Ante visita de la CIDH: organizaciones demandamos respeto a los derechos humanos
En los últimos años, el Poder Ejecutivo hondureño, presidido por Juan Orlando Hernández ha promovido decisiones para aumentar la concentración de poder en su persona y así controlar instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
Recordamos que una de las mayores apuestas del gobierno actual ha sido la militarización de la seguridad ciudadana, lo que ha tenido graves consecuencias en el ejercicio del derecho a la manifestación y reunión, haciéndolo prácticamente nulo. A la vez, se ha militarizado el sistema penitenciario, e inclusive se ha fomentado la influencia militar en las escuelas, por ejemplo, a través del programa “Guardianes de la Patria”.
La militarización fue evidente en el marco de la crisis post electoral, cuando el gobierno desplegó una estrategia de represión que ocasionó 38 asesinatos, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas. Como es usual, el Poder Judicial actuó rápidamente para castigar a los manifestantes, pero no así para investigar las muertes violentas y las centenas de personas heridas.
Más recientemente, resulta preocupante la reelección del fiscal general Oscar Chinchilla sin haber respetado estándares mínimos para este tipo de procesos. Durante su anterior gestión, el señor Chinchilla se caracterizó por mantener la impunidad respecto de las violaciones de derechos humanos.
Respecto de los y las defensoras de derechos humanos, Honduras no cuenta con una política pública que les proteja integralmente, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mecanismo actual es un avance, pero tiene debilidades que deben ser superadas.
En resumen, la CIDH encuentra un país que no cuenta con una institucionalidad capaz de proteger a su población en medio de un contexto de violencia y represión.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana lo siguiente:
+ Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones que fueran dadas a Honduras en el informe de país del año 2015, y las que brinde la Comisión en futuros informes. + Exhortar al Estado a cumplir con las recomendaciones que han sido dadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe sobre la crisis así como facilitar las condiciones para que esta oficina pueda cumplir con su mandato. + Recomendar la creación de un equipo de investigación independiente que coadyuve al Ministerio Público en la investigación de las violaciones de derechos humanos producto de la crisis post electoral, particularmente la desaparición forzada, los asesinatos y los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. + Solicitar la creación una mesa de trabajo con el Ministerio Público que permita analizar la situación de las personas que han sido criminalizadas en el contexto de la crisis postelectoral, y avanzar hacia la liberación de los presos políticos.
+ Recomendar la elaboración de un plan de prevención de las violaciones de derechos humanos, con la participación de la sociedad civil, de manera que se obligue a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y la Policía Nacional Civil, a acatar las recomendaciones que ahí se establezcan relacionadas con la prohibición del uso excesivo de la fuerza.
En general, las organizaciones solicitamos que se pida a Honduras acatar las recomendaciones que han sido dadas por la OACNUDH y por la CIDH en diversos informes, por ejemplo, evitar que los militares participen en labores de seguridad ciudadana; derogar la ley de secretos oficiales; modificar la tipificación del delito de terrorismo y de asociación ilícita; despenalizar el aborto terapéutico; prevenir, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres así como los crímenes de odio contra personas LGBTI; garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada; garantizar la independencia judicial, y cualquier otra reforma que sea necesaria para asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación alguna.
Sin derechos humanos respetados y garantizados sin discriminación alguna, no es posible tener una democracia.
Organizaciones firmantes:
Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza de Honduras
Cáritas San Pedro Sula
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Front Line Defenders
Grupo de Información sobre América Latina (IGLA)
Grupo Sociedad Civil (GSC)
Guatemala Human Rights Commission USA (GHRC-USA)
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos
Just Associates (JASS)
Kindernothilfe
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Plataforma Internacional contra la Impunidad
COFADEH reunió y acompañó a víctimas de la crisis post electoral a interponer denuncia ante la CIDH
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó una ardua labor para reunir y acompañar a las víctimas de la crisis post electoral para que denunciaran y dieran su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha realizado una visita al país para documentar casos de violaciones a derechos humanos.
Después de los comicios generales del 26 de noviembre del año anterior, las violaciones a los derechos humanos se incrementaron considerablemente, luego que la población saliera a protestar por el fraude electoral en favor de Juan Orlando Hernández.
Las víctimas de esas manifestaciones acudieron al llamado del Cofadeh para asistirr a las reuniones de la CIDH, donde fueron acompañados por personal de ese comité y su coordinadora general Berta Oliva.
Durante su comparecencia, las víctimas exigieron a los comisionados de la CIDH verdad y justicia.
El Cofadeh movilizó a más de 60 personas de todos los lugares del país para que testimoniaran ante la CIDH los hechos que sufrieron durante las fuertes represiones que se dieron contra los manifestantes que protestaban contra el fraude electoral y el continuismo de Juan Orlando Hernández.
El lugar donde se sostuvieron las reuniones de la CIDH con las víctimas estaba totalmente militarizadas para obstaculizar el paso de las personas que llevaba Cofadeh a interponer las denuncias ante los comisionados, pero los mismos pudieron ingresar gracias a la intervención de la coordinadora del Cofadeh.
La comisión al escuchar los relatos de las víctimas por casi una hora, se mostraron impactados y dijeron que “están en el país para expresar su solidaridad con las víctimas y con el dolor y el sufrimiento por el que han pasado, madres, viudas, esposas, maestros y periodistas”.
“Ha sido hasta el momento esta sesión la más dramática de nuestra visita a Honduras, estamos llevándonos en pulso las secuelas de la crisis política, nos están haciendo ver a nosotros con sus testimonios todo lo doloroso”, expresó el relator Joel Hernández.
El Relator Hernández también reconoció la labor de la coordinadora del COFADEH en su luchar por la defensa de los derechos humanos. “Quiero también hacer un reconocimiento especial a doña Berta, a su equipo del COFADEH y a CEJIL; los defensores y las defensoras son los héroes en esta tragedia y son gracias a ellos que ustedes pueden presentarse ante nosotros, ustedes los y las defensoras de derechos humanos son la voz de las víctimas y tienen todo el reconocimiento y el apoyo a de la comisión.
El COFADEH logró reunir a las familias de las víctimas de los asesinados por parte de los cuerpos represores del estado, donde el comité registró al menos 34 asesinatos durante las protestas.
También hizo un enorme esfuerzo por reunir con la CIDH a las familias de los presos políticos, desplazados, criminalizados y los heridos que han quedado con secuelas graves por oponerse al régimen de Juan Orlando Hernández.
Berta Oliva también informó a la comisión que hay una persona desparecida durante la crisis post electoral, que está plenamente identificada como detenido desparecido y que ya lleva ocho meses y no se ha tenido noticias de su paradero.
Así mismo pidió a la CIDH que “puntualmente pongan la atención sobre los presos políticos y los judicializados políticos, toda esta gente que está aquí son gente que no puede trabajar porque están definiéndose en libertad”.
“Los cinco presos políticos que aún están recluidos, nosotros realmente hemos agotado ya todo lo que legalmente se puede hacer y sabemos que es una decisión política, que se está empecinado por castigar a la disidencia política. Hemos estudiado y hecho todo en el caso y sabemos que la respuesta no la vamos a tener, si no se genera un estudio y se emplaza al régimen para que deje de abusar del poder y del sistema político”, agregó la coordinadora del COFADEH.
La CIDH llegó a Honduras desde el 29 de julio y finaliza su estadía este viernes donde ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer sus conclusiones de los hallazgos encontrados durante su visita.
La delegación, compuesta por siete Comisionados se reunieron con sectores del Gobierno, de la sociedad civil, víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El COFADEH registra al menos 34 personas asesinadas por los cuerpos represores del Estado, también 23 presos políticos, más de 1300 personas criminalizadas y un sin número de heridos por razones políticas, que han quedado con secuelas graves después que elementos policiales dispararan con bala viva en contra de los manifestantes, cuando salieron a protestar de manera pacífica en contra del fraude electoral a favor de Juan Orlando Hernández el pasado 26 de noviembre.
Policía ataca a periodista de Conexihon.hn mientras cubría protesta en la UNAH
Tegucigalpa, Honduras.-
“Hoy miembros de la policía Nacional me agredieron con golpes en la
cabeza, pateándome, lanzándome bombas lacrimógenas, mientras daba
cobertura periodística a la manifestación de los estudiantes de la UNAH,
los policías además me quitaron mi celular y me amenazaron. Estas son
las consecuencias de un Estado de Facto que no respeta normas y ejerce
la fuerza contra sus ciudadanos”.
El párrafo anterior describe con sus
propias palabras lo que vivió esta tarde del 01 de agosto, frente a la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la estudiante de
periodismo, Kency Gissel Grandez Durón, quien realiza su práctica profesional en el periódico digital www.conexihon.hn que es producción del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en Tegucigalpa.
La periodista iniciaba una la cobertura a través de Facebook live, cuando se escucha su voz alarmante “me está agrediendo el policía, me lleva agarrada”, por otro lado, uno de los atacantes grita “quiténle la máscara” otra voz agrega “zámpenle gas” y finalmente se escucha “y para que putas la sueltan”, el video de un minuto de duración, deja entrever un forcejeo entre varios policías antimotines contra la joven de 21 años y contextura pequeña.
En la protesta que realizaban los y las
universitarias contra el aumento a la tarifa del transporte -según
informó una catedrática- salieron heridos con “balas de goma” algunos
estudiantes y un defensor de derechos humanos, al parecer del
Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH).
La Escuela de Ciencias de la
Comunicación condenó la agresión y el trato inhumano que sufrió la
estudiante de periodista Kency Gissel Grandez Durón. Así mismo, C-Libre
denunció el hecho a través de una alerta pública.
En el video de modo rápido y breve, se
ve el rostro de uno de los policías agresores, que rodearon a la
periodista, quienes además de los golpes, le quitaron el teléfono
celular con informición personal y laboral.
La semana pasada en una cobertura
periodística en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, la policía atacó y
encarceló al camarógrafo Engel Padilla de Canal 11, después la
Secretaría de Seguridad expresó que respeta el derecho a la libertad de
expresión, derecho a la libertad de prensa, y que investigaría los
hechos.
Si se contabiliza los ataques a
periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y camarógrafos, a lo que
va del año, C-Libre ha emitido unas 65 alertas que oscila en unas 100
personas, especialmente durante las coberturas de protestas sociales
contra el fraude electoral y toma de posesión del ilegal presidente Juan
Orlando Hernández “JOH”.
La mayoría de casos de ataques a la prensa quedan en la impunidad, recientemente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos En Honduras (COFADEH) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el crimen contra el periodista Nahum Palacios, en marzo del 2010.
En junio del 2016, el periodista Cesario
Padilla, también fue atacado por policías mientras daba cobertura a una
protesta estudiantil en la UNAH, mientras realizaba su labor
informativa para el periodico digital www.pasosdeanimalgrande.com, días
después fue criminalizado judicialmente acusándolo de usurpación junto a
cinco estudiantes de máxima casa de estudios. Ese mismo día los
uniformados agredieron a la periodista de Radio Progreso, Eleana Borjas.
Secretaria de seguridad reafirma que respira la labor y defensa de derechos humanos
Nuevamente la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado público, expresa que: con relación a la supuesta agresión
a una comunicadora social durante un desalojo, se procedió a ejecutar
el desalojo del bulevar Suyapa de Tegucigalpa, tomado por el Movimiento
Estudiantil Universitario (MEU) en protestas de apoyo a las exigencias
del sector transporte.
Además estigmatiza la labor profesional
de Grández al referiré que “Durante el accionar policial se reportaron
enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes del orden,
asimismo fue captado en video aficionado un incidente
con una reportera de un medio de comunicación digital”, y es el video
que se transmitía a través del Conexhion.hn, por la misma víctima.
Y que, se ordenó la investigación de los
hechos para determinar el grado de abuso y deducir la responsabilidad
de los agentes participantes. Reafirma que la Policía Nacional garantiza
los derechos y libertades … en materia de libertad de expresión,
respeto y protección a la labor de todos los periodistas, comunicadores
sociales y otros empleados de medios de comunicación sin distinción
alguna, y rechazamos cualquier procedimiento de nuestros funcionarios en
el cual se transgredan los derechos humanos y la libertad de prensa.
Conehihon.hn: Defendió su labor
Mientras
que, desde el equipo de prensa para la cual colabora la periodista
Gissel Grandez, afirmaron que, con apenas 21 años y con su pequeño
cuerpo defendió la transmisión en vivo,
su trabajo, mientras decenas de policías la golpearon en repetidas
ocasiones, gritándole e intentando quitarle su máscara anti-gas.
CONEXIHON
lamenta que cubrir una manifestación o un evento público en Honduras es
hoy en día una actividad de alto riesgo para reporteros y fotógrafos
hondureños. Una identificación de prensa, un chaleco o equipos de los
medios de comunicación parecen ya no ser suficientes para proteger a sus
profesionales de la policía.
Además, condenan con firmeza la
violencia policial contra quienes estaban simplemente haciendo su
trabajo de una manera respetuosa con la ley y le recuerda que la
protesta es una forma legítima y legal de expresión y como tal debe
protegerse.
Asimismo, exigen a las autoridades de
policiales que capaciten a sus policías para evitar nuevas agresiones a
comunicadores y defensores de los derechos humanos, cumplan con la ley,
aseguren el debido proceso legal a las personas detenidas y respeten en
todo momento los derechos de las personas que se manifiestan, así como
también las que documentan la protesta.
Y la demanda es que se regrese el equipo
de trabajo de la reportera y una disculpa pública por lo ocurrido como
parte del resarcimiento moral y físico de lo ocurrido.
Editorial y portada EL LIBERTADOR Julio-Agt 2018: “El valor de la vida”
La
falta de personalidad hace al humano incapaz de edificar una Patria, de
iniciativa y de resistencia. Desfilan inadvertidos, sin aprender ni
enseñar, diluyendo en tedio su simpleza, vegetando en la sociedad que
ignora su existencia aunque modelen el cargo público.
EDITORIAL
El valor de la vida
La
vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos.
No ha vivido más el que cuenta más años, sino el que ha sentido mejor
un ideal.- La medida social del hombre está en la duración de su obra:
la inmortalidad es privilegio de quienes logran que su legado sobreviva a
los siglos.
El
poder que se maneja, los favores que se mendigan, el dinero que se
amasa, las dignidades que se consiguen por corrupción, tienen cierto
valor efímero que satisface los apetitos del que no lleva en sí mismo,
en sus virtudes, las fuerzas morales que embellecen y califican la vida;
la afirmación de la propia personalidad y la cantidad de hombría puesta
en la dignificación de nuestro yo. Vivir es aprender, para ignorar
menos; es amar, para vincularnos a una parte mayor de humanidad; es
admirar, para compartir las excelencias de la naturaleza y del mundo; es
esfuerzo por mejorarse, incesante afán de elevación hacia ideales
definidos.
Muchos
nacen; pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y
vegetan moldeados por el medio, como cera fundida en el cuño social. Su
moralidad de catecismo y su inteligencia cuadriculada los constriñe a
una perpetua disciplina del pensar y de la conducta; su existencia es
negativa como unidades sociales.- El hombre de fino carácter es capaz de
mostrar encrespamientos sublimes, como el océano; en los temperamentos
domesticados todo parece quieta superficie, como en las ciénagas.
La
falta de personalidad hace, a éstos, incapaces de edificar una Patria,
de iniciativa y de resistencia. Desfilan inadvertidos, sin aprender ni
enseñar, diluyendo en tedio su simpleza, vegetando en la sociedad que
ignora su existencia aunque modelen el cargo público: ceros a la
izquierda que nada califican y para nada cuentan.
Su
falta de robustez moral háceles ceder a la más leve presión, sufrir
todas las influencias y hacer todos los mandados de quien los ensilla;
transitoriamente arrastrados a la altura por el más leve aire, o
revolcados por la ola menuda de un arroyuelo, su existencia sin rabia
contra lo injusto, carece de peso, nada vale. Son barcos de amplio
velamen, pero sin timón, no saben adivinar su propia ruta: ignoran si
irán a varar en una playa arenosa o a quedarse estrellados contra un
escollo, donde al final naufragan.
Están
en todas partes, aunque en vano buscaríamos uno solo que se acepte; si
lo halláramos sería un original, por el simple hecho de enrolarse en la
mediocridad. ¿Quién no se atribuye alguna virtud, cierto talento o un
firme carácter? Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez,
confundiendo parálisis con firmeza, que es don de pocos elegidos; los
ladrones del fisco se jactan de su burla y desvergüenza, equivocándolas
con ingenio; los serviles y los parapoco pavonéanse de honestos,
confunden la incapacidad con la virtud.
Si
hubiera de tenerse en cuenta la buena opinión que todos los hombres
tienen de sí mismos, sería imposible discurrir de los que se
caracterizan por ausencia de personalidad. Todos creen tener una; y muy
suya. Ninguno advierte que la sociedad o el dinero fácil los ha sometido
a esa aritmética que reduce muchas cantidades a un denominador común:
la mediocridad.
Existe
una vastísima bibliografía acerca de los inferiores e insuficientes,
desde el criminal y el delirante hasta el retardado y el idiota; hay
también una rica literatura consagrada a estudiar el genio y el
talento.- Unos y otros son, empero, excepciones. Lo habitual no es el
genio ni el idiota, no es el talento ni el imbécil. El hombre que nos
rodea a millares, el que prospera a funcionario en burguesías tontas y
se reproduce en el silencio y en la tiniebla, es el mediocre.
CIDH INSISTE A GOBIERNO HONDUREÑO PROTEGER GRUPOS VULNERABLES
El
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Paulo Abrão (foto en texto), enfatizó que dentro de las primeras
impresiones de este organismo velador de derechos indispensables,
destaca la insistencia en cumplir las recomendaciones que se han dado en
el pasado a Honduras para proteger a grupos de activistas sociales.
Por
otro lado, grupos de Sociedad Civil, informaron que presentarían ante
la CIDH, los reportes de crímenes de lesa humanidad dados durante el
golpe de Estado en 2009, ya que todos los casos se mantienen impunes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inició hoy la
valoración de las primeras impresiones de las condiciones sociales del
país, luego de que empezaran las reuniones con organismos de Sociedad
civil y del Estado. Entre las primeras conclusiones, se ha fijado
especial atención en el no cumplimiento de recomendaciones hechas al
gobierno.
De
acuerdo al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, ya se cuenta
con informes “bastante significativos”, donde destaca el deseo de
cooperación dentro de los sectores sociales para mejorar la situación
del país.
Abrão
aseguró también, que luego de la reunión de ayer con las autoridades
del Estado, estas informaron que hay disposición para trabajar, a pesar
de que en los últimos años ha hecho falta la voluntad política para
mejorar la situación de derechos humanos, según lo han referido varios
activistas sociales en el pasado.
En
su estancia en honduras, este organismo internacional, fijará su
atención en cuatro temas centrales, entre estos, la estabilidad
democrática y sus consecuencias para los derechos humanos; la seguridad
ciudadana; el impacto de la corrupción en los derechos humanos; y los
derechos específicos.
El
último tema compete a los derechos de pueblos que requieren atención
especial, o sea, son los grupos que históricamente han sido marginados.
El funcionario de la CIDH, dijo que “a partir de allí daremos nuestra
visión sobre lo que pasa en el país”.
Abrão
advirtió que dentro de las primeras impresiones de la CIDH, destaca el
desacato del gobierno sobre “las recomendaciones que se han dado antes,
de que hay un grupo social que sigue requiriendo más protección, como es
el tema de los defensores de derechos humanos que presentan un alto
número de asesinatos y también el conjunto de víctimas de las protestas
del contexto postelectoral”.
Agregó
que si el gobierno de Honduras diera atención a estos casos, “se
reivindicaría con más credibilidad y transparencia”. Finalmente dijo que
en los próximos días se estará dando más reportes hasta llegar al
viernes cuando se presente el informe final.
El
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la
Fundación Sam Alonso Rodríguez (FSAR) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), informaron que presentarán ante la CIDH,
tres casos emblemáticos de violación a los derechos humanos durante la
crisis política del golpe de Estado en 2009.
Se
trata de los asesinatos de campesinos en la finca “El Tumbador” en
Trujillo, Colón (15 de noviembre de 2010); la brutal represión de los
días 30 y 31 de junio de 2009 en el sector de “El Durazno” de la
capital; y el asesinato del periodista Nahúm Palacios (10 de marzo de
2010).
De
acuerdo al grupo de organizaciones mencionadas, los crímenes de lesa
humanidad siguen impunes, y de acuerdo al informe de la Comisión de la
Verdad, las fuerzas del Estado provocaron 3,000 casos de violaciones a
los derechos humanos, donde se incluye, la violación sexual de 54
mujeres.
Sobre
la brutalidad del Estado, el dirigente sindical y exaspirante a la
presidencia, Carlos H. Reyes, recordó que en la represión de “El
Durazno”, tuvo que observar y vivir en carne propia la “cacería de
brujas”, ya que cuando fueron acorralados por los militares, él y los
demás manifestantes buscaron refugió en un sector cerca del Seguro
Social en “La Granja”, Comayagüela.
“Ese
día no sé de qué manera pude salvarme, nos acorralaron y buscamos
refugio en un muro, saltándolo caíamos a un barranco, yo decidí
regresarme y no saltar, cuando lo hice me fije que varias maestras
fueron golpeadas salvajemente”, resonó Reyes.
“Me
golpearon la cabeza y me tiraron al barranco, esos delitos han quedado
así, no han hecho nada”, lamentó el dirigente, quien cuestionó que ante
la falta de garantías de la justicia hondureña, si acude a instancias
internacionales, son estigmatizados por “ir a hablar mal de Honduras”.
Concluyó
que este tipo de represión se está dando en la actualidad a raíz del
fraude electoral que denuncio la Alianza de Oposición y que permitió a
Juan Hernández, quedarse en la presidencia por cuatro años más. Este
conflicto trajo consigo 40 muertos.
De
las personas que han perdido la vida, según las Naciones Unidas, varios
casos fueron registrados en participación activa en manifestaciones,
donde incluso hay registro de muertes por disparos a la cabeza.
Presentan ante el Ministerio Público denuncia contra policías que golpearon a estudiante de periodismo
Friday, 03 August 2018 01:08 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
Foto a la izquierda: Yessica Trinidad de la Red de Defensoras de Honduras y en la foto de la derecha: Edy Tábora, de C-LIBRE
Organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante
el Ministerio Público,(MP), una denuncia contra los policías que en una
represión contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), procedieron a golpear, gasear con gas lacrimógeno y a
quitarle su celular a una estudiante de periodismo que realiza su
práctica profesional.
 Héctor Becerra-CIPRODEH: Es una política de Estado agredir a periodistas |
La denuncia por los delitos de Abuso de Autoridad, Robo y Torturas fue interpuesta ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos del MP fue presentada por la organización C-Libre la cual fue acompañada por otras organizaciones entre éstas la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras; Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; CIPRODEH, el Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.
En la denuncia contra la policía, se pide entre otras cosas que se admita la denuncia, se tome declaración de la afectada, se realicen las investigaciones, se informe sobre los resultados y se castigue a los culpables de las acciones en contra de la ofendida.
Hay misoginia de la policía hacia mujeres defensoras
Yessica Trinidad, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras dijo a pasos de animalgrande.com que “ es importante evidenciar que no solamente había un periodista, un camarógrafo , habían muchos , pero la policía se ensaña contra una mujer y es parte de la violencia contra las mujeres".
Escuche audio de Yessica Trinidad de la Red de Defensoras:
Agregó que suman más de 250 agresiones a periodistas, incluyendo a camarógrafos y fotógrafos hasta la semana pasada, “los periodistas ya no cubren los temas de la misma manera como corrupción, protesta social , crimen organizado, ya no tienen el derecho de libertad de expresión eso es sumamente grave porque afecta a la democracia”.
Mientras Héctor Becerra, del CIPRODEH señaló que hay una estrategia del alto mando policial de dar instrucciones para reprimir a los periodistas
Están en el marco de toda una estrategia represiva del Estado de Honduras para reprimir a periodistas y defensores de derechos humanos, “son tan irrespetuosos y tan cínicos que no les importa que estén los comisionados de la CIDH, ellos conocen cómo reprimir este tipo de protesta, pero también como callar a la prensa que cubre este tipo de agresiones”.
CPH
 Claudia Mendoza: A qué le apuesta el Colegio de Periodistas de Honduras? |
“El Colegio de Periodistas está llamado en este momento a pronunciarse enérgicamente y demandar respuestas a la Policía Nacional, sobre todo a un alto, a un cese al hostigamiento y a la agresión que son sometidos los periodistas. Es importante que nos sentemos y que nos clarifiquen a qué le están apostando. Le están apostando a un país con una prensa callada, intimidada, temerosa, a una prensa que le teme a la profesión, a eso le apuestan y creo que hy muchas preguntas que quedan sin respuesta todavía”, apuntó.
Para Mendoza, el Gobierno parece que le está apostando a una política en donde se coarte la libertad de expresión, de información y se infunda el miedo en la prensa, temor y autocensura por temor a lo que pueda ocurrir por informar con la verdad o la realidad de los hechos.
Golpes
 Carlos del CIDH-OEIDH:La actitud de la policía sigue siendo salvaje |
“Francisco López estaba en la acción de protección a los estudiantes, cuando observó que la Policía estaba agrediendo a la periodista de C-Libre, por lo que nuestro compañero se vio en la necesidad de intervenir para que la soltaran y la dejaran en libertad, pero cuando eso sucede la policía lo agrede a él con sus escudos y le rocían gas pimienta en su ojos, vale que él andaba anteojos y evitó que el daño fuera mayor”.
Del Cid denunció que la “actitud de la policía sigue siendo salvaje contra los defensores de los derechos humanos y eso es producto del dictamen que el Poder Judicial emitiera a través de la abogada Gallo, el 01 de junio de este año, al dejar en libertad a tres alto jefes policiales agresores y eso hace que toda la policía y toda la institucionalidad ahora piense que pueden agredir a los defensores de los derechos humanos y no tener ninguna consecuencia al respecto”, aseguró.
Según el defensor de los derechos humanos, el Gobierno perdió la vergüenza al realizar actos de represesión y violencia contra los defensores, precisamente en la visita que realiza al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (CIDH), “que vienen a avalar al régimen que actualmente está al frente”, concluyó.
Lea denuncia interpuesta ante el MP Aquí
Fiscalía de Protección no investigará ni judicializará casos de periodistas asesinados
Sunday, 29 July 2018 23:20 Written by Webmaster Published in Investigacion
En los últimos años Honduras se ha situado entre los
países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el mundo y el
problema que se agrava con el alto índice de impunidad que florece en
la nación. De 2001 a la fecha en este país centroamericano han asesinado
a 75 periodistas, el 95% (71 periodistas) cayeron abatidos por las
balas después del golpe de Estado que ejecutaron las Fuerzas Armadas,
apoyadas por políticos y empresarios para derrocar a Manuel Zelaya
Rosales.
Desde ese momento los reclamos han sido múltiples. Organismos
nacionales y extranjeros se han pronunciado para que se esclarezcan los
asesinatos, se condene a los asesinos y se investigue la enorme cantidad
de denuncias por amenazas, intimidaciones y atentados que presentaron
en la Fiscalía de los Derechos Humanos los periodistas y comunicadores
sociales, que la última década sintieron que sus vidas corrían peligro.
Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades y la
corrupción que impera en los órganos operadores de justicia, impiden
llegar a fondo en las investigaciones y castigar a los responsables de
los distintos crímenes.
Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo.
La clasificación mundial de libertad de prensa realizada para este
año, por la Organización, Reporteros sin Fronteras, destaca que la
impunidad en Honduras, “país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción”
desde el año 2009, provoca que los periodistas de los medios de la
oposición y alternativos estén sufriendo agresiones y amenazas de muerte
permanente, agresiones que en su mayoría provienen del mismo Estado, a
través de la Policía y el Ejército que salen a reprimir las
manifestaciones populares.
Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, el ex Fiscal General del Estado y ex aspirante
presidencial del Partido Liberal, Edmundo Orellana Mercado, consultado
por Pasos de Animal Grande sobre este tema, evitó referirse a la
impunidad de los asesinatos y muy alejado del problema, dijo que las
muertes de periodistas se deben analizar desde dos puntos de vista.
Muy distinta es la posición del Presidente del CPH, Dagoberto
Rodríguez, quien ha lamentado que la Fiscalía de Delitos contra la Vida
no le haya dado prioridad a la investigación y judicialización de los
asesinatos de periodistas y que por esa razón el país se encuentra en
situaciones muy difíciles, junto con México y Colombia con incidencias
altas de asesinatos de periodistas y con una alta impunidad de esos
crímenes.
Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.
Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.
Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.
Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.
El 8 de mayo de 2015 Honduras fue sometida al Examen Periódico
Universal,(EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), de allí surgieron 152 recomendaciones para diferentes áreas, incluida la libertad de expresión,
tema para el cual diversos países del mundo le pidieron al Estado de
Honduras aplicar medidas y ponerle fin a los asesinatos, las amenazas y
el hostigamiento contra los periodistas.
Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.
Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.
Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.
El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.
De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.
De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.
Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.
En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.
El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.
Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.
Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
Del total, el Conadeh envió al Sistema Nacional de Protección 9 casos
con sus respectivas solicitudes de protección a favor de 13 personas.
Tres se las presentó en la Secretaría de Seguridad para la
implementación de medidas de seguridad y dos fueron remitidas para
investigación al Comandante de la Policía Militar. Entre los agraviados
según Herrera Cáceres hay directores de medios, periodistas,
comunicadores sociales, camarógrafos y fotógrafos.
Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.
Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.
Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.
En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).
Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.
Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La gran mayoría de muertes y agresiones de periodistas está en la
impunidad y consideraron que la nueva entidad podía ser la oportunidad
que tendría el Ministerio Público para reivindicar a las víctimas y
combatir la impunidad, pero luego se dieron cuenta que no será así.
Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
No investigará muertos ni casos viejos
Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.
El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.
La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.
Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.
La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
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Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo.
Tabla de periodistas asesinados 2001-2017 |
Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Joaquín Mejía, Coordinador del ERIC.
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Para él, el gobierno ha cerrado los espacios de libre expresión y las personas que se atreven a desafiar este sistema se ven enfrentadas a la fuerza represiva, no solo del gobierno, sino de cualquier otro sector, económico o político. Con sus propias palabras este defensor de los derechos humanos asegura que “tomar un micrófono, una pluma, un ordenador, ponerse frente de una cámara y denunciar cualquier desviación de los poderes implica una situación de riesgo”.Pero lo que más lamenta Mejía, es que el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla, como cabeza del Ministerio Público, no les dé la importancia que merecen a las graves violaciones de los derechos humanos registradas en el marco del golpe de Estado y durante la crisis política electoral, donde muchos periodistas fueron alcanzados por la represión del Estado en contra de la población. Escenario al que en diciembre de 2015, se refirió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), que revela en su informe haber constatado la grave situación de inseguridad en la que trabajan los periodistas y comunicadores sociales, el contexto elevado de violencia y la falta de respuesta en las instituciones del Estado.
Edmundo Orellana Mercado, ex Fiscal General del Estado.
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Como ex Fiscal General, sabe que sin investigación difícilmente pueden determinarse las causas, pero afirma que, “hay quienes han muerto luego haber extorsionado a capos del crimen organizado y esa gente responde con la violencia y la crueldad y por otro lado, están los periodistas que por cumplir sus deberes o decir la verdad son objetos de persecución y de censura”.Como el tema no era ese, Pasos de Animal Grande, le formuló nuevamente la pregunta, y Orellana aclaró que por la amistad que mantiene con el actual y anteriores fiscales generales, no podía hablar abiertamente de la situación, pero aprovechó para tirarle flores a Chinchilla. “Yo lo que sí le podría decir es que este fiscal está saliendo muy bien”, refiriéndose a las acciones que el Ministerio Público realiza en coordinación con la Misión de Apoyo contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), trabajo que muchos se lo atribuyen Chinchilla. Pero una cosa es la corrupción y otra es la impunidad en la muerte de personas.
Dagoberto Rodríguez, Presidente del CPH.
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Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.
Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.
Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.
Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.
Mecanismo de protección
Ver infografia aquí |
Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.
Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.
Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.
El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.
De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.
De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.
Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.
En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.
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El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.
Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.
Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
Roberto Herrara Cáceres, Comisionado del Conadeh.
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Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.
Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.
Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.
En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).
La FEPRODDEHH
Mediante acuerdo FGR 002-2018 del 14 de marzo de 2018 la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH) y el 29 de mayo, dos meses después, nombraron jefe de esta nueva entidad, al abogado Gerry Yassar Valladares y a la abogada, Melissa Medina, como subjefa.Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.
Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Los resultados son mínimos y las expectativas enormes, hay quienes y entre ellos, el Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, que tiene fe en que esta nueva fiscalía ayudará a resolver los asesinatos de los periodistas y defensores de los derechos humanos, “Abrigamos una alta expectativa de que se resuelvan los casos de periodistas asesinados por que hay una alta impunidad”, dijo. A juicio de Rodríguez no deben seguir impunes las muertes violentas de los periodistas y se deben castigar también a los autores intelectuales.A su juicio los casos que no presentan mayor avance en la Fiscalía de Delitos contra la Vida deberían ser trasladados a la Fiscalía de Protección para hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares.
Lavarse la cara
Pero el periodista y defensor de los derechos humanos, Andrés Molina, no se traga el anzuelo y piensa que la cacareacada FEPRODDEHH no es más que otra de las instituciones que ha creado el gobierno para lavarse internacionalmente. Y como los organismos de la sociedad civil no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, Molina, quien forma parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) dice que por las publicaciones de los medios de comunicación se dieron cuenta el Ministerio Público había creado una Fiscalía Especial Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y que lo vieron bien.
Andrés Molina, periodista y defensor de los derechos humanos
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“nos preocupa que el Ministerio Público únicamente esté haciendo acciones de propaganda y no para combatir la impunidad, tienen los medios y presupuesto, pero no quieren tocar las estructuras del poder que han violado la libertad de expresión y los derechos humanos”, afirmó.Y Molina tiene razón, en la última década Honduras ha adquirido compromisos con diversos estados del mundo para mejorar la situación de los derechos humanos, pero hasta hoy solo se han implementado medidas cosméticas que no resuelven nada. Paralelo a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, más tarde fundaron el Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la Unidad de Muertes de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y hoy se suma la FEPRODDEHH, media docena de organismos, gastando presupuesto y ocupando espacio para sostener la impunidad.
Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
No investigará muertos ni casos viejos
Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.
El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.
La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.
Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.
La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
La CIDH impactada con los testimonios de víctimas de la crisis post electoral
Tegucigalpa.- Impactados por lo que está viviendo el país se mostraron los comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que realizan una visita in loco a Honduras.
La delegación, compuesta por siete Comisionados, estará en el país del 30 de julio al 3 de agosto, donde se reunirá con sectores del Gobierno, de la sociedad civil, víctimas y organizaciones de derechos humanos. Además harán visitas a varios lugares del interior del país y el día viernes ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer un informe preliminar de las conclusiones de su visita.
Previo a las reuniones con el Gobierno y sus visitas al interior del país, los siete comisionados se reunieron este domingo 29 de julio en el hotel Marriott de Tegucigalpa con familiares y víctimas de la crisis posterior al proceso electoral del 26 de noviembre del año anterior, donde fue reelecto de manera fraudulenta Juan Orlando Hernández.
Las familias dieron su testimonio a la delegación por lo que al finalizar la reunión el Comisionado y Relator de la CIDH para Honduras, Joel Hernández, señaló que “estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con ustedes, con su dolor y con el sufrimiento por el que han pasado, madres, viudas, esposas, maestros y periodistas. Ha sido hasta el momento esta sesión la más dramática de nuestra visita a Honduras, estamos llevándonos en pulso las secuelas de la crisis política, nos están haciendo ver a nosotros con sus testimonios todo lo doloroso, todo importantes”.
Así mismo agregó que “el Estado de Honduras tiene una enorme responsabilidad para reparar a las víctimas. Ese debe de ser el centro de nuestra atención y el centro de nuestra evaluación.
Quiero también hacer un reconocimiento especial a doña Berta, a su equipo del COFADEH y a CEJIL; los defensores y las defensoras son los héroes en esta tragedia y son gracias a ellos que ustedes pueden presentarse ante nosotros, ustedes los y las defensoras de derechos humanos son la voz de las víctimas y tienen todo el reconocimiento y el apoyo a de la comisión, añadió Hernández.
El relator de la CIDH para Honduras finalizó diciendo que es muy entendible este escepticismo que hay hacia los organismos internacionales, lo hemos escuchado en toda su cabalidad ciertamente todos los organismos internacionales tenemos limitaciones, porque al final la responsabilidad de la situación de derechos humanos compete a las autoridades y está en manos de las instituciones.
Los familiares y las víctimas viajaron de diversos sectores del país para ofrecer su testimonio a la delegación de la CIDH, quienes atentamente escucharon los relatos de 18 ciudadanos, que aún viven con las secuelas que les dejó la fuerte represión que se dieron contra los manifestantes que protestaron contra el fraude electoral.
Los representantes de la CIDH quedaron impactados, señaló Araminta Pereira, miembra del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, quien a la vez agregó que los Comisionados expresaron que Honduras no está sola, que está la comunidad internacional y la CIDH pendiente de lo que pasa en el país.Los jóvenes expresaron su deseo de marcharse del país porque temen por su vida, ya que esta es la única manera de salvarla, porque son víctima de seguimiento y amenazas por parte de policías y militares.
La madre de Gustavo Adolfo Cáceres, un joven que se manifestó en El Progreso, Yoro, por el fraude electoral, y quien se encuentra recluido desde diciembre pasado en el Centro Penal de esa ciudad, acusado por los delitos de portación ilegal de explosivos o material de guerra de uso prohibido y posesión para el tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras y la salud pública, le entregó una carta a los Comisionados para que hagan todo lo posible para que le devuelvan a su hijo.
También Noemí Matute, esposa de don Telmo Villareal, asesinado por militares el 20 de enero, día que iniciaba el paro nacional convocado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, entregó videos que captaron el momento en que la policía dispara en contra de los manifestantes, donde las balas alcanzaron a Villareal.
Cabe señalar que las entradas del lugar donde las víctimas se reunirían con la delegación de la CIDH estaban totalmente militarizadas para intentar obstaculizar el paso de las víctimas, cosa que no se logró porque iban acompañados de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, quien gracias a su rápida acción lograron pasar.
Así mismo la Policía Militar y del Orden Público no le permitía la a entrada a la al periodista César Silva, por lo que tuvo que intervenir el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, para lograr que Silva se presentara ante ese organismo internacional.
Lanza le preguntó a uno de los militares por qué no le permitía el ingreso al periodista, a lo que el militar respondió que tenían órdenes de no dejar pasar al periodista, por lo que el relator le dijo que “el señor tiene que informar lo que está pasando, si sólo pasamos lo que nos gusta, es autoritarismo”.
Las manifestaciones de protesta en todo el país contra el fraude electoral dejó como saldo 22 ciudadanos y ciudadanas acusados de daños, incendio, saqueo, uso de material explosivo de fabricación casera y “sedición”, un delito que se aplica a quienes atentan contra la seguridad del Estado, que a juicio de los familiares y de las organizaciones defensora de los derechos humanos es desproporcional e injusto, y por ende sitúa a los privados de libertad en condición de “presos políticos”.
Actualmente permanecen recluidos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; así como Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso, Yoro, y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara.
También más de un centenar resultaron con lesiones y heridas, las cuales aún padecen las secuelas del desproporcional ataque que fueron víctimas por parte de los elementos represores del estado, como ser la Policía Militar y del Orden Público y la Policía Nacional.
Un grupo de jóvenes que fueron víctimas de fuerte represión, detenidos y enviados presos, expresaron a la delegación de la CIDH su deseo de marcharse del país porque temen por su vida y que esta es la única manera de asegurarla, ya que son objetos de seguimiento y amenazas por parte de policías y militares.
El COFADEH registra al menos 34 personas asesinadas por los cuerpos represores del Estado, cuando salieron a manifestarse de manera pacífica en contra del fraude electoral a favor de Juan Orlando Hernández el pasado 26 de noviembre.
Foto: CEHPRODEC
Representantes de unas 35 organizaciones aglutinadas en la
Coalicion Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, CONROA,
realizaron una marcha de protesta y posterior plantón en Tegucigalpa, en
desacuerdo con la explotación de la mineria metálica que impulsa el
Gobierno del presidente Juan Orlando Hérnández.
Unas mil personas salieron del parque Benito Juárez en la colonia
Palmira de capital hondureña, para luego apostarse en una zona hotelera a
protestar con pancartas y consignas en contra de la extracción minera
en el país.
La protesta la realizaron frente a un hotel de la capital en donde se realizó el IV Congreso Minero, los dias 18 al 20 de julio del presente año, el cual fue auspiciado por la Universidad Politecnica de Ingenieria, UPI y apoyados por la Secretaría del Ambiente, Instituto Nacional de Geología, Minas e Hidrocarburos, Ihgeomin, la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anamih), entre otras entidades.
Los manifestantes permanecieron frente al hotel por más de una hora, tiempo durante el cual, líderes campesinos e indígenas, fustigaron la minería a cielo abierto, por considerarse dañina a los recursos naturales y a la poblacion.
Posteriormente se dirigieron a las cercanías del edificio del Congreso Nacional en donde los manifestantes entregaron a los diputados, una peticion para eliminar la minería metálica y a cielo abierto en el país, como lo hizo ya Costa Rica y El Savador, en Guatemala ya se está en ese proceso, señalaron los afectados.
En vista de que no había parlamentarios en la Cámara Legislativa, los miembros de la Coalición nombraron a una comisión que entregará la propuesta, proximamente, indicaron.
"Los pobladores de Azacualpa exigimos a la empresa Aura Mineral que respete el deseo de no explotación del cerro el Cementerio, respete la memoria de los ancestros de la comunidad", proclamaron los pobladores de Azacualpa en un comunicado de prensa que circuló durante la protesta.
La compañía es denunciada por los pobladores de Azacualpa de estar profanando la tumba de sus ancestros, por lo cual se oponen a que la empresa realice excavaciones en el sector.
A la marcha asistieron representantes de la sociedad civil, grupos organizados y pueblos indígenas de todos los departamentos de Honduras.
En la protesta y en el plantón, acusaron de que la empresa minera está realizando un "desplazamiento forzoso, la destrucción de los medios de vida, violación de los derechos humanos, contaminación ambiental, desaparición de fuentes de agua y hasta la muerte" de personas que protegen el medio ambiente.
"La vida vale más que el oro", "Mineros déjennos en paz", “No queremos minería a cielo abierto”, “Alto a la minería”, “Fuera la minería”, decían parte de las pancartas que llevaban los manifestantes.
Se conoció por parte de los ambientalistas que la empresa explota metal precioso desde hace más de diez años en esa zona de Honduras, y realizan acciones para antener divididos a los pobladores de Azacualpa, unos a favor y otros en contra de la minera, la cual prometió construir entre otras cosas, obras comunales.
Rechazaron a la empresa minera por considerarla la causante de daños ambientales y al cementerio de la comunidad, tras el hallazgo de un yacimiento de oro.
Los manifestantes también brindaron tributo a través de una pancarta a Berta Cáceres, la dirigente indígena que fue asesinada en marzo del 2016 por su lucha contra la construcción de una represa en Agua Zarca y hasta la fecha no se ha castigado a los autores intelectuales del vil crimen.
La protesta la realizaron frente a un hotel de la capital en donde se realizó el IV Congreso Minero, los dias 18 al 20 de julio del presente año, el cual fue auspiciado por la Universidad Politecnica de Ingenieria, UPI y apoyados por la Secretaría del Ambiente, Instituto Nacional de Geología, Minas e Hidrocarburos, Ihgeomin, la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anamih), entre otras entidades.
Los manifestantes permanecieron frente al hotel por más de una hora, tiempo durante el cual, líderes campesinos e indígenas, fustigaron la minería a cielo abierto, por considerarse dañina a los recursos naturales y a la poblacion.
Posteriormente se dirigieron a las cercanías del edificio del Congreso Nacional en donde los manifestantes entregaron a los diputados, una peticion para eliminar la minería metálica y a cielo abierto en el país, como lo hizo ya Costa Rica y El Savador, en Guatemala ya se está en ese proceso, señalaron los afectados.
En vista de que no había parlamentarios en la Cámara Legislativa, los miembros de la Coalición nombraron a una comisión que entregará la propuesta, proximamente, indicaron.
"Los pobladores de Azacualpa exigimos a la empresa Aura Mineral que respete el deseo de no explotación del cerro el Cementerio, respete la memoria de los ancestros de la comunidad", proclamaron los pobladores de Azacualpa en un comunicado de prensa que circuló durante la protesta.
La compañía es denunciada por los pobladores de Azacualpa de estar profanando la tumba de sus ancestros, por lo cual se oponen a que la empresa realice excavaciones en el sector.
A la marcha asistieron representantes de la sociedad civil, grupos organizados y pueblos indígenas de todos los departamentos de Honduras.
En la protesta y en el plantón, acusaron de que la empresa minera está realizando un "desplazamiento forzoso, la destrucción de los medios de vida, violación de los derechos humanos, contaminación ambiental, desaparición de fuentes de agua y hasta la muerte" de personas que protegen el medio ambiente.
"La vida vale más que el oro", "Mineros déjennos en paz", “No queremos minería a cielo abierto”, “Alto a la minería”, “Fuera la minería”, decían parte de las pancartas que llevaban los manifestantes.
Se conoció por parte de los ambientalistas que la empresa explota metal precioso desde hace más de diez años en esa zona de Honduras, y realizan acciones para antener divididos a los pobladores de Azacualpa, unos a favor y otros en contra de la minera, la cual prometió construir entre otras cosas, obras comunales.
Rechazaron a la empresa minera por considerarla la causante de daños ambientales y al cementerio de la comunidad, tras el hallazgo de un yacimiento de oro.
Los manifestantes también brindaron tributo a través de una pancarta a Berta Cáceres, la dirigente indígena que fue asesinada en marzo del 2016 por su lucha contra la construcción de una represa en Agua Zarca y hasta la fecha no se ha castigado a los autores intelectuales del vil crimen.
Relator de Libertad de Expresión de la CIDH demanda protección e investigación de amenazas contra comunicadores
Como
parte de la visita in loco que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH realiza al país, Radio Progreso tuvo la visita del Relator
Especial Libertad de Expresión, Edison Lanza que se hizo acompañara
también de María Soledad Pazo de la Oficina del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nos parecía que había que salir de
Tegucigalpa y tomar contacto con una radio que tiene un papel tan
importante y que ha estado bajo amenaza, que ha estado bajo riesgo. Por
lo tanto, esta visita tiene el doble propósito: de recibir información y
también de mostrar nuestra solidaridad con la radio” dijo Lanza.
En su visita a las instalaciones de
Radio Progreso en El Progreso, Yoro, el Relator sostuvo reuniones con el
personal para conocer más detalles sobre las amenazas y sabotajes de la
que es objeto la emisora. Lanza también sostuvo un conversatorio con
periodistas y corresponsales.
“Hay que reconocer la creación de un
mecanismo, la puesta en funcionamiento de un mecanismo de protección es
muy importante pero hemos visto una cantidad de periodistas que han
reportado amenazas, si bien algunos tiene mecanismo de protección lo
importante es que esas medidas sean efectivas y sobre todo que se
investiguen esas amenazas” dijo Lanza.
El Relator Especial Libertad de
Expresión, Edison Lanza (EL) hizo un espacio en su apretada agenda para
dialogar con Radio Progreso (RP)
Bienvenido, y muchas gracias por concedernos esta entrevista
Muchas gracias, el gusto es mío. Estamos
en una visita en terreno evaluando la situación de Derechos Humanos y
Libertad de Expresión aquí en Honduras. Es un gusto compartir con
ustedes.
¿Cómo va la visita al país?
Pues bien en términos de lo que se había
programado. Hemos mantenido reuniones con diferentes actores sociales y
organizaciones de Derechos Humanos, también con las autoridades del
Estado, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio
Público, con quienes tienen que dar una respuesta ante la situación de
Derechos Humanos. Y en este martes y miércoles estamos distribuidos en
grupos visitando distintas zonas del país afectadas por la situación de
vulneración a derechos fundamentales.
¿Qué les preocupa de lo que ahora se vive en Honduras?
En materia de la posibilidad de ejercer
la Libertad de Expresión hay distintas dimensiones que evaluamos y que
nos parece que hay problemáticas presentes en Honduras, algunas de ellas
estructurales que se arrastran desde nuestras anteriores visitas y
otras que se han recrudecido en el contexto de esta crisis electoral.
¿Cómo cuáles?
De las cuestiones más estructurales que
siguen presentes, y como son instrumentos que no se han modificado
pueden ser utilizados en cualquier momento y de hecho estamos recibiendo
información que efectivamente se utilizan, están las figuras penales
como la difamación, la injuria, en fin otras figuras, algunos proyectos
de ley que están considerando el Congreso y que de algún modo son
amenazas para el ejercicio de la Libertad de Expresión porque de algún
modo pueden ser utilizadas, y de hecho son utilizadas, para someter a
procesos penales a voces críticas, a voces disidentes o quienes
denuncian violaciones a los Derechos Humanos o reclaman por la
protección de los derechos de los territorios, etc.
¿Qué implica un proceso penal?
Es someter a alguien al estrés de tener
que, en definitiva, probar que su actuación y su expresión son
legítimas, algo que cuando se trata de interés público no debería
dilucidarse en el derecho penal sino que en otras instancias. Varios
periodistas y defensores de Derechos Humanos nos han referido y hemos
documentado que se les ha abierto procesos por estas cuestiones. Si a
esto agregamos que se podrían aprobar leyes para regular las expresiones
en las redes sociales, eso es un enorme riesgo, es un gravísimo riesgo
para una Democracia porque todos sabemos en qué terminan las figuras
vagas, las figuras penales, terminan en criminalización.
¿Cuál es su opinión de la violencia que sufre el gremio periodístico y los defensores de Derechos Humanos en Honduras?
Evidentemente es necesario un ambiente
de seguridad y libre de amenazas para ejercer la Libertad de Expresión,
sino es así, se convierte en un elemento que puede ocultarse por parte
de las autoridades o por los autores de la violencia, y en definitiva
todos sabemos que genera restricciones a la Libertad de Expresión.
¿Qué opina de la puesta en marcha en el país de un Mecanismo
de Protección a periodistas, comunicadores sociales, operadores de la
justicia?Hay que reconocer la creación de un mecanismo, la puesta en funcionamiento de un mecanismo de protección es muy importante pero hemos visto una cantidad de periodistas que han reportado amenazas, si bien algunos tiene mecanismo de protección lo importante es que esas medidas sean efectivas y sobre todo que se investiguen esas amenazas.
¿Por qué usted decide venir a las instalaciones de Radio Progreso?
La Relatoría tiene cuatro, cinco objetivos en esta visita. Vamos a visitar a quienes tienen las obligaciones de proteger, de investigar todas estas situaciones que hemos hablado antes, y luego entrar en contacto directo con periodistas y medios de comunicación. Nos parecía que había que salir de Tegucigalpa y tomar contacto con una radio que tiene un papel tan importante y que ha estado bajo amenaza, que ha estado bajo riesgo. Por lo tanto, esta visita tiene el doble propósito: de recibir información y también de mostrar nuestra solidaridad con la radio.
¿Qué sensaciones va sintiendo en esta visita que culmina el viernes?
Me parece que es un país que está profundamente dividido, que es un país en el que hay dos ópticas que son totalmente distintas de lo que es la situación del país y de lo que pasó en los últimos meses. Para unos, es un país que está espectacular, creciendo, desarrollándose, y para otros, es un país que tiene una crisis institucional, democrática y de garantías institucionales graves. El país tiene que encontrar un diálogo porque realmente cuando hay dos visiones tan radicalmente diferente de un país es porque no se tiene un diagnóstico certero de lo que está pasando.
¿Cuál es su mensaje al pueblo hondureño?
Un mensaje de mucho cariño, nos parece que, pese a los difíciles momentos que han atravesado, que es un pueblo alegre, que es un pueblo que está dispuesto a levantarse y mirar hacia adelante. Yo creo que no hay nadie acá que no tenga la disposición a una reconciliación y a una Democracia. Pero una Democracia tiene que ser inclusiva, no puede ser una Democracia de unos pocos, tiene que ser una Democracia en la que todos los actores sientan esa seguridad de que puedan expresarse, que puedan construir opciones sociales y políticas y que pueden, de algún modo, participar en los debates.
Muy honrados y muy agradecidos con su presencia en Radio Progreso, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, los felicito por las instalaciones y la calidad de periodismo que hacen.
Policías ataca la libertad de prensa y arremete contra periodista en Honduras
Hacer
un periodismo independiente en Honduras es señal de hostigamiento de
parte de los elementos policiales. El turno le tocó a la periodista
Gissel Grandez que realiza su práctica profesional en el periódico
digital Conexihon.hn, ella daba cobertura periodística a una protesta de
los estudiantes universitarios en Tegucigalpa, en contra el aumento a
las tarifas del transporte público.
Gissel quien hacía una transmisión de
Facebook Live se vio acosada por un grupo de policías que salieron al
ataque al ver que la periodista estaba grabando desde su celular. “Me
está agrediendo el policía”, gritaba Grandez, mientras que los policías
de forma violenta expresaban ¡zámpenle gas; quítenle la máscara! Los
agentes se comportaron de una forma salvaje y fuera de orden.
El gas lacrimógeno es utilizado por los
elementos policiales en cada acción de protesta que hace la ciudadanía, y
por esa razón Gissel como medida de protección utilizaba una máscara
antigás.
Javier López, coordinador académico de
la escuela de periodismo de la UNAH, condenó la actitud de la policía.
“Es una violación muy fuerte a la libertad de expresión y de prensa. Nos
sentimos más afectados porque es una estudiante nuestra que se
encuentra en el estatus de practicante profesional en el periódico
digital Conexión.hn”.
La Secretaría de Estado en el Despacho
de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha emitido un comunicado
que declara: “con instrucciones del Alto Mando Policía, se ordenó la
investigación de los hechos para determinar el grado de abuso y deducir
la responsabilidad de los agentes participantes”.López, agregó que “no
se puede permitir que el trabajo del periodista este siendo
criminalizado y torturado”.
Eddy Tabora, director del Comité por la
Libre Expresión, C-Libre, señaló que no se puede seguir con más
agresiones contra periodistas que están haciendo su trabajo, llamó a
decir un basta ya a las agresiones a los comunicadores sociales.
Este día, organizaciones sociales
interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público. Yessica Trinidad,
Coordinador de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de los Derechos
Humanos, denunció los actos de misoginia y de mofa por parte de la
policía nacional y los antimotines contra una defensora de derechos
humanos.
“Consideramos que no es posible que el
Estado de Honduras siga viéndonos la cara a los defensores de derechos
humanos con una doble moral, por un lado, invita Comisión Interamericana
de Derechos Humanos CIDH, para que venga registrar la situación del
país, y por otro maltrata, persigue y condena a quienes en legítimo
derecho hacen su trabajo”, indicó Trinidad.
Sobre las violaciones contra los
periodistas y los defensores de derechos humanos en el país, Radio
Progreso recibió al Relator Especial Libertad de Expresión, Edison
Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien
se refirió al tema.
“Evidentemente es necesario un
ambiente de seguridad y libre de amenazas para ejercer la Libertad de
Expresión, sino es así, se convierte en un elemento que puede ocultarse
por parte de las autoridades o por los autores de la violencia, y en
definitiva todos sabemos que genera restricciones a la Libertad de
Expresión”, dijo Lanza.
Antes de que sucediera la agresión
contra Gissel, al medio de comunicación UNE TV, no le permitieron el
ingreso a un evento de la Secretaría de Salud debido a instrucciones de
la primera dama Ana García de Hernández.
Las amenazas a los periodistas son
latentes bajo un régimen ilegal que no garantiza las libertades
democráticas y busca muchas veces callar a la prensa como lo pretendía
hacer con el artículo 335-B del Código Penal en criminalizar a los
periodistas coartando la libertad de expresión, han denunciado en
reiteradas ocasiones organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Foto: laprensa.hn
Las feministas hondureñas denunciaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH que en el país hay un Estado
militarizado, represor y misógino cuya política de los últimos años
parece ser la despreocupación por la muerte violenta de las mujeres.
La CIDH se encuentra en Honduras desde el 30 de julio de 2018 y ha
entablado reuniones con diversos sectores de la sociedad hondureña y el
Estado de Honduras a través de distintas instituciones como parte de la
visita in loco sobre la cual hará un informe con recomendaciones.
Según las feministas el Instituto Nacional de la Mujer, ente que fue creado por la presión de las mujeres organizadas, actualmente “se encuentra cooptado políticamente, al servicio de intereses políticos partidarios, con una Dirección ineficiente que no ha podido presentar resultados concretos sobre la Política Nacional de la Mujer de la que es ente rector y mucho menos se ha posicionado pública y políticamente sobre los femicidios y la violencia contra las mujeres, a pesar de las elevadas cifras que requerirían su intervención”.
Demandaron de este organismo que se pronunciesobre la grave problemática de violencia hacia las mujeres y los femicidios, mismos que constituyen actualmente uno de los más graves problemas de seguridad a nivel nacional y que sigue arrojando cifras alarmantes en relación a América Latina, exhortando al Estado de Honduras a dirigir esfuerzos concretos para la erradicación de los femicidios.
El comunicado emitido está firmado por la Plataforma 25 de Noviembre; Somos Muchas; Coalición Todas y Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, este es el texto íntegro:
Comunicado de feministas hondureñas ante la visita de la CIDH
Nosotras, feministas hondureñas, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos pronunciamos de la siguiente manera:
1.-Denunciamos a un Estado militarizado, represor y misógino cuya política de los últimos años parece ser la despreocupación por la muerte violenta de las mujeres. De acuerdo al Observatorio de la violencia el número de femicidios desde el año 2005 al 2017 suman más de 5,000 víctimas documentando para el año 2017 389 casos, sin contar las muertes no registradas por Medicina Forense. De este total, la población con mayor vulnerabilidad son las jóvenes entre 15 a 24 años (30%), mientras que las niñas con edades entre 00 a 19 años constituyen un porcentaje importante de afectación (20.6%). A esta cifra se le agregan los datos recabados por organizaciones de mujeres que de enero a mayo de 2018 registrábamos más de 160 muertes violentas de mujeres y femicidios.
2.-Según las evidencias disponibles, Honduras sigue teniendo uno de los más altos índices en materia de VCMN y femicidios. Los Juzgados de Paz y Letras indican que en un período de 10 años las denuncias de violencia doméstica aumentaron en un 390.5%, quedando más de la mitad de las denuncias caducadas (54%).
3.-De acuerdo a investigaciones recientes, un factor importante en el análisis sobre femicidios y muertes violentas de mujeres son los índices de impunidad, ya que de acuerdo a datos del Ministerio Público, desde el año de aprobación del artículo 118-A para la inclusión en el Código Penal del delito de femicidio (2013) se han investigado 29 casos, 17 por muerte violenta de mujeres y 12 por tentativa de femicidio, con una condena registrada en el periodo. Los femicidios siguen creciendo y acumulándose, sin que sus asesinos sean juzgados. Recordamos también que en muchos de estos casos, la muerte es precedida por el secuestro, el rapto, la violación y la tortura.
4.-El Observatorio Político de las Mujeres registró entre noviembre de 2017 y enero de 2018, aproximadamente 40 casos de agresiones violentas hacia mujeres hacia mujeres, en el marco de la crisis post-electoral, siendo los principales agresores identificados la Policía Militar (64%) y la Policía Nacional (21%), sin que hasta la fecha exista una responsabilidad estatal de este uso excesivo de la fuerza.
5.-Denunciamos la total y absoluta prohibición del aborto, así como la penalización de la anticoncepción de emergencia, siendo el único país de América Latina que tiene esta restricción. Por otra parte, la penalización del aborto afecta y criminaliza a las mujeres más pobres y las coloca en condiciones de riesgo cada vez mayores para su salud y su vida.
6.-Denunciamos a un Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ente creado a partir de las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres y feminista, no responde desde hace mucho tiempo a las demandas y sentires de las mujeres hondureñas. El INAM se encuentra cooptado políticamente, al servicio de intereses políticos partidarios, con una Dirección ineficiente que no ha podido presentar resultados concretos sobre la Política Nacional de la Mujer de la que es ente rector y mucho menos se ha posicionado pública y políticamente sobre los femicidios y la violencia contra las mujeres, a pesar de las elevadas cifras que requerirían su intervención.
2.-Apelamos al seguimiento de las recomendaciones de la CIDH en materia de mujeres, coincidiendo con diversas teóricas feministas quienes proponen el término de “femigenocidio” para expresar la realidad por la que atraviesa el país desde hace muchos años y hacemos responsable al Estado de Honduras por la impunidad en la que se encuentran y la falta de interés en la resolución de las muertes violentas de mujeres y/o femicidios.
3.-Que la Comisión se pronuncie sobre las agresiones contra mujeres en el marco del período electoral y la crisis post-electoral desde un enfoque diferenciado de género, demandando al Estado de Honduras la investigación criminal de estas agresiones y la judicialización de los agresores, aun siendo actores de la Policía Militar y policial.
4.-Exhortar al Estado de Honduras para la socialización con sociedad civil de la Ley del uso de la fuerza, de la cual tenemos conocimiento que existe, pero que únicamente se ha divulgado con las fuerzas de seguridad del país. Siendo las organizaciones de derechos humanos las más afectadas por el uso excesivo de la fuerza por cuerpos militares y policiales, es sumamente preocupante que el Estado no haya socializado dicha propuesta de Ley.
5.-Pronunciarse sobre la prohibición absoluta del aborto y la penalización de la anticoncepción de emergencia (PAE), solicitando al Estado de Honduras la despenalización del aborto por tres causales.
6.-Investigar y pronunciarse sobre la situación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) solicitando al Poder Ejecutivo informes de desempeño que den respuesta a las necesidades e intereses de las mujeres a nivel nacional, así como la evaluación y actualización del cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer y su II Plan de Igualdad y Equidad de Género.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 30 días del mes de julio de 2018
Según las feministas el Instituto Nacional de la Mujer, ente que fue creado por la presión de las mujeres organizadas, actualmente “se encuentra cooptado políticamente, al servicio de intereses políticos partidarios, con una Dirección ineficiente que no ha podido presentar resultados concretos sobre la Política Nacional de la Mujer de la que es ente rector y mucho menos se ha posicionado pública y políticamente sobre los femicidios y la violencia contra las mujeres, a pesar de las elevadas cifras que requerirían su intervención”.
Demandaron de este organismo que se pronunciesobre la grave problemática de violencia hacia las mujeres y los femicidios, mismos que constituyen actualmente uno de los más graves problemas de seguridad a nivel nacional y que sigue arrojando cifras alarmantes en relación a América Latina, exhortando al Estado de Honduras a dirigir esfuerzos concretos para la erradicación de los femicidios.
El comunicado emitido está firmado por la Plataforma 25 de Noviembre; Somos Muchas; Coalición Todas y Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, este es el texto íntegro:
Comunicado de feministas hondureñas ante la visita de la CIDH
Nosotras, feministas hondureñas, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos pronunciamos de la siguiente manera:
1.-Denunciamos a un Estado militarizado, represor y misógino cuya política de los últimos años parece ser la despreocupación por la muerte violenta de las mujeres. De acuerdo al Observatorio de la violencia el número de femicidios desde el año 2005 al 2017 suman más de 5,000 víctimas documentando para el año 2017 389 casos, sin contar las muertes no registradas por Medicina Forense. De este total, la población con mayor vulnerabilidad son las jóvenes entre 15 a 24 años (30%), mientras que las niñas con edades entre 00 a 19 años constituyen un porcentaje importante de afectación (20.6%). A esta cifra se le agregan los datos recabados por organizaciones de mujeres que de enero a mayo de 2018 registrábamos más de 160 muertes violentas de mujeres y femicidios.
2.-Según las evidencias disponibles, Honduras sigue teniendo uno de los más altos índices en materia de VCMN y femicidios. Los Juzgados de Paz y Letras indican que en un período de 10 años las denuncias de violencia doméstica aumentaron en un 390.5%, quedando más de la mitad de las denuncias caducadas (54%).
3.-De acuerdo a investigaciones recientes, un factor importante en el análisis sobre femicidios y muertes violentas de mujeres son los índices de impunidad, ya que de acuerdo a datos del Ministerio Público, desde el año de aprobación del artículo 118-A para la inclusión en el Código Penal del delito de femicidio (2013) se han investigado 29 casos, 17 por muerte violenta de mujeres y 12 por tentativa de femicidio, con una condena registrada en el periodo. Los femicidios siguen creciendo y acumulándose, sin que sus asesinos sean juzgados. Recordamos también que en muchos de estos casos, la muerte es precedida por el secuestro, el rapto, la violación y la tortura.
4.-El Observatorio Político de las Mujeres registró entre noviembre de 2017 y enero de 2018, aproximadamente 40 casos de agresiones violentas hacia mujeres hacia mujeres, en el marco de la crisis post-electoral, siendo los principales agresores identificados la Policía Militar (64%) y la Policía Nacional (21%), sin que hasta la fecha exista una responsabilidad estatal de este uso excesivo de la fuerza.
5.-Denunciamos la total y absoluta prohibición del aborto, así como la penalización de la anticoncepción de emergencia, siendo el único país de América Latina que tiene esta restricción. Por otra parte, la penalización del aborto afecta y criminaliza a las mujeres más pobres y las coloca en condiciones de riesgo cada vez mayores para su salud y su vida.
6.-Denunciamos a un Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ente creado a partir de las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres y feminista, no responde desde hace mucho tiempo a las demandas y sentires de las mujeres hondureñas. El INAM se encuentra cooptado políticamente, al servicio de intereses políticos partidarios, con una Dirección ineficiente que no ha podido presentar resultados concretos sobre la Política Nacional de la Mujer de la que es ente rector y mucho menos se ha posicionado pública y políticamente sobre los femicidios y la violencia contra las mujeres, a pesar de las elevadas cifras que requerirían su intervención.
- En base a estos motivos, solicitamos respetuosamente, a la Comisión:
2.-Apelamos al seguimiento de las recomendaciones de la CIDH en materia de mujeres, coincidiendo con diversas teóricas feministas quienes proponen el término de “femigenocidio” para expresar la realidad por la que atraviesa el país desde hace muchos años y hacemos responsable al Estado de Honduras por la impunidad en la que se encuentran y la falta de interés en la resolución de las muertes violentas de mujeres y/o femicidios.
3.-Que la Comisión se pronuncie sobre las agresiones contra mujeres en el marco del período electoral y la crisis post-electoral desde un enfoque diferenciado de género, demandando al Estado de Honduras la investigación criminal de estas agresiones y la judicialización de los agresores, aun siendo actores de la Policía Militar y policial.
4.-Exhortar al Estado de Honduras para la socialización con sociedad civil de la Ley del uso de la fuerza, de la cual tenemos conocimiento que existe, pero que únicamente se ha divulgado con las fuerzas de seguridad del país. Siendo las organizaciones de derechos humanos las más afectadas por el uso excesivo de la fuerza por cuerpos militares y policiales, es sumamente preocupante que el Estado no haya socializado dicha propuesta de Ley.
5.-Pronunciarse sobre la prohibición absoluta del aborto y la penalización de la anticoncepción de emergencia (PAE), solicitando al Estado de Honduras la despenalización del aborto por tres causales.
6.-Investigar y pronunciarse sobre la situación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) solicitando al Poder Ejecutivo informes de desempeño que den respuesta a las necesidades e intereses de las mujeres a nivel nacional, así como la evaluación y actualización del cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer y su II Plan de Igualdad y Equidad de Género.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 30 días del mes de julio de 2018
Siguiendo la pista del dinero en América Latina
Por: Roberto de Michele*
La
cantidad de dinero proveniente del delito que se lava en sociedades
fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son
aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es
lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no
tiene bandera, pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.
El
dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a
muchos niveles. Para los gobiernos, es una cuestión que abarca desde la
transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen
vehículos corporativos para todo tipo de delitos. Para el sector privado
que exige legalidad, es muy complejo identificar sus competidores son
criminales que utilizan empresas para lavar activos de actividades
ilegales. Como dicen los estudios de Carlo Gambetta sobre la mafia como
organización criminal empresarial, a la larga no puedes competir con
alguien que no necesita un crédito para financiarse.
Los beneficiarios detrás del crimen
En
los últimos meses, se han aprobado en nuestra región dos declaraciones
importantes en materia de transparencia e integridad. El primero es el
documento Acción para el Crecimiento adoptado por el Diálogo Empresarial
de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en
Lima. Casi al mismo tiempo y en la puerta de al lado, la Cumbre de las
Américas de la Organización de Estados Americanos aprobaba una
declaración para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
Hay
un tema en especial que contienen estos documentos: el de beneficiarios
finales —o sea, las personas físicas o naturales que verdaderamente
controlan una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación… —. En
los casos de crímenes financieros, el beneficiario final es la persona
que se esconde detrás de sociedades y estructuras pantalla en donde se
“legaliza” el dinero proveniente de actividades ilícitas. Regular la
información sobre los beneficiarios finales es una medida fundamental
para incrementar los costos de ocultar el dinero del crimen.
La importancia del compromiso público y privado
La
comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes,
regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre
los beneficiarios finales es indispensable para combatir la evasión
fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del
terrorismo. Los estándares más aceptados, los del Grupo de Acción
Financiera y los de la OCDE de transparencia fiscal, requieren que los
países establezcan criterios para definir adecuadamente a los
beneficiarios finales y mecanismos para que las entidades responsables
puedan acceder a esta información debidamente.
Nota relacionada Gobiernos deben ir tras dinero para combatir crimen transnacional metido ahora en minería y tala de bosques
Justamente,
ése es la decisión que tomaron los representantes del sector privado y
de los gobiernos presentes en las cumbres de Lima. Por el lado político,
los países suscriptores del Compromiso de Lima reconocieron la
necesidad de implementar políticas para la identificación de los
beneficiaros finales. En el caso del Dialogo Empresarial, la
recomendación del sector privado fue la necesidad de establecer
políticas y mecanismos para identificar los beneficiarios finales Los
registros de beneficiarios finales ya existen en muchos países de manera
pública y gratuita, como en el Reino Unido, Dinamarca o Ucrania. Desde
hace varios años, el G-8, el G-20 y el B-20 vienen abogando por la
transparencia de los beneficiarios finales. Pero que en América Latina
empiece a haber un fuerte compromiso público y privado en torno al tema
no es como para pasar desapercibido.
Radiografía de América Latina: De acuerdo en el desacuerdo
En
América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de
identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría
de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones legales
varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares
internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países
tienen espacios para mejorar su normativa y su cumplimiento.
El
BID ha contribuido a este proceso ofreciendo aportes técnicos a la
Cumbre de las Américas en este y otros temas de transparencia, así como
al dialogo empresarial. Asimismo, hemos publicado un estudio donde
analizamos concretamente qué puede hacer cada país de la región para
fortalecer la identificación de beneficiarios finales. Este documento
explica el concepto de beneficiario final, describe los estándares en la
materia que deben seguir los países, y detalla las calificaciones
relativas a las leyes y regulaciones que recibieron los 26 países
prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las evaluaciones
del GAFI y del Foro Global. Además, se analizan las definiciones de
beneficiario final que están en uso en los 26 países e identificamos
cuanto se diferencian de los estándares internacionales.
Que
empresarios y gobiernos, casi simultáneamente, se comprometan a
trabajar para lograr una reforma que involucra a ambos sectores no es
sólo indicativo de cómo de urgente es la medida, sino que es la única
esperanza de que una reforma así llegue a buen puerto. La experiencia
nos ha enseñado que las reformas de transparencia requieren siempre de
un acuerdo político para definir cuáles son las reglas de juego, y de un
compromiso privado de jugar conforme a esas normas.
En la lucha contra el crimen, la transparencia mete a todos en el baile.
*Roberto
de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la
Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la
División de Innovación para servir al Ciudadano del BID.
Más del 99 % de las agresiones contra periodistas en Honduras permanecen en impunidad
Las agresiones contra la prensa se registran únicamente en los regímenes dictatoriales
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-En
la impunidad permanecen más de 255 denuncias de agresiones contra
periodistas, presentadas ante el Ministerio Público desde 2015 a la
fecha.
Las
denuncias han sido presentadas contra los órganos de seguridad del
Estado y en su mayoría se han producido cuando los periodistas y
comunicadores sociales se encontraban dando coberturas a protestas.
Noticia Relacionada: Reporteros sin Fronteras ubica nuevamente a Honduras como uno de los peores países para ejercer el periodismo
El
director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre) Edy Tábora,
detalló que dicha organización ha presentado desde el 2015 a la fecha,
255 denuncias, de las cuales solo a dos se les ha dado seguimiento a
partir de la semana pasada, lo que implica que más del 99 % de los casos
sigue en impunidad.
Tábora
apuntó que la impunidad también se ha producido con los casos que
fueron denunciados desde el 2003 hasta abril del 2015, que se estiman en
al menos 1.400. Sin embargo, aclaró que muchos casos ni tan siquiera
están registrados en el Ministerio Público.
Enfatizó que las agresiones aumentaron a raíz del golpe de Estado de 2009.
El
defensor de los derechos humanos, particularizó que en enero pasado
durante la crisis post electoral C-Libre presentó dos denuncias contra
agresiones contra periodistas del canal UNETV y que los acciones contra
la prensa han seguido aumentando a partir de abril pasado con 15 casos
más, cuatro de ellos reportados en las últimas dos semanas.
“Esto
es sumamente grave”, dijo Tábora al salir de las oficinas del
Ministerio Público, luego de presentar una nueva denuncia penal contra
agentes de la Policía Nacional que el miércoles agredieron física y
verbalmente a la estudiante de periodismo, Grissel Grandez, mientras
daba cobertura a una protesta de estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Durante el mismo incidente, también fue agredido
el fotógrafo, Emilio Flores, quien labora en diario El Heraldo.
En
virtud que hoy se presentaron las pruebas de la agresión, Tábora
consideró que el Ministerio Público debería estar emitiendo los
requerimientos fiscales contra los agresores, esta misma semana.
Para
el defensor de los derechos humanos, los ataques a la prensa tienen el
mismo patrón, ya que además de las agresiones físicas, los policías y
militares se roban el equipo. “¿Qué implica esto?, se preguntó al
responderse: “que la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas,
no quieren que se divulgue información de determinados temas,
incluyendo temas de derechos humanos, temas de corrupción y temas de
criminalidad organizado”.
Amplió
que los ataques a la prensa también contabilizan más de 70 asesinatos
registrados desde el 2003 a la fecha. Asimismo, obstrucción a la
cobertura periodística y cierres de medios.
De
momento los policías y miliares, están agrediendo física y verbalmente a
los periodistas y les están robando el equipo, pero Tábora no descarta
que si no se toman los correctivos del caso, los agentes del orden
terminarán asesinando a los miembros de la prensa en plena labor de
cobertura.
El
director de C-Libre finalizó diciendo que las agresiones contra los
comunicadores sociales son muy simbólicas porque “cuando se ataca a la
prensa es que el poder político no quiere que se le cuestione
absolutamente nada, son expresiones, en este caso de dictaduras”.
En
abril pasado, la organización mundial, Reporteros Sin Fronteras (RSF),
ubicó nuevamente a Honduras en su informe “Clasificación Mundial de la
Libertad de prensa 2018”, como uno de los peores países para el
ejercicio del periodismo.
El
estudio, que analiza las condiciones de la libertad de expresión, situó
a Honduras en el lugar 141 de 180 países alrededor del mundo, cayendo
un punto con respecto al año pasado que lo posesionó en el lugar 140.
Inmigrantes en un limbo
EE.UU. retiene a 711 niños migrantes sin sus familias
Un juez define si el gobierno violó el plazo para entregarlos a sus padres.
sábado, 28 julio 2018 - El Paìs uy
Con
más de 1.800 niños migrantes entregados a sus padres y 700 aún en
custodia de las autoridades de Estados Unidos, un juez definía
anoche si el gobierno de Donald Trump cumplió o no con la orden judicial
de reunir a las familias separadas en la frontera con México. Ayer
viernes venció el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San
Diego, para entregar estos menores a sus familias.
El
Departamento de Justicia indicó el jueves que esperaba que todos los
niños "considerados elegibles para reunificación" fueran entregados a
sus familiares. El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17
años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus familias.
De los
1.820 niños, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la
policía migratoria ICE y 378 liberados en "otras circunstancias".
El
gobierno insiste en que cumplió el plazo, pues 711 fueron considerados
"no elegibles" porque los vínculos familiares no pudieron ser
confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una
enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron
deportados.
"Ellos
(el gobierno de Estados Unidos) dicen que esos padres no son elegibles
por su historial criminal, pero no revelan si esos delitos se produjeron
en sus países de origen, si son faltas menores o se trata de una
sanción por entrada ilegal reiterada", explicó el director de Justicia
Racial y Económica de Texas Civil Rights Project (TCRP), Efrén Olivares.
El
abogado ahondó en esta problemática ante el "caos" del gobierno que, en
su opinión, desde el principio nunca tuvo un plan para la reunificación y
ha provocado que se desconozca el futuro de los 431 niños que están en
un "limbo" legal.
"Es una
buena pregunta para el gobierno, que es el que tiene que aclarar los
motivos que le han llevado a clasificar a los padres deportados como no
elegibles. No sabemos cómo van a solucionar esta diferencia", detalló
Olivares.
Según el
Departamento de Justicia, 431 padres fueron deportados de Estados
Unidos sin sus niños, lo que complica la reunificación.
Con
estas cifras, el juez Sabraw "podría determinar que el gobierno está en
desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de
reunificación", explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes
migratorias de la universidad de Cornell. O "podría creerle lo que dice
(sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más
tiempo".
Reunificar y deportar.
Las
polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de
"cero tolerancia" de Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de
la violencia en países de América Central, entraban a Estados Unidos
por la frontera mexicana, ilegalmente o pidiendo asilo.
Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños eran enviados a albergues.
Esa
política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos,
que presionó a Trump a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento
proceso de reunificación.
Si el
juez Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo,
probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
(ACLU) que recomiende sobre alguna sanción. Así ocurrió el 10 de julio
cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de
5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados "inelegibles".
"Queremos
proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo
que se está moviendo hasta ahora", dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en
una conferencia telefónica con periodistas.
Entre
las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días
desde la reunificación para que las familias puedan discutir su
siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se
queda, o si ambos aceptan ser deportados. Para los abogados del gobierno
este plazo de siete días es injustificado, pues afirman que han tenido
tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado
detenidos.
La
Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por
su parte al gobierno a que disponga lo necesario "para el regreso de los
más de 400 padres deportados sin sus niños".
Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada.
Para el
martes —antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer— el
Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en
refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores
Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).
Gobierno sin capacidad de informar a los estados
El
Gobierno de Estados Unidos carece de la capacidad técnica para
proporcionar rápidamente a los estados información sobre niños separados
de sus padres en la frontera en medio de la política de "tolerancia
cero" del presidente Donald Trump. Más de una decena de estados le han
pedido al gobierno federal listas de niños separados de sus padres, su
ubicación, información de los progenitores y los planes para reunirlos.
El Gobierno dijo en presentaciones judiciales ayer viernes que los
intentos de recopilar datos para cumplir con las solicitudes de los
estados lo desviarían de los esfuerzos para reunir a las familias.
Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS),
dijo en un documento que el Gobierno necesitaría realizar una revisión
manual para identificar a todos los niños separados en cada estado
demandante. No hay una manera automática de crear una lista de menores
separados por estado o por institución, destacó. REUTERS
Africanos rescatados en Mediterráneo
Unas
670 personas fueron rescatadas ayer viernes mientras trataban de
alcanzar las costas españolas desde África, la mayor parte de ellas por
el Estrecho de Gibraltar, en una jornada excepcional por el alto número
de rescates, según Salvamento Marítimo.
En
varias operaciones de rescate en las que participaron barcos y un
helicóptero, 627 personas fueron recogidas de 35 embarcaciones en el
Estrecho de Gibraltar, mientras que otras 31 personas fueron salvadas en
aguas de la provincia de Alicante y 11 en Almería, en la costa
mediterránea.
La ruta
del Mediterráneo Occidental, que parte del Norte de África con
dirección a la Península Ibérica, se ha convertido en la más transitada
por migrantes este año, después de que el Gobierno italiano decidiera
cerrar sus puertos a barcos de rescate. Según datos de la Organización
Internacional de Migración, entre el 1º de enero y el 18 de julio,
18.653 migrantes han llegado por mar a España frente a 17.838 refugiados
en Italia.
Más de
600 migrantes accedieron a territorio español el jueves tras lograr
cruzar en grupo la valla que marca la frontera entre Marruecos y la
ciudad española de Ceuta, en el Norte de África.
Al
menos 1.500 migrantes han muerto en 2018 tratando de cruzar el Mar
Mediterráneo, según datos de la agencia de migración de la ONU.
El
Gobierno español reconoció esta semana que los dispositivos de acogida
de inmigrantes irregulares se han visto "desbordados" por la llegada
continua a las costas del sur desde Marruecos.
La
ministra española de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, dijo
que esta situación ya existía tiempo atrás, antes de que los
socialistas comenzaran a gobernar, a principios de junio pasado. "Cuando
no se toman medidas a tiempo, después hay que adoptarlas de
emergencia", advirtió en alusión al anterior ejecutivo conservador de
Mariano Rajoy. REUTERS, EFE
ARIZONA.
Cuerpos en el desierto devorados por buitres
Una
investigación forense realizada con cuerpos de cerdos muertos colocados
en el desierto de Arizona hace temer, por la rapidez con que
"desaparecen", que las cifras oficiales de inmigrantes indocumentados
desaparecidos sea más elevada de lo que se cree.
"Estamos
seguros de que hay mucha más gente que ha muerto en el desierto y que
simplemente nunca encontraremos sus cuerpos", dijo a EFE Jasón de León,
antropólogo y director del Proyecto de Migración Indocumentada (UMP) de
la Universidad de Michigan.
De León
dirige un equipo de investigadores que desde 2012 ha llevado a cabo
tres experimentos en pleno verano en el desierto de Arizona para saber
qué ocurre con los inmigrantes que fallecen en la travesía por esos
peligrosos y áridos territorios.
Para ello utilizan cuerpos de cerdos debido a su similitud con los de los humanos.
De
acuerdo a las cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza, entre 1998 y
2017 se ha reportado a lo largo de la frontera con México la muerte de
7.216 inmigrantes indocumentados, de los cuales 2.726 fallecieron dentro
del Sector Tucson, en la frontera de Arizona.
Los
experimentos con cerdos, el último de ellos finalizado a principios del
mes de julio, están "demostrando que el medioambiente y los animales,
pueden destruir un cuerpo rápidamente, en menos de tres o cuatro días,
por lo que creo que nunca vamos a tener un número completo de los
(inmigrantes) muertos en el desierto", indicó De León.
Algunos
de los cuerpos porcinos utilizados para esta investigación son vestidos
con ropas como las que suelen llevar los inmigrantes.
Después
los investigadores documentan paso a paso lo que ocurre con los cuerpos
por medio de cámaras de video, fotografías e imágenes captadas por
drones desde el aire.
Hasta
el momento han concluido que los animales que más daño causan son los
buitres, los cuales en bandadas de hasta 30 ejemplares pueden devorar y
desarticular el cuerpo de un cerdo en menos de 36 horas, pero también
hay videos que muestran cómo las hormigas y otros insectos acaban con
los huesos.
"El
desierto está limpiando todo el trabajo sucio del Gobierno; no hay
evidencia, los cuerpos simplemente desaparecen. Por eso por medio de
estos experimentos estamos tratando de demostrar al público lo que
pasa", dijo De León. EFE
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Titulares31 de julio de 2018
Jueza ordena que todos los niños sean transferidos fuera de un centro de detención de Texas por reclamos por abuso
31 Jul. 2018
La
jueza federal Dolly Gee le ordenó al gobierno de Donald Trump que
transfiera a todos los menores fuera del Centro de Tratamiento
Residencial Shiloh, en la ciudad de Manvel, Texas, debido a denuncias de
abuso generalizado en el centro de detención de inmigrantes. La jueza
Gee dictaminó que el centro de detención no es apto para albergar a los
menores porque se les inyectó drogas psicotrópicas sin el consentimiento
de sus padres, se encarceló a algunos de ellos en un confinamiento
excesivamente restrictivo, y se les prohibió hacer llamadas privadas.
También ordenó explícitamente que el centro de detención debe obtener el
permiso de un tutor legal antes de administrar cualquier medicamento
psicotrópico a los menores detenidos.
Trump elogia las políticas antimigratorias de extrema derecha de Italia
31 Jul. 2018
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el lunes las
políticas antimigratorias de extrema derecha de Italia, durante una
conferencia de prensa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
El presidente Trump declaró: “Estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo respecto de la migración y la inmigración ilegal, e incluso con la inmigración legal. Italia está tomando una postura muy firme en la frontera, una postura que algunos otros países han tomado, y francamente, está haciendo lo correcto, en mi opinión”.Recientemente, Italia ha comenzado a bloquear el amarre de embarcaciones de refugiados en sus puertos, lo que ha llevado a que los solicitantes de asilo queden varados en el Mar Mediterráneo.
Gobierno de Trump propone reducción de impuestos de 100.000 de dólares millones para los ricos
31 Jul. 2018
El
gobierno de Trump está considerando pasar por alto al Congreso y
aprobar un recorte impositivo de 100.000 millones de dólares al sector
más rico de la población. Los expertos indican que el 97% de los
beneficios irían al 10% más rico de los estadounidenses, y que casi dos
tercios de los beneficios se destinarían a los ultrarricos: el 0,1% de
los estadounidenses. La propuesta se produce después de que el
presidente Trump impulsara el muy impopular recorte impositivo de 1,5
billones de dólares el año pasado, lo que benefició de manera abrumadora
a grandes corporaciones, multimillonarios y gestores de capital
privado.
Hoy comienza el juicio del ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort
31 Jul. 2018
Hoy
comienza el juicio del ex jefe de campaña del presidente Donald Trump,
Paul Manafort, quien enfrenta cargos por fraude tributario, fraude
bancario, lavado de dinero, manipulación de testigos y por no haberse
registrado como agente extranjero. Los cargos se centran en alegaciones
que indican que escondió millones de dólares adquiridos en Ucrania en
cuentas de bancos extranjeros para no pagar los impuestos
correspondientes a dicho dinero. El juicio de Manafort es el primer
juicio derivado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller
sobre los vínculos de Trump con Rusia.
