viernes, 24 de agosto de 2018

HONDURAS: Plataforma social de Honduras organiza protesta en rechazo a la crisis económica, política y social // Acompañamiento y solidaridad internacional esperan en próximo juicio contra imputados por crimen de Berta Cáceres // Pueblos indígenas de Honduras rechazan anteproyecto “Ley de consulta” // Honduras plagado de luchas ambientales y amenazas para defensores del ambiente // Dirigentes estudiantiles que conducen tomas de colegios están amenazados por activistas del Partido Nacional // Casa Alianza: 71 niñas, niños y jóvenes fueron asesinados en el mes de junio // Crisis en salud puede ser jugada del gobierno para privatizar los servicios médicos // Por delitos de corrupción dicta prisión preventiva a expresidente de la Corte Suprema de Justicia // El auge de los militares en América Latina

Plataforma social de Honduras organiza protesta en rechazo a la crisis económica, política y social

Honduras
La agenda de la movilización fue discutida ayer domingo por la asamblea de la Convergencia Contra el Continuismo.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Diferentes organizaciones del movimiento social de Honduras organizan una movilización para el próximo 30 de agosto para protestar en contra la crisis económica, política y social que afecta a la población de este empobrecido país centroamericano.
La actividad es organizada por la Convergencia Contra el Continuismo y se desarrollará en la capital hondureña, en el marco del Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras.
La agenda de la protesta contempla, además, demandas para superar la crisis post electoral, que dejó al menos 23 muertos y decenas de personas detenidas, según un informe de las Naciones Unidas.

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Otro de los puntos a tratar es la liberación de los presos políticos, la galopante corrupción y los elevados niveles de impunidad que persisten en el país, pese a la presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Se protestará además por las medidas económica aplicadas por el actual régimen en el marco del modelo neoliberal, que está privatizando los servicios de salud y educación. Asimismo, por el encarecimiento de la canasta básica y los altos costos de los combustibles.
La Convergencia Contra el Continuismo se integró en el 2017 como una plataforma de lucha contra la ilegal reelección. Previo a las elecciones sus integrantes interpusieron varias acciones legales ante los órganos correspondientes del Estado para frenar la candidatura presidencial de Juan Hernández, sin embargo, no lograron su propósito.

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Honduras
Líderes de la Convergencia Contra el Continuismo anuncian los lineamienstos de la protesta programada para el 30 de agosto.
Integran la Convergencia Contra el Continuismo, intelectuales y militantes del movimiento social de Honduras, quienes buscan la articulación del pueblo hondureño para que se movilice alrededor de un programa mínimo de lucha que contemple problemas de orden social, social, político y cultural, que vaya más allá de lo electoral.
Sus líderes consideran que la crisis de Honduras es estructural ante la falta de oportunidades y de ingresos que profundiza las desigualdades sociales. El  68.8 % de la población hondureña  vive en pobreza y el 44.2 % de éstos en condiciones de extrema pobreza.



Acompañamiento y solidaridad internacional esperan en próximo juicio contra imputados por crimen de Berta Cáceres

Ciudad de Guatemala (Conexihon).- Un acompañamiento internacional, fue la convocatoria que hizo hoy Berta Zúniga Cáceres, para el próximo juicio a desarrollarse entre el 10 y el 28 de septiembre contra ocho acusados por el asesinato de su madre Berta Cáceres, de acuerdo a una publicación de la Agencia EFE.
Zúniga Cáceres, actual coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dijo en rueda de prensa en Ciudad de Guatemala que para este próximo 02 de septiembre lanzarán en Honduras una campaña internacional para pedir solidaridad y el acompañamiento en el juicio de la reconocida defensora del pueblo lenca.
Según el reporte de la agencia de noticias EFE, la hija de Cáceres afirmó que "no existe voluntad de desarticular la estructura criminal que asesinó a su madre".
Junto a la joven lideresa del COPINH, participó la abogada Heidy Alachán, del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), quien cuestionó que en 36 ocasiones “la fiscalía del caso se ha negado en entregar información o lo ha hecho en forma parcial o irregular”.
El pasado 07 de agosto se realizó una conferencia de prensa en Tegucigalpa, donde la familia de Berta Cáceres, su equipo legal y el COPINH, detalló que, para la próxima audiencia de proposición de medios de prueba, el 24 de agosto, se llegará sin acceder a la información con la que cuenta el ministerio público (MP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en allanamientos y diligencias hechas por ambos organismos hace dos años.
“Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados”, expusieron los tres sectores en un comunicado conjunto.
La familia de Cáceres Flores, el COPINH y el equipo legal, consideran que para la audiencia del próximo viernes “nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas”.
Estos ochos imputados y un solo hombre ha sido arrestado por considerarle autor intelectual del crimen material contra Berta, premio Goldman al Ambiente 2015,  ocurrido del 02 de marzo del 2016 en La Esperanza, Intibucá, a uno 200 kilómetros al occidente Tegucigalpa.


Pueblos indígenas de Honduras rechazan anteproyecto “Ley de consulta”

Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).- Por no ser consensuada debidamente con los pueblos indígenas en Honduras y responder a otros intereses el anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) fue rechazada durante la asamblea realizada este jueves 16 por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).
La asamblea estuvo conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta.
“Condenamos este ante proyecto porque es una iniciativa del Estado de Honduras en contubernio con empresarios nacionales, extranjeros y organismos financieros internacionales para legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades, y la gente de esos territorios”, establece el comunicado público divulgado ese día.


Además indica que “la ley es una iniciativa racista cuya existencia sólo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad”.
Para la líder miskita, Marlen Jackson el hecho que la ley no se haya presentado en su idioma materno es una forma de exclusión y discriminación, por eso rechazan absolutamente la Ley de CPLI.
El Gobierno de Honduras sostiene que está incentivando la Ley CPLI con el afán de cumplir con el artículo 6 del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, de acuerdo a lo establecido en el resumen del proceso de construcción de la Ley.


El 5 de mayo de 2015 se creó la “Mesa Técnica Interinstitucional para el Convenio 169”, conformada solo por instituciones gubernamentales, para definir las acciones de la elaboración del anteproyecto, pese a que el mismo estipula que se “dialogó con Inclusión”.
En el proceso fue notoria la ausencia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La coordinadora de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca, Rosario García Rodas, aclaró que se retiraron del dialogo porque la ley violenta sus derechos y la autodeterminación de los pueblos, pues no fue tomado en cuenta de que si permitían que la ley fuera emitido al Congreso.
El comunicado de las organizaciones indígenas también señala que “en este anteproyecto de Ley se refieren sistemáticamente a diálogos y negociaciones bajo el control del Estado, los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dialogar y a negociar nuestros territorios, para nosotros y nosotras la tierra no es un medio de vida, para nosotros y nosotras los territorios significan vida comunitaria y colectiva”.

El artículo 6 de la CPLI establece la creación del Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) será nombrado o removido por el presidente de la República.
Para el dirigente maya-chortí, Danilo Espino, el hecho que el Gobierno nombre al representante de los pueblos indígenas choca con la autodeterminación “en nuestras comunidades ya tenemos nuestros representantes legítimos”, subrayó.
Del pueblo tolupan, Consuelo Soto, afirmó que la normativa “no respeta ni el convenio 169, mucho menos las leyes que ellos hacen y aprueban, esa ley es una mentira y una falsedad, nosotros los pueblos indígenas también tenemos los títulos ancestrales que nos han violado, y le dan las tierras a los terratenientes”.
“El pueblo garífuna se ha manifestado y ha dicho no a esta pretensión del Estado, de un desalojo sistemático, que se viene practicando en contra de la población, la ley es lesiva para poder seguir con esa línea dictatoría y no escuchar al pueblo desde que la ley habla del no al veto no está el derecho de poder reclamar si están en desacuerdo”, subrayó, por su parte, el líder garífuna, Selvin López.
Una de las partes más significativas que no está incluido en el anteproyecto es lo que se refiere al derecho a veto, es decir la posibilidad de las comunidades indígenas de oponerse a una decisión en la que no están de acuerdo, emitida por un órgano estatal.
En este sentido, los pueblos indígenas condenan que de fondo la Ley pretende excluir y saquear los territorios que habitan ancestralmente y advirtieron que “donde vayan sus proyectos de muerte encontrarán la resistencia llena de vida, de justicia y de inspiración por sus hermanas y hermanos que como Berta Cáceres los acompañan en los caminos”.



 

Azacualpa: Población en defensa del derecho a vivir y morir en paz

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Tegucigalpa/ La Unión (Conexihon).- En sus memorias lo único que queda son los recuerdos, plasmados en una cruz sobre una lápida de cemento. Este es el valor sentimental que la comunidad de Azacualpa ostenta. Sin embargo, una empresa minera pretende socavar el descanso eterno, no ve los recueros, ve oro bajo los muertos.
Un grupo de habitantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión, en el departamento de Copán, desde 2012 que inició un proceso de defensa del cementerio de la comunidad y prevalezca el lugar dedicado al descanso de los muertos y no la supuesta veda de oro que existe donde se ubica el cementerio. Todo realizado por la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), subsidiada por la canadiense Aura Minerals.
Hay una colusión entre la corporación municipal y el patronato comunal, quienes se han prestado para que desde el año 2012 MINOSA intervenga en cerro “El Cementerio” extraer y remover los cuerpos de los difuntos.
La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que documentó y divulgó las primeras acciones contra la población en Azacualpa, emitió denunció un comunicado este miércoles, donde expresa que por más de tres décadas han extraído el oro mediante explotación minera cielo abierto.
“Durante ese tiempo, han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta los muertos al querer sacar oro del cementerio”, expresó la organización de derecho humanos.
José Ángel López al ser entrevistado por Conexihon
En Tegucigalpa exigieron justicia por sus tierras y sus muertos
Un grupo de pobladores llegó a Tegucigalpa a denunciar lo insólito. ¡Ni sus difuntos pueden descansar en paz! Una empresa minera que explota oro en la zona usurpa la tranquilidad de vivos y muertos. La vida y la muerte tienen precio.
Desde el año 2015, en el occidente del país occidente, mantienen resistencia con el Comité Ambientalista de Azacualpa. Llegaron a la capital para exigir un alto al corte de árboles, a la excavación de los cerros y que respeten el campo memorial, el lugar dónde los familiares visitan en su última morada a sus seres queridos.
En una movilización convocada por la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CONROA), el pasado 18 de julio, líderes y lideresas de Azacualpa reclamaron tanto al IV congreso minero que se realizaba en un hotel capitalino y al Congreso Nacional los daños al medio ambiente, producto de las concesiones sin la decisión de las comunidades, que además son indígenas.
José Ángel López es un líder de la comunidad, quien se sumó a la movilización contra la instalación, por cuarta vez del congreso de empresarios mineros. Su petición es clara “queremos que se respeten nuestros derechos y que nuestros seres queridos puedan descansar en paz”.
Los y las pobladoras de Azacualpa no cesan en la defensa de la ubicación del camposanto, porque su derecho, así como defienden que se respete la vida, que no haya más contaminación ni tala del bosque.
“Yo lucho y canto, contra esta hora de espanto, canto porque esos muertos, podrán llegar a sus puertos”, dice un fragmento de una canción del trovador cubano Carlos Puebla. Y la historia de Azacualpa suena igual a esta histórica canción.
En 2012, un estudio hecho por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la situación contra la comunidad se agranda cuando MINOSA comunicó la intención de exhumar y remover aproximadamente 400 osamentas del cementerio de la comunidad y otras más.
Cabe señalar que entre los años 2014 y 2015, 26 líderes de la comunidad enfrentaron procesos penales por su defensa del cementerio.
Permisos para dañar
“La tierra está dañada, no sirve para la siembra y queremos que lo que se llevaron lo regresen, que reforesten
lo talado, esos hoyos que lo vuelvan a rellenar”, dijo López mientras al fondo se gritaban consignas contra la minería, una de ellas en solidaridad con el pueblo de Azacualpa.
Cerros totalmente destruidos y desolados, fisuras en las viviendas, tala de árboles y criminalización son parte de las acciones que enfrentan más de cuatro mil habitantes de Azacualpa, una de las nueve comunidades de La Unión.
En un comunicado público, las y los pobladores exigen que se rellene un hueco de aproximadamente 300 metros de profundidad, ubicado a la par del cementerio, lo que ellas y ellos consideran “un peligro para la comunidad”.
Una manta evidencia el reclamo de la población en Azacualpa. Foto: Irma Lemus
“Al medio ambiente lo irrespetan, si la mina trabaja ese cerro del cementerio, nos iremos en un derrumbe para un invierno fuerte”, sentenció José Ángel López.
El permiso que tienen para corte de árboles es de otra comunidad y no de Azacualpa, alrededor parece que la mina tiene un permiso de la comunidad de San Miguel, con ese consentimiento están violentando los derechos de nuestra comunidad.
No más minería en nuestro territorio, a eso venimos, a solicitarle al gobierno para que nos devuelva la tranquilidad a nuestra comunidad, porque estamos abatidos con una contaminación de polvo y ruido por la maquinaria.
Una volquetada de tierra para la sentencia que ordena detener exhumaciones
El pasado 09 de mayo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un Recurso de Amparo presentado por Víctor Fernández, del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), donde ordenó “cesar de inmediato” las exhumaciones en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.
De acuerdo a una publicación en la página web del MADJ, 48 horas antes (lunes 07 de mayo), se presentó la acción a solicitud de pobladores y pobladoras de Azacualpa en la sede judicial de San Pedro Sula parar las exhumaciones de cadáveres desarrolladas por la empresa mercantil Minerales de Occidente S. A. de C. V., conocida por sus siglas MINOSA, culpable del desplazamiento de varias comunidades y del permanente conflicto en la zona.
A pesar de esta sentencia, la amenaza contra el Cerro “La Bufa”, como le llaman en la comunidad sigue latente “no queremos más exhumaciones, que se respete la muerte de nuestros seres queridos, que nos dejen en paz”.
En el comunicado entregado durante la movilización contra la minería, pobladores y pobladoras exigieron a la subsidiaria Aura Minerals como a MINOSA, que abandone “de una vez por todas” su intención de explotar el cerro “El Cementerio”.
La comunidad pidió una investigación hacia la municipalidad de La Unión, por prestarse para la explotación del cementerio. Cabe señalar, apuntó el comunicado de la población, que el 11 de enero de 2015, hubo un acuerdo producto de un Cabildo Abierto en donde se acordó el “NO cierre del cementerio de la comunidad”.
Voces internacionales exigen alto a las exhumaciones y campañas de desprestigio
Organizaciones europeas en solidaridad con Honduras, se encuentran en alerta frente a las violaciones a derechos humanos de quienes defienden su territorio en Azacualpa. Por lo que emitieron un comunicado en el que llaman a la defensa del cerro El Cementerio y el cese al hostigamiento hacia las organizaciones que acompañan la lucha de la comunidad de Azacualpa.
A los entes judiciales exhortamos que garanticen el cumplimiento de los amparos judiciales de mayo 2018 y junio 2018 que no permitan la exhumación y la explotación del cerro El Cementerio, apunta la Red Europea de solidaridad con Honduras.
La Red condenó la campaña de desprestigio contra organizaciones que acompañan a la comunidad, tales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG). Dicha campaña de desprestigio es promovida por a empresa MINOSA.
“Elevamos también nuestra voz de alerta a las diferentes delegaciones diplomáticas en Honduras de la Comunidad Europea a sostener su compromiso por velar por el cumplimento de los derechos humanos y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos en sus territorios”, concluye el comunicado de la Red Internacional.



Radio Progreso
Por varios años los pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán han mantenido la lucha por la defensa de sus bienes naturales ante la explotación minera por la empresa Minerales de Occidente S.A. Dicha compañía ha incidido para que la municipalidad realice exhumaciones de cadáveres en el cementerio para extraer oro y otros minerales de la tierra.
La resistencia de los pobladores se ha visto afectada por la campaña de desprestigio iniciada por la empresa minera. Esta semana, con toma de carretera un grupo de pobladores y empleados que están a favor de la explotación minera exigen a las organizaciones que defiende la lucha territorial que abandone la causa social.
Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG, expresó que están apoyando a un sector de la comunidad de Azacualpa que se resiste a la explotación del cerro del cementerio.
“Hay una parte de la comunidad que está protestando con el apoyo de la empresa minera y la municipalidad de La Unión. Están solicitando a las autoridades desalojen a los manifestantes que se encuentra custodiando el cerro desde el 27 de mayo a la fecha”, manifestó Lara en entrevista con Radio Progreso.
Más de 121 exhumaciones de cadáveres se han realizado desde septiembre del 2017 hasta el 10 de mayo. Pero han sido frenadas a través de un recurso de amparo interpuesto por el equipo de abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.  El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, resolvió a favor de los habitantes de la comunidad.
Lara añadió que se ha cumplido la orden porque se han detenido las exhumaciones; pero que la empresa minera sigue con su trabajo de explotación. “No es cierto que están sin trabajar. Están trabajando las 24 horas los siete días de la semana”.
Además, que el fallo advirtió a la compañía que no hiciera los trabajos de explotación en el cerro del cementerio, lo que vino a interferir en los planes de la empresa minera.
En un mensaje en Facebook el abogado Víctor Fernández informó que: “por ahora, con la firmeza de siempre, seguimos respaldando a quienes al menos están defendiendo su cementerio, el sitio donde descansan sus seres queridos. Y desde esta acción, si así lo decide la gente digna de Azacualpa, procuraremos justicia por todo lo que hasta ahora hizo la minera”.
Otras luchas
En el sector de Pajuiles en Tela, Atlántida, la ciudadanía se mantiene en lucha en contra de la instalación de la represa hidroeléctrica, Hidrocep. Los habitantes han permanecido en resistencia durante más de 500 días, y rechazan en total el proyecto.
 En Tocoa Colón, la empresa Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company, ha comenzado los trabajos de apertura de calle para la explotación de minerales en el sector conocido como Ceibita en Tocoa, Colón, provocando daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona.
Los pobladores han reaccionado inmediatamente con diferentes acciones de lucha como, plantones y toma de la municipalidad para que las autoridades puedan retroceder a la instalación minera.
De acuerdo al ambientalista Pedro Landa, actualmente el 35% del territorio nacional está concesionado para la explotación minera, sumándole a esto, hay 108 concesiones de ríos para la instalación de represas. “Esto es preocupante porque la explotación minera y las hidroeléctricas solamente dejan despojos, persecuciones, muerte, contaminación ambiental y división en las comunidades”, indicó.


Dirigentes estudiantiles que conducen tomas de colegios están amenazados por activistas del Partido Nacional

Monday, 20 August 2018 17:10 Written by  GA Published in Amenazas a la Libertad de Expresión 

Dirigentes estudiantiles que conducen tomas de colegios están amenazados por activistas del Partido Nacional
Autoridades educativas amenazaron este 20 de julio de 2018, con expulsar a la dirigencia estudiantil de varios colegios de la capital, que mantienen tomas de las instituciones educativas con un pliego de exigencias, entre ellas, un bono de transporte y mejoras físicas. Al clima de terror se suman activistas del Partido Nacional, que operan en uno de los colegios bajo la modalidad de microempresas del programa “Vida Mejor”, del gobernante Juan Orlando Hernández.
Según la denuncia presentada por los alumnos del Instituto Jesús Aguilar Paz, el pasado viernes 18 de agosto de 2018, a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, el vicepresidente de la sociedad de padres de familia Jorge Noé García llegó de manera violenta, faltándoles el respeto y levantando calumnias en contra de los y las denunciantes, que en ese momento estaban en las instalaciones del instituto. “De la lengua los voy a agarrar”, les dijo, pero esta no es la primera vez que les lanza ese tipo de advertencias, según lo manifestaron “el jueves 17 de agosto de 2018, vino aquí de manera agresiva a romper los carteles que teníamos en el portón y a insultarnos”, relató uno de los afectados.
Jorge García está contratado según denunciaron en una de las tres microempresas de aseo del Programa Vida Mejor, que impulsa el gobierno, y que opera en el instituto arriba mencionado.
Los alumnos expresaron que ellos asean la institución y además pagan para que aseadoras lleguen, pues al colegio llegan unos 3 mil alumnos, y que estas personas –las de Vida Mejor- solo van a tomarse fotos y luego se marchan sin cumplir con su responsabilidad por la cual les paga el gobierno con los dineros del pueblo.
Este lunes 20 de agosto, se presentaron las autoridades de la Departamental de Educación, entre ellos el funcionario Napoleón Bonilla e Hilma Yessenia Hernández, esta última de la Distrital de Educación, asimismo una comisionada de la Secretaría de Educación que no se identificó, amenazando a los alumnos de último año en cancelar la graduación. Representantes del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos se presentaron al lugar, pero se les fue negada la entrada.
Los alumnos temen ser expulsados y también denunciaron que si les pasa algo fuera de la institución sería responsabilidad de Jorge García, y las expulsiones estarían a cargo de las autoridades educativas por no solucionar los problemas que ellos tienen, “no solo lo referente al transporte sino también la inseguridad y las condiciones educativas en la que estamos desde hace años, hemos exigido durante todo este tiempo pero no tenemos respuestas” , alertaron.
Este mismo lunes 20 de agosto un alumno del Instituto Técnico Abelardo Fortín fue víctima de fuertes golpes por un agente de policía mientras se encontraba al frente de las instalaciones de su instituto, manifestándose por las demandas ya señaladas.
Estudiantes del Instituto Técnico Honduras y Jesús Milla Selva, en horas de la tarde siempre de este mismo día fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por la misma causa, tuvieron que escapar del sector hacia la UNAH buscando refugio, pero allí también fueron recibidos con gases por la Policía Nacional.
Información de última hora da cuenta que tres estudiantes de Instituto Central Vicente Cáceres fueron detenidos por los cuerpos policiales y al cierre de esta nota se desconoce su paradero. El acto fue grabado por un medio de comunicación televisivo.


Casa Alianza: 71 niñas, niños y jóvenes fueron asesinados en el mes de junio


Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, en su informe mensual reportó que sólo en el mes de junio del año en curso ,se han registrado 71 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.
Durante junio los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 135 personas, lo que representa una cifra de 5 muertes violentas por día. De ese total de muertes, 112 fueron del sexo masculino, 22 del sexo femenino y 1 persona de sexo no determinado.
De ese total de muertes violentas registradas por Casa Alianza de Honduras, 71 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 52.5% de las
víctimas. Los casos reportados están en edades entre los 10 y los 77 años.

La causa principal de las muertes violentas durante junio fue la provocada por armas de fuego con el 71.1% de los casos, las producidas por arma blanca y las causas no determinadas con el 10.3% cada una, las causadas por un objeto contuso con el 4.4%, y finalmente las producidas por asfixia por estrangulación con el 3.7%.
En lo que corresponde a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para junio se registró un total de 43 casos, de los cuales, 36 corresponden al sexo masculino y 7 al sexo femenino.
Los homicidios múltiples registrados en los medios de comunicación escrita, suscitados durante junio, reportan la muerte en forma violenta de 15 personas, las que ocurrieron en 5 matanzas.
Desde enero de 2016 a junio de 2018 (30 meses) los medios de comunicación escrita del país
registraron un total de 166 matanzas con un saldo de 597 decesos.

En lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años, se reportaron un total de 13 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 30 muertes.
Para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 11 y las de sexo femenino 2. En las edades entre 18 y 23 años, las víctimas de sexo masculino fueron 25 y las de sexo femenino 5.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son el Distrito Central con 22, y Choloma con 5 casos.
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son Francisco Morazán y Cortés con 22 y 6 casos respectivamente, entre los dos departamentos concentran el 65.1% de los sucesos a nivel nacional.
De los 45 casos registrados en junio, la principal causa de muerte fue la provocada por heridas de arma de fuego con el 76.7%, seguida por las causas no determinadas con el 9.3%, las producidas por arma blanca con el 6.9%, la asfixia por estrangulamiento con el 4.6%, y finalmente, las producidas por un objeto contuso con el 2.3%.
Los casos en los cuales se encuentran cadáveres dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas (a los que la población popularmente denomina encostalados) continúan apareciendo; en junio se contabilizaron 9 sucesos, siete de ellos de sexo masculino y dos de sexo femenino, 4 pertenecían a menores de 23 años, tres del sexo masculino y uno del sexo femenino.
De la información recopilada durante junio, en el 81.3% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que muestra el alto grado de impunidad con el que operan quienes cometen estos crímenes.
En el régimen de JOH se han registrado 3, 422 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años
Casa Alianza Honduras lleva un registro de las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias desde el año 1998. Estos registros se han clasificado según las diferentes administraciones de gobierno que se han sucedido desde entonces. El propósito es reflejar la evolución de la problemática del derecho a la vida de las niñas, niños y jóvenes en el país en el transcurso del tiempo.
Durante los últimos 20 años, particularmente entre febrero de 1998 y junio de 2018 se han registrado en el país 12,536 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
En el transcurso de los cincuenta y tres meses (segundo período) de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 3,422 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido.
Por otra parte, en los últimos diez años han sido asesinados 1,522 estudiantes de todos los niveles educativos y la cifra es superior a lo registrada, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
De los 1,522 estudiantes asesinados en una década, 802 cursaban el nivel medio, lo que representa un 52.6% y 226 eran universitarios; 121 de la UNAH y el resto de las universidades privadas.
Del monto total de asesinados un 77.9 por ciento corresponden al género masculino y un 21.1 al femenino y con respecto a la edad, los más afectados se encuentran entre los 20 y 29 años.
Mientras los estudiantes de los diferentes niveles académicos son asesinados, el gobierno de la República, invierte enormes cantidades de recursos en el fortalecimiento del Ejército y los diputados al Congreso Nacional se duplican su salario.
Los responsables de que las cifras no sean reales, son los operadores de principalmente la Policía Nacional, que no hace los “levantamientos” de los homicidios con la rigurosidad debida y no registra que son estudiantes.
Las cifras del OV-UNAH revelan que el nivel medio es el más afectado por la incidencia criminal; debido a que es el más numeroso, algunos colegios se encuentran en barrios y colonias de alta conflictividad social y son más asediados por el crimen organizado
Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental con una trayectoria de treinta años en la atención y protección de los niños, niñas y jóvenes que viven en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras.


Organizaciones de DDHH culpan a Gobierno y a mineras por campaña de desprestigio en su contra

Friday, 17 August 2018 00:26 Written by  Salvador Monroy Published in Contexto 

Organizaciones de DDHH culpan a Gobierno y a mineras por campaña de desprestigio en su contra
La campaña de desprestigio en contra de las Organizaciones perpetrada por las compañías mineras Aura Minerals y Minerales de Occidente S. A. (MINOSA), en confabulación con el Gobierno en la comunidad de Azacualpa, La Unión, en el departamento de Copán, pretende crear un clima de desconfianza en la población en contra de las instituciones que apoyan la lucha contra la mala práxis de la industria extractiva en el país, señaló un representante de las denunciantes a pasosdeanimalgrande.com
Informaron que las compañías mineras utilizando a la población a quienes les pagan o trabajan con ellos, iniciaron una campaña de estigmatización en contra de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG), del Centro de Investigación y Protección de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con una manifestación pidiendo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos abandoran la zona que se encuentra en conflicto.
Varios empleados y pobladores afines a las empresas mineras salieron con pancartas descalificando el trabajo de acompañamiento a las víctimas de los efectos de la contaminación ambiental que hacen las organizaciones arriba indicadas. 
Cabe destacar que la policía no llegó a desalojarlos tal como lo hace cada vez que la población del sector y de otros lugares del país donde hay explotación minera, sale a las calles a protestar, resultando en detenciones ilegales , heridos y afectados por los gases de las bombas lacrimógenas.
Graves daños en la población 
Las organizaciones afectadas culparon al Gobierno de Honduras por el impacto negativo que las campañas puedan tener en ellas y en las personas que realizan trabajos en las zonas a favor del respeto de los derechos humanos y de los pobladores afectados.
Los pobladores de Azacualpa piden a las compañías mineras que respeten el cementerio en donde tienen enterradas a sus familiares, sin embargo las empresas insisten en despojarlos de sus tierras ya que la zona es de gran potencial para la extracción de metales como el oro, plata, zinc, entre otros, y se encuentran en grandes cantidades.
Minerales de Occidente ,MINOSA, una empresa canadiense subsidiaria de  la compañía Aura Minerals,desarrolla un proyecto de explotación de oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras.
La explotación se realiza a cielo abierto en la mina de San Andrés, ubicada en el municipio de La Unión, Copán y ocasiona graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.
Campaña contra defensores
victor fernandez mineras
Victor Fernández-MADJ: Hemos interpuesto Amparos a favor de las víctimas y por eso las mineras sienten que el mundo se les vino abajo. Foto:Honduras tierra libre.
Víctor Fernández del MADJ, indicó a pasosdeanimalgrande.com, que la campaña de despretigio “es el patrón histórico de las empresas que son parte del modelo extractivo y saqueador de la riqueza en el país, que cuando encuentran oposición de organizaciones y comunidades, el primer recurso que utilizan es el ataque y en el caso particular de MINOSA tiene que ver con que hace muchos años vienen desarrollando una serie de comportamientos que han constituido notorias violaciones a los derechos humanos”.
Fernández explicó que la campaña de estigmatización se da porque “aquí ninguna organización les había hecho una oposición en el territorio con un proceso organizativo importante con un grupo de pobladores de Azacualpa, pero además no les habían hecho oposición en la institucionalidad del sistema de administración de justicia en el país y como ahora se les está haciendo eso, sienten que el mundo se les viene abajo y por eso desarrollan este tipo de campañas de mentiras o sobre la base de la mentira”.
Fernández dijo que como abogado de profesión y defensor de los derechos humanos, a través del MADJ realizan acciones de amparo a favor de varios ciudadanos del municipio de La Unión, en Copán, “para evitar de que se explote el cerro de El Cementerio porque explotar esa zona, cerrar el cementerio implica la violación de varios derechos humanos fundamentales”.
“Dentro de esos derechos están el derecho a la soberanía popular, porque ese municipio en cabildo abierto decidió que no van a cerrar el cementerio y esa es la voluntad soberana de la comunidad, luego somos del criterio que imponer el cierre del cementerio significa violar el derecho a la cultura que tiene la comunidad, el derecho a la integridad personal, física y moral de los habitantes y el tribunal que conoce la causa, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, admitió el amparo y ordenó a la municipalidad de La Unión, que está coludida con la Empresa MINOSA, que parara las exhumaciones y evitara la explotación del recurso minero”, explicó.
El apoderado legal de los afectados indicó que no hay ninguna acción en contra de ellos que pare las actividades que están realizando en la zona en defensa de las personas de ese espacio fundamental, sagrado para quienes tienen enterrados en la zona a sus familiares.
Pretender explotar el cementerio atenta contra la obligación que tiene el Estado de proteger la familia, esa acción de exhumación de cuerpos para trasladarlas a otro sector de parte de las compañías mineras tiene confrontada a muchas familias allí en Azacualpa, subrayó.
“Ellos creen que pagándole a todo mundo están salvados, pero hay gente con la suficiente moral para no aceptar lo que las empresas están haciendo en ese lugar y dentro de esa campaña sucia, envidiosa sin ningún fundamento y dentro de ese conflicto, salimos afectados nosotros, donde la empresa u otro tipo de personas desarrolle esta campaña contra nosotros”. Denunció.
Gobierno está confulado con mineras
Para el entrevistado el Gobierno es el principal responsable porque se ha coludido con una serie de instituciones como COPECO, la Región Sanitaria de Copán, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que han estado dispuestos a otorgarles todos los caprichos y las ilegalidades en que operan estas empresas mineras”, agregó.
Para Fernández en el ataque contra las organizaciones se utiliza a los trabajadores de la empresa para realizar campañas en las redes sociales, a desarrollar agresiones en la zona, donde ya se han presentado acciones contra empleados de ASONOG y CIPRODEH, quienes ya fueron retenidos por empleados de la empresa MINOSA en un acto de fuerza contra ellos con intentos de ataque.
“La Empresa MINOSA ha hecho campañas a nivel de los financiadores de estas organizaciones de derechos humanos, para que no les sigan financiando su trabajo y allí también les han mentido, señalándoles que al ser financiados también están financiando a grupos criminales en la zona, con una campaña falsa y eso es una rabieta porque MINOSA tiene años de saquear esa zona y de sólo dejar migajas en las comunidades y al hacerles un poco de contrapeso se sienten que son afectados en su confort”, concluyó.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió el siguiente comunicado donde adquierte del clima de tensión y de las acciones que realizan las compañías mineras para realizar la extracción de minerales en varias zonas del país:
COMUNICADO
La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa.
La conversación incluyo dos propuestas. La Estatal que promueve la minería como proyecto de desarrollo económico y oportunidad para las comunidades de obtener beneficios, aunque destruya las fuentes de agua, y la segunda que sale del movimiento social y es un rechazo a la minería a cielo abierto porque está destruyendo los ríos San Pedro y Guapinol y se aproxima a destruir el rio Tocoa, constituyendo violación al derecho humano al agua, al ambiente, al territorio y la paz. Además los proyectos estan en una área protegida de parque nacional.  
La postura de rechazo a la minería y el hecho de responsabilizar al Gobierno el haber creado la situacion dramática que vivimos, es fuerte e insoportable. Pero las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuerte, y no cabe la negociación.
Puede haber puntos de acuerdo para avanzar en la garantía de los derechos según lo expresa la constitución de la Republica y el derecho internacional. El gobierno no se puede conculcar un derecho tan esencial argumentando semejante barbaridad. Estaban definido siete puntos para avanzar al dialogo manteniendo el campamento durante el proceso. Sin embargo, el Dr. Carlos Izaguirre manifestó que las comunidades a favor de la minería se sienten agredidas y van a explotar, acusó al movimiento social de tener secuestrada a las comunidades pro minería y responsabilizó al Comité de lo que ocurriera entre grupos.
Desde el Comité lamentamos lo expresado por el responsable de la delegación gubernamental, por la forma en que lo dijo el Dr. Carlos Izaguirre tiene información de lo que planean los habitantes de las comunidades bajo influencia de la empresa minera. En reunión con los habitantes durante su visita de inspección visual al proyecto minero, recibió denuncias que no son ciertas, nosotros hemos reiterado que nuestra lucha no es contra los habitantes del Municipio. El campamento tiene un objetivo, exigir al gobierno la inmediato resolución para el retiro de las empresas mineras en el Municipio.
El Dr. Carlos Izaguirre dijo que como gobierno no responde por hechos violentos entre ambos grupos en pugna y responsabilizó al Comité, eximiéndose de capacidades, análisis y trabajo con Caritas. El gobierno tiene reponsabilidad de proteger la vida humana de todos los habitantes pero el Dr Izaguirre y su equipo se levanto y se fue de la reunión en clara evidencia de olvido de sus responsabilidades administrativas. Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la asamblea popular  y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano.
Tocoa, 15 de agosto 2018
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos.



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