Gobierno responsabiliza a pobladores de Guapinol si se da una batalla campal por oponerse a minera
Así lo ha denunciado el comité pro defensa de la comunidad Guapinol, luego de haber sostenido una reunión con el representante del Gobierno, la cual se suspendió por no llegar a ningún punto de acuerdo.
Desde hace 17 días los pobladores de la comunidad Guapinol se han apostado en un campamento permanente en protesta a la explotación minera que pretende hacer en la zona la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, propiedad Lenir Pérez y Ana Facussé .
El doctor Carlos Izaguirre de la Secretaría Mi Ambiente nos dijo que si no levantábamos el campamento, el Gobierno no era responsable por lo que pueda pasar y por la batalla campal que pueda haber entre los pobladores, la empresa minera y las personas que están a favor, señaló uno de los habitantes.
Asimismo denunció que el gobierno está enterado que la empresa minera Inversiones los Pinares tiene gente armada para asesinar líderes y lideresas del Comité, y que no hacen nada para desarmarlo para evitar una tragedia.
El representante de Juan Orlando Hernández dijo que no es posible la petición de la comunidad, que piden que la empresa abandone el sitio, porque esta ha cumplido todo y está legalmente operando con su licenciamiento, basado en la legislación ambiental hondureña
“El gobierno de Juan Orlando Hernández es responsable del conflicto porque de manera ilegal otorgó concesiones mineras sobre las fuentes de agua y zona núcleo del parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Escaleras Mejía”, indicaron los denunciantes.
Los trabajos de construcción de la minera han provocado daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona, así como la destrucción de decenas de árboles para la construcción de una carretera.
Los miembros del comité pro defensa de la comunidad Guapinol anunciaron que el campamento continuará con su protesta y responsabilizan al gobierno de Juan Orlando Hernández de cualquier desalojo violento que se pueda dar contra los pobladores en resistencia por la defensa de los recursos naturales del sector.
Aumenta la criminalización en Zacate Grande
Amapala, Valle (defensoresenlinea.com).- La
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
(ADEPZA), ha emitido una alerta ante la criminalización contra
pobladores de Puerto Sierra, acusados supuestamente por el delito de
daños en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva.
Jacinto Hernández Cruz, María veneranda
Cruz, Oneyda Cárdenas Flores y Yessica Cruz, tienen orden de captura por
lo que peligra su integridad, denunció la dirigencia del ADEPZA, en
Puerto Grande, Amapala, Valle, ayer 17 de agosto.
El y las campesinas han habitado en las
tierras de la comunidad Puerto Sierra, junto a Playa Blanca, las cuales
atraviesa un gran muro de piedra construido por orden del terrateniente,
que en el 2015 denunció a Tomás García, Abel Pérez y Santos Hernández.
Los dos últimos estuvieron 101 días en la granja penal de Nacaome,
Valle, en un proceso que al final fueron declarados culpables por los
delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Cassis, en la
comunidad de Playa Blanca donde habían habilitado para la semana santa
un parqueo comunal.
A lo largo de 18 años de lucha que se mantiene en Zacate Grande por la defensa del territorio, la ADEPZA registra más de 70 criminalizados y criminalizadas, algunos de ellos mantienen procesos pendientes por la defensa del territorio donde está instalada al radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande” y el Campamento de Observación de Derechos Humanos, en la comunidad de Puerto Grande.
Entre las violaciones a los derechos
humanos ejecutadas por militares, policías y guardias de seguridad
privada, hay desalojos violentos y expropiaciones de familias que por
generaciones han habitado en las playas, que ahora son privadas.
La persecución contra los y las
defensoras ha llegado al límite de retirarse por lapsos de tiempo de la
lucha o migrar de la zona y hasta del país, como sucedió con el defensor
y comunicador social Miguel Vásquez.
Los desplazamientos forzados son
descritos por el líder social Pedro Canales, como momentos difíciles,
siendo testigo del despojo de la tierra, casa y playa contra la familia
Hernández- Manzanares, de parte de la familia Gutiérrez. Ahora la playa
Celso, se llama “Villa Lena”, como la ex vicepresidenta del Congreso
Nacional Lena Gutiérrez, detalló en entrevistas previas.
ADEPZA puso en funcionamiento en el año
2010 la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, y desde ese momento
fueron criminalizados los y las comunicadoras sociales. Ochos años
después continúan pendientes de un juicio los defensores de derechos
humanos Danilo Osorio, Wilmer Rivera y Pedro Canales, porque se
opusieron al arrebato de la tierra en Puerto Grande.
Los y las comunicadoras sociales temen
que la continúen las persecuciones y que en algún momento les afecte
directamente a ellos y ellas, por lo que están en constantes formaciones
en temas de DDHH, parte de los conocimientos ha sido facilitado a
través del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFAEDEH) que desde el 2012 tiene presencia con la conformación de la
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la zona Sur del
país (REDEHSUR), que entre sus integrantes hay defensores de ADEPZA como
Abel Pérez, Danilo Corrales, Allan Torres, Vivian Corrales y Ethels
Corea, además comunicadores de la Radio.
Para dar acompañamiento a los y las
compañeras perseguidas judicialmente, pobladores y miembros de ADEPZA se
movilizan a diferentes zonas de Valle y Choluteca, y esa facilidad de
locomoción se ha facilitado en los últimos meses gracias al apoyo
recibido para fortalecimiento de la radio comunitaria y la organización,
mediante un fondo en cascada al que optaron en el marco del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para cos y para tu voz” que ejecuta el COFADEH, con el apoyo de la agencia de cooperación internacional Diakonía y la Unión Europea. (Sandra Rodríguez)
La Voz de Zacate Grande amplía cobertura e incidencia
Amapala, Valle (defensoresenlinea.com).-
La radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande” amplió su cobertura en
los departamentos de Valle, Choluteca, Francisco Morazán y parte de El
Salvador. Este es un logro obtenido gracias a la modernización y
mantenimiento de equipo técnico, y formación de comunicadores y
comunicadoras sociales.
Su función operativa ha sido fortalecida
con la asignación de fondos en cascada en el marco del proyecto
Defendiendo Derechos y Libertades para vos y para tu voz, que ejecuta el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
que ejecuta desde el año 2016 con el apoyo de la cooperación
internacional de Diakonía y la Unión Europea.
Hay un grupo de 16 voluntarias y
voluntarios que de lunes a viernes operan, locutan e informan sobre el
acontecer en la región de la Península, dónde son constantes las
violaciones a los DDHH, la criminalización por los delitos de
usurpación, daños y amenazas, supuestamente contra terratenientes
coludidos con las autoridades políticas locales, denunció la dirigencia
de Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
(ADEPZA).
El apoyo recibido les ha permitido la
integración y formación de nuevos voluntarios, compra y reparación de
equipo técnico, programación, acompañamiento y denuncias, declaró
Gerardo Aguilar, director de la radio comunitaria.
Cabe señalar, que parte de la formación
en temas de derechos humanos, se ha obtenido a través de los procesos
emprendidos por la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de
la zona Sur (REDEHSUR), que inició el COFADEH en el año 2012 y que está
presente en 10 municipios de Francisco Morazán, Valle y Choluteca.
Ejecutores del proyecto de parte de
Diakonía y COFADEH, José Palacios y Lorena Rubí, respectivamente,
compartieron este día con defensores de la tierra y comunicadores
sociales, en las instalaciones de la radio LVZG y campamento de
observación internacional de DDHH, en la comunidad de Puerto Grande,
dónde desde hace un año -también- opera un campamento militar que
registra a los pobladores y patrullan la zona, supuestamente por el tema
de tráfico de droga, cómo lo ha denunciado la organización.
La visita fue propicia para denunciar que continúan los requerimientos fiscales contra pobladores de Puerto Sierra.
Hay cuatro nuevos acusados por el delito de daños en perjuicio de Jorge Luis Cassis Leiva, informó Allan Torres, coordinador de ADEPZA, las personas son Jacinto Hernández Ortiz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y María Bernarda Cruz.
En el 2015, el terrateniente y supuesto
dueño de las tierras en Playa Blanca y Puerto Sierra, a la orilla del
Mar Pacifico hondureño, señaló de usurpadores a los defensores de la
tierra y la playa, Tomás García, Santos Hernández y Abel Pérez, los dos
últimos estuvieron 101 días en prisión en el 2016.
Mientras que García fue absuelto de los
delitos de usurpación, daños y amenazas, Hernández y Pérez (miembro de
la REDEHSUR), fueron declarados culpables de los cargos que se les
imputó. El área de Acceso a la Justicia del COFADEH junto a ADEPZA,
presentaron un recurso de Casación.
Este recurso está pendiente de
resolución ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca, y quien conocerá
del mismo es la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,
explicó la abogada Karol Cárdenas, abogada del COFADEH.
A los nuevos criminalizados hay que
darles acompañamiento, y son estos fondos obtenidos que nos facilita la
movilización y difusión de denuncias, por lo que ha sido oportuno optar a
estos medios, expresó Aguilar, quien además ha sido parte de los y las
100 defensoras de derechos humanos que se formaron en un diplomado como
parte del proyecto Defendiendo Derechos y Libertades para vos y para tu
voz. (Sandra Rodríguez)
Las mujeres indígenas no importamos al Gobierno
- Gissel Grandez
- 15 Agosto 2018
El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que el Gobierno tiene el deber de consultar previamente a los pueblos, en una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad.
“Las empresas mineras y extractivistas nos están desplazando a las familias indígenas de sus territorios, irrespetando toda nuestra espiritualidad denegando nuestro manejo de las tierra y la libertad de transitar en ellos, el territorio para nosotras no es una mercancía sino que es la madre en la que nosotras vivimos y producimos nuestros alimentos y de donde está todo nuestro medio de vida”, expresó Sánchez.
“Las Hormigas” estiman que en todo el país hay al menos 6,000 criminalizados por defender la madre tierra, de la cual 1,700 son mujeres que tienen que ir a firmar todas las semanas a los juzgados.
Además dicen que los programas que impulsa el Estado de “vida mejor”, regalar eco fogones y bolsas solidarias, no ayudan en mejorar las condiciones de vida de las mujeres y que deberían impulsarse políticas publicas participativas y creadas desde las féminas.
Las mujeres indígenas exigen se respeten sus derechos ancestrales, sus tierras y que se les consulte de los proyecto respetando el convenio 169, así como la desmilitarización de los territorios.
Comunidades indígenas en el olvido
Felicita López, lenca, del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, y quien forma parte de la Coordinación de Asuntos de la Mujer del Movmiento Indigena Lenca La Paz- Honduras (MILPAH), denunció que en la comunidad se les está violentando los derechos fundamentales de la salud, tener una nacionalidad y un nombre.
”En el centro de salud lastán cobrando 1,500 lempiras por el nacimiento de los bebes, nosotros no tenemos la posibilidad de ir hasta Tegucigalpa al hospital Materno Infantil, por no tener el dinero suficiente”, anunció López.
Además, dijo que es costumbre en las comunidades indígenas dar a luz con “marteras” conocidas como parteras ancestrales, las cuales han sido criminalizadas y amenazadas por las autoridades si siguen haciendo su labor de atender partos.
“A las mujeres que no paguen los 1500 tampoco serán atendidas en el Registro Nacional de las Personas y a la municipalidad ya le dieron a conocer que van a buscar un abogado para que haga legal eso”, expresó la lideresa lenca.
De igual forma señaló que las mujeres prefieren ir hasta El Salvador a tener porque ahí si las atienden de forma gratuita con buenas condiciones y les dan comida.
“Por el bono “Vida Mejor” están mandando a las mujeres a trabajar a las calles y les dicen que es un requisito que ordena JOH, cuando dice que están dando proyectos de desarrollo es mentira porque es una regalía que dan para sus campañas políticas y después llegar al poder y así tener bajo dominación a las mujeres de las zonas rurales”, comentó López.
El MP tiene una deuda histórica con las mujeres
“El Ministerio Publico (MP) tiene una deuda histórica con las mujeres por sus muertes por que hay más de 6 mil feminas asesinadas desde el 2002 hasta la fecha y el 90% en la impunidad sin castigar ni condenar a los asesinos”, advirtió Wendy Cruz, miembra de la Vía Campesina-Honduras.
A las mujeres del área rural los políticos solo las ven como clientela política porque son mayoría en la población y cuando se trata de ejercer el sufragio les quieren llenar las expectativas con una bolsa solidaria que dura un día pero que los demás 365 días del año no les impartan si comen, subrayó la lideresa campesina.
“Hace 20 años no tenemos un censo nacional agropecuario del país y en los últimos 10 años el presupuesto general de la republica hacia el agro es de 1.14 por ciento y eso nos da una pauta que no hay interés en desarrollar el área rural y la parte potencial del agricultura, hay un significado de abandono del más del 50 % de la población que vive en el área”, concluyó Wendy Cruz.
Dirigenta de Mujeres: Políticos gobernantes responden a una mafia cuyo único objetivo es proteger sus intereses
Friday, 17 August 2018 01:18 Written by Wilpac Published in Contexto
foto:criterio.hn
No puede dar frutos un modelo de diálogo cerrado y que en su
agenda los únicos puntos a tocar se circunscriben a intereses
partidarios, por lo que es “burdo y chabacán”, señaló Cristina Alvarado,
representante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla,
al referirse al “Diálogo Nacional”, coordinado por la Organización de
las Naciones Unidas, ONU.
El pasado martes 14 de agosto Igor Garafulic, representante de la
ONU en Honduras y quien está a cargo del diálogo, anunció en conferencia
de prensa que daba por fracasado el mismo debido a la desconfianza
entre los actores participantes, pero el siguiente día aseguró que se
hab+ia superado el impase y que se continuaba dialogando.
La oposición política es del criterio que hay un vacío en el mismo pues no se ha tomado en cuenta a actores importantes como las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones del 27 de noviembre de 2017, los familiares de los asesinados y a organizaciones de sociedad civil.
“Para nosotras las mujeres no fue difícil percibirlo ya que contamos con un criterio mucho más amplio y más abarcador que el de los políticos tradicionales. No puede dar frutos un modelo de diálogo cerrado y que en su agenda los únicos puntos a tocar se circunscriben a sus propios intereses partidarios.
La activista resaltó que como movimiento organizado ven con mucha preocupación el hecho que ante esta crisis política no exista un liderazgo capaz de acercar a las partes y encontrar un camino hacia la paz social.
“Los políticos gobernantes responden a una mafia política cuyo único objetivo es proteger sus intereses económicos en detrimento del interés de la mayoría, lo que ha provocado que nos encontremos en una debacle en materia de justicia social, por lo tanto no albergábamos ninguna esperanza de cara a este diálogo. Ellos (los gobernantes) saben que el pueblo está sufriendo una crisis económica terrible pero su indiferencia solo privilegia sus ambiciones”, apuntó.
A la consulta; ¿Quién es el llamado a liderar la solución de este conflicto?, la activista argumentó que por un lado uno de los protagonistas, Juan Orlando Hernández, está ahí debido a un proceso ilegal y abusando de su condición ejerce control sobre todos los poderes del Estado y en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales los cuales actúan en su beneficio, “divulgando mentiras y ocultando verdades”.
Alvarado expresó que el otro protagonista, Salvador Nasrralla, no cuenta con la suficiente madurez política para desenvolverse en este tipo de negociaciones y su inestabilidad emocional no le permite ser ese líder llamado a brindar luces al conflicto.
“Cada uno de ellos quieren hacer su propio juego, y lo último que están pensando es beneficiar al país. El gobierno no permite alternativas, tiene controlado a todos los sectores, somete a la oposición, la vía democrática a través de elecciones libres tampoco fue suficiente y entonces qué maniobra tendremos que hacer para encontrar un espacio?, la siniestra estrategia estatal es el cinismo, el desgaste, mantener un discurso para afuera y otro para adentro”, argumentó.
Para la entrevistada para el gobierno la problemática de las mujeres no significa absolutamente nada, la violencia no ha sido penada mucho menos investigada y esto no es causal para que muchas familias estén sufriendo desplazamientos forzados por parte de organizaciones delictivas, todo a vista y paciencia de las autoridades asegurando que Honduras es un modelo internacional de seguridad ciudadana.
La oposición política es del criterio que hay un vacío en el mismo pues no se ha tomado en cuenta a actores importantes como las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones del 27 de noviembre de 2017, los familiares de los asesinados y a organizaciones de sociedad civil.
“Para nosotras las mujeres no fue difícil percibirlo ya que contamos con un criterio mucho más amplio y más abarcador que el de los políticos tradicionales. No puede dar frutos un modelo de diálogo cerrado y que en su agenda los únicos puntos a tocar se circunscriben a sus propios intereses partidarios.
La activista resaltó que como movimiento organizado ven con mucha preocupación el hecho que ante esta crisis política no exista un liderazgo capaz de acercar a las partes y encontrar un camino hacia la paz social.
“Los políticos gobernantes responden a una mafia política cuyo único objetivo es proteger sus intereses económicos en detrimento del interés de la mayoría, lo que ha provocado que nos encontremos en una debacle en materia de justicia social, por lo tanto no albergábamos ninguna esperanza de cara a este diálogo. Ellos (los gobernantes) saben que el pueblo está sufriendo una crisis económica terrible pero su indiferencia solo privilegia sus ambiciones”, apuntó.
A la consulta; ¿Quién es el llamado a liderar la solución de este conflicto?, la activista argumentó que por un lado uno de los protagonistas, Juan Orlando Hernández, está ahí debido a un proceso ilegal y abusando de su condición ejerce control sobre todos los poderes del Estado y en la mayoría de los medios de comunicación tradicionales los cuales actúan en su beneficio, “divulgando mentiras y ocultando verdades”.
Alvarado expresó que el otro protagonista, Salvador Nasrralla, no cuenta con la suficiente madurez política para desenvolverse en este tipo de negociaciones y su inestabilidad emocional no le permite ser ese líder llamado a brindar luces al conflicto.
“Cada uno de ellos quieren hacer su propio juego, y lo último que están pensando es beneficiar al país. El gobierno no permite alternativas, tiene controlado a todos los sectores, somete a la oposición, la vía democrática a través de elecciones libres tampoco fue suficiente y entonces qué maniobra tendremos que hacer para encontrar un espacio?, la siniestra estrategia estatal es el cinismo, el desgaste, mantener un discurso para afuera y otro para adentro”, argumentó.
Para la entrevistada para el gobierno la problemática de las mujeres no significa absolutamente nada, la violencia no ha sido penada mucho menos investigada y esto no es causal para que muchas familias estén sufriendo desplazamientos forzados por parte de organizaciones delictivas, todo a vista y paciencia de las autoridades asegurando que Honduras es un modelo internacional de seguridad ciudadana.
Organizaciones de derechos humanos mostraron su indignación este
en conferencia de prensa, este 10 de agosto de 2018, por el uso indebido
del Gobierno de las palabras e imagen de la ambientalista y líder
indígena, Berta Cáceres en varias actividades.
A continuación el comunicado leído a la prensa nacional e internacional:
PRONUNCIAMIENTO
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras expresa su profunda indignación ante el uso de las palabras y la imagen de nuestra hermana y compañera de lucha Berta Cáceres por parte del ilegítimo
gobierno actual.
Ante una fecha llamada de los pueblos indígenas la cancillería de la República ha tenido el cinismo de usar el pensamiento de Berta para hacerse los democráticos mientras legalizan proyectos de muerte para los pueblos indígenas y la entrega de sus territorios mediante la ley de consulta previa, libre e informada que lesiona la autonomía, la cultura, el alimento y el bienestar general de dichos pueblos.
Como lo han venido haciendo distintos sectores por diversas vías, usan la imagen de Berta que pertenece al pueblo por el que ella luchó en el cual nos encontramos muchas defensoras y feministas.
Nosotras con nuestra autoridad moral deslegitimamos ese uso para intereses que sólo sostienen los valores que Berta combatió en su vida y por lo que la asesinaron y esos son el mercado, el racismo, la explotación y la humillación de las gentes más antiguas de este país que son las que deberían gobernarlo.
Como sus hermanas rechazamos y abortamos a todos quienes usan sus palabras y su lucha para mancillarla.
Alertamos al pueblo hondureño que se hermana con la rebeldía de Berta que los tiempos que vienen serán muy importantes para hacer justicia ante su crimen y el de las comunidades lencas y toda la gente envilecida por la injusticia estatal que oprime, mata y encarcela a defensoras, luchadoras y luchadores sociales.
Es precisamente este gobierno y todos los herederos del golpe de estado del 2009 los responsables de obstaculizar los esfuerzos para que sea esclarecido el caso de Berta con relación a quienes son los autores intelectuales de su asesinato. Igualmente son las instancias de este gobierno usurpador quienes sostienen proyectos de muerte como el de Agua Zarca que sobrevive por su impunidad sobre la sangre de Berta, de Tomás, de Paula y otras compañeras, compañeros de comunidades que luchan. Y son ellos los que salvan a los políticos corruptos y sus redes que sí tienen las manos llenas de dinero del pueblo que tanto esfuerzo le cuesta y tanto lo necesita para dignificar su vida de todos los días.
Les decimos desde nuestro lugar de defensoras de la vida, la autonomía, la soberanía de los pueblos y los cuerpos de las mujeres que no les permitimos que usen a Berta para tapar sus negocios de muerte y despojo de sus pueblos.
Con la fuerza de Berta Cáceres y todas nuestras ancestras asesinadas por el patriarcado neoliberal y racista, seguimos en la lucha para todas y por todas las que defendemos vivir y vivir bien.
Defendiendo el Derecho a Defender
PRONUNCIAMIENTO
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras expresa su profunda indignación ante el uso de las palabras y la imagen de nuestra hermana y compañera de lucha Berta Cáceres por parte del ilegítimo
gobierno actual.
Ante una fecha llamada de los pueblos indígenas la cancillería de la República ha tenido el cinismo de usar el pensamiento de Berta para hacerse los democráticos mientras legalizan proyectos de muerte para los pueblos indígenas y la entrega de sus territorios mediante la ley de consulta previa, libre e informada que lesiona la autonomía, la cultura, el alimento y el bienestar general de dichos pueblos.
Como lo han venido haciendo distintos sectores por diversas vías, usan la imagen de Berta que pertenece al pueblo por el que ella luchó en el cual nos encontramos muchas defensoras y feministas.
Nosotras con nuestra autoridad moral deslegitimamos ese uso para intereses que sólo sostienen los valores que Berta combatió en su vida y por lo que la asesinaron y esos son el mercado, el racismo, la explotación y la humillación de las gentes más antiguas de este país que son las que deberían gobernarlo.
Como sus hermanas rechazamos y abortamos a todos quienes usan sus palabras y su lucha para mancillarla.
Alertamos al pueblo hondureño que se hermana con la rebeldía de Berta que los tiempos que vienen serán muy importantes para hacer justicia ante su crimen y el de las comunidades lencas y toda la gente envilecida por la injusticia estatal que oprime, mata y encarcela a defensoras, luchadoras y luchadores sociales.
Es precisamente este gobierno y todos los herederos del golpe de estado del 2009 los responsables de obstaculizar los esfuerzos para que sea esclarecido el caso de Berta con relación a quienes son los autores intelectuales de su asesinato. Igualmente son las instancias de este gobierno usurpador quienes sostienen proyectos de muerte como el de Agua Zarca que sobrevive por su impunidad sobre la sangre de Berta, de Tomás, de Paula y otras compañeras, compañeros de comunidades que luchan. Y son ellos los que salvan a los políticos corruptos y sus redes que sí tienen las manos llenas de dinero del pueblo que tanto esfuerzo le cuesta y tanto lo necesita para dignificar su vida de todos los días.
Les decimos desde nuestro lugar de defensoras de la vida, la autonomía, la soberanía de los pueblos y los cuerpos de las mujeres que no les permitimos que usen a Berta para tapar sus negocios de muerte y despojo de sus pueblos.
Con la fuerza de Berta Cáceres y todas nuestras ancestras asesinadas por el patriarcado neoliberal y racista, seguimos en la lucha para todas y por todas las que defendemos vivir y vivir bien.
Defendiendo el Derecho a Defender
Pretenden borrar historia de Berta manteniendo el caso en secreto
- Gissel Grandez
- 13 Agosto 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
El Homicidio contra Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se mantiene
en secretividad por parte del Ministerio Publico (MP), bajo la
justificación que al “exponerse a personas que no han formado parte en
las investigaciones, puede entorpecer y poner en riesgo” el caso.
Para el historiador Edgar Soriano
“hay un elemento de querer deslegitimar la lucha de Bertha y de
limitarla a una ambientalista en términos mediáticos conociendo el
proceso organizativo del COPINH por la lucha comunitaria en la defensa
del territorio y los derechos de toda la ciudadanía que han sido
pisoteados en las últimas décadas y sobre todo en este régimen que
dirige Juan Orlando”.
“Dejar petrificado en la memoria el
crimen de Berta es una de las estrategias que utiliza el actual régimen
que gobierna Honduras, dilatar y lanzar cortinas de humo cuando tienen
presiones internacionales como por ejemplo capturar autores materiales y
supuestos autores intelectuales vinculados a la compañía DESA, todo
esto para encubrir a los dueños de esa compañía de ceder el territorio
al capital multinacional y seguir profundizando este modelo
neoextractivista”, agregó el historiador.
En septiembre se realizará el primer juicio contra las ocho personas vinculadas en el crimen material de la ambientalista.
Los
imputados son Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio
Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier
Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar Arnaldo
Tareas, acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta
Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio
de testigo protegido.
Derecho a la verdad para víctimas y familiares
El derecho a la verdad es parte
integral de la libertad de información y de expresión. También el
derecho a las víctimas individuales, familiares, las comunidades y la
sociedad entera tienen el derecho de saber la verdad acerca de las
violaciones a los derechos humanos.
El Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental, que sirva para la conmemoración y el recuerdo así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información.
El Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental, que sirva para la conmemoración y el recuerdo así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información.
En cambio el MP ha negado información a los familiares y equipo legal de la víctima en al menos 821 ocasiones.
“El 28 de julio se realizó la
audiencia de medios de pruebas y la defensa solicitó al MP nos entregara
la totalidad de medios de pruebas y evidencias que ha sido denegada 34
veces a la acusación privada esto limita el acceso al derecho a la
información y a la justicia en el caso”, subrayó el abogado Ariel
Madrid, parte del equipo legal.
La parte defensora dice que es grave
que el MP oculte la información que ellos solicitan y además rechazaron
el acceso a la constitución como parte acusatoria al COPINH.
“Es importante que el COPINH sea
parte e interponga las demandas correspondientes del asesinato de la
coordinadora de la organización porque a ella la matan por una lucha que
emprendía como representante y en efecto han perdido fuerza”, señaló la
abogada Kenia Oliva.
Bertha Cáceres fue una lideresa
ambientalista y fundadora del COPINH en 1993, consiguió junto a su
pueblo que una de las constructoras hidroeléctricas más grandes del
mundo, la empresa china “Sinohydro”, se retirara del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, el cual contaminaría el Río Gualcarque,
sagrado para los lenca y fuente de vida.
La ambientalista había denunciado
que “cuatro compañeros del COPINH fueron asesinados en Rio Blanco, ellos
son: Paula Gonzales, Tomas García, William Rodríguez y el niño Maicol
Rodríguez”, evidenció Cáceres.
El 02 de marzo de 2016, a las 11:40
de la noche Bertha Cáceres estaba en su casa de habitación; varias
personas ingresaron de manera arbitraria disparando en contra de la
humanidad de la lideresa del pueblo lenca, acabando con su vida y otro
de los desconocidos se dirigió a la habitación del testigo protegido
disparándole una vez y causándole heridas de consideración.
“Desde
octubre del 2017 se presentó una denuncia al MP para acusar a otros
actores vinculados. Para el caso David Castillo Mejía, gerente general
de DESA, perseguidor y acosador de Berta y fue capturado no por voluntad
o investigación del MP si no por la denuncia, la cual no fue presentada
solo para el sino para otras personas de la empresa y aun no hay
respuesta” agregó uno de los abogados acusadores.
A finales de este mes, el equipo legal
de la familia Cáceres se presentarán a una audiencia de proposición de
pruebas, sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia
recolectada hace más de dos años por la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC) y el MP en allanamientos de investigación. La cual no
fue notificada a las partes acusadoras en las que se presume que podría
haber fuga de información al no ser decomisados todos los insumos, como
ser computadoras de las oficinas de DESA.
¿Áreas protegidas en la república mafiosa de Honduras?
- 09 Agosto 2018
Por: Ofraneh - Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La Ceiba, Atlántida.-
En medio del caos que enfrenta el pueblo hondureño como consecuencia de
la destrucción de las estructuras gubernamentales la cual se viene
dando en la última década y como parte del proceso de privatización de
las áreas protegidas y la subasta del territorio nacional, el actual
gobierno optó por el uso de una de las zonas de mayor biodiversidad del
país, para convertirla en el lugar de instalación una termoeléctrica a
base de bunker c, para la producción de 87 megavatios de energía sucia.
El
pasado 11 de julio la municipalidad de La Ceiba convocó a un cabildo
abierto en relación a la instalación de una planta termoeléctrica en La
Ensenada, entre las comunidades Garífunas de Sambo Creek y Corozal. El
grupo Laeisz, propiedad del empresario Benjamín Hirsh, fue uno de los
favorecidos en la piñata de contratos de producción de energía sucia
otorgado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
La
municipalidad de Ceiba omitió efectuar la consulta previa, libre e
informada que debería haberse efectuado mucho antes de la firma del
contrato. El supuesto desabastecimiento energético que existe en el
país, conllevo a la compra de energía al oneroso precio de us
$0,18.8515. La empresa estatal ENEE ha caído en una espiral de
endeudamiento fatal producto de los contratos que viene enriqueciendo a
un grupúsculo de familias en detrimento del pueblo hondureño.
Más
allá de la corrupción imperante en la ENEE y el otorgamiento de 87
megavatios a Benjamín Hirsh, la decisión de la construcción de la
termoeléctrica en una zona altamente rica en biodiversidad es un
verdadero crimen ambiental. El lugar dónde están construyendo la planta
se encuentra ubicado dentro de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Nombre de Dios, además de estar frente al Monumento Marítimo
Cayos Cochinos, donde desemboca el río Piedras, el que supuestamente
será utilizado para el enfriamiento de la termoeléctrica.
En
una área de menos 50 kilómetros cuadrados, se encuentran además el
Parque Nacional Pico Bonito, el Refugio de Vida Silvestre Cuero y
Salado, y las islas de Roatan y Utila las que forman parte del Sistema
Arrecifal Mesoamericano. Sin lugar a dudas podemos señalar que La
Ensenada se encuentra localizada en una de las zona de mayor diversidad
biológica en Centroamérica.
La
decisión tomada por la ENEE, el ministerio de MIAMBIENTE y la
municipalidad de la Ceiba en cuanto al lugar escogido, demuestra que en
Honduras no existe un ordenamiento territorial, al mismo tiempo que
tampoco se respeta el derecho a la consulta previa que poseemos los
pueblos indígenas, y mucho menos las áreas protegidas.
Mientras
tanto los humedales de la costa norte de Honduras son rellenados para
la siembra de la palma africana, situación que ha conllevado a la quema
de cientos de hectáreas de humedales para el cultivo de la oleaginosa.
Es
muy claro el estado de derecho no existe en Honduras donde los
intereses de la élite empresarial y política se sobreponen a las
necesidades concretas que tiene el pueblo hondureño.
La
crisis energética que aducen existe en el país ha sido creado para
mantener el saqueo permanente de la ENEE, el hecho que en Honduras se
pague us$ 180 por megavatio de energía solar, comparados con los us $77
en El Salvador y us$ 35 en Chile es un indicador de que la producción
energética en Honduras se ha convertido en un negocio lucrativo para los
grupos de poder fácticos que tiene al pueblo hondureño contra la pared.
Desafortunadamente
el estado fallido o república mafiosa en que se encuentra sumido el
país, sirve de caldo de cultivo para la corrupción y violencia
imperantes. Las áreas protegidas que fueron impulsadas en la década de
los años 90 se están convirtiendo en un simple espejismo, que según la
nueva Ley de Inventivos al Turismo (2017) promovida la consultora
Mckinsey, pueden ser utilizadas para proyectos extractivos en un futuro
cercano.
La
OFRANEH exige el respeto a la consulta previa libre e informada, ademas
condenamos y hacemos un llamado a detener la campaña desatada contra
las comunidades Garifunas de Sambo Creek y Corozal, acusadas de oponerse
al supuesto “desarrollo”.
Crisis en el Hospital Escuela es provocada por el gobierno: CMH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
falta de medicamentos, insumos y ahora hasta de alimentación en el
Hospital Escuela Universitario (HEU), ha sido provocada por el gobierno
para entregar los hospitales públicos a la empresa privada, denunció
este martes la presidenta del Colegio Médico de Honduras, (CMH), Suyapa
Figueroa.
La
presidenta de los galenos reaccionó luego que el HEU fuera intervenido
esta tarde por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), quienes supuestamente buscan secuestrar documentos para
investigar supuestas ilicitudes en autorizaciones de plus salariales y
falsificación de documentos públicos.
Figueroa
apuntó que las irregularidades que ocurren en el centro asistencial
deben ser investigadas por las instancias correspondientes para que se
deduzca responsabilidad penal a los involucrados y no quedarse
únicamente en un escándalo.
En
mayo del año pasado, la presidenta de los médicos solicitó a las
autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que intervinieran el
hospital para evitar irregularidades administrativas.
Noticia Relacionada: Colegio Médico pide intervención del Hospital Escuela Universitario
Desde el año 2010, el HEU es administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En
las últimas horas el rector interino de la Alma Mater, Francisco
Herrera, declaró que el principal centro hospitalario de Honduras
enfrenta problemas en la compra de medicamentos porque muchas
licitaciones han sido declaradas fracasadas en virtud de no haber
oferentes.
La
falta de medicamentos ha sido denunciado por los médicos del hospital y
en respuesta a estas denuncias Herrera dijo esta mañana: “no nos
dejaremos presionar para comprar a precios injustos y no seremos
víctimas de chantaje para comprar de manera directa”.
Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
La
presidenta del CMH manifestó que esa organización ha concluido, con
recientes análisis, que el gobierno está dejando caer el sistema
sanitario público, “para poder justificar la entrada de las instancias
privadas que están esperando como buitres a que este cadáver sea
declarado muerto para caerle”.
Amplió
que “los buitres” son aquellos sectores interesados en robarse lo poco
que queda, ya que de acuerdo a los cálculos del Consejo Nacional
Anticorrupción el 49 % del presupuesto destinado a la salud es saqueado.
“Queremos
en la cárcel a esos ladrones que se roban el presupuesto y también a
aquellos que han permitido esos robos, que se les judicialice, y que en
este país se respete de una vez por todas.
Figueroa
señaló que la misma problemática está ocurriendo en el Hospital Mario
Catarino Rivas, por lo que en las próximas horas se desarrollarán
asambleas informativas en ambos hospitales para definir la ruta a
seguir. No descartó que entre las medidas se estime un paro general en
la salud, porque bajo las condiciones actuales es difícil seguir
operando.
“Les
vamos a entregar los hospitales a ellos (gobierno), para que ellos vean
qué hacen con la miseria y que se hagan responsables de las muertes que
vienen y que han existido en este momento”: Suyapa Figueroa, presidenta
del Colegio Médico de Honduras.
Anunció
además denuncias ante instancias internacionales y ante el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por las violaciones a los
derechos humanos que sufren constantemente los pacientes.
A las acciones de protesta se podrían sumar los médicos en servicio social porque el gobierno no les ha pagado su beca.
Figueroa
expresó que con todo el ambiente que se está generando por culpa del
gobierno, pareciera que se está buscando la muerte de los pobres que
buscan atención médica en los hospitales públicos.
En
las últimas horas, el Colegio Médico denunció la precariedad del
sistema sanitario de Honduras ante la Confederación Médica
Latinoamericana y la “muerte civil de nuestros conciudadanos”, dijo
Suyapa Figueroa.
Bertha Oliva habló de la memoria histórica a la juventud del Genaro Muñoz
Siguatepeque.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expuso ante alumnos y alumnas de último año del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, sobre el trabajo de derechos humanos desarrollado por el Cofadeh durante casi 36 años.
La actividad se desarrolló en el gimnasio del instituto ante una asistencia de 300 alumnos y alumnas, convocadas por el director Melvin Martínez, quien destacó la labor de Bertha Oliva, a la que calificó “como una prócer viviente de la patria”.
La reconocida defensora de derechos humanos dijo que Cofadeh nació con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos en la nación centroamericana con el fin de apagar toda voz disidente y revolucionaria.
En esa época, (la década de los años ochenta), escuadrones de la muerte, detuvieron y desaparecieron a más de 200 personas, por expresar sus ideas disidentes contra el sistema impuesto, como la instalación de bases militares estadounidense en Honduras, la injerencia extranjera en los asuntos nacionales y el modelo económico neoliberal.
Oliva resaltó el 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido, como una fecha emblemática para el comité, donde se honra la memoria de los detenidos desaparecidos, y por los cuales el Cofadeh exige verdad y justicia desde hace 36 años.
Bertha Oliva también anunció a la juventud del Instituto Genaro Muñoz de Siguatepeque, sobre la gran movilización que el pueblo hondureño ha articulado a través de la Convergencia contra el Continuismo.
La movilización se realizará en Tegucigalpa, el 30 de agosto, en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido, como una muestra de repudio y rechazo contra el régimen de Juan Orlando Hernández, quien debido al fraude electoral de 2017 se mantiene en el poder ilegítimamente.
Antes de su exposición ante centenares de jóvenes, Bertha Oliva hizo un recorrido por las instalaciones del Instituto Genaro Muñoz, acompañada del director de este colegio, Melvin Martínez, el Subdirector Marco Tulio Ávila y la maestra orientadora Marisela Estrada.
Oliva destacó los murales que la juventud ha pintado para reflejar sus derechos humanos y resaltó la obra artística alusiva a los mayas, realizada por el maestro y artista Douglas Martínez.
Los archivos vivientes que la dictadura no puede borrar
Marcala, La Paz.- A pesar de su avanzada edad, don José Rosa Márquez Argueta de 77 años, es un archivo viviente de historia de la época de los años ochenta, con gran lucidez y claridad relata a defensoreenlínea.com como se implementó en ese tiempo la Doctrina de Seguridad Nacional y como es ahora Honduras, después de un golpe de Estado y de un fraude electoral.
Don José Rosa se desempeñó como comunicador social de Catacamas, departamento de Olancho, y como defensor de derechos humanos asegura haber vivido en los tiempos de la implementación de la doctrina de seguridad nacional cuando el gobierno y las autoridades asesinaban las personas en la época de los años 80.
“Fue una crisis enorme, pero yo veo que actualmente como estamos viviendo la situación actual en nuestro país, estamos peor que la década de los ochentas.
En ese tiempo estaba de parte del gobierno la Dirección Investigación Nacional (DIN), quienes asesinaban sin importarles si era de día o de noche, y estaba el 3-16 que también asesinaban y desaparecían personas.
Márquez Arqueta cuenta a defensoresenlinea.com que “cuando yo era defensor de derechos humanos en Catacamas, vi un caso donde elementos del DIN entraron a una cantina en la noche, y simplemente porque pidieron una cerveza a un borrachito y éste no se las dio, lo sacaron y al otro día apareció muerto.
Nosotros investigamos que eran los mismos del DIN los que mataban a la gente, la mataban de noche. Después seguimos investigando que había tanta gente perseguida políticamente, porque se dijo que había una guerra interna, que había revolucionarios en el departamento de Olancho.
También recuerda que en ese mismo departamento fue donde mataron al padre Guadalupe, un sacerdote norteamericano.
“Nosotros en ese entonces teníamos también el apoyo de de la iglesia. La Iglesia Católica ayudaba a la investigación o promovía la justicia, y actualmente parece que se está conformando con el sistema de gobierno que vivimos en la actualidad”, señaló.
Don Guadalupe a pesar de ser una persona de la tercera edad está al día en la defensa de los derechos humanos y también es del criterio que falta capacitar a los jóvenes en la materia, “yo veo bastante distinción donde la promoción de derechos humanos en nuestro país está muy baja, necesitamos capacitar gente en las comunidades, capacitar jóvenes como lo que está haciendo el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Añadió que por la credibilidad que tiene el Cofadeh, en su reciente visita al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió primero con ellos para conocer el panorama que se está viviendo en el país en derechos humanos.
También dijo que en la década de los ochentas había un poquito de justicia, porque había más investigaciones y ahora no, todo se tapa y el mismo Estado es el precursor de tapar la corrupción que se vive en nuestro país.
Asimismo agregó que no tenemos libertad, mucho menos libertad de expresión, que no hay democracia ni justicia, porque ahora a cualquiera solo le ponen un arma, marihuana u otra droga para acusarlo.
Don José Rosa Márquez Argueta a pesar de sus más de 7 décadas vividas, aún se mantiene activo en la defensa de los derechos humanos de los niños en el municipio de Cabañas departamento de La Paz donde reside actualmente.
Libertad para los presos políticos en Honduras
Por: Pablo Ruiz, SOAWatch
Desde
el 28 de junio de 2009, en que se produce un golpe de Estado en
Honduras, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo
Orlando Vásquez Velásquez, y por el jefe de la Fuerza Aérea, general
Luis Javier Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas
del Ejército de EEUU, se han registrado graves violaciones a los
derechos humanos en Honduras.
Se
conoce, por diversos informes, que al menos 154 personas han sido
asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares entre
ellas los activistas sociales Berta Cáceres y Tomas García, ambos
dirigentes de COPINH.
Un
Informe de COFADEH también registra, desde el 2009 a la fecha, que 13
personas fueron detenidas desaparecidas en forma forzada.
“Los detenidos desaparecidos eran generalmente defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia”, señalan.
De
acuerdo a un Informe del Centro de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) el
81 % de casos de tortura denunciados el 2017 fueron realizados por las
fuerzas militares en Honduras.
“Durante
ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de
personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de
ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad”.
De
acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, “14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre
enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México
y Estados Unidos”.
Protestas, detenciones y Presos Políticos
A
partir del 26 de noviembre de 2017, en que se registraron elecciones
presidenciales en Honduras, y pese a que el candidato opositor, Salvador
Nasralla, iba ganando con una ventaja del 5%, en el primer cómputo
oficial entregado por el Tribunal Supremo Electoral, comenzaron a
suceder una serie de irregularidades en el conteo de los votos siendo
declarado ganador, varios días después, el presidente Juan Orlando
Hernández.
En
este contexto, miles de personas salieron a las calles a protestar, los
días y meses siguientes, denunciando un evidente fraude electoral. Las
protestas fueron brutalmente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad
hondureñas, quienes cuentan con apoyo, entrenamiento y asistencia de los
EEUU. Al menos 31 personas fueron asesinadas durante ese periodo la
mayoría con balas vivas disparada por las fuerzas de seguridad.
De
acuerdo al Informe de Amnistía Internacional titulado “Prohibido
Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias
para Reprimir la Disidencia en Honduras”: “A lo largo de este período,
las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por
supuestamente haber violado el toque de queda. Decenas más fueron
arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las
protestas.
Según
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH), por lo menos 118 personas han
enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos
cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión
preventiva”.
“Para
la mayoría, la detención preventiva se prolongó por varios meses hasta
que pudieron recobrar su libertad, pero el proceso penal iniciado en su
contra aún no ha concluido”.
Sin
embargo, al 19 de julio de 2018, siguen prisioneros cinco presos
políticos: Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad
La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de
máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo
Cáceres y José Godinez en El Progreso, Yoro.
Los
prisioneros políticos Edwin Espinal, de 42 años, y Raúl Álvarez, de 25
años, quienes fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018,
respectivamente, son acusados de ser responsables de los daños que
ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de
2018, durante una manifestación pública.
De
acuerdo al Informe de Amnistía Internacional “la audiencia inicial y la
de declaración de imputado tuvieron lugar los días 20 y 22 de enero en
las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Allí funciona el
Juzgado de Jurisdicción Territorial Nacional en materia penal que lleva
el caso abierto contra Edwin y Raúl, a pesar de que carece de
competencia para ello”.
Nota relacionada En plantón frente al Ministerio Público exigen cese a la persecución contra los presos políticos
También
“Al respecto, la OACNUDH ha manifestado su preocupación por la falta de
transparencia e imparcialidad de las investigaciones y los
procedimientos penales en casos en los que no hay claridad respecto de
la competencia de los juzgados y de las fiscalías como los de Edwin y
Raúl”.
Así
mismo, indica el informe que “las abogadas de Edwin y Raúl han
enfrentado distintos obstáculos para ejercer la defensa adecuada de los
acusados” entre ellos no han podido obtener las actas de las audiencias
ni tener acceso a los vídeos presentados como medios de prueba por la
Fiscalía.
Presos Políticos en Honduras
Cárcel de Máxima Seguridad “La Tolva”
1.- Edwin Robelo Espinal
2.- Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez
Cárcel “El Progreso”
1.- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala
2.- José Gabriel Godínez Avelar
Cárcel de Máxima Seguridad “El Pozo”
1.- Edy Gonzalo Valle
Desde Alemania: Urgen a Corte de Apelaciones confirmar sentencia sobre cierre de proyecto de Hidrocep
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
En
una carta enviada desde Alemania, a las magistradas de la Corte de
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Red alemana-austriaca
HondurasDelegation solicita que se confirme la sentencia sobre el cierre
del proyecto hidroeléctrico de Hidrocep sobre el río Mezapa, en
Pajuiles, Tela en el departamento de Atlántida.
La
carta está dirigida a las magistradas: Marcia Núñez Ennabe, Dayani
Ivette Bocanegra Padilla y Claudia Cecilia Cantarero a quienes les piden
hacer prevalecer el principio de justicia frente a un acto de exigencia
a forzar el derecho para privilegiar a intereses mercantiles sobre el
interés superior de una sociedad como lo es proteger y promover el goce
de los derechos humanos plenos.
Señala
la misiva que la construcción de la hidroeléctrica por parte de la
empresa HIDROCEP ha causado desde su inicio graves problemas en la
región, como es evidente la destrucción del medio ambiente en la
Cordillera Nombre de Dios, la contaminación del río Mezapa, en
detrimento de más de 20,000 habitantes que cuentan con la única fuente
para el abastecimiento de agua para el consumo humano.
A continuación, la carta enviada:
Distinguidas Señora Marcia Núñez Ennabe.
Señora Dayani Ivette Bocanegra Padilla.
Señora Claudia Cecilia Cantarero.
Nos
dirigimos a Uds. con el respeto que su investidura representa frente a
la labor de la velar por la correcta aplicación de justicia.
Especialmente con los concernientes hacer prevalecer el principio de
justicia frente a un acto de exigencia a forzar el derecho para
privilegiar a intereses mercantiles sobre el interés superior de una
sociedad como lo es proteger y promover el goce de los derechos humanos
plenos.
Por
lo tanto, queremos compartir con ustedes nuestra preocupación por el
sometimiento a la revisión de la decisión del caso de justa reclamación
por la comunidad de Pajuiles, Municipio de Tela y frente a la
inconformidad de la empresa Hidroeléctrica Centrales de Progreso
(HIDROCEP) por la resolución en firme de la primera instancia de la
judicatura hondureña.
El
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula
resolvió el 30 de julio de 2018 la demanda de amparo interpuesta en
contra de la Corporación Municipal de Tela debido a las flagrantes,
permanentes e impunes violaciones del derecho humano al agua y a la
salud. Se ordenó parar las obras del proyecto hidroeléctrico de la
empresa HIDROCEP.
La
construcción de la hidroeléctrica por parte de la empresa HIDROCEP ha
causado desde su inicio graves problemas en la región, como es evidente
la destrucción del medio ambiente en la Cordillera Nombre de Dios, la
contaminación del río Mezapa, en detrimento de más de 20,000 habitantes
que cuentan con la única fuente para el abastecimiento de agua para el
consumo humano.
Nosotras/os,
los y las integrantes de la red alemana-austriaca HondurasDelegation,
desde el año 2016 estamos atentos, en constante monitoreo y
acompañamiento a la comunidad de Pajuiles a través de la observación
internacional en conjunto con las organizaciones de base y regionales.
En su legítimo derecho han acudido al sistema de justicia hondureño con
la plena confianza de obtener protección.
También
estamos informados y hemos dado acompañamiento en la denuncia y en la
asistencia a las y los defensores, pobladores y apoderados legales que
han sufrido ataques físicos en los campamentos comunitarios. Así mismo
las acciones judiciales para la criminalización de 25 integrantes de los
campamentos. El uso excesivo de la fuerza a través de la presencia del
cuerpo militar y policial. Además, se ha podido constatar y denunciar
que la empresa provocó el deterioro de la convivencia pacífica a largo
plazo en el tejido social de las comunidades en la región.
Todas
estas situaciones fueron expuestas a La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en febrero 2018, quien en apego al mandato de
protección y de coadyuvar esfuerzos con el Estado de Honduras, resolvió
otorgar medidas cautelares (N° 772-17, resolución 12/2018) a cinco
comunidades por el riesgo de salud en que los/las habitantes se
encuentran tomando el agua contaminada por la construcción de la
hidroeléctrica sobre el río Mezapa.
Nota relacionada Parlamento europeo y austriaco y organizaciones alemanas presionan por la suspensión de trabajos de HIDROCEP en Pajuiles, Tela
Todas
estas acciones han fortalecido la resolución del juzgado de primera
instancia que se apropió del derecho de ejecutar una resolución en apego
irrestricto a la convencionalidad de la aplicación de las medidas
otorgadas en el sistema interamericano. Aportando con esta afirmativa y
oportuna resolución una jurisprudencia de hacer prevalecer la justicia
como principio fundamental para un Estado de Derecho que prima los
intereses del ser humano como fin primordial de todo ordenamiento
jurídico y político.
Por
lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la comunidad en
su legítimo derecho a sostener el cumplimiento de su sentencia
robustecida de justicia. Esperamos de igual forma que ustedes como
integrantes de la Corte de Apelaciones de lo Contenciosa Administrativa
reafirmen y reconozcan los derechos de las comunidades en sentencia de
primera instancia con un fallo a favor de los peticionarios de las
comunidades afectadas.
Es
así que manifestamos a Ustedes magistradas de la justicia hondureña que
estamos atentos a su resolución que reafirme la sentencia basada en
justicia y justo reclamo. Donde el Estado de Honduras se compromete a la
tutela por los derechos de la gente. Como estado respetuoso de los
derechos fundamentales y libertades. Así mismo a buscar los mecanismos
para que la población afectada en la zona, pueda contar con garantías
plenas de que está defendiendo el derecho a gozar de su hábitat sano y
libre de factores que destruyen su dignidad y calidad de vida.
Con
nuestras más sinceras muestras de respeto y esperanzadores en su
resolución que deje en firme el derecho ya ganado por la comunidad.
Atentamente,
HondurasDelegation
BRASIL
Lula es oficialmente el candidato del PT a las elecciones presidenciales en Brasil
| CUBADEBATE
Simpatizantes
de Lula marchan en apoyo a la candidatura del exmandatario Luiz Inácio
Lula da Silva para las elecciones de octubre en Brasilia. Foto: EFE
El Partido de los Trabajadores (PT) registró la candidatura una hora y media antes de que expire el plazo de ley, a las 19:00 horas (22:00 GMT) con un acto multitudinario para subrayar que Lula sigue siendo el político más popular del gigante sudamericano.
“El ex presidente Lula está debidamente registrado”, señaló la líder del PT, Gleisi Hoffmann, a la salida del Tribunal Superior Electoral (TSE) en Brasilia.
Además de Hoffmann, en el acto participaron la ex presidenta Dilma Rousseff y el posible sustituto de Lula en caso de que las autoridades rechacen finalmente su candidatura, el ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.
Unos 10 000 simpatizantes de Lula participaron en las marchas que paralizaron en parte el tráfico, según cifras de la Policía citadas por el canal Globo News.
El ex presidente, que purga desde abril una pena de más de 12 años de cárcel, es favorito en todos los sondeos con hasta el 30 por ciento de los apoyos.
Se estima, sin embargo, que el TSE desestimará en los próximos días o semanas la candidatura del ex mandatario debido a la “Lei da ficha limpa” (Ley de expediente limpio), que impide a un condenado en segunda instancia aspirar a cargos públicos.
La corte tiene tiempo hasta el 17 de septiembre para pronunciarse.
Se esperaba que al final 13 candidatos postulen por el máximo cargo del país, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas, la ecologista Marina Silva y el centroderechista Geraldo Alckmin.
La joven política Manuela D’Ávila, que había sido nominada por el Partido Comunista, desistió finalmente de inscribir su candidatura. D’Ávila podría ser la compañera de fórmula como candidata a vicepresidenta de Haddad en caso de que la candidatura de Lula quede anulada.
Haddad fue inscrito hoy como segundo de Lula en el registro del PT.
El caso Lula marcó el inicio de la campaña, que arranca el jueves con la autorización para hacer publicidad electoral. Una vez formalizada la candidatura, el PT debe empezar ahora a hacer campaña intensamente con la figura de Lula.
El ex mandatario e ícono de la izquierda latinoamericana sigue siendo a sus 72 años muy popular sobre todo entre las clases más pobres debido al éxito de los programas sociales de sus dos Gobiernos (2003-2010).
“Si ellos quieren derrotarme de verdad, háganlo en las elecciones”, reclamó Lula el martes en un artículo de opinión escrito para el diario “The New York Times” desde la prisión donde está recluido en Curitiba, en el sur de Brasil.
“Como todas las encuestas muestran que yo ganaría fácilmente las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil está intentando sacarme de la carrera”, agregó.
El próximo presidente será electo previsiblemente en una segunda vuelta el 28 de octubre. Las elecciones en la potencia latinoamericana se celebrarán en un clima de enorme incertidumbre.
Brasil sufre aún los efectos de una fuerte recesión en los años 2015 y 2016, y está sumido en una grave crisis política y social, también debido al incremento de la violencia en metrópolis como Río de Janeiro y Sao Paulo.
Las revelaciones de corrupción de ‘Lava Jato’ salpican prácticamente a todos los partidos políticos.
El enorme descontento popular ha favorecido el ascenso del populismo de ultraderecha de la mano de Bolsonaro, segundo en las encuestas por detrás de Lula con hasta el 19 por ciento de los apoyos, y favorito si el ex mandatario no puede postular finalmente.
Bolsonaro es un polémico militar en reserva calificado a menudo como el “Donald Trump brasileño” por sus diatribas nacionalistas y populistas, y sus ataques contra negros, homosexuales y otras minorías.
(Con información de Agencias)
ELECCIONES 2018
Miles de personas inscriben a Lula como candidato en las elecciones
Movimientos populares brasileños reunieron 50 mil personas en Brasilia para acompañar la inscripción del ex mandatario
Por
primera vez en la historia de Brasil, la candidatura de un político
se inscribe acompañada por miles de brasileñas y brasileños. Este
miércoles (15), cerca de 50 mil personas se concentraron en Brasilia,
capital del país, para inscribir la candidatura del expresidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de la República por
el Partido de los Trabajadores (PT).
La entrega de la solicitud al Tribunal Superior Electoral
(TSE) fue realizada por una comisión liderada por la presidenta del PT,
la senadora Gleisi Hoffman, la ex presidenta Dilma Rousseff, el
candidato a vicepresidente de Lula, Fernando Haddad, ex alcalde de la
ciudad de São Paulo, y Manuela D’Ávila, diputada federal por el Partido
Comunista de Brasil (PCdoB), integrante de la lista electoral.
Entre los manifestantes, participaron del acto los más de
cinco mil trabajadores rurales que caminaron por más de 50 mil
kilómetros por cinco días en la Marcha Lula Libre, con acto de cierre en
la capital federal.
Keli Mafort, de la dirección nacional del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), afirmó que la movilización en
Brasilia superó las expectativas y demostró que el pueblo brasileño sabe
lo que quiere.
“Aquellos que están aquí hoy luchando están representando a
los miles y miles de brasileños y brasileñas que ya manifestaron que
quieren elegir como presidente de la República a Luiz Inácio Lula da
Silva. Esta es una lucha histórica, porque muestra que la inscripción de
una candidatura no debe ser solamente un acto burocrático, sino una
construcción colectiva, como la que vemos hoy”, afirmó.
Fernando Haddad dijo que la consolidación de la candidatura
de Lula es una demostración de que la estrategia golpista está cerca
del final.
“Ellos querían que el pueblo desistiera de Lula. Querían a
toda costa que el pueblo olvidara a Lula. Pero el pueblo conoce a Lula.
Una mentira no es capaz de destruir una relación de 40, 50 años con el
pueblo”, dijo Haddad que en la ocasión también leyó un mensaje enviado
por el ex mandatario.
“A partir de mañana, vamos a recorrer Brasil. Cada uno de
ustedes tendrá que ser Lula caminando por Brasil, haciendo campaña”,
escribió Lula, preso político desde el día 7 de abril en Curitiba.
Antes de entrar en el edificio del Tribunal Superior Electoral (TSE), la senadora Gleisi Hoffmann, habló a los manifestantes.
“Estamos aquí con la cabeza en alto, para decirles a ellos
[la derecha] que no les tenemos miedo. Creemos en el pueblo brasileño.
La inscripción de esta candidatura es una victoria para nosotros”,
declaró.
Edson Carneiro, integrante de la organización Intersindical
y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que tiene como candidato a
la Presidencia a Guilherme Boulos, también estuvo presente en el acto en
Brasilia y señaló la necesidad de defender la libertad y el derecho de
Lula a ser candidato.
“Nosotros tenemos claro que el intento del Poder Judicial,
de la Red Globo, de la derecha, del sistema financiero, de impedir la
candidatura del ex presidente Lula es una acción que busca profundizar
la eliminación de derechos y consolidar el golpe. Por lo tanto, no
tenemos dudas acerca de estar aquí para decir que el presidente Lula
tiene el derecho legítimo de candidatizarse. No es solo un derecho suyo,
sino de los millones de brasileños que quieren votar por él”.
Parlamentarios, gobernadores, artistas, intelectuales y
representantes de los movimientos populares y sindicales también
estuvieron en el acto frente al Tribunal Superior Electoral.
Edición: Cecília Figueiredo | Traducción: Luiza Mançano
Más de 30 mil brasileños acompañarán inscripción de candidatura de Lula en Brasilia
De modo inédito, una multitud irá al Tribunal Electoral para garantizar la inscripción de un candidato presidencial
Este
miércoles (15) se inscribirá al ex mandatario brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva como uno de los participantes en la disputa por la
Presidencia de la República en las elecciones de octubre. En el momento
de la presentación, habrá un acto popular frente a la Sede del Tribunal
Superior Electoral (TSE) en la ciudad de Brasília. Cerca de 30 mil
electores estarán presentes en la manifestación, que debe empezar cerca
de las 2 de la tarde de este miércoles (15).
La estimativa es del Frente Brasil Popular, que organiza el
acto en Brasilia y otras manifestaciones en el país con el objetivo de
garantizar la candidatura de Lula a la carrera electoral.
“Queremos realizar un acto lo más amplio posible,
muy popular, con candidatos a gobernador, a diputado, con las
pastorales. Y, principalmente, llevar a las personas para acompañar la
inscripción de la candidatura de Lula en el TSE”, dijo João Paulo
Rodrigues, integrante de la dirección nacional del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
El MST organizó una marcha nacional de tres
columnas con trabajadores y militantes de movimientos populares de
todas las regiones del país. Las columnas caminaron durante cinco días y
llegaron a Brasilia este martes (14) .
“Aquellos que marcharon los cinco días por las carreteras
van a volver a casa con la sensación real de deber cumplido, con una
copia de la inscripción de la candidatura de Lula en las manos”, dijo el
dirigente del MST.
Además del acto, los movimientos populares organizaron una Huelga de Hambre por Justicia en frente al STF (Supremo
Tribunal Federal) contra la condena y detención de Lula, comprendiendo
que las decisiones son judicialmente infundadas y tienen carácter
político, con la intención de apartarlo de las elecciones.
“Este es un proceso de movilización social muy importante
para el conjunto de la sociedad. Esta lucha que se está realizando no es
solo para este momento, sino para las elecciones. Será una demostración
de articulación para quien gane las elecciones. En caso de que Lula
gane, esta lucha representará la defensa de su gobierno. En caso de
que [Jair] Bolsonaro gane, será la demostración de los movimientos y la
oposición a su gobierno”, dijo el dirigente de MST.
El MST estima que al menos mil autobuses deben llegar a
Brasilia para el acto, que se sumarán a los otros 200 autobuses que
llevaron los militantes que están acampados en la capital federal. “Será
una fiesta democrática”, afirmó Rodrigues.
Jóvenes
Uno de los movimientos populares que están apoyando el
derecho de Lula a ser candidato es el movimiento juvenil Levante Popular
de la Juventud, que tuvo militantes en las tres columnas que marcharon
hasta Brasília. Para el acto en el Tribunal Superior Electoral organizó
diversas actividades para animar la “celebración de la democracia”.
“El Levante estará muy animado, llevando la alegría del
pueblo brasileño para inscribir a Lula para disputar estas elecciones.
Vamos con toda la fuerza y toda la garra que necesitamos en este
momento. Vamos a llevar el bloque “Ven con Lula”, llevar la energía del
Carnaval, una fiesta de la cultura popular, con música y agitación.
Queremos decir que, a pesar del golpe, el pueblo está firme y fuerte
para poner a Lula como su candidato, como su presidente”, dijo Nátaly
Santiago, de 27 años, integrante de la coordinación nacional del
Levante.
Uno de los métodos de la organización juvenil es conducir el debate político con un clima de relajación.
“El pueblo sabe que no hay pruebas contra Lula, que no hay
crimen, entonces vamos a construir este gran bloque de Carnaval, con
canciones que hablan de política, con intervenciones teatrales que
hablan sobre [Michel] Temer, sobre la ministra Carmen Lúcia,
de modo chistoso, pero también politizando este proceso de golpe y el
modo que el pueblo puede resistir en contra esta ‘Liga de la
Injusticia’, que tiene el juez Sergio Moro en el papel de Capitán América”, dijo la dirigente.
Los jóvenes militantes del Levante Popular de la Juventud
circularon por diversos lugares en Brasilia para invitar a los
habitantes de la ciudad a participar del acto en el TSE.
La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores
(PT), Gleisi Hoffmann, estuvo presente en el campamento de trabajadores
rurales sin tierra al final de la tarde del martes (14) último. “Lula es
la opción que el pueblo eligió. Los sondeos demuestran eso. Todos
nosotros queremos a Lula Libre, a Lula como candidato, a Lula como
presidente”, dijo.
Los participantes de la Marcha Lula Libre realizarán una
nueva caminata a partir de las 2 de la tarde y marcharán desde el
estadio de fútbol Mané Garrincha hasta la sede del Tribunal Superior
Electoral.
Edición: Rafael Tatemoto | Traducción: Luiza Mançano
El PT inscribe la candidatura de Lula
El exmandatario brasileño, preso desde abril, deberá
esperar a que se pronuncie la Justicia sobre su participación en las
elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Los
integrantes del Movimiento Sin Tierras (MST) caminan hacia Tribunal
Superior Electoral (TSE) para registrar la candidatura del expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. - EFE
BRASILIA
15/08/2018 22:48 - EFE - PÙBLICO
El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió este miércoles la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
para las elecciones presidenciales de Brasil, pero deberá esperar por
la Justicia, que puede vetarla por su condición de condenado y preso por
corrupción.
En el trámite realizado en el Tribunal
Superior Electoral, el PT también registró como compañero de fórmula de
Lula al exministro de Educación Fernando Haddad, quien sería el
candidato a presidente si, por su situación legal, el exmandatario no
pudiera participar en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de
octubre.
En los alrededores de la corte se movilizaron miles de personas que exigieron la libertad de Lula, preso desde el pasado 7 de abril,
así como que su candidatura sea aceptada, pese a normas que impiden
postular para cualquier cargo electivo a una persona con sentencia
confirmada en segunda instancia, como es su caso.
"Llegamos hasta aquí a pesar del golpe", dijo en una
rueda de prensa antes del registro la presidenta del PT, Gleisi
Hoffmann, en alusión a la destitución en 2016 de la entonces mandataria
Dilma Rousseff, un proceso sobre el cual insistió en que fue el "primer paso para intentar evitar" que Lula pueda volver al poder.
La candidatura de Lula fue inscrita por la coalición "El pueblo feliz
de nuevo", que encabeza el PT y también integran los partidos Comunista
do Brasil (PCdoB), Causa Operaria (PCO) y Republicano del Orden Social
(PROS).
Haddad, ya oficializado en la fórmula, dijo que el PT
insistirá en que Lula participe en los debates entre candidatos
previstos hasta las elecciones o que al menos sea invitado un
representante, lo cual la Justicia ha negado por su condición de
presidiario. Aún así, Haddad sostuvo que "Lula tiene los mismos derechos
de todo candidato" y "no renunciará a ellos", por lo que el partido hará una nueva "ofensiva" ante los tribunales.
El exmandatario continúa preso en una celda adaptada
para él en la sede de la Policía Federal de Curitiba, unos 1.500
kilómetros al sur de Brasilia, donde se registró su candidatura. Según
Hoffmann, a partir de mañana, cuando los aspirantes a la Presidencia
podrán comenzar sus campañas en las calles e internet, "habrá millones
de 'Lulas' recorriendo el país".
De acuerdo a las últimas encuestas, si pudiera ser candidato Lula tendría un 30 % de intención de voto y vencería a cualquiera de sus posibles adversarios en segunda vuelta.
No obstante, cuando su nombre no se toma en cuenta, lidera los sondeos
el ultraderechista Jair Bolsonaro (17 %), seguido por la ecologista
Marina Silva (13 %), el laborista Ciro Gomes (8 %) y el socialdemócrata
Geraldo Alckmin (6 %), en un escenario con cerca de un 50 % de electores
indecisos.
MOVILIZACIÓN
En marcha histórica, los sin tierra prometen hacer un "cerco popular" en Brasilia
Conozca como se organizará la marcha nacional que el MST realizará entre los días 10 y 15 de agosto
Cerca
de 5.000 campesinos de todas las regiones de Brasil participarán en la
Marcha Nacional Lula Libre, organizada por el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Terra (MST) y por la Vía Campesina (articulación mundial de
movimientos campesinos). La movilización ocurrirá entre los días 10 y
15 de agosto. El punto final de la caminata será la ciudad de Brasilia.
Además de luchar contra el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que está preso en Curitiba hace más de 100 días, los
trabajadores marchan para llamar la atención de la población sobre las
graves crisis, económica y política por las cuales atraviesa Brasil.
En total, serán cerca de 50 kilómetros de caminata, durante cuatro días. Los caminantes estarán divididos en tres columnas: un grupo partirá de la ciudad de Formosa (estado de Goiás en el centro del país), otros manifestantes saldrán de Luziânia (estado de Goiás) y un tercer grupo de manifestantes seguirá desde la ciudad de Engenho das Lages (en el Distrito Federal). Los caminantes llegarán al mismo tiempo a la capital federal. Cada columna contará con cerca de 1.500 Sin Tierra. Estarán presentes integrantes del MST de todos los estados en los cuales el movimiento está organizado (23 en total).
El día 10 de agosto los caminantes se concentrarán en los tres puntos de partida y tendrá lugar el acto de lanzamiento de la movilización que se une al Día del Basta (Día Nacional de Movilizaciones y Paralizaciones de las Centrales Sindicales). La caminata comienza, efectivamente, el 11 de agosto y las tres columnas deberán llegar a Brasilia el 14 de agosto. El 15 de agosto, en la capital brasileña, tendrá lugar una gran manifestación en apoyo a Lula. Ese será el último día para la inscripción de las candidaturas y el día en el cual, la del ex presidente será formalizada para participar en la disputa electoral de octubre.
A lo largo del recorrido, en cada ciudad en que la marcha se detenga habrá una programación con debates, capacitaciones, teatro e intervenciones de agitación y propaganda. La idea es promover la interacción entre las y los trabajadores que participan del acto y las poblaciones locales, ampliando el debate sobre la democracia y los problemas que enfrenta el país.
“La marcha tiene como objetivos inscribir la candidatura de Lula, exigir al Supremo Tribunal Federal (STF) la liberación del ex presidente, ya que está preso de forma injusta. Evidentemente que la marcha también va a denunciar toda la estructura del golpe [de 2016], corrupta, autoritaria, contra nuestra democracia, que fue hecha por el Poder Judiciario, por los medios … La idea es dialogar con la población, que ya está apoyando a Lula de forma masiva y, por tanto, hay condiciones para ganar las elecciones en primera vuelta. Por esta razón, es fundamental que Lula pueda participar en las elecciones”, explicó Gilmar Mauro, de la coordinación nacional del MST, durante entrevista à Radio Brasil de Fato, este jueves (9).
Historia
Organizar un gran volumen de personas en una manifestación de este tamaño es un desafío. Sin embargo, el movimiento ya posee una larga experiencia en esta cuestión. “En la marcha de 2005 contamos con 12 mil personas. Todo mundo alimentándose, sin ningún incidente y sin absolutamente ningún problema ni para nosotros ni para el conjunto de la sociedad. De la misma forma va a acontecer ahora”, recuerda Mauro.
La marcha nacional realizada por los Sin Tierra en 2005, como recuerda Gilmar Mauro, salió de la ciudad de Goiânia (estado de Goiás) y, durante dos semanas, los campesinos recorrerán cerca de 200 km hasta llegar a Brasilia.
En 1997, un año después de la Masacre de Eldorado dos Carajás, cuando 21 campesinos ligados al MST fueron asesinados por la Policía Militar en Pará, en Carajás, cerca de 1.300 Sin Tierra realizaron la Marcha Nacional por Empleo, Justicia y Reforma Agraria.
El objetivo era llegar en Brasilia el día 17 de abril, exactamente un año después de la masacre. Los campesinos partieron de tres puntos diferentes del país el día 17 de febrero de 1997 y, por dos meses, atravesaron a pie diversos municipios de Brasil.
Una de las columnas partió de la ciudad de São Paulo con 600 personas. Otra salió de Governador Valadares (estado de Minas Gerais) con 400 integrantes. Y la tercera columna partió de Rondonópolis (estado de Minas Gerais) con 300 personas. Cada columna recorrió cerca de 1.000 km.
El día 17 de abril, día de la llegada a Brasilia, cerca de 100 mil personas recibieron a los Sin Tierra en la capital federal demostrando solidaridad y simpatía por la lucha por Reforma Agraria. El episodio se conoce como "La Marcha de los 100.000".
Trece años después de la última gran marcha nacional realizada por el MST, Gilmar Mauro puntúa los elementos centrales que permearán la movilización actual. “El objetivo es hacer un cerco popular a Brasilia, y es muy importante que toda la militancia del movimiento sindical, militancia partidaria, militancia que no está en ningún tipo de organización pueda sumarse a este proceso de movilización. Nuestra evaluación es que la única forma en que podemos garantizar elecciones limpias, libres y con la participación del ex presidente Lula es si conseguimos hacer grandes movilizaciones populares".
En total, serán cerca de 50 kilómetros de caminata, durante cuatro días. Los caminantes estarán divididos en tres columnas: un grupo partirá de la ciudad de Formosa (estado de Goiás en el centro del país), otros manifestantes saldrán de Luziânia (estado de Goiás) y un tercer grupo de manifestantes seguirá desde la ciudad de Engenho das Lages (en el Distrito Federal). Los caminantes llegarán al mismo tiempo a la capital federal. Cada columna contará con cerca de 1.500 Sin Tierra. Estarán presentes integrantes del MST de todos los estados en los cuales el movimiento está organizado (23 en total).
El día 10 de agosto los caminantes se concentrarán en los tres puntos de partida y tendrá lugar el acto de lanzamiento de la movilización que se une al Día del Basta (Día Nacional de Movilizaciones y Paralizaciones de las Centrales Sindicales). La caminata comienza, efectivamente, el 11 de agosto y las tres columnas deberán llegar a Brasilia el 14 de agosto. El 15 de agosto, en la capital brasileña, tendrá lugar una gran manifestación en apoyo a Lula. Ese será el último día para la inscripción de las candidaturas y el día en el cual, la del ex presidente será formalizada para participar en la disputa electoral de octubre.
A lo largo del recorrido, en cada ciudad en que la marcha se detenga habrá una programación con debates, capacitaciones, teatro e intervenciones de agitación y propaganda. La idea es promover la interacción entre las y los trabajadores que participan del acto y las poblaciones locales, ampliando el debate sobre la democracia y los problemas que enfrenta el país.
“La marcha tiene como objetivos inscribir la candidatura de Lula, exigir al Supremo Tribunal Federal (STF) la liberación del ex presidente, ya que está preso de forma injusta. Evidentemente que la marcha también va a denunciar toda la estructura del golpe [de 2016], corrupta, autoritaria, contra nuestra democracia, que fue hecha por el Poder Judiciario, por los medios … La idea es dialogar con la población, que ya está apoyando a Lula de forma masiva y, por tanto, hay condiciones para ganar las elecciones en primera vuelta. Por esta razón, es fundamental que Lula pueda participar en las elecciones”, explicó Gilmar Mauro, de la coordinación nacional del MST, durante entrevista à Radio Brasil de Fato, este jueves (9).
Historia
Organizar un gran volumen de personas en una manifestación de este tamaño es un desafío. Sin embargo, el movimiento ya posee una larga experiencia en esta cuestión. “En la marcha de 2005 contamos con 12 mil personas. Todo mundo alimentándose, sin ningún incidente y sin absolutamente ningún problema ni para nosotros ni para el conjunto de la sociedad. De la misma forma va a acontecer ahora”, recuerda Mauro.
La marcha nacional realizada por los Sin Tierra en 2005, como recuerda Gilmar Mauro, salió de la ciudad de Goiânia (estado de Goiás) y, durante dos semanas, los campesinos recorrerán cerca de 200 km hasta llegar a Brasilia.
En 1997, un año después de la Masacre de Eldorado dos Carajás, cuando 21 campesinos ligados al MST fueron asesinados por la Policía Militar en Pará, en Carajás, cerca de 1.300 Sin Tierra realizaron la Marcha Nacional por Empleo, Justicia y Reforma Agraria.
El objetivo era llegar en Brasilia el día 17 de abril, exactamente un año después de la masacre. Los campesinos partieron de tres puntos diferentes del país el día 17 de febrero de 1997 y, por dos meses, atravesaron a pie diversos municipios de Brasil.
Una de las columnas partió de la ciudad de São Paulo con 600 personas. Otra salió de Governador Valadares (estado de Minas Gerais) con 400 integrantes. Y la tercera columna partió de Rondonópolis (estado de Minas Gerais) con 300 personas. Cada columna recorrió cerca de 1.000 km.
El día 17 de abril, día de la llegada a Brasilia, cerca de 100 mil personas recibieron a los Sin Tierra en la capital federal demostrando solidaridad y simpatía por la lucha por Reforma Agraria. El episodio se conoce como "La Marcha de los 100.000".
Trece años después de la última gran marcha nacional realizada por el MST, Gilmar Mauro puntúa los elementos centrales que permearán la movilización actual. “El objetivo es hacer un cerco popular a Brasilia, y es muy importante que toda la militancia del movimiento sindical, militancia partidaria, militancia que no está en ningún tipo de organización pueda sumarse a este proceso de movilización. Nuestra evaluación es que la única forma en que podemos garantizar elecciones limpias, libres y con la participación del ex presidente Lula es si conseguimos hacer grandes movilizaciones populares".
Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Pilar Troya
MOVILIZACIÓN
Campesinos llegan a Brasilia para garantizar inscripción de la candidatura de Lula
Después de marchar más de 50 km, las tres columnas de la Marcha Lula Libre se encuentran en la capital del país
5
mil militantes de movimientos populares que integran la Marcha Lula
Libre se encuentran este martes (14) en el centro de Brasilia, la
capital del país, después de marchar cerca de 50 km.
La marcha, dividida en tres columnas, comenzó el 10 de
agosto en tres ciudades de la región centro oeste de Brasil: Formosa y
Luziânia, en el estado de Goiás y Engenho dos Lages, en el Distrito
Federal.
Cada una de estas columnas salió a las 6 de la mañana y se encontraron, aún por la mañana, en el centro de la capital federal.
Marco Baratto, de la dirección nacional del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), afirma que este acto es histórico
para la organización.
“Este es un momento importante porque consolida un proceso
de retomar el debate con la sociedad, nuestra marcha cumple este papel”,
explica.
Los militantes de las tres columnas alzan banderas que
representan algunas de sus principales reivindicaciones. Las
delegaciones de la región amazónica y de la región centro oeste del
país, reunidas en la Columna Tereza de Benguela, reivindican la
soberanía popular; las de los estados de la región nordeste, en la
Columna Ligas Campesinas, defienden Lula Libre; y las delegaciones de
las regiones Sur y Sudeste, en la Columna Prestes, defienden la tierra,
el trabajo y la vivienda.
“Cada columna tiene una simbología para que, en el
encuentro en Brasilia, se pueda construir este proceso de forma amplia y
popular”, señala Marco Baratto.
Este miércoles (15) la Marcha Lula Libre realiza, junto a
otras organizaciones y movimientos, la inscripción de la candidatura del
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones
presidenciales de octubre.
Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Luiza Mançano
