Complacencia del MP en caso de Berta Cáceres podría dejar impune a los culpables
Wednesday, 08 August 2018 00:06 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
El incumplimiento del Ministerio Público de presentar las pruebas
de las investigaciones realizadas en el crimen de Berta Cáceres,
defensora de los derechos humanos del pueblo Lenca, podría causar que
los imputados queden libres y además que a los autores intelectuales ni
se les mencione, indicaron este 07 de julio de 2018, el Consejo
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), los
familiares y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia,(MADJ).
En conferencia de prensa ante los medios de comunicación y la
población hondureña, sentaron su posición en torno al juicio que se
ventilará en los próximos días en los tribunales de justicia contra los
supuestos autores materiales del crimen, pero señalaron que quien está
movimiento las teclas es la empresa hidroeléctrica Desarrollos
Energéticos, S.A, DESA.
El crimen contra la Coordinadora del COPINH se ejecutó el 02 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Desde el principios se pretendió presentarlo como un asesinato pasional o de disputas internas dentro de la organización, para que quedara aislada la investigación hacia DESA. Nueve de los supuestos gatilleros están tras las rejas, no así los responsables intelectuales ha señalado la familia Cáceres .
Los imputados representan el eslabón del crimen
“En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición
de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia
recolectada desde hace dos años en allanamientos y diligencias
judiciales e investigativas, realizaas por el Ministerio Público y la
Agencia Técnica de Investigación (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la
fiscalía del caso ha negado información o lo ha hecho de forma parcial,
segmentada o de manera irregular”, indicaron en un comunicado.
Señalan en el informe que han presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como las reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de cinco días”.
Destacaron que “desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general, la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), las misivas de organismos de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo”.
Los abogados, el COPINH y la familia de Berta Cáceres, denunciaron que la actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de la ambientalista y a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.
“El juicio al que nos presentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres, sicarios y mediadores, quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH, sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales”, afirmaron.
Según los denunciantes la ausencia de persecución de quienes desde cargos directivos mandaron a asesinar a Berta Cáceres, “es responsabilidad del Fiscal General Oscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen”.
En este juicio nos enfrentamos a la defensa de DESA y a un crimen de Estado
Berta Zúniga Cáceres , hija de la asesinada defensora de la tierra y
del ambiente, dijo que “debe saberse que David Castillo Mejía, gerente
general de DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres, fue capturado
no por voluntad o investigación del Ministerio Público, sino por una
denuncia hecha por nuestro equipo, la cual fue presentada únicamente
para él, sino por una serie de personas de la empresa DESA y no hay
ninguna respuesta”.
Otro aspecto que apuntaron es que en este juicio se emula la realidad
de los territorios indígenas y campesinos de Honduras, en los que las
comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. “En este juicio no
nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez sino a la defensa de la
empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a
unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las
violaciones de los derechos de las comunidades”.
Para los denunciantes existe beneplácito del Estado, que busca acabar con la oposición a cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. “Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH”, concluyeron.
El crimen contra la Coordinadora del COPINH se ejecutó el 02 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Desde el principios se pretendió presentarlo como un asesinato pasional o de disputas internas dentro de la organización, para que quedara aislada la investigación hacia DESA. Nueve de los supuestos gatilleros están tras las rejas, no así los responsables intelectuales ha señalado la familia Cáceres .
Los imputados representan el eslabón del crimen
Señalan en el informe que han presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como las reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de cinco días”.
Destacaron que “desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general, la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), las misivas de organismos de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo”.
Los abogados, el COPINH y la familia de Berta Cáceres, denunciaron que la actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de la ambientalista y a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.
“El juicio al que nos presentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres, sicarios y mediadores, quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH, sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales”, afirmaron.
Según los denunciantes la ausencia de persecución de quienes desde cargos directivos mandaron a asesinar a Berta Cáceres, “es responsabilidad del Fiscal General Oscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen”.
En este juicio nos enfrentamos a la defensa de DESA y a un crimen de Estado
Para los denunciantes existe beneplácito del Estado, que busca acabar con la oposición a cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. “Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH”, concluyeron.
Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 8 agosto, 2018
A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se
multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e
investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes
sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.
Por Giorgio Trucchi | ALAI
Del 10 al 28 de septiembre se llevará a
cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas
de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la
dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares
y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Durante años, el Copinh [1]
-organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco
para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de
construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue
socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves
impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el
pueblo Lenca.
El largo conflicto generó
enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue
repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales
fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue
criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un
saldo de varios activistas heridos y asesinados.
Fue en este contexto de defensa del
territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta
Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por
un comando armado.
Faltan los autores intelectuales
Tanto el Copinh como los familiares de
la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido
investigar a los autores intelectuales del crimen.
Durante una entrevista con Radio Mundo
Real [2], Bertha Zúñiga, actual coordinadora del Copinh e hija de Berta
Cáceres, habló de la importancia del juicio. “No es el juicio que
nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más
bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad
internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo
histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia.
Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ’justicia para
Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país.
Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en
Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la
impunidad”, manifestó durante la entrevista.
Lamentablemente, no parecen ser estos
los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos
meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto
la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente.
Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a
un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de
la lideresa indígena.
Como distorsionar la realidad
Amsterdam & Partners LLP, bufete de
abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al
reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un
informe donde se desacredita el trabajo investigativo [3] -sobre el
asesinato de Cáceres- realizado por el GAIPE [4]. El objetivo sería
sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal
asesinato.
La investigación del Grupo de expertos
internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos
ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban
involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del
asesinato.
Pese las fuertes acusaciones y a la
decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia,
de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo
definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente.
Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.
“DESA mantiene la ilegal concesión de
50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se
cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para
reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la
expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa
criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras
y compañeros asesinados“, explicó el Copinh en un comunicado [5].
La decisión de no cerrar el proyecto
hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para
deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más
amplia, “que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que
tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias
líneas de investigación”.
Tampoco ha parado “el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco”, así como “el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas” para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el Copinh en la nota.
La organización indígena lenca alertó
también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio
Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes
legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del
MP se negaron a entregar dicha información. “La falta de acceso a la
información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los
culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para
manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte
enfrenten a la justicia”, denunció el Copinh la semana pasada.
La información que el MP sigue ocultando
es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se
evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También oculta la información de los allanamientos realizados a las
personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles
vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
El mismo año en que asesinaron a Berta
Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global
Witness [6] como el país más peligroso del mundo para las personas
defensoras de la tierra y los bienes comunes.
Negocios que matan
Negocios que matan
Dos años después, el nuevo informe de la
organización británica “¿A qué precio?”[7] señala que en 2017 fueron
207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes.
Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras
escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de
casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar
asesinatos.
La agroindustria resulta ser el sector
de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la
industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los
asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas
asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un
aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.
América Latina es la región más
peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región.
Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13)
encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que
registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación
con el 2016.
Asimismo, cientos de personas en el
mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas,
criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar
abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de
vida y su ambiente.
En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. “Cinco
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas
en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en
general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha
empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de
muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La
corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la
evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los
fiscales”, se lee en el informe.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y
la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización
de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos
entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que
ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos,
incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques
contra personas defensoras de derechos humanos [8] en ese país en 2016 y
2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores [9],
advirtió Global Witness.
Negocios irresponsables
Negocios irresponsables
Para la organización británica, los
gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad,
éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un
factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año
pasado. “Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar
monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se
acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades
cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en
satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios
que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo
esto sea posible”, increpó.
Gobiernos cómplices
La colusión o la inacción de los
gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos
contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de
derechos humanos. “Los gobiernos suelen ser cómplices de los
ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es
la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del
gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la
industria”, señala el informe.
Global Witness pudo vincular a las
fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas
no estatales con al menos 90 casos más. “A medida que la cantidad de
asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones
intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la
situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en
políticas convincentes y cambios concretos”.
Ante esta situación, Global Witness
pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la
violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de
consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.
También exigió apoyo y protección para
defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación,
captura y castigo para los responsables de los ataques. “Instamos a
las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses
de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que
reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza
de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero,
legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran
diferencia”, concluye el informe “¿A qué precio?”.
Notas
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[2] https://rmr.fm/noticias/mil-vo
[3] https://www.alainet.org/es/art
[4] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
[5] https://copinh.org/2018/07/la-
[6] https://www.globalwitness.org/
[2] https://rmr.fm/noticias/mil-vo
[3] https://www.alainet.org/es/art
[4] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
[5] https://copinh.org/2018/07/la-
[6] https://www.globalwitness.org/
Fuente: ALAI
102 personas han muerto en 31 masacres en Honduras
En el mes de febrero se reportaron siete masacres y en julio ocho, en ambos meses la cantidad de asesinados por este tipo sucesos fue de 26.
De acuerdo a los datos estadísticos que maneja el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el departamento de Cortés es donde más se han reportado estos hechos con 9, seguido de Francisco Morazán con 6.
De los 102 muertos que han dejado las 31 masacres, 17 son mujeres y al menos cinco menores han perdido la vida en estos hechos.
Cabe señalar que los hechores han utilizado armas de grueso calibre para cometer estos crímenes y además las autoridades no han podido dar con ellos, es decir los casos están en la impunidad.
Muchos hondureños reconocen que a través de las masacres se está sembrando el terror en la sociedad.
Asimismo son del criterio que estos hechos son de mucha preocupación, debido a que las autoridades de velar por la seguridad de los hondureños no dan respuestas a este derecho que tiene la sociedad.
Con estos hechos lo que queda claro es que la estrategia de prevención que utiliza el Estado como disuasiva no está funcionando, pero son del criterio que estos ataques violentos son una reacción de los grupos criminales, antes las acciones que realizan los operadores de seguridad y de justicia.
En el 2017, en este mismo lapso se reportaron 36 masacres con un saldo de 123 asesinados; es decir que ha habido cinco menos este año y 21 muertes menos.
Pero en ambos años febrero es de los meses donde más masacres se cometieron, el año anterior ocho y este siete.
“Aquí se Recuerda y Reconoce HN” ha sido muy visitada
La campaña consiste en la exhibición sonora que permite “visitar” los triunfos en el ámbito de los derechos humanos de defensores de Centroamérica, a través de cinco cabinas.
La campaña es una iniciativa de organizaciones nacionales de derechos humanos que forman parte del Programa NEXOS, con el apoyo de la agencia de cooperación Hivos para la Embajada de Holanda en Centroamérica y la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
Estudiantes de diferentes centros educativos de la Capital, así como personas particulares han llegado hasta el Centro de Arte y Cultura de la UNAH para conocer esta exposición interactiva.
Al acceder a cada cabina, se activa un sensor que reproduce audios emblemáticos de eventos que tuvieron y tienen un resultado positivo en la defensa de los derechos humanos en la región.
Diana García, una de las dos personas encargadas de atender al público y explicarles un poco sobre en qué consiste la campaña “Aquí se Recuerda y Reconoce HN”, señaló que ha llegado mucha gente a observarla y que a partir de este miércoles comenzaran a llegar excursiones de estudiantes de varios centros educativos.
“Han llegado grupos de estudiantes así como personas sola a observarla. Creemos que ha habido buena concurrencia. Las autoridades de aquí nos han informado que a partir de hoy vendrán grupos de estudiantes de varios centros educativos de Tegucigalpa”, apuntó Diana.
La campaña “Aquí se Recuerda y Reconoce HN” es acompañado en Honduras por el Centro de Promoción e Investigación de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI PARTICIPA), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (SOMOS CDC), Fundación ACRA y el Grupo Teatral Bambú.
En “Aquí se Recuerda y Reconoce HN” se le hace un tributo a las mujeres, a la comunidad LGTBI y la verdad sobre masacres de etnias indígenas en Guatemala; de El Salvador se reconoce la gesta feminista de Prudencia Ayala, y Monseñor Romero denuncia los asesinatos de sacerdotes, siendo él asesinado también; de Honduras se reconoce el legado de dos mujeres, Berta Isabel Cáceres Flores y Gladys Lanza, ambas murieron. Berta asesinada, Gladys murió después de ser condenada a prisión; de Nicaragua los visitantes podrán escuchar los discursos contundentes de Pedro Joaquín Chamorro, férreo opositor de la dictadura somocista; y de Costa Rica podrán escuchar a un presidente que abolió el ejército desde 1948; y décadas después el panorama que va cambiando para bien de las luchas de la comunidad LGTBI.
La Abogacía Española pide protección para familia y abogados de Berta Cáceres
Victoria Ortega ha remitido una carta a Rolando Edgardo Argueta Pérez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa (Honduras), expresando la necesidad de adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los abogados y familiares de Berta Cáceres, beneficiarios de las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, estas medidas de protección se ampliaron al abogado y representante legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Víctor Fernández, y de las hijas e hijo de Berta Cáceres.
Esta petición de protección se debe a que el equipo legal y los familiares de Berta Cáceres están siendo víctimas de ataques sistemáticos por su actividad en el litigio de la causa judicial y de otros casos de alto impacto en la sociedad hondureña. Además, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo considera que para ejercer el Derecho de Defensa, los abogados y abogadas del procedimiento judicial deben acceder a todas las diligencias de investigación integradas en el expediente del caso Berta Cáceres, acceso que hasta la fecha se les ha denegado.
Por ello, la presidenta de la Abogacía Española exige que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan seguir con sus actuaciones sin temor a represalias ni a ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos y que, al mismo tiempo, se apliquen las medidas cautelares otorgadas al equipo jurídico de Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato de Berta Cáceres.
OBSERVATORIO INTERNACIONAL PARA LA ABOGACÍA EN RIESGO
El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) ha sido creado por iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), Barreau de Paris (Francia), EL Consejo General de la Abogacía Española y el Consiglio Nazionale Forense (Italia). El Observatorio hace seguimiento de los casos y situaciones que limitan o impiden el libre ejercicio de la abogacía en cualquier parte del mundo y su objetivo es prestar un apoyo efectivo a la abogacía amenazada o perseguida por razones asociadas al ejercicio de la profesión. De manera adicional, forman parte en calidad de miembros activos Colegios de Abogados de Francia, España, Italia, Suiza y Turquía.
¿PARA QUIÉNES SON LAS RECOMENDACIONES?
Con sinceridad, nosotros en esta columna editorial declaramos respeto por el papel histórico que ha jugado la CIDH desde su constitución hasta nuestros días; sin su trabajo, sin dudas, los estados americanos no habrían sido frenados con denuncias, juicios y sentencias en la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica.
Pero estamos conscientes que en el momento actual que vive Honduras, esa vieja narrativa de sutilezas diplomáticas y mensajes entrelineados que caracterizan los textos entre Estados, no funcionan más aquí. La población quiere de la Comisión no sólo textos claros y directos. Reclama acciones.
No puede venir aquí una delegación con el mismo espíritu que fue a Nicaragua, a dos realidades distintas.
A Honduras no se le puede colocar dentro de una situación de “debilidad institucional”, porque lo que tenemos en realidad es un gobierno ilegal y una Constitución rota. No se le puede definir la convivencia dentro de “un clima político polarizado”, porque lo que existe es una guerra de fusina, de la policía militar y de grupos paramilitares contra la población en resistencia a la dictadura.
Es inconsecuente, por tanto, hacerle recomendaciones democráticas a una dictadura sometida a la embajada de Estados Unidos. Y no es justo recomendarle “diálogo nacional” a una sociedad harta de los delincuentes con poder. No es éticamente admisible pedirle a las víctimas del golpismo, que incluye el fraude electoral, que se sienten a pactar con la mafia narco-corrupta que atenaza el Estado.
Una “salida democrática, incluyente y participativa” a esta situación — como le gustó decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –, significaría adelantar elecciones generales este año para reestablecer los poderes a la Constitución y rehacer el Contrato Social destruido por los delincuentes de la Red, el cartel, la Caja Chica de la Dama y los Pandoros. Pero el texto no llega a ese atrevimiento ortográfico.
En esta tarea nosotros debemos empeñar las mejores energías de la comunidad nacional e internacional, y mientras tanto que el país siga intervenido directamente por la MACCIH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, para que al menos entretengan a todos esos demonios sueltos a quienes no es posible hacerles recomendaciones de derecho.
Una vez recuperado el Estado de Derecho podemos seguir hablando como en tiempos normales, entonces sí, así con diplomacia de gobernabilidad y soñando la separación de poderes. Mientras tanto, es un irrespeto a la inteligencia colectiva de un pueblo resistente insistir en esos excesivos esmeros por las formas lingüísticas entre Estados. Esta cosa es una dictadura de ladrones, además de impostores que deben ser expulsados.
Mientras llega este mensaje a Washington, nosotros vamos a seguir aquí en el país soportando cada día una situación inhumana y degradante. Los narco-lavadores violentando el país, los corruptos empobreciendo la población, los impunes chabacaneando la justicia, los policías y militares apaleando a la gente, los medios comunicando un país inexistente, y los cristianos bendiciendo todos los crímenes y estupideces de quienes pagan sus limosnas.
No queremos que eso continúe. Tiene que parar.
Por eso en el fondo confiamos que estos cinco días durante los cuales decenas de personas hicieron un esfuerzo importante para ser escuchadas por la Comisión, produzcan frutos de justicia y paz.
Las madres y familiares en general de las personas prisioneras políticas después del fraude electoral merecían un reconocimiento expreso en las palabras finales de la CIDH. Pero no fue así. En Nicaragua sí.
También los medios de comunicación comerciales y alternativos tenían derecho a una mención expresa de los hechos sufridos durante la visita de los y las comisionadas. En Nicaragua sí.
El diario El Heraldo, con razón, al final de su crónica de este sábado sobre el informe preliminar de la Comisión reclama que el texto no consigna la salvaje agresión policial contra reporteras ciudadanas y periodistas que cubrían el ataque a los estudiantes del MEU, que mantienen tomada la Universidad Nacional.
El reportero gráfico Emilio Flores de El Heraldo, el periodista César Silva de uneTV y la comunicadora Gissel Grandez no fueron plasmados al menos por cortesía en el texto preliminar divulgado a la prensa.
De pronto la prensa hondureña no acabó entendiendo que esto es Honduras y no Nicaragua…
También el movimiento anti minero en Tocoa, Colón, y el campamento de Pajuiles, Atlántida, tan presentes en nuestra memoria colectiva nacional por su martirio en defensa de los ríos, tampoco tuvo espacio en el documento oficial de ayer.
Pero así, entre omisiones y contra-recomendaciones, llegamos por hoy al cierre de esta columna contra el olvido…
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 4 de agosto de 2018
Los hechos son como son
Por Moisés Ulloa
Lamentablemente
en nuestra política, el parecer es más importante que el ser. Hemos
logrado el arte maléfico de desfigurar la verdad.
Podemos
encontrar en los casi diez años de poder (entre el congreso y el
ejecutivo) del ahora presidente de facto Juan Hernández, una obra de
falacias y una capacidad formidable para vender su estrategia de
comunicación a través de medios secuestrados y de personas que han
dibujado una Honduras irreal; la Honduras de acá y de allá es un
paralelismo de tragicomedia que nos golpea diariamente en la cara.
Una
vida mejor se transforma en realidad únicamente cuando fomenta la
oportunidad de alcanzar de forma individual y colectiva la felicidad.
Parece algo sencillo, la felicidad no se trata de bienes abundantes, se
trata de tener paz y saber que las consideraciones básicas y
fundamentales de la vida puedan ser alcanzadas: salud, educación y
trabajo, no son clichés electorales, son realidades que no se empaquetan
en una bolsa solidaria.
Basta
con ver las fotos de las personas que llegan, después de largas filas a
recibir ese paquete. Miren sus rostros y verán en estos humildes
compatriotas el retrato de una historia del fracaso político. En esas
fotografías se refleja la derrota más clara de un hombre cuya esfera de
poder es armada para un beneficio personal; en las manos de esas
personas y en sus espíritus cansados por tantas promesas incumplidas
dictan la respuesta del cinismo que, durante todos estos años,
sistemáticamente nos han robado casi todo, incluso nuestra dignidad.
El
éxito sobre dimensionado de una burbuja alternativa creada por el
equipo cercano de JOH (el cual cada vez son menos) distorsiona el apego a
la realidad. La mentira ha sido tal, que el propio JOH se la creyó,
cuando esos allegados le susurraron al oído y le hicieron creer que era
un hombre popular, que era un llamado de Dios su reelección, que el
camino para alcanzarlo sería en una calle pavimentada (sin peajes) y que
la ALIANZA no tenía nada. JOH se la creyó, nada sorprendente en un
fabricante maestro de mentiras, cayó en su propia trampa.
Y
así esa fabricación fue alimentada por una sed aún sin saciar del poder
absoluto. Estas ansias por alcanzar el totalitarismo lo han metido en
un círculo vicioso sin final que salta de mentira en mentira y es que no
le queda más, pues cada cifra adulterada, cada cortina de humo creada,
cada caja china concebida se ha vuelto cada vez más fácil de intuir y
realizar, desde que lograron su mentira magistral: el fraude electoral.
No
existe peor estafa que haberle robado la voluntad democrática a un
pueblo, una trama que se forja desde haber eliminado a toda una corte
constitucional, haber inventado el derecho humano inexistente de la
reelección, hasta la compleja operación de los votos planchados con los
fantasmas rurales. La dilatoria de un TSE delincuente no fue el producto
al azar de su incapacidad, sino el plan parido de brindar el lujo del
tiempo para que pudieran orquestar una realidad virtual. Jamás ellos se
pudieron imaginar que el resultado electoral verdadero, había destrozado
todas sus encuestas, la compra de voluntades, la identificación masiva
de nacionalista mediante la entrega de la tarjeta “la cachureca” y hasta
del mapeo georeferenciado para la movilización perfecta de sus
votantes. Jamás se imaginaron, que la voluntad real del pueblo hubiera
sido capaz de vencer la multimillonaria suma invertida (producto del
desfalco a múltiples entidades públicas) de su reelección antojadiza.
Tal
fue el golpe recibido, ese puñetazo de verdad, que el mago de las
encuestas de salida en su canal favorito tuvo que escapar, lo vimos
todos en vivo y a todo color, cuando las cuentas no le salían…hasta que
se fue al bunker para confeccionar su obra maléfica de arte, si los
números no pegan, los harían pegar y lo hicieron.
No
tengo la menor duda que en las ocho semanas que transcurrieron entre la
elección del 27 de noviembre del 2017 a la toma ilegal de posesión, el
corazón de JOH envejeció, sus sentimientos se endurecieron, el niño de
Lempira se graduó de dictador.
En
la verdad está la justicia y no puede haber justicia si no exigimos la
búsqueda y el encuentro con la verdad y al encontrarla debe haber
castigo. No podemos llamar justicia si la verdad se negocia en el manto
político de una impunidad. Pero para lograr este anhelo, este derecho,
debemos tener una memoria capaz de no olvidar los hechos y una voluntad
férrea de no transar. Los políticos le deben al pueblo y a las
generaciones futuras de la patria que no haya venganza, pero que sí
exista verdad.
Esa
es la razón primordial por la que el oficialismo no se abrirá al
diálogo. Cobardemente le temen a que se descubra lo que ya todos sabemos
sucedió y no me refiero únicamente al monstruoso fraude, sino que de la
mentira que ellos fabricaron llegó el pecado mortal de la muerte de
ciudadanos en protestas. Juan Hernández sigue sentado en un trono de
hielo, encima de un piso de polvorín y él sabe que la verdad será la
chispa que lo encienda todo.
La Iglesia Católica da cátedra de impunidad
Por: Jaime A Flores P.
Cuando
de impunidad se trata de inmediato se relaciona a la élite política, a
la burguesía y en otros grupos de poder, pero nunca a la sacrosanta
Iglesia Católica, quien da cátedra en ese sentido, al hacer uso de esa
falencia del sistema para proteger a uno de los suyos; al obispo
auxiliar Juan José Pineda Fasquelle.
El
“Santo Padre” – que de santo tiene muy poco y de padre no sabemos-
aceptó la renuncia que le presentó Pineda Fasquelle de obispo auxiliar
de la arquidiócesis de Tegucigalpa, después de conocerse una
investigación realizada por el Vaticano, en donde se señala al alto
prelado de abuso y acoso sexual en contra de seminaristas y de otros
actos de corrupción.
Ante
tales señalamientos lo menos que se podría esperar del “Santo Padre”
es que sancionara a Pineda Fasquelle, no sólo que le aplicara el fuero
interno de la Iglesia, sino que ponerlo a la disposición de los
Tribunales de Justicia del país, como una muestra de respeto a la
dignidad de las víctimas.
La
renuncia, más que una sanción es un distractor mediático para
engañar a los fieles, a la opinión pública en general y en especial a
las víctimas, debido a que a este individuo no se le ha suspendido de su
ejercicio sacerdotal, por ende continuará con los actos sacramentales
correspondientes.
Si
hubiese querido sentar un precedente de lucha contra la impunidad, el
papa jesuita tenía varias alternativas para aplicarle a Pineda
Fasquelle; la suspensión de toda su actividad sacerdotal
(suspenderlo), expulsarlo de la iglesia o reducirlo al estado laical,
entre otras.
No obstante, el señalado Obispo continuará en el ejercicio sacerdotal y gallina que come huevos ni así le quemen el pico,
por lo que no es de extrañar que siga acosando y abusando y ahora con
la certeza que el Vaticano le garantiza impunidad, el papa Francisco así
lo demostró y la conferencia episcopal lo felicita por su trabajo
“pastoral”.
Pero
la impunidad de la cual goza hasta ahora Pineda Fasquelle es extensiva
también a su tutor, maestro y protector el cardenal Oscar Andrés
Rodríguez, quien es señalado por los mismos delitos. ¡Quién iba creer
que el obispo de Roma protegiera a delincuentes!
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
(CIDH), emitió su informe preliminar este 03 de agosto de 2018, en donde
incluye unas 25 recomendaciones para el Estado de Honduras, sobre
diferentes aspectos que vulneran gravemente los derechos humanos.
La comitiva de la CIDH se reunió con defensores de los derechos
humanos, periodistas, grupos indígenas y agrodescencientes, comunidad
LGTBI, niñez, mujeres, comunidades misquitas, buzos misquitos, medios de
comunicación, comunicadores, directores de medios, organizaciones de la
socidad civil, Gobierno, congresistas, entre otros, en una visita que
inició desde el 30 de julio y concluyó este viernes 3 de agosto de 2018.
En conferencia de prensa, la misión de la CIDH, encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva, las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, el Comisionado Joel Hernández García, Comisionado para Honduras.
Asimismo integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
Entre los hallazgos encontrados está que “Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles”.
Video de conferencia de prensa de la CIDH
Luego de una lectura extensa de las acciones que realizó la
delegación en Honduras por todo el país y de los hallazgos encontrados,
emitieron 25 recoemndaciones que damos a conocer a continuación:
Recomendaciones:
“Con base en las observaciones preliminares de la visita, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras:
1. Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
2. Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
3. Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
4. Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
5. Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
6. Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
7. Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social.
8. Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
9. Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
10. Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
11. Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivas de las niñas, adolescentes y mujeres.
12. Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.
13. Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población vulnerable a los grupos criminales.
En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niños, niñas y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.
14. Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico
regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios
contra las personas LGBTI.
15. Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
16. Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas.
Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas.
17. Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
18. Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
19. Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esencialespara garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con escasos recursos.
20. Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
21. Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
22. Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
23. Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderaspara laspersonas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
24. Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores y las personas con necesidades médicas.
25. Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma”.
Lea el informe preliminar aquí
En conferencia de prensa, la misión de la CIDH, encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva, las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, el Comisionado Joel Hernández García, Comisionado para Honduras.
Asimismo integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
Entre los hallazgos encontrados está que “Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles”.
Video de conferencia de prensa de la CIDH
Recomendaciones:
“Con base en las observaciones preliminares de la visita, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras:
1. Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
2. Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
3. Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
4. Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
5. Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
6. Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
7. Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social.
8. Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
9. Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
10. Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
11. Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivas de las niñas, adolescentes y mujeres.
12. Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.
13. Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población vulnerable a los grupos criminales.
En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niños, niñas y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.
15. Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
16. Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas.
Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas.
17. Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
18. Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
19. Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esencialespara garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con escasos recursos.
20. Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
21. Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
22. Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
23. Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderaspara laspersonas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
24. Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores y las personas con necesidades médicas.
25. Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma”.
Lea el informe preliminar aquí
Representante Residente de OACNUDH: Amenazas contra la prensa en Honduras tiene efectos multiplicadores que impactan en los demás periodistas
Tuesday, 07 August 2018 10:52 Written by Salvador Monroy Published in Monitoreo de compromisos internacionales
Las amenazas contra periodistas tienen efectos multiplicadores que
impactan a los demás periodistas y comunicadores porque puede provocar
autocensura y evitar el tratamiento de ciertos temas claves, señaló
María Soledad Pazo, Representante Residente de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Honduras, OACNUDH, en una entrevista realizada por
pasosdeanimalgrande.com
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, respondió las preguntas
realizadas por el periódico digital Pasos de Animal Grande.com, sobre el
seguimiento que dicha oficina realiza en el país del Examen Periódico
Universal (EPU), relacionadas al ejercicio de la profesión de los
periodistas y comunicadores sociales en el país.
A continuación reproducimos la entrevista realizada a la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, quien dignamente procedió a contestarnos las siguientes interrogantes:
1.- Pasos de Animal Grande (PAG): ¿Qué tipo de seguimiento realiza la OACNUDH sobre las recomendaciones hechas al Estado de Honduras sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del 2015, en relación a los periodistas y comunicadores sociales del país?
María Soledad Pazo (MSP): En su labor de observación y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras hace seguimiento de todas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y procedimientos especiales del sistema de Naciones Unidas. Uno de estos mecanismos es el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.
Periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos son actores claves para la existencia misma de una sociedad democrática, la construcción del Estado de Derecho y el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Debido a ello, todo gobierno debe estar dispuesto a adoptar todas las medidas de protección necesarias para garantizar el derecho a defender los derechos humanos y a brindar un entorno libre y seguro para periodistas y comunicadores sociales puedan desempeñar su actividad según lo establecido en instrumentos internacionales, particularmente en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”.
Es por ello, que las actividades de seguimiento tienen por objeto garantizar que las recomendaciones y decisiones de los mecanismos y órganos de derechos humanos se apliquen, a fin de aumentar el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas y todos. Al respecto, destacar que las recomendaciones provienen de la revisión del cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados de manera voluntaria por los Estados.
Las recomendaciones del EPU de 2015 sobre periodistas y comunicadores sociales se engloban en cuatro áreas: a) investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales y lucha contra la impunidad de estos casos; b) mejora del contexto y de las condiciones de seguridad; c) promoción de la libertad de opinión y expresión; y d) implementación y fortalecimiento del sistema de protección en el marco de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (conocida como Ley de Defensoras y Defensores).
La OACNUDH utiliza estas recomendaciones como eje articulador del trabajo para avanzar en la mejora de la situación de derechos humanos en el país. Es por ello, que la OACNUDH cuenta con un equipo especializado para la formulación, diseño, implementación y seguimiento de la implementación de estas recomendaciones a nivel de políticas públicas, legislación, prácticas e intervenciones, además de asesorar al Gobierno en el uso de herramientas especializadas para el seguimiento a estas recomendaciones. Un ejemplo de ello fue el establecimiento en 2016 del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH), coordinado desde la Secretaría de Derechos Humanos.
2.- PAG: ¿En qué por porcentaje ha cumplido el Estado las recomendaciones del EPU sobre lo relacionado a periodistas y comunicadores sociales?
MSP: Con el trabajo de seguimiento realizado por la OACNUDH a estas recomendaciones se puede concluir la aprobación en 2015 de la Ley de Defensoras y Defensores, así como el establecimiento del Mecanismo Nacional de Protección supone un avance significativo para proteger a las y los defensores, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en riesgo, principalmente por tres razones: en parte llena el vacío de protección que existía antes de su creación; funge como ente articulador entre las diferentes entidades del Estado encargadas de brindar protección; y simbólica y públicamente, supone un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran.
A pesar de este avance en la implementación de la Ley de Defensoras y Defensores, son numerosos los desafíos pendientes y además es necesario fortalecer aún más este marco normativo con una política pública integral que defina claramente los roles de las diferentes instituciones del Estado en la protección de defensoras, defensores, periodistas y comunicadores sociales, que cuente con la participación efectiva y veeduría de las organizaciones de la sociedad civil.
Esto debido a que tal y como señalaba el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores en su reciente misión a Honduras en mayo de 2018: “La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. Desde 2001 según datos de CONADEH, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.”
Asimismo, todavía existen diversas trabas para el efectivo goce de la libertad de opinión y expresión para periodistas y comunicadores sociales como la falta de acceso a la información, muchas veces debido a la Ley de Secretos, o el proyecto de Ley sobre Ciberseguridad que amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet.
3.- PAG: ¿Han recibido documentación de parte del Estado en donde se detallen los logros obtenidos sobre las recomendaciones dadas al Estado de parte del EPU en los últimos años?
MSP: En noviembre de 2017, Honduras presentó su informe de medio término del compromiso voluntario adquirido en el marco del segundo EPU (2do ciclo) sustentado en la 9ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 8 de mayo de 2015. En este informe se presentaron avances realizados por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones entre junio de 2015 y noviembre de 2017, reportando 107 recomendaciones (un 73% de las aceptadas); de éstas Honduras reportó como cumplidas 23 recomendaciones, lo que representa un 22%.
Este informe fue coordinado y elaborado por la anterior Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), a través de la información del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) y el Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos (GERDH), también se realizaron sesiones de trabajo con los Gabinetes Sectoriales de la República; y socializaciones con las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y con la OACNUDH.
En lo relativo a las recomendaciones sobre periodistas y comunicadores sociales se reportó información sobre 15 de las 23 recomendaciones (65%), señalando solo 2 como cumplidas (125.47 y 125.58 ambas sobre completar el proceso legislativo para la creación de la Ley de Defensoras y Defensores), 7 se reportan en cumplimiento y 8 no se reportan avances (entre ellas están las dos recomendaciones encaminadas a promover la libertad de opinión y expresión, 124.50 y 125.50, y tres sobre lucha contra la impunidad e investigación criminal de ataques contra periodistas, 124.45, 125.48 y 125.55).
4.- PAG: ¿Existe algún equipo de seguimiento de las recomendaciones dadas por el EPU en el organismo internacional y conclusiones que se puedan compartir con la prensa, como comunicados, publicaciones, entre otros?
MSP: En el marco del Consejo de Derechos Humanos, el mismo mecanismo EPU, da seguimiento a las recomendaciones, pues los Estados envían sus informes de medio término, tal como lo señale anteriormente. Además, el EPU es un procedimiento circular donde los Estados vuelven aproximadamente cada 4 años, sobre las recomendaciones recibidas durante el ciclo anterior adicionando información sobre los avances y desafíos, recibiendo en su caso nuevas recomendaciones.
Sobre el punto es importante destacar que en el marco del Consejo de Derechos Humanos, se adoptó la decisión A/HRC/30/L:26 en septiembre de 2015, referente a “Promover la cooperación internacional para apoyar los sistemas y procesos nacionales de seguimiento de los derechos humanos”. Esto significa que se alienta a los Estados a que establezcan y refuercen los sistemas y procesos nacionales de seguimiento de los derechos humanos y soliciten asistencia técnica a la OACNUDH para el fomento de la capacidad, en función de sus necesidades.
Por ello, numerosos países han avanzado en crear mecanismos nacionales de seguimiento a las recomendaciones internacionales, como las redes de derechos humanos gubernamentales a nivel de cada país las que utilizan herramientas tipo el SIMORE, las cuales son accesible a todas las personas para el monitoreo de los avances o retos a nivel de cumplimiento de las recomendaciones, sean estos defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores u operadores de justicia.
5.- PAG: ¿La opinión de la representante sobre la importancia de las recomendaciones del EPU y el por qué Honduras debe cumplirlas?
MSP: Garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores sociales es un tema que ha cobrado prioridad en el país en los últimos años debido a que el entorno en el que desarrollan sus actividades se ha visto gravemente afectado debido a amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, se enfrenan a acciones legales por difamación y calumnia, asesinatos y otras formas de agresión. Estas amenazas tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores pues que puede provocar autocensura y evitar el tratamiento de ciertos temas claves.
El objetivo de todas estas recomendaciones es operar cambios positivos en la vida de los titulares de derechos. Los principales responsables de que se produzcan esos cambios son los Estados, dada su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, todos los sectores de la sociedad, desde los individuos hasta el sector privado, la comunidad internacional y los actores de la sociedad civil, tienen una función que desempeñar en la realización de los derechos humanos. En particular, la sociedad civil puede jugar un papel esencial en el seguimiento de las recomendaciones relativas a los derechos humanos.
Desde la OACNUDH vamos a seguir impulsado estas recomendaciones trabajando de forma conjunta con todos los sectores sociales, construyendo puentes de diálogo y articulando todas nuestras acciones para generar las condiciones para que periodistas y comunicadores sociales puedan llevar a cabo su labor en un ambiente seguro y con plenas garantías.
Informe sobre HondurasAquí
A continuación reproducimos la entrevista realizada a la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, quien dignamente procedió a contestarnos las siguientes interrogantes:
1.- Pasos de Animal Grande (PAG): ¿Qué tipo de seguimiento realiza la OACNUDH sobre las recomendaciones hechas al Estado de Honduras sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del 2015, en relación a los periodistas y comunicadores sociales del país?
María Soledad Pazo (MSP): En su labor de observación y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras hace seguimiento de todas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y procedimientos especiales del sistema de Naciones Unidas. Uno de estos mecanismos es el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.
Periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos son actores claves para la existencia misma de una sociedad democrática, la construcción del Estado de Derecho y el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Debido a ello, todo gobierno debe estar dispuesto a adoptar todas las medidas de protección necesarias para garantizar el derecho a defender los derechos humanos y a brindar un entorno libre y seguro para periodistas y comunicadores sociales puedan desempeñar su actividad según lo establecido en instrumentos internacionales, particularmente en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”.
Es por ello, que las actividades de seguimiento tienen por objeto garantizar que las recomendaciones y decisiones de los mecanismos y órganos de derechos humanos se apliquen, a fin de aumentar el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas y todos. Al respecto, destacar que las recomendaciones provienen de la revisión del cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados de manera voluntaria por los Estados.
Las recomendaciones del EPU de 2015 sobre periodistas y comunicadores sociales se engloban en cuatro áreas: a) investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales y lucha contra la impunidad de estos casos; b) mejora del contexto y de las condiciones de seguridad; c) promoción de la libertad de opinión y expresión; y d) implementación y fortalecimiento del sistema de protección en el marco de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (conocida como Ley de Defensoras y Defensores).
La OACNUDH utiliza estas recomendaciones como eje articulador del trabajo para avanzar en la mejora de la situación de derechos humanos en el país. Es por ello, que la OACNUDH cuenta con un equipo especializado para la formulación, diseño, implementación y seguimiento de la implementación de estas recomendaciones a nivel de políticas públicas, legislación, prácticas e intervenciones, además de asesorar al Gobierno en el uso de herramientas especializadas para el seguimiento a estas recomendaciones. Un ejemplo de ello fue el establecimiento en 2016 del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH), coordinado desde la Secretaría de Derechos Humanos.
2.- PAG: ¿En qué por porcentaje ha cumplido el Estado las recomendaciones del EPU sobre lo relacionado a periodistas y comunicadores sociales?
MSP: Con el trabajo de seguimiento realizado por la OACNUDH a estas recomendaciones se puede concluir la aprobación en 2015 de la Ley de Defensoras y Defensores, así como el establecimiento del Mecanismo Nacional de Protección supone un avance significativo para proteger a las y los defensores, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en riesgo, principalmente por tres razones: en parte llena el vacío de protección que existía antes de su creación; funge como ente articulador entre las diferentes entidades del Estado encargadas de brindar protección; y simbólica y públicamente, supone un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran.
A pesar de este avance en la implementación de la Ley de Defensoras y Defensores, son numerosos los desafíos pendientes y además es necesario fortalecer aún más este marco normativo con una política pública integral que defina claramente los roles de las diferentes instituciones del Estado en la protección de defensoras, defensores, periodistas y comunicadores sociales, que cuente con la participación efectiva y veeduría de las organizaciones de la sociedad civil.
Esto debido a que tal y como señalaba el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores en su reciente misión a Honduras en mayo de 2018: “La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. Desde 2001 según datos de CONADEH, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.”
Asimismo, todavía existen diversas trabas para el efectivo goce de la libertad de opinión y expresión para periodistas y comunicadores sociales como la falta de acceso a la información, muchas veces debido a la Ley de Secretos, o el proyecto de Ley sobre Ciberseguridad que amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet.
3.- PAG: ¿Han recibido documentación de parte del Estado en donde se detallen los logros obtenidos sobre las recomendaciones dadas al Estado de parte del EPU en los últimos años?
MSP: En noviembre de 2017, Honduras presentó su informe de medio término del compromiso voluntario adquirido en el marco del segundo EPU (2do ciclo) sustentado en la 9ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 8 de mayo de 2015. En este informe se presentaron avances realizados por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones entre junio de 2015 y noviembre de 2017, reportando 107 recomendaciones (un 73% de las aceptadas); de éstas Honduras reportó como cumplidas 23 recomendaciones, lo que representa un 22%.
Este informe fue coordinado y elaborado por la anterior Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), a través de la información del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) y el Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos (GERDH), también se realizaron sesiones de trabajo con los Gabinetes Sectoriales de la República; y socializaciones con las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y con la OACNUDH.
En lo relativo a las recomendaciones sobre periodistas y comunicadores sociales se reportó información sobre 15 de las 23 recomendaciones (65%), señalando solo 2 como cumplidas (125.47 y 125.58 ambas sobre completar el proceso legislativo para la creación de la Ley de Defensoras y Defensores), 7 se reportan en cumplimiento y 8 no se reportan avances (entre ellas están las dos recomendaciones encaminadas a promover la libertad de opinión y expresión, 124.50 y 125.50, y tres sobre lucha contra la impunidad e investigación criminal de ataques contra periodistas, 124.45, 125.48 y 125.55).
4.- PAG: ¿Existe algún equipo de seguimiento de las recomendaciones dadas por el EPU en el organismo internacional y conclusiones que se puedan compartir con la prensa, como comunicados, publicaciones, entre otros?
MSP: En el marco del Consejo de Derechos Humanos, el mismo mecanismo EPU, da seguimiento a las recomendaciones, pues los Estados envían sus informes de medio término, tal como lo señale anteriormente. Además, el EPU es un procedimiento circular donde los Estados vuelven aproximadamente cada 4 años, sobre las recomendaciones recibidas durante el ciclo anterior adicionando información sobre los avances y desafíos, recibiendo en su caso nuevas recomendaciones.
Sobre el punto es importante destacar que en el marco del Consejo de Derechos Humanos, se adoptó la decisión A/HRC/30/L:26 en septiembre de 2015, referente a “Promover la cooperación internacional para apoyar los sistemas y procesos nacionales de seguimiento de los derechos humanos”. Esto significa que se alienta a los Estados a que establezcan y refuercen los sistemas y procesos nacionales de seguimiento de los derechos humanos y soliciten asistencia técnica a la OACNUDH para el fomento de la capacidad, en función de sus necesidades.
Por ello, numerosos países han avanzado en crear mecanismos nacionales de seguimiento a las recomendaciones internacionales, como las redes de derechos humanos gubernamentales a nivel de cada país las que utilizan herramientas tipo el SIMORE, las cuales son accesible a todas las personas para el monitoreo de los avances o retos a nivel de cumplimiento de las recomendaciones, sean estos defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores u operadores de justicia.
5.- PAG: ¿La opinión de la representante sobre la importancia de las recomendaciones del EPU y el por qué Honduras debe cumplirlas?
MSP: Garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores sociales es un tema que ha cobrado prioridad en el país en los últimos años debido a que el entorno en el que desarrollan sus actividades se ha visto gravemente afectado debido a amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, se enfrenan a acciones legales por difamación y calumnia, asesinatos y otras formas de agresión. Estas amenazas tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores pues que puede provocar autocensura y evitar el tratamiento de ciertos temas claves.
El objetivo de todas estas recomendaciones es operar cambios positivos en la vida de los titulares de derechos. Los principales responsables de que se produzcan esos cambios son los Estados, dada su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, todos los sectores de la sociedad, desde los individuos hasta el sector privado, la comunidad internacional y los actores de la sociedad civil, tienen una función que desempeñar en la realización de los derechos humanos. En particular, la sociedad civil puede jugar un papel esencial en el seguimiento de las recomendaciones relativas a los derechos humanos.
Desde la OACNUDH vamos a seguir impulsado estas recomendaciones trabajando de forma conjunta con todos los sectores sociales, construyendo puentes de diálogo y articulando todas nuestras acciones para generar las condiciones para que periodistas y comunicadores sociales puedan llevar a cabo su labor en un ambiente seguro y con plenas garantías.
Informe sobre HondurasAquí
