Organizaciones internacionales reiteran al MP que entregue información a defensa de Berta Cáceres
Tegucigalpa/ París (Conexihon). -
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos,
mostraron su preocupación por “ciertas irregularidades” en el proceso de
enjuiciamiento de los primeros ocho acusados como supuestos hechores
materiales del asesinato contra Berta Cáceres.
Desde
la primera reclamación de información en abril de 2017 hasta el día de
hoy, el Ministerio Público ha denegado por lo menos en 35 ocasiones el
acceso para obtener estos datos y según la información de la que
disponemos, ha incumplido cuatro órdenes judiciales en las que el
Juzgado de Letras, en dos ocasiones, como lo ha denunciado el equipo
legal que lleva la acusación privada en el caso del asesinato contra
Cáceres.
En
el texto enviado por 13 organizaciones el pasado viernes, el Tribunal
de Sentencia en otras dos ocasiones, le ordenan poner a disposición de
la acusación privada la información que se solicita debido a que fue
recabada durante diligencias investigativas que han sido incorporadas al
expediente judicial.
La
última orden incumplida, el 28 de julio del año en curso, fue que los
fiscales del MP debían aportar la información producto de las
inspecciones y registros en las dependencias de la empresa Desarrollo
Energético S.A. (DESA) y varios de los encausados.
Posteriormente
al vencimiento del plazo prescrito de cinco días, la única respuesta
obtenida fue un par de copias de documentos y un escrito en el que se
indica que la información requerida “no es entregada por la falta de
análisis de los aparatos que las contienen”, detallaron las 13
organizaciones en la misiva.
Esta
omisión que hace el Ministerio Público, a criterio de las
organizaciones firmantes, quebranta el derecho a la no discriminación,
así cómo el derecho a la justicia y la garantía y protección judicial de
la acusación privada de convenios y tratados tales como: la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Esta situación genera una desigualdad para las y los familiares de Berta Cáceres que buscan justicia, y prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales”, puntualizaron las organizaciones.
Las
organizaciones firmantes son: La Comisión Internacional de Juristas
(CIJ), El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD
por sus siglas en francés), como programa conjunto, el Observatorio para
la Protección de Defensores, de la Organización Mundial Contra la
Tortura (OMCT) y a Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
Fundación para el Debido Proceso, el Gremio Nacional de Abogados de
Estados Unidos, El Promise Institute for Human Rights de la Escuela de
Derecho de la Universidad de California.
Le
siguen las organizaciones guatemaltecas Centro de Acción Legal en
Derechos Humanos (CALDH) y La Comisión de Derechos Humanos de
Guatemala/EE.UU (GHRC-USA). Asímismo el La Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos (CEDHU) con sede en Ecuador y La Corporación Colectivo
de Abogados “José Alvear Restrepo”, de Colombia.
Por
Honduras, la respaldan la misiva el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC-Sj) y el Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH).
La
audiencia de Proposición de Medios de Prueba inició el jueves, pero fue
suspendida siendo reprogramada para el 31 de agosto y 01 de septiembre,
de acuerdo información de la Dirección de Comunicaciones del Poder
Judicial.
Ante
la falta de información demandada por la acusación privada, el Tribunal
le dio dos días hábiles al Ministerio Público para que presente la
información restante para la presentación de pruebas, informó la Vocera
del Poder Judicial, Lucia Villars.
La
fecha establecida para el Juicio Oral y Público es el 10 de septiembre,
en donde el equipo legal, la familia Cáceres, y el COPINH inician la
búsqueda de justicia para Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada en su
vivienda, la noche del 02 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.
Los
ocho acusados como autores materiales del hecho son Sergio Ramón
Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez,
Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez,
Emerson Duarte Meza, Edison Duarte Meza y Elvin Heriberto Rapalo
Orellana.
Hay
un detenido cómo hechor intelectual, capturado en el momento que se
exigía justicia frente al Ministerio Público, durante el segundo
aniversario del crimen de la premio Goldman al Ambiente (2015), es
Roberto David Castillo Mejía, ingeniero eléctrico, quién fue presidente
ejecutivo de DESA, y según las investigaciones, facilitó la logística a
los autores materiales.
Copinh denuncia pacto de impunidad en caso de Berta Cáceres
por Giorgio Trucchi
LA HAINE -
24/08/2018
La fiscalía sigue negándose a entregar las pruebas que incriminan a empresarios, paramilitares y Estado
Una
vez más el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh), acompañado por los representantes legales de la
familia de Berta Cáceres, denunció el pacto de impunidad que se cierne
sobre el caso de la dirigente indígena brutalmente asesinada el 2 de
marzo de 2016.
En varias ocasiones, tanto el Copinh como la
familia de Cáceres alertaron sobre la negación de acceso a la
información por parte del Ministerio Público (MP), en particular de la
Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar la información recabada en los allanamientos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA) -titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca-, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También ocultan la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
En esta oportunidad, el Copinh y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señalaron que, después de cinco órdenes judiciales para que el MP hiciera entrega de las informaciones, los fiscales se negaron nuevamente alegando que aún no han realizado el análisis de los aparatos electrónicos -telefónos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tablets, chips de celular, disco duros y computadoras- incautados tras los allanamientos a los principales acusados del asesinato de Cáceres.
"¿Cómo es posible que, a menos de una semana de la audiencia en la que se deben exponer las pruebas contra 8 de los acusados, el Ministerio Público nos haya dicho que aún no ha realizado los análisis? Estamos muy alarmados", dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
"Esta actitud irresponsable genera una revictimización de quienes han venido sufriendo este calvario. Ante el tribunal vamos a plantear que no se está respetando el principio de igualdad, ni la tutela de los derechos de las víctimas. El no haber realizado estas diligencias -continuó Fernández- implica un comportamiento doloso del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente. Está negando verdad y justicia integral", agregó.
Gaspár Sánchez del Copinh recordó que las autoridades no han mostrado la voluntad de querer castigar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En particular no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
"Seguimos demandando justicia y hacemos un llamado al movimiento social y popular hondureño y mundial para que se sume a esta exigencia de justicia. Lo que pasó a nuestra compañera Berta es lo mismo que sigue pasando en todo el mundo a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. Hay que poner un alto a esto. Vamos a seguir luchando hasta que se castiguen a los verdaderos actores del crimen", concluyó Sánchez.
nicaraguaymasespanol.blogspot.
En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar la información recabada en los allanamientos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA) -titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca-, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También ocultan la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
En esta oportunidad, el Copinh y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señalaron que, después de cinco órdenes judiciales para que el MP hiciera entrega de las informaciones, los fiscales se negaron nuevamente alegando que aún no han realizado el análisis de los aparatos electrónicos -telefónos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tablets, chips de celular, disco duros y computadoras- incautados tras los allanamientos a los principales acusados del asesinato de Cáceres.
"¿Cómo es posible que, a menos de una semana de la audiencia en la que se deben exponer las pruebas contra 8 de los acusados, el Ministerio Público nos haya dicho que aún no ha realizado los análisis? Estamos muy alarmados", dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
"Esta actitud irresponsable genera una revictimización de quienes han venido sufriendo este calvario. Ante el tribunal vamos a plantear que no se está respetando el principio de igualdad, ni la tutela de los derechos de las víctimas. El no haber realizado estas diligencias -continuó Fernández- implica un comportamiento doloso del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente. Está negando verdad y justicia integral", agregó.
Gaspár Sánchez del Copinh recordó que las autoridades no han mostrado la voluntad de querer castigar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En particular no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
"Seguimos demandando justicia y hacemos un llamado al movimiento social y popular hondureño y mundial para que se sume a esta exigencia de justicia. Lo que pasó a nuestra compañera Berta es lo mismo que sigue pasando en todo el mundo a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. Hay que poner un alto a esto. Vamos a seguir luchando hasta que se castiguen a los verdaderos actores del crimen", concluyó Sánchez.
nicaraguaymasespanol.blogspot.
Honduras: Organizaciones internacionales denuncian negligencia estatal en el caso de Berta Cáceres
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes
8th Day Center for Justice67 Sueños – Estados Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador
Amnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese Progressive Association – Estados Unidos
Climate Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador
Collettivo Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá
Common Frontiers – Canadá
Corporate Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entre
Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina – Francia
Front Line Defenders
Fundación para el Debido Proceso
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Greenpeace
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous Environmental Network
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria
International Service for Human Rights (ISHR)
JASS Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa – Guatemala
MISEREOR – Alemania
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos
Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania
OXFAM
Peace Watch Switzerland
Plataforma Urbana – Guatemala
Prensa Comunitaria – Guatemala
Protection International
Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá
Right to the City Alliance – Estados Unidos
Rights Action
Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala
Share Foundation – Estados Unidos
Southern Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos por Guatemala – Canadá
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United Electrical Workers of America – Estados Unidos
United for Mining Justice – Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing Network – Estados Unidos
Expertos denuncian irregularidad en proceso por el asesinato de Berta Cáceres
Presentan Decreto de Amnistía para liberar presos políticos encarcelados por protestar contra el fraude electoral
Después del 27 de noviembre de 2017 miles de ciudadanos en todo el territorio nacional se movilizaron pacíficamente en protesta por el fraude electoral denunciado ante las autoridades competentes y reconocidas por varias organizaciones a nivel nacional e internacionales.
Durante las acciones de protestas decenas de ciudadanos fueron detenidos o retenidas por la fuerza de seguridad del estado, principalmente por la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) y llevados a centros de detención y posteriormente puesta a las órdenes de los juzgados competente.
Las acciones de protesta fueron producto de las múltiples irregularidades, inconsistencias y fallas sistémicas ocurridas antes, durante y después del proceso electoral, detonando así una crisis política-electoral.
En Honduras 22 personas fueron privadas de libertad por participar en las protestas post electoral del pasado 26 de noviembre, las cuales fueron recluidas en cuatro cárceles del país, dos de máxima seguridad como son La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Así como en el centro penal de Tela y en el de El Progreso.
Además un compatriota tuvo que abandonar el país por la persecución penal en su contra, teniendo que exiliarse en Costa Rica, después de permanecer cerca de un mes privado de libertad.
De acuerdo a la documentación el compatriota Eduardo Urbina abandonó el país el 10 de diciembre, luego que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) realizara las gestiones para que se pudiera marchar porque su vida estaba en peligro, pero el Gobierno, pese a tener toda la información de su salida, lo acusa de haber incendiado un camión militar el día 15 de diciembre.
De las 22 personas, 17 cobraron su libertad para defenderse en esa condición luego que se realizara audiencia de revisión de medidas, pero cinco aún permanecen privados de libertad. Dos están recluidos en La Tolva; uno en El Pozo y dos en el Centro Penal de El Progreso.
El proyecto de decreto presentado el jueves por el diputado por Francisco Morazán, Juan Barahona, establece que se le “conceda amplia e incondicional amnistía a todas las personas procesadas, con auto de formal procesamiento, en investigación sin judicialización o en cualquier etapa de la misma, en cualquier Juzgado o Tribunal de la Republica, por Delitos Políticos y Comunes”.
Los delitos que señala el proyecto están comprendidos en Título VII, Capítulo I, IV, IX y X; Título X; Título XII, Capítulo I, II, III, V, VI y VII del Código Penal vigente, siempre que sean conexos con Delitos Políticos, cometidos con anterioridad a la vigencia del presente Decreto y cuyas causas se encuentren en cualquiera de las etapas del proceso penal.
Asimismo señala el proyecto de decreto en otro de sus artículos que “los Jueces y Tribunales decretaran de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes, la inmediata libertad de todas las personas procesadas por los delitos a que se refieren el artículo precedente y declararan los sobreseimientos definitivos en los casos que procedan, de conformidad con este Decreto”.
Cuatro años de impunidad ante el crimen de Margarita Murillo
“Vamos adelante, sigamos construyendo en esta lucha hasta ver esta patria refundada y libre de oligarquía” Margarita Murillo
Tegucigalpa (defensoresenlinea.com).-La
niña soñadora con tierra para todos y todas, fue asesinada en el 2014, a
los 51 años. Margarita Murillo es parte de las lista con nombres de
asesinatos politicos en Honduras, a los que el Estado mantiene en el
olvido, pero el pueblo no.
La palabra de la lideresa campesina y
política se mantiene vigente, incluso cuando denunciaba la impunidad y
persecución en sepelios de compañeros asesinados tras el golpe de
Estado, denucia que se aplica ahora para exigir justicia ante su crimen,
la tarde del 27 de agosto del 2014, en su parcela de tierra.
Su azadón quedó a un lado, vestia la
ropa que acostumbraba para ir al campo, para la familia de Margarita no
fue fácil avanzar en la lucha de la defensora, perseguida, atacada y
exiliada dejando a sus hijos e hijas muy pequeñas, ha detallado su hija
Kenia Murillo.
Margarita está dentro de las personas asesindas con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalló la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva.
“Pero no nos callarán, no nos
doblegarán, no nos harán que quebremos el brazo, no nos harán que nos
hinquemos, ni mucho menos nos van hacer retroceder en la lucha que
nosotros llevamos, nunca retrocederemos, nunca, no nos van a
dividir, no nos van hacer que nos equivoquemos, mucho menos van hacer
que dejemos de luchar, no lograrán meternos el miedo en
los huesos, estaremos más firmes que nunca, que nosotros estamos
conscientes de que este crimen, fue in crimen político, le quieren poner
toda matiz, es el crimen organizado que paga la oligarquía nacional e
internacional para que quiten a los compañeros que son los que andan a
diario haciendo el trabajo por el frente. Vamos adelante, sigamos construyendo en esta lucha hasta ver esta patria refundada y libre de oligarquía,
libre de traidores y libre de entreguistas dentro de nuestro movimiento
popular” Margarita Murillo 21 de mayo del 2012, entierro de Jesús
Pineda, lider politico asesinado.
Margarita Murillo una campesina de la vida que siembra historia y cosecha memoria*
A los doce años Margarita Murillo decidió que su vida sería para luchar por los derechos de aquellos que, al igual que ella eran víctimas del sistema de desigualdad y con muchas ganas de trabajar, pero no poseían una parcela de tierra para producir sus alimentos.
Chalmeca, Copán, dio a este país una de
sus más valiosas flores que prosiguió con muchos frutos. En 1963 nació
Margarita en el hogar de Juan Pablo Rivera y Eufemia Murillo Villanueva,
creció con las enseñanzas de su abuela paterna, y los relatos de su
abuela materna que era de origen Maya, y le contaba que su marido peleó
en la guerra de los Liberales contra el dictador Tiburcio Carías Andino
(presidente de Honduras 1936-1949), y que el abuelo de ella fue fusilado
en el Siglo XIX por ser morazanista, por lo que esto ya la inspiraba en
su vida revolucionaria.
Asesinada el 27 de agosto del 2014, a la
edad de 51 años, Margarita Murillo no tuvo días de descanso, porque
cada instante lo dedicaba a la construcción de la patria, desde su
propio esfuerzo, son sus ideales y compromiso social en favor de más de
300 mil familias campesinas que no tienen acceso a la tierra, y la
asesinan mientras cultivaba en su parcela.
A casi un año de su partida, la semilla
de la Margarita florece en la memoria colectiva, en la necesidad de
justicia, y no solo en Honduras que prepara una serie de actos
conmemorativos, sino en Latinoamérica que también la recuerda y necesita
se haga justicia.
El pasado 13 de agosto, miles de mujeres
del campo participantes en la quinta edición de la “Marcha de las
Margaritas” en Brasilia, Brasil, con una caminata en defensa de sus
derechos, la democracia y contra la violencia, y entre ellas exigir al
Estado hondureño se esclarezca el asesinato de la lideresa campesina
Margarita Murillo.
La Marcha de las Margaritas se inició en
2000 con el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero logró fuerza y
avances con los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y el actual de
Dilma Rousseff.
Es una caminata en la cual participan
cerca de 100 mil personas de todos los municipios de Brasil para pedir
más democracia, más educación y salud e igualdad de género.
En la apertura de este encuentro, el ex
presidente Lula da Silva resaltó la valentía y fuerza de las
trabajadoras rurales en la defensa de sus derechos y de las conquistas
sociales, flameaban banderas de muchos países, entre ellos la de
Honduras, a nombre de Margarita y representada por Esperanza Cardona.
La Marcha de las Margaritas se lleva a
cabo en homenaje a la colega y lideresa sindical Margarita Alves
-asesinada el 12 de agosto de 1983, por encargo de propietarios rurales y
dueños de centrales azucareros de Paraíba-, y ha tenido como lema
“Desarrollo sostenible, pero con justicia, autonomía, igualdad y
libertad.”
Oportunamente, esta marcha que es cada
cuatro años, coincide con los actividades que en Honduras se realizan en
el marco del aniversario del asesinato de Margarita Murillo, quien de
manera similar, fue asesinada por ser una incansable militante por la
justicia agraria, la liberación nacional y defensora de derechos humano.
De
niña, Margarita ayudaba en la economía de la casa, fue promotora de las
Escuelas Radiofónica, educadora popular y organizadora de bases
campesinas; tenía aptitudes de enfermera, y compartía recetas aprendidas
en casa, ya sea para quitar el dolor o conciliar el sueño.
Fue tanto lo que dejó al paso de su
vida, que en la escena de su asesinato no quedó ningún rastro, “en la
escena del crimen no había casquillos, huellas, no había nada, y la
única persona que estaba en los predios no vio nada, solo escuchó de
lejos los disparos” recuerda su hija Kenia Murillo.
“Mi madre era una mujer transgresora, rebelde y luchadora, una campesina de sepa que no se vendía ante nada”
Fue víctima de desaparición forzada por
27 días en 1987, siendo torturada en forma brutal frente a sus hijos
menores, y de so logró sobrevivir, también supo lo que es abandonar a
sus hijos pequeños, su familia su patria, y vivir en el exilio, estando
en La Habana y México.
Volvió a Honduras después de que se
hablaba de Amnistía, en el gobierno del entonces presidente Rafael
Leonardo Callejas (1990-1994), y continuó con sus ideales en defensa de
los más desposeídos.
Y en ese mismo escenario de lucha la
asesinaron, trabajando de la única forma que ella lo podía hacer,
cultivando su tierra, pero sus ideales no terminaron allí, porque
Margarita continua siendo empuje para exigir justicia y que su caso no
sea una cifra que abone la impunidad, ni un expediente más en los
archivos de las fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio
Público, MP, que asignó el caso a la fiscal Leyla Mejía.
Kenia Murillo lamenta que la Dirección
Nacional de Investigación Criminal, DNIC, tras el asesinato de su madre
no investigó a los responsables del crimen, sino que les preguntó por
las armas de Margarita, hecho similar a lo sucedido con la Dirección de
Investigación Nacional, DIN, en 1980 en Santa Ana de Aguán, Yoro, antes
de triturarla a golpes frente a ella, y ahora la Agencia Técnica de
Investigación Criminal, ATIC, les habla de un vaciado telefónico que
nunca termina.
En Margarita una luchadora por la
justicia e igualdad, se recoge la impunidad y, por eso es que hay una
demanda colectiva que el MP dé los resultados de la investigación e
identifique a los responsables intelectuales y materiales de su
asesinato.
Y es la misma Margarita Murillo que
mueve a su familia a exigir que la verdad florezca, ya que ella desde
niña fue ruda y luchadora, valiente y no se dejaba de nadie, manifiesta
su hermana Domitila.
Y es que esta dirigente campesina,
innata, era enemiga de la hipocresía, mujer legal, decía las cosas de
frente. No aceptaba reparticiones ayudaba sin tener nada. Vivió siempre
humilde, con una mochila al hombro recuerda su hermana.
El estancamiento en el MP, sobre las
investigaciones, iniciaron con la muerte de la fiscal Marlene Banegas,
el 10 de octubre del 2014, en San Pedro Sula, ella conocía el caso de
Murillo y tenía interés de dar con la verdad, según Kenia, ella quería
que se resolviera, pero dos días antes de conversar sobre las líneas de
investigación, la asesinaron. (*texto del 19 de agosto del 2015).
NO HAY FECHA PARA RESISTIR Y PROPONER
En 2010 no fue aceptada la toma de posesión de nacionalistas y liberales golpistas, y en 2017 por supuesto la vulgaridad electoral fue rechazada absolutamente.
Los dos eventos, el golpe y el golpismo no gozan de la aceptación general de la sociedad hondureña. Y sobran las evidencias de este rechazo.
Es decir, la población no ha parado un instante de comprender su tragedia, de resistir aún con métodos no violentos, y de proponer las soluciones.
Este próximo jueves 30 de agosto es un día más de resistencia propositiva.
La Convergencia Nacional contra el Continuismo, que viene a Tegucigalpa después de haber realizado más de una decena de asambleas regionales, ha precisado su agenda en las últimas horas.
De entrada, la Convergencia declara que el país está bajo el sometimiento de un proyecto dictatorial neoliberal, que reúne las características de una mafia delictiva liderada por el señor Juan Orlando Hernández Alvarado.
En un documento difundido el miércoles en esta capital, la Convergencia contra el Continuismo recordó que Hernández fue declarado presidente de manera ilegal e ilegítima por el gobierno de Estados Unidos, y que se ha engarrapatado en el Estado para hacer negocios con nuestra soberanía, bienes naturales y con nuestra dignidad.
A propósito, Hernández ha comprado bastas extensiones de tierra en el sur de Honduras, y en la isla de Amapala acaparó la Guayaba, una playa símbolo que perdió su carácter público. El impostor ve en el futuro del sur buenos negocios con Corea del Sur, y con China. El sueño de sus Zedes malditas.
En el Occidente del país florecen sus empresas de transportes de lujo, hoteles, balnearios, medios de comunicación, aeropuerto y además privatiza El Celaque, territorio símbolo del pueblo lenca.
El texto de la Convergencia aclara que esta crisis en su expresión de saqueo y corrupción no es coyuntural ni pasajera. Es estructural, permanente y agudizada por una reelección ilegal y un fraude electoral descomunal.
Las organizaciones firmantes de este posicionamiento subrayan que esta crisis no se resuelve con maquillajes ni con negociaciones entre cúpulas políticas, empresariales y organizaciones amigas del régimen.
Si todas esas musarañas no tocaran de frente el modelo económico extractivista, privatizador y de despojo, sería sólo una brutada, una nacada, una perdedera de tiempo.
Dice convencida la Convergencia que sólo el retorno al orden constitucional podría abrir el camino hacia la democracia, la justicia y el Estado de Derecho.
Qué significa retornar al orden constitucional? Volver al Estado de Derecho, reconstruir las instituciones destruidas, y hacer un nuevo contrato social. Eso significa.
Enseguida los convocantes a la movilización de esta semana propusieron un nuevo tipo de diálogo, ni tutelado por la embajada de Estados Unidos ni conducido por las sectas partidarias.
Creemos en un proceso de diálogo nacional con la participación de todos los sectores de la sociedad, conducido por los actores sociales que cargan con el peso de las consecuencias de este modelo económico depredador. Así lo dicen.
Y la única condición que las históricas organizaciones de la Convergencia Nacional exigen para dialogar es el retorno al orden constitucional.
De nuevo, qué significa retornar al orden constitucional? Significa volver al Estado de Derecho, reconstruir las instituciones destruidas, y hacer un nuevo contrato social.
Está claro que el diálogo de Washington con Nasrralla, Luis Zelaya y Ebal Díaz no produce nada de eso, es sólo una mascarada para legitimar el delito de traición a la patria cometido por los delincuentes en noviembre de 2017.
Entonces, dice la Convergencia contra el Continuismo, si los delincuentes están convencidos de su legalidad y empeñados en consolidarse, nosotros estamos convencidos en rechazarlos.
Al final de su posicionamiento, la Convergencia Nacional liderada por hombres y mujeres de reconocida credibilidad pública, aclara quiénes son bienvenidos a este nuevo instante de lucha que cumple nueve años continuos.
En la Convergencia caben todos los sectores sociales y políticos junto a sus demandas particulares y populares, pero todos los reclamos deberán conducir a un nuevo orden constitucional y a un verdadero Estado de Derecho.
Esto que tenemos ahora, conducido por el crimen organizado, no es nada. Ni Estado ni gobierno. Esto que tenemos es una oficina temporal de extorsión, una alianza mafiosa de los dos carteles del crimen organizado que vienen ya ratos repartiéndose el botín.
La población bien lo sabe y lo dirá fuerte y claro este jueves 30 de agosto desde la Universidad Nacional hasta los barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Desde las 10 de la mañana la movilización será acompañada por la memoria viva de las personas desaparecidas en Honduras por razones políticas e ideológicas.
Ciertamente, la manifestación coincide en fecha nacional e internacional con la condena a la práctica de la desaparición forzada en el mundo, y no es casual. Aquellos hombres y mujeres fueron desaparecidos hace 30 años en el cumplimiento de su deber: rescatar la Patria a los criminales, militares mercenarios, políticos corruptos, empresarios lavadores del narco, señores mediáticos sinvergüenzas, y religiosos podridos.
Esa misión sigue vigente. A esa misión vamos este jueves a las 10 de la mañana. A la Universidad Nacional, pueblo!.
Hasta pronto!
Gobierno pone en peligro de extinción la libertad de expresión y de información en los pueblos indígenas y negros
Monday, 08 June 2015 20:16 Written by PAG Published in Investigacion
A partir del golpe de Estado político-militar que en junio de 2009
dejó fuera del poder al presidente constitucional, Manuel Zelaya
Rosales, en Honduras se agudizó la crisis que ya venían sufriendo las
libertades democráticas, y entre los derechos que más han sido
vulnerados, se encuentra la libertad de expresión y de información que
el Estado debe garantizarles a los pueblos indígenas y negros de la
nación.
En los últimos seis años estos pueblos originarios fueron víctimas de
intimidación, amenazas, persecución, encarcelamientos y asesinatos de
líderes comunitarios, entre otros problemas que laceran sus derechos
humanos y ancestrales.
Solo en las comunidades lencas agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y asentadas en los occidentales departamentos de Intibucá y Lempira, más de una decena de líderes comunitarios han sido asesinados por la defensa del territorio, el bosque, ríos y demás recursos naturales que de acuerdo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, les corresponden.
A lo anterior también se suman las intimidaciones y amenazas no solo para despojarlos de sus bienes, sino también contra las vidas de comunicadores sociales que manejan la producción y programación de las radios comunitarias. Los dirigentes de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas y negros, también son blanco de los criminales.
Para Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y Premio Mundial
Ambiental Godman 2015 , lo que sucede en Honduras es el reflejo de la
marginación histórica y del sistema racista institucionalizado por el
Estado con propósitos de anular el derecho a la libertad de expresión a
estas comunidades.
“Es una maquinaria, y cuando ese pueblo se expresa de manera fuerte, la respuesta es la represión”, expresó Cáceres, agregando que como producto de ese odio, las comunidades lencas han tenido que soportar los asesinatos de 10 luchadores sociales. Mencionó crímenes como los perpetrados contra Moisés Durón y Maycol Rodríguez, este último, era un adolescente de 15 años, ultimado en la comunidad de Río Blanco, por defender su territorio y la cuenca del Río Gualcarque.
A su corta edad, Maycol, era defensor de la tierra que ilegalmente la Alcaldía de Intibucá le vendió a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,que pretenden instalar en río Gualcarque, violentado el título antiguo del sector, el derecho a la consulta previa y el Convenio 169.
Aparte de los asesinatos, las poblaciones indígenas también soportan un ambiente hostil derivado de las amenazas de muerte, advertencias de encarcelamientos, procesos judiciales y hasta la expulsión en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Opalaca, de los ancianos y ancianas involucradas en la defensa del territorio.
Berta Cáceres explicó, que el pasado 28 de mayo de este año, un contingente conformado por militares, policías y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entraron al territorio recuperado en Río Blanco y que cuando los miembros de la comunidad les preguntaron sobre el motivo de la visita, ellos respondieron con amenazas de llevarlos presos.
Pero esa realidad que afecta a las comunidades lencas del occidente del país no es exclusiva de ellos, porque los pueblos garífunas asentados en las costas del caribe hondureño también se ven inquietados en la misma o mayor intensidad por empresas nacionales y extranjeras que apoyadas por los gobernantes, compran hasta la conciencia de algunos líderes que luego se enfrentan con sus mismos coterráneos.
Dentro de estos territorios la población ha tenido que soportar el
secuestro de líderes, detenciones ilegales, enjuiciamientos y
atentados, entre otros problemas derivados de la lucha por la tierra.
Miranda mencionó que hace un año ella y varios garífunas más fueron
secuestrados en la comunidad de Vallecito, en el departamento de Colón,
un territorio ancestral que una supuesta banda del crimen organizado
quiere apropiarse.
“Y estamos cerca y somos vecinos de Miguel Facussé, que nos tiene inundados de palma africana y esto ha provocado una resistencia fuerte”, relata la coordinadora de OFRANEH. Facussé es uno de los tres empresarios palmeros, responsables de la crisis que desde el 2010 se ha mantenido en el Bajo Aguán, provocando la muerte violenta de más de un centenar de campesinos que luchan por recuperar sus tierras.
A juicio de Jessica García, vecina de Nueva Armenia, jurisdicción de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, la situación es crítica porque la comunidad seguirá defendiendo sus derechos ancestrales y territorios, pero desde la Alcaldía Municipal los presionan para que las entreguen a empresarios interesados.
Informó que estos individuos comentaban entre ellos la cantidad de casas que iban a derribar cada uno, porque según ellos los garífunas están usurpando el territorio.
“Moncho me dijo que mejor se retiraban porque no querían matar a ningún garífuna y como yo no me dejo intimidar, le pregunté que dónde tenía la licencia para matar, porque también me dijo que ellos compraron allí y que iban a hacer todo para recuperar sus tierras, pero nosotros estamos seguros que le pertenecen al pueblo garífuna” insistió Jessica.
Denunció que personas enviadas por la Alcaldía Municipal llegan a la comunidad a ofrecerles dinero a los pobladores con el propósito de dividirlos para después enfrentarlos entre ellos.
El COPINH mantiene en su haber cinco radioemisoras comunitarias y
varios sitios web instalados para hacerle frente al cerco mediático
instaurado por el gobierno y la empresa privada. Sin embargo, estos
medios de comunicación y las personas que allí laboran, no se escapan de
las amenazas e intimidaciones, a pesar de que el gobierno se vanaglorie
ante los organismos internacionales de supuestos esfuerzos para
defender la libertad de expresión.
A pesar de que hasta hoy no se han manifestado hechos concretos en las radioemisoras, la comunidad indígena ha recibido amenazas de incendios contra estos medios de comunicación, mientras que al personal que ahí labora le llega mensajes telefónicos intimidatorios para que abandonen el abordaje de determinado tema.
Con el gobierno anterior firmaron acuerdos para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) exonerara estas emisoras del canon anual, pero la institución gubernamental incumple lo pactado y amenaza con multas enormes si no ejecutan los pagos.
A lo anterior se suma que de las cinco radioemisoras solo una se ha logrado ubicar en la frecuencia autorizada. La coordinadora del Copinh dijo que la frecuencia de la Voz Lenca la situaron en medio de una radio evangélica y de otra comercial que le impiden salir con claridad. “Y siempre andan jodiendo con el alcance, pero nosotros peleamos que el espectro radiofónico es parte del territorio indígena”, expresó.
Igual situación se presenta con el FM de radio Guarajambala, cuando les han manifestado que está fuera del cuadrante. Sin embargo, no le estorba a nadie y la gente la escucha. Y “la de San Francisco, Lempira también la hemos tenido que mover porque nos han puesto con una emisora bien fuerte de El Salvador”, expresó Cáceres.
Además de lo anterior el COPINH debe también enfrentar campañas de odio y discriminación a través de las redes sociales como la página de Facebook creada con el nombre de Copinh Honduras para desprestigiar a la organización y en especial la lucha de Bertha Cáceres, donde se difunden mensajes como “no Más Berta” y “cárcel para Berta Cáceres y sus compañeros de Copinh”. Además de la desinformación de la lucha del pueblo lenca.
La radioemisora fue instalada con la ayuda de toda la comunidad,
sobre todo de las mujeres, que para tal propósito en el 2011 se
organizaron para realizar actividades económicas, “haciendo tamales,
pan, ticucos, baleadas para recaudar los fondos que sirvieron para las
primeras gestiones” dijo Electerio.
Ellos solicitaron la frecuencia en octubre del 2013 y después de nueve meses CONATEL les notificó la denegación argumentando que en ese lugar no hay espectro radiofónico.
La emisora salió al aire en mayo de 2014 localmente y en octubre de ese mismo año cobró mayor potencia y ahora cubre varios municipios de Santa Bárbara, todo el municipio de La Iguala y parte de Lepaera, Lempira. “Nos informaron que las autoridades nos están investigando porque nos ligan con el Frente Nacional de Resistencia Popular y por eso tratan de detenernos”, expresó Electerio, responsabilizando de la situación a activistas y líderes locales del Partido Nacional, incluido, el alcalde Municipal, Mario Orlando Miranda.
Pérez dijo que en el 2011 organizaron la Asociación Indígena para el Desarrollo Comunitario (AIDC) y aunque han gestionado su legalización en la Secretaría del Interior, la personería jurídica sigue siendo un sueño de la comunidad.
Las comunidades garífunas afiliadas a la OFRANEH mantienen en su
haber seis radios comunitarias, Faluma Bimetu, Waruguma, Fugua, Lumalali
Baja Mar y Lumalali guiriga. “Hemos creado radios comunitarias porque
consideramos importante contar con medios de comunicación como lo
establece el Convenio 169 de la OIT y en este caso los garífunas tenemos
derecho a contar con nuestros propios sistemas de comunicación”, dice
Miriam Miranda. Sin embargo, agregó que cuatro de esas emisoras han
recibido amenazas de parte de CONATEL:
Entre ellas mencionó la Radio Waruguma ubicada en Trujillo Colón; Faluma Bimetu, del Triunfo de la Cruz; Fugua de Sambo Creek y la radio Punta Piedra, como emisoras que han sido requeridas por CONATEL para manifestarles que están violentando el espectro radiofónico y que deben contar con los permisos de operación de las frecuencias, una actitud que para ella es violatoria de los derechos comunales, al considerar que todo apunta a favorecer los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.
Miranda dijo que en el departamento de Atlántida quien controla los medios de comunicación es el eterno diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas.
Destacó que la radio en esas comunidades juega un papel importante para informar, sobre el fortalecimiento la de cultura del pueblo garífuna y para la denuncia “y con todos esos requerimientos se evidencia la intención del gobierno en querer cerrar las radios comunitarias” señaló Miranda.
Aseveró que la radio comunitaria educa a la comunidad y defiende los derechos humanos, una situación que también expone a los comunicadores sociales que se ven amenazados por los empresarios nacionales y extranjeros instalados en la región. Desde enero de 2010 cuando fue incendiada Faluma Bimetu, varios de sus miembros están con medidas cautelares. Esta emisora conocida también como Radio Coco Dulce acompaña el rechazo de la comunidad a la instalación del complejo turístico, Bahía de Tela.
Entre tanto, el director de Faluma Bimetu y coordinador de la red de las radios comunitarias de OFRANEH, Alfredo López, explicó que la Radio Waruguma, de Trujillo Colón, enfrenta la amenaza del acaparamiento de las tierras de parte de del empresario canadiense, Randy Roy Jorgensen, conocido en la región, como el Rey del Porno.
Según López, a pesar de que las radioemisoras son de baja potencia, significan un estorbo enorme en las pretensiones de los empresarios y del gobierno “porque los recursos naturales están en las comunidades y cada vez que se va a expropiar un terreno para una represa, para un complejo hotelero, viene la amenaza”.
Asegura que no se intimidan, pero si le exigen al Estado que cumpla el Convenio 169 que fue ratificado por el Congreso Nacional y que les permite operar sus medios de comunicación sin censura alguna.
López urgió la necesidad de una Ley que separe las operaciones de las verdaderas radios comunitarias y las que pertenecen a las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.
Recordó que el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir algunos compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2010 abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radiofónico, pero que el proyecto elaborado quedó sin efecto, porque el mismo Congreso Nacional y los empresarios lo tildaron de Ley Mordaza, para no aprobarlo.
La situación fue aprovechada por unos pocos y a través de CONATEL lograron la adjudicación de unas pocas frecuencias de radio a quienes acondicionaron hasta sus programaciones. Crearon según López la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) con representantes que nada tienen que ver con el tema.
Él es del criterio que estas personas no manejan emisoras comunitarias, pero asumen el papel de esbirros y “sin estar autorizados hablan por nosotros”, indicó.
La difícil situación que viven los pueblos indígenas y negros en lo relativo a la libertad de expresión evidencia la continuación del modelo colonizador, la discriminación y la negación de los derechos ancestrales.
Para las autoridades hondureñas la expansión del modelo neoliberal que favorece al gran capital y la construcción de los proyectos que se proponen los empresarios nacionales y extranjeros es más importante que el derecho a la vida digna de estas comunidades, a pesar que el Estado es suscriptor de innumerables convenios internacionales que forman parte la normativa jurídica de la Nación. Ante esa situación la dignidad y la lucha son la clave para los pueblos indígenas y negros.
Solo en las comunidades lencas agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y asentadas en los occidentales departamentos de Intibucá y Lempira, más de una decena de líderes comunitarios han sido asesinados por la defensa del territorio, el bosque, ríos y demás recursos naturales que de acuerdo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, les corresponden.
A lo anterior también se suman las intimidaciones y amenazas no solo para despojarlos de sus bienes, sino también contra las vidas de comunicadores sociales que manejan la producción y programación de las radios comunitarias. Los dirigentes de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas y negros, también son blanco de los criminales.
 Berta Cáceres. |
“Es un Estado que no permite expresar su
visión, su cultura, su espiritualidad y mantiene a las comunidades
constantemente agredidas, discriminadas, manipuladas y como producto de
esa colonización histórica no se ha permitido tener el derecho a
expresar nuestro pensamiento, planes de vida, lucha, resistencia,
insurrección y todo lo que tiene que ver en más de 500 años”, sostuvo la
lideza indígena.
Para ella, la situación se agrava cuando se trata de mujeres que
reclaman atención en los centros de salud y hospitales, alcaldías y
demás instituciones públicas, donde son menospreciadas bajo el concepto
erróneo, de que el indígena es ignorante, que no tiene cultura y que
carece de educación. Indicó, que lo más lamentable es que esa realidad
violadora de la libertad de expresión encuentra terreno fértil en las
cúpulas religiosas, medios de comunicación e incluso agencias de
cooperación.“Es una maquinaria, y cuando ese pueblo se expresa de manera fuerte, la respuesta es la represión”, expresó Cáceres, agregando que como producto de ese odio, las comunidades lencas han tenido que soportar los asesinatos de 10 luchadores sociales. Mencionó crímenes como los perpetrados contra Moisés Durón y Maycol Rodríguez, este último, era un adolescente de 15 años, ultimado en la comunidad de Río Blanco, por defender su territorio y la cuenca del Río Gualcarque.
A su corta edad, Maycol, era defensor de la tierra que ilegalmente la Alcaldía de Intibucá le vendió a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,que pretenden instalar en río Gualcarque, violentado el título antiguo del sector, el derecho a la consulta previa y el Convenio 169.
Aparte de los asesinatos, las poblaciones indígenas también soportan un ambiente hostil derivado de las amenazas de muerte, advertencias de encarcelamientos, procesos judiciales y hasta la expulsión en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Opalaca, de los ancianos y ancianas involucradas en la defensa del territorio.
Berta Cáceres explicó, que el pasado 28 de mayo de este año, un contingente conformado por militares, policías y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entraron al territorio recuperado en Río Blanco y que cuando los miembros de la comunidad les preguntaron sobre el motivo de la visita, ellos respondieron con amenazas de llevarlos presos.
Pero esa realidad que afecta a las comunidades lencas del occidente del país no es exclusiva de ellos, porque los pueblos garífunas asentados en las costas del caribe hondureño también se ven inquietados en la misma o mayor intensidad por empresas nacionales y extranjeras que apoyadas por los gobernantes, compran hasta la conciencia de algunos líderes que luego se enfrentan con sus mismos coterráneos.
“Estamos en indefensión en los derechos nuestros porque los intereses son demasiado fuertes y estamos expuestos a ser atacados en cualquier momento”, relata Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que es la federación de base del pueblo garífuna de Honduras, una población caracterizada por su lucha histórica en defensa del territorio y demás recursos naturales de la zona norte.
 Miriam Miranda. |
“Y estamos cerca y somos vecinos de Miguel Facussé, que nos tiene inundados de palma africana y esto ha provocado una resistencia fuerte”, relata la coordinadora de OFRANEH. Facussé es uno de los tres empresarios palmeros, responsables de la crisis que desde el 2010 se ha mantenido en el Bajo Aguán, provocando la muerte violenta de más de un centenar de campesinos que luchan por recuperar sus tierras.
A juicio de Jessica García, vecina de Nueva Armenia, jurisdicción de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, la situación es crítica porque la comunidad seguirá defendiendo sus derechos ancestrales y territorios, pero desde la Alcaldía Municipal los presionan para que las entreguen a empresarios interesados.
Expresó que el 08 de mayo recién pasado, fueron intimidados por siete personas fuertemente armadas que llegaron a la comunidad a ordenarles salir de la tierra, que primero encañonaron a su compañera, Carolina Castillo García, en su área de trabajo. “Le ordenaban que se saliera porque no la querían ver allí y luego se trasladaron con una actitud violenta donde yo estoy trabajando”, dice Jessica.“Primero utilizan a un presidente de patronato para hacer un desmembramiento de 150 manzanas de tierra y luego aparecen dueños por todos lados, hemos descubierto que quieren hacer una venta de tierras utilizando a los mismos hijos del pueblo”, relata Jessica, quien además explica que una situación de esas solo puede ocurrir con aprobación de la asamblea general.
Informó que estos individuos comentaban entre ellos la cantidad de casas que iban a derribar cada uno, porque según ellos los garífunas están usurpando el territorio.
“Y había uno que me estaba apuntando directamente a mí con un rifle, -yo no sé de armas, pero yo creo que era AK, ellos son civiles y uno se llama Adonys Sevilla que era el cabecilla, lo acompañaba otro hermano de él, que se llama Ramón (Moncho) Sevilla y los demás me imagino que eran personas que habían contratado para eso” profundizó la mujer.Ella dijo que los hombres ya habían llegado en otras ocasiones, que en una sola semana les hicieron dos visitas intimidantes y que en una ocasión además de las armas también llevaban en sus manos granadas o bombas. Detalló que el 08 mayo ocasionaron daños en una manzana de cultivos, además del derribamiento de cuatro viviendas.
“Moncho me dijo que mejor se retiraban porque no querían matar a ningún garífuna y como yo no me dejo intimidar, le pregunté que dónde tenía la licencia para matar, porque también me dijo que ellos compraron allí y que iban a hacer todo para recuperar sus tierras, pero nosotros estamos seguros que le pertenecen al pueblo garífuna” insistió Jessica.
Denunció que personas enviadas por la Alcaldía Municipal llegan a la comunidad a ofrecerles dinero a los pobladores con el propósito de dividirlos para después enfrentarlos entre ellos.
Radios comunitarias bajo amenaza
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A pesar de que hasta hoy no se han manifestado hechos concretos en las radioemisoras, la comunidad indígena ha recibido amenazas de incendios contra estos medios de comunicación, mientras que al personal que ahí labora le llega mensajes telefónicos intimidatorios para que abandonen el abordaje de determinado tema.
Otra situación que afecta a la comunidad lenca, se deriva del boicot que ha sufrido la señal de las Radio Puca y Opalaca y la Voz Lenca, además de las intervenciones “extrañas” que han afectado sus redes sociales y sitios web.“Si siguen hablando de eso van a aparecer con la lengua cortada; solo mierdas hablan, dejen de hablar de eso”, es parte de los mensaje que según Berta Cáceres, han llegado en más de una ocasión a distintos comunicadores sociales, cuando abordan temas relacionados con la entrega de los ríos y se mencionan a diputados, alcaldes, o simplemente cuando hablan del golpe de estado.
Con el gobierno anterior firmaron acuerdos para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) exonerara estas emisoras del canon anual, pero la institución gubernamental incumple lo pactado y amenaza con multas enormes si no ejecutan los pagos.
A lo anterior se suma que de las cinco radioemisoras solo una se ha logrado ubicar en la frecuencia autorizada. La coordinadora del Copinh dijo que la frecuencia de la Voz Lenca la situaron en medio de una radio evangélica y de otra comercial que le impiden salir con claridad. “Y siempre andan jodiendo con el alcance, pero nosotros peleamos que el espectro radiofónico es parte del territorio indígena”, expresó.
Igual situación se presenta con el FM de radio Guarajambala, cuando les han manifestado que está fuera del cuadrante. Sin embargo, no le estorba a nadie y la gente la escucha. Y “la de San Francisco, Lempira también la hemos tenido que mover porque nos han puesto con una emisora bien fuerte de El Salvador”, expresó Cáceres.
Además de lo anterior el COPINH debe también enfrentar campañas de odio y discriminación a través de las redes sociales como la página de Facebook creada con el nombre de Copinh Honduras para desprestigiar a la organización y en especial la lucha de Bertha Cáceres, donde se difunden mensajes como “no Más Berta” y “cárcel para Berta Cáceres y sus compañeros de Copinh”. Además de la desinformación de la lucha del pueblo lenca.
Infografia [click en la imagen] Ver infografia en grande© Infografia realizada por Pasos de Animal Grande. |
Radio Taragual
Esta es una emisora comunitaria que desde julio de 2014 ha operado en la comunidad lenca de Taragual, municipio de La Iguala departamento de Lempira. Para el gobierno es ilegal, pero los pobladores están seguros del derecho que les otorga el Convenio 169. Electerio Pérez, líder de la comunidad, explicó a Pasos de Animal Grande, que se vieron obligados a operar libremente, porque la CONATEL les denegó la solicitud para adquirir la frecuencia. |
Ellos solicitaron la frecuencia en octubre del 2013 y después de nueve meses CONATEL les notificó la denegación argumentando que en ese lugar no hay espectro radiofónico.
La emisora salió al aire en mayo de 2014 localmente y en octubre de ese mismo año cobró mayor potencia y ahora cubre varios municipios de Santa Bárbara, todo el municipio de La Iguala y parte de Lepaera, Lempira. “Nos informaron que las autoridades nos están investigando porque nos ligan con el Frente Nacional de Resistencia Popular y por eso tratan de detenernos”, expresó Electerio, responsabilizando de la situación a activistas y líderes locales del Partido Nacional, incluido, el alcalde Municipal, Mario Orlando Miranda.
Pérez dijo que en el 2011 organizaron la Asociación Indígena para el Desarrollo Comunitario (AIDC) y aunque han gestionado su legalización en la Secretaría del Interior, la personería jurídica sigue siendo un sueño de la comunidad.
¿Y los medios garífunas?
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Entre ellas mencionó la Radio Waruguma ubicada en Trujillo Colón; Faluma Bimetu, del Triunfo de la Cruz; Fugua de Sambo Creek y la radio Punta Piedra, como emisoras que han sido requeridas por CONATEL para manifestarles que están violentando el espectro radiofónico y que deben contar con los permisos de operación de las frecuencias, una actitud que para ella es violatoria de los derechos comunales, al considerar que todo apunta a favorecer los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.
Miranda dijo que en el departamento de Atlántida quien controla los medios de comunicación es el eterno diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas.
Destacó que la radio en esas comunidades juega un papel importante para informar, sobre el fortalecimiento la de cultura del pueblo garífuna y para la denuncia “y con todos esos requerimientos se evidencia la intención del gobierno en querer cerrar las radios comunitarias” señaló Miranda.
Aseveró que la radio comunitaria educa a la comunidad y defiende los derechos humanos, una situación que también expone a los comunicadores sociales que se ven amenazados por los empresarios nacionales y extranjeros instalados en la región. Desde enero de 2010 cuando fue incendiada Faluma Bimetu, varios de sus miembros están con medidas cautelares. Esta emisora conocida también como Radio Coco Dulce acompaña el rechazo de la comunidad a la instalación del complejo turístico, Bahía de Tela.
Entre tanto, el director de Faluma Bimetu y coordinador de la red de las radios comunitarias de OFRANEH, Alfredo López, explicó que la Radio Waruguma, de Trujillo Colón, enfrenta la amenaza del acaparamiento de las tierras de parte de del empresario canadiense, Randy Roy Jorgensen, conocido en la región, como el Rey del Porno.
Según López, a pesar de que las radioemisoras son de baja potencia, significan un estorbo enorme en las pretensiones de los empresarios y del gobierno “porque los recursos naturales están en las comunidades y cada vez que se va a expropiar un terreno para una represa, para un complejo hotelero, viene la amenaza”.
Asegura que no se intimidan, pero si le exigen al Estado que cumpla el Convenio 169 que fue ratificado por el Congreso Nacional y que les permite operar sus medios de comunicación sin censura alguna.
López urgió la necesidad de una Ley que separe las operaciones de las verdaderas radios comunitarias y las que pertenecen a las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.
Recordó que el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir algunos compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2010 abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radiofónico, pero que el proyecto elaborado quedó sin efecto, porque el mismo Congreso Nacional y los empresarios lo tildaron de Ley Mordaza, para no aprobarlo.
La situación fue aprovechada por unos pocos y a través de CONATEL lograron la adjudicación de unas pocas frecuencias de radio a quienes acondicionaron hasta sus programaciones. Crearon según López la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) con representantes que nada tienen que ver con el tema.
Él es del criterio que estas personas no manejan emisoras comunitarias, pero asumen el papel de esbirros y “sin estar autorizados hablan por nosotros”, indicó.
La difícil situación que viven los pueblos indígenas y negros en lo relativo a la libertad de expresión evidencia la continuación del modelo colonizador, la discriminación y la negación de los derechos ancestrales.
Para las autoridades hondureñas la expansión del modelo neoliberal que favorece al gran capital y la construcción de los proyectos que se proponen los empresarios nacionales y extranjeros es más importante que el derecho a la vida digna de estas comunidades, a pesar que el Estado es suscriptor de innumerables convenios internacionales que forman parte la normativa jurídica de la Nación. Ante esa situación la dignidad y la lucha son la clave para los pueblos indígenas y negros.
A Libre y al pueblo hondureño nadie le vuelve a robar las elecciones ni el poder: Mel Zelaya
“Este pueblo de Honduras quiere democracia, aunque el Partido Nacional no lo entienda”, dijo Manuel Zelaya al iniciar el diálogo con el puebloPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– El pasado sábado en colonia el Pedregal de Comayagüela, el Partido
Libertad y Refundación de la mano de su coordinador Manuel Zelaya,
inició lo que denominan: “diálogo con el pueblo”.
El
expresidente, derrocado por un golpe de Estado en junio de 2009,
manifestó que mediante está asamblea enseñarán cómo se realiza un
verdadero diálogo, el mismo que debe partir de las necesidades de la
población.
Zelaya
señaló que “este pueblo quiere democracia, aunque el Partido Nacional
no lo entienda”. El coordinador general de LIBRE aseveró que el pueblo
hondureño quiere participación en la toma de decisiones. “Este pueblo
quiere participación ciudadana, este pueblo quiere expresarse”,
argumento Zelaya.
Más
adelante agregó que “este pueblo quiere protestar por sus derechos
cuando son violados y ninguna fuerza podrá detener la fuerza de las
ideas del poder popular en Honduras”.
Sobre
el dialogo nacional promovido por Juan Hernandez y la Organización de
Naciones Unidas (ONU) señaló que, “esto si es un diálogo, aquello que
tiene Juan Orlando es una negociación con el bipartidismo”.
Lanzan los Comandos insurreccionales
Manuel
Zelaya informó que en la consulta popular realizada hace siete semanas,
el 97.5% de los participantes aprobó los comando insurreccionales.
Nota relacionada Honduras: Partido Libre realiza consulta sobre seis temas de interés nacional
De
manera contundente y acompañado por el grito de aprobación de sus
seguidores, Zelaya aseguró que están organizando hace años los comandos
insurreccionales, que la meta son 10 mil, porque no les vuelven a robar
el poder ni las elecciones. Sobre
el tema de la asamblea nacional constituyente, el expresidente señaló
que el 98.5% de las personas consultadas dijeron que si era necesaria.
Durante
las participaciones, los simpatizantes de LIBRE dijeron que querían una
asamblea originaria y participativa. Que pueda integrar a la población.
Aseguran bienes y cuentas bancarias a implicados en Caso Pandora
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Juzgado de Privación de Dominio lleva a cabo este martes acciones de
privación y aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas
mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados
de depósito a implicados en el caso Pandora.
La
acciones se verifican en contra de “personas naturales o jurídicas que
de manera directa o indirecta se beneficiaron de forma ilícita de
dineros públicos procedentes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
en lo que se conoce como Caso Pandora”, expone un comunicado de prensa
del Ministerio Público.
El
texto añade que el aseguramiento y privación de bienes incluye, además,
a “empresas de maletín”, las que por medio de las fundaciones Di
Batista y Todos Somos Honduras recibieron fondos del Estado sirviendo de
vehículo para el destino ilegal de los mismos.
Los
46 bienes pasarán al poder de la Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI). Se establece que 13 de los bienes fueron comprados
con parte de los 282 millones saqueados a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG).
Se
ha encontrado, además, que las cuatro cuentas y los dos certificados de
depósito suman aproximadamente 13 millones de lempiras.
El
pasado 23 de julio la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de 38
implicados en el caso, entre ellos, políticos, empresarios y personas
particulares, acusados por los delitos de fraude, malversación de
caudales públicos, abuso de autoridad y asociación ilícita. Sin embargo,
la madrugada del 28 de julio, por resolución de la jueza natural, Lidia
Álvarez Sagastume, fueron dejados en libertad al modificar los delitos
por cargos menores que les permitió defenderse en libertad.
Noticia Relacionada: Implicados en caso Pandora se defenderán en libertad por delitos menores
Los
únicos que siguen con la medida de prisión preventiva, son el ex
ministro de la SAG, Jacobo Regalado, acusado por los delitos de abuso de
autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Mientras tanto,
la jueza encontró a Norma Kaffy Montes, con indicios de abuso de
autoridad, abuso a los deberes de los funcionarios y fraude; a Velkis
Rosibel Hernández, por falsificación de documentos públicos y a Laura
Haidé Arita Palma, por los delitos de falsificación de documentos
públicos y fraude.
Este
mediodía elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC) y fiscales del Ministerio Público, se han desplazado a las
oficinas de los Partidos Nacional y Liberal, para proceder a asegurar
bienes a estas dos instituciones políticas por el involucramiento en el
caso Pandora.
De
acuerdo a un informe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción
de la Impunidad (Ufecic) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en
Honduras (MACCIH) los partidos Liberal, Nacional y el Frente Amplio,
recibieron dineros de los más de 282 millones de lempiras saqueados a la
SAG.
La
Ufecic y la MACCIH establecieron el involucramiento de 38 personas,
entre políticos, empresarios y personas particulares, quienes para
drenar los recursos públicos utilizaron a las fundaciones Di Batista y
Todos Somos Honduras.
Comunicado del Ministerio Público:
Nombres y delitos imputados a implicados en caso Pandora:
Por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado:
- Jose Celín Discua Elvir, diputado al Congreso Nacional por el departamento de El Paraíso en representación del Partido Nacional. 2. Rodolfo Irías Navas, expresidente del Congreso Nacional (1990-1994) y actual diputado al Congreso por el departamento de Atlántida en representación del Partido Nacional. 3. Miguel Edgardo Martínez Pineda, diputado al Congreso Nacional por el departamento de Comayagua, en representación del Partido Nacional. 4. Elden Vásquez, diputado al Congreso Nacional del departamento de Intibucá, en representación del Partido Nacional. 5. Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, Yoro. Actualmente guarda prisión tras recibir condena por el delito de lavado de activos y con supuestos vínculos con el narcotráfico. 6. Carlos Alberto Pineda Fasquelle, vice ministro de MiAmbiente. 7. Wilson Rolando Pineda Díaz, gobernador del departamento de Lempira y Comisionado Departamental del Programa Gubernamental “Vida Mejor”. 8. Ramón Antonio Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA)
- 9.Redin Lenin Chávez Galindo, 10. Armando José RiveraMarroquín 11. Hernán Seaman Elvir 12. Claudia Yamila Noriega González 13. Arnold Gustavo Castro Hernández, (Esposo de Gladis Autora López, exvicepresidenta del Congreso Nacional y actual diputada por el departamento de La Paz, en representación del Partido Nacional). 14. Franklin Erick Toruño Colindres, diputado suplente al Parlacen por el Frente Amplio. 15. Jean-François Peyrecave (Viudo de Hilda Hernández, hermana del presidente, Juan Hernández).
- 16.Alba Luz Ramírez Hernández 17. Mario Rolando Suazo Morazán 18. Mario Edgardo Suazo Matute 19. Dalia Esmeralda Palma Sánchez 20. Josué Francisco Velásquez Sánchez 21. José Luis Flamenco Mejía 22. Elvin Ernesto Santos Ordoñez, excandidato presidencial (2009) y actual diputado al Congreso Nacional. 23. Elvin Ernesto Santos Lozano (padre de Elvin Santos Ordóñez, exalcalde de Tegucigalpa y empresario de la Construcción. 24. Ernesto Galeas Martínez
- Sixto Pineda Hernández
- Laura Aidé Arita Palma
- Jorge Alberto Izaguirre Zamora.
28. Lenin Rigoberto Rodas Velásquez 29. Felix Francisco Pacheco Reyes 30. Eduardo Enrique Lanza Raudales 31. José Adolfo Sierra Morales 32. Luis Fernando Urrutia Ramírez
Por abuso de autoridad, malversación de caudales público y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del estado:
- Jacobo Regalado Weizenblut, ex secretario de la SAG (2010-2014) y dirigente del Partido Liberal.
- Norma Kaffy Montes Chandías
- William Chong Wong, ex secretaría de Finanzas (2010-2013).
- Velkis Rosibel Hernández.
- Fernando José Suárez Ramírez.
- Jaime Antonio Suárez.
Aseguran bienes al Partido Nacional y Liberal por caso Pandora
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.–Elementos
de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales del
Ministerio Público, han asegurado este martes los edificios sedes de los
Partidos Nacional y Liberal, por el involucramiento en el caso
Pandora.
Noticia Relacionada:Aseguran bienes y cuentas bancarias a implicados en Caso Pandora
De
acuerdo a un informe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción
de la Impunidad (Ufecic) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en
Honduras (MACCIH) los partidos Liberal, Nacional y el Frente Amplio,
recibieron dineros de los más de 282 millones de lempiras saqueados a la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Este
martes el Juzgado de Privación de Dominio ordenó la privación y
aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis
vehículos, y el congelamiento de cuatro cuentas bancarias y dos
certificados de depósito a implicados en el caso Pandora.
El
vocero de la ATIC, Jorge Galindo, explicó que a los partidos Liberal y
Nacional, se les ha procedido a asegurar su edificios sedes porque ambas
instituciones recibieron fondos de los saqueados a la SAG.
Galindo detalló que en la acción de este día no se practicará el secuestro de documentos.
Por
su parte el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, confirmó la
noticia del aseguramiento de los bienes al partido de la enseña rojo,
blanco, rojo y dijo que es por el caso Pandora.
En
tanto el apoderado legal del Partido Nacional, Mario Flores, informó
que esta tarde se desplazará a los juzgados para conocer el contenido
del expediente.
Flores
manifestó que la ley confiere 15 días de plazo para que la parte
acusada presente las pruebas del caso y desvanezca las acusaciones.
Noticia Relacionada: Publicación de El Libertador muestra cómo Elvin Santos manejó las cuentas del Partido Liberal
En
el caso del Partido Liberal, la MACCIH y la Ufecic, acreditaron pruebas
sobre 99 millones de lempiras, supuestamente, recibidos en el año 2013
por Elvin Santos, para el pago de una deuda contraída por esta
institución partidaria con un banco privado.
Noticia Relacionada: Con dinero saqueado de la SAG, JOH financió la “tarjeta cachureca”
En
tanto el Partido Nacional, habría financiado la “tarjeta cachureca” y
su comisión de campaña recibido fondos para la campaña electoral en
todos los niveles político: presidencial, diputados y alcaldías.
Convergencia contra el Continuismo: No puede haber diálogo si antes no se retorna al orden constitucional
Por: Marvin Palacios
Tegucigalpa (jueves 23 de agosto 2018).- En
conferencia de Prensa desarrollada en la sede del Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Convergencia contra
el Continuismo (CCC), estableció que “la condición para el inicio de
este proceso de búsqueda de consensos nacionales es el retorno al orden
constitucional y establecer un verdadero Estado de Derecho para
reconstruir la institucionalidad destruida”.
Declaramos que creemos firmemente en la
salida racional, dialogada y consensuada de la crisis. Creemos que
debemos poner en marcha un proceso de diálogo nacional con la
participación de todos los sectores de la sociedad, conducido por los
actores sociales que cargan con el peso de los subproductos de este
modelo económico depredador, señala el posicionamiento de la CCC frente a
la propuesta de diálogo del régimen de Juan Orlando Hernández.
El pronunciamiento de la CCC establece
que: “El actual diálogo político no arribará a esa solución y mucho
menos encontrará los consensos necesarios que conduzcan a la
construcción de un país de justicia, democracia y de bienestar para
todos, porque el régimen solo apuesta a su consolidación, por ello busca
legitimarse y legalizar su delito de traición a la patria”.
Frente a un diálogo con los principales
autores del delito convencidos de su legalidad, legitimidad y empeñados
en su consolidación, “declaramos nuestro rechazo y convocamos a una
movilización nacional el próximo 30 de agosto porque el pueblo tiene el
derecho, organizado y movilizado, a expresar su indignación ante los
atropellos de los que es objeto”, reza el pronunciamiento.
La Convergencia contra el Continuismo
expresó además, que en este espacio “caben todos los sectores sociales y
políticos junto a sus demandas particulares y populares, porque todos
los reclamos deberán conducir a la presión social y política que obligue
al régimen a reconstruir la institucionalidad destruida, construir un
nuevo orden constitucional y un verdadero Estado de Derecho”.
Al respecto la Coordinadora General del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
Bertha Oliva, indicó que el diálogo promovido por el régimen de Juan
Orlando Hernández fracasó desde el principio.
“Porque es necesario que ellos
entiendan, que hay una ciudadanía activa, que demanda, que no permite
que el tema de los derechos humanos lo manipulen y los negocien como han
querido negociarlos hasta ahorita”, expresó Oliva.
¿Usted cree que van a aceptar los que
están promoviendo ese diálogo, que el régimen que hay es fraudulento,
ilegal e ilegítimo, y que además que para sostenerse ha tenido que pagar
y pagar, reduciendo el presupuesto de salud y educación; para mantener
una militarización nunca antes vista en el país?, preguntó la defensora
de derechos humanos a los medios de comunicación que asistieron a la
conferencia de prensa.
“Pobres de los que avalan a nivel
nacional un proceso inusual, fraudulento y no transparente, el diálogo
que están promoviendo es una manipulación claramente”, subrayó Oliva.
“No se puede restablecer el orden constitucional sobre la base de un entendimiento con un régimen que surgió de un fraude y una candidatura ilegal”: Mario Membreño.
Mario Membreño, quien es miembro de la Coordinación Nacional de la CCC, dijo a www.defensoresenlinea.com
que el camino para que Honduras regrese al orden constitucional está
contemplado en la Constitución de la República, si se pone un grupo de
abogados constitucionalistas a examinar con objetividad la Carta Magna,
ahí se podrá encontrar la fórmula adecuada a las actuales cirunstancias
que vive el país; para abrir el camino a un nuevo orden constitucional.
Todo esto pasa por el hecho de que Juan
Orlando abandone el poder y deje el mando sobre un gobierno de
transición necesariamente, porque no se puede restablecer el orden
constitucional sobre la base de un entendimiento con un régimen que
surgió de un fraude y una candidatura ilegal, sostuvo Membreño.
Consultado acerca de que existe fuerzas
externas que mantienen a Juan Orlando Hernández en la Presidencia de
Honduras, Membreño señaló que indudablemente hay un ambiente nacional
propicio para la lucha que estamos librando.
En el pueblo nuestro, hay la conciencia
de que la lucha hay que librarla, que es una necesidad y que es posible
que los factores internacionales que, en este momento, actúan en favor
del régimen; pueden modificar su posición, si la movilización popular
acrece y se potencia cada día más en el pueblo, apuntó.
Por su parte Elí Rosales, del Comité
Coordinador del departamento de Cortés, expresó que la convocatoria a la
movilización programada para el 30 de agosto, “ha tenido mucho impacto
no solo en Cortés, sino en la zona occidental. Hemos sostenido
encuentros regionales con los compañeros y compañeras de Santa Bárbara,
los valles de Santa Bárbara, encuentros regionales en Santa Rosa de
Copán, en Gracias, Lempira y Ocotepeque y todos estamos en coordinación
para movilizarnos el próximo jueves 30 de agosto a las 10:00 de la
mañana desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Todo esto ha causado un impacto
tremendo porque es el espacio donde vamos a tener la posibilidad de
expresar nuestro descontento con el régimen usurpador del poder, que
actualmente está enquistado en nuestro país”, sostuvo Rosales.
El dirigente social de Cortés afirmó que
“Juan Orlando Hernández está tratando de invisibilizar el rechazo y el
descontento del pueblo, está tratando de que olvidemos a los más de 40
asesinados en la crisis post electoral; los más de 23 presos políticos,
por los cuales estamos luchando por su liberación, por los más de 34
heridos que no han sido objeto de ninguna reparación por parte del
estado hondureño”.
“Por todo esto es que nosotros nos
movilizamos el 30 de agosto para demostrarle, no solamente a él, sino a
la comunidad internacional que estamos dispuestos a seguir en la lucha
para derrocar al régimen usurpador e ilegal que está enquistado en el
país”, explicó Rosales.
El pronunciamiento de la Convergencia
Contra el Continuismo manifestó también “que estamos bajo el
sometimiento de un proyecto dictatorial neoliberal que se ha venido
construyendo con características de una mafia delictiva liderada por el
señor Juan Orlando Hernández Alvarado declarado presidente de manera
ilegal e ilegítima y que se ha enquistado en el Estado para hacer
negocios con nuestra soberanía, bienes y con nuestra dignidad”.
Declaramos que la crisis en su expresión
de saqueos y corrupción no es coyuntural ni pasajera. Es estructural,
permanente y agudizada por una reelección ilegal y un fraude electoral.
La misma no se resuelve con maquillajes ni con negociaciones entre
cúpulas políticas, empresariales y organizaciones amigas del régimen.
Nada que no toque de frente el modelo
económico en su concreción extractivista, privatizador, de despojo y el
retorno al orden constitucional, podrá abrir el camino que nos conduzca
hacia la democracia, la justicia y el Estado de Derecho, advirtió el
pronunciamiento de la CCC.
La mesa principal de la CCC estuvo
conformada por el sacerdote jesuita, director de Radio progreso y el
ERIC, Ismael Moreno, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva,
el Coordinador de la CCC en Cortés, Elí Rosales, la lideresa feminista
del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), María Elena Méndez,
el ex catedrático universitario Mario Membreño y el líder sindical,
Carlos H. Reyes.
“Tiempos del Terror” una potente obra poética en memoria de los detenidos desaparecidos
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- En el
marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido (que se conmemora el 30
de agosto) , el poeta y periodista Félix Cesario, presentó su más
reciente producción poética titulada: “Tiempos del Terror”, en la sede
del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH).
En un espacio que contó con el círculo
más íntimo de amigos y amigas del poeta y del COFADEH, se desarrolló el
evento que estuvo impregnado de emociones (alegrías, tristeza y llanto)
al evocar los nombres, los rostros y los anhelos de los detenidos
desaprecidos, que fueron víctimas del terrorismo de estado durante la
década de los años ocheta y principios de los noventas.
El
evento contó con la asistencia de la representante Permanente de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), María Soledad Pazo y de María Clara Galvis, experta
en seguimiento sobre las recomendaciones hechas por la ONU sobre
Desapariciones Forzadas al estado de Honduras, que se encuentra de
visita en el país para reunirse con organizaciones de derechos humanos.
En Tiempos del Terror, “el poeta cobra
vida y se enfrenta a los fabricantes de miedo y el espanto, reclama el
encarcelamiento, la persecución criminal, la represión, la falta de
dignidad, la soberanía entregada, la noche oscura de los desaparecidos y
asesinados a quienes dedica sus poemas como una forma de retratarlos en
el tiempo y encararlos a sus verdugos”, comenta el profesor
universitario Sergio Rivera en el prólogo del libro.
Al hacer uso de la palabra, la
Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo que en el marco del
Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido que se conmemora
el 30 de agosto de cada año, “que hable un sobreviviente es necesario, y
eso es iniciar o fortalecer la cultura de la memoria histórica, que no
solamente son las palabras, son las acciones, es la identificación, es
el estudio, es el análisis, es el debate y la generación y creación de
consciencia”.
Por su parte, el prologuista de la obra “Tiempos del Terror”,
el docente universitario y ex dirigente magisterial, Sergio Rivera dijo
que en Honduras es muy poca la poesía testimonial que se desarrolla.
Tenemos un problema naciuonal y es que la gente no cuenta sus historias.
Rivera resaltó que incluso, casi no
existen libros que narren la historia del magisterio o de los
estudiantes en el país, situación que lamentó mucho.
“Imagínense ustedes que desde 1976 hasta
la fecha, el movimiento estudiantil ha tenido unas gestas heróicas en
toda Honduras y difícilmente, nos hemos puesto a recopilra lo que ha
pasado, a sistematizarlo y contarle a las generaciones que vienen, sobre
lo que han hecho los jóvenes”, expuso el docente.
Por eso cuando sale un libro como éste
que evoca precisamente el tiempo que fue de terror, porque por ejemplo
veo acá a muchas personas que vivieron esos tiempos del terror y en el
marco de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional y de lo
que era en Honduras, la guerra de baja intensidad, en el marco del
conflicto centroamericano.
Bertha Oliva : “…que hable un sobreviviente es necesario, y eso es iniciar o fortalecer la cultura de la memoria histórica….”
“Y para muchos dirigentes populares,
sindicales y de todo tipo, pues el haber llegado hasta esta fecha, se le
puede llamar sobrevivientes, y acompañando a Félix precisamente, pues
sus poemas sobrevivieron con él y ahora nos los viene a contar”, señaló
Rivera.
Rivera subrayó que los poemas de Félix
Cesario no están cargados de odio, no tiene sed de venganza, no busca
enfrentar directamente a esta gente con malas actitudes, por el
contrario, sus poemas derrotan el odio, con amor.
Como dice uno de sus poemas: Corazón a
corazón, enfrenta a los fabricantes del odio, a los fabricantes de la
muerte,porque en Honduras existieron y existen, es más todavía andan,
pululando por los diferentes rincones de nuestra ciudad, los fabricantes
de la muerte, son los asesores; los diseñadores de esas políticas de
exterminio que todavía existen en el país.
En una pequeña mesita, con una flor
amarilla y a la luz de una pequeña lámpara, el poeta Félix Cesario leyó
sus poemas, en un ambiente de silencio expresado por sus espectadores,
que estuvieron atentos a cada palabra expresada. El poeta leyó varios
poemas de su libro “Tiempos del Terror”, y quizá, uno de los más
emblemáticos sobre la memoria histórica de los detenidos- desaparecidos:
Secreto de Estado.
“Han de aparecer los desaparecidos en el
instante exacto de la historia con todo el terror de la ternura”, con
éstas palabras el poeta y periodista Félix Cesario, concluyó la
maravillosa lectura de sus poemas, inspirados en toda una vida de lucha,
de resistencia y de memoria.
Félix Cesario (1944), es poeta y
periodista. Trabajó por 35 años en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), de los cuales 15 ejerció la docencia en la Escuela de
Periodismo. En su actividad periodístioca fue colaborador en la segunda
etapa del desaparecido “Diario el cronista”. Dirigió la página cultural
de la revista “Sucesos Centroamericanos” editada en Costa Rica.
Fundador de la Revista “Frente” y
Co-fundador del periódico “Tribuna Sindical”, ambos órganos de
divulgación del Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH). En
1992 fundó el taller literario “La Casita de Pablo”, con estudiantes de
las carreras de Periodismo y Derecho de la UNAH. Félix Cesario fue
también columnista de Diario Tiempo.
El Consulado de Honduras en Miami,
Estados Unidos le otorgó un reconocimiento a su trayectoria en 1974 y la
Facultad de Ciencias jurídicas de la UNAH, le otorgó el Premio
Extra-universitario “Rafael Heliodoro Valle” en 1991.
Dentro de
sus obras publicadas, figuran: Lamentos y Protestas (1971), Poemas para
tí y para mí (1972), mañana…Entonces 81974), carcelaria (1977) y
Homenajes (1980).
VIDEO: Niño hondureño de 3 años no reconoce a su madre tras su separación en la frontera de EE.UU.
Publicado: 29 ago 2018 01:55 GMT - RT
De acuerdo con los psicólogos, la separación
forzosa deja traumas, complejos y ansiedad en los niños que sufren un
"abandono emocional".
Inmigrantes indocumentados después de ser liberados de un centro de detención en McAllen, Texas (EE.UU.), 27 de julio de 2018.
Loren Elliott / Reuters
Un
video desgarrador, filmado en el aeropuerto de Houston, estado de Texas
(EE.UU.), ha conmovido a la Red, en el cual queda patente el
sufrimiento que siguen viviendo los inmigrantes irregulares que intentan
ingresar a ese país por la frontera con México, a pesar de que Donald Trump
puso freno a su dura política migratoria. En la grabación se puede
observar a una mujer en llanto, tratando de convencer a un niño de 3
años de que es su madre, al encontrarse con él tres meses después de su
separación forzosa.
https://youtu.be/vsBaFHnMu8k
"Yo soy tu mami", repite la mujer, mientras el niño la rechaza y se aleja. "¿Ever, qué tiene mi hijo?", pregunta la madre a su marido. "Mi hijo está traumado", dice entre lágrimas.
El padre del pequeño Sammy, Ever Reyes-Mejía, ha confesado a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que él y su hijo fueron detenidos en la frontera de EE.UU. en abril, cuando trataron de entrar ilegalmente al país desde Honduras a través de México, huyendo de la violencia.
De acuerdo con el hombre, ambos estaban durmiendo en un centro de detención, cuando un agente le habría dicho que tenía que presentarse ante un juez de inmigración, pero que no hacía falta que despertara a su hijo. Desde entonces fue separado de su pequeño por 100 largos días.
El hombre logró reunirse con su hijo el 10 de julio en Michigan. Desde allí los dos viajaron a Houston para reunirse con la madre de Sammy y su hermana de 5 meses, que también habían sido liberadas de un centro de detención, después de solicitar asilo.
La psicóloga Ángela Conway ha comentado a la cadena Univisión que el reencuentro no fue tan feliz como lo esperaban los padres, ya que la situación de desamparo, por la que tuvo que pasar el niño, le dejó traumas, complejos y ansiedad. Según la especialista, el pequeño ha sufrido un "abandono emocional", que no ha podido asimilar.
My Son is Traumatized’: One Separated Family’s Reunion
Publicado el 24 de agosto 2018
"Yo soy tu mami", repite la mujer, mientras el niño la rechaza y se aleja. "¿Ever, qué tiene mi hijo?", pregunta la madre a su marido. "Mi hijo está traumado", dice entre lágrimas.
El padre del pequeño Sammy, Ever Reyes-Mejía, ha confesado a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que él y su hijo fueron detenidos en la frontera de EE.UU. en abril, cuando trataron de entrar ilegalmente al país desde Honduras a través de México, huyendo de la violencia.
De acuerdo con el hombre, ambos estaban durmiendo en un centro de detención, cuando un agente le habría dicho que tenía que presentarse ante un juez de inmigración, pero que no hacía falta que despertara a su hijo. Desde entonces fue separado de su pequeño por 100 largos días.
El hombre logró reunirse con su hijo el 10 de julio en Michigan. Desde allí los dos viajaron a Houston para reunirse con la madre de Sammy y su hermana de 5 meses, que también habían sido liberadas de un centro de detención, después de solicitar asilo.
La psicóloga Ángela Conway ha comentado a la cadena Univisión que el reencuentro no fue tan feliz como lo esperaban los padres, ya que la situación de desamparo, por la que tuvo que pasar el niño, le dejó traumas, complejos y ansiedad. Según la especialista, el pequeño ha sufrido un "abandono emocional", que no ha podido asimilar.
El negocio de los centros de inmigración en EE.UU. genera más de 4.000 millones de dólares
Publicado: 28 ago 2018 14:34 GMT - RT
Las dos principales empresas que controlan
esas cárceles privadas custodian a más de 18.000 personas.
Desde
la semana pasada, presos de distintos centros penitenciarios de Estados
Unidos protestan contra sus malas condiciones de vida y los salarios
bajos que reciben por su trabajo. A raíz de una pelea que dejó siete
muertos en una cárcel de Carolina del Sur a principios de año, algunos
reos realizan paros laborales, huelgas de hambre y sentadas como parte
de unas protestas que está previsto que duren hasta el próximo 9 de
septiembre, reportó USA Today.
En el centro de detención Northwest de Tacoma (Washington, EE.UU.), decenas de inmigrantes se declararon en huelga de hambre para exigir "cambios" y "el cierre" de esos lugares, según indica una carta que publicó el grupo de activistas Resistencia al NWDC.
EE.UU. tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Además, su política de tolerancia cero hacia los inmigrantes y su consecuente encarcelamiento ha contribuido a que las cárceles privadas supongan un nuevo negocio que mueve más de 4.000 millones de dólares anuales.
Uno de los objetivos de las protestas sobre el trato de las
autoridades migratorias de EE.UU. a las personas arrestadas por entrar
de manera ilegal en ese país es la compañía GEO Group,
que "obtiene beneficios por enjaular a personas de las comunidades negra
y latina", ha denunciado el activista Leonardo Duarte durante una
reciente manifestación en Boca Ratón (Florida).
GEO Group es el mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La organización Corrections Accountability asegura que esa empresa obtuvo más de 500 millones de dólares públicos en 2017, mientras que CoreCivic —la segunda compañía en importancia del sector— recibió más de 440 millones. Entre las dos custodian a más de 18.000 personas.
Ambas defienden que solo prestan un servicio, pero ciertas asociaciones consideran que presionaron durante años para conseguir leyes migratorias favorables a sus negocios y recuerdan que, a principios del año pasado, anticiparon como una buena noticia para sus inversores el hecho de que la Administración Trump fuera a adoptar su política de tolerancia cero.
"El precio de sus acciones ha aumentado. GEO Group subió un 24 % desde el anuncio de la política de tolerancia cero y los títulos de Corecivic ascendieron casi un 14 %", comenta Bianca Tylek, directora del proyecto Corrections Accountability.
Varias organizaciones y activistas a favor de los migrantes destacan la opacidad que impide conocer los detalles de multitud de contratos secundarios y también acusan a multinacionales como Amazon —suministra tecnología específica—, Motorola, Thomson Reuters o Microsoft de ser cómplices en la aplicacion de estas politicas migratorias.
En el centro de detención Northwest de Tacoma (Washington, EE.UU.), decenas de inmigrantes se declararon en huelga de hambre para exigir "cambios" y "el cierre" de esos lugares, según indica una carta que publicó el grupo de activistas Resistencia al NWDC.
EE.UU. tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Además, su política de tolerancia cero hacia los inmigrantes y su consecuente encarcelamiento ha contribuido a que las cárceles privadas supongan un nuevo negocio que mueve más de 4.000 millones de dólares anuales.
GEO Group es el mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La organización Corrections Accountability asegura que esa empresa obtuvo más de 500 millones de dólares públicos en 2017, mientras que CoreCivic —la segunda compañía en importancia del sector— recibió más de 440 millones. Entre las dos custodian a más de 18.000 personas.
Ambas defienden que solo prestan un servicio, pero ciertas asociaciones consideran que presionaron durante años para conseguir leyes migratorias favorables a sus negocios y recuerdan que, a principios del año pasado, anticiparon como una buena noticia para sus inversores el hecho de que la Administración Trump fuera a adoptar su política de tolerancia cero.
"El precio de sus acciones ha aumentado. GEO Group subió un 24 % desde el anuncio de la política de tolerancia cero y los títulos de Corecivic ascendieron casi un 14 %", comenta Bianca Tylek, directora del proyecto Corrections Accountability.
Varias organizaciones y activistas a favor de los migrantes destacan la opacidad que impide conocer los detalles de multitud de contratos secundarios y también acusan a multinacionales como Amazon —suministra tecnología específica—, Motorola, Thomson Reuters o Microsoft de ser cómplices en la aplicacion de estas politicas migratorias.
Mala racha para Trump: Varios exallegados camino a prisión o en espera de juicio
| CUBADEBATE
Donald Trump. Foto: Archivo.
Ocurrió el martes, en el espacio de unos pocos minutos. Investigado desde abril por varios delitos de fraude fiscal y bancario en sus negocios privados, el exabogado personal de Trump llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de ocho delitos, dos de ellos por violación de las leyes de financiación de campañas por la firma de acuerdos de silencio con dos mujeres que dijo cometer “bajo la dirección” de Trump y “con el objetivo principal de influir” en el resultado electoral.
Con dos minutos de diferencia, a 380 kilómetros de Manhattan un tribunal de Virginia daba el segundo varapalo judicial al presidente. Un jurado popular declaró culpable de ocho delitos millonarios de fraude fiscal y bancario a Paul Manafort, un lobbista que trabajó como jefe de campaña del candidato republicano y dimitió a los cinco meses tras conocerse que había trabajado para oligarcas prorrusos.
El lobbista estaba acusado de diez delitos más pero el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre estos. La razón, una mujer que votó en contra de todos y cada uno de los 18 cargos presentados argumentando que tenía “dudas razonables”, según ha contado otra integrante en la CBS.
A Manafort le espera en cualquier caso una larga condena de cárcel que podría verse ampliada cuando en septiembre otro tribunal le juzgue por otros delitos por su trabajo como lobbista. Trump ha hablado con sus abogados de concederle el indulto, ha revelado Rudy Giulliani. Cree que es “injusto” que le condenen (y es posible que tenga mucho que perder si canta).
Manafort se negó a colaborar pero ha sido declarado culpable. Va camino de la cárcel, como Cohen, un padre de familia de 52 años que había jurado lealtad eterna a su jefe y mentor. La amenaza de una larga pena de cárcel y una investigación fiscal a su mujer le hizo cambiar de opinión.
Hace unas semanas hizo saber que su máxima lealtad era ahora hacia su familia. Su padre tuvo un papel fundamental en el giro: “No sobreviví al Holocausto para ver mi apellido mancillado por Trump”, asegura The Wall Street Journal que le dijo el pasado fin de semana. El martes se autoinculpó ante el juez de ocho delitos y señaló como instigador al presidente.
Parafraseando la mejor ficción sobre Richard Nixon, con quien se le compara constantemente a Trump, la lista de “todos los culpables del presidente” incluye a tres antiguos colaboradores más.
Michael Flynn, exasesor nacional de seguridad del presidente, se ha declarado culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington durante la campaña electoral.
En abril, Rick Gates, número dos de Manafort, se autoinculpó de varios delitos cometidos junto a este. Y Georges Papadopoulos, que asesoró al candidato sobre política exterior y estuvo implicado en la cita con una abogada rusa en la Torre Trump y la oferta de ‘basura’ sobre Hillary Clinton, también se ha declarado culpable de mentir al FBI y ha aceptado cooperar con la investigación.
“Todos los corruptos del presidente”, titulaba el miércoles un editorial del The New York Times. La promesa de rodearse “solo de los mejores” se ha materializado en una camarilla de “estafadores descarados, mentirosos y corruptos”, lamentaba el diario. “Solo alguien fantasioso -es decir, el presidente Trump y su culto- pueden seguir asegurando que la investigación sobre la subversión extranjera de unas elecciones americanas, que ha desencadenado decenas de acusaciones y varias declaraciones de culpabilidad, es un fraude, un timo o una caza de brujas”.
Trump autorizó la investigación de Mueller hace 15 meses en plena conmoción por su despido del director del FBI, James Comey, en el que algunos ven un posible delito de obstrucción de la justicia. El presidente no tardó en atacar sus pesquisas y poner en duda su neutralidad.
Con su tenacidad y discreción, Mueller, un hombre de confianza de los republicanos, se ha convertido en el héroe inesperado de los enemigos de Trump. ¿Adónde llevarán sus investigaciones? De momento han permitido inculpar a 25 rusos por intentar influir en las elecciones americanas, condenar al exjefe de campaña de Trump y lograr varias autoinculpaciones.
Aunque se frotan las manos con la acusación de financiación ilegal de campaña y las traiciones de sus colaboradores, lo que de verdad esperan los demócratas es que Mueller les dé material suficiente para -pasadas las midterm y si recuperan el control del Congreso- iniciar los trámites del impeachment.
(Tomado de La Vanguardia)
