Informe de la CIDH destaca la falta de institucionalidad del Estado de Honduras y la concentración de poder

3 agosto, 2018

Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- En el Informe Preliminar presentado hoy en conferencia de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita del 30 de julio al 3 de agosto, señala que Honduras no vive un proceso de institucionalidad democrática, además que de que en el estado persiste un clima de impunidad estructural y corrupción.
“Para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho”, expresa tajantemente el informe.
Aunque la CIDH no lo expresa, Honduras no vive un proceso de institucionalidad democrática, al contrario, el actual régimen es producto de un fraude electoral que mantiene en el poder al nacionalista Juan Orlando Hernández.
En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, persisten serios desafíos. La situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas, expresa el órgano de derechos humanos de la OEA.

“Respecto del conflicto postelectoral, la Comisión observó que persiste un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”.
En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, aclara la CIDH.
Y agrega que “la respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 22 personas fueron asesinadas; cientos de personas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil personas fueron detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad. Asimismo, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad”.
Respecto a los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos cometidas posterior al golpe de estado, él órgano de derechos humanos de la OEA manifiesta que: “A pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las familias no estarían siendo informadas sobre las mismas.
Asimismo la Comisión advierte que a la fecha, no se habrían presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de seguridad, por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones ocurridas en dicho contexto.
La CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos, y en su caso, sancionarlos. A más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia de justicia.
Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. En este sentido, el uso de la fuerza desde ser caracterizado por la excepcionalidad, y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
“La CIDH reitera su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales”, señala el texto.
El reciente proceso de elección del Fiscal General mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho, cuestionó la misión internacional.
Criminalización de la protesta social e impunidad de los asesinatos post electorales

Frente a esa institucionalidad endeble, que no ha sido capaz de combatir la violencia, la corrupción y la impunidad; la población dejó de confiar en las autoridades estatales, de hecho así lo expresa la CIDH cuando afirma que: “Ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales”, recomienda la CIDH.
La CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras. En ese contexto, la Comisión ha observado asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes. A partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña, y cuyas repercusiones persisten.
En el plano de la desigualdad social y los efectos que generan la concentración de riqueza en un pequeño grupo, la CIDH cita que: La desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a una élite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado. En este contexto, se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.
En torno a la criminalización de la protesta social la Comisión explicó que durante la visita, la CIDH recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas en otros contextos. Esto evidencia una visión del Estado sobre las protestas como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad.
Con base en esa visión, el Estado privilegia la represión frente al diálogo. Las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole políticas, las reivindicaciones de tierra y los actos de protesta en contra de proyectos de desarrollo son fuertemente reprimidas y sus participantes son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Esto se contradice con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Con relación a la seguridad ciudadana y la relación con las fuerzas de seguridad, la CIDH estimó que las Observaciones Preliminares de la visita incluyen valoraciones sobre la situación de seguridad ciudadana. Se observa una disminución de la tasa de homicidios, la cual a pesar de ello continúa siendo alta.
“Se advierte además un incremento de la participación de las fuerzas militares en múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública. Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles. La CIDH también recabó información sobre la falta de control sobre armas de fuego ilegales así como a la proliferación de empresas de seguridad privada”.

En relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema.
A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales.
Asimismo, en el contexto de la crisis postelectoral se registraron agresiones graves de actores estatales y no estatales a medios y periodistas, y se generó una ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a periodistas de ambos lados de la fractura política y social en la que se encuentra sumergido el país. También habría incluido presiones a directores de medios y periodistas para influencias la cobertura de las elecciones y los hechos que siguieron.
Respecto del derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte de los grupos poblacionales más desfavorecidos del país. Asimismo, en cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva, la Comisión lamenta que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta y prohibiendo la distribución de anticonceptivos orales de emergencia.
El documento de Observaciones Preliminares contiene un análisis pormenorizado de la situación particular de grupos de especial preocupación: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex; defensoras y defensores de derechos humanos; personas bajo custodia del Estado, incluyendo personas privadas de libertad y justicia juvenil; pueblos indígenas y afrodescendientes; personas desplazadas internamente; migrantes, personas con necesidad de protección internacional, y retornados.
“La CIDH observa que en Honduras las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años, se reportan 177 asesinatos contra estas personas; incluyendo 21 en lo que va de este año y dos durante la visita de la CIDH. De estos asesinatos, se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya emitido una condena”.
La CIDH reitera su preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en Honduras, las diversas formas en que éstas se expresa y sus consecuentes altos índices de impunidad. Los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género. De igual forma, la CIDH observa con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.
“En particular, la CIDH llama la afectación en los derechos de las mujeres afrodescendientes y garífunas. Asimismo, el hecho de ser migrante o ser defensora de los derechos humanos pueden incrementar el riesgo de una mujer a ser asesinada y victimizada”, advirtió el organismo defensor de los derechos humanos.
Actualmente se discute la instalación de un diálogo político con el fin de superar la crisis política originada a partir de denuncias de fraude electoral y por los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas posteriores.
La Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática, incluyente y participativa. En este sentido, la CIDH insta a que todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo como un paso importante para la reconciliación nacional.

La CIDH deja 25 recomendaciones a un Estado que no goza de la credibilidad del pueblo

Por defensores -

3 agosto, 2018

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Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – Al concluir la visita In loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deja este día al Estado de facto que preside Juan Orlando Hernández, un pliego de 25 recomendaciones, y le hizo ver que hay un descontento generalizado de la población.
La presidenta por ley de la CIDH (Primera Vicepresidenta) Esmeralda Arosemena de Troitiño, conversó con el periódico digital defensoresenlinea.com, sobre las preocupaciones más notorias después de estar en Honduras desde el 30 de julio anterior.
“Yo puedo identificarlas como la necesidad de justicia pronta, acceso a la justicia de familiares y víctimas que garanticen la investigación, no a la impunidad”, es la primera.
La segunda, según el parecer de la Comisionada, es una evaluación de la problemática estructural, ejemplificando el caso de alguna comunidad, donde no hay vi vivienda ni salud; eso hay que evaluarlo en una política pública del Estado que enfoque el problema estructural de discriminación, exclusión, pobreza, marginalidad, eso no es un tema que hay que resolver en una semana, pero tiene que estar en un plan de trabajo que vaya colocando en una agenda cómo vamos a cerrar esa brecha de desigualdad, de pobreza.

“yo creo que eso es clave, porque la conflictividad de tierras, su origen es eso, y no vamos a resolver los conflictos de tierra sino atendemos la responsabilidad en esta materia de inclusión”.

Son ideas centrales, pero el Estado nos ha pedido “queremos recomendaciones concretas para poder programar”, y está bien, vamos a identificarlas para que podamos hacer ahora una hoja de ruta, la Comisión le ha dicho al Estado que tenemos disposición para acompañar a todas las instituciones en la búsqueda de esas respuestas, y darle seguimiento a la posibilidad de esas respuestas.
Por eso han hecho un listado de recomendaciones, a lo mejor algunas se puedan unir con otras, y se les facilitaría un trabajo de seguimiento. Ese, sería un compromiso para desarrollar un plan de acción que va a programar Honduras y trabajar las instituciones.
DESCONTENTO A la comisionada Troitiño, se le consultó si es notorio el descontento ciudadano con el régimen de Juan Orlando Hernández, a lo que respondió, “Así es, eso de lo hemos expresado al señor presidente el día de ayer, le hemos dicho que hemos recogido una opinión de la sociedad civil, de las víctimas de los acontecimientos, hemos recogido una sensación de insatisfacción, una insatisfacción de que no se tiene una respuesta de protección de derechos, y es el compromiso que asume el Estado para el acercamiento”.

La CIDH menciona el diálogo, pero en este debe hacerse oír la opinión ciudadana, porque al hablar de que se abre un diálogo polaco, Troitiño explicó que “la política es hacer bien lo que se necesita hacer para su pueblo y sus gobernados, entonces un diálogo donde todos tienen y deben participar, no es un tema entre políticos, es un diálogo con la sociedad hondureña. Un diálogo que tienen que llevar a este pacto.

He hablado de un pacto por la solidaridad de Honduras, por la paz, por el progreso, por la inclusión, por el respeto de los derechos humanos de todos y todas, y está la Comisión comprometida en acompañarlos. Comisionada Esmeralda A. de Troitiño.

Diálogo Miembros de la prensa, preguntaron cómo se puede apostarle a un diálogo en un país donde se crean leyes para coartar el derecho a la libertad de expresión, “está en una de nuestras recomendaciones, la libertad de expresión es una de las garantías de la democracia, entonces hemos planteado que el Órgano legislativo en la creación de las leyes, tiene que hacer leyes que promuevan también la conciencia ciudadana”, concluyó la Comisionada, después de la conferencia de prensa realizada esta tarde, en el mismo hotel capitalino, que supuestamente fue incendiado el 12 de enero pasado, y que guardan prisión como presuntos responsables Edwin Rovelo y Raúl Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, Morocelí, El Paraíso.

Joel Hernández, Relator de País para Honduras

Presos Políticos En cuanto a los presos políticos, la CIDH no tuvo acceso a visitarlos, declaró a este medio de comunicación, Joel Hernández García, Relator de la CIDH para Honduras y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, que en abril visitó este país y ha escuchado a los presos políticos que están con medidas sustitutivas a la prisión y familiares de víctimas, acompañados por el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras.
“Desafortunadamente nuestras visitas eran limitadas a los puntos que podíamos visitar y no llegamos a centros de detención donde hay personas detenidas posteriores a las elecciones”.
Defensores A Hernández, de origen mexicano, le preocupa la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es un grupo de alta vulnerabilidad que se requiere de todos los actores estatales y de justicia para prevenir cualquier atentado contra sus vidas.
La delegación estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva; las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, y el Comisionado Joel Hernández García, Relator de la CIDH para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
A continuación, las recomendaciones dejadas al Estado de Honduras que preside el ilegal reelecto Juan Orlando Hernández
Con base en las observaciones preliminares de la visita, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras:

Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social.
Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivas de las niñas, adolescentes y mujeres.
Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.
Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población vulnerable a los grupos criminales. En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niños, niñas y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.
Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI.
Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas.
Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con escasos recursos.
Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores y las personas con necesidades médicas.
Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

LOS MOMENTOS EXTREMOS

Por defensores -

3 agosto, 2018

De nuevo las víctimas sobrevivientes de la desaparición forzada estamos aquí como hábito de memoria en el primer viernes de agosto 2018.
Estamos para decir que vivimos de nuevo un instante frágil para Honduras, que soporta ocho años continuos de asalto al poder y sin correcciones, rectificaciones ni enmiendas sinceras.
El país ha sido convertido por el gobierno usurpador en una amenaza para la libertad, la integridad y la vida de la población, con el aval del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La avalancha de víctimas del postgolpe electoral de noviembre 2017, escuchadas de nuevo por la CIDH esta semana, no encuentra ninguna garantía de justicia y de no repetición de los hechos. Igual sucede con las personas defensoras del territorio, los bienes de la Naturaleza, comunicadores independientes, y los jóvenes estudiantes particularmente.
Al contrario, las víctimas sobrevivientes del fraude han sido atacadas nuevamente con prejuicio y violencia al exterior de la sede temporal de la Comisión, en Tegucigalpa, por el mismo aparato represivo que hizo las “fichas de inteligencia”, persecuciones, lesiones, muertes físicas, criminalizaciones mediáticas y procesos penales en los últimos siete meses en todo el territorio nacional.
Lamentablemente no puede interpretarse de otro modo este “exceso de autoridad” más que como un gesto de abierto desafío e irrespeto a la CIDH, cuyo máximo ejecutivo en el secretariado general de la OEA penosamente pactó con la mafia hondureña su continuismo ilegal, criminal y aberrante que entristece a Honduras.
En este contexto las víctimas de los conflictos agrarios, ambientales y defensores del Estado de Derecho en todo el país siguen sin la atención judicial que merecen. Y que exigen.
De más está decir que acciones como la liberación de la banda de ladrones de Pandora estimula la impunidad absoluta en toda materia penal en el país y ello se convierte en paternidad de nuevas violaciones a derechos humanos en forma sistemática, y autoriza a los jefes del cartel a continuar masacrando a la población.
Nos entristece verdaderamente la vulgarización de medios de comunicación tradicionales comprometidos con la pauta de la dictadura narco-corrupta que, además de pervertir habitualmente la información nacional, estigmatizan sectores vulnerables de la sociedad hondureña para lanzarlos a las garras de policías y militares violentos, esencialmente criminales.
Repudiamos concretamente el llamado que hace el predicador, político liberal y egresado universitario Renato Álvarez a la inteligencia de la dictadura para perfilar a los manifestantes de la Universidad Nacional y entregarlos sin capucha a la policía pretoriana para su intercepción violenta.
Hemos tenido respeto y aprecio por el periodista Álvarez, a quien hemos acompañado en sus peores momentos de limitación de libertad de expresión desde el inicio de su carrera en Radio América y durante las décadas del 90 y 2000 en canal 63 y en TVC. Y en cualquier instante del presente estaríamos dispuestas a ofrecerle la mano, si su derecho a expresarse estuviere limitado o coartado.
Pero la vehemencia, lindante con la pasión del dogma característica de toda una generación de apóstoles de la televisión matutina que él ha exhibido en lo personal la mañana del jueves anterior, no tiene a su favor nuestra indiferencia. Tiene nuestra desaprobación a riesgo de recibir agravios.
Nos vemos en la obligación de reprochar el abuso delante de la audiencia de un medio nacional que pontifica, juzga y emite sentencia contra jóvenes estudiantes universitarios opuestos al encarecimiento de la factura de transporte público y a los efectos de la dictadura en general.
“El Estado debe dejar de ser pasivo e indolente, y actuar contra estos anarquistas improductivos que son una vergüenza para el país. Y al actuar no se violentan los derechos humanos como argumentan los defensores”.
Esta licencia entregada desde el púlpito de canal 5 la mañana del jueves 1 de agosto tiene consecuencias funestas; constituye una línea política del medio que Álvarez representa y cuyo dueño principal es fundador de la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH, responsable de financiar e instigar en 1980 la represión política que asesinó a más de 380 opositores al militarismo respaldado igualmente por la CIA y el Pentágono.
Convocar la represión de este modo es una actitud excesiva de su parte Renato, que puede inclusive corresponsabilizarle en indeseables hechos ulteriores que podrían producirse en atención a su exhorto. Rectifique, excúsese de inmediato, desconvoque la violencia, o acepte el peso de la responsabilidad compartida con quienes cumplirán sin vacilar esta línea dura.
El Cofadeh rechaza la exclusiva apropiación de Honduras por el gobierno de Estados Unidos que impone armas, presupuestos de defensa y militares represivos, amparado en elites corruptas que subcontratan localmente las iglesias, medios, fiscales y jueces sicarios para imponer el continuismo del modelo neoliberal de muerte.
Por ello también hoy repudiamos absolutamente la separación forzada de madres, padres e hijos inmigrantes por el partido republicano y su aparato militar en territorio estadounidense, porque se basa en el racismo más cavernario de la historia de la humanidad.
Existen más de 700 niños y niñas centroamericanos secuestrados en bases militares del Pentágono expuesto a la adopción forzosa o a la experimentación científica ilegal. Y ello es reprochable y debe ser censurado por toda la Humanidad.
Con la memoria histórica de frente este primer viernes de agosto ponemos en marcha la conmemoración de efemérides inolvidables: el 37 aniversario del Cofadeh el 30; en esa misma fecha, el Día Nacional e Internacional del Detenido-Desaparecido, y además la primera Manifestación Nacional de la Convergencia Contra el Continuismo. Les mantendremos informados.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón. COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de agosto de 2018

Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Hoy se cumplen ocho meses de la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, joven que fue detenido y desaparecido en la crisis post electoral.
La búsqueda incansable ha sido emprendida por sus familiares en compañía del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
A través del Cofadeh se han presentado las denuncias correspondientes, tanto nacionales e internacionales, y una de esas instancias donde se expuso el caso de Bautista Salvador fue ante el Comité sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria, ubicado en Ginebra, comité que tiene competencia para intervenir en hechos ocurridos en Honduras.
Berta Oliva, coordinadora general del Cofadeh también informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana ha realizado una visita al país para documentar casos de violaciones a derechos humanos, que hay una persona desparecida durante la crisis post electoral, que está plenamente identificada como detenido desparecido y que ya lleva ocho meses y no se ha tenido noticias de su paradero.
Por su parte Rafael Bautista, hermano del joven desaparecido, dijo a defensoresenlinea.com que “exigimos que se haga justicia, que den por lo menos con el paradero de mi hermano, si está vivo o muerto, pero que aparezca, que den información al menos”.
Rafael Bautista agregó que no importa el tiempo que pase, pero que no parará hasta saber que pasó y exigir verdad en el caso de su hermano.
A pesar de las denuncias interpuestas ante autoridades policiales, Ministerio Público y organismos de derechos humanos, aún los familiares de Bautista Salvador no saben nada acerca de su pariente.
Hasta la fecha los familiares de las víctimas de desaparición forzada en los años 80, del golpe de Estado de 2009 y durante el golpe electoral de 2017, no olvidan aún y siguen con la exigencia de verdad y justicia.
Manuel de Jesús es la primera víctima de desaparición forzada en la crisis post electoral generada por el fraude del presidente ilegítimo Juan Orlando Hernández del pasado 26 de noviembre del año 2017, y hasta la fecha no se tiene información de qué pasó con él y los familiares siguen preguntándose ¿dónde está Manuel de Jesús Bautista Salvador?, detenido desaparecido el 3 de diciembre del año pasado.

“Caso Pandora” pone a prueba cuestionada justicia hondureña, señala analista

27/07/2018

“Caso Pandora” fue el nombre que le dio la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC, al momento de hacer pública esta Red de Corrupción.

El caso implica 38 funcionarios y ex funcionarios públicos a quienes se les acusa de haber desfalcado 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG- para ser utilizados en la campaña política de las elecciones de 2013.

“El “Caso Pandora” es el caso típico en donde la clase política financia ilegalmente partidos políticos, movimientos políticos, candidaturas en particular”, señala el ex juez de sentencias, abogado Ramón Enrique Barrios.

Barrios considera que el “Caso Pandora” pone a prueba la cuestionada justicia hondureña. “Creo que por primera vez se hace un requerimiento fiscal a políticos de altos vuelos en el país. Estamos tocando, en este requerimiento fiscal a diputados al Congreso Nacional, a gente cercana a los partidos políticos, a ex coordinadores de partidos políticos”, manifestó el ex juez.

Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Ramón Enrique Barrios (REB), analista hondureño.

¿Qué es el “Caso Pandora”?

RMB. El “Caso Pandora” es el caso típico en donde la clase política financia ilegalmente partidos políticos, movimientos políticos, candidaturas en particular, y por qué digo que hay financiación ilegal, sencillamente porque hay una financiación de orden jurídico que es financiamiento legal que es lo que denomina la Constitución de la República y la ley electoral del país como la deuda política.

¿Tiene similitud este caso con el desfalco al Seguro Social?

RMB. Uno podría decir que no hay ninguna conexión pero al final tiene el mismo objetivo. En el caso del Seguro Social, las cantidades millonarias que se drenaron del Estado, iban a parar, en su mayor parte, para financiar una candidatura o un partido político en particular, estamos hablando nuevamente de la financiación ilegal de los partidos políticos con dinero público que están destinados a otras cosas y se desviaron para otras, se lavó ese dinero.

¿Le sorprendió el surgimiento del “Caso Pandora”?

RMB. Sí, me ha sorprendido, creo que, por primera vez, se hace un requerimiento fiscal a políticos de altos vuelos del país. Estamos tocando en este requerimiento fiscal a diputados al Congreso Nacional, a gente cercana a los partidos políticos, a ex coordinadores de partidos políticos.

¿La reelección del Fiscal General de la República cambiará la ruta que llevan la Maccih y la Ufecic?

RMB. Creo que la elección inconstitucional que se hizo del abogado Chinchilla en el Congreso Nacional puede lavarse de alguna manera. Y la única manera que los analistas, los que hacemos críticas de las actuaciones del Estado, podemos superar la elección inconstitucional es que el Ministerio Público, la Maccih y la Ufecic, asesten el gran golpe a la corrupción del país a través de acusaciones y requerimientos fiscales serios.

¿En manos de quién quedó el Ministerio Público con la reelección del Fiscal General?

RMB. Obviamente el Congreso Nacional eligió al Fiscal General Chinchilla por un período al cual no podía aspirar, sin embargo, estas acusaciones directas que estamos viendo contra la clase política no vienen directamente de la Fiscal General de la República, vienen a través de una unidad especial que se ha creado al interior del Ministerio Público que se llama Ufecic y que está siendo apoyada primordialmente por la Maccih. Este binomio, Ufecic – Maccih, es la que está liderando el combate a la corrupción, y el Fiscal General, por intereses políticos, por los intereses de los Estados Unidos, es un gran espectador, por lo menos no pone objeciones a las acciones de la Ufecic y de la Maccih.

¿Qué piensa del fiscal Luís Javier Santos quien está al frente de la Ufecic?

RMB. Tiene todo nuestro respeto. Cada vez que puedo y me dan la oportunidad de decirlo públicamente lo digo: necesitamos crear un movimiento del pueblo, de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de este país en apoyo al fiscal Santos. El fiscal Santos ha sido un fiscal de carrera, con una trayectoria limpia y honesta y profesionalmente capaz para liderar estos requerimientos de corrupción, pero él necesita saber que hay toda una sociedad que lo está respaldando y que no va a permitir que se le presione, porque tiene serias presiones, mucho menos que se le aleje de la unidad de Ufecic o que se le aleje de estar llevando los casos de corrupción.

¿Dónde estará la clave para el éxito en el “Caso Pandora”?

RMB. Pasa por dos vías. La primera vía es que técnicamente, es decir que desde el punto de vista del derecho penal sustantivo y del derecho procesal sustantivo, estén bien planteados los requerimientos, las acusaciones. Y lo otro es que no basta decir que se ha cometido el delito de lavado de activos, el delito de fraude y otros tipos penales, sino que esos hechos deben encuadrarse dentro de los tipos penales y para que encuadren también se deben tener los medios probatorios.

De los 38 acusados, ¿sobran nombres o faltan nombres?

RMB. Más allá del requerimiento fiscal, ¿faltan nombres?, por supuesto que sí. Esto era una estructura criminal, toda una organización criminal que se asociaron ilícitamente para defraudar al Estado, para utilizar dinero público, para financiar ilegalmente candidaturas y partidos políticos en particular. ¿Faltan nombres?, por supuesto que sí porque se utilizó dinero de una secretaría del poder Ejecutivo a través de Ong´s con transferencias que sabía el Congreso Nacional.

¿En el “Caso Pandora” estarán involucrados empresarios de los medios de comunicación?

RMB. Es que el “Caso Pandora” es dinero ilícito para financiamiento de campañas ilícitas, y parte de la financiación de las campañas ilícitas es la promoción que se hace en los medios de comunicación, y no hay duda, porque además el informe del Tribunal Superior de Cuentas así lo establecía, que se transfirió de la misma manera, a través de ambas Ong´s, dinero público a periodistas en particular y medios en particular, que normalmente son los tradicionales, para financiar estas candidaturas y estos partidos políticos.

¿Cómo valora usted el catálogo de delitos por los que se acusa a los supuestos implicados?

RMB. Es un asunto complejo, no conozco “al dedillo” el requerimiento fiscal para tener una opinión más objetiva pero el delito más importante que tiene privado de libertad a los políticos es el lavado de activos.

¿De dónde surge el delito de lavado de activos?

RMB. Ese delito de lavado de activos está dentro del catálogo del Código Procesal Penal que los mismos diputados, en un momento, dijeron que ese delito no le daría medidas sustitutivas, no iban a permitir que quien lo cometa se defienda en libertad, pero en aquel momento estaban pensando en “los mareros” fundamentalmente y en personas civiles que no fueran políticos.

Pero hubo recursos de inconstitucionalidad contra ese catálogo de delitos donde está el de lavado de activos…

RMB. Hay que advertir que nosotros, como profesores de Derecho y la Asociación de Jueces por la Democracia, dijimos en su momento que efectivamente eso era inconstitucional, y se presentó el recurso ante la Corte Suprema de Justicia, y sabe qué dijo la Corte, que no era inconstitucional. Hoy que se ha presentado nuevos recursos por los defensores de estos ciudadanos y ciudadanas, pues la Corte debería de ser coherente. Si en el pasado, hace dos o tres años, dijo que era completamente constitucional, hoy tendrá que decir lo mismo sino quedarán y harán obvio lo evidente, es decir, que este es un juicio político y no un juicio jurídico.

¿Qué opina de la juez natural Lidia Álvarez Sagastume?

RMB. Hay que decir que la abogada Lidia Álvarez Sagastume fue electa en el Congreso Nacional, y hay que decir también que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos, no porque sean los mejores abogados y abogadas del país o porque no tengan sus méritos, fueron electos por su simpatía a los partidos tradicionales, al Partido Liberal y al Partido Nacional, que tradicionalmente se han repartido la Corte Suprema de Justicia. La abogada Lidia Álvarez es simpatizante del Partido Nacional, todo mundo lo sabe, y desde allí hay una falta de objetividad, una falta de independencia para conocer el asunto a tratar. Nosotros esperaríamos que su decisión sea más jurídica que las simpatías que pueda tener por el Partido Nacional.

¿Vendrán más casos pandoras?

RMB. No tengo ninguna duda. Acuérdese que la caja de pandoras abre muchos males, éste es uno de tantos males que se van a ir abriendo.

La MACCIH apoya la apelación presentada por la Ufecic contra resolución en caso Pandora

agosto 3, 2018 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) patentizó este viernes su apoyo al recurso de apelación presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP) contra la resolución de la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, sobre el caso Pandora.

La madrugada del sábado 28 de julio, la jueza natural dejó en libertad a 24 funcionarios y exfuncionarios públicos y particulares, acusados de haber participado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el periodo del 24 de noviembre de 2011 al 3 de abril de 2014, al considerar que no existía el delito de lavado de activos y cambio dicho delito por el de encubrimiento. En este caso se ha imputado a 38 personas.

Noticia Relacionada: En recurso de apelación Ufecic-MP señala que jueza cometió agravios en tiempo y forma en caso Pandora

Según la apreciación de la MACCIH, los imputados sí cometieron el delito de lavado de activos porque participaron en la desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos políticos, a través de transacciones financieras para ocultar su origen.

“Recibir, ocultar y disfrutar de fondos obtenidos ilícitamente, aparentando que son de origen legal, constituye una conducta propia del delito de lavado de dinero”, dice la MACCIH mediante un tuit.

En otro mensaje, la misión anticorrupción, refiere que en el caso Pandora se revelan operaciones financieras que carecen de justificación y que se destinaron a beneficios personales, pago de campañas políticas y compra de bienes, “cometiendo con ese accionar el delito de lavado de dinero”.

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Mediante el recurso de apelación, la Ufecic apunta que la resolución de la jueza natural ha causado agravios al Ministerio Público y por ende a los intereses generales de la sociedad hondureña.

La Ufecic considera además que la resolución de la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, ha causado agravios al orden socio económico y a la leal competencia, ya que integra flujos financieros que carecen de los costos asociados y naturales de una actividad económica licita, siendo este factor el que desestabiliza el mercado regular regido por una competencia económica licita, convirtiéndolo por esta razón en una figura delictiva independiente de aquel delito del que procede el rufo financiero.

En recurso de apelación Ufecic-MP señala que jueza cometió agravios en tiempo y forma en caso Pandora

agosto 3, 2018 Redaccion

La Ufecic sustenta en el recurso de apelación que los implicados sí cometieron el delito de lavado de activos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP) señala en el recurso de apelación que la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, cometió agravios en tiempo y forma en la resolución de la audiencia inicial contra 28 implicados en el caso la Caja de Pandora.

Mediante el recurso de apelación, que consta en el expediente 36-2018, se pide la revocación parcial de la resolución impugnada y se remite los antecedentes a la Corte de Apelaciones.

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La madrugada del sábado 28 de julio, la jueza natural dejó en libertad a funcionarios y exfuncionarios públicos y particulares, acusados de haber participado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el periodo del 24 de noviembre de 2011 al 3 de abril de 2014. En este caso se ha imputado a 38 personas.

Álvarez Sagastume, otorgó medidas distintas a la prisión a 24 imputados, a quienes les cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento, que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión. Asimismo, dictó sobreseimiento definitivo para tres y auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado Weinzemblut, por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y asociación ilícita, estos dos últimos delitos fueron agregados durante la audiencia inicial. En el delito de asociación ilícita se imputó además a Norma Keffy Montes y Laura Aidee Arita.

De acuerdo a los sustentos legales de la MACCIH-MP, el delito de lavado de activos fue cometido por los imputados porque participaron en la desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos políticos, a través de transacciones financieras para ocultar su origen.

ANTECEDENTES

En el documento se hace acopio a los antecedentes de cómo se drenaron los recursos del Estado a través de las onegés Dibattista y Tomos Somos Honduras. En ese sentido cuestiona que la jueza haya estimado que no existe el delito de lavado de activos para ninguno de los imputados.

En relación al delito de asociación ilícita ampliado para Jacobo Regalado Weinzemblut, Norma Keffy Montes y Laura Aidee Arita, señala que los tres habían sido acusados originalmente por el delito de fraude, contenido en el artículo 376 del Código Penal y que este ya contiene en sí mismo los elementos del tipo penal de asociación ilícita, específicamente en cuanto a que el fraude, implica la concurrencia de ponerse de acuerdo y actuar en consecuencia con ese plan criminal para defraudar al Estado en actos jurídicos que tenga interés el Estado.

Consecuente con lo antes señalado, la Ufecic apunta que resulta procedente la exclusión del delito de asociación ilícita respecto a los imputados Regalado, Weinzemblut , Montes y Arita, ante la imputación del fraude contenido en el artículo 376 del Código Penal en su condición de coautores.

AGRAVIOS

En la apelación se señala que la resolución de la jueza natural ha causado agravios al Ministerio Público y por ende a los intereses generales de la sociedad hondureña.

“En consecuencia, se puede decir que no estarnos ante la presencia del debido proceso, si ocurre entre otros los siguientes casos: a) Haberse resuelto sin base Jurídica, b) Haberse resuelto en contra o prescindiendo de lo expresamente dispuesto por la ley (subrayado es nuestro). En el presente .so se ha producido indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva, por interpretación errónea, irrazonable y desproporcionada del decreto 045-2002, (Art. 3) privándose por esta arbitrariedad a la sociedad de hacer valer sus derechos, es decir, investigar y reprochar penalmente a aquellos ciudadanos que infringen la ley”, dice la apelación.

Si bien es cierto, en el presente caso se ha identificado la acción delictiva que dio origen a la disposición de los flujos financieros, también se ha establecido que no era únicamente el objetivo ilícito el apropiarse de dichos fondos, sino de dotar e inyectar la mayor parte de los fondos de los convenios a las cuentas de los partidos políticos y particulares directamente favorecidos, para lo cual para recorrer este item criminal se realizaron operaciones financieras que carecen de lógica y justifica, con el propósito de disfrazar u ocultar el nexo entre el origen que es la sustracción del erario y el destino de las cuentas de los institutos políticos, compras de bienes inmuebles, beneficios personales, así como de terceros cometiendo en ese accionar un nuevo hecho delictivo, autónomo y punible como lo es el lavado de activos.

La apelación apunta además que el hecho de aceptar acciones delictivas como las que se dieron en el marco del drenaje de fondos de la SAG “supondría que estamos ante la presencia de acciones tendientes a encubrir, ocultar y disfrutar de los fondos obtenidos ilícitamente y construir un vacío o zona de impunidad”.

A continuación el recurso de apelación presentado por la Ufecic:

Periodista César Silva: Da coraje que el MP se aproveche de visita de la CIDH

Wednesday, 01 August 2018 15:13 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión

Coraje le dio a César Silva, periodista de UNE TV, al enterarse de la acción del Ministerio Público (MP), de emitir requerimientos fiscales a policías y militares por violaciones a los derechos humanos en casos donde salieron afectados varios periodistas, después del proceso post electoral en Honduras, aprovechando la visita en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Da más bien coraje porque con Abelardo Mendoza Erazo fuimos nosotros quien entregó el video, fotografías, domicilio, el lugar en donde él permanece, a la misma Policía Nacional que nos hicieron presentar en todos los lugares, la Dirección de Policía de Investigación DPI, a la Policía Preventiva para ver si lo capturaban cuando fuera necesario, al mismo Ministerio Público y que después nos comentan que no sabían nada del expediente, no lo encontraban”.
Silva fue atacado por Abelardo Mendoza Erazo el pasado 13 de enero de 2018 cuando realizaba una transmisión en el programa “Conversando con Silva” del canal UNE TV de Tegucigalpa.
El periodista calificó de raro que el 27 de julio de este año, precisamente cuando ingresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, se presentan 17 requerimientos de parte del MP en donde aparece el recurso del ataque a su persona y otro cuando fueron golpeados junto a otros periodistas frente al Hotel Marriot de Tegucigalpa.
“Lo que están buscando es obviamente decirle a la CIDH nosotros estamos trabajando, hay denuncias, estamos actuando y eso es mentira, es una cobardía y lo considero una franca vulgaridad del Ministerio Público el hacer este tipo de acciones”, afirmó el afectado .
Visita de la CIDH
Al consultarle sobre ¿qué significa para los periodistas la visita de la CIDH, cuando han sido víctimas de los organismos represivos del Estado?, Silva contestó que no tan satisfecho de lo que el organismo internacional pueda lograr en el país.
“Es una ventana porque aquí están cerradas todas puertas. Es una ventana para poder expresarles y comentarles y que a través de otras instancias internacionales y sobre todo de derechos humanos, puedan ser veedoras e incidir a final de cuentas en una acción que concluya en el respeto de la vida humana de los periodistas, al ejercicio de la profesión y a la libertad de expresión”, agregó.
Una nueva agresión frente a la CIDH
Silva relató los hechos de una nueva agresión de parte de la policía en el mismo Hotel Marriot donde antes fue golpeado por la misma policía, al haber sido invitado por los organismos de derechos humanos para que expusiera ante el organismo de derechos humanos su situación, pero la policía no le permitió el paso y para logralo tuvo que intervenir una delegación de la misma CIDH.
“Yo presenté el caso a través de organismos de derechos humanos y ellos me citan a través de la Comisión, de los miembros, de los delegados, los relatores quienes me invitan a que les explique qué está pasando. Llego al lugar en donde está la actividad, es en el Hotel Marriot y el ejército tiene bloqueado todo. Yo llego normal y les digo que voy a una conferencia pero les explico que voy como expositor, pero me dicen que no, me trasladan de un lugar a otro y me dan vuelta por todo el hotel y en todas las entradas decían que no sabían. Al final llega un oficial y me dice que tiene órdenes superiores de que César Silva no puede pasar. ¿César Silva?, pregunto. Su nombre y apellido –pregunta-. Sí, César Omar Silva Rosales. Pero hay otros periodistas adentro que no van a hacer lo que yo voy a hacer, respondí. Pero contestaron, ¡Eso a mí no me importa!”, relató
Según Silva hubo necesidad a través del Cofadeh que llamaran al relator de libertad de expresión , Edison Lanza, quien bajó y aún a él le dijeron que el periodista no podía pasar.
“¿Pero cuál es el motivo?, ¡órdenes superiores, no puede pasar y no va a pasar! y le explica él (CIDH), ¡la cita es con nosotros, queremos escucharle y no lo podemos hacer en la calle! El oficial a cargo dijo ¡Es cuestión de ustedes, pero yo no lo voy a dejar pasar!”, sigue en el relato Silva.
Silva dijo que después de 20 minutos, no sabe qué oficial o quién desde el hotel ordenó y por intervención del relator que le permitieran el ingreso para exponer su situación de todo lo que les aconteció a su persona y a otros periodistas en el país, sobre la represión del Gobierno a la prensa.
Vejámenes
Silva indicó que en la exposición con los comisionados de la CIDH les relató sobre los vejámenes a que son sometidos los periodistas que critican las acciones del Gobierno, a quienes no se les permiten el ingreso a las conferencias, a las instituciones del Estado, al Congreso Nacional, cuando se realizan actos oficiales y se les dice simplemente que no hay acceso.
“Ellos quedaron sorprendidos y con lo que vieron in situ, aún más, al grado que después de que expusimos dos minutos y cada uno de los expositores, que de 45 minutos que teníamos para abordar todos los casos, ellos después de terminado el tiempo, nos dieron dos horas más, porque ahora queremos que nos expliquen con detalle cada caso, dijeron los de la CIDH y eso significa que existe una buena intención de parte de ellos”, agregó.
MP
Por su parte, Lorena Cálix, sub oficial de información del Ministerio Público, dio a conocer la nota informativa emitida por la institución, sobre los requerimientos presentados de parte de la Fiscalía de los Derechos Humanos contra policías y oficiales que se mencionan como agresores a periodistas y manifestantes después del proceso electoral de noviembre de 2017 en el país.
VIDEO LORENA CÁLIX-MP

A continuación la nota informativa dada a conocer a la prensa de parte de las autoridades del Ministerio Público, de los requerimientos presentados ante los tribunales para que se persiga a los imputados.
Fiscales de Derechos Humanos presentan 11 requerimientos fiscales contra oficiales de policías y militares por supuestos excesos en sus funciones públicas
Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos recientemente presentaron ante los tribunales competentes 11 requerimientos fiscales más que se suman a los ya presentados en fechas pasadas, que en total son 17 contra oficiales de policía y militares por suponerlos responsables de una serie de acciones reñidas con la Ley y que en su mayoría se consumaron durante la denominada “crisis post electoral” del país, según lo informado a esta oficina de comunicaciones, por parte de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales.
Los agentes de tribunales presentaron sus escritos ante la autoridad judicial, los mismos contienen la plena identificación de los supuestos responsables y el detalle de los hechos punibles que les son imputados, sólo en uno de los casos se solicita se libre la respectiva orden de captura mientras que en el resto, tras el análisis respectivo, los jueces deben citar en legal y debida forma a los acusados conforme lo solicitado por el Ministerio Público (MP).
En este sentido, los señalados son: El sub inspector de policía Rudy Ariel Brizuela Mejía y los policías preventivos Sandro Exequiel Zavala Hernández, Santos Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto Rodríguez Carrasco por suponerlos responsables de Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad.
También fue acusado el comisario de policía Lorenzo Lara Muñoz, el sub inspector de policía Yesther Yafeth Fernández Leiva, ambos asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 15 en el departamento Olancho, a ellos se les supone responsables de los delitos de Abuso de Autoridad, Torturas y Lesiones Graves en perjuicio de la Administración Pública y testigos protegidos.
A la lista de procesados penalmente se suman el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y dos periodistas, contra el sargento segundo de policía militar Juan Carlos Rodríguez Sosa por la supuesta comisión de los ilícitos penales de Abuso de Autoridad y Vejámenes.
Ante el tribunal competente también deberá comparecer el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, por el delito de Abuso de Autoridad, por otra parte es enjuiciado Abelardo Mendoza Erazo por suponerlo responsable del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un periodista, en el mismo requerimiento aparece acusado el policía preventivo Yelson Gustavo Salinas Vallejo a éste último se le supone responsable de la comisión del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios.
Los fiscales de Derechos Humanos además en representación de los intereses generales de la sociedad ejercitaron la acción penal por sucesos que, aunque no se contextualizan en lo que se ha llamado “crisis post electoral” se concluye, han vulnerado derechos humanos fundamentales de la población, por ello, también tendrán que hacer lo propio para desvanecer los cargos a ellos imputados las siguientes personas: Los policías militares José Guadalupe Pérez Gómez y Cristhian Johatan Cortes, Lucas Edgardo Alvarado Díaz y Oscar Danilo Gavarrete Ruíz a quienes se les supone responsables de los delitos de Vejámenes y Abuso de Autoridad. En la ciudad de La Paz, se presentó acción penal en contra del policía preventivo Santos Ambrocio Avelar Guevara por los delitos de Vejámenes y Abuso de Autoridad.
En la capital de la República se presentó requerimiento fiscal en contra del policía nacional Marcos Israel Estrada Pastrana, también por Abuso de Autoridad y Vejámenes, entre tanto que por Daños y Abuso de Autoridad fueron acusados penalmente Héctor Jesús Pineda Cortez y Víctor Manuel Cerrato ambos efectivos de la Policía Nacional .
También fueron acusados los elementos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte Juan Andrés Aguilar Álvarez, Fausto Funes Funes y Edgardo José Sevilla Ayestas, quienes enfrentarán un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Vejámenes”.

Una denuncia con más dudas que certezas

julio 12, 2018 Redaccion

En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso.

Por: Jaime Flores P.

Ha dicho tantas mentiras que la denuncia en torno al allanamiento de su vivienda de inmediato genera más dudas que certezas y con ello -aunque sea verídico el hecho- lo que hace es aumentar su desprestigio, el de la ONG que dice representar, a Juan Hernández y a la embajada americana, de quienes en los últimos tiempos ha sido su muñeco ventrílocuo.

Resulta casi imposible allanar una vivienda como en la que vive el “depurador” policial y como decía ese famoso escritor guatemalteco Manuel José Arce, “hay que principiar del principio” y de allí vamos a principiar con un análisis muy simplista por supuesto.

Con las responsabilidades y riesgos a los que se enfrenta un “depurador” policial, su vivienda, mínimo, debe estar en un circuito cerrado, de acceso restringido para extraños, previo un riguroso registro de identificación de cualquier mortal que quiera visitar a tan importante funcionario.

Además, debe ser una vivienda con toda la parafernalia de seguridad que se instala en las viviendas de gente “importante”: cámaras de seguridad y de visión nocturna, sensores de movimiento, alarmas, serpentinas y cerca electrificada, entre otros novedosos instrumentos.

Ese rinconcito privado en donde el depurador piensa, sueña y vive momentos placenteros, con propios y extraños, debe estar bajo la mirada atenta y sigilosa de esos nuevos policías, que superaron las pruebas impuestas del tan cacareado proceso de depuración.

Ante estos hechos, se descarta el supuesto allanamiento, a no ser que este haya sido realizado por los “nuevos” policías, cuya responsabilidad sería directamente de la “nueva” cúpula policial, por lo cual ya debería estar separada de sus funciones y con un proceso judicial en curso, al poner en peligro la vida de tan importante personaje.

El dictador los está dejando fuera, ya no los necesita. La vigilancia, supervisión y depuración policial está a cargo de las unidades internas; preparadas y especializadas de la policía nacional, tal como corresponde, no de comisiones espurias. Una mancha más al tigre no se le nota, con tal de llamar la atención.

El mesianismo y las ansias de poder obnubilan la mente de los individuos y no ha sido la excepción el “depurador”. Se cree grande, poderoso, influyente y nada de eso es cierto, al contrario, un pobre mentecato, servil y arrastrado, que más que rabia produce lástima.

Llega a tal grado su distorsión mental, que él es quien convoca a la prensa, si no lo entrevistan se deprime, posteriormente redacta las mentiras dichas y las envía a los medios y lo sube a las redes sociales, en donde él mismo se da “like”.

Desconoce la lógica de los dictadores, -no ha leído “El señor Presidente”, sería mucho pedir, “Yo el supremo” o el “El Otoño del Patriarca” por ser el más conocido- que estos utilizan a los serviles y arrastrados como al papel higiénico, una vez que los usan lo tiran, pero queda impregnado de mierda y con su peculiar olor. Lo más grave, ya no hay retorno.

Honduras. Poca transparencia e incrementos de impuesto: Receta de municipalidades

Por Radio Progreso
KAOS EN LA RED - Publicado en: 15 julio, 2018

En Honduras las 298 municipalidades están seriamente cuestionadas por la falta de transparencia y los constantes golpes tributarios que recetan a la ciudadanía. Las municipalidades han dejado de ser entidades que velan por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y se han convertido sobre todo, en defensoras de las élites poderosas del país.
Datos de la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON, señalan que a inicios del 2018, el endeudamiento en algunas corporaciones superan los dos mil millones de lempiras. Según la AMHON, la mayor deuda es para las municipalidades de categoría “A”, es decir las principales ciudades del país, seguidas de las de categoría “C y D”, que son las que mayor crisis tienen, porque no son autosuficientes y necesitan de las transferencias para sobrevivir.
A criterio del ex asesor de la Asociación de Municipios de Honduras, Víctor Henry, el endeudamiento de las municipalidades es producto de la crisis económica que vive el país, pero el mismo debería ser guiado de manera planificada, de lo contrario será impagable. Señala que el endeudamiento se traduce en pobreza, y muchas veces como una excusa para enriquecerse a costillas de la ciudadanía.
Víctor Henry explica que para que las municipalidades salgan a flote, todo pasa por tener voluntad política, en otras palabras “tener austeridad y transparentar su administración”. Por ejemplo, las municipalidades que tienen más de 50 millones de ingreso sólo deben gastar el 40% en gastos de funcionamiento, pero la mayoría gasta más de 75% del presupuesto.
En el año 2017 el Tribunal Superior de Cuentas (TSE), señaló que al menos 32 municipalidades fueron notificados con responsabilidad administrativa. Por otra parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), aseguró llevar líneas de investigación de 15 casos donde se ven involucrados alcaldes o corporaciones municipales.
Participación Ciudadana
La participación de la ciudadanía en las decisiones vitales de los municipios está establecida en la ley de participación ciudadana y otras normativas nacionales. Sin embargo todo queda en papel, porque a la larga a la ciudadanía poco o nada se le garantiza su participación.
El ex asesor de la Amhon, Víctor Henry, es del criterio que si una alcaldía quiere impulsar la participación de la ciudadanía, debe delimitarse de la participación política. Es decir, dejar por fuera los compadrazgos políticos y comenzar a tomar en cuenta las diversas organizaciones ciudadanas, como patronatos, juntas de agua, juntas comunitarias, comisionado municipal de transparencia, sociedad civil, entre otras. A medida que esas instancias se involucren existirá mayor gobernabilidad en el territorio, y mejor calidad de vida en la ciudadanía.
En el tema ambiental, la participación ciudadana es prácticamente nula. El Estado tiene un mandato claro para las municipalidades en torno a conservar el medio ambiente y garantizar el bienestar de las poblaciones que están bajo su territorio. Sin embargo, muchas corporaciones municipales dan la espalda a la ciudadanía y se vuelven cómplices de empresas que se dedican a la explotación de los bienes naturales.
El artículo 12 de la Ley de Municipalidades establece que la autonomía municipal se ejerce en la competencia del municipio para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población, no tanto para beneficiar a empresas como está sucediendo en muchos municipios donde se otorgan concesiones a empresas transnacionales, sino que la finalidad principal debería ser el bienestar de la población.
Para el ambientalista del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, Pedro Landa, la misma ley establece que ningún alcalde o alcaldesa puede negar una petición que vaya orientada a la protección y conservación del medio ambiente y los bienes naturales, porque eso forma parte de sus obligaciones como funcionario.
Para el caso en municipios como Tocoa, Colón donde la ciudadanía exige la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera, las autoridades están incumpliendo con sus deberes y afectado la autonomía del municipio.
Víctor Henry dice que el silencio en el caso de Tocoa, Colón es hasta cierto modo de mala fe, porque no es cierto el argumento que dan las autoridades, asegurando que no pueden realizar un cabildo abierto para detener la concesión minera en el sector Guapinol. Explica que la Ley, ya establece los mecanismos alternos a los que se puede recurrir.
Por ejemplo el plebiscito, establecido en el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, el mismo puede ser solicitado por la alcaldía recogiendo el 2% de las firmas del último padrón electoral. Sin embargo, los intereses económicos y la falta de voluntad política de las autoridades municipales impiden que se garantice la participación de la ciudadanía, concluye el experto.
Plan de arbitrios y constantes trancazos
El plan de arbitrios en teoría debería ser una especie de desahogo para las finanzas de las municipalidades. Sin embargo, se han convertido en una piñata y un verdadero golpe a la deficiente economía de la ciudadanía.
Víctor Henry dice que el plan de arbitrios se ha convertido en una camisa de fuerza para la ciudadanía y en su mayoría se aprueban sin consultar previamente. El mayor ejemplo es lo que sucede con el aumento a la tasa vehicular en municipalidades como Tegucigalpa y El Progreso, donde sus autoridades aprobaron incrementos hasta del 370 por ciento sin socializar con la población.
Los trancazos han provocado constantes movilizaciones en Tegucigalpa y El Progreso, donde la ciudadanía demanda la eliminación de cobros abusivos y fuera de la ley.
radioprogresohn.net/municipalidades-no-garantizan-transparencia-y-la-participacion-de-la-ciudadania/

Hace menos de 15 días todo el país miraba horrorizado la imagen de una niña hondureña en la portada de la revista Time, un símbolo que representa la miseria, exclusión y desprecio, expuesta por el régimen migratorio de EE.UU. si, si el mismo país por el que los políticos se les quiebra la espalda al escuchar hasta al portavoz de más baja clase, cuando en cualquier país digno y culto, un extranjero o quien sea, no tiene más valor que cualquiera otro ciudadano.

Reflexión / EL LIBERTADOR

redaccion@ellibertador.hn

Las botellas de sauvignon, Chardonnay y escocés reposan sobre los manteles blancos, los botones bien dispuestos, los pisos níveos relucientes y los espejos rematados en brillo intenso donde se reflejarán las personalidades de la noche, mujeres corren con sus vestidos, después de todo un día en el salón de belleza, deberían estar bellísimas (bueno…); los hombres, con saco recién salido de la “dry”, parece gente importante. ¡4th July llegó por fin, no para todos!

Algo triste pasó… la invitación nunca llegó ¡Porqué!? No importó la columna vertebral gelatinosa, ni cuánto se esforzaron para no enfadar al mandamás de avenida la Paz. Derroche de lágrimas y de tafil, frustración y miedo allá en las casas del Hatillo; la coronela gritó con el ceño fruncido “No será fácil, pero se necesita más progreso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estados Unidos será un socio firme en esta lucha”. Hablaron los mudos y vieron los ciegos.

Y pues, “la party” no se arma bien sin “los Pandoros” y “las Pandoras”, así que no se ensució la Quinta de Viera donde vivirá Palmieri y, lo mejor fue alquilar un salón de hotel, invitar a unos cuantos para llenar el vacío. Como para no decepcionar a los hondureños, ayer, la pobre, pobrecita clase política (los que fueron invitados) hizo gala del puesto que no cumple, pero explota, “representantes del Pueblo”.

¿Cómo se diferencia la diplomacia de la humillación?, ¡Sencillo!, al izquierdista radical López Obrador de México, se le habla con respeto desde el Norte, se le invita a trabajar en conjunto y quien lo dice es la máxima autoridad imperial, de “Presidente a Presidente”; en el Triángulo Norte, se reúne de tres en tres a los presidentes, en combo, lo hace un vicepresidente y todavía les grita: “Con todo el respeto les digo…”. Respetuosamente significa “no valen, cumplan, son órdenes”.

La clase política hondureña no merece un pueblo que ya la superó hace mucho y por mucho, estos politicastros son tratados con irrespeto exagerado, dan tanta lástima que sofoca verlos, no hay relaciones reciprocas ni con la visa, ni siquiera los atiende un embajador, sino una encargada de compras a la que se ven obligados a alabar y delegarle la elección del presidente, ni a su casa son llevados por temor a contaminar los jardines y, ¡mejor!, contrata un albergue internacional. O sea, mantengamos la distancia.

¿Se puede llamar amigo a quien te llama patio trasero?, cuando fue la coronela Fulton, la que leía las actas en el fortín del Tribunal Supremo Electoral, con un insignificante Matamoros Batson; de lo que resultó, según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en 23 personas asesinadas y presos políticos que aún protestan desde los pozos sin la certeza de salir libres.

Nunca entendieron ustedes políticos, ¡a ellos!, a esos patriotas se deben y de ellos jamás aprendieron, ni dignidad ni amor por Honduras. “Con vosotros hablo, enemigos del pueblo y de la libertad”, les dejó dicho Morazán.

En descaro absoluto, anteayer se desgañitaba, Ana García, –sin mea culpa—, resentía del amigo del norte: “Más del 85% de los asilos son denegados”…Apenas horas más tarde, corría como Cenicienta a la fiesta de gala, usando el mismo vestido –guardando las distancias— que la coronela Fulton; a esa misma hora del brindis, en el desierto texano y en bases de la Marina, los niños, cientos de niños, lloraban abandonados, sin padres y sin gobierno, en los albergues de tiendas plásticas. La luz amarilla de las enormes lámparas dejó ver el ascenso de las copas, se celebraba la independencia de un país que esclaviza a los nuestros.

Comprendemos que a nuestra clase política-empresarial se le dificulta la palabra honor, es difícil serlo cuando cada noticia se piensa “¿Seré yo?”, la corrupción ha invadido los huesos ¿y saben?, los hondureños escuchamos su miedo. Estamos listos para la nueva clase política, para una República y para una Patria, donde si habrá diplomacia de igual trato, relaciones con todos los países, pero de frente. ¡Quítense del camino! este pueblo no los identifica como una de sus partes.

El respeto, independientemente del país, no se transa en la recepción de un hotel, ni se gana de rodillas, la humillación se conquista por bajezas y el respeto se conquista por carácter férreo. Usted señor político de oposición u oficialista no debe servicio al extranjero, se debe a su pueblo, aunque no lo entienda, es de quien toma dinero y de eso usted vive y vive; aunque por su torpe conducta el pueblo ya días sufre. El “Tornillo” no está en Texas, el tornillo son ustedes.

Trump, Torres, Zetas y la profundidad de esta letrina inmunda

julio 27, 2018 Redaccion

Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
para Ana Beatriz, Kate y Sam, del abuelo
No es cosa de soberanía. Quienes apoyamos al Juez español B. Garzón en su persecución extraterritorial de A. Pinochet en Londres, por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando, entendemos que ese apoyo supone a una superación del viejo principio de la jurisdicción exclusiva, el cual evoluciona -mediante antecedentes, cortes internacionales y tratados- hacia una nueva teoría de la ley, la jurisdicción universal y la justicia internacional. Y no podemos hoy sino apoyar a la Congresista de California Norma Torres en su moción –que desde ayer ya ley— para obligar al gobierno del Sr. Trump a informar al Congreso -y de ese modo, inevitablemente divulgar- los casos de corrupción investigados por EUA en el Triángulo Norte. Desde mi corral, silbo y aplaudo esa moción. ¡Ole! Y pregunto, ¿por qué no también México y Colombia? Acaso somos ¿menos estratégicos?
La publicación de las investigaciones estadounidenses no supondrá ni siquiera un procesamiento judicial en los países de origen de cualquier mentado, no digamos una condena o una deducción de responsabilidades. Aún apoyamos todos -y los estadounidenses también- el antiguo principio jurídico de que las personas son inocentes hasta que se le demuestre la culpa. (Aunque esa garantía también está en precario con las facultades que nuevas leyes han dado a los organismos para intervenir los bienes de personas mencionadas.) Pero la información divulgada facilitará nuestro conocimiento público de esas imputaciones, casi siempre aquí encubiertas o blanqueadas por la red de los corruptos y su complicidad con los medios de comunicación tarifados con la pauta. Y por lo mismo presumiblemente, podría servir -esa información divulgada- para adecentar la política vernácula, para empujar un poco a la lerda de la justicia. Y al integrarse en los registros migratorios de los EUA, esa información obstaculizará que esos imputados tomen refugio en aquel país sin haber respondido de sus actos, como ha declarado repetidamente Trump que no permitirá. Así será. Sin duda. En el primer año de la Cero Tolerancia de Trump las detenciones para deportar inmigrantes sin antecedente penal aumentaron 250%.
Por lo demás, este nuevo procedimiento generará una serie de inevitables paradojas. Primero porque los imputados van a resultar ser algunos de los políticos favoritos de EUA entre nosotros (antes solo desvisaban a terroristas acusados de corear consignas antiimperialistas y armar bochinches anti belicistas) cuya impunidad precisamente derivaba de ese favor percibido. ¿Qué pasará entonces ahora con O. Álvarez, que fue uno de los funcionarios que canalizó fondos de IHSS desviados en forma corrupta a la campaña de Juan Hernández y que renunció al curul contra la ley para ir a ganar dólares al otro lado? ¿O con JOH?
¿Nos van a repatriar al Embajador Rosa Bautista que tantos favores les ha hecho, pero que aquí ahora está imputado con los Pandoros? Y -más importante- el uso de esas publicaciones para impedirles allá la entrada a los próximamente mencionados, obligaría en estricta reciprocidad, a impedirles aquí la entrada a personas como los terroristas largamente protegidos de la CIA y a varios congresistas que han venido aquí a apoyar a golpistas como Micheletti y que allá han sido incluso inculpados de actos de abuso y corrupción y de repente, obligaría a negarle la cortesía protocolaria -en cuanto está bajo investigación cada vez más intensa por colusión con un gobierno extranjero- al propio Trump.

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No se le investiga aún a ese Presidente por las imputadas relaciones con los financistas de la Mafia rusa, que se rumora que salvaron sus negocios. Pero la investigación que avanza cada día contra sus más cercanos e íntimos colaboradores lo involucran y pudieran –eventualmente- conducir a un reclamo por aportaciones extranjeras prohibidas para publicidad electoral negativa, y hasta por el lavado de dinero ilícito en la campaña. Claro Trump dice que es una cacería de brujas y una farsa. Como sus voceros y defensores. Pero igual dijo que no sabía que hubiese pagado por el silencio de varias prostitutas con las que tuvo relaciones adulteras, y ahora el abogado dice que sí supo y pagó, y eso está consignado en grabaciones en poder de la fiscalía. Y, por otra parte, lo mismo podrían alegar, que es una farsa y cacería de brujas, los centroamericanos que fueran nombrados en las negras listas gringas mientras no se les condenara.
Hoy, en vez de negarlo Trump declara que, a diferencia de sus antecesores, él esta tomando las medidas para prevenir que Rusia interfiera en las elecciones americanas, como antes. No dice que en la suya. Y como teme que estén fraguando intervenir a favor de los demócratas, porque ya no lo aguantan a él. Who does? Los pencos y radicales aplauden sus payasadas. Pero para un estadounidense proveniente de la digna tradición republicana, debe ser difícil conservar la compostura con semejante bestia brincando en el bajo ruedo, golpeándose el pecho y amagando con destrucción total a todo el mundo. Porque esa gente tiene agudo sentido del pudor y lo que hace Trump es ponerlos en ridículo.
Los chinos dicen que en un par de años D.T. va a ser un pato cojo es decir un derrotado, al que nadie hace caso. Y que ellos han durado milenios, así que no van a desperdiciar el valor de sus tres trillones de dólares de reservas estadounidenses para combatirlo, si no, por mientras, le van a cobrar ojo por ojo y le van a dar cuerda para que se enrede y de repente se ahorque solito. Los iraníes dicen que no están impresionados, que han visto imperios ir y venir, incluyendo los suyos y no tienen miedo. Los europeos ya le levantaron del suelo el guante del desafío y han convenido trabajar con él hacia la eliminación de todas las tarifas. Veremos como nivelan sectores masivamente subsidiados a ambos lados.
Los centroamericanos debemos hacer lo mismo. Aceptarle a EUA el reto. Que denuncie el Canciller Pompeo a todos y cada uno, no solo a los otros hijos de perra, por sus latrocinios y corruptelas. Aprovechemos el cambio revolucionario que eso supondrá en nuestras clases políticas. Y a cambio les enviamos los expedientes de los empresarios venales y de terroristas que ha financiado la CIA en nuestros países. Denunciamos el compromiso que hicimos de no procesar a los empleados estadounidenses que cometan en nuestros países crímenes ante la Corte Mundial, y les negamos la entrada a los cómplices de las políticas oficiales de atropello a los derechos. Exigiendo las responsabilidades a los funcionarios que, con uniforme, separan familias en la frontera, secuestran y torturan “guirros” (niños) y violan mujeres. ¡Como si fueran los Zetas!

Se cumple 30 años de la extradición de Ramón Matta a EEUU

Por defensores -

5 abril, 2018

Por: Sandra Rodríguez

Tegucigalpa.- Hoy se cumple 30 años de la captura de Ramón Matta Ballesteros, señalado por el gobierno de Estados Unidos de haber participado en la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, Enrique Camarena Salazar, y fue extraditado a ese país, condenado por diferentes cargos y continúa en prisión. Aun cuando ni existía convenios de esta naturaleza entre Honduras y Estados Unidos.
Estos hechos provocaron masivas movilizaciones entre el 05 y 07 de abril de 1988 -mayormente jóvenes estudiantes-que exigían el respeto a la soberanía Patria, y continuó con la quema de la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa el 07 de abril; El golpe más fuerte, según sus compañeros de lucha, fue la desaparición forzada del líder estudiantil Roger Gonzales el 19 de abril de 1988.
La extradición del hondureño fue catalogado como un irrespeto a la soberanía nacional, incluso artistas como Lucy Ondina, devolvió un premio al Arte acreditado por el gobierno de José Simón Azcona, como repudio a la Ilegalidad.
El entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Oswaldo Ramos Soto, afirmó que la actuación contra Matta constituyó “una ostensible violación a la Constitución de la República y al amplio espíritu de la misma”.

Las madres del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), días después se refirieron a la manifestación que concluyó el 07 de abril como “justa ira cívica” y “acto de patriotismo”. (Publicación en diario La Tribuna, abril 25).
Esas acciones se produjeron por el atropello a la Constitución consumado por el gobierno al extraditar a un ciudadano hondureño (el supuesto narcotraficante Ramón Matta) con el propósito de complacer a una potencia extranjera (Estados Unidos).
Días después de estos acontecimientos, el 09 de abril de 1988, retornó al país Gustavo Álvarez Martínez, señalado por el COFADEH, como “la sombría torva de Álvarez, el hombre que nos ha cubierto de dolor y llanto, el causante de que nuestros hogares estén vacíos del calor de nuestros seres queridos”.

Imágenes: Diario La Tribuna, Hemeroteca UNAH – Colección Hondureña

Trump: "Los inmigrantes ilegales usan a los niños para sus fines siniestros"

Publicado: 29 jul 2018 16:32 GMT | Última actualización: 29 jul 2018 17:07 GMT - RT

El presidente estadounidense ha llamado al Congreso a tomar medidas para arreglar las leyes migratorias del país, que considera como "las más estúpidas" del mundo.

Trump: "Los inmigrantes ilegales usan a los niños para sus fines siniestros"

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

Carlos Barria / Reuters

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advierte que los inmigrantes ilegales "usan a los niños para sus fines siniestros".
"Por favor, entiendan que hay consecuencias cuando las personas cruzan nuestra frontera ilegalmente, sin importar si tienen hijos o no, y muchas solo usan a los niños para sus fines siniestros", escribió este domingo el jefe de la Casa Blanca en su cuenta personal de Twitter.
Al mismo tiempo, Trump añadió que el Congreso "debe actúar para arreglar las más estúpidas y las peores leyes inmigratorias de todo el mundo".
Este mismo día el mandatario norteamericano ha publicado un 'tuit' en el que amenazó con "cerrar el Gobierno" si los demócratas no votan a favor de sus leyes migratorias, que incluyen la construcción del muro en la frontera con México.
El pasado mes de junio, Trump defendió su política de 'tolerancia cero' en la frontera con México afirmando que "los peores criminales de la Tierra utilizan a los niños" para ingresar a EE.UU. desde el sur.

En abril de este año el procurador general de EE.UU., Jeff Session, activó la política migratoria de 'tolerancia cero' que establece la separación de niños de sus padres o tutores legales mientras son procesados por entrar ilegalmente a EE.UU. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos entre los pasados días 19 de abril y el 31 de mayo.
El 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias de migrantes en la frontera tras las fuertes críticas que suscitó y la amplia polémica a nivel internacional. Sin embargo, el mandatario declaró que la política de 'tolerancia cero' continuaría.

La administración Trump quiso "lavarse las manos" respecto a los padres deportados sin niños

Publicado: 4 ago 2018 01:58 GMT - RT

Las autoridades pretendían que las ONG se ocuparan de la búsqueda de estos indocumentados expulsados.

La administración Trump quiso "lavarse las manos" respecto a los padres deportados sin niños

Imagen ilustrativa

Jose Luis Gonzalez / Reuters

El juez federal Dana Sabraw ha rechazado este viernes rotundamente la propuesta de la administración Trump de obligar a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a rastrear al menos a 463 padres inmigrantes indocumentados, deportados de EE.UU. sin haberse reunido con sus hijos, informa ABC News.
Tras celebrar esta tarde la audiencia vía telefónica con ambas partes, el juez declaró que el Gobierno de EE.UU. es "100% responsable de la separación de las familias migrantes y del fracaso en reunirlas". "Por cada padre que no está localizado, habrá un niño permanentemente huérfano, y ese es 100% el resultado de [las actividades] de la Administración", aseveró Sabraw.

Este jueves, los abogados de la administración Trump presentaron una solicitud en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California, con el objetivo de que la ACLU y otras ONG se ocupasen de localizar a los padres inmigrantes deportados por el Gobierno sin sus hijos.

"Limpiar el desastre del Gobierno"

"Básicamente se lavaron las manos con respecto a los padres que ya fueron deportados", declaró la abogada Jennifer Podkul, en referencia a la propuesta de la administración Trump. La letrada trabaja para la empresa Kids In Need of Defense (KIND), que está ayudando en los temas de reunificación de las familias de indocumentados separados por la política de 'tolerancia cero' de Trump.
"Es absurdo exigir que una entidad privada que depende de las donaciones sea responsable de limpiar el desastre del Gobierno", insistió la letrada, citada por The Independent.

Por su parte, la ACLU denunció este jueves que fue la administración Trump la que creó la crisis de separación familiar de inmigrantes, por lo que ella debe arreglarla.
Mientras tanto, KIND ha lanzado su propia iniciativa de ayuda en las reunificaciones, utilizando sus contactos con grupos locales de la sociedad, gobiernos y organizaciones intergubernamentales para ayudar a rastrear a los padres deportados sin sus hijos. El grupo proporcionará a estos representación legal gratuita y servicios psicológicos.

EE.UU.: Reportan aumento de deportaciones de migrantes víctimas de delitos que pidieron la visa 'U'

Publicado: 20 jul 2018 09:49 GMT - RT

Los migrantes están siendo deportados a pesar de estar en un programa especial del Gobierno de EE.UU., denuncian activistas y abogados de indocumentados.

EE.UU.: Reportan aumento de deportaciones de migrantes víctimas de delitos que pidieron la visa 'U'

Imagen ilustrativa

Jorge Duenes / Reuters

El porcentaje del número de indocumentados deportados de EE.UU a pesar de haber recurrido a un programa especial para recibir un visado como víctimas de delitos está creciendo en el marco de la política de 'tolerancia cero' de la Administración Trump, informa la agencia AP con referencia a abogados, activistas y migrantes.
Se trata del llamado visado especial 'U', que puede ser solicitado por indocumentados a cambio de testificar en contra de los delincuentes a manos de los cuales sufrieron ellos u otras personas.

El aumento de los casos de detención y deportación de solicitantes de este tipo de visa "está socavando el espíritu de la protección ofrecida" por el programa, señala Cecilia Friedman Levin, consejera de ASIST, una organización que apoya a activistas y letrados que defienden a los indocumentados víctimas de delitos violentos.
AP habló con varios inmigrantes deportados recientemente a pesar de tener en trámite la solicitud del visado 'U'. Uno de ellos es Bernardo Reyes Rodríguez, quien llegó de forma ilegal a EE.UU. tras recibir amenazas de muerte por parte de narcotraficantes.

El inmigrante deportado, Bernardo Reyes Rodríguez, en La Marquesa, México, el 30 de junio de 2018 / Anthony Vazquez / AP

Reyes Rodríguez entró en el programa y empezó a residir en el estado de Ohio, hasta que un día cometió una infracción de tránsito menor que sirvió de razón para su deportación a México, donde se encuentra ahora en situación de inseguridad y separado de su mujer embarazada. Cabe mencionar que su solicitud de visado sigue en trámite, como en la mayoría de los casos, pero el proceso puede tardar años.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) niega el hecho de que los indocumentados solicitantes de visa 'U' sean deportados del país antes de que se completen los trámites de legalización de su estatus, aunque no hay cifras oficiales al respecto, indica AP. Además, la agencia informa que el ICE ha dejado sin respuesta las preguntas de por qué una infracción menor puede acabar con una deportación.

Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)

Padres e hijos inician huelga en centro de detención de inmigrantes de Texas

03 Ago. 2018

H4 karnes detention center hunger strike

En el condado de Karnes, en el estado de Texas, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes afirman que más de 500 padres e hijos, que fueron separados en la frontera entre México y Estados Unidos y luego reunidos en un centro de detención de inmigrantes con fines de lucro, dieron inicio a una huelga y se niegan a cumplir órdenes de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y de los guardias de la corporación Grupo GEO. Según informes, los padres están rechazando las comidas y sostienen que se les ha negado su derecho a solicitar asilo, que no han sido notificados sobre su estado migratorio y que los funcionarios del Servicio de Inmigración los engañaron para que aceptaran la deportación a cambio de reunirse nuevamente con sus hijos. Por su parte, los menores se negaron a asistir a clases el jueves. En el siguiente audio, obtenido por RAÍCES, un grupo de apoyo legal de los derechos de los inmigrantes, puede escucharse a uno de los padres inmigrantes.

El padre expresó: “Lo que me preocupa es que estamos privados de nuestra libertad como seres humanos. Nos sentimos mal por nuestros hijos. Ellos lloran. Este lugar es muy malo. Incluso hubo un caso del hijo de un compañero que quiso ahorcarse. He hablado con los compañeros y tenemos un plan: no vamos a comer. Y todos estuvieron de acuerdo”.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración han negado que se esté llevando a cabo una huelga de hambre en el centro de detención de Karnes. El jueves, esa agencia gubernamental emitió un comunicado que sostiene que menos de 50 personas habían participado en una breve sentada y luego se habían dispersado. Mientras tanto, el medio digital ProPublica informa que un trabajador de cuidado juvenil de la agencia Southwest Key en Arizona ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos ocho niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin ningún acompañante. El trabajador es portador del VIH, lo que genera temores de que les haya transmitido el virus a los niños de los que abusó.

lunes, 6 de agosto de 2018

Informe de la CIDH destaca la falta de institucionalidad del Estado de Honduras y la concentración de poder

La CIDH deja 25 recomendaciones a un Estado que no goza de la credibilidad del pueblo

LOS MOMENTOS EXTREMOS

Ocho meses y aun no hay respuesta de que pasó con Manuel de Jesús Bautista Salvador

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Periodista César Silva: Da coraje que el MP se aproveche de visita de la CIDH

Una denuncia con más dudas que certezas

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HONDURAS: ¡”HAPPY FOURTH OF JULY” A TODOS! ¿O NO POLÍTICOS?

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