domingo, 11 de abril de 2010

INFORMACIONES HONDURAS ( nr 473 ) 11 abril 2010

Están entrando tropas militares en el bajo Aguán.
Con convoy de mas de 20 vehículos militares, entraron a militarizar una zona aterrorizando a campesinos en lucha por la tierra.




Recuento de los hechos y la recuperación de las Tierras

de la Reforma Agraria en Honduras

sábado 10 de abril de 2010

militares en la zona



Miles de campesinos bajo asedio en Aguán


¿Doble discurso de Porfirio Lobo o falta de poder real?

por Giorgio Trucchi

Una impresionante movilización de tropas del ejército ha llenado de temor a miles de campesinos, que siguen en el proceso de recuperación de tierras en la zona norteña del Atlántico hondureño. Mientras por un lado el presidente Porfirio Lobo recorre Centroamérica, tratando de normalizar las relaciones diplomáticas con los países vecinos y con el continente, por el otro en la zona del Bajo Aguán se crean las condiciones para una masacre. ¿Doble discurso o una evidente falta de poder del Presidente hondureño?

A partir de la mañana del día 10 de abril, fuertes contingentes del ejército se han movilizado hacia la zona del Bajo Aguán, donde miles de familias pertenecientes al Movimiento Unificado Campesinos del Aguán (MUCA) siguen en el proceso de recuperación de tierras, que denuncian les fueron ilegalmente arrebatadas por los poderosos productores de Palma Africana, Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.

“El día de hoy, el Bajo Aguán ha sido totalmente militarizado y hemos detectado por lo menos 30 vehículos militares con tropas que llevaban armas de grueso calibre –dijo Yony Rivas, miembro del MUCA–.

En la zona se ha creado un clima de zozobra, porque sabemos que el ejército en nuestro país defiende los intereses de la oligarquía. Estamos viviendo un momento muy difícil”, explicó Rivas.

Según Andrés Pavón, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el movimiento de tropas que se está llevando a cabo en estos días es algo insólito, “porque los conflictos de carácter civil los resuelve la policía y no los militares.

En la carretera del litoral Atlántico hacia el norte hemos constatado el movimiento de tres brigadas del ejército, cada una de ellas movilizando a más de 11 comandos, apertrechados como si iban a una guerra”, explicó Pavón.

El director del CODEH denunció también la campaña mediática de diferentes medios de comunicación, afines a las familias que detienen el poder económico y político en Honduras, tratando de dar a entender que el movimiento campesino del MUCA estaría organizando una guerrilla armada “y que estaría listo para responder al fuego de los militares, lo cual es totalmente falso.

Aquí la gente tenía cierto optimismo de poder llegar pronto a una solución del conflicto a través del diálogo con el gobierno. Sin embargo, con lo que está ocurriendo en estas horas, se ha creado un clima de grande preocupación.

Si se llegara a un enfrentamiento –continuó Pavón– no hay duda de que la mayoría de las víctimas las pondrían los campesinos. Hay niños, niñas, mujeres embarazads. Sería una masacre”.

¿Doble discurso o falta de poder real?

Mientras el presidente Porfirio Lobo sigue en su gira para Centroamérica, para tratar de normalizar lo más pronto posible las relaciones con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y con el resto del continente, el Bajo Aguán parece estar al borde de un desenlace fatal.

Una contradicción que abre muchas preguntas sobre quiénes detienen el verdadero poder en Honduras.

“Es posible que esta movilización de tropas sea una medida de presión para que el MUCA, en la próxima reunión que está prevista para el martes 13 de abril, acepte la propuesta del gobierno.

Ante un rechazo de los campesinos, el ejército actuaría. Es evidente –continuó el director del CODEH– que aquí hay una gran contradicción de fondo.

El presidente Porfirio Lobo está sujeto a presiones y comportamentos casi de rebeldía de actores que fueron protagónicos en el golpe de Estado, y que están actuando con independencia y que tienen capacidad de inducir a las fuerzas militares a movilizarse”, aseveró Andrés Pavón.

Para los miembros del MUCA, la reunión del próximo 13 de abril va a ser importante para detectar las reales intenciones de este gobierno y de los grupos de poderes, que respaldan los terratenientes usurpadores de las tierras que la Reforma Agraria había destinado para miles de familias campesinas.

“Estamos dispuestos a seguir en el diálogo y vamos a presentar una contrapropuesta porque lo que ofreció el gobierno es insuficiente y violatorio de la misma Ley de Reforma Agraria.

No obstante, denunciamos que estamos viviendo bajo una brutal presión psicológica. Tenemos temor por la vida de nuestros compañeros y compañeras que están en el proceso de recuperación de las tierras”, dijo Yony Rivas.

Según el MUCA, mientras el gobierno presionaba para llegar a un acuerdo, en el Bajo Aguán grupos paramilitares asesinaban a 6 miembros de esta organización.

El último de los caídos es José Leonel Álvarez Guerra, de 32 años, asesinado mientras llegaba a su casa para visitar a su esposa que acababa de dar a la luz un niño.

“Hacemos un llamado al mundo para que se solidarice con nuestra lucha y desde ahora responsabilizamos al presidente Porfirio Lobo, a su gobierno y a los terratenientes involucrados en este conflicto de cualquier masacre que pueda ocurrir en las próximas horas”, concluyó Rivas.

ESCUCHA LA DENUNCIA DEL MUCA EN RADIO LIBERADA:

http://radioeslodemenos.blogspot.com/

Pedido desde el bajo Aguán

Comunicado:
Negociación bajo brutal represión. Tropas del ejército se movilizan al Bajo Aguán

Las negociaciones iniciadas entre el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y los terratenientes del Bajo Aguán han mantenido como telón de fondo la constante agresión contra los campesinos integrados en esa organización.
Los medios de comunicación -prensa escrita, radio y televisión- con pocas excepciones, se han volcado a denigrar a los campesinos acusándolos de conspirar contra la economía nacional y de constituir movimientos armados en la región.
El mismo Porfirio Lobo, aún cuando ha promovido el diálogo entre las partes en conflicto y jugado el papel de mediador en esa negociación, ha expresado públicamente que los campesinos no están interesados en dedicarse a producir la tierra sino a desarrollar actividades políticas para desestabilizar su gobierno.

Los campesinos se han negado a aceptar la propuesta de los terratenientes convencidos que lo que buscan es vender tierras a precios arbitrariamente altos, que los campesinos tendrán que pagar con el agravante de que se convertirán en proveedores de materias primas sin alternativas comerciales, totalmente dependientes de Miguel Facussé y René Morales.
La violencia impuesta por los guardias de seguridad de los terratenientes, con aparente apoyo del ejército y la policía, contra los campesinos, sus familias y personas solidarias con su movimiento ha cobrado la vida de seis campesinos afiliados a MUCA y de periodistas que han informado con objetividad sobre lo que realmente sucede en esa región.

Nos han notificado que ayer por la noche se movilizaron tropas del ejército desde Olancho al Bajo Aguán y que en estos momentos 12 comandos se movilizan a la altura de La Ceiba con el mismo destino.

Los dirigentes campesinos han intentado comunicarse por teléfono con el designado presidencial, Samuel Reyes y el Director de Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, y ninguno les contesta. Cuando lograron comunicación con el Ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado Weizemblut, éste les manifestó que desconocía esas movilizaciones del ejército.
Como lo hemos advertido reiterativamente, el régimen conducido por Lobo Sosa debe conducir las fuerzas represivas con la idoneidad que exige el conflicto del Bajo Aguán para evitar actos violentos con impredecibles resultados, conocidas las prácticas brutales con que esos organismos estatales tratan a los ciudadanos y ciudadanas hondureños.
De nuevo llamamos a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a mantenerse atento a los acontecimientos actuales y realizar las gestiones a su alcance conducentes a evitar la profundización de la violencia en el Bajo Aguán.
Tegucigalpa MDC 10 de abril de 2010, 12:30 p.m.
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras

Peligra la vida de Dick Emanuelsson. Ahora le censuran

Sábado, 10 de Abril de 2010
Por el sólo hecho de durante años denunciando a Uribe y sus agresiones, Dick corre peligro por su vida. Ahora se le censura.

El verdadero periodista es aquel que muestra. Así de simple. El periodismo puede ser una de las más nobles profesiones o el más vil de los oficios. Los Emanuelsson, Dick y Mirian pertenecen a la primera categoría del acierto, pues la ejercen con sacrificada abnegación y categoría a través de 30 años de limpia trayectoria.

Pero, por el sólo hecho de mostrar las cosas tal cual son han sido calumniados y vilipendiados e incorporados a la "lista de enemigos" de Uribe y de "amigos de las FARC".

La verdad, tal cual, contribuye a formar la verdadera conciencia del lector y del espectador; no debe de utilizarse por ello filtro alguno, ni para "mejorar", ni para "deformar" la información. Por eso, tal vez, el periodismo se ha convertido en una de las más riesgosas de las profesiones.

La definición más elemental de tan delicado trabajo es la que sigue: una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir a fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión.
Eso hacen, con extraordinaria calidad, los Emanuelsson; abarcar todo género de medio de comunicación para dar la más amplia cobertura a los asuntos de interés colectivo.

Dick y Miran, como consta a miles de personas en todo el mundo, son absolutamente independientes y su trabajo es incontrastable; tiene adicionalmente el valor histórico de recoger los testimonios de los participantes directos en el drama cotidiano de Nuestra América. Pero sucede que los genocidas -en cualquiera latitud del planeta- no soportan la exhibición pública de sus horrendos crímenes; quieren soterrar de la mirada de la opinión mundial -que juzga y califica- sus actos deplorables. ¿Acaso no es una realidad inocultable que en Colombia existen, entre centenares de ellas, la más grande sepultura común donde se arrojó los cuerpos de más de 2,000 seres humanos -de todas las edades- asesinados por los escuadrones de la muerte y los paramilitares de Uribe?

¿Qué culpa pudiera achacársele a los periodistas que hicieron público tan espantoso hallazgo?, ¿Qué culpa tienen los periodistas de encontrar frente a sus ojos y a las lentes de sus cámaras fotográficas y de video las imágenes de asesinos y de asesinados? Su deber profesional es exponer lo que ven, lo que descubren en sus laboriosas horas de investigación.

Hay otros, claro, que se dedican a lo contrario: encubren, retocan fotos, falsean datos, intentan desorientar, justifican, mienten, exageran, inventan. Ponen su amoralidad y penoso intelecto al servicio del poder o del poderoso que paga.

Desde las redes de Nuestra América, nuestra franca y leal adhesión y solidaridad con Dick y Miran, periodistas suecos que han tomado la difícil opción de vivir en Nuestra América y revelárnosla, poniéndola ante nuestros ojos, tal cual es, sin maquillaje, sin censura, descarnadamente.

Sin la prensa independiente estaríamos perdidos entre un peligrosísimo laberinto de abuso y de mentiras; seríamos fáciles y anónimas víctimas del terrorismo de Estado, los ciegos y silenciados corderos del sacrificio que los espurios degollan ante el altar del imperio.

La lectura de la extensa nota de Dick y la expectación de los videos que anteceden a esta, se justifica plenamente. Lo recomiendo. Se extrae de ello no sólo una profunda didáctica, si no experiencia; mucha y valiosa.

Fraternalmente, Igor Calvo..


Próximas actividades:

1.-El 11 de abril, Asamblea Departamental, San Pedro Sula, Cortés. Stibys - 9.00hrs.

2.-El 15 de abril, movilización en Tegucigalpa con sombreros (Todos a comprar sombreros vaqueros).
Lugar: Colprosumah, Hora: 13hrs






El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo.

Por Gilberto Ríos

Introducción

Lo que en adelante presenta no tiene propósitos académicos. Este pequeño y apurado esfuerzo tiene el interés de aclarar la confusión que los medios han creado alrededor del actual conflicto en el Bajo Aguán y analizar la propuesta de los terratenientes a los campesinos agremiados en MUCA.

Antecedentes[1]

Las tomas de tierra de MUCA en el Bajo Aguán, Colón[2], han orquestado a los más grandes medios de comunicación del país contra ese movimiento y reinventado la historia productiva del valle a favor de los terratenientes. Se empeñan por lograr una opinión pública agresiva contra los campesinos y con ese propósito repiten hasta el cansancio que ahí se gesta un movimiento guerrillero apoyado por venezolanos, cubanos y guerrilleros de las FARC.

Adulteran los hechos históricos cuando aseguran que las inversiones de los terratenientes son las que convirtieron el Bajo Aguán en un lugar productivo y que los campesinos no tienen otra opción que agradecer las oportunidades de empleo que aquéllos ofrecen.

La historia del Bajo Aguán es muy distinta. Fueron los conductores del Estado hondureño, incapaces de afectar tierras dentro de la frontera agrícola[3] durante la implementación de la reforma agraria de 1962, quienes en cambio decidieron colonizar[4] ese valle, aún con la certeza que tal iniciativa tendría un costo muy alto, que cargaría fuertemente la deuda externa del país.

En 1970 el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó las primeras actividades para el cultivo de palma africana y cítricos. En 1971 apoyó la siembra de estos cultivos permanentes en tierras de cooperativas del sector reformado[5], muy pequeño para ese tiempo.

Con el gobierno reformista surgido en 1972 se intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo[6] y recursos propios como contraparte, con los que el Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales.

El INA creó un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país al despoblado Bajo Aguán. Otros departamentos del país con altos índices de pobreza aportaron importante cuota en ese proceso de poblamiento. Tan inhóspita era la región en esa época que en los primeros años muchos de los asentados emigraban a otros lugares del país obligando al Estado a mantener el programa de migración inducida por más tiempo que el preestablecido hasta que logró el arraigo de una importante población que se dedicara al trabajo productivo en un proyecto de tan grandes dimensiones. Al Estado se debe, entonces, la colocación de todos los factores productivos en ese lugar: tierra, capital y fuerza de trabajo.

Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos convertidos en empresarios lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales como resultado de la circulación mercantil, tal como había sucedido con las asignaciones unifamiliares de tierras que integraron las desaparecidas "colonias agrícolas"[7] y las pocas realizadas bajo la ley de reforma agraria de 1962.

En esos tiempos a nadie se le ocurría que se pudieran vender las tierras del sector reformado porque la ley de reforma agraria lo prohibía. En el caso de esa eventualidad el interesado debía venderla al INA y esta institución la reasignaría a otros campesinos sin tierra siempre que cumplieran con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria.

El plan nacional de reforma agraria (1974-1978) era coherente en todas sus medidas con la idea de lograr cierto grado de equidad en el acceso a tierra cultivable. A partir del diagnóstico preliminar -en que se basó el PNRA- de las formas de producción y propiedad de la tierra se dividió la zona rural en tres compartimientos: el tradicional, expresado en el binomio latifundio-minifundio; el moderno, por la empresa privada agropecuaria; y, el contemporáneo, por las empresas campesinas societarias del sector reformado.

Había que eliminar, entonces, el compartimiento tradicional con la finalidad última de fortalecer el compartimiento contemporáneo. El compartimiento moderno se desenvolvería por si solo habida cuenta que el modelo de desarrollo capitalista le ofrecía todas las posibilidades para que se fortaleciera.

La imposición del modelo neoliberal realizada por el gobierno de Callejas (1990-1994) rompió la lógica de esta estrategia con la concentración de la propiedad y la riqueza producida. La ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) promulgada en 1992, elaborada por un consultor[8] de la USAID y el Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (CONPPA)[9], junto a otras medidas del "ajuste estructural de la economía", cumplieron con esa intención.

El espíritu de la LMDSA no daba lugar a confusión. Había que concentrar la propiedad de la tierra[10] y en la misma lógica disminuyó la categoría de minifundio[11] considerada en menos 5 hectáreas en la LRA en menos de 1 hectárea[12] en la LMDSA.

Los medios de comunicación hicieron lo propio como instrumento de los terratenientes, industriales, importadores y exportadores relacionados con el sector agropecuario. La campaña mediática tuvo el interés de hacer creer a la población hondureña que los campesinos no tenían la capacidad para manejar empresas por lo que había que promover la coinversión con capitalistas experimentados y que el INA debía ocuparse de apoyar en la formación de los campesinos del sector reformado con el programa de "reconversión empresarial" que no iba más allá de ser una expresión demagógica de los neoliberales.

Aún cuando los servicios ofrecidos por el estado para la producción y el fortalecimiento del recurso humano no cubrían la demanda y tampoco con la calidad requerida por los asentamientos campesinos, el sector reformado se mantuvo íntegro hasta la promulgación de la Ley de Modernización y de Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

Se reconoce que había dificultades en el sector reformado propias de las empresas agrícolas que al final se expresaron en endeudamiento; sin embargo, similares deficiencias padecían grandes y pequeñas empresas del sector no reformado, por lo que los subsidios estatales favorecieron a uno y otro sector. Y, si se hace un recuento de las condonaciones de deuda, probablemente se concluirá en que fueron los terratenientes y grandes empresarios rurales quienes más se beneficiaron con ellas.

Durante más de veinte años (1970- primeros años de la década del 90) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas del sector reformado. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país y Tocoa se distinguió como la ciudad que más crecía en Honduras.

El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector reformado y la pequeña y hasta mediana producción al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales.

Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La LMDSA eliminó casi todas las causales de afectación de tierras, con excepción de la ociosidad y los sobretechos[13]; causales casi imposible de aplicar por lo engorroso de los trámites que los legisladores impusieron intencionalmente.

La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado, junto a la eliminación de aranceles a la importación de productos -muchos subsidiados en sus países de origen- igualmente afectarían a los asentamientos del sector reformado y a la pequeña y mediana producción del sector no reformado.

Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de coinversión, completaban las condiciones propicias para la venta de tierras. Y si faltaban recursos financieros ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras.

Como es fácil concluir, la modificación de los compartimientos agrarios no se concretó como estaba previsto. Gracias a las medidas gubernamentales señaladas y el apoyo financiero de bancos internacionales al modelo concentrador de la propiedad terminaron favoreciendo al compartimiento moderno (empresa privada agropecuaria)[14] por lo que no es de extrañar que los que disponían de mejores posibilidades para acceder a recursos financieros han terminado como los propietarios de las mejores tierras del país.

La promoción de ese modelo concentrador de la propiedad era justificado por los neoliberales como la condición sine qua non para alcanzar grandes y positivos resultados para el desarrollo del país: la actividad agropecuaria ahora en manos de "genuinos empresarios" elevaría los niveles de productividad y crecimiento de la producción a tal grado que la población pobre se beneficiaría sustancialmente por el efecto "rebalse"[15].

Situación actual

Como era previsible para cualquier iniciado en el tema agrario tales pronósticos no se cumplieron. Años después Honduras presenta un terrible cuadro de pobreza. El informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada[16] de la Pobreza Rural es particularmente dramático.

En él se señala que "en promedio, la población rural hondureña vive con menos de 20 Lempiras por persona al día ó sea 584 Lempiras al mes y que menos del 30% vive en hogares con ingresos per cápita superiores a este valor. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 10 Lempiras diarios y cerca del 25% con ingresos per cápita inferiores a 5 Lempiras diarios[17]."

La desigualdad es extrema: "el ingreso medio del 20% más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20% más pobre.[18]".

"Utilizando como línea de pobreza el costo de la canasta básica en el área rural, se obtiene que 2.8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75% de la población rural y más del 70% de los pobres de todo el país[19]."

Bajo tales condiciones materiales de vida no sorprende que los campesinos hondureños con un largo historial de lucha, ahora que retoman conciencia de la necesidad ineludible de transformar la estructura agraria como única vía para lograr un futuro mejor, hayan reiniciado las tomas de tierras en el Bajo Aguán; y que no extrañe que al tratarse de una situación generalizada tales acciones se reproduzcan en distintos lugares del territorio nacional si el estado hondureño no aplique Las políticas apropiadas para resolver tal problemática e impulsen el desarrollo rural.

En un comunicado reciente de la Plataforma de Derechos Humanos se dice que "la situación de violencia generada en el Aguán es producto de un problema estructural no resuelto en Honduras y una expresión de la necesidad de profundos cambios que requiere el país para que las mayorías gocen efectiva y plenamente de sus derechos humanos.

Con el golpe de estado político-empresarial-militar ejecutado el pasado 28 de junio de 2009… se incrementaron las muertes, las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones en contra de unas 3 mil 500 familias campesinas que reclaman tierra para vivir con dignidad (en el Bajo Aguán)".

En los últimos meses se ha intensificado la represión por diferentes medios: vuelos rasantes de helicópteros y aviones, comandos armados cruzando amenazadoramente poblados indefensos, captura, tortura y cuatro asesinatos de campesinos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Y también el inevitable enfrentamiento ha producido la muerte de guardias de seguridad de los terratenientes, de acuerdo a reportes de la policía que se ha parcializado con los terratenientes.

La visita de miembros de la Plataforma de DDHH[20] a 5 asentamientos campesinos durante el 20, 21 y 22 de marzo reciente corroboró que ahí no se encuentran guerrilleros ni extranjeros como asegura la prensa hondureña ligada a los intereses de los terratenientes, pero sí comprobó que los campesinos y campesinas de todas las edades, especialmente niños y niñas, viven en un estado de precariedad e insalubridad que exige la atención de organismos nacionales e internacionales para que acudan en su apoyo.

La propuesta del régimen actual al MUCA[21]

La propuesta del régimen encabezado por Porfirio Lobo señala que los 28 grupos campesinos agrupados en el MUCA tienen derecho a acceder a la tierra para obtener ingresos y alimentos para ellos y sus familias; también el logro de la convivencia entre éstos y los grandes empresarios afincados en el valle.

La adjudicación de tierras

El régimen de Porfirio Lobo Sosa propone a los campesinos en nombre de los terratenientes la adjudicación de 6,000 hectáreas. Se entregarían dos hectáreas por familia; una cultivada de palma africana y otra inculta con el compromiso que los campesinos deberán cultivarla con palma africana. Pero el ultimátum del régimen pesa como espada de Damocles sobre los campesinos de MUCA. Si estos no aceptan esta propuesta, que es a todas luces injusta, habría que volver al acta de compromiso que MUCA había celebrado con Manuel Zelaya, sin eliminar totalmente la posibilidad de desalojarlos por la fuerza con la policía y el ejército.

En el documento firmado durante el gobierno constitucional de Zelaya Rosales, en el mes de junio de 2009 las partes acordaron que se investigaría para conocer si los terratenientes tenían posesión legal de las tierras que anteriormente formaron parte del sector reformado. En el caso de que se constatará que no había ilegalidad en la compra venta, faltaría que el INA procediera a remedirlas para constatar si en efecto usufructúan la cantidad de tierras que constan en los títulos de propiedad.

MUCA considera que la oferta está muy por debajo de las demandas de los campesinos cuando piden 5 hectáreas por familia tal como los señala la Ley de Reforma Agraria o Decreto 170 (30 de diciembre de 1974) y, además, se quejan de que tal propuesta los ata en beneficio de los dos principales empresarios del Bajo Aguán, no solo cuando deja a criterio de estos empresarios la selección de tierras que deben ser vendidas, sino que además obliga a los campesinos a vender el producto de sus cultivos a las grandes empresas de Miguel Facussé y René Morales a través de contratos de "coinversión".

Los convenios de coinversión

Las modalidades transaccionales que propone el régimen recuerdan el modelo de "coinversión" establecido en la LMDSA debido al cual los asentamientos campesinos del sector reformado se subordinaron al socio capitalista quien por su capacidad de maniobra en las negociaciones con su contraparte terminó siendo el verdadero conductor y beneficiario de la empresa originalmente campesina y, cuando quiso, terminó comprándola.

Para que no quede duda sobre la dependencia que generará, el mismo convenio de "coinversión" establecerá, según la propuesta, "un compromiso de los agroindustriales para abastecer a los campesinos con insumos a los mismos precios que se obtienen de los proveedores y a brindar asistencia técnica que les permita obtener mejores producciones y por ende mejores ingresos".

En 1954, en Higuerito, Yoro, la United Fruit Company inauguró una experiencia similar con la creación de los "bananeros independientes" de banano con los cuales estableció convenios de coinversión que años después incluyó a productores de banano del sector reformado. Standard Fruit Co. y Fyffes reprodujeron el modelo que resultó satisfactorio a sus propósitos: a mediados de la década del 90 el 60% de banano exportado por las transnacionales bananeras era producido por cooperativas, empresas asociativas y bananeros independientes.

Con este modelo de "coinversión" la transnacional se liberó de los riesgos propios de la producción: conflictos laborales, daños por inundaciones, plagas y enfermedades de ese cultivo; así como de las obligaciones contractuales de ofrecer asistencia médica y educación a los trabajadores.

Igual que lo que propone la comisión de Lobo Sosa, los convenios de "coinversión" de las transnacionales establecían compromisos" de las empresas transnacionales como asistencia técnica, aprovisionamiento de insumos para la producción, fumigación aérea y también castigos y "regalías", todo para darle el cabal sentido a las relaciones de dependencia.

Los convenios de las bananeras establecieron plazos de 8, 10, 12 años… que impidieron que los productores bananeros del sector reformado pudieran acceder al "mercado justo[22]" cuando tuvieron la oportunidad de beneficiarse con él. Seguramente los convenios que pudieran firmarse con estos empresarios de la palma africana y MUCA no obviarán la imposición de largos plazos.

Es conocido públicamente que el señor Facussé ha sido el gran prestidigitador en las negociaciones con el estado a costa del cual acumuló la mejor parte de su capital y, actualmente, la persona con mayor poder político en el país. Con estos antecedentes no cabe duda alguna sobre quién ganará con estas negociaciones.

Sin pudor alguno la propuesta anota que "además comprometerá a los campesinos a vender la producción a los procesadores, quienes después de deducir los costos de los insumos y las cuotas del financiamiento dado por el Gobierno para la adquisición de tierras, deberán pagar a los campesinos la diferencia por el producto, tomando como referencia el precio del mercado internacional…". Con lo que no deja espacio a la imaginación; todo es claro, el mango y el sartén quedan en manos de los señores Facussé y Morales.

Especifica que "la fruta cosechada de las plantaciones ya en producción, será entregada a la Planta Procesadora de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán S.A. de C.V. (propiedad de Miguel Facussé); la fruta cosechada de las nuevas plantaciones será entregada a la Planta Procesadora de la Empresa Agropalma S.A. de C.V. (propiedad de René Morales). Cada grupo campesino deberá firmar contrato de "coinversión" con cada empresa agroindustrial, según sea el caso, donde se definirán puntualmente los compromisos que asuma cada parte, incorporando un seguro agrícola que proteja a los campesinos (as)".

Esta propuesta resulta de las negociaciones entre los dos más grandes terratenientes del valle para la repartición de la fuente de materia prima que procesarán y posteriormente comercializarán con enormes ventajas. Tales pretensiones las asegurarán con contratos bilaterales con cada empresa campesina productora (y podría llegarse que las negociaciones se hagan individualmente con campesinos), dejando por fuera al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) que hoy por hoy es la organización de lucha reivindicativa que ha llevado el tema a un nivel de discusión que muy pocos esperaban, con un gran sacrificio que se expresa en persecución, atemorizamiento, heridos y muertos. Si a esto se suma que las asignaciones de lotes de tierra serán aislados uno de otro se consumará la estrategia del divide y vencerás.

Si no hubiéramos vivido experiencias similares en nuestra historia agraria podríamos caer en la ilusión de que los empresarios están preocupados porque los campesinos salgan beneficiados del convenio de "coinversión", en especial cuando se refiere al seguro agrícola.

Lo que está detrás de todo el planteamiento es la preocupación de los grandes empresarios por asegurarse el fruto de la palma africana; de contar con eficientes proveedores de materias primas. Recordemos Isletas (Atlántida), campos bananeros que la transnacional bananera Standard Fruit Co. no rehabilitó luego que fueron destruidos por el huracán fifí en 1974 y que obreros agrícolas con muy poco apoyo del estado pusieron nuevamente a producir con tal calidad que en muchas oportunidades superó lo logrado por las plantaciones manejadas directamente por la transnacional.

La Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI)[23] se convirtió en una de las más grandes de América Latina dedicada a la producción agrícola con más de mil trescientos asociados pero no pudo resistir las agresiones de sus adversarios y sucumbió para dejar tierras, cultivos y demás instalaciones productivas en manos nuevamente de la transnacional.

La Standard Fruit Co. mantuvo relaciones comerciales cordiales con la EACI hasta que ésta decidió modificar su estructura productiva en el interés de lograr mayor independencia y capacidad de negociación con su contraparte. Cuando la EACI inició la diversificación productiva con el cultivo de maíz, arroz y crianza de cerdos fue asaltada el 12 de febrero de 1977 con apoyo del ejército, y sus dirigentes históricos[24] purgaron dos años de prisión por delitos no cometidos.

Los empresarios dedicados al procesamiento del fruto de la palma africana y su comercialización, tal como la Standard Fruit Company, no están interesados en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores directos que con su fuerza de trabajo hacen producir los suelos del Bajo Aguán. A los Facussé, Morales y Canales no les interesa el mejoramiento de ingresos ni la soberanía alimentaria; al contrario, la posibilidad de que los campesinos se dediquen a producir para lograr estos propósitos es una amenaza a la dependencia y consecuentemente a sus propósitos de lucro.

La propuesta dice que el Estado comprará tierras para los campesinos luego de una "evaluación agronómica de las tierras (en producción e incultas)… para establecer un justiprecio". Asimismo se compromete a "proporcionar los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los grupos campesinos asumirán la deuda que deberá ser pagada al gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo), para el establecimiento de las nuevas plantaciones se creará un fondo (fideicomiso) para el financiamiento a los campesinos, en este proceso participarán Agropalma S.A. de C.V. y el Gobierno de la República".

Veamos lo del justiprecio. La primera propuesta que presentó la comisión especial de Porfirio Lobo a MUCA ya hacía estimaciones sobre los precios a pagar por las tierras en manos de los terratenientes, por cierto bastante altos, que la misma propuesta justifica diciendo que las tierras a comprar disponen de una infraestructura costosa, lo que recuerda los juegos burdos de compra/venta repetidos de Facussé con la CONADI[25] que terminaron por quebrarla. Ahora exigen que los campesinos de MUCA les paguen la infraestructura que los terratenientes no construyeron.

Esa infraestructura construida por el Estado para favorecer a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria ha pasado a formar parte de los activos de los terratenientes. De tal manera que de cumplirse los deseos de los empresarios el Estado estaría prestando dinero a los campesinos para que paguen una infraestructura que el mismo Estado costeó con propósitos de desarrollo social y económico para los menos favorecidos del sector rural.

En los siguientes numerales señala que "Además de la asistencia técnica brindada por parte de los agroindustriales y establecida en el convenio de coinversión, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) se comprometen a apoyar dicho proceso a través de programas y proyectos y su personal técnico de la zona. Además, la SAG se compromete a incorporar a las Empresas Campesinas como beneficiarios directos del Bono de Solidaridad Productiva[26], que les permita producir maíz y frijoles durante los primeros tres años, en el caso de las tierras donde se restablecerán las nuevas plantaciones".

El gobierno se compromete a apoyar a "los grupos campesinos con proyectos sociales de salud y educación". Y para finalizar señala que "una vez firmado el acuerdo se definirán con prontitud las áreas de las plantaciones ya establecidas y en producción, así como las áreas para las nuevas plantaciones y reubicar a los 28 grupos campesinos…"

De nuevo el estado hondureño es el que financia y carga con los costos de un proyecto que tendrá como beneficiario final a los grandes empresarios. De aceptarse la propuesta tal como está planteada reforzaría una figura similar a la que presenta el tradicional y perjudicial binomio latifundio - minifundio, relación que solo beneficia al grande y mantiene en la dependencia y la pobreza al más débil. En tales condiciones el campesino incluido en un proyecto de esta naturaleza no cumple con la condición de "sujeto de desarrollo"; al contrario, asume la condición de "objeto sobreexplotado" por las obvias desventajas de éstos y la voracidad de los grandes empresarios rurales.

El régimen se muestra solícito y considerado con los campesinos. Ofrece asistencia técnica a través de esas dos ineficientes instituciones del estado que por ahora no hacen absolutamente nada a favor del sector reformado ni por la pequeña producción.

Los conductores del régimen actual están apurados por resolver una crisis que ha puesto en precario su reconocimiento internacional pero, al mismo tiempo, no desaprovechan la crítica coyuntura para favorecer a los grandes empresarios, a quienes deben su posición política actual.

Para abundar en ofrecimientos no deja por fuera los servicios de educación y salud, en un país donde buena parte de la población no tiene acceso a ellos. De todos los hondureños es sabido que luego del golpe de estado militar del 28 de junio tales servicios presentan mayor precariedad en todo el país.

Si se ha criticado la sobreexplotación de los trabajadores y el control político del país por las transnacionales bananeras, qué podemos decir de estos empresarios del patio. Sobreexplotan a los trabajadores (nunca han permitido sindicados en sus empresas) e igualmente tienen el control del país pero sin cumplir con las responsabilidades sociales que las transnacionales tuvieron por décadas con la asignación de vivienda, agua y servicios de salud y educación. ¡Se avizora una prisión verde más dramática que aquélla que describió Ramón Amaya Amador para los trabajadores en las bananeras!

Si el Estado puede movilizar tal cantidad y variedad de recursos para la producción y asistencia social, por qué no pensar en un proyecto orientado en los objetivos constitucionales de la reforma agraria; por qué no pensar que sean los campesinos quienes escojan su actividad productiva y perfilen su futuro de pequeños productores bajo su conveniencia; por qué ponerles grilletes asidos a los intereses de los terratenientes antes de que accedan a la tierra que legalmente y en justicia les corresponde.

¿Qué no son capaces de lograrlo como pregona la campaña mediática a favor de los terratenientes? La respuesta está en las experiencias exitosas del mismo sector reformado, entre las que destaca Hondupalma[27], una de las más grandes empresas agrícolas y de transformación industrial de la palma africana en aceite, mantecas y margarinas que compite con éxito con Clover Brand y el mismo Miguel Facussé que ha hecho lo imposible por apoderarse de ella.

El pueblo hondureño debe hacer causa común con los campesinos que buscan un futuro mejor, apoyado en su trabajo, proyecto que a su vez contribuirá al desarrollo del país y al mantenimiento de la paz.

Entrevista sobre asesinatos a periodistas y libertad de expresión en Honduras con Manuel Gamero



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Crisis y silencio

Néstor Núñez
Red Voltaire


Defenestrado el gobierno constitucional de Manuel Zelaya e instituida en Tegucigalpa la fórmula mediatizada que Washington conformó, la situación de Honduras ha sido silenciada en todos los medios de prensa imperiales. De hecho, cuando se revisa la titulada “prensa libre y occidental”, da la impresión de que en aquella nación centroamericana nada ha sucedido en decenios.

La más reciente fórmula de dominación parecería instalada de una vez, y el drama que llenó amplios espacios y miles de horas de transmisión ha sido virtualmente sepultado.

Apenas son los medios alternativos los que insisten en las matanzas de periodistas, las acciones criminales de grupos de derecha y de las fuerzas represivas, y la política de resistencia que aún anima a los hondureños, negados a que sus derechos y voluntad mayoritaria sean birlados y silenciados.

Sin embargo, a pesar del virtual bloqueo informativo imperial, las realidades trascienden, entre ellas, la debacle económica en esa nación ancestralmente depauperada por oligarcas e intereses extranjeros.

Una reciente noticia indicaba que el fraudulento congreso hondureño declaró el estado de emergencia fiscal y financiera por un año, para que el no menos ilegal gobierno de Porfirio Lobo intente obtener desembolsos inmediatos de los “organismos internacionales de crédito”.

El urgente acuerdo del legislativo se une a la Ley del Presupuesto General para el 2010, y a otro decreto que asume nuevas medidas tributarias encaminadas a recaudar fondos a cuenta de asfixiar a los más disímiles sectores económicos locales.

El decreto, denominado “Ley de Emergencia Fiscal y Financiera" fue enviado al Congreso por el ministro de Finanzas, William Chong, quien expresó que el propósito es instaurar la alarma fiscal y financiera para “hacer frente a la crisis por la que atraviesa actualmente la economía del país".

Otro descalabro, dicho sea de paso, que tiene parte de su génesis en el rechazo y aislamiento internacionales en que sumió a Honduras la acción fascista inducida por Washington en junio del pasado año, e incluyó la salida de esa nación centroamericana de su ventajosa presencia en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Sospechosamente, el acuerdo de emergencia parecería inspirado en medidas neoliberales ya harto conocidas en nuestra región como los consabidos recortes al gasto público y la reducción de prestaciones sociales para agradar los gustos de “entidades financieras internacionales” que, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, seguramente aplaudirán a cuenta de Washington tan “saludable” iniciativa.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article164796.html




Inaugurada una nueva base militar estadounidense en Honduras

ABN


Una nueva base militar norteamericana, para supuestamente combatir el narcotráfico, fue inaugurada, este jueves en territorio hondureño.

Así lo dio a conocer la página en internet de Telesur, en donde se cita al embajador estadounidense Hugo Llorens, quien informó que su país invirtió dos millones de dólares en las construcciones de las instalaciones castrenses; además de donar cuatro embarcaciones y facilitar asesores.

La base naval está ubicada en el nororiental departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, cuenta con un edificio multifuncional y un centro de operaciones que contribuye al aumento de la capacidad para albergar más personal y un muelle para el anclaje de lanchas de patrullaje.

Además, el diplomático explicó que la base estará bajo la coordinación de la Fuerza Naval de Honduras, asesorada por oficiales del Comando Sur del ejército estadounidense.

Cabe recordar EEUU ya pose una instalación militar en la citada nación centroamericana en Palmerola, en el central departamento de Comayagua, y cuenta con capacidad para el aterrizaje de aviones de gran porte gracias a la longitud de su pista.

Es necesario mencionar que, a pesar que la Casa Blanca negó cualquier apoyo al golpe de estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya, la base de Palmerola fue el sitio donde fue conducido, inicialmente, Zelaya, después del derrocamiento que sufriera el, 28 de junio de 2009.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=228599&lee=16




Por una Estrategia Comunicacional

voselsoberano.com | Sábado 10 de Abril de 2010 10:57


Eva Golinger, Aporrea, 10 de abril de 2010


Esta semana conmemoramos ocho años del nefasto golpe de Estado que intentó destruir a la Revolución Bolivariana aquel 11 de abril del 2002. “La revolución no será transmitida”, se tituló un documental que relató la historia del golpe, con una énfasis en el bloqueo informativo sobre los sucesos de aquellos días. Hace ocho años, casi nadie en el mundo se enteraba de lo que sucedía dentro de Venezuela. Hoy, Venezuela es una referencia mundial – un titular controlado por los medios internacionales al servicio de los intereses imperiales. La Revolución Bolivariana ha logrado recuperar – y crear nuevos espacios en el ambiente comunicacional nacional, pero a nivel internacional, estamos perdiendo la batalla.

El Pentágono ha destacado que su arma más poderoso es la comunicación. Washington y sus aliados controlan gran parte de la prensa internacional y las redes sociales a través del Internet. Quien controla la información, controla las tendencias mundiales y lógicamente, domina al mundo. No obstante, a nivel nacional, en Venezuela se ha logrado crear nuevos espacios en los medios de comunicación, como Telesur, Avila TV, Vive, ANTV, Tves, Radio del Sur, y una cantidad de periódicos, revistas y páginas Web como Aporrea, Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, Temas, VEA y muchos otros.

Pero a nivel internacional, poco se ha hecho. Y en cuanto a nivel nacional, falta aún desarrollar una estrategia comunicacional que coordina y valora a los esfuerzos que hacen cada día estos medios y los grandes equipos que los impulsan. Recomiendo hacer una encuesta nacional sobre la programación que quiere las venezolanas y los venezolanos. La información tiene que llegar de manera digerible a todos y todas.

El ataque a través de los medios nacionales (privados) e internacionales hoy es más fuerte que nunca. Nuestros aliados en el exterior intentan defendernos, pero muchas veces les falta información y datos concretos.

Necesitamos urgentemente una agencia de noticias en múltiples idiomas – por lo menos en inglés, francés y portugués; luego en árabe, italiano y chino, y los demás idiomas que sean posibles.

Necesitamos urgentemente una página Web oficial en múltiples idiomas que informa a nivel nacional e internacional sobre las políticas del gobierno revolucionario y los logros y las complejidades de la Revolución Bolivariana. Ojalá que el Presidente Chávez haga el blog que anunció hace dos semanas en un Aló Presidente. Serviría de mucha importancia para la batalla comunicacional.

Tenemos que comunicarnos. Tenemos que informarnos. Tenemos que estar presentes.

Nuestro primer periódico internacional en inglés, el Correo del Orinoco International, necesita un impulso, necesita ser distribuido, promovido y colocado en todas partes del mundo. Esto requiere una estrategia comunicacional internacional - y no solamente cada uno trabajando y haciendo lo que puede por su lado, sino algo seriamente elaborado con los lineamientos estratégicos de la Revolución como guía principal.

Debemos tomar en serio los retos que nos acercan. Éste es un año electoral de alta importancia y el adversario está empleando todas las herramientas disponibles. Debemos aprender de nuestros aliados, como Cuba, Rusia y el mundo árabe, que han producido medios de comunicación en múltiples idiomas para poder obtener el alcance máximo de penetración mundial. Queremos que se escuche la voz de la Venezuela revolucionaria en el mundo, y no la voz que nuestros adversarios montan, manipulan, y distorsionan.

Necesitamos coordinar nuestras redes sociales a través de la Web – con Twitter, Facebook y otros tecnologías, y así, tenemos que asegurar que nuestros mensajes lleguen donde deben llegar.

Abogo por una estrategia comunicacional - nacional e internacional – que realmente sirva como un arma político. Tenemos que entrar en el combate mediático con un compromiso verdadero, y con todos los hierros. Y así, estaremos obligados a vencer.


evagolinger@hotmail.com









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