo como el primer paso a dar por medio de la Cuarta Urna para obtener el cambio de Constitución que posibilitara los cambios estructurales y que posibiliten un mejor nivel de vida para las mayoría del pueblo hondureño.

Todo eso fue criticado en su momento, contándose en primera fila con los que protegen el statu quo y sus lacayos, y que utilizaron como argumento para llevar a cabo el golpe de estado.

Cuando se trata de corrupción, del mal uso de los recursos del estado que es decir los recursos del pueblo, por supuesto que debemos señalarlo e impulsar todas aquellas acciones que permitan castigar a los culpables, sea quien sea.

Hoy día nos encontramos en una maraña que por supuesto pretende la confusión del hondureño, sacando banderas de la necesidad del reformismo de nuestra sociedad, y comenzando con reformas a la Carta Magna vigente. Y más allá de esa simple confusión en el fondo es toda una estrategia de limpieza del golpe de estado que esta respaldada sino es que diseñada por los gringos como parte del juego geopolítico que pretende mantener permanentemente como peón importante a nuestro país y necesitando para ello la sobre vivencia del bipartidismo tradicionalista.

Esa limpieza pasa por todas aquellas iniciativas fracasadas desde los intentos de Oscar Arias, elecciones estilo Honduras, Dialogo Nacional Pepista, etc.

Casualmente nos encontramos que de nuevo la dilapidación de recursos de la Cuarta Urna, que no creo que alguien con cuatro dedos de frente la quiera negar, es tema de discusión. Y por supuesto que es importante discutir tal tema y más allá de ello, castigar a los corruptos y a los corruptores. Desgraciada y coyunturalmente, este tema se engarza con la entramada de parte de la estrategia de suavización del golpe, llevándose de encuentro a dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular a quienes se les supone participaron en la repartición indiscriminada de los mencionados recursos. Bien es conocida la posición del FNRP de llevar a cabo en Honduras cambios profundos en nuestra sociedad que van mas allá de las reformas impulsas por aquellos que coyunturalmente y con sus particulares propósitos políticos nos quieren mostrar un discurso diferente al que tienen intrínsicamente y que forma parte de su visión política de derecha.

Todo lo anterior significa que nosotros como resistencia popular y nuestra dirigencia en particular debemos estar prestos a no creer en los cantos de sirena, o ser confundidos dentro de este maligno plan, aun y cuando la confusión mayor podía obedecer a las posturas de medios de comunicación que sabemos están de este lado pero que por un análisis equivocado han manifestado que esas posiciones de la que identifican como derecha y no extrema derecha le quita banderas a la Resistencia o que son oportunidades que se deban aprovechar ya que el sistema nos las brinda, lo cual seria un error histórico, ya que en todo caso esas propuestas de esa nueva derecha llevan un trasfondo mayor al solo echo de una mayor “democratización” de la sociedad hondureña.



Conozca las reformas al artículo cinco de la Constitución de la República

voselsoberano.com | Jueves 13 de Enero de 2011

Revistazo, 11 de enero de 2011

Luego de una kilométrica reunión y con 103 votos a favor y 16 en contra, el Congreso Nacional aprobó las anunciadas reformas al artículo 5 de la Constitución de la República, que abre las puertas a flexibilizar la implementación de las figuras del plebiscito y el referéndum.

En medio de una serie de opiniones favorables y otras en contra, así como de una férrea discusión acerca de si se abre o no, la puerta a reformar los llamados artículos pétreos, que prohíben a su vez la reelección presidencial, se aprobaron las reformas al artículo 5 de la Constitución de la República.

Le corresponde al Congreso Nacional ahora, ratificar el decreto aprobado ayer, en la segunda legislatura para entrar en vigencia.

De la reforma quedó fuera la figura del reverendo revocatorio, medio de participación del pueblo, con el cual ejerce su derecho, para opinar libremente en un asunto público que tiene que ver con la permanencia o no, de un gobernante que ha sido previamente electo en Elecciones populares.

A continuación le mostramos las reformas aprobadas:

El Congreso Nacional: Considerando:

Que es un anhelo del pueblo hondureño tener mayor participación en asun­tos de interés nacional de manera directa.

Considerando: Que es un derecho funda­mental inherente a la persona humana el que los ciudadanos tomen participación en la de­cisiones más importantes de la vida nacional.

Considerando: Que son mecanismos ade­cuados para que la democracia participativa funcione en Honduras las figuras del plebisci­to, el referéndum y la iniciativa de ley ciuda­dana.

Considerando: Que es impostergable abrir los espacios de participación política al pue­blo hondureño.

Considerando: Que es fundamental ampliar la iniciativa de ley que regula el artículo 213 de la Constitución de la República para per­mitir a los ciudadanos directamente, presentar proyectos de ley sobre todo tipo de temas al Congreso Nacional, profundizando de esta manera la Democracia Participativa.

Considerando: Que es atribución del Con­greso Nacional de conformidad al Artículo 374 del Decreto 131 del 11 de enero de 1982, reformar la Constitución de la República.Por tanto:

DECRETA: Artículo 1.- Reformar los Artículos 5 del Decreto 242-2003 ratificado mediante el De­creto 177-2004, y 213 de la Constitución de la República, contenidos en el Decreto 131, emitido por la Asamblea Nacional Consti­tuyente, el 11 de enero de 1982, los cuales deben leerse así:

ARTÍCULO 5.- El gobierno del Estado debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, la estabilidad política y la paz social.

Para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como mecanismos de participa­ción ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana.

El referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o des­aprobación por la ciudadanía.

El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado ninguna decisión previa.

El referéndum y el plebiscito pueden reali­zarse a nivel nacional, regional, subregional, departamental y municipal.

Tienen iniciativa para solicitar referéndum o plebiscito:

1) Al menos el dos por ciento (2%) de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral.
2) Al menos diez 10 Diputados del Congre­so Nacional, y;
3) El Presidente de la República en resolu­ción de Consejo de Secretarios de Estado.

El Congreso Nacional debe conocer y discutir dichas peticiones, y si las aprueba debe emitir un Decreto que determine los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos.

Los porcentajes de aprobación legislativa a las consultas populares son determinados según el tema a ser consultado de conformi­dad a esta Constitución, por simple mayoría cuando se trate de leyes y asuntos ordinarios, las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros cuando se refiera a asuntos consti­tucionales.

Una ley especial aprobada por las dos ter­ceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional debe determinar los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio de los mecanis­mos de participación ciudadana.

Corresponde únicamente al Tribunal Supre­mo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas ciudadanas.

Las consultas ciudadanas deben hacerse pre­ferentemente en la misma fecha de las elec­ciones generales.

El ejercicio del sufragio en las consultas ciu­dadanas es obligatorio.

El resultado de las consultas ciudadanas es de obligatorio cumplimiento si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del total de participación en la última elec­ción general; y, si el voto afirmativo logra la mayoría de votos válidos.

La ley especial debe determinar los porcen­tajes necesarios para convocar a consulta popular cuando ésta no sea a nivel nacional, así como el porcentaje de participación para que sea válida.

El Tribunal Supremo Electoral, una vez co­nocido el resultado oficial, en el término que señale, debe informar al Congreso Nacional en un plazo de diez 10 días sobre el resul­tado de la consulta. El Congreso Nacional debe emitir un Decreto ordenando la puesta en vigencia de las normas que resulten de la consulta ciudadana.

Si la iniciativa sometida a consulta es apro­bada, no será necesaria la sanción ni procede el veto del Poder Ejecutivo, En consecuencia, el Congreso Nacional ordenará la publicación de las normas aprobadas. Estas normas solo pueden ser derogadas o reformadas mediante el mismo proceso de su aprobación.

La consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el mismo ni en el siguiente pe­riodo de gobierno.

ARTICULO 213.- Tienen exclusivamente la iniciativa de Ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República por medio de los Secretarios de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, en asuntos de su competencia, y un número de al menos de tres mil ciudadanos bajo el mecanismo de iniciativa de ley ciuda­dana.

Artículo 2.- La presente reforma deberá ser ratifi­cada por la subsiguiente legislatura de conformidad a esta Constitución.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ del Dos Mil once.



Cuando el sueño americano se transforma en pesadilla

Aram Aharonian

ALAI AMLATINA, 11/01/2011.- Mientras la prensa hegemónica difunde cartelizadamente la “realidad virtual” de que Estados Unidos, primera potencia mundial, parece estar saliendo de la crisis económica, los sociólogos alertan sobre la muerte del “sueño americano”, hecho reconocido incluso por Timothy Geithner, el Secretario del Tesoro, quien en los primeros días del año señaló que “Estados Unidos está al borde de la insolvencia”.

Con esas palabras, Geithner, ha pedido al Congreso la urgencia de elevar el techo de la deuda, actualmente en “apenas” 14.300.000 millones de dólares (14.300.000.000.000). La insolvencia fue advertida días antes en la cadena ABC por el asesor económico de Obama, Austan Goolsbee, quien señaló que si el techo de la deuda no era modificado, “las consecuencias serían catastróficas para la economía de Estados Unidos, y mucho peores a lo visto desde el 2008″…

¿Aún peores? Goolsbee tiene razón. Durante 30 años Estados Unidos consumió más de la cuenta tras vender a los estadounidenses la idea del crédito barato propugnado por Ronald Reagan en 1981. Desde esa fecha, no se hizo más que consumir, consumir y consumir… a costa de todo el mundo.

Y para sorpresa de 25 millones de desempleados y subocupados, Obama nombró a William Daley como jefe de gabinete. Se trata del secretario de Comercio durante el gobierno de Bill Clinton, quien impulsó el tratado de libre comercio y más recientemente fue un alto ejecutivo en la megaempresa financiera JP Morgan Chase, la que goza de gran prosperidad después del rescate del sector financiero con los dineros del pueblo estadounidense.

El sueño americano

Allá por los 1930, Estados Unidos salía del famoso “crack de 1929”. En esos años, cuando comenzó a ocupar el centro del escenario mundial, se acuñó y popularizó mundialmente la idea del “sueño americano.

El mismo tenía como contenido la idea que la sociedad norteamericana ofrecía la posibilidad de una igualdad de oportunidades bastando la decisión y el esfuerzo propio para alcanzar la prosperidad material. Por extensión, esta posibilidad se ampliaba a los inmigrantes y sus hijos, quienes podrían participar de ese ideario colectivo.

Pues bien, eso es lo que parece estar profundamente cuestionado en la realidad actual. Veamos algunos datos.

Uno de cada siete norteamericanos –cerca de 44 millones de personas, la cifra más alta desde 1960 cuando comenzaron estas mediciones- vive hoy en la pobreza. Pero esa cifra es aun más preocupante cuanto se trata de menores: uno de cada cinco niños y jóvenes menores de 18 años vive en la pobreza.

Para este año los medios cartelizados estiman que la economía norteamericana crecería un 4%. Ello supone que Estados Unidos está superando el período de crisis y estaría recorriendo la post recesión. Los medios nos dicen que la crisis económica ya pasó, y que la economía-mundo está de regreso a su modo normal de crecimiento y ganancia. El 30 de diciembre, Le Monde francés lo resumió así: "Estados Unidos quiere creer en una recuperación económica".

La difusión sobre la recuperación económica no tiene repercusiones inmediatas y trascendentes sobre los problemas cotidianos de gran parte de la sociedad norteamericana. La única realidad sigue siendo la realidad. Los desocupados, que alcanzan el 10% de la población activa, solo se reducirían en un punto de reactivarse la economía. Los ingresos de la fuerza de trabajo se mantendrían en los niveles actuales, por debajo de los ingresos de 2009 y 2008.

Esta situación y los temores sobre el futuro están provocando importantes cambios en el “estilo de vida norteamericano” Dos manifestaciones familiares de estas tendencias son muy claras: Bajan las tasas de nacimiento, al igual que los casamientos.

Las recientes y naturales tormentas de nieve pusieron sobre el tapete otras características de la crisis. En Nueva York hubo cortes de luz por 36 horas, además de cortes de gas, con temperaturas de 5 grados bajo cero. La mayor parte de los subtes dejaron de funcionar. Por todo ello, la ciudad más importante de Estados Unidos quedó paralizada. El fenómeno natural, sumado a las restricciones presupuestarias -por la crisis y las medidas oficiales de beneficiar a los más ricos- fueron los responsables.
Una hora antes del Año Nuevo, unos cinco mil pájaros cayeron muertos en Beebe, Arkansas, y otros 500 en un pueblo de Louisiana días después. Todavía no hay explicación, pero tal vez fue por el susto al ver, desde arriba, todo lo que está sucediendo en el país, comenta David Brooks.

La pesadilla

Las desigualdades en la distribución de la riqueza, crecen gracias a los recortes fiscales introducidos por Bush II y su continuación por parte de Obama, lo que significa quitarle a la clase trabajadora y a y los pobres para dárselo a los ricos. Las enormes desigualdades minan la democracia, incluso la representativa-declamativa.

Nicholas Kristof, del New York Times, recuerda que "Los directivos de las mayores empresas norteamericanas ganaban una media de 42 veces más que el trabajador promedio en 1980, y 531 veces más en 2001. Quizás la estadística más asombrosa es esta: entre 1980 y 2005, más de cuatro quintos del aumento total de las rentas estadounidenses fueron a parar al 1% más rico".

Bob Herbert, también en el New York Times, revelaba a principios de noviembre último un estudio que ponía en claro que los apuros económicos de las clases medias y trabajadoras desde finales de la década de 1970 no fueron resultado primordialmente de la globalización y los cambios tecnológicos sino antes bien de una larga serie de cambios políticos por parte gubernamental que favorecieron a los muy ricos.

“Estos cambios fueron el resultado de esfuerzos cada vez más sofisticados, mejor financiados y organizados por parte de sectores empresariales y financieros para inclinar a su favor las medidas políticas gubernamentales, y de ese modo favorecer a los muy ricos. De las leyes fiscales a la desregulación, a la dirección de empresas, a las cuestiones sobre redes de seguridad, la actuación gubernamental se configuraba de forma deliberada para permitir a quienes eran ya muy ricos amasar una porción cada vez mayor de de los beneficios económicos de la nación".

Obviamente, la educación pública se deteriora cuando la riqueza la monopolizan unos pocos. Los ricos pagan pocos impuestos y así los gobiernos carecen de recursos para subvencionar la educación: cada año se rechaza a un número mayor de estudiantes y las clases están sobrecargadas de educandos.

Spencer Bachus, próximo presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, declaró al diario The Birmingham News a fines de diciembre que 'Washington y los reguladores están ahí para servir a los bancos'".Y eso es exactamente lo que los banqueros le han estado contando a él y a los demás políticos.

Por último, los legisladores electos en noviembre asumieron sus cargos y la mayoría parlamentaria quedó en manos de los más conservadores del Partido Republicano. Una de las medidas que éstos impulsan con mayor fuerza es derogar el derecho de adquirir la ciudadanía estadounidense a los hijos de los inmigrantes irregulares nacidos en territorio norteamericano.

Este sería un “golpe de gracia” al principio constitucional de la igualdad ante la ley de todos los nacidos en Estados Unidos, pero sus propulsores están empeñados en sostenerlo bajo la consigna de: "No podemos seguir con esta verdadera invasión de ilegales”

Terrorismo

Mientras se sigue construyendo el muro en la frontera con México, la legisladora demócrata Gabrielle Giffords recibió un tiro en la cabeza durante un evento público en la localidad de Tucson (Arizona), en un atentado en el que murieron seis personas y otra docena resultó herida. Según The Washington Post, no parece que haya sido al azar: “Parece un asesinato”. Todo apunta al sector ultraconservador del Partido Republicano, el “terrorismo” alentado por el llamado Tea Party.

Giffords era una de los 20 demócratas elegidos en el 2008 que votaron por la reforma de salud y fueron entonces identificados para ser derrotados por la candidata vicepresidencial Sarah Palin, en una campaña denominada “takebackthe20″, que incluía un mapa de cada distrito del Congreso marcados todos como un tiro al blanco para la mirilla de un fusil.

Todo comenzó cuando la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer promulgó el verano pasado una ley para perseguir a los inmigrantes ilegales que fue propuesta por los conservadores. En la población hispana sintieron que era inconstitucional y que llevaría a la discriminación. Griffords dijo, en la oportunidad, que la ley no haría nada por proteger la frontera ni detener el tráfico de drogas y armas.

Hoy, aquellos que duermen con el sueño americano, se despiertan con pesadillas.

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)



Alerta Resistencia Los golpistas preparan la entrega de nuestro territorio a otros estados

voselsoberano.com | Jueves 13 de Enero de 2011
Mientras los ojos del Pueblo estaban distraídos en el circo montado por los diputiteres golpistas sobre las reformas al Artículo 5,  al mismo tiempo (ayer 12 de enero) fue introducido al Congreso Nacional un Proyecto de Decreto que prácticamente inicia la entrega de nuestra soberanía nacional a los empresarios extranjeros. Me refiero a la pretensión de crear las llamadas “Regiones Administrativas Especiales” o “Ciudades Modelo”, eufemismo con el que pretenden encubrir a verdaderas zonas de ocupación extranjera.

Según la noticia (ver abajo las notas de prensa), esta macabra idea consiste en que las empresas extranjeras que se asienten ahí, estarán exentas de cumplir las leyes del Estado de Honduras con el pretexto de atraer la inversión. Se trata de un régimen distinto al de las Zonas Libres porque en estas el Estado no renuncia a aplicar a los extranjeros la jurisdicción de la Constitución y sus leyes, a quienes se les conceden privilegios. En cambio, en las “Regiones Administrativas Especiales”, los extranjeros podrán utilizar su propia moneda, sus propias leyes, su propia policía, su propio régimen aduanero, sin el aval del Estado de Honduras, conservando la nacionalidad de origen de los inversionistas, y por tanto, la jurisdicción de otros estados dentro del Estado de Honduras. A tal extremo llega la idea que ni la Corte Suprema de Justicia tendrá jurisdicción en esos territorios pues podrán tener sus propios juzgados.
A los hondureños y hondureñas que habiten en esas zonas solo les serán aplicadas las leyes de Defensa, la Ley Electoral, las relativas a la identidad de los hondureños(as) y la del Presupuesto, de acuerdo a la información.  Prácticamente serán extranjeros dentro de su propio país, ¡… salvo que podrán votar por golpistas!
Es un modelo similar al que tiene China en Hong Kong y Macao, donde ha entregado a las transnacionales gringas y europeas prácticamente la jurisdicción de esas ciudades.
Independientemente de si le es funcional a los chinos, en el caso de Honduras, un proyecto de ese tipo será de consecuencias nefastas para nuestra Soberanía nacional, con lo cual tendrá que lidiar cualquier otro gobierno que asuma la conducción del país.
A estos traidores a la patria, no les basta con haber concesionado las cuencas de agua y los minerales, propiedad soberana del Pueblo de Honduras, ni con mantener tropas extranjeras en nuestro territorio, sino que ahora pretenden hacer realidad su sueño de entregar el país a los voraces empresarios extranjeros para que exploten nuestros recursos y nuestra mano de obra según sus propias leyes, a cambio, estamos seguros,  de una buena tajada en dólares.
Alerta Resistencia. En lugar de estar pensando en quienes serán los y las candidatas al circo electoral de la oligarquía, aprestémonos para defender la Soberanía nacional de las criminales pretensiones del golpismo “reformista”.
NO A LAS “REGIONES ADMNISTRATIVAS ESPECIALES”
ABAJO EL GOLPISMO VENDEPATRIA
Tomás Andino


En el 2011 gobierno continuará con la concesión de recursos naturales a empresarios
voselsoberano.com | Jueves 13 de Enero de 2011 

Revistazo, 12 de enero de 2011
La  concesión de más recursos naturales a empresarios nacionales y extranjeros  podría continuar este año, porque entre las medidas para el ahorro de energía y combustibles aprobado por el gobierno en Consejo de Ministros se  incluye la continuación de los proyectos de energía renovable.
conseciones recursos naturales El año anterior, en medio de una fuerte oposición de los pobladores de distintas regiones del país, el Congreso Nacional aprobó casi medio centenar de contratos de energía renovable tras haber autorizado la concesión de igual cantidad de ríos, que en su mayoría  beneficia a los mismos empresarios que durante muchos años han mantenido contratos de energía térmica con el Estado.
La concesión de los ríos, aprobada en septiembre del año pasado, pone evidencia la doble moral del presidente del Congreso Nacional y de la mayoría de los diputados que en este momento discuten en la asamblea legislativa, la reforma del artículo 5 de la Constitución de la República, supuestamente para darle herramientas de consulta a la población.
El día que los diputados nacionalistas y liberales aprobaron la concesión de los  recursos naturales, miles de pobladores provenientes de diversas regiones de Honduras,  manifestaron  su desacuerdo con la disposición. No obstante, el pleno del Congreso Nacional pasó desapercibido el clamor  popular y la opinión del pueblo no fue tomada en cuenta.
Los pobladores manifiestan su desacuerdo por considerar que sus comunidades resultarán afectadas con la instalación de las represas, situación que ocurre en momentos en que el presidente de la república,  Porfirio Lobo Sosa y el presidente  del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, impulsan la reforma constitucional, argumentando su deseo por cambiar la democracia representativa por una democracia participativa.
Si esto es así, ¿Por qué no esperar la enmienda constitucional para consultarle a las comunidades si están o no de acuerdo con el repartimiento de sus recursos naturales? El Congreso Nacional tiene la facultad para derogar lo aprobado, sobre todo porque existen señalamientos que ese poder del Estado además de perjudicar a la población, también estaría cerrando “el ataúd” de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Las otras disposiciones aprobadas
EL  Consejo de Ministros aprobó medidas para el ahorro de energía y combustibles, las que se consideran afectarán en su mayoría a los empleados gubernamentales, entre quienes se implementará un nuevo horario de entrada a sus trabajos.
El paquete 10 medidas contiene auditorías energéticas, con las que se pretende colocar medidores “inteligentes” en las oficinas públicas.
Las tarifas multihorarias es otra disposición que entrará en funcionamiento. Se pretende, dijeron, reducir  tarifas en horas de menor consumo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) será la institución encargada de esa disposición para lo cual presentará una propuesta la próxima semana. Junto a lo referido se dispuso elaborar un plan para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.
La emisión del bono diez mil a las familias de las y los policías, bomberos y soldados, es otra disposición contemplada en el paquete de 10 medidas, las que se financiarán con el dinero incautado de los bienes provenientes del narcotráfico.
Entre las medidas restantes se enlistan la realización de un plan de reordenamiento territorial en las principales ciudades, regulación en la emisión de gases vehiculares, una campaña para educar a la población para fomentar el ahorro de energía, creación de horarios especiales de carga y descarga de transporte pesado y continuar con los proyectos de energía renovable en el país.