Acompañamiento y solidaridad internacional esperan en próximo juicio contra imputados por crimen de Berta Cáceres
Ciudad de Guatemala (Conexihon).-
Un acompañamiento internacional, fue la convocatoria que hizo hoy Berta
Zúniga Cáceres, para el próximo juicio a desarrollarse entre el 10 y el
28 de septiembre contra ocho acusados por el asesinato de su madre
Berta Cáceres, de acuerdo a una publicación de la Agencia EFE.
Zúniga Cáceres, actual coordinadora
general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), dijo en rueda de prensa en Ciudad de Guatemala que
para este próximo 02 de septiembre lanzarán en Honduras una campaña
internacional para pedir solidaridad y el acompañamiento en el juicio de
la reconocida defensora del pueblo lenca.
Según el reporte de la agencia de
noticias EFE, la hija de Cáceres afirmó que "no existe voluntad de
desarticular la estructura criminal que asesinó a su madre".
Junto a la joven lideresa del COPINH,
participó la abogada Heidy Alachán, del equipo legal del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), quien cuestionó que en 36
ocasiones “la fiscalía del caso se ha negado en entregar información o
lo ha hecho en forma parcial o irregular”.
El pasado 07 de agosto se realizó una
conferencia de prensa en Tegucigalpa, donde la familia de Berta Cáceres,
su equipo legal y el COPINH, detalló que, para la próxima audiencia de
proposición de medios de prueba, el 24 de agosto, se llegará sin acceder
a la información con la que cuenta el ministerio público (MP) y la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en allanamientos y
diligencias hechas por ambos organismos hace dos años.
“Debemos denunciar que esta actitud de
las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del
asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han
sido procesados”, expusieron los tres sectores en un comunicado conjunto.
La familia de Cáceres Flores, el COPINH y
el equipo legal, consideran que para la audiencia del próximo viernes
“nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con
enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas”.
Estos ochos imputados y un solo hombre
ha sido arrestado por considerarle autor intelectual del crimen material
contra Berta, premio Goldman al Ambiente 2015, ocurrido del 02 de
marzo del 2016 en La Esperanza, Intibucá, a uno 200 kilómetros al
occidente Tegucigalpa.
Pueblos indígenas de Honduras rechazan anteproyecto “Ley de consulta”
La asamblea estuvo conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta.
“Condenamos este ante proyecto porque es una iniciativa del Estado de Honduras en contubernio con empresarios nacionales, extranjeros y organismos financieros internacionales para legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades, y la gente de esos territorios”, establece el comunicado público divulgado ese día.
Además indica que “la ley es una iniciativa racista cuya existencia sólo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad”.
Para la líder miskita, Marlen Jackson el hecho que la ley no se haya presentado en su idioma materno es una forma de exclusión y discriminación, por eso rechazan absolutamente la Ley de CPLI.
El Gobierno de Honduras sostiene que está incentivando la Ley CPLI con el afán de cumplir con el artículo 6 del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, de acuerdo a lo establecido en el resumen del proceso de construcción de la Ley.
El 5 de mayo de 2015 se creó la “Mesa Técnica Interinstitucional para el Convenio 169”, conformada solo por instituciones gubernamentales, para definir las acciones de la elaboración del anteproyecto, pese a que el mismo estipula que se “dialogó con Inclusión”.
En el proceso fue notoria la ausencia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La coordinadora de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca, Rosario García Rodas, aclaró que se retiraron del dialogo porque la ley violenta sus derechos y la autodeterminación de los pueblos, pues no fue tomado en cuenta de que si permitían que la ley fuera emitido al Congreso.
El comunicado de las organizaciones indígenas también señala que “en este anteproyecto de Ley se refieren sistemáticamente a diálogos y negociaciones bajo el control del Estado, los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dialogar y a negociar nuestros territorios, para nosotros y nosotras la tierra no es un medio de vida, para nosotros y nosotras los territorios significan vida comunitaria y colectiva”.
El artículo 6 de la CPLI establece la creación del Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) será nombrado o removido por el presidente de la República.
Para el dirigente maya-chortí, Danilo Espino, el hecho que el Gobierno nombre al representante de los pueblos indígenas choca con la autodeterminación “en nuestras comunidades ya tenemos nuestros representantes legítimos”, subrayó.
Del pueblo tolupan, Consuelo Soto, afirmó que la normativa “no respeta ni el convenio 169, mucho menos las leyes que ellos hacen y aprueban, esa ley es una mentira y una falsedad, nosotros los pueblos indígenas también tenemos los títulos ancestrales que nos han violado, y le dan las tierras a los terratenientes”.“El pueblo garífuna se ha manifestado y ha dicho no a esta pretensión del Estado, de un desalojo sistemático, que se viene practicando en contra de la población, la ley es lesiva para poder seguir con esa línea dictatoría y no escuchar al pueblo desde que la ley habla del no al veto no está el derecho de poder reclamar si están en desacuerdo”, subrayó, por su parte, el líder garífuna, Selvin López.
Una de las partes más significativas que no está incluido en el anteproyecto es lo que se refiere al derecho a veto, es decir la posibilidad de las comunidades indígenas de oponerse a una decisión en la que no están de acuerdo, emitida por un órgano estatal.
En este sentido, los pueblos indígenas condenan que de fondo la Ley pretende excluir y saquear los territorios que habitan ancestralmente y advirtieron que “donde vayan sus proyectos de muerte encontrarán la resistencia llena de vida, de justicia y de inspiración por sus hermanas y hermanos que como Berta Cáceres los acompañan en los caminos”.
Azacualpa: Población en defensa del derecho a vivir y morir en paz
- Cesario Padilla 16 Agosto 2018
Tegucigalpa/ La Unión (Conexihon).-
En sus memorias lo único que queda son los recuerdos, plasmados en una
cruz sobre una lápida de cemento. Este es el valor sentimental que la
comunidad de Azacualpa ostenta. Sin embargo, una empresa minera pretende
socavar el descanso eterno, no ve los recueros, ve oro bajo los
muertos.
Un
grupo de habitantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión, en el
departamento de Copán, desde 2012 que inició un proceso de defensa del
cementerio de la comunidad y prevalezca el lugar dedicado al descanso de
los muertos y no la supuesta veda de oro que existe donde se ubica el
cementerio. Todo realizado por la empresa Minerales de Occidente S.A.
(MINOSA), subsidiada por la canadiense Aura Minerals.
Hay
una colusión entre la corporación municipal y el patronato comunal,
quienes se han prestado para que desde el año 2012 MINOSA intervenga en
cerro “El Cementerio” extraer y remover los cuerpos de los difuntos.
La
Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa),
organización que documentó y divulgó las primeras acciones contra la
población en Azacualpa, emitió denunció un comunicado este miércoles,
donde expresa que por más de tres décadas han extraído el oro mediante
explotación minera cielo abierto.
“Durante
ese tiempo, han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con
desaparecer hasta los muertos al querer sacar oro del cementerio”,
expresó la organización de derecho humanos.
José Ángel López al ser entrevistado por Conexihon |
En Tegucigalpa exigieron justicia por sus tierras y sus muertos
Un
grupo de pobladores llegó a Tegucigalpa a denunciar lo insólito. ¡Ni
sus difuntos pueden descansar en paz! Una empresa minera que explota oro
en la zona usurpa la tranquilidad de vivos y muertos. La vida y la
muerte tienen precio.
Desde
el año 2015, en el occidente del país occidente, mantienen resistencia
con el Comité Ambientalista de Azacualpa. Llegaron a la capital para
exigir un alto al corte de árboles, a la excavación de los cerros y que
respeten el campo memorial, el lugar dónde los familiares visitan en su
última morada a sus seres queridos.
En
una movilización convocada por la Coalición Nacional de Redes
Ambientales (CONROA), el pasado 18 de julio, líderes y lideresas de
Azacualpa reclamaron tanto al IV congreso minero que se realizaba en un
hotel capitalino y al Congreso Nacional los daños al medio ambiente,
producto de las concesiones sin la decisión de las comunidades, que
además son indígenas.
José
Ángel López es un líder de la comunidad, quien se sumó a la
movilización contra la instalación, por cuarta vez del congreso de
empresarios mineros. Su petición es clara “queremos que se respeten
nuestros derechos y que nuestros seres queridos puedan descansar en
paz”.
Los
y las pobladoras de Azacualpa no cesan en la defensa de la ubicación
del camposanto, porque su derecho, así como defienden que se respete la
vida, que no haya más contaminación ni tala del bosque.
“Yo
lucho y canto, contra esta hora de espanto, canto porque esos muertos,
podrán llegar a sus puertos”, dice un fragmento de una canción del
trovador cubano Carlos Puebla. Y la historia de Azacualpa suena igual a
esta histórica canción.
En
2012, un estudio hecho por el Centro de Estudios para la Democracia
(CESPAD), la situación contra la comunidad se agranda cuando MINOSA
comunicó la intención de exhumar y remover aproximadamente 400 osamentas
del cementerio de la comunidad y otras más.
Cabe
señalar que entre los años 2014 y 2015, 26 líderes de la comunidad
enfrentaron procesos penales por su defensa del cementerio.
Permisos para dañar
“La tierra está dañada, no sirve para la siembra y queremos que lo que se llevaron lo regresen, que reforesten
lo
talado, esos hoyos que lo vuelvan a rellenar”, dijo López mientras al
fondo se gritaban consignas contra la minería, una de ellas en
solidaridad con el pueblo de Azacualpa.
Cerros
totalmente destruidos y desolados, fisuras en las viviendas, tala de
árboles y criminalización son parte de las acciones que enfrentan más de
cuatro mil habitantes de Azacualpa, una de las nueve comunidades de La
Unión.
En
un comunicado público, las y los pobladores exigen que se rellene un
hueco de aproximadamente 300 metros de profundidad, ubicado a la par del
cementerio, lo que ellas y ellos consideran “un peligro para la
comunidad”.
Una manta evidencia el reclamo de la población en Azacualpa. Foto: Irma Lemus |
“Al
medio ambiente lo irrespetan, si la mina trabaja ese cerro del
cementerio, nos iremos en un derrumbe para un invierno fuerte”,
sentenció José Ángel López.
El
permiso que tienen para corte de árboles es de otra comunidad y no de
Azacualpa, alrededor parece que la mina tiene un permiso de la comunidad
de San Miguel, con ese consentimiento están violentando los derechos de
nuestra comunidad.
No
más minería en nuestro territorio, a eso venimos, a solicitarle al
gobierno para que nos devuelva la tranquilidad a nuestra comunidad,
porque estamos abatidos con una contaminación de polvo y ruido por la
maquinaria.
Una volquetada de tierra para la sentencia que ordena detener exhumaciones
El
pasado 09 de mayo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo de San Pedro Sula, admitió un Recurso de Amparo
presentado por Víctor Fernández, del equipo legal del Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia (MADJ), donde ordenó “cesar de inmediato”
las exhumaciones en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.
De acuerdo a una publicación en la página web del MADJ,
48 horas antes (lunes 07 de mayo), se presentó la acción a solicitud de
pobladores y pobladoras de Azacualpa en la sede judicial de San Pedro
Sula parar las exhumaciones de cadáveres desarrolladas por la empresa
mercantil Minerales de Occidente S. A. de C. V., conocida por sus siglas
MINOSA, culpable del desplazamiento de varias comunidades y del
permanente conflicto en la zona.
A
pesar de esta sentencia, la amenaza contra el Cerro “La Bufa”, como le
llaman en la comunidad sigue latente “no queremos más exhumaciones, que
se respete la muerte de nuestros seres queridos, que nos dejen en paz”.
En
el comunicado entregado durante la movilización contra la minería,
pobladores y pobladoras exigieron a la subsidiaria Aura Minerals como a
MINOSA, que abandone “de una vez por todas” su intención de explotar el
cerro “El Cementerio”.
La
comunidad pidió una investigación hacia la municipalidad de La Unión,
por prestarse para la explotación del cementerio. Cabe señalar, apuntó
el comunicado de la población, que el 11 de enero de 2015, hubo un
acuerdo producto de un Cabildo Abierto en donde se acordó el “NO cierre
del cementerio de la comunidad”.
Voces internacionales exigen alto a las exhumaciones y campañas de desprestigio
Organizaciones europeas en solidaridad con Honduras,
se encuentran en alerta frente a las violaciones a derechos humanos de
quienes defienden su territorio en Azacualpa. Por lo que emitieron un
comunicado en el que llaman a la defensa del cerro El Cementerio y el
cese al hostigamiento hacia las organizaciones que acompañan la lucha de
la comunidad de Azacualpa.
A
los entes judiciales exhortamos que garanticen el cumplimiento de los
amparos judiciales de mayo 2018 y junio 2018 que no permitan la
exhumación y la explotación del cerro El Cementerio, apunta la Red
Europea de solidaridad con Honduras.
La
Red condenó la campaña de desprestigio contra organizaciones que
acompañan a la comunidad, tales como el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (MADJ), la Asociación de Organizaciones No
Gubernamentales de Honduras (ASONOG). Dicha campaña de desprestigio es
promovida por a empresa MINOSA.
“Elevamos
también nuestra voz de alerta a las diferentes delegaciones
diplomáticas en Honduras de la Comunidad Europea a sostener su
compromiso por velar por el cumplimento de los derechos humanos y por el
respeto a la autodeterminación de los pueblos en sus territorios”,
concluye el comunicado de la Red Internacional.
Dirigentes estudiantiles que conducen tomas de colegios están amenazados por activistas del Partido Nacional
Monday, 20 August 2018 17:10 Written by GA Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
Autoridades educativas amenazaron este 20 de julio de 2018, con
expulsar a la dirigencia estudiantil de varios colegios de la capital,
que mantienen tomas de las instituciones educativas con un pliego de
exigencias, entre ellas, un bono de transporte y mejoras físicas. Al
clima de terror se suman activistas del Partido Nacional, que operan en
uno de los colegios bajo la modalidad de microempresas del programa
“Vida Mejor”, del gobernante Juan Orlando Hernández.
Según la denuncia presentada por los alumnos del Instituto Jesús
Aguilar Paz, el pasado viernes 18 de agosto de 2018, a la Asociación por
la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, el vicepresidente de
la sociedad de padres de familia Jorge Noé García llegó de manera
violenta, faltándoles el respeto y levantando calumnias en contra de los
y las denunciantes, que en ese momento estaban en las instalaciones del
instituto. “De la lengua los voy a agarrar”, les dijo, pero esta no es
la primera vez que les lanza ese tipo de advertencias, según lo
manifestaron “el jueves 17 de agosto de 2018, vino aquí de manera
agresiva a romper los carteles que teníamos en el portón y a
insultarnos”, relató uno de los afectados.
Jorge García está contratado según denunciaron en una de las tres microempresas de aseo del Programa Vida Mejor, que impulsa el gobierno, y que opera en el instituto arriba mencionado.
Los alumnos expresaron que ellos asean la institución y además pagan para que aseadoras lleguen, pues al colegio llegan unos 3 mil alumnos, y que estas personas –las de Vida Mejor- solo van a tomarse fotos y luego se marchan sin cumplir con su responsabilidad por la cual les paga el gobierno con los dineros del pueblo.
Este lunes 20 de agosto, se presentaron las autoridades de la Departamental de Educación, entre ellos el funcionario Napoleón Bonilla e Hilma Yessenia Hernández, esta última de la Distrital de Educación, asimismo una comisionada de la Secretaría de Educación que no se identificó, amenazando a los alumnos de último año en cancelar la graduación. Representantes del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos se presentaron al lugar, pero se les fue negada la entrada.
Los alumnos temen ser expulsados y también denunciaron que si les pasa algo fuera de la institución sería responsabilidad de Jorge García, y las expulsiones estarían a cargo de las autoridades educativas por no solucionar los problemas que ellos tienen, “no solo lo referente al transporte sino también la inseguridad y las condiciones educativas en la que estamos desde hace años, hemos exigido durante todo este tiempo pero no tenemos respuestas” , alertaron.
Este mismo lunes 20 de agosto un alumno del Instituto Técnico Abelardo Fortín fue víctima de fuertes golpes por un agente de policía mientras se encontraba al frente de las instalaciones de su instituto, manifestándose por las demandas ya señaladas.
Estudiantes del Instituto Técnico Honduras y Jesús Milla Selva, en horas de la tarde siempre de este mismo día fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por la misma causa, tuvieron que escapar del sector hacia la UNAH buscando refugio, pero allí también fueron recibidos con gases por la Policía Nacional.
Información de última hora da cuenta que tres estudiantes de Instituto Central Vicente Cáceres fueron detenidos por los cuerpos policiales y al cierre de esta nota se desconoce su paradero. El acto fue grabado por un medio de comunicación televisivo.
Jorge García está contratado según denunciaron en una de las tres microempresas de aseo del Programa Vida Mejor, que impulsa el gobierno, y que opera en el instituto arriba mencionado.
Los alumnos expresaron que ellos asean la institución y además pagan para que aseadoras lleguen, pues al colegio llegan unos 3 mil alumnos, y que estas personas –las de Vida Mejor- solo van a tomarse fotos y luego se marchan sin cumplir con su responsabilidad por la cual les paga el gobierno con los dineros del pueblo.
Este lunes 20 de agosto, se presentaron las autoridades de la Departamental de Educación, entre ellos el funcionario Napoleón Bonilla e Hilma Yessenia Hernández, esta última de la Distrital de Educación, asimismo una comisionada de la Secretaría de Educación que no se identificó, amenazando a los alumnos de último año en cancelar la graduación. Representantes del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos se presentaron al lugar, pero se les fue negada la entrada.
Los alumnos temen ser expulsados y también denunciaron que si les pasa algo fuera de la institución sería responsabilidad de Jorge García, y las expulsiones estarían a cargo de las autoridades educativas por no solucionar los problemas que ellos tienen, “no solo lo referente al transporte sino también la inseguridad y las condiciones educativas en la que estamos desde hace años, hemos exigido durante todo este tiempo pero no tenemos respuestas” , alertaron.
Este mismo lunes 20 de agosto un alumno del Instituto Técnico Abelardo Fortín fue víctima de fuertes golpes por un agente de policía mientras se encontraba al frente de las instalaciones de su instituto, manifestándose por las demandas ya señaladas.
Estudiantes del Instituto Técnico Honduras y Jesús Milla Selva, en horas de la tarde siempre de este mismo día fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por la misma causa, tuvieron que escapar del sector hacia la UNAH buscando refugio, pero allí también fueron recibidos con gases por la Policía Nacional.
Información de última hora da cuenta que tres estudiantes de Instituto Central Vicente Cáceres fueron detenidos por los cuerpos policiales y al cierre de esta nota se desconoce su paradero. El acto fue grabado por un medio de comunicación televisivo.
Casa Alianza: 71 niñas, niños y jóvenes fueron asesinados en el mes de junio
Tegucigalpa.- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que sólo en el mes de junio del año en curso ,se han registrado 71 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante junio los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 135 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 112 fueron del sexo masculino, 22 del sexo femenino y 1 persona de sexo no determinado.
De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza de Honduras, 71 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 52.5% de las
víctimas. Los casos reportados están en edades entre los 10 y los 77 años.
La causa principal de las muertes violentas durante junio fue la provocada por armas de fuego con el 71.1% de los casos, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas con el 10.3% cada una, las causadas por un objeto contuso con el 4.4%, y finalmente las producidas por asfixia por estrangulación con el 3.7%.
En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para junio se registró un total de 43 casos, de los cuales, 36 corresponden al sexo masculino y 7 al sexo femenino.
Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante junio, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 5 matanzas.
Desde enero de 2016 a junio de 2018 (30 meses) los medios de comunicación escrita del país
registraron un total de 166 matanzas con un saldo de 597 decesos.
En lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años, se reportaron un total de 13 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 30 muertes.
Para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 11 y las de sexo femenino 2. En las edades entre 18 y 23 años, las víctimas de sexo masculino fueron 25 y las de sexo femenino 5.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son el Distrito Central con 22, y Choloma con 5 casos.
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son Francisco Morazán y Cortés con 22 y 6 casos respectivamente, entre los dos departamentos concentran el 65.1% de los sucesos a nivel nacional.
De los 45 casos registrados en junio, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 76.7%, seguida por las causas no determinadas con el 9.3%, las producidas por arma blanca con el 6.9%, la asfixia por estrangulamiento con el 4.6%, y finalmente, las producidas por un objeto contuso con el 2.3%.
Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en junio se contabilizaron 9 sucesos, siete de ellos de sexo masculino y dos de sexo femenino, 4 pertenecían a menores de 23 años, tres del sexo masculino y uno del sexo femenino.
De la información recopilada durante junio, en el 81.3% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.
En el régimen de JOH se han registrado 3, 422 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años
Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.
Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y junio de 2018 se han registrado en el país 12,536 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los cincuenta y tres meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,422 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido.
Por otra parte, en los últimos diez años han sido asesinados 1,522 estudiantes de todos los niveles educativos y la cifra es superior a lo registrada, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
De los 1,522 estudiantes asesinados en una década, 802 cursaban el nivel medio, lo que representa un 52.6% y 226 eran universitarios; 121 de la UNAH y el resto de las universidades privadas.
Del monto total de asesinados un 77.9 por ciento corresponden al género masculino y un 21.1 al femenino y con respecto a la edad, los más afectados se encuentran entre los 20 y 29 años.
Mientras los estudiantes de los diferentes niveles académicos son asesinados, el gobierno de la República, invierte enormes cantidades de recursos en el fortalecimiento del Ejército y los diputados al Congreso Nacional se duplican su salario.
Los responsables de que las cifras no sean reales, son los operadores de principalmente la Policía Nacional, que no hace los “levantamientos” de los homicidios con la rigurosidad debida y no registra que son estudiantes.
Las cifras del OV-UNAH revelan que el nivel medio es el más afectado por la incidencia criminal; debido a que es el más numeroso, algunos colegios se encuentran en barrios y colonias de alta conflictividad social y son más asediados por el crimen organizado
Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental con una trayectoria de treinta años en la atención y protección de los niños, niñas y jóvenes que viven en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras.
Organizaciones de DDHH culpan a Gobierno y a mineras por campaña de desprestigio en su contra
Friday, 17 August 2018 00:26 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
La campaña de desprestigio en contra de las Organizaciones
perpetrada por las compañías mineras Aura Minerals y Minerales de
Occidente S. A. (MINOSA), en confabulación con el Gobierno en la
comunidad de Azacualpa, La Unión, en el departamento de Copán, pretende
crear un clima de desconfianza en la población en contra de las
instituciones que apoyan la lucha contra la mala práxis de la industria
extractiva en el país, señaló un representante de las denunciantes a
pasosdeanimalgrande.com
Informaron que las compañías mineras utilizando a la población a
quienes les pagan o trabajan con ellos, iniciaron una campaña de
estigmatización en contra de la Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales (ASONOG), del Centro de Investigación y Protección de
los Derechos Humanos (CIPRODEH), y del Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia (MADJ), con una manifestación pidiendo que las
organizaciones defensoras de los derechos humanos abandoran la zona que
se encuentra en conflicto.
Varios empleados y pobladores afines a las empresas mineras salieron con pancartas descalificando el trabajo de acompañamiento a las víctimas de los efectos de la contaminación ambiental que hacen las organizaciones arriba indicadas.
Cabe destacar que la policía no llegó a desalojarlos tal como lo hace cada vez que la población del sector y de otros lugares del país donde hay explotación minera, sale a las calles a protestar, resultando en detenciones ilegales , heridos y afectados por los gases de las bombas lacrimógenas.
Graves daños en la población
Las organizaciones afectadas culparon al Gobierno de Honduras por el impacto negativo que las campañas puedan tener en ellas y en las personas que realizan trabajos en las zonas a favor del respeto de los derechos humanos y de los pobladores afectados.
Los pobladores de Azacualpa piden a las compañías mineras que respeten el cementerio en donde tienen enterradas a sus familiares, sin embargo las empresas insisten en despojarlos de sus tierras ya que la zona es de gran potencial para la extracción de metales como el oro, plata, zinc, entre otros, y se encuentran en grandes cantidades.
Minerales de Occidente ,MINOSA, una empresa canadiense subsidiaria de la compañía Aura Minerals,desarrolla un proyecto de explotación de oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras.
La explotación se realiza a cielo abierto en la mina de San Andrés, ubicada en el municipio de La Unión, Copán y ocasiona graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.
Campaña contra defensores
Víctor Fernández del MADJ, indicó a pasosdeanimalgrande.com, que la
campaña de despretigio “es el patrón histórico de las empresas que son
parte del modelo extractivo y saqueador de la riqueza en el país, que
cuando encuentran oposición de organizaciones y comunidades, el primer
recurso que utilizan es el ataque y en el caso particular de MINOSA
tiene que ver con que hace muchos años vienen desarrollando una serie de
comportamientos que han constituido notorias violaciones a los derechos
humanos”.
Fernández explicó que la campaña de estigmatización se da porque “aquí ninguna organización les había hecho una oposición en el territorio con un proceso organizativo importante con un grupo de pobladores de Azacualpa, pero además no les habían hecho oposición en la institucionalidad del sistema de administración de justicia en el país y como ahora se les está haciendo eso, sienten que el mundo se les viene abajo y por eso desarrollan este tipo de campañas de mentiras o sobre la base de la mentira”.
Fernández dijo que como abogado de profesión y defensor de los derechos humanos, a través del MADJ realizan acciones de amparo a favor de varios ciudadanos del municipio de La Unión, en Copán, “para evitar de que se explote el cerro de El Cementerio porque explotar esa zona, cerrar el cementerio implica la violación de varios derechos humanos fundamentales”.
“Dentro de esos derechos están el derecho a la soberanía popular, porque ese municipio en cabildo abierto decidió que no van a cerrar el cementerio y esa es la voluntad soberana de la comunidad, luego somos del criterio que imponer el cierre del cementerio significa violar el derecho a la cultura que tiene la comunidad, el derecho a la integridad personal, física y moral de los habitantes y el tribunal que conoce la causa, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, admitió el amparo y ordenó a la municipalidad de La Unión, que está coludida con la Empresa MINOSA, que parara las exhumaciones y evitara la explotación del recurso minero”, explicó.
El apoderado legal de los afectados indicó que no hay ninguna acción en contra de ellos que pare las actividades que están realizando en la zona en defensa de las personas de ese espacio fundamental, sagrado para quienes tienen enterrados en la zona a sus familiares.
Pretender explotar el cementerio atenta contra la obligación que tiene el Estado de proteger la familia, esa acción de exhumación de cuerpos para trasladarlas a otro sector de parte de las compañías mineras tiene confrontada a muchas familias allí en Azacualpa, subrayó.
“Ellos creen que pagándole a todo mundo están salvados, pero hay gente con la suficiente moral para no aceptar lo que las empresas están haciendo en ese lugar y dentro de esa campaña sucia, envidiosa sin ningún fundamento y dentro de ese conflicto, salimos afectados nosotros, donde la empresa u otro tipo de personas desarrolle esta campaña contra nosotros”. Denunció.
Gobierno está confulado con mineras
Para el entrevistado el Gobierno es el principal responsable porque se ha coludido con una serie de instituciones como COPECO, la Región Sanitaria de Copán, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que han estado dispuestos a otorgarles todos los caprichos y las ilegalidades en que operan estas empresas mineras”, agregó.
Para Fernández en el ataque contra las organizaciones se utiliza a los trabajadores de la empresa para realizar campañas en las redes sociales, a desarrollar agresiones en la zona, donde ya se han presentado acciones contra empleados de ASONOG y CIPRODEH, quienes ya fueron retenidos por empleados de la empresa MINOSA en un acto de fuerza contra ellos con intentos de ataque.
“La Empresa MINOSA ha hecho campañas a nivel de los financiadores de estas organizaciones de derechos humanos, para que no les sigan financiando su trabajo y allí también les han mentido, señalándoles que al ser financiados también están financiando a grupos criminales en la zona, con una campaña falsa y eso es una rabieta porque MINOSA tiene años de saquear esa zona y de sólo dejar migajas en las comunidades y al hacerles un poco de contrapeso se sienten que son afectados en su confort”, concluyó.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió el siguiente comunicado donde adquierte del clima de tensión y de las acciones que realizan las compañías mineras para realizar la extracción de minerales en varias zonas del país:
COMUNICADO
La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa.
La conversación incluyo dos propuestas. La Estatal que promueve la minería como proyecto de desarrollo económico y oportunidad para las comunidades de obtener beneficios, aunque destruya las fuentes de agua, y la segunda que sale del movimiento social y es un rechazo a la minería a cielo abierto porque está destruyendo los ríos San Pedro y Guapinol y se aproxima a destruir el rio Tocoa, constituyendo violación al derecho humano al agua, al ambiente, al territorio y la paz. Además los proyectos estan en una área protegida de parque nacional.
La postura de rechazo a la minería y el hecho de responsabilizar al Gobierno el haber creado la situacion dramática que vivimos, es fuerte e insoportable. Pero las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuerte, y no cabe la negociación.
Puede haber puntos de acuerdo para avanzar en la garantía de los derechos según lo expresa la constitución de la Republica y el derecho internacional. El gobierno no se puede conculcar un derecho tan esencial argumentando semejante barbaridad. Estaban definido siete puntos para avanzar al dialogo manteniendo el campamento durante el proceso. Sin embargo, el Dr. Carlos Izaguirre manifestó que las comunidades a favor de la minería se sienten agredidas y van a explotar, acusó al movimiento social de tener secuestrada a las comunidades pro minería y responsabilizó al Comité de lo que ocurriera entre grupos.
Desde el Comité lamentamos lo expresado por el responsable de la delegación gubernamental, por la forma en que lo dijo el Dr. Carlos Izaguirre tiene información de lo que planean los habitantes de las comunidades bajo influencia de la empresa minera. En reunión con los habitantes durante su visita de inspección visual al proyecto minero, recibió denuncias que no son ciertas, nosotros hemos reiterado que nuestra lucha no es contra los habitantes del Municipio. El campamento tiene un objetivo, exigir al gobierno la inmediato resolución para el retiro de las empresas mineras en el Municipio.
El Dr. Carlos Izaguirre dijo que como gobierno no responde por hechos violentos entre ambos grupos en pugna y responsabilizó al Comité, eximiéndose de capacidades, análisis y trabajo con Caritas. El gobierno tiene reponsabilidad de proteger la vida humana de todos los habitantes pero el Dr Izaguirre y su equipo se levanto y se fue de la reunión en clara evidencia de olvido de sus responsabilidades administrativas. Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la asamblea popular y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano.
Tocoa, 15 de agosto 2018
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos.
Varios empleados y pobladores afines a las empresas mineras salieron con pancartas descalificando el trabajo de acompañamiento a las víctimas de los efectos de la contaminación ambiental que hacen las organizaciones arriba indicadas.
Cabe destacar que la policía no llegó a desalojarlos tal como lo hace cada vez que la población del sector y de otros lugares del país donde hay explotación minera, sale a las calles a protestar, resultando en detenciones ilegales , heridos y afectados por los gases de las bombas lacrimógenas.
Graves daños en la población
Las organizaciones afectadas culparon al Gobierno de Honduras por el impacto negativo que las campañas puedan tener en ellas y en las personas que realizan trabajos en las zonas a favor del respeto de los derechos humanos y de los pobladores afectados.
Los pobladores de Azacualpa piden a las compañías mineras que respeten el cementerio en donde tienen enterradas a sus familiares, sin embargo las empresas insisten en despojarlos de sus tierras ya que la zona es de gran potencial para la extracción de metales como el oro, plata, zinc, entre otros, y se encuentran en grandes cantidades.
Minerales de Occidente ,MINOSA, una empresa canadiense subsidiaria de la compañía Aura Minerals,desarrolla un proyecto de explotación de oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras.
La explotación se realiza a cielo abierto en la mina de San Andrés, ubicada en el municipio de La Unión, Copán y ocasiona graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.
Campaña contra defensores
Victor Fernández-MADJ: Hemos interpuesto Amparos a favor de las víctimas y por eso las mineras sienten que el mundo se les vino abajo. Foto:Honduras tierra libre.
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Fernández explicó que la campaña de estigmatización se da porque “aquí ninguna organización les había hecho una oposición en el territorio con un proceso organizativo importante con un grupo de pobladores de Azacualpa, pero además no les habían hecho oposición en la institucionalidad del sistema de administración de justicia en el país y como ahora se les está haciendo eso, sienten que el mundo se les viene abajo y por eso desarrollan este tipo de campañas de mentiras o sobre la base de la mentira”.
Fernández dijo que como abogado de profesión y defensor de los derechos humanos, a través del MADJ realizan acciones de amparo a favor de varios ciudadanos del municipio de La Unión, en Copán, “para evitar de que se explote el cerro de El Cementerio porque explotar esa zona, cerrar el cementerio implica la violación de varios derechos humanos fundamentales”.
“Dentro de esos derechos están el derecho a la soberanía popular, porque ese municipio en cabildo abierto decidió que no van a cerrar el cementerio y esa es la voluntad soberana de la comunidad, luego somos del criterio que imponer el cierre del cementerio significa violar el derecho a la cultura que tiene la comunidad, el derecho a la integridad personal, física y moral de los habitantes y el tribunal que conoce la causa, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, admitió el amparo y ordenó a la municipalidad de La Unión, que está coludida con la Empresa MINOSA, que parara las exhumaciones y evitara la explotación del recurso minero”, explicó.
El apoderado legal de los afectados indicó que no hay ninguna acción en contra de ellos que pare las actividades que están realizando en la zona en defensa de las personas de ese espacio fundamental, sagrado para quienes tienen enterrados en la zona a sus familiares.
Pretender explotar el cementerio atenta contra la obligación que tiene el Estado de proteger la familia, esa acción de exhumación de cuerpos para trasladarlas a otro sector de parte de las compañías mineras tiene confrontada a muchas familias allí en Azacualpa, subrayó.
“Ellos creen que pagándole a todo mundo están salvados, pero hay gente con la suficiente moral para no aceptar lo que las empresas están haciendo en ese lugar y dentro de esa campaña sucia, envidiosa sin ningún fundamento y dentro de ese conflicto, salimos afectados nosotros, donde la empresa u otro tipo de personas desarrolle esta campaña contra nosotros”. Denunció.
Gobierno está confulado con mineras
Para el entrevistado el Gobierno es el principal responsable porque se ha coludido con una serie de instituciones como COPECO, la Región Sanitaria de Copán, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que han estado dispuestos a otorgarles todos los caprichos y las ilegalidades en que operan estas empresas mineras”, agregó.
Para Fernández en el ataque contra las organizaciones se utiliza a los trabajadores de la empresa para realizar campañas en las redes sociales, a desarrollar agresiones en la zona, donde ya se han presentado acciones contra empleados de ASONOG y CIPRODEH, quienes ya fueron retenidos por empleados de la empresa MINOSA en un acto de fuerza contra ellos con intentos de ataque.
“La Empresa MINOSA ha hecho campañas a nivel de los financiadores de estas organizaciones de derechos humanos, para que no les sigan financiando su trabajo y allí también les han mentido, señalándoles que al ser financiados también están financiando a grupos criminales en la zona, con una campaña falsa y eso es una rabieta porque MINOSA tiene años de saquear esa zona y de sólo dejar migajas en las comunidades y al hacerles un poco de contrapeso se sienten que son afectados en su confort”, concluyó.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió el siguiente comunicado donde adquierte del clima de tensión y de las acciones que realizan las compañías mineras para realizar la extracción de minerales en varias zonas del país:
COMUNICADO
La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa.
La conversación incluyo dos propuestas. La Estatal que promueve la minería como proyecto de desarrollo económico y oportunidad para las comunidades de obtener beneficios, aunque destruya las fuentes de agua, y la segunda que sale del movimiento social y es un rechazo a la minería a cielo abierto porque está destruyendo los ríos San Pedro y Guapinol y se aproxima a destruir el rio Tocoa, constituyendo violación al derecho humano al agua, al ambiente, al territorio y la paz. Además los proyectos estan en una área protegida de parque nacional.
La postura de rechazo a la minería y el hecho de responsabilizar al Gobierno el haber creado la situacion dramática que vivimos, es fuerte e insoportable. Pero las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuerte, y no cabe la negociación.
Puede haber puntos de acuerdo para avanzar en la garantía de los derechos según lo expresa la constitución de la Republica y el derecho internacional. El gobierno no se puede conculcar un derecho tan esencial argumentando semejante barbaridad. Estaban definido siete puntos para avanzar al dialogo manteniendo el campamento durante el proceso. Sin embargo, el Dr. Carlos Izaguirre manifestó que las comunidades a favor de la minería se sienten agredidas y van a explotar, acusó al movimiento social de tener secuestrada a las comunidades pro minería y responsabilizó al Comité de lo que ocurriera entre grupos.
Desde el Comité lamentamos lo expresado por el responsable de la delegación gubernamental, por la forma en que lo dijo el Dr. Carlos Izaguirre tiene información de lo que planean los habitantes de las comunidades bajo influencia de la empresa minera. En reunión con los habitantes durante su visita de inspección visual al proyecto minero, recibió denuncias que no son ciertas, nosotros hemos reiterado que nuestra lucha no es contra los habitantes del Municipio. El campamento tiene un objetivo, exigir al gobierno la inmediato resolución para el retiro de las empresas mineras en el Municipio.
El Dr. Carlos Izaguirre dijo que como gobierno no responde por hechos violentos entre ambos grupos en pugna y responsabilizó al Comité, eximiéndose de capacidades, análisis y trabajo con Caritas. El gobierno tiene reponsabilidad de proteger la vida humana de todos los habitantes pero el Dr Izaguirre y su equipo se levanto y se fue de la reunión en clara evidencia de olvido de sus responsabilidades administrativas. Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la asamblea popular y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano.
Tocoa, 15 de agosto 2018
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos.
Rostros y vidas irreparables de la represión
A José Luis lo trasladaron a un
hospital, un ciudadano que también se manifestaba contra el fraude. En
el centro público de El Progreso no pudieron atenderlo en su totalidad
por falta de especialista, su familia lo llevó a una clínica en San
Pedro Sula, lugar en el que tampoco pudieron hacer nada por su ojo.
Como Elvin y José Luis también hay otros
casos: También hay otros casos, por ejemplo, el de José Adonay, él
necesitó una prótesis. Él es de Santa Cruz de Yojoa, él junto con el
otro muchacho Salvador fueron heridos de bala en Santa Cruz de Yojoa por
la Policía Nacional- comenzó relatando Brenda Mejía.
“Ellos llegan creo que el 19 de
diciembre al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, nosotros
llegamos y pensamos qué se iba a recuperar pronto y resulta que la bala
que hiere a don José le dañó todo su fémur, entonces necesitó una
prótesis de cadera”. Brenda asegura que estos casos fueron registrados
por la Coalición y también presentados ante la Fiscalía, todos estos
casos continúan en impunidad.
El abogado Wilfredo Castellanos, titular
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, en la zona
norte asegura que ellos cumplieron con el procedimiento del caso, ahora
todo está en manos de los investigadores del Ministerio Público.
El Conadeh le está dando seguimiento a
todas las investigaciones que se les tomaron como queja desde el inicio
de la crisis, también se le dio traslado a las autoridades del
Ministerio Público para que ellos sean los que imputen a los
responsables y lleven a los estados judiciales y se aplique la ley-
manifestó Castellanos.
Tenemos muchos casos documentados, en la
mayoría necesitamos aún más testimonios, porque cuando los presentamos
al Ministerio Público lo toman como una simple lesión y nosotros les
hemos dicho que eso hay que verlo desde el marco de la tortura y
violaciones a derechos humanos-
Castellanos dice que la posición del
Conadeh es que la Fiscalía debe tener una visión más amplia, de no ver
una simple lesión cuando un funcionario público está ejerciendo una
acción de ese tipo al momento en que un ciudadano se manifiesta.
Se presentó un folder con todos los
casos, y quiero resaltar que el Ministerio Público tuvo la preocupación
de ir a los departamentos de visitar nuestras oficinas para ver si hay
más casos, son más de 200 expedientes documentados y trasladados al
Ministerio y ahora está en sus manos la investigación e imputar.
Una fiscal de derechos humanos nos dijo
no podemos imputar por lesiones porque ocupamos la autorización de la
víctima, pero nuestra posición es que si un Policía Militar o Preventivo
ve que porta un arma y dispare a un manifestante y lo hiere es una
violación a sus derechos humanos y es una clara tortura- dijo
Castellanos.
La Coalición contra la Impunidad se ha
pronunciado en varias ocasiones ante tal situación, afirmando que, en
materia de derechos humanos, la Fiscalía que dirige Oscar Fernando
Chinchilla está reprobada, pues de un aproximado de cien personas con
lesiones producto de la crisis política, no hay ninguna autoridad
procesada.
Brenda lamenta que no haya ningún
requerimiento fiscal, tampoco que se haya pedido a los jefes militares
para que comparezcan y se interroguen para de esa forma deducir
responsabilidades y aplicar la ley. “Es lamentable que nos enfrentemos a
esta realidad llena de impunidad y falta de justicia para las
víctimas”.
Desde Radio Progreso buscamos a las
autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional
(Fusina), Fuerzas Armadas, Ministerio Público, y sus voceros aseguraron
que, para hablar del tema, los detalles específicos sólo se podrían dar a
conocer por las autoridades correspondientes.
******************************
El 2017 Elvin había terminado de pagar
su casa, la meta para este 2018 trazada desde meses atrás era comprarse
un carro y terminar de remodelar su vivienda. Ambos sueños fueron
truncados por las balas de los militares.
¿Qué pensaba de las elecciones y la situación política antes del suceso?
Yo pensé que con las elecciones las
cosas cambiarían, porque pensé que el candidato que estaba (Nasralla)
era el indicado para gobernar este país. Me da coraje saber que ese
ladrón se robó la silla presidencial y sigue sentada en ella, con sus
matones (guardaespaldas), con ese grupo que lo rodea todo el día. Yo
entendía que en Honduras había un fraude, este año yo fui hasta Santa
Bárbara, en el occidente del país a votar, allá anduve con varios de mis
amigos y allá voté y voté por Salvador, porque queríamos un cambio.
¿Qué pensaba de las protestas?
Que la gente estaba indignada porque les
estaban imponiendo un presidente que no eligieron, y uno comprendía que
las protestas eran justas, pero no me sumé a ellas.
¿Qué piensa de los militares?
Antes yo sentía respeto y seguridad,
cuando los miraba, ahora cuando veo una patrulla los veo como que son
unos matones, como que fueran matones a sueldos, no se puede confiar en
ellos, ellos son muy corruptos, actúan por dinero y no siguen las leyes,
respondió Elvin.
La vida de Elvin cambió, él ya no quiere
seguir en el país, no quiere su futuro acá, Elvin dejó de creer en la
justicia y ahora sólo le queda darle gracias a lo divino por permitirle
seguir junto a su familia a pesar de las limitaciones físicas y
sicológicas.
Por ahora la impunidad reina en estos
casos, ocho meses después de los sucesos, el Ministerio Público no ha
presentado ningún requerimiento contra los agresores. La impotencia,
decepción y tristeza en los rostros de Elvin, Maribel, Ivis, José Luis y
José Adonay es contundente e irreparable.
En visita a Radio Progreso, congresista y alcalde demócratas se comprometen a seguir defendiendo al pueblo inmigrante
Con el objetivo de conocer la realidad
del país y escuchar de viva voz los testimonios de los familiares de los
migrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS, se
encuentra en el país líder político del partido Demócrata de los Estados
Unidos, Jim McGover, congresista del Estado de Massachusetts,.
“Honduras es un país hermoso y con gente
aún más hermosa, lastimosamente también es un país muy peligroso.
Acabamos de salir de una reunión con personas que son víctimas y sus
familias están pasando por un grave proceso, y es desgarrador”, dijo a
Radio Progreso Jim McGover.
Otro de los objetivos de la visita tanto
del congresista y alcalde es dar una muestra de solidaridad y respaldo
al trabajo que Radio Progreso y del equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación, Eric. “Queremos solidarizarnos con Radio Progreso y el
Eric, con su gente, con su trabajo, son muy reconocidos allá en Estados
Unidos”, señaló McGover.
El congresista Jim McGover viene
acompañado de una delegación que también la integra el alcalde de la
ciudad de Somerville, Joseph Curtatone, Patricia Montes del Centro
Presente de Boston, Oscar Chacón de Alianza América, entre otros.
La delegación celebra una serie de
reuniones para conocer a profundidad la realidad de un país como
Honduras que provoca un acelerado proceso de migración hacia el norte.
Los funcionarios han sido claros opositores a la política migratoria de
Donald Trump, por eso están escuchando directamente a la ciudadanía que
huye de sus países de origen.
“El alcalde y yo estamos aquí para saber
qué es lo que está pasando realmente en Honduras, nos oponemos
fervientemente a todas las políticas de inmigración que está generando
el presidente Trump, nosotros creemos que son crueles. Estamos
considerando que talvés el TPS se pueda extender”, dijo McGover.
Ciudad Santuario
Somerville es una ciudad del Estado de
Massachusetts. Se le denomina Ciudad Santuario por su trato humano hacia
la población migrante que habita en el municipio.
“La situación en cada ciudad es
diferente, gracias a Dios nosotros en Somerville hemos podido acoger a
estas personas de una buena manera, y les hemos dado un buen
tratamiento, pero sí cambia de ciudad en ciudad”, manifestó en
entrevista con Radio Progreso el alcalde de Somerville, Massachusetts,
Joseph Curtatone.
Pero cuál es la clave, se le consultó a
Curtatone. “Nosotros tratamos que las personas que llegan allí nos pueda
ver, a mí, como su alcalde y al gobierno como su gobierno. Para que
nosotros podamos tener a una comunidad muy productiva tenemos que tener a
esas personas saludables y que puedan dar una buena producción, pero si
separamos a la familia lo único que estamos haciendo es separando a
nuestra comunidad”, sostuvo el alcalde.
En Somerville, las autoridades del
gobierno local desarrollan clínicas o consultas a personas beneficiadas
con TPS para analizar si existen posibilidades de aplicar a otros
programas o si pueden llegar a calificar a la residencia legal. Un
trabajo que le ha traído algunos inconvenientes al municipio con
relación a la política del gobierno central de Donald Trump de “Cero
Tolerancia” con los emigrantes.
“Los emigrantes tienen un rol tan
importante en nuestra comunidad, especialmente en la economía, en
nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, y creo que Somerville es el
ejemplo de lo que debería ser Estados Unidos de Norteamérica, un pueblo
con mucha compasión”, sostuvo el alcalde Joseph Curtatone.
Revertir la cancelación del TPS
En estos momentos en
Estados Unidos se desarrolla la campaña política de los aspirantes a un
cargo dentro del Congreso de la Nación o Cámara de Representantes. El
propósito de los Demócratas es retomar el control de la también conocida
como Cámara Baja en las elecciones del próximo 6 de noviembre.
“Creo que nosotros si podemos conseguir
que el Congreso vote por una ampliación del TPS buscando el camino a la
ciudadanía, podríamos ganar, pero la razón por la que no hemos votado
por este asunto es porque Donald Trump y los Republicanos tienen miedo a
perder”, dijo a Radio Progreso el congresista del Estado de
Massachusetts, Jim McGover.
Los Demócratas esperan que en noviembre,
las personas que viven en Estados Unidos puedan votar y les puedan dar
el control del Congreso de la Nación para llevar asuntos importantes en
apoyo a la población emigrante.
“En realidad yo creo que se puede
revertir. Las historias humanas mueven a las personas. A menudo cuando
nosotros hablamos de la inmigración en Estados Unidos sólo nos referimos
a cifras y estadísticas y creo que muchos de los congresistas han
perdido su habilidad humana para sentir esto”, finalizó McGover.
Jorge Rivera Avilés, expresidente de la
Corte Suprema de Justicia, acusado por actos de corrupción, y que gozaba
de medidas cautelar sustantivas, debido a las acusaciones por 60 caso
de malversación de caudales público, y 131 delitos de abuso de
autoridad, ha sido enviado a prisión preventiva con auto de formal
procesamiento, por parte de la Corte de Apelación en materia de
corrupción.
Junto a Avilés están los cinco
exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial: Teodoro
Bonilla, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado y Celino
Aguilera, Julio Barahona, quienes son acusados de cometer alrededor de
600 delitos de corrupción y desviar alrededor de 13.5 millones de
lempiras de fondos públicos en giras nacionales y extranjero que nunca
se realizaron.
Avilés declaró que en ningún momento ha
cometido delito. “Este juicio no se trata de 13 millones y medio. Se
trata de tres millones y medio para todos los imputados. Vengo a
someterme al proceso y atender la orden judicial”, dijo expresidente del
poder judicial.
Además, añadió que está dispuesto hacer las devoluciones a través de un reparo administrativo.
Luego que se confirmara la suspensión de
las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, la
abogada Nilia Ramos, defensora del exconcejal José Francisco Quiroz,
alegó que la jueza violentó el principio de inocencia y el debido
proceso.
La abogada Ramos dijo que su
representado es enviado a la cárcel por 500 mil lempiras, mientras que
los acusados en el caso Pandora, que desfalcaron alrededor de 300
millones de lempiras, se defienden en libertad. El exconcejal José
Francisco Quiroz es acusado de 93 delitos de malversación de caudales
públicos.
Para el ex fiscal general de la
república, Edmundo Orellana Mercado, el sistema de justicia han sido
severo con los ex miembros del Consejo de la Judicatura en comparación
con los imputados por el desfalco a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería –SAG-, conocido como caso Pandora.
“Hay que respetar la decisión de la
jueza, pero lo que yo quiero destacar aquí es el hecho que mientras que
ellos van a la cárcel, los de Pandora se liberaron, ahí hay una
diferencia. Es evidente que los juzgado anticorrupción están aplicando
la ley a la forma que ellos estiman que debe ser aplicado”, detalló
Orellana.
Asimismo, se refirió que el traslado de
los exconcejales al primer batallón es algo novedoso porque nunca se
había visto que un expresidente de la CSJ fuese a la cárcel y que
integrantes de un organismo que supuestamente era para asegurar que los
jueces y magistrado no fueran corruptos, estén bajo prisión.
Jorge Cálix, diputado del partido Libre,
habló del tema y pidió que la ley en Honduras sea igual para todas
personas. “Los hondureños tienen que entender que aquí se debe respetar
lo que dice la ley y se debe medir todo con la misma vara y castigar las
personas de forma pareja”, comentó el diputado.
Rivera Avilés fungió como titular de
la Corte suprema de Justicia (CSJ) y presidió a su vez el
desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial durante el
período 2013-2016.