OFRANEH denuncia fuertes presiones y robo de tierra comunitaria
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| Foto G. Trucchi |
por OFRANEH
El Alcalde Municipal de Tela persiste en continuar con las ventas ilegales de tierra en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, para lo cual viene utilizando la Sr Braulio Martínez, el que avala las ventas de tierras a foráneos, por intermedio de un Patronato paralelo al servicio de los intereses de la Municipalidad de Tela y de los empresarios turísticos.
A pesar que existen medidas cautelares de la Comisión interamericana De Derecho Humanos (CIDH), respecto a la comunidad de Triunfo, las ventas de tierras ilegales se multiplican sin que el Estado de Honduras haya asumido el cumplimiento de la protección del territorio comunitario.
Existe el nefasto antecedente de las 22 manzanas de la comunidad de Triunfo que uso la Municipalidad de Tela para pagar un deuda a su sindicato, La Procuradoría falló a favor del comunidad, situación que desemboco en un incremento inusitado del racismo en contra de la población garífuna, al oponerse a perder parte de sus territorio.
Continúan presiones de la Municipalidad de Tela contra la comunidad garífuna del Triunfo
voselsoberano.com | Miércoles 05 de Enero de 2011
El Alcalde Municipal de Tela persiste en continuar con las ventas ilegales de tierra en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, para lo cual viene utilizando la Sr Braulio Martínez, el que avala las ventas de tierras a foráneos, por intermedio de un Patronato paralelo al servicio de los intereses de la Municipalidad de Tela y de los empresarios turísticos. A pesar que existen medidas cautelares de la Comisión interamericana De Derecho Humanos (CIDH), respecto a la comunidad de Triunfo, las ventas de tierras ilegales se multiplican sin que el Estado de Honduras haya asumido el cumplimiento de la protección del territorio comunitario.
Existe el nefasto antecedente de las 22 manzanas de la comunidad de Triunfo que uso la Municipalidad de Tela para pagar un deuda a su sindicato, La Procuradoría falló a favor del comunidad, situación que desemboco en un incremento inusitado del racismo en contra de la población garífuna, al oponerse a perder parte de sus territorio.
DENUNCIA URGENTE
El Patronato pro-mejoramiento de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, con personería No.231-96, por medio de la presente DENUNCIA LO SIGUIENTE:
Ante la opinión Pública e internacional, atención Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para nosotros es imperativo llamar la atención en estos momentos sobre el caso No.12548, demanda internacional de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz contra el estado de Honduras sobre una resolución URGENTE, ya que la falta de cumplimiento de las medidas cautelares a favor de esta comunidad está provocando la pérdida del territorio de una manera acelerada mientras esperamos una resolución, debido al desacato permanente a dichas medidas por parte de las autoridades locales y nacionales.
Nos preocupa de sobre manera la situación ver como el señor Braulio Martínez continua autorizando ventas ilegales de nuestro territorio a terceros con el apoyo de la municipalidad de Tela, a través de su alcalde David Sacaro Morlachi, a raíz de la inestabilidad local que han venido creando dichas autoridades a través de tantas estrategias de manipulación en contubernio con autoridades, empresarios, políticos y organismos de financiamiento externo.
Hoy, con el rompimiento del orden constitucional nos encontramos totalmente indefensos y solamente una acción urgente internacional puede parar y salvar nuestras demandas por el territorio y patrimonio local y de la humanidad.
El día Lunes 3 de enero, debido a varias denuncias de los pobladores, hicimos una inspección donde constatamos dentro de las medidas cautelares:
Caso Marbella, hay una compañía iniciando cercado de las tierras
propiedad de la comunidad por orden de empresarios que pretenden dichas playas, Marbella y Maserica) (aproximadamente 80 manzanas de playa) aun después que se ha anulado convenio entre municipalidad, Marbella y Maserica.
Caso Jorge López, nuevamente el señor Braulio Martínez le autoriza venta ilegal en la zona agrícola donde rompió cercado de una miembro de la comunidad y vende a otro tercero tierras adquirida ilegalmente, quien tiene usurpado gran parte de la zona agrícola, donde se encuentran varios usurpadores, como el señor Cárdenas, Ricardo Calix, el actual alcalde David Sacaro. En el barrio Las Delicias, está el caso del ex diputado Antonio Fuentes Posas. Barrio el Potrero caso familia Gómez Cisneros, están construyendo donde pretenden hacer hoteles, también familia Ferrufino, barrio Tiuna la señora Dilcia de Ochoa tiene a un sicario viviendo dentro del terreno donde el juzgado había ordenado desalojar. Todos estos casos se encuentran dentro del dominio pleno comunal y no son todos, el señor Roberto Ewens ha vendido gran parte Sur Oeste de la comunidad debido a que la municipalidad le otorgo dominio pleno a cambio de las 22 manzanas otorgadas a su sindicato. Y esta situación se agudizo desde que la municipalidad impuso patronato paralelo y no ha querido reconocer al Patronato legalmente electo e inscrito en Gobernación y Justicia.
Solicitamos una vez más, una acción pronta por el inminente peligro lo cual estamos manifestando ya que estamos bajo un régimen donde no hay autoridades.
Dado en la comunidad Triunfo de la Cruz, a los 4 días del mes de Enero de 2011.
TERESA REYES R.
Presidenta del Patronato
Cc. OFRANEH, Fiscalía etnias, Minis. Publico, Corte S. Gobernación, CIDH, INA…
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
La dictadura hondureña arremete contra medios de comunicación populares.
Más temprano habían atentado contra el director de un Canal de Televisión alternativoRed Morazánica de Información
La Esperanza 5 de enero de 2009. Las radios Guarajambala y La Voz Lenca, medios de comunicación comunitaria del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), fueron agredidas por empleados de la empresa SEMEH, cuyo propietario es Arturo Corrales Álvarez, ministro de planificación del régimen de facto, según denunció en un comunicado urgente la organización indígena que es integrante destacada del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Los empleados cortaron la energía del inmueble donde operan las radios, sin mostrar ningún documento que consignara la orden de suspensión del servicio eléctrico, y amenazaron de muerte a los dirigentes populares Berta Cáceres, Salvador Zúniga así como a otros integrantes del COPINH.
La denuncia interpuesta por la organización popular indica que los representantes de SEMEH intentaron envestir con el vehículo en el que se conducían a varias personas que se encontraban en las instalaciones de las radios y agredieron físicamente a Néstor Sorto.
El hecho de represión en contra este medio de comunicación se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos que se registran desde la ejecución del golpe de Estado del 28 de Junio de 2009, particularmente contra medios de comunicación que han denunciado los atropellos a la población civil por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Las radios comunitarias han sido objeto de varios ataques por parte del llamado "Gobierno de la Unidad y la Reconciliación" que encabeza Porfirio Lobo, dentra de las que se encuestra intento de cierre a Radio Orquídea del Movimiento Campesino de Aguán y el asedio por parte de la policía y el Ejército de Radio Zacate Grande en el Sur del País.
La Radio Comunitaria Coco Dulce que funciona en una comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz en la Costa Norte fue incendiada a principios del año pasado en lo que se denunció como un acto más de intimidación de la dictadura.
Por la mañana el periodista Esdras Amado López, periodista y director de Canal 36 hizo pública una grabación que demuestra la las amenazas de un coronel activo de las Fuerzas Armadas.
Reproducimos el Comunicado de COPINH más adelante:
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Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
DENUNCIA PÚBLICA URGENTE
DENUNCIA PÚBLICA URGENTE
Acción represiva del régimen golpista contra las emisoras comunitarias indígenas del COPINH Radio Gurajambala y La Voz Lenca.
Las acciones represivas han sido sistemáticas y han consistido en descargas eléctricas que han quemado transmisores y otros equipos de nuestras radios comunitarias, estas acciones se agravaron el día de hoy miércoles 05 de enero del presente año a eso de las 10:40 AM, cuando 2 empleados con camisetas de SEMEH y enviados por Arturo Corrales Álvarez, accionista de esta empresa y figura emblemática del golpismo fascista, procedieron a meterse a las oficinas del COPINH, ubicadas en el Barrio las Delicias, sin nuestra autorización y sin presentar gafetes, ni cargo, ni nombres y conduciéndose en un vehículo marca Toyota 22 R, color rojo, con placa PAE0468 con el propósito de dañar las emisoras Radio Guarajambala y la Voz Lenca.
Vale la pena aclarar que nunca presentaron avisos ni ordenes de corte de energía eléctrica; estos sujetos procedieron a amenazar a muerte a varias personas que laboran en el COPINH y luego cortaron la energía eléctrica con el propósito de silenciar las radios, que con esta acción quedaron fuera del aire, una vez subidos en el vehículo, los sujetos continuaron sus amenazas a muerte y vociferando “hay que cortarle la luz a estos revolucionarios hijos de p… ya no queremos oír esas radios” e intentaron envestir con dicho vehículo a miembr@s del COPINH que estaban en el callejón frente a la oficina, las compañeras y compañeros amenazados son Juan Vásquez, Leonel Andino, Cruz Alfaro del Equipo de Operadores y de Comunicación, igualmente a Salvador Zúniga, Telma Hernández y Bertha Cáceres y agredieron físicamente al compañero Nestor Sorto.
El COPINH es una organización que se ha mantenido en defensa de las riquezas naturales, lo derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, en contra del golpe de estado criminal y por la Refundación de Honduras, razones por la cual ha sufrido de manera sistemática represión del régimen golpista, muchos de su militancia ha sido encarcelada, otr@s han sufrido golpizas, amenazas a muerte y otros han sido asesinados.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que estos espacios de los pueblos indígenas, del pueblo hondureño y de los pueblos del mundo no sean silenciados por la dictadura.
Exigimos respeto al derecho humano de libre expresión y emisión del pensamiento.
Alto al sabotaje a nuestras emisoras Lencas.
¡Seguimos por la Refundación y en contra del régimen violador de derechos humanos!
Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado en la Esperanza, Intibucá, a los 05 días del mes de enero del 2011.
C O P I N H
Magistrada Mirna Perla Jiménez: “En Honduras hay crisis institucional y reina la impunidad”
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| Magistrada Mirna Perla (Foto G. Trucchi) |
Entrevista con la magistrada salvadoreña Mirna Perla Jiménez, miembro de la Comisión de Verdad
Por Giorgio Trucchi – Lista Informativa “Nicaragua y más”
En medio de fuerte presiones, amenazas y hostigamientos, la Comisión de Verdad (CdV) continúa su minucioso trabajo para esclarecer la verdad de los hechos acontecidos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, y señalar los responsables de miles de violaciones a los derechos humanos.
Para conocer los avances del trabajo desarrollado, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con la magistrada salvadoreña y miembro de la Comisión de Verdad, Mirna Perla Jiménez*.
-¿Cuáles son los avances logrados hasta el momento?
-Estamos a casi seis meses de terminar la fase de recopilación de información en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se han registrado a partir del golpe de Estado. Sin embargo, estamos viendo una situación muy particular y anómala. Normalmente los hechos se van a constatar después de que ha terminado un conflicto, mientras que en Honduras el conflicto no ha concluido y persiste una situación de ruptura institucional.
La represión contra los campesinos en el Bajo Aguán, un conflicto agrario que tiene que ver con una estructura injusta del Estado que permite la apropiación y acumulación de tierra y riqueza en pocas manos, las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la falta de respuesta institucional para investigar y sancionar a los responsables, es un claro ejemplo de esta situación. Todo eso lo estamos investigando, analizando y documentando.
-¿Cree que estamos en un país normalizado y pacificado, tal como lo pregona el gobierno de Porfirio Lobo?
-Son muchos los países que siguen diciendo que en Honduras no se ha superado la crisis ocasionada por el golpe. Se interrumpió de forma violenta el mandato del presidente legítimo Manuel Zelaya. Se montaron elecciones donde la mayoría de la población decidió no participar. Se sigue reprimiendo a los sectores sociales y populares que quieren volver a la institucionalidad, y que están en contra de un gobierno que no surgió de la voluntad del pueblo.
En Honduras no se ha superado el golpe y hay una situación de violación generalizada a los derechos de la gente, con un Estado débil y en crisis. Sin embargo y pese a la represión, la gente ha superado el miedo y se ha abocado a exigir que se respeten sus derechos y que se vuelva a la institucionalidad.
-Una situación complicada que trasciende las fronteras hondureñas...
- Si esta situación se consolida, va a ser una amenaza que puede afectar a otros paises, como por ejemplo a El Salvador, donde hay un proceso de democratización aún débil y donde el gobierno se siente amenazado, o a Guatemala. En Honduras se está jugando la posibilidad de un avance democrático o de un retroceso hacia la dictadura en Centroamérica.
-Varias organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos creen que la violación a los derechos humanos en Honduras es una política de Estado. ¿Comparte esta visión?
-Como Comisión de Verdad estamos tratando de documentar todos los casos de violaciones, establecer los patrones de conducta de los cuerpos represivos del Estado, del Ejército, de la Policía. También estamos tratando de evidenciar otros componentes estructurales que generan violaciones y que, posiblemente, ocasionaron el golpe, como por ejemplo la apropiación de los abundantes recursos naturales que existen en el país. Al terminar nuestro trabajo vamos a poder evaluar detenidamente qué ocurrió en Honduras y qué está pasando ahora.
-¿En Honduras sigue reinando la impunidad?
-Como Comisión no hemos encontrado, de parte del órgano judicial, la apertura necesaria para reintegrar a las y los jueces que fueron despedidos por estar comprometidos con la institucionalidad. Esa sería una forma para demostrar que hay avances en la independencia judicial.
Además, aún no conocemos ningún caso donde se haya perseguido a los responsables de los delitos cometidos contra la población. A la gente no se le está respetando su derecho de tener acceso a la justicia.
Hay una fuerte debilidad en los tres principales poderes del Estado y todo eso evidencia, aún más, la crisis institucional que hay en el país y no identificamos señales de que se haya superado la impunidad.
-¿No cree que el haber creado una Secretaría de Derechos Humanos sea una señal de que el gobierno quiera proteger los derechos humanos en el país?
-Mientras el discurso no coincida con la realidad es bien difícil que haya resultados concretos y positivos. Más bien me parece una cortina de humo, porque no es con la creación de más instituciones que podemos decir que hay avances: De hecho, lo que estamos viendo es una violación masiva de los derechos humanos con la quiescencia del Estado.
-El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, declaró que ya es tiempo de reintegrar a Honduras a esta organización. ¿Está de acuerdo con esta posición?
-Hay normas internacionales y una Carta Democrática que hay que respetar. Mientras no se supere la ruptura institucional, la violacion a los derechos humanos, el irrespeto a la democracia, no se puede reintegrar a Honduras, ni reconocer a un gobierno que surgió de esa situación de crisis.
El ex presidente Manuel Zelaya aún no puede regresar al país. Los poderes del Estado no tienen independencia, ni imparcialidad y efectividad para proteger los derechos de las personas, ni para dar respuestas al derecho de acceso a la justicia que tiene la gente. Mal harían los organismos internacionales, en este caso la OEA, en dejar desprotegida a esta población.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la comunidad internacional ha evolucionado y madurado, y muestra clara de eso es que este gobierno no ha logrado imponerse ante la comunidad internacional. Espero que como Comisión de Verdad podamos contribuir a la verdadera búsqueda de la verdad, de la reconciliación, pero con justicia, con reparación para las victimas, con el fortalecimiento de las instituciones, para que garanticen una participación real de los diferentes sectores del país.
* Mirna Perla Jiménez es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, defensora de los derechos humanos y víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, contra estudiantes de secundaria y de la Universidad de El Salvador (UES). Viuda de Hebert Amaya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), asedinado el 26 de Octubre de 1987, Perla Jiménez fue Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), coordinadora general y Vicepresidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) y fundadora de la Asociación Pro-Busqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador. A partir del 28 de junio 2010 integra la Comisión de Verdad (CdV), instancia de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras que pretende investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a raíz del golpe de Estado.
Por Giorgio Trucchi – Lista Informativa “Nicaragua y más”
En medio de fuerte presiones, amenazas y hostigamientos, la Comisión de Verdad (CdV) continúa su minucioso trabajo para esclarecer la verdad de los hechos acontecidos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, y señalar los responsables de miles de violaciones a los derechos humanos.
Para conocer los avances del trabajo desarrollado, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con la magistrada salvadoreña y miembro de la Comisión de Verdad, Mirna Perla Jiménez*.
-¿Cuáles son los avances logrados hasta el momento?
-Estamos a casi seis meses de terminar la fase de recopilación de información en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se han registrado a partir del golpe de Estado. Sin embargo, estamos viendo una situación muy particular y anómala. Normalmente los hechos se van a constatar después de que ha terminado un conflicto, mientras que en Honduras el conflicto no ha concluido y persiste una situación de ruptura institucional.
La represión contra los campesinos en el Bajo Aguán, un conflicto agrario que tiene que ver con una estructura injusta del Estado que permite la apropiación y acumulación de tierra y riqueza en pocas manos, las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la falta de respuesta institucional para investigar y sancionar a los responsables, es un claro ejemplo de esta situación. Todo eso lo estamos investigando, analizando y documentando.
-¿Cree que estamos en un país normalizado y pacificado, tal como lo pregona el gobierno de Porfirio Lobo?
-Son muchos los países que siguen diciendo que en Honduras no se ha superado la crisis ocasionada por el golpe. Se interrumpió de forma violenta el mandato del presidente legítimo Manuel Zelaya. Se montaron elecciones donde la mayoría de la población decidió no participar. Se sigue reprimiendo a los sectores sociales y populares que quieren volver a la institucionalidad, y que están en contra de un gobierno que no surgió de la voluntad del pueblo.
En Honduras no se ha superado el golpe y hay una situación de violación generalizada a los derechos de la gente, con un Estado débil y en crisis. Sin embargo y pese a la represión, la gente ha superado el miedo y se ha abocado a exigir que se respeten sus derechos y que se vuelva a la institucionalidad.
-Una situación complicada que trasciende las fronteras hondureñas...
- Si esta situación se consolida, va a ser una amenaza que puede afectar a otros paises, como por ejemplo a El Salvador, donde hay un proceso de democratización aún débil y donde el gobierno se siente amenazado, o a Guatemala. En Honduras se está jugando la posibilidad de un avance democrático o de un retroceso hacia la dictadura en Centroamérica.
-Varias organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos creen que la violación a los derechos humanos en Honduras es una política de Estado. ¿Comparte esta visión?
-Como Comisión de Verdad estamos tratando de documentar todos los casos de violaciones, establecer los patrones de conducta de los cuerpos represivos del Estado, del Ejército, de la Policía. También estamos tratando de evidenciar otros componentes estructurales que generan violaciones y que, posiblemente, ocasionaron el golpe, como por ejemplo la apropiación de los abundantes recursos naturales que existen en el país. Al terminar nuestro trabajo vamos a poder evaluar detenidamente qué ocurrió en Honduras y qué está pasando ahora.
-¿En Honduras sigue reinando la impunidad?
-Como Comisión no hemos encontrado, de parte del órgano judicial, la apertura necesaria para reintegrar a las y los jueces que fueron despedidos por estar comprometidos con la institucionalidad. Esa sería una forma para demostrar que hay avances en la independencia judicial.
Además, aún no conocemos ningún caso donde se haya perseguido a los responsables de los delitos cometidos contra la población. A la gente no se le está respetando su derecho de tener acceso a la justicia.
Hay una fuerte debilidad en los tres principales poderes del Estado y todo eso evidencia, aún más, la crisis institucional que hay en el país y no identificamos señales de que se haya superado la impunidad.
-¿No cree que el haber creado una Secretaría de Derechos Humanos sea una señal de que el gobierno quiera proteger los derechos humanos en el país?
-Mientras el discurso no coincida con la realidad es bien difícil que haya resultados concretos y positivos. Más bien me parece una cortina de humo, porque no es con la creación de más instituciones que podemos decir que hay avances: De hecho, lo que estamos viendo es una violación masiva de los derechos humanos con la quiescencia del Estado.
-El secretario general de la OEA. José Miguel Insulza, declaró que ya es tiempo de reintegrar a Honduras a esta organización. ¿Está de acuerdo con esta posición?
-Hay normas internacionales y una Carta Democrática que hay que respetar. Mientras no se supere la ruptura institucional, la violacion a los derechos humanos, el irrespeto a la democracia, no se puede reintegrar a Honduras, ni reconocer a un gobierno que surgió de esa situación de crisis.
El ex presidente Manuel Zelaya aún no puede regresar al país. Los poderes del Estado no tienen independencia, ni imparcialidad y efectividad para proteger los derechos de las personas, ni para dar respuestas al derecho de acceso a la justicia que tiene la gente. Mal harían los organismos internacionales, en este caso la OEA, en dejar desprotegida a esta población.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la comunidad internacional ha evolucionado y madurado, y muestra clara de eso es que este gobierno no ha logrado imponerse ante la comunidad internacional. Espero que como Comisión de Verdad podamos contribuir a la verdadera búsqueda de la verdad, de la reconciliación, pero con justicia, con reparación para las victimas, con el fortalecimiento de las instituciones, para que garanticen una participación real de los diferentes sectores del país.
* Mirna Perla Jiménez es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, defensora de los derechos humanos y víctima sobreviviente de la masacre del 30 de julio de 1975, contra estudiantes de secundaria y de la Universidad de El Salvador (UES). Viuda de Hebert Amaya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), asedinado el 26 de Octubre de 1987, Perla Jiménez fue Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), coordinadora general y Vicepresidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) y fundadora de la Asociación Pro-Busqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en El Salvador. A partir del 28 de junio 2010 integra la Comisión de Verdad (CdV), instancia de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras que pretende investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a raíz del golpe de Estado.
De nuevo corre la sangre en el Bajo Aguán
Reportaje de Giorgio Trucchi, colaborador de ALBA SUD, sobre el contexto que dio pie al asesinato de 5 campesinos en Honduras el pasado 15 de noviembre de 2010. Agronegocios, monocultivos, latifundismo y la lucha del campesinado por el acceso a la tierra son factores clave en esta historia. 
Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA
El pasado 15 de noviembre 2010, la violencia irracional y despiadada de quienes pretenden erigirse como dueños absolutos del país enlutó nuevamente la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras. Cinco campesinos - Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciriaco Muñoz y José Luis Saucedo Pastrana– fueron masacrados por las guardias privadas del productor palmero y presidente de Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum. Cuerpos paramilitares que dispararon sin mediar palabras con armas de grueso calibre contra campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes luchan para recuperar las tierras que les fueron usurpadas por terratenientes sin escrúpulos. Unos pocos grupos de poder y familias que controlan la vida económica y política del país, y que en algunos casos expanden su poder a través del monocultivo de palma africana. Esa nueva masacre se enmarca en un contexto de falta casi total de acceso a la tierra para decenas de miles de familias campesinas. Donde a la justa aspiración de poder alcanzar una reforma agraria integral, una vida y un salario digno, se le responde con balas, persecución, violencia y muerte.
Tierra rica, gente pobre
El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y 28 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Banco Mundial y de la FAO, más de un tercio de su territorio es constituido por tierras cultivables y pastizales, y es el segundo país de la región en cuanto a la relación entre tierras cultivables y población (alrededor de 0,28 hectáreas por habitante).
Pese a esa gran disponibilidad de tierra y la elevada intensidad de mano de obra por actividad agrícola, sobre todo en la producción de cultivos de exportación (banano, café, carne, productos lácteos, azúcar y aceite de palma), 300 mil familias – aproximadamente 1,5 millones de personas que representan más de la mitad de la población rural – continúan sin tener acceso a la tierra, mientras que otras 200 mil poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas (SARA - Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria 2009). Esta dramática situación ha aumentado los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales.
Según el Informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de la Pobreza Rural (1), la población rural hondureña vive en promedio con un dólar por persona al día, y menos del 30 por ciento vive en hogares cuyos ingresos superan esa cantidad. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios y cerca del 25 por ciento tiene ingresos inferiores a 0,25 dólares diarios. El ingreso promedio del 20 por ciento más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20 por ciento más pobre. El Informe refleja también que 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural y más del 70 por ciento de los pobres de todo el país.
Otro factor que está afectando considerablemente la calidad de vida de la población rural es el progresivo desplazamiento de la producción de granos básicos a la producción de cultivos de exportación, acompañada por una desmedida concentración de las tierras en pocas manos, que ha fuertemente afectado la seguridad alimentaria de miles de familias.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Foro para la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
Actualmente Honduras ha pasado de ser uno de los principales productores de granos básicos de Centroamérica, a producir la mitad de sus necesidades. Cada año hay un déficit de más de 10 millones de quintales de maíz, y tiene que importar 200 mil quintales de frijoles y 500 mil quintales de arroz.
Palma africana: un lucroso negocio para pudientes
Honduras produce actualmente más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma africana, casi el 70 por ciento destinadas a la exportación. Una planta que se cultiva en 120 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos norteños de Colón y Atlántida, y que sigue expandiéndose gracias a los nuevos proyectos de producción de biodiesel (casi 100 mil galones diarios).
Según un reciente Informe de la embajada norteamericana en Honduras, el país centroamericano cuenta con 540 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma. “Si la tierra se utilizara para la producción de biodiesel en lugar de aceite de palma, 300 mil hectáreas serían suficientes para satisfacer el total de la demanda actual de diesel (B100) de Honduras. Solamente se requerirían 60 mil hectáreas para producir una mezcla de 20 por ciento de biodiesel y 80 por ciento de petrodiesel (B20)”, señala el Informe (2).
En 2008, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) reveló que la industria de la palma tiene una capacidad de extracción de 494 toneladas métricas por hora de fruta fresca y el rendimiento es de 17.11 toneladas métricas por hectárea. En ese mismo año, se proyectaban nuevas inversiones por un valor de 245 millones de lempiras (13 millones de dólares), provenientes en su mayoría del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (3).
Además, entre 2005 y 2006, el gobierno de Honduras firmó un acuerdo con Malasia para importar un millón de semillas de palma de Malasia e implementar en los años sucesivos 28 mil hectáreas de nuevos cultivos.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Fruta de Palma Africana Finca La Confianza Bajo Aguan Colón julio 2010.
Monocultivos versus seguridad alimentaria
La disminución sustancial de la soberanía y seguridad alimentaria es acompañada por un proceso de reconcentración de las mejores tierras del país en pocas manos, lo cual hizo retroceder los importantes avances logrados en materia de redistribución de tierras a partir de los años setenta.
El proceso de reforma agraria tuvo su auge entre 1973 y 1977, cuando con la aprobación de una ley específica y varios decretos, se distribuyeron 120 mil hectáreas en sólo cinco años. En total se adjudicaron en el transcurso de tres décadas 409 mil hectáreas que corresponden al 12,3 por ciento de la tierra con vocación rústica del país, beneficiando a un total de 60 mil familias campesinas que en aquel momento representaban el 13 por ciento de las familias rurales.
Según Gilberto Ríos director ejecutivo de FIAN Honduras, fue en esa época que el Estado, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), comenzó a promover un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país, a zonas despobladas del Atlántico hondureño, sobre todo en la región del Bajo Aguán. “El gobierno reformista surgido en 1972 intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo y recursos propios como contraparte. El Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales. Con el tiempo –continuó explicando el director ejecutivo de FIAN Honduras– los nuevos colonos se apoderaron de la tierra y se consolidaron los grupos campesinos. Aquí fue cuando hubo el pico más alto de organizaciones campesinas y de beneficio para ellos. Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos, convertidos en empresarios, lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales, como resultado de la circulación mercantil”.
Ofensiva neoliberal recompone el latifundio
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Movilización para la reforma agraria integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
A partir de 1990, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y en el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales, se promovió la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con la que los empresarios volvieron a formar el latifundio.
Según Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), “a través de varias artimañas y diferentes interpretaciones de esa ley, se le dio a los terratenientes la oportunidad de extender sus territorios, con o sin el consenso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Empezó una verdadera cacería – continuó Paz – para que los dirigentes de las organizaciones campesinas vendieran la tierra. Inició la corrupción, ya que estas tierras de reforma agraria no podían venderse a privados, en cuanto no eran consideradas como una mercancía. La única forma para separarse de las tierras era vendérselas y regresárselas al INA, para que esta institución las entregara nuevamente a otros campesinos”, siguió explicando Paz.
Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de co-inversión, completaron las condiciones propicias para la venta de tierras.
“Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado fue el golpe final. Y si faltaban recursos financieros – aclaró Ríos – ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras”.
Fue así que a partir de los años noventa, los tres principales terratenientes de la zona –Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales– comenzaron a impulsar de manera extensiva el cultivo de la palma africana para la producción de aceite de palma y sus derivados y, más recientemente, de agrocombustibles. Durante más de veinte años (1970-1990) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas campesinas. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país. El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector campesino y la pequeña y hasta mediana producción, al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales”, concluye Ríos en su documento “El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberismo”.
Un horror verde de pobreza y explotación
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Camino Finca Los Marañones Bajo Aguán, Colón, abril de 2010.
Después de llegar a La Ceiba, ya cerca de la costa del Atlántico hondureño, la carretera dobla repentinamente hacia el este, en dirección de Tocoa, departamento de Colón. Comienzan aquí las grandes e interminables extensiones de palma africana. Decenas de miles de hectáreas en su mayoría en manos de ricos terratenientes que pretendieron vender la idea de que ese cultivo iba a solucionar todos los problemas de pobreza de la zona.
Al perder las tierras, miles de campesinos volvieron a ser asalariados de los terratenientes y de las transnacionales. Un trabajo tercerizado, sin ningún tipo de prestaciones sociales, ni laborales, en condiciones de semi esclavitud. Además, la implementación de proyectos extensivos de palma africana, rubro que necesita de una escasa y muy poco calificada mano de obra, generó en el Bajo Aguán altos índices de desempleo o sub empleo, llevando a la desesperación a miles de familias campesinas.
“Desde que nos usurparon nuestra tierras, en todo el Bajo Aguán disminuyó drásticamente el circulante, la gente entró a trabajar como jornaleros en las plantaciones y nunca vimos el crecimiento que habían prometido. Creció el desempleo y el subempleo, el hambre y la desesperación. Ahora, a los trabajadores el dinero no les alcanza ni para comprar la comida para todo el mes. Ese tipo de producción genera riqueza solamente para los grandes empresarios”, comentó Rudy Hernández, directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“La Concepción” es una de las fincas del Bajo Aguán que fueron recuperadas por las familias de las 28 cooperativas que conforman el MUCA. Una bandera de Honduras flamea en el portón de entrada de la finca, abriendo paso a un escenario de pobreza y dignidad. Decenas de tiendas de campo hechas de plástico albergan a las familias campesinas debajo de las palmas aceiteras. Todos sus miembros fueron trabajadores del empresario Miguel Facussé Barjum, presidente de la Corporación Dinant.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Entrada Finca La Confianza Bajo Aguan, Colón, julio de 2010.
“Trabajaba 8 horas diarios recogiendo la fruta de palma y tenía que cumplir con las metas que imponían los ingenieros. Si no lograba cumplir a tiempo tenía que quedarme hasta terminar. Es un trabajo muy duro. Hacía mucho calor y apenas teníamos 15 minutos para comer y tomar agua. Cuando se me acababa lo único que me quedaba era tomar el agua estancada de los charcos. No podíamos parar porque los capataces reportaban cualquier atraso a los ingenieros y llegaba el llamado de atención o el despido. Nunca me pagaron prestaciones sociales, ni pude cotizar a la Seguridad Social. Tampoco pudimos organizarnos sindicalmente, ni pedir aumentos de salarios porque te echaban de inmediato. Nos vendieron la idea de que ese monocultivo nos iba a garantizar trabajo para todos y más bienestar, sin embargo lo que trajo fue desempleo y pobreza”, relató Daniel Santos, ex trabajador de Facussé.
También Isaías Zavala cuenta lo que le tocó vivir por más de 4 años. “Me desempeñaba en el mantenimiento de la finca aplicando agrotóxicos. Usábamos todo tipo de químicos, como Roundup, Gramoxone, Paraquat y cuando terminábamos de aplicarlos, el capataz nos decía que laváramos el tanque en la quebrada. Al comienzo nos dieron algo para protegernos, pero después dijeron que era muy caro y nos dejaron trabajando sin ninguna medida de protección. Nunca nos dieron botas, ni guantes de hule. Siquiera un delantal y las mascaritas eran tan apretadas que nos ahogábamos”.
Un día Isaías se intoxicó. “Se rompió la válvula del tanque que cargaba y me mojé todo. Le dije al capataz y al ingeniero que me sentía mal, sin embargo no me hicieron caso y me mandaron de vuelta a trabajar. En la noche comencé a estar muy mal y me hospitalizaron. Si no hubiese sido por algunas monjas que me ayudaron a cubrir los gastos de las medicinas, ahora no estaría aquí contando esta experiencia”, dijo Zavala.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Trabajo en la palma Finca La Confianza Bajo Aguan, Colón, abril de 2010.
Las condiciones de trabajo eran duras. Una masa de obreros agrícolas tercerizados, flexibilizados, sin prestaciones sociales, ni los derechos mínimos que garantiza la legislación laboral hondureña.
Santos Paulo Oliva, ex trabajador de la finca “Los Marañones”, cuenta que casi nadie tenía contrato fijo. “Te contrataban por un período de prueba de dos meses y te despedían. Después te decían que regresara dentro de 45 días y te contrataban nuevamente. De esa manera no teníamos derecho a nada. No teníamos prestaciones sociales, ni seguro, ni cobertura sanitaria. Nunca permitieron que se conformaran sindicatos y si exigíamos aumentos salariales simplemente nos despedían”.
Salarios eran miserables
Oliva trabajó varios años haciendo un poco de todo. “Para cortar y bajar las bellotas de palma africana me pagaban 75 lempiras (1 dólar = 19 lempiras) por tonelada de fruta de palma. Para chapear (cortar maleza y limpiar debajo de las palmas) el pago era de 1 lempira por cuadro (16 m²), mientras que para aplicar agrotóxicos te pagaban 100 lempiras”.
Lograr cortar una tonelada de fruta de palma no era muy fácil. Dependiendo del tamaño, podía ser necesario cortar y bajar entre 60 y 200 bellotas para alcanzar la meta. Sin embargo, el salario mensual resultaba ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. “Aquí en el Aguán casi todo el mundo está endeudado con las pulperías (ventas), porque el sueldo que ganamos es misero. Los terratenientes decían que el cultivo de la palma iba a traer progreso, desarrollo y beneficio para la gente, sin embargo el único progreso que hubo fue para ellos y no para los trabajadores”, aseveró Zavala.
Según datos del MUCA, ante un gasto de salario de 75 lempiras por tonelada de fruta de palma cortada, los terratenientes productores palmeros logran vender esa misma cantidad en el mercado a 2.500 lempiras, lo cual da una idea del negocio que gira alrededor de la palma.
Gilberto Ríos, de FIAN Honduras, recuerda que se crió en las bananeras. “Ahí nací y me quedé hasta los 17 años. Las condiciones de vida eran terribles, sin embargo podíamos vivir en los barracones de la compañía y teníamos agua potable, energía eléctrica, salud y educación primaria. En las fincas de estos terratenientes palmeros no hay nada, absolutamente nada. La gente vive en una situación de desamparo total, tercerizados y esclavizados. Como dicen en el norte del país, son trabajadores mosca”.
La lucha del MUCA
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Miembros del MUCA durante la firma del acuerdo con el gobierno, Trujillo, abril de 2010.
Ante esta situación de despojo de tierras, de derechos humanos, laborales y sindicales, miles de familias integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) iniciaron un proceso de recuperación de 20 mil hectáreas de tierras sembradas con palma africana, adquiridas de forma fraudulenta por empresarios coludidos con los poderes políticos en el país.
Esta decisión desencadenó la violencia y la represión en todo el Bajo Aguán. Desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía, los guardias de seguridad de los terratenientes y grupos paramiliatres. Detenciones ilegales, órdenes de captura y asesinatos acompañaron la campaña mediática orquestada por los principales medios nacionales para satanizar la lucha del MUCA.
En medio de una militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociación que concluyó de manera satisfactoria, logrando sentar lo que parecía un precedente importante: demostrar que con la lucha y la negociación es posible recuperar las tierras que fueron reconcentradas en pocas manos a partir de 1990.
“Comenzamos este proceso de negociación porque hay necesidades reales que resolver. Ha sido un proceso que se ha desarrollado en medio del peligro, de las amenazas y la represión. Sin embargo nos fortaleció”, dijo Rudy Hernández. “No podemos olvidar que a lo largo de estos años de lucha hemos perdido a varios compañeros. Siempre los llevaremos en nuestros corazones. Esa memoria nos servirá para seguir luchando contra el poder de quienes quieren que la riqueza se quede en pocas manos. Este acuerdo – concluyó Hernández – reconoce que la tierra tiene que estar en manos de los campesinos, porque la trabajamos con amor y sacrificio. Lo de hoy es el inicio de un proceso que no se va a detener, porque nuestro objetivo es recuperar la totalidad de las tierras que nos han usurpado”.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Firma acuerdos MUCA-Gobierno, Yoni Rivas, Rudy Hernández, Porfirio Lobo, Trujillo, abril de 2010.
Sin embargo, las esperanzas que el MUCA puso en ese acuerdo quedaron en el papel. Actualmente, solamente menos del 20 por ciento de lo acordado se ha cumplido, el gobierno sigue irrespetando el acta firmada con los campesinos, la violencia no se ha detenido, como tampoco la lucha.
Según datos del MUCA de diciembre 2009, cuando comenzó la recuperación de tierra, hasta la fecha, son 16 los miembros de esta organización que han sido asesinados a manos de grupos paramilitares. Asimismo, hay más de 200 demandas en los juzgados locales contra afiliados al MUCA y no ha parado el hostigamiento, la persecución y la militarización del Bajo Aguán.
“El productor palmero Miguel Facussé ha adoptado un sinnúmero de tácticas para dividir a nuestro movimiento y paralizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, Supuestamente, el presidente Porfirio Lobo está negociando directamente con los terratenientes, sin embargo, nuestra paciencia se está acabando. Están jugando con fuego y vamos a volver a meterles presión para que nos escuchen nuevamente”, dijo a ese propósito Yony Rivas, secretario general del MUCA.
...y la del MCA
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Militarización del Bajo Aguán, Colón, abril de 2010.
Una situación similar es la que vive el Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Cuando Temístocles Ramírez de Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria.
Sobre estas tierras el gobierno de Honduras instaló el tristemente famoso Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años ochenta expertos estadounidenses entrenaron a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la “Contra” nicaragüense en el arte de matar.
Afinando técnicas de corrupción y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los noventa, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras, comenzando a sembrar palma africana. Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación.
Pese a la situación legal que les atribuye las tierras al MCA, “Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a los campesinos. De acuerdo a la versión de los campesinos de la comunidad Guadalupe Carney (MCA), Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente, junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera”, explicó Gilberto Ríos de FIAN Honduras.
La acción sangrienta de grupos paramilitares que el pasado 15 de noviembre 2010 segó la vida a cinco campesinos del MCA se enmarca en este conflicto. “Los guardias de Facussé llegaron a las 5 de la mañana a la finca El Tumbador y exigieron a los campesinos que desalojaran el lugar. Ante el rechazo de los compañeros llamaron a más gente. Llegaron más de 200 guardias de seguridad y sin mediar palabras abrieron fuego con armas de grueso calibre. Fue una masacre. Dispararon a matar. La gente escapaba entre las palmas, tratando de protegerse”, relató Santos Cruz, miembro del MCA.
Fotografía: MUCA. Velorio campesinos asesinados MCA, Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, noviembre de 2010.
“El INA ya midió la tierra de la finca El Tumbador. Definió que es parte del sitio CREM y que la van a entregar a los campesinos, los cuales tendrán que pagar solamente el valor de las mejoras. Lo que ocurrió es absurdo. Ya hay negociaciones avanzadas y el mismo Facussé aceptó que esas son tierras fiscales para Reforma Agraria. Los campesinos del MCA han sido constantemente hostigados y amenazados, y lo que presenciamos ayer es una evidente demostración de que el poder en Honduras está en manos de los grupos económicos hegemónicos. Son ellos quienes mandan en el país”, aseveró Esly Banegas, coordinadora regional de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), durante una entrevista con el Sistema Informativo de la Rel-UITA (SIREL).
Ante esta difícil situación y la nueva militarización que se está dando en todo el Bajo Aguán, Santos Cruz no tiene dudas. “Estamos heridos. En diez años nos han asesinado a más de 20 compañeros. Es una campaña de terror, para amedrentarnos, para que renunciemos a nuestros derechos sobre la tierra. Sin embargo ya estamos tomando las medidas necesarias y no lo van a lograr”, concluyó.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Marcha para la reforma agraria integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
Notas:
(1) Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco (2006): Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006.
(2) Fuente: http://spanish.honduras.usembassy.gov/root/pdfs/econ_afpalm_sp.pdf
(3) Fuente: http://www.sag.gob.hn/index.php?Itemid=1038&id=2018&option=com_content&task=view
Régimen arrecia acciones contra la Libertad de Expresión, ya no aguanta tantas voces contra el golpe de Estado
El 04 de enero una miembra del Movimiento Nueva Democracia que integra la radio virtual “Honduras Insurrecta”, que se transmite por internet, encontró su casa revuelta y le faltaba una computadora. Este 05 de enero hombres con camisetas de la empresa Servicio de Medición Eléctrico de Honduras, SEMEH pretendieron sabotear las radios comunitarias indígenas La Voz Lenca y Guarajambala, lo que denota nuevas estrategias del régimen de Porfirio Lobo Sosa, para callar por las malas las voces disonantes al golpe de Estado.
A los hechos anteriores se suma las amenazas a muerte con pistola en mano contra el periodista y director de Canal 36, Esdras Amado López, también este 05 de enero, por el coronel de las Fuerzas Armadas, Rodolfo Méndez Martínez.
La quema de transmisores a través de descargas eléctricas premeditadas para cancelar las ediciones de las radios comunitarias La Voz Lenca y Guarajambala del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH, fue una de las acciones de este 2011 para continuar una política de violación a la Libertad de Expresión e Información, como parte de la afrente a la comunidad internacional que se niega a aceptar al régimen a pesar de intensos cabildeos y lobby diseminados en todo el mundo.
Aunque estas dos emisoras y otros medios alternativos que son el blanco de los ataques de la dictadura que se instaló en el país con el golpe de Estado de junio de 2009, tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hay una política organizada para contener todo un movimiento informativo desde diferentes sectores sociales que desde el golpe de Estado le han dado voz a su pensamiento.
Hay que cortarles la luz a estos revolucionarios hijos de p…
A eso de las 10 y 40 minutos de la mañana de este miércoles 05 de enero, dos hombres vestidos con camisetas de SEMEH se introdujeron a la sede del COPIN, ubicado en el Barrio Las Delicias, en La Esperanza, Intibucá, para sabotear las radios.
Los desconocidos procedieron a amenazar a muerte a varias personas que laboran en el COPINH y luego cortaron la energía eléctrica, dejando fuera del aire los dos medios de comunicación.
Se transportaba en un vehículo Toyota 22 R, color rojo, con placa PAE0468 , al cual se subieron después de cumplir “su misión”, pero continuaron amenazando a las personas que allí se encontraban y a quienes trataron de embestir con el auto.
Entre las personas amenazadas estaban Juan Vásquez, Leonel Andino, Cruz Alfaro del Equipo de Operadores y de Comunicación, Salvador Zúniga, Telma Hernández y Bertha Cáceres y agredieron físicamente al compañero Néstor Sorto, según un comunicado difundido por el COPINH. Antes de irse sentenciaron: “hay que cortarle la luz a estos revolucionarios hijos de p… ya no queremos oír esas radios”.
Roban computadora de Radio virtual “Honduras Insurrecta”
En el preámbulo de esas acciones, a otro medio de comunicación alternativo que se transmite por internet, llamado “Honduras Insurrecta”, le sustrajeron su computadora, al introducirse a la casa de una de sus conductoras, este 04 de enero.
Scarlteh Iveth Romero, de dicha radio y del Movimiento Nueva Democracia, denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que al regresar a la casa de unos días de vacaciones, al llegar a su casa encontró todo en desorden.
“El portón estaba roto al igual que la puerta de la sala de la casa, al principio creí que era un robo común, pero cuando vi el desorden en la casa y observé que lo único que faltaba era la computadora, lo que buscaban era información, pero no sé que buscaban”, denunció Romero.
Mi dormitorio estaba desordenado, habían registrado bolsos, carteras y billeteras, sacaron toda la ropa, movieron todas las camas, incluso las joyas que eran de oro, no se las llevaron.
Relató que nunca había sido objeto de robo a pesar que desde hace tres años vive en esa colonia, lo que asume es que es parte de una persecución política contra su organización por estar contra el golpe de Estado.
La denunciante expresó que tienen un medio de comunicación virtual que se llama “Honduras Insurrecta”, la cual tiene una red con otras radios del mundo. La radio transmite música progresista y programas con el acontecer político social de Honduras; además de series para despertar la conciencia social de las personas que escuchan dicha radio.
La radio se empezó a engendrar con el golpe de Estado e inició sus emisiones en marzo del año pasado. “Mi hipótesis es que se trata porque formo parte de la resistencia popular, por estar en el Movimiento Nueva Democracia ó por formar parte de la radio virtual, que es escuchada en diversas partes del mundo.
“Vine a hacer la denuncia al COFADEH porque considero que es parte de la persecución política que hay en el país. Me pregunto si yo hubiera estado en esa casa, no estaría contando el cuento”, dijo Scarleth Iveth Romero.
En las vísperas de la navidad, la sede del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla fue asaltada. Dos hombres fueron vistos a la medianoche del 22 de diciembre cuando se introdujeron a la oficina administrativa, pero no se llevaron aparentemente nada, pero las dirigentas de esta organización sospechan que se llevaron información de sus computadoras y hasta sacaron fotocopias de documentos pues habían huellas sobre la impresora que estaba destapada.
Siempre unos días previos a la navidad, una fiscal del Ministerio Público y una Juez, llegaron con una orden de secuestro de testimonios del COFADEH, pero su propósito no lo lograron. Esta organización presentó un Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el cual no hay una respuesta. Vea más datos.
Hay una concatenación entre todas estas acciones, se siente como si se tratara de una persona que que ahoga y tira manotadas, pareciera que el régimen de Lobo Sosa ya no aguanta tantas voces que se han levantado contra el golpe de Estado.
MANIFIESTO DE LA ALIANZA M5J MOVIMIENTO 5 DE JULIO Y DEL FRP FRENTE DE RESISTENCIA PROGRESISTA EN APOYO AL PERIODISTA ESDRAS AMADO LÓPEZ
¡REPUDIAMOS Y CONDENAMOS UNA VEZ MAS LA REPRESIÓN Y VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA, INTIMIDACIÓN ARMADA, PROVOCACIÓN Y AMENAZAS PROVENIENTES DEL ESTADO REPRESIVO Y FALLIDODE HONDURAS, POR MEDIO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS!
¡EXIGIMOS INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL DE CRÍMENES CONTRA ONCE PERIODISTAS EN EL AÑO 2010!
5 de Enero 2011
EL M5J Y FRP envía su mensaje ante el pueblo hondureño y pueblos del mundo e instancias internacionales y nacionales de derechos humanos en apoyo a la integridad personal y profesional del periodista Esdras Amado López, propietario y director del Canal 36 y Radio Cholusat Sur, frente a las amenazas directas recibidas de un miembro de las fuerzas armadas, identificado como el Coronel Rodolfo Méndez, quién con su guardaespaldas, previamente fotografiaba y filmaba desde su vehículo oficial en marcha al periodista. El Periodista López es un connotado comunicador que se ha caracterizado por su periodismo investigativo en contra del golpe de Estado y su canal fue tomado, sus instalaciones destruidas y periodistas amenazados, en ocasión del Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio 2009.
Precisamente, el auto utilizado tiene las mismas características a uno utilizado en septiembre 2009, tres meses después del golpe, desde el cual se lanzaron bombas incendiarias hacia el Canal 36 y se distribuyeron libelos de un evidente grupo paramilitar tipo escuadrón de la muerte, denominado Frente Armado Nacional, General Alvarez Martínez (Jefe de las Fuerzas Armadas y principal responsable de los asesinatos, desaparecidos y torturas en la década 1980), y en el cual se incluyeron nombres de catorce miembros de la Resistencia a quienes se les condenaba a ser eventualmente asesinados.
Esta acción es interpretada como una clara política represiva de Estado. No es casual que la represión selectiva se está volviendo cada vez mas directa y frecuente, en contra de dirigentes de base de la Resistencia. Estamos conscientes que la complejidad de la sociedad hondureña se profundizará, por cuanto derecha y extrema derecha en Honduras se han convertido en la punta de lanza de la derecha internacional en América Latina. Vivimos en una guerra interna de amplitud mundial, impuesta por esta oligarquía corrupta y criminal.
Reiteramos que solamente con una Honduras libre, soberana, latinoamericanista podemos crear un Estado Justo e Inclusivo que funcione para el bien común y el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la libertad de prensa.
¡UNIDAD DE LA RESISTENCIA PARA TRANSFORMAR LA NACIÓN!Comisión de Organización del FNRP de Francisco Morazán se prepara desde el primer día del año para la asamblea del 30 de enero.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 5 de enero del 2011. El 1 de enero del año que recién empieza, marcó el inicio de actividades de la Comisión de Organización del FNRP en el departamento de Francisco Morazán para preparar la asamblea de delegados del Municipio del distrito central para el día 30 de enero.
El peso de Tegucigalpa en la vida política nacional hace que este evento sea de gran importancia en el proceso de consolidación orgánica que vive la Resistencia, y que marcará un hito en la asamblea nacional para el 26 de febrero.
Reina Centeno, coordinadora de la Comisión de Organización del Departamento de Francisco Morazán, anunció los preparativos asamblea de delegados y delegadas del municipio del Distrito Central, dentro de los que destaca la reunión de trabajo del 8 de enero, a realizarse en STIBYS, con participación de un gran número de organizaciones, con el objetivo de afinar los documentos preparatorios que se han venido trabajando desde 2009.
Asimismo, se realizará una conferencia de prensa el viernes 7 a las 11am en el Stybis para ofrecer información general de cómo será elegida la estructura orgánica del municipio.
Centeno informó de la gran cantidad de reuniones que se han sostenido con diferentes sectores para consensuar procedimientos democráticos de elección. ?Estamos haciendo esto para que la gente tenga conciencia de lo importante que es organizar el Frente para que nos lleve a los cambios de la refundación del país?, aseguró y dijo que el perfil que se espera de los delegados y delegadas es que sean mujeres y hombres honestos, capaces, que tengan vida orgánica, que se destaquen por ser beligerantes dentro de la Resistencia Popular.
Otro principio es la elección de los representantes de aldeas, cacerios, barrios, colonias y organizaciones sean nombrados a través de asambleas abiertas, participativas e incluyentes concluyó Reina Centeno.
