“Hija de la gran pu…. no sabés cómo quedan las boconas” , le dicen por llamada a periodista Sandra Maribel Sánchez
Thursday, 23 August 2018 16:55 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
Una llamada de teléfono recibió la periodista Sandra Maribel
Sánchez, conductora del programa “Más que dos” ,de Radio Progreso , para
amenazarla a muerte vía teléfono, este martes 21 de agosto de 2018,
cuando terminó su espacio a eso de las 3 p.m. donde abordó la situación
del sistema de salud en el país y su posible privatización.
En esta semana el mandatario Juan Orlando Hernández anunció un
programa de "transformación" del sistema de salud, lo que ha sido
interpretado por diversos sectores como la privatización definitiva del
ramo.
Hablar del tema ya trajo amenazas
“Yo iba saliendo de la radio, terminando un programa con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, sobre la comisión interventora que nombraron y de la percepción que tenemos nosotros de que sea eso un proceso de privatización en donde la comisión sólo avalará dichos procesos en el sistema de salud”, relató
De acuerdo a Sánchez en el programa se hicieron varios señalamientos “muy críticos” y luego de haber concluido , en el momento en que se despedía de su invitada recibió la llamada a su celular desde un número desconocido y parecía que es una llamada de internet porque no tenía registro alguno de quién llamaba .
“Ajá hija de la gran put….no sabés cómo quedan las boconas, dejá de seguir hablando de privatización de la salud”, sólo eso dijeron y cortaron”, manifestó.
Aunque la amenaza recibida a su celular no es algo nuevo, tampoco deja de preocuparle, sin embargo, sabe que tocar esos temas en los medios de comunicación es bastante delicado, pero ya está acostumbrada a que al hablar de este asunto se producen diferentes reacciones de personas involucradas en los negocios de la salud.
“Detrás de la venta de la salud está la venta de equipo, medicamentos, servicios, al estarse privatizando los servicios de salud y allí hay intereses muy fuertes detrás de eso”, relató.
Según la periodista de mucha experiencia en el país y con una gran trayectoria en el abordaje de temas sociales y de interés nacional para los más desposeídos, “las fuerzas que están empujando todo ese proceso de privatización son muy poderosas y ya se ha iniciado dicho proceso en el Hospital de San Lorenzo que se le dio a una fundación, en el Hospital Mario Catarino Rivas y hay otros hospitales que están en esa condición y no entiendo yo, que ya se está haciendo un proceso similar en el hospital de la ciudad de El Progreso y también en Santa Rosa de Copán, el Colegio Médico a estos hospitales ya les están dando seguimiento, organizando a la gente para que no permitan la privatización de los hospitales”, explicó.
Sobre la amenaza
En cuanto a la amenaza recibida en su celular, Sánchez dejó claro que ella no tiene enemistades personales “pero sí se hace una alusión directa a un tema de salud, yo me imagino que detrás de eso están los interesados en hacer negocios o han hecho negocios siempre en ese sector”.
No cree en las autoridades
Al consultarle sobre interponer la denuncia a las autoridades de investigación sobre la amenaza recibida, destacó no creer en el Mecanismo Nacional de Protección y mucho menos en las acciones que realiza el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, “donde se justifica lo que el Gobierno hace”.
También dijo desconfiar de la Fiscalía de los Derechos Humanos en donde anteriormente ha interpuesto otras denuncias y de las cuales no ha obtenido respuesta.
“En qué autoridad confía usted, ante qué autoridad confía su vida, ante quién deposita su vida. Yo he buscado los mecanismos personales que conozco, yo trabajo en una institución que presta apoyo a personas que tienen su seguridad en riesgo, así que el primer lugar al que yo me acojo es en mi centro de trabajo, donde con mayor seguridad yo puedo confiar mi vida”, indicó.
“Yo no creo en el Mecanismo de Protección donde lo primero que hacen es un diagnóstico de riesgo y resulta que en ese mecanismo de protección están la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa y ellos son agresores de periodistas, eso está más que demostrado. Yo no voy a confiar mi vida íntima, las actividades que realizo a una institución del Estado, y eso no lo voy a hacer”, concluyó.
Hablar del tema ya trajo amenazas
“Yo iba saliendo de la radio, terminando un programa con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, sobre la comisión interventora que nombraron y de la percepción que tenemos nosotros de que sea eso un proceso de privatización en donde la comisión sólo avalará dichos procesos en el sistema de salud”, relató
De acuerdo a Sánchez en el programa se hicieron varios señalamientos “muy críticos” y luego de haber concluido , en el momento en que se despedía de su invitada recibió la llamada a su celular desde un número desconocido y parecía que es una llamada de internet porque no tenía registro alguno de quién llamaba .
“Ajá hija de la gran put….no sabés cómo quedan las boconas, dejá de seguir hablando de privatización de la salud”, sólo eso dijeron y cortaron”, manifestó.
Aunque la amenaza recibida a su celular no es algo nuevo, tampoco deja de preocuparle, sin embargo, sabe que tocar esos temas en los medios de comunicación es bastante delicado, pero ya está acostumbrada a que al hablar de este asunto se producen diferentes reacciones de personas involucradas en los negocios de la salud.
“Detrás de la venta de la salud está la venta de equipo, medicamentos, servicios, al estarse privatizando los servicios de salud y allí hay intereses muy fuertes detrás de eso”, relató.
Según la periodista de mucha experiencia en el país y con una gran trayectoria en el abordaje de temas sociales y de interés nacional para los más desposeídos, “las fuerzas que están empujando todo ese proceso de privatización son muy poderosas y ya se ha iniciado dicho proceso en el Hospital de San Lorenzo que se le dio a una fundación, en el Hospital Mario Catarino Rivas y hay otros hospitales que están en esa condición y no entiendo yo, que ya se está haciendo un proceso similar en el hospital de la ciudad de El Progreso y también en Santa Rosa de Copán, el Colegio Médico a estos hospitales ya les están dando seguimiento, organizando a la gente para que no permitan la privatización de los hospitales”, explicó.
Sobre la amenaza
En cuanto a la amenaza recibida en su celular, Sánchez dejó claro que ella no tiene enemistades personales “pero sí se hace una alusión directa a un tema de salud, yo me imagino que detrás de eso están los interesados en hacer negocios o han hecho negocios siempre en ese sector”.
No cree en las autoridades
Al consultarle sobre interponer la denuncia a las autoridades de investigación sobre la amenaza recibida, destacó no creer en el Mecanismo Nacional de Protección y mucho menos en las acciones que realiza el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, “donde se justifica lo que el Gobierno hace”.
También dijo desconfiar de la Fiscalía de los Derechos Humanos en donde anteriormente ha interpuesto otras denuncias y de las cuales no ha obtenido respuesta.
“En qué autoridad confía usted, ante qué autoridad confía su vida, ante quién deposita su vida. Yo he buscado los mecanismos personales que conozco, yo trabajo en una institución que presta apoyo a personas que tienen su seguridad en riesgo, así que el primer lugar al que yo me acojo es en mi centro de trabajo, donde con mayor seguridad yo puedo confiar mi vida”, indicó.
“Yo no creo en el Mecanismo de Protección donde lo primero que hacen es un diagnóstico de riesgo y resulta que en ese mecanismo de protección están la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa y ellos son agresores de periodistas, eso está más que demostrado. Yo no voy a confiar mi vida íntima, las actividades que realizo a una institución del Estado, y eso no lo voy a hacer”, concluyó.
Amenazas a periodista por informar sobre la “privatización del sistema de salud”
Tegucigalpa, Honduras (Tomado de C-Libre*) Minutos
después de finalizar su programa informativo radial, el día martes 21
de agosto del presente año, donde abordo la actual problemática que
atraviesa el sistema de salud pública hondureño, la periodista Sandra
Marybel Sánchez recibió amenazas a muerte vía llamada telefónica.
“Ajá
hija de la gran puta, no sabés cómo quedan las boconas, dejá de seguir
hablando de privatización de la salud”, fueron las amenazas en contra de
la periodistas, minutos después de haber finalizado un programa de
análisis radial junto a la presidenta del Colegio Médico de Honduras,
relacionado al reciente nombramiento de una comisión en materia de salud
por parte del poder Ejecutivo.
Sánchez,
aseguró que durante el programa trasmitido por Radio Progreso, se
realizaron fuertes críticas sobre una percepción generalizada a un
proceso de privatización “en donde la comisión sólo avalará dichos
procesos en el sistema de salud”, pues a criterio de la periodista, a la
venta de la salud además se le suman la venta de medicamentos,
servicios y equipo.
Según
la periodista con más de 30 años de experiencia, la llamada telefónica
fue borrada del registro de llamadas de su celular, “el numero decía
desconocido y respondí porque estaba esperando una llamada del
extranjero, pero al momento de querer verificar el número telefónico en
el historial de mi celular, no existía registro de esa llamada”, detalló
Sánchez.
Diversas
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación
independientes y comunitarios así como periodistas y comunicadores
sociales a nivel nacional e internacional han manifestado su solidaridad
con Sánchez. De igual manera la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH), emitió un comunicado
en donde manifiesta su profunda preocupación por la seguridad de la
periodista.
Al
respecto, el numeral nueve de la declaración de Principios de Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
manifiesta que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios
de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a
las víctimas una reparación adecuada”.
Preocupa a la OACNUDH las amenazas en contra de la prensa
Monday, 27 August 2018 09:39 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos OACNUDH) en Honduras, mostró hoy a través de un
comunicado, su preocupación sobre las amenazas que recibe constantemente
la prensa en Honduras.
El caso más reciente, son las amenazas a muerte recibidas por la periodista Sandra Maribel Sánchez de Radio Progreso, a través de una llamada teléfónica a su celular, luego de abordar la temática de una posible privatización del sistema de salud, después de que el Gobierno nombrara una Comisión Interventora para los hospitales del país.
La OACNUDH dejó clara su posición en cuanto a que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”.
El Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo varias recomendaciones a través del Exámen Periódico Universal (EPU), para el Estado de Honduras, en cuanto a la libertad de prensa, periodistas y comunicadores sociales sobre las siguientes cuatro áreas:
a) Investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales y lucha contra la impunidad de estos casos;
b) Mejora del contexto y de las condiciones de seguridad;
c) Promoción de la libertad de opinión y expresión; e
d) Implementación y fortalecimiento del sistema de protección en el marco de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (conocida como Ley de Defensoras y Defensores).
A la fecha, apenas un 10 por ciento de los casos de muertes de periodistas han sido judicializados, un informe anual del 2017 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH indica que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2por ciento son casos de periodistas y de comunicadores sociales.
A continuación, el comunicado emitido por la OACNUDH, en donde condena la amenaza en contra de Sánchez
“Preocupa a OACNUDH amenazas en contra de la prensa
Tegucigalpa 23 de agosto 2018.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras manifiesta su profunda preocupación, por las amenazas en contra de la periodista de Radio Progreso y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez
La representante del Alto Comisionado, Sra. María Soledad Pazo recuerda “que cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”
De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Tal como lo expreso Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su reciente visita a Honduras y en el marco de la entrevista concedida a Radio Progreso: “Evidentemente es necesario un ambiente de seguridad y libre de amenazas para ejercer la Libertad de Expresión, sino es así, se convierte en un elemento que puede ocultarse por parte de las autoridades o por los autores de la violencia, y en definitiva todos sabemos que genera restricciones a la Libertad de Expresión”
La OACNUDH expresa su solidaridad con la periodista Sandra Maribel Sanchez y exhorta a las autoridades a investigar prontamente este acto criminal y garantizar su seguridad.”
El caso más reciente, son las amenazas a muerte recibidas por la periodista Sandra Maribel Sánchez de Radio Progreso, a través de una llamada teléfónica a su celular, luego de abordar la temática de una posible privatización del sistema de salud, después de que el Gobierno nombrara una Comisión Interventora para los hospitales del país.
La OACNUDH dejó clara su posición en cuanto a que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”.
El Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo varias recomendaciones a través del Exámen Periódico Universal (EPU), para el Estado de Honduras, en cuanto a la libertad de prensa, periodistas y comunicadores sociales sobre las siguientes cuatro áreas:
a) Investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales y lucha contra la impunidad de estos casos;
b) Mejora del contexto y de las condiciones de seguridad;
c) Promoción de la libertad de opinión y expresión; e
d) Implementación y fortalecimiento del sistema de protección en el marco de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (conocida como Ley de Defensoras y Defensores).
A la fecha, apenas un 10 por ciento de los casos de muertes de periodistas han sido judicializados, un informe anual del 2017 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH indica que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2por ciento son casos de periodistas y de comunicadores sociales.
A continuación, el comunicado emitido por la OACNUDH, en donde condena la amenaza en contra de Sánchez
“Preocupa a OACNUDH amenazas en contra de la prensa
Tegucigalpa 23 de agosto 2018.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras manifiesta su profunda preocupación, por las amenazas en contra de la periodista de Radio Progreso y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez
La representante del Alto Comisionado, Sra. María Soledad Pazo recuerda “que cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”
De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Tal como lo expreso Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su reciente visita a Honduras y en el marco de la entrevista concedida a Radio Progreso: “Evidentemente es necesario un ambiente de seguridad y libre de amenazas para ejercer la Libertad de Expresión, sino es así, se convierte en un elemento que puede ocultarse por parte de las autoridades o por los autores de la violencia, y en definitiva todos sabemos que genera restricciones a la Libertad de Expresión”
La OACNUDH expresa su solidaridad con la periodista Sandra Maribel Sanchez y exhorta a las autoridades a investigar prontamente este acto criminal y garantizar su seguridad.”
El 43% de los asesinatos de periodistas ha ocurrido en el gobierno de Juan Orlando Hernández
Wednesday, 14 February 2018 17:30 Written by Webmaster Published in Investigacion
La corrupción y la complicidad institucional de un sistema
de justicia carente de voluntad política para perseguir y castigar el
delito, históricamente ha provocado elevados índices de impunidad que a
la fecha mantiene sin castigo el 92% de los 75 crímenes contra
periodistas y comunicadores sociales.
Estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en
Honduras (CONADEH), indican que de octubre de 2001, cuando se registró
el caso de Arístides Soto a la fecha, 75 periodistas
cayeron como producto de la criminalidad, pero que del total, 69 casos,
equivalentes al 92% están impunes por falta de interés en las entidades
operadoras de justicia. El dato incluye a periodistas, camarógrafos,
operadores de radio y televisión, comunicadores sociales y dueños de
medios, que manejaban programas.
A lo anterior se suma la enorme cantidad de denuncias por atentados, amenazas de muerte, destrucción y robos de equipos, intimidación y agresiones verbales y físicas, que por falta de interés tampoco se resuelven en las entidades operadoras de justicia, pese a que muchas de ellas han sido acompañadas por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.
Y hay que destacar que entre esos seis casos resueltos a medias, cuentan aquellos que tuvieron mucha presencia en los medios de comunicación, como el del director de noticias de HRN,Alfredo Villatoro, el de Aníbal Barrow y Jorge (Jorgino) Orellana. Los demás corresponden a las muertes violentas de Carlos Hilario Mejía, empleado de Radio Progreso, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas y Héctor Medina Polanco, de Omega Visión.
Con 18 y 16 casos cada uno, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, respectivamente se ubican como las regiones de mayor riesgo para el ejercicio de la profesión. La situación es relativa si se considera que es donde hay mayor cantidad de medios de comunicación y donde mayores intereses económicos y políticos se manejan.
Y es que según Julio Velásquez, director de comunicaciones del CONADEH, la cadena de crímenes inicia con la muerte violenta de Arístides Soto, un periodista deportivo, de la corporación Televicentro encontrado muerto y con signos de tortura, trabado en uno de los elevadores del hotel Holiday Inc. de San Pedro Sula, el 6 de octubre de 2001 previo a la transmisión del partido de futbol entre Honduras y Trinidad y Tobago, eliminatorio para el mundial Corea-Japón 2002.
Es esa razón que a diario se reportan agresiones a la libertad de prensa, amenazas, intimidación y acoso contra los periodistas y comunicadores sociales que piensan y se expresan de manera diferente a los grupos de poder. Sin embargo, ese tipo de denuncias pasa desapercibida por quienes tienen la obligación de investigarlas.
Por ejemplo: Si usted ha sido víctima de amenazas y no cuenta con el nombre completo de la persona que lo amenazó, el Ministerio Público no se la recibe, a pesar del conocimiento que ellos tienen que la mayoría de agresiones provienen de miembros del ejército y la policía, que al momento de reprimir las manifestaciones quitan los ficheros de sus uniformes. Tampoco le dicen, me llamo Jorge y vengo a darte en la cabeza.
En los últimos meses, como producto del fraude electoral, las manifestaciones populares se han incrementado y también crecieron las agresiones contra la población y los periodistas.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura desconoce a JOH como presidente y exige que le entregue el poder a Salvador Nasralla, quien en las urnas habría ganado la presidencia. Y UNE TV acompaña ese clamor popular porque están convencidos de que hubo fraude.
No se puede olvidar que después del golpe de Estado perpetrado en
junio de 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras se
ubicó en los primeros lugares a nivel mundial con mayor riesgo para el
ejercicio periodístico. Muchos periodistas cayeron abatidos por las
balas, pero es hasta ahora que se escucha la voz del Colegio de
Periodistas de Honduras, CPH, haciendo mayor énfasis en situaciones que
han vivido los funcionarios y dueños de los medios que representan los
intereses del gobierno.
La preocupación del CPH, representado por su presidente, Dagoberto Rodríguez, se basa en los señalamientos que hace la oposición en contra de los propietarios y directores de los diarios, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, Televicentro, HCH y Canal 10, entre otros, que sirven como plataforma del gobierno para que mantenga desinformada o mal informada a la población.
Contrario a lo anterior, el CPH no se pronuncia por la campaña de odio que se desprende del gobierno y del Partido Nacional contra del Director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, de los corresponsales de Telesur e Hispan TV, Gilda Silvestrucci y Dassaev Alguilar y de los periodistas de UNE TV, Ivis Alvarado, Cesar Silva, Rony Martínez y Jorge Aldana, de Dunia Montoya y Bartolo Fuentes de la Revista Vida Laboral, por ejemplo.
Situación similar estuvo a punto de ocurrir el 03 de diciembre de 2017 con la periodista de Radio Progreso, Eleana Borjas, a quien soldados del ejército sometieron a un registro exhaustivo cuando se aprestaba a realizar su trabajo.
Otra prueba de que la situación en Honduras no está nada fácil, se
pudo ver el pasado 05 de diciembre cuando las autoridades de migración
retuvieron y expulsaron a tres periodistas internacionales, Reed Lindsay, de Estados Unidos; Edward Augustin, de Gran Bretaña y Jihan Hafiz, de Nueva Zelanda,
quienes llegaron al país para conocer la verdad de crisis política
derivada de las elecciones del 26 de noviembre, que bajo
cuestionamientos de fraude dan como ganador a Juan Orlando Hernández.
Datos del Comité por la Libre Expresión (C Libre) detallan que el lunes 11 de diciembre, miembros del Ejército Nacional detuvieron al comunicador social, Josué Neptalí Rubí, quien le daba cobertura a una manifestación pacífica contra el fraude electoral, en Nacaome Valle.
Rubí, director del programa, Notivoz Estelar, de Canal 33 de San Lorenzo Valle, fue encarcelado desde las12:30 del mediodía hasta las 10 de la noche.
El comunicador denunció en una entrevista de pasosdeanimalgrande.com que fue capturado y mantenido preso en celdas policiales a pesar que informó a la policía que estaba en el ejercicio periodístico sobre lo cual las autoridades tienen conocimiento porque lo hace desde hace varios años.
El once de diciembre de 2017 los militares que reprimían una manifestación en San Marcos de Colon, en Choluteca, dispararon contra el vehículo en que se conducía la periodista, Nilda Sosa, de Canal 11 y su camarógrafo. Ellos realizaban su trabajo y de repente los militares llegaron y abrieron fuego contra los manifestantes, acción que denunciaron en la Oficina Regional del CONADEH.
Otro incidente que registró C-Libre, ocurrió contra el comunicador social, Walter Salinas, el 20 de noviembre pasado. Salinas, director del Programa de Noticias y comentarios, que se transmite en Guayape Visión, de Patuca Olancho, denunció ante el organismo haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un activista del Partido Nacional, de nombre Francisco Rodríguez.Salinas, fue amenazado cuando llegaba al medio de comunicación para realizar su trabajo.
El 23 de enero pasado, la periodista Paola Cobos de Canal 6 llegó a una manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, comenzó a tomar fotos con su teléfono celular y como no andaba identificada un grupo de manifestantes pensó que se trataba de alguien que se había infiltrado. “agárrenla, agárrenla”, se escuchó en la multitud y ella comenzó a correr, la alcanzaron y al decirles que es periodista ellos se limitaron a revisarle su teléfono.
Pero los periodistas están claros que se encuentran en la línea de fuego, unos que por trabajar en los medios controlados por el gobierno están obligados a opinar en contra del pueblo y otros que de manera independiente y conscientes de que el periodismo no debe replegarse al poder se anteponen a las prácticas corruptas y se ubican en contraposición de la policía y del ejército. Estos son los que más se exponen a situaciones difíciles, como la experimentada por Dunia Montoya, periodista de la Revista Vida Laboral, el 01 de septiembre de 2015. Ella fue agredida por policías, cuando daba cobertura a una manifestación de pobladores de El Progreso, Yoro, que exigían encarcelamiento de los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En la brutalidad policial Montoya resultó con fracturas en uno de sus brazos y le destruyeron su equipo de trabajo. En esa misma ocasión los agentes también agredieron Eddie Andino, de Canal 6, a Gerardo Chévez, de Radio Progreso y a Román Paz, de Campus TV.
Es por eso, que no es extraño que el Colegio de Periodistas de
Honduras,(CPH), defienda a los medios parcializados con el gobierno y
colabore en acallar a los periodistas que denuncian la corrupción.
En noviembre de 2017, el CPH amenazó con querellar al personal del periódico digital, Criterio hn, por denunciar la corrupción histórica en el Instituto de Previsión del Periodista, (IPP).
En su reportaje del 31 de octubre de 2017, Criterio-hn afirma que desde 1987 los directivos del CPH han manejado más de 300 millones de lempiras sin control del gasto administrativo en detrimento de las pensiones de los afiliados. Y es esa razón, por la que según la directora del medio, Emy Padilla, fueron amenazados por el CPH.
A Bonilla lo demandó por difamación Carlos Rosenthal, director del diario por haber dicho en una manifestación pública, que su patrón era el dueño de Editorial Honduras y que era testaferro de la familia Rosenthal.
Diario Tiempo cerró operaciones del periódico impreso cuando varios miembros de la familia Rosenthal fueron acusados de cometer delitos en Estados Unidos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados,(OABI,) les aseguró varias empresas. No pagó salarios ni prestaciones de los trabajadores por lo que ellos realizaron acciones para exigir sus derechos.
En tal sentido, estos organismos le han solicitado al Estado de Honduras tomar las medidas adecuadas para garantizarles la libertad que requieren los periodistas para hacer su trabajo.
De igual manera, instan que las autoridades investiguen las denuncias por agresiones, intimidación y amenazas que se han registrado antes y después del cuestionado proceso electoral. El llamamiento incluye la investigación de las campañas de difamación y estigmatización de periodistas a través imágenes impresas que circulan en las redes sociales.
Además, la CIDH y la OACNUDH plantean la necesidad de dotar de los recursos necesarios al Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para funcione adecuadamente.
Otro organismo internacional que se ha pronunciado por violaciones a libertad de prensa en Honduras, es la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP). El ente condenó la prohibición de ingreso a Honduras “de tres periodistas internacionales y el ambiente hostil contra reporteros y trabajadores de medios que cubren las protestas tras las polémicas elecciones presidenciales”.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario La República, de Lima, Perú, dijo que la situación en Honduras es contraria a lo que debe regir en una sociedad democrática y la calificó como de un asunto de interés nacional e internacional.
Sostuvo, que los periodistas freelancers estado
Nadie se explica por qué en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos todavía están pendientes de resolver innumerables violaciones de los derechos humanos denunciadas por periodistas y comunicadores sociales de todo el país en el 2009 y años posteriores, contenidas en los informes del CONADEH y demás organismos nacionales y extranjeros.
Para cumplir un compromiso internacional, Porfirio Lobo, en su gobierno creó la Secretaría de Derechos Humanos, no la dejaron trabajar y al llegar al poder Juan Orlando Hernández, la cerró. Sin embargo, a manera juego, el mismo presidente, declarado reelecto ilegalmente y acusado de robarse las elecciones, reabre la entidad y ha nombrado a Karla Cueva, como la nueva secretaria de derechos humanos, acción que realiza en momentos en que las fuerzas represoras del Estado reprimen al pueblo que exige la salida del mandatario.
En otro sentido, para cumplir otro compromiso internacional, también se creó el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero de esta institución es poco lo que se puede decir debido a que hasta hoy no es capaz ni de manejar al día las estadísticas de violación a los derechos humanos.
Ante tal situación, en las ciudades y pueblos de Honduras, donde el estado de derecho brilla por su ausencia, los periodistas y comunicadores sociales están en indefensión, pese a que diversas naciones del mundo le han recomendado a las autoridades crear mecanismos capaces de contrarrestar las amenazas, que no solo provienen del crimen organizado sino también de la empresa privada y funcionarios del gobierno, incluida la Policía y del Ejecito.
En su programa trataba varios temas, pero mantenía una posición crítica hacia las empresas dedicadas a la siembra de zacate y palma africana para la generación de energía eléctrica. Se ha informado que en Cuyamel, Cuyamelito y en las cercanías del Rio Motagua, estas compañías han deforestado miles de hectáreas de bosque.
El crimen no ha sido investigado, pero irresponsablemente la policía relacionó el hecho con la pelea de territorio por venta de drogas y destacaron que el periodista era el dueño de un billar, donde meses atrás mataron a un policía.
El 15 de junio, en el barrio La Gloria de La Ceiba Atlántida, frente a su casa, fue ultimado el comunicador social, Víctor Fúnez, director del programa televisivo, Panorama Nocturno, de Canal 45.
La muerte del comunicador se rodea de un misterio luego que varios medios dieran a conocer que la hermana del periodista, Melissa Fúnez, responsabilizaba del crimen al alcalde de La Ceiba, versión que horas más tarde fue descartada por la esposa del comunicador asesinado.
Por el crimen, la policía capturó a Alvaro Euceda, conocido en la ciudad, como El Pájaro, lo presentaron como el autor material y el detenido aceptó haber matado a Fúnez por problemas personales, pero al día siguiente reveló que se había hecho cargo del delito porque en la policía lo obligaron a inculparse. “Me golpearon” expresó.
Víctor Fúnez era parte de los dueños del canal y además aspiraba convertirse en diputado del Congreso Nacional en las planillas el Partido Nacional, instituto político al que también pertenece el edil ceibeño.
El 17 de enero de 2017 en San Pedro Sula, fue asesinado el periodista, Igor Padilla, quien laboraba para el canal de televisión, Hable como Habla,(HCH). Padilla realizaba la grabación de un comercial en la fábrica de peluches Fabrika, del barrio Suyapa y recibió la llamada de una mujer, salió para atenderla y fue acribillado por hombres vestidos de policías que se conducían en un turismo color blanco.
La policía detuvo a 17 supuestos miembros de la pandilla 18, incluido Cristian Ariel Calix Hernández (Litlle Sam), de quien las autoridades decían que estaba en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, sin darse cuenta que desde el 24 de noviembre de 2016 estaba libre bajo fianza.
Por el crimen solo fueron acusados dos supuestos autores materiales, Aaron Alejandro Aguilar (El Sufrido), David René Benitez (Hellboy), al resto de detenidos los acusaron de otros delitos, mientras que Marta Yolanda Ortez, alias La Gorda, de quien se hijo que hizo la llamada, fue dejada en libertad.
A la lista de periodistas asesinados en 2017, también se suma el camarógrafo de HCH, Edwin Rivera Paz, asesinato en Tijuana, México. Él trabajaba con Igor Padilla y huyó de Honduras después del crimen de su compañero. Un periódico digital mexicano informó que Rivera Paz fue perseguido por ocupantes de dos motocicletas que le dispararon en varias ocasiones.
Aparte de esas muertes, el CONADEH también registra al menos 30 periodistas y comunicadores sociales que en el 2017 reportaron haber sido víctimas de robos, asaltos y atentados criminales, mientras que el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a septiembre de 2017 reporta 129 solicitudes de protección atendidas, en las que se cuentan 26 de periodistas y 7 de comunicadores sociales.
Informes de diversos organismos de derechos humanos, coinciden en que
el golpe de Estado ejecutado en junio del 2009 desató la ola de
violencia contra los periodistas y comunicadores sociales que cubren las
acciones de la población en demanda de justicia y que protesta por la
corrupción en el país.
Antes del golpe de Estado en Honduras solo se habían registrado cuatro asesinatos de periodistas. Arístides Soto, en el 2001; Germán Rivas, en el 2003, Carlos Salgado en el 2007 y Fernando González en el 2008.
Ya para el 2009, cuando la gente sale a protestar por el rompimiento del orden constitucional, la violencia alcanza niveles exagerados y el ataque contra este gremio se incrementa. En este año fueron asesinados, Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López y Gabriel Fino Noriega.
Cabe decir que en el 2009 y bajo el régimen de Roberto Micheletti, surgido con el golpe de Estado, se desarrollaron las elecciones generales y resultó electo presidente, Porfirio Lobo Sosa, a quien la resistencia no reconoció y desarrolló innumerables manifestaciones. La prensa estaba allí, y como siempre, unos a favor y otros en contra.
Lobo recibió la presidencia en enero de 2010 y en este año la lista de periodistas asesinados subió de cuatro a doce. Nicolás Asfura, Joseph Hernández, David Meza, Nahúm Palacios, Bayardo Mairena, Manuel de Jesús Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge (Jorgino) Orellana, Carlos Humberto Salinas Midence, Luis Arturo Mondragón, Israel Díaz Zelaya y Henry Orlando Suazo.
En el 2011, segundo año de gobierno de Lobo Sosa, comparado con el año anterior, la cifra bajó de doce a seis. Y en este periodo fueron asesinados, Héctor Francisco Medina Polanco, Luis Mendoza, Adán Benítez, Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores y Luz Marina Paz.
La falta de investigación y judicialización de todos esos asesinatos, provocó que en 2012, tercer año de gobierno de Lobo Sosa, volvieran a incrementarse los asesinatos de periodistas. De seis, la cifra subió a nueve, Zaira Fabiola Almendares Borjas, Fausto Elio Valle Hernández, Noel Alexander Valladares, Erick Alexander Martínez Ávila, Ángel Alfredo Villatoro Rivera, Adonis Felipe Gutiérrez Bueso, José Noel Canales Lagos, Julio César Cassaleno, Ángel Edgardo López Fiallos.
El 2012 fue año político para las elecciones internas de los partidos y donde hubo polarización, como la desatada entre el Partido Nacional donde Miguel Pastor y Ricardo Álvarez señalaron a Juan Orlando Hernándezde corrupto y de haberles robado las elecciones.
En el 2013 la ola delictiva contra los periodistas se vuelve imparable y le quitan la vida a Celín Zelaya Acosta, José Alfredo Osorto Barahona, Aníbal Barrow, Manuel de Jesús Murillo Varela, Carlos Mauricio Flores Hernández y Juan Carlos Argeñal Medina.
De igual manera, en el 2014, primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, diez periodistas cayeron abatidos, José Roberto Ugarte, Carlos Mejía Orellana, Hernán Cruz Barnica, Oscar Antony Torres Martínez, Luis Alonso Fúnez Duarte, Herlyn Iván Espinal Martínez, Nery Francisco Soto Torres, Dagoberto Díaz Suárez, Dorian Argenis Ortez Rivera y Reinaldo Paz Mayes.
En el 2015 fueron asesinados, Juan Carlos Fernández, Erick Geovany Arriaga Casco, Artemio Deras Orellana, Cristel Joctan López Bermúdez, Franklin Johan Dubón, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adalid Rodríguez, Joel Aquiles Torres, Adelmo Cortez, Nelson Enrique Salinas. Y en el 2016 murieron asesinados, Marlon David Martínez Caballero, Dorian Hernández, Elmer Cruz y Henry Roberto Reyes Salazar.
Atentados
Los periodistas en Honduras también son víctimas de atentados criminales, como el ocurrido el 24 de agosto de 2017 contra del director del periódico, El Libertador, Jhonny Lagos y otro del que también fuera víctima el 02 de mayo de 2016, Félix Antonio Molina, conductor del programa de radio “Resistencia”, y asesor técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras,(AMCH).
Tanto Félix como Lagos, mantienen posiciones críticas contra los abusos de poder del gobierno y de la corrupción que campea en Honduras y es por eso que en repetidas ocasiones han sido víctimas de situaciones difíciles. Molina debió abandonar el país y se mantiene en el exilio.
En el caso particular de Lagos, después del golpe de Estado, él, su medio y sus compañeros periodistas han sido blanco de ataques sistemáticos. Y aunque la policía ha querido vincular su atentado con el robo, los antecedentes evidencian que todo sucedió con relación al ejercicio de su profesión.
Lagos y su esposa, Lurbin Yadira Cerrato, fueron atacados a tiros cuando salían del centro de trabajo. La mujer resultó con una herida leve y el periodista solo pudo salvar su vida tirándose al piso. Uno de los atacantes le gritó a otro" pégale en la cabeza, rematá a ese hijo de la gran puta". El hecho ocurrió a tempranas horas de la noche.
Y Félix Molina, recibió dos impactos de bala en sus piernas cuando se transportaba en un taxi por el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
De igual forma, otros periodistas, camarógrafos, fotógrafos y comunicadores sociales, como, Fidelina Sandoval, Geydy Arriaga, José Ramón Maldonado, Antonio “Tony” Quintero, Virgilio Núñez, José Corea, Nery Adalberto Recarte, Juan Carlos Cabrera Cruz, Elías Javier Chaín, Joel Coca, Jorge Salvador Cabrera Alfaro, Amalia Rivera, Erick Mairena, Ariel D’ Vicente, Héctor Antonio Madrid, Joseph Cruz, Salomón Salguero, Jeovanny Castro, Pablo Matamoros, Kenia Arias, Ricardo Matute y René Alberto Ortega, reportaron en distintos momentos haber sufrido atentados.
A lo anterior se suma la enorme cantidad de denuncias por atentados, amenazas de muerte, destrucción y robos de equipos, intimidación y agresiones verbales y físicas, que por falta de interés tampoco se resuelven en las entidades operadoras de justicia, pese a que muchas de ellas han sido acompañadas por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.
DESCARGUE TABLA DE PERIODISTAS ASESINADOS EN HONDURAS 2001 - 2017 |
Justicia a medias
De los 75 asesinados, solo seis casos fueron resueltos mediante sentencias condenatorias para los gatilleros. Hasta ahora no se conoce que haya investigaciones para dar con el paradero de quienes ordenaron esas muertes. Comúnmente la gente se refiere a ellos como los autores intelectuales.Y hay que destacar que entre esos seis casos resueltos a medias, cuentan aquellos que tuvieron mucha presencia en los medios de comunicación, como el del director de noticias de HRN,Alfredo Villatoro, el de Aníbal Barrow y Jorge (Jorgino) Orellana. Los demás corresponden a las muertes violentas de Carlos Hilario Mejía, empleado de Radio Progreso, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas y Héctor Medina Polanco, de Omega Visión.
Con 18 y 16 casos cada uno, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, respectivamente se ubican como las regiones de mayor riesgo para el ejercicio de la profesión. La situación es relativa si se considera que es donde hay mayor cantidad de medios de comunicación y donde mayores intereses económicos y políticos se manejan.
El 43% de crímenes ocurren en el gobierno JOH
La Unidad de Comunicaciones (CONADEH) registra que solo en los últimos cuatro años, gobernados por Juan Orlando Hernández, en este país centroamericano, auto determinado democrático y donde los empresarios y funcionarios gubernamentales dicen vivir en paz, 32 periodistas y comunicadores sociales fueron acribillados. Esa cifra representa el 43% del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años. Es decir, en cuatro periodos gubernamentales.Y es que según Julio Velásquez, director de comunicaciones del CONADEH, la cadena de crímenes inicia con la muerte violenta de Arístides Soto, un periodista deportivo, de la corporación Televicentro encontrado muerto y con signos de tortura, trabado en uno de los elevadores del hotel Holiday Inc. de San Pedro Sula, el 6 de octubre de 2001 previo a la transmisión del partido de futbol entre Honduras y Trinidad y Tobago, eliminatorio para el mundial Corea-Japón 2002.
Puedes ver la infografia completa aquí |
En la línea de fuego
Pese a que en el país existe diversidad de entidades creadas en teoría para la defensa de los derechos humanos, en la última década, los periodistas se han mantenido en la línea del fuego que se desprende la corrupción y del abuso de poder que ejercen las autoridades.Es esa razón que a diario se reportan agresiones a la libertad de prensa, amenazas, intimidación y acoso contra los periodistas y comunicadores sociales que piensan y se expresan de manera diferente a los grupos de poder. Sin embargo, ese tipo de denuncias pasa desapercibida por quienes tienen la obligación de investigarlas.
Por ejemplo: Si usted ha sido víctima de amenazas y no cuenta con el nombre completo de la persona que lo amenazó, el Ministerio Público no se la recibe, a pesar del conocimiento que ellos tienen que la mayoría de agresiones provienen de miembros del ejército y la policía, que al momento de reprimir las manifestaciones quitan los ficheros de sus uniformes. Tampoco le dicen, me llamo Jorge y vengo a darte en la cabeza.
En los últimos meses, como producto del fraude electoral, las manifestaciones populares se han incrementado y también crecieron las agresiones contra la población y los periodistas.
Ellos, transmitían la manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura cuando la policía les lanzó gases lacrimógenos, para luego ser embestidos por militares que los atacaron con garrotes, patadas y empujones.“Nos trataron como bestias”, dijo Rony Martínez, periodista de Une TV, el pasado 12 de enero, cuando él y sus compañeros Cesar Silva y Pedro Amador fueron agredidos por la policía y los militares.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura desconoce a JOH como presidente y exige que le entregue el poder a Salvador Nasralla, quien en las urnas habría ganado la presidencia. Y UNE TV acompaña ese clamor popular porque están convencidos de que hubo fraude.
En esta ocasión también fue golpeada y obstaculizada para hacer su trabajo la periodista Claudia Mendoza, corresponsal en Honduras de Univisión. Ella estaba grabando la represión contra los periodistas de UNE TV y por eso le dieron golpes en varias partes de su cuerpo. De un garrotazo le botaron su teléfono celular el que resultó con la pantalla quebrada, mientras que al camarógrafo de UNE TV le destruyeron la cámara.“Cuando les dijimos que éramos de la prensa, nos sacaron a empujones y a patadas, tenemos golpes en las piernas en las pantorrillas, en la cabeza”, dijo Martínez.
 Foto: Honduras Tierra Libre Durante la manifestación fueron agredidos el camarógrafo, Pedro Amador y los periodistas, Rony Martínez y Cesar Silva de UNETV |
La preocupación del CPH, representado por su presidente, Dagoberto Rodríguez, se basa en los señalamientos que hace la oposición en contra de los propietarios y directores de los diarios, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, Televicentro, HCH y Canal 10, entre otros, que sirven como plataforma del gobierno para que mantenga desinformada o mal informada a la población.
Contrario a lo anterior, el CPH no se pronuncia por la campaña de odio que se desprende del gobierno y del Partido Nacional contra del Director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, de los corresponsales de Telesur e Hispan TV, Gilda Silvestrucci y Dassaev Alguilar y de los periodistas de UNE TV, Ivis Alvarado, Cesar Silva, Rony Martínez y Jorge Aldana, de Dunia Montoya y Bartolo Fuentes de la Revista Vida Laboral, por ejemplo.
Otras violaciones
El Estado de Honduras violenta la libertad de prensa cuando el ejército o la policía impiden la libre circulación de los periodistas, quienes son sometidos a registros y hasta les niegan la entrada a eventos oficiales. El 18 de enero pasado, soldados de las Fuerzas Armadas le impidieron a Cesar Silva entrar al Congreso Nacional a darle cobertura a la sesión legislativa, donde el periodista ha trabajado por años.Situación similar estuvo a punto de ocurrir el 03 de diciembre de 2017 con la periodista de Radio Progreso, Eleana Borjas, a quien soldados del ejército sometieron a un registro exhaustivo cuando se aprestaba a realizar su trabajo.
 Foto: Honduras Tierra Libre Elena Borjas, corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa. |
Datos del Comité por la Libre Expresión (C Libre) detallan que el lunes 11 de diciembre, miembros del Ejército Nacional detuvieron al comunicador social, Josué Neptalí Rubí, quien le daba cobertura a una manifestación pacífica contra el fraude electoral, en Nacaome Valle.
Rubí, director del programa, Notivoz Estelar, de Canal 33 de San Lorenzo Valle, fue encarcelado desde las12:30 del mediodía hasta las 10 de la noche.
El comunicador denunció en una entrevista de pasosdeanimalgrande.com que fue capturado y mantenido preso en celdas policiales a pesar que informó a la policía que estaba en el ejercicio periodístico sobre lo cual las autoridades tienen conocimiento porque lo hace desde hace varios años.
El once de diciembre de 2017 los militares que reprimían una manifestación en San Marcos de Colon, en Choluteca, dispararon contra el vehículo en que se conducía la periodista, Nilda Sosa, de Canal 11 y su camarógrafo. Ellos realizaban su trabajo y de repente los militares llegaron y abrieron fuego contra los manifestantes, acción que denunciaron en la Oficina Regional del CONADEH.
Otro incidente que registró C-Libre, ocurrió contra el comunicador social, Walter Salinas, el 20 de noviembre pasado. Salinas, director del Programa de Noticias y comentarios, que se transmite en Guayape Visión, de Patuca Olancho, denunció ante el organismo haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un activista del Partido Nacional, de nombre Francisco Rodríguez.Salinas, fue amenazado cuando llegaba al medio de comunicación para realizar su trabajo.
El 23 de enero pasado, la periodista Paola Cobos de Canal 6 llegó a una manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, comenzó a tomar fotos con su teléfono celular y como no andaba identificada un grupo de manifestantes pensó que se trataba de alguien que se había infiltrado. “agárrenla, agárrenla”, se escuchó en la multitud y ella comenzó a correr, la alcanzaron y al decirles que es periodista ellos se limitaron a revisarle su teléfono.
Pero los periodistas están claros que se encuentran en la línea de fuego, unos que por trabajar en los medios controlados por el gobierno están obligados a opinar en contra del pueblo y otros que de manera independiente y conscientes de que el periodismo no debe replegarse al poder se anteponen a las prácticas corruptas y se ubican en contraposición de la policía y del ejército. Estos son los que más se exponen a situaciones difíciles, como la experimentada por Dunia Montoya, periodista de la Revista Vida Laboral, el 01 de septiembre de 2015. Ella fue agredida por policías, cuando daba cobertura a una manifestación de pobladores de El Progreso, Yoro, que exigían encarcelamiento de los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En la brutalidad policial Montoya resultó con fracturas en uno de sus brazos y le destruyeron su equipo de trabajo. En esa misma ocasión los agentes también agredieron Eddie Andino, de Canal 6, a Gerardo Chévez, de Radio Progreso y a Román Paz, de Campus TV.
Inaceptable persecución del CPH
Sin embargo, Honduras está lejos, porque al parecer los dueños de medios en sus contratos con el Estado y con la empresa privada incluyen la conciencia y el pensamiento de los directores, jefes de redacción y periodistas.“Los periodistas deben estar siempre contra el poder o por lo menos criticándolo”, dice Jorge Ramos en su libro, A la Caza del León.
 Foto: Honduras Tierra Libre Emy Padilla, Directora de criterio.hn |
En noviembre de 2017, el CPH amenazó con querellar al personal del periódico digital, Criterio hn, por denunciar la corrupción histórica en el Instituto de Previsión del Periodista, (IPP).
En su reportaje del 31 de octubre de 2017, Criterio-hn afirma que desde 1987 los directivos del CPH han manejado más de 300 millones de lempiras sin control del gasto administrativo en detrimento de las pensiones de los afiliados. Y es esa razón, por la que según la directora del medio, Emy Padilla, fueron amenazados por el CPH.
Lo querella su patrón
Efrén Bonilla, periodista que lucha por el pago de las prestaciones de 288 empleados despedidos ilegalmente por Diario Tiempo, entre ellos decenas de periodistas, fue demandado por su patrón, Carlos Rosenthal y en un juzgado penal tuvo que pedirle disculpas para evitar ir a la cárcel.A Bonilla lo demandó por difamación Carlos Rosenthal, director del diario por haber dicho en una manifestación pública, que su patrón era el dueño de Editorial Honduras y que era testaferro de la familia Rosenthal.
Diario Tiempo cerró operaciones del periódico impreso cuando varios miembros de la familia Rosenthal fueron acusados de cometer delitos en Estados Unidos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados,(OABI,) les aseguró varias empresas. No pagó salarios ni prestaciones de los trabajadores por lo que ellos realizaron acciones para exigir sus derechos.
Organismos internacionales
La difícil situación que vive la prensa en Honduras ha comenzado a calar en los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), entidades que ya se han pronunciado por las amenazas y hostigamientos que sufren no solo los periodistas sino también defensores de derechos humanos en el contexto post-electoral.En tal sentido, estos organismos le han solicitado al Estado de Honduras tomar las medidas adecuadas para garantizarles la libertad que requieren los periodistas para hacer su trabajo.
De igual manera, instan que las autoridades investiguen las denuncias por agresiones, intimidación y amenazas que se han registrado antes y después del cuestionado proceso electoral. El llamamiento incluye la investigación de las campañas de difamación y estigmatización de periodistas a través imágenes impresas que circulan en las redes sociales.
Además, la CIDH y la OACNUDH plantean la necesidad de dotar de los recursos necesarios al Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para funcione adecuadamente.
Otro organismo internacional que se ha pronunciado por violaciones a libertad de prensa en Honduras, es la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP). El ente condenó la prohibición de ingreso a Honduras “de tres periodistas internacionales y el ambiente hostil contra reporteros y trabajadores de medios que cubren las protestas tras las polémicas elecciones presidenciales”.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario La República, de Lima, Perú, dijo que la situación en Honduras es contraria a lo que debe regir en una sociedad democrática y la calificó como de un asunto de interés nacional e internacional.
Sostuvo, que los periodistas freelancers estado
¿Y los ente nacionales, qué?
En Honduras funciona diversidad de organismos creados por el gobierno para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el país sigue registrando niveles elevados de impunidad y violación a estos derechos.Nadie se explica por qué en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos todavía están pendientes de resolver innumerables violaciones de los derechos humanos denunciadas por periodistas y comunicadores sociales de todo el país en el 2009 y años posteriores, contenidas en los informes del CONADEH y demás organismos nacionales y extranjeros.
Para cumplir un compromiso internacional, Porfirio Lobo, en su gobierno creó la Secretaría de Derechos Humanos, no la dejaron trabajar y al llegar al poder Juan Orlando Hernández, la cerró. Sin embargo, a manera juego, el mismo presidente, declarado reelecto ilegalmente y acusado de robarse las elecciones, reabre la entidad y ha nombrado a Karla Cueva, como la nueva secretaria de derechos humanos, acción que realiza en momentos en que las fuerzas represoras del Estado reprimen al pueblo que exige la salida del mandatario.
En otro sentido, para cumplir otro compromiso internacional, también se creó el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero de esta institución es poco lo que se puede decir debido a que hasta hoy no es capaz ni de manejar al día las estadísticas de violación a los derechos humanos.
Ante tal situación, en las ciudades y pueblos de Honduras, donde el estado de derecho brilla por su ausencia, los periodistas y comunicadores sociales están en indefensión, pese a que diversas naciones del mundo le han recomendado a las autoridades crear mecanismos capaces de contrarrestar las amenazas, que no solo provienen del crimen organizado sino también de la empresa privada y funcionarios del gobierno, incluida la Policía y del Ejecito.
Los Muertos
En octubre pasado, en Santa Rosa de Copan, murió tiroteado, el comunicador social, Osmín España, conocido como el Payasito Pinpín. Él era el conductor del programa de televisión “El Show del Príncipe”, donde mezclaba el humor con la crítica a los problemas sociales.A la una de la tarde del miércoles 04 de octubre, en la colonia Osorio de Santa Rosa de Copan, Pinpin fue encontrado con heridas de bala en su cabeza, fue trasladado al hospital de Occidente pero los médicos recomendaron llevarlo a San Pedro Sula para una intervención quirúrgica. Un día después, este comunicador social fue declarado muerto en el hospital Nacional Mario Catarino Rivas. Con él ya suman cinco los periodistas asesinados en aquella región.
El 13 de septiembre en Omoa Cortés murió asesinado William Flores, director del programa, sin pelos en la lengua, de Canal 22. El comunicador social fue tiroteado por desconocidos que se transportaban en motocicleta, en el sector de Santa Isabel.En su programa trataba varios temas, pero mantenía una posición crítica hacia las empresas dedicadas a la siembra de zacate y palma africana para la generación de energía eléctrica. Se ha informado que en Cuyamel, Cuyamelito y en las cercanías del Rio Motagua, estas compañías han deforestado miles de hectáreas de bosque.
El crimen no ha sido investigado, pero irresponsablemente la policía relacionó el hecho con la pelea de territorio por venta de drogas y destacaron que el periodista era el dueño de un billar, donde meses atrás mataron a un policía.
El 15 de junio, en el barrio La Gloria de La Ceiba Atlántida, frente a su casa, fue ultimado el comunicador social, Víctor Fúnez, director del programa televisivo, Panorama Nocturno, de Canal 45.
La muerte del comunicador se rodea de un misterio luego que varios medios dieran a conocer que la hermana del periodista, Melissa Fúnez, responsabilizaba del crimen al alcalde de La Ceiba, versión que horas más tarde fue descartada por la esposa del comunicador asesinado.
Por el crimen, la policía capturó a Alvaro Euceda, conocido en la ciudad, como El Pájaro, lo presentaron como el autor material y el detenido aceptó haber matado a Fúnez por problemas personales, pero al día siguiente reveló que se había hecho cargo del delito porque en la policía lo obligaron a inculparse. “Me golpearon” expresó.
Víctor Fúnez era parte de los dueños del canal y además aspiraba convertirse en diputado del Congreso Nacional en las planillas el Partido Nacional, instituto político al que también pertenece el edil ceibeño.
El 17 de enero de 2017 en San Pedro Sula, fue asesinado el periodista, Igor Padilla, quien laboraba para el canal de televisión, Hable como Habla,(HCH). Padilla realizaba la grabación de un comercial en la fábrica de peluches Fabrika, del barrio Suyapa y recibió la llamada de una mujer, salió para atenderla y fue acribillado por hombres vestidos de policías que se conducían en un turismo color blanco.
La policía detuvo a 17 supuestos miembros de la pandilla 18, incluido Cristian Ariel Calix Hernández (Litlle Sam), de quien las autoridades decían que estaba en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, sin darse cuenta que desde el 24 de noviembre de 2016 estaba libre bajo fianza.
Por el crimen solo fueron acusados dos supuestos autores materiales, Aaron Alejandro Aguilar (El Sufrido), David René Benitez (Hellboy), al resto de detenidos los acusaron de otros delitos, mientras que Marta Yolanda Ortez, alias La Gorda, de quien se hijo que hizo la llamada, fue dejada en libertad.
A la lista de periodistas asesinados en 2017, también se suma el camarógrafo de HCH, Edwin Rivera Paz, asesinato en Tijuana, México. Él trabajaba con Igor Padilla y huyó de Honduras después del crimen de su compañero. Un periódico digital mexicano informó que Rivera Paz fue perseguido por ocupantes de dos motocicletas que le dispararon en varias ocasiones.
Aparte de esas muertes, el CONADEH también registra al menos 30 periodistas y comunicadores sociales que en el 2017 reportaron haber sido víctimas de robos, asaltos y atentados criminales, mientras que el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a septiembre de 2017 reporta 129 solicitudes de protección atendidas, en las que se cuentan 26 de periodistas y 7 de comunicadores sociales.
El periodismo en Honduras
Descarga infografia: Periodistas asesinados 2001-2017 |
Antes del golpe de Estado en Honduras solo se habían registrado cuatro asesinatos de periodistas. Arístides Soto, en el 2001; Germán Rivas, en el 2003, Carlos Salgado en el 2007 y Fernando González en el 2008.
Ya para el 2009, cuando la gente sale a protestar por el rompimiento del orden constitucional, la violencia alcanza niveles exagerados y el ataque contra este gremio se incrementa. En este año fueron asesinados, Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López y Gabriel Fino Noriega.
Cabe decir que en el 2009 y bajo el régimen de Roberto Micheletti, surgido con el golpe de Estado, se desarrollaron las elecciones generales y resultó electo presidente, Porfirio Lobo Sosa, a quien la resistencia no reconoció y desarrolló innumerables manifestaciones. La prensa estaba allí, y como siempre, unos a favor y otros en contra.
Lobo recibió la presidencia en enero de 2010 y en este año la lista de periodistas asesinados subió de cuatro a doce. Nicolás Asfura, Joseph Hernández, David Meza, Nahúm Palacios, Bayardo Mairena, Manuel de Jesús Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge (Jorgino) Orellana, Carlos Humberto Salinas Midence, Luis Arturo Mondragón, Israel Díaz Zelaya y Henry Orlando Suazo.
En el 2011, segundo año de gobierno de Lobo Sosa, comparado con el año anterior, la cifra bajó de doce a seis. Y en este periodo fueron asesinados, Héctor Francisco Medina Polanco, Luis Mendoza, Adán Benítez, Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores y Luz Marina Paz.
La falta de investigación y judicialización de todos esos asesinatos, provocó que en 2012, tercer año de gobierno de Lobo Sosa, volvieran a incrementarse los asesinatos de periodistas. De seis, la cifra subió a nueve, Zaira Fabiola Almendares Borjas, Fausto Elio Valle Hernández, Noel Alexander Valladares, Erick Alexander Martínez Ávila, Ángel Alfredo Villatoro Rivera, Adonis Felipe Gutiérrez Bueso, José Noel Canales Lagos, Julio César Cassaleno, Ángel Edgardo López Fiallos.
El 2012 fue año político para las elecciones internas de los partidos y donde hubo polarización, como la desatada entre el Partido Nacional donde Miguel Pastor y Ricardo Álvarez señalaron a Juan Orlando Hernándezde corrupto y de haberles robado las elecciones.
En el 2013 la ola delictiva contra los periodistas se vuelve imparable y le quitan la vida a Celín Zelaya Acosta, José Alfredo Osorto Barahona, Aníbal Barrow, Manuel de Jesús Murillo Varela, Carlos Mauricio Flores Hernández y Juan Carlos Argeñal Medina.
De igual manera, en el 2014, primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, diez periodistas cayeron abatidos, José Roberto Ugarte, Carlos Mejía Orellana, Hernán Cruz Barnica, Oscar Antony Torres Martínez, Luis Alonso Fúnez Duarte, Herlyn Iván Espinal Martínez, Nery Francisco Soto Torres, Dagoberto Díaz Suárez, Dorian Argenis Ortez Rivera y Reinaldo Paz Mayes.
En el 2015 fueron asesinados, Juan Carlos Fernández, Erick Geovany Arriaga Casco, Artemio Deras Orellana, Cristel Joctan López Bermúdez, Franklin Johan Dubón, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adalid Rodríguez, Joel Aquiles Torres, Adelmo Cortez, Nelson Enrique Salinas. Y en el 2016 murieron asesinados, Marlon David Martínez Caballero, Dorian Hernández, Elmer Cruz y Henry Roberto Reyes Salazar.
| |
Los periodistas en Honduras también son víctimas de atentados criminales, como el ocurrido el 24 de agosto de 2017 contra del director del periódico, El Libertador, Jhonny Lagos y otro del que también fuera víctima el 02 de mayo de 2016, Félix Antonio Molina, conductor del programa de radio “Resistencia”, y asesor técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras,(AMCH).
Tanto Félix como Lagos, mantienen posiciones críticas contra los abusos de poder del gobierno y de la corrupción que campea en Honduras y es por eso que en repetidas ocasiones han sido víctimas de situaciones difíciles. Molina debió abandonar el país y se mantiene en el exilio.
En el caso particular de Lagos, después del golpe de Estado, él, su medio y sus compañeros periodistas han sido blanco de ataques sistemáticos. Y aunque la policía ha querido vincular su atentado con el robo, los antecedentes evidencian que todo sucedió con relación al ejercicio de su profesión.
Lagos y su esposa, Lurbin Yadira Cerrato, fueron atacados a tiros cuando salían del centro de trabajo. La mujer resultó con una herida leve y el periodista solo pudo salvar su vida tirándose al piso. Uno de los atacantes le gritó a otro" pégale en la cabeza, rematá a ese hijo de la gran puta". El hecho ocurrió a tempranas horas de la noche.
Y Félix Molina, recibió dos impactos de bala en sus piernas cuando se transportaba en un taxi por el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
De igual forma, otros periodistas, camarógrafos, fotógrafos y comunicadores sociales, como, Fidelina Sandoval, Geydy Arriaga, José Ramón Maldonado, Antonio “Tony” Quintero, Virgilio Núñez, José Corea, Nery Adalberto Recarte, Juan Carlos Cabrera Cruz, Elías Javier Chaín, Joel Coca, Jorge Salvador Cabrera Alfaro, Amalia Rivera, Erick Mairena, Ariel D’ Vicente, Héctor Antonio Madrid, Joseph Cruz, Salomón Salguero, Jeovanny Castro, Pablo Matamoros, Kenia Arias, Ricardo Matute y René Alberto Ortega, reportaron en distintos momentos haber sufrido atentados.
En los últimos años Honduras se ha situado entre los
países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el mundo y el
problema que se agrava con el alto índice de impunidad que florece en
la nación. De 2001 a la fecha en este país centroamericano han asesinado
a 75 periodistas, el 95% (71 periodistas) cayeron abatidos por las
balas después del golpe de Estado que ejecutaron las Fuerzas Armadas,
apoyadas por políticos y empresarios para derrocar a Manuel Zelaya
Rosales.
Desde ese momento los reclamos han sido múltiples. Organismos
nacionales y extranjeros se han pronunciado para que se esclarezcan los
asesinatos, se condene a los asesinos y se investigue la enorme cantidad
de denuncias por amenazas, intimidaciones y atentados que presentaron
en la Fiscalía de los Derechos Humanos los periodistas y comunicadores
sociales, que la última década sintieron que sus vidas corrían peligro.
Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades y la
corrupción que impera en los órganos operadores de justicia, impiden
llegar a fondo en las investigaciones y castigar a los responsables de
los distintos crímenes.
Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo.
La clasificación mundial de libertad de prensa realizada para este
año, por la Organización, Reporteros sin Fronteras, destaca que la
impunidad en Honduras, “país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción”
desde el año 2009, provoca que los periodistas de los medios de la
oposición y alternativos estén sufriendo agresiones y amenazas de muerte
permanente, agresiones que en su mayoría provienen del mismo Estado, a
través de la Policía y el Ejército que salen a reprimir las
manifestaciones populares.
Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, el ex Fiscal General del Estado y ex aspirante
presidencial del Partido Liberal, Edmundo Orellana Mercado, consultado
por Pasos de Animal Grande sobre este tema, evitó referirse a la
impunidad de los asesinatos y muy alejado del problema, dijo que las
muertes de periodistas se deben analizar desde dos puntos de vista.
Muy distinta es la posición del Presidente del CPH, Dagoberto
Rodríguez, quien ha lamentado que la Fiscalía de Delitos contra la Vida
no le haya dado prioridad a la investigación y judicialización de los
asesinatos de periodistas y que por esa razón el país se encuentra en
situaciones muy difíciles, junto con México y Colombia con incidencias
altas de asesinatos de periodistas y con una alta impunidad de esos
crímenes.
Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.
Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.
Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.
Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.
El 8 de mayo de 2015 Honduras fue sometida al Examen Periódico
Universal,(EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), de allí surgieron 152 recomendaciones para diferentes áreas, incluida la libertad de expresión,
tema para el cual diversos países del mundo le pidieron al Estado de
Honduras aplicar medidas y ponerle fin a los asesinatos, las amenazas y
el hostigamiento contra los periodistas.
Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.
Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.
Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.
El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.
De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.
De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.
Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.
En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.
El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.
Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.
Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
Del total, el Conadeh envió al Sistema Nacional de Protección 9 casos
con sus respectivas solicitudes de protección a favor de 13 personas.
Tres se las presentó en la Secretaría de Seguridad para la
implementación de medidas de seguridad y dos fueron remitidas para
investigación al Comandante de la Policía Militar. Entre los agraviados
según Herrera Cáceres hay directores de medios, periodistas,
comunicadores sociales, camarógrafos y fotógrafos.
Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.
Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.
Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.
En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).
Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.
Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
La gran mayoría de muertes y agresiones de periodistas está en la
impunidad y consideraron que la nueva entidad podía ser la oportunidad
que tendría el Ministerio Público para reivindicar a las víctimas y
combatir la impunidad, pero luego se dieron cuenta que no será así.
Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
No investigará muertos ni casos viejos
Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.
El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.
La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.
Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.
La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
|
Descargue infografia completa aquí |
Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo.
|
Tabla de periodistas asesinados 2001-2017 |
Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Joaquín Mejía, Coordinador del ERIC.
|
Para él, el gobierno ha cerrado los espacios de libre expresión y las personas que se atreven a desafiar este sistema se ven enfrentadas a la fuerza represiva, no solo del gobierno, sino de cualquier otro sector, económico o político. Con sus propias palabras este defensor de los derechos humanos asegura que “tomar un micrófono, una pluma, un ordenador, ponerse frente de una cámara y denunciar cualquier desviación de los poderes implica una situación de riesgo”.Pero lo que más lamenta Mejía, es que el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla, como cabeza del Ministerio Público, no les dé la importancia que merecen a las graves violaciones de los derechos humanos registradas en el marco del golpe de Estado y durante la crisis política electoral, donde muchos periodistas fueron alcanzados por la represión del Estado en contra de la población. Escenario al que en diciembre de 2015, se refirió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), que revela en su informe haber constatado la grave situación de inseguridad en la que trabajan los periodistas y comunicadores sociales, el contexto elevado de violencia y la falta de respuesta en las instituciones del Estado.
Edmundo Orellana Mercado, ex Fiscal General del Estado.
|
Como ex Fiscal General, sabe que sin investigación difícilmente pueden determinarse las causas, pero afirma que, “hay quienes han muerto luego haber extorsionado a capos del crimen organizado y esa gente responde con la violencia y la crueldad y por otro lado, están los periodistas que por cumplir sus deberes o decir la verdad son objetos de persecución y de censura”.Como el tema no era ese, Pasos de Animal Grande, le formuló nuevamente la pregunta, y Orellana aclaró que por la amistad que mantiene con el actual y anteriores fiscales generales, no podía hablar abiertamente de la situación, pero aprovechó para tirarle flores a Chinchilla. “Yo lo que sí le podría decir es que este fiscal está saliendo muy bien”, refiriéndose a las acciones que el Ministerio Público realiza en coordinación con la Misión de Apoyo contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), trabajo que muchos se lo atribuyen Chinchilla. Pero una cosa es la corrupción y otra es la impunidad en la muerte de personas.
Dagoberto Rodríguez, Presidente del CPH.
|
Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.
Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.
Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.
Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.
Mecanismo de protección
Ver infografia aquí |
Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.
Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.
Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.
El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.
De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.
De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.
Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.
En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.
 Descargar en formato PDF |
El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.
Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.
Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
Roberto Herrara Cáceres, Comisionado del Conadeh.
|
Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.
Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.
Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.
En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).
La FEPRODDEHH
Mediante acuerdo FGR 002-2018 del 14 de marzo de 2018 la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH) y el 29 de mayo, dos meses después, nombraron jefe de esta nueva entidad, al abogado Gerry Yassar Valladares y a la abogada, Melissa Medina, como subjefa.Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.
El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.
Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Los resultados son mínimos y las expectativas enormes, hay quienes y entre ellos, el Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, que tiene fe en que esta nueva fiscalía ayudará a resolver los asesinatos de los periodistas y defensores de los derechos humanos, “Abrigamos una alta expectativa de que se resuelvan los casos de periodistas asesinados por que hay una alta impunidad”, dijo. A juicio de Rodríguez no deben seguir impunes las muertes violentas de los periodistas y se deben castigar también a los autores intelectuales.A su juicio los casos que no presentan mayor avance en la Fiscalía de Delitos contra la Vida deberían ser trasladados a la Fiscalía de Protección para hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares.
Lavarse la cara
Pero el periodista y defensor de los derechos humanos, Andrés Molina, no se traga el anzuelo y piensa que la cacareacada FEPRODDEHH no es más que otra de las instituciones que ha creado el gobierno para lavarse internacionalmente. Y como los organismos de la sociedad civil no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, Molina, quien forma parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) dice que por las publicaciones de los medios de comunicación se dieron cuenta el Ministerio Público había creado una Fiscalía Especial Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y que lo vieron bien.
Andrés Molina, periodista y defensor de los derechos humanos
|
“nos preocupa que el Ministerio Público únicamente esté haciendo acciones de propaganda y no para combatir la impunidad, tienen los medios y presupuesto, pero no quieren tocar las estructuras del poder que han violado la libertad de expresión y los derechos humanos”, afirmó.Y Molina tiene razón, en la última década Honduras ha adquirido compromisos con diversos estados del mundo para mejorar la situación de los derechos humanos, pero hasta hoy solo se han implementado medidas cosméticas que no resuelven nada. Paralelo a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, más tarde fundaron el Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la Unidad de Muertes de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y hoy se suma la FEPRODDEHH, media docena de organismos, gastando presupuesto y ocupando espacio para sostener la impunidad.
Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
No investigará muertos ni casos viejos
Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.
El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.
La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.
Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.
La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
No son cuentos: Policía se revela ante el Mecanismo de protección y abandona patrullajes para periodista Jairo López
Tuesday, 21 August 2018 22:11 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
La falta de implementación permanente
de las medidas de protección por desobediencia y abuso de autoridad de
la policía de Choluteca, en el Sur de Honduras, coloca al periodista
Jairo López(foto a la izquierda) , en permanente riesgo.
La Policía Preventiva se revela contra el propio Estado de
Honduras y deja sin patrullajes al periodista Jairo López, parte de las
medidas de protección que el Comité Técnico del Mecanismo de Protección
estableció meses atrás pero que han sufrido un constante torpedeo a
vista y paciencia de los altos jerarcas policiales que se hacen de la
vista gorda ante este problema.
La Ley de Protección para periodistas, comunicadores sociales,
defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de Justicia,
fue aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2015 y empezó su puesta
en marcha a través del Mecanismo de Protección a principios de 2016.
Pero la Ley a parte de ser torpedeada no lleva en sus entrañas la
voluntad política para lograr una real protección para los sectores
beneficiarios .
Qué le pasa a Jairo?
Jairo López, es un periodista que conduce el espacio de televisión el Informador, sus constantes críticas a problemas sociales de la zona le han valido cierres constantes de su programa; una querella por difamación y calumnias, campañas de desprestigio, permanentes amenazas y un clima de inseguridad que amenaza su vida.
Y es que no son cuentos, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, hizo un monitoreo de la implementación de las medidas el pasado 14 de agosto de 2018, encontrando en los libros de registro de los patrullajes que solamente se han registrado a partir del 21 de mayo del corriente año con mucha inconsistencia pues o se llevan a cabo como lo señala la medida adoptada en el Comité Técnico donde está representada la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional Preventiva.
Resulta que desde el 01 de agosto de este año la policía de Choluteca abandonó deliberadamente los patrullajes sin que nadie le llame la atención, lo cual estaría en las manos de la Unidad de Seguimiento del Mecanismo de Protección, pero aparentemente es tomada en broma por los agentes policiales que hacen de las suyas y no ocultan su aversión contra el comunicador social a quien tratan de desprestigiar de todas las formas posibles.
La ASOPODEHU a través de su Directora Ejecutiva y una abogada del área legal de la organización constataron las irregularidades, las cuales no hay esperanza que se solventen pues la Policía Nacional que es la encargada de implementar las medidas está en franca desobediencia.
Y los jefes?
La pregunta del millón es si los jefes, empezando por el propio Ministro de seguridad no piensan parar esta situación, o es una estrategia tramada para que Jairo López sufra irremediables consecuencias?.
Son constantes las presiones que recibe la escolta asignada a López, desde suspensión deliberada de la comida hasta un arengueo para que hagan informes donde señalen que el comunicador social será el responsable si le pasa algo pues no quiere la escolta, lo cual según ha denunciado el beneficiario se trata de una campaña de descalificación que vienen desde la jerarquía policial.
El Mecanismo de Protección está pintado
El papel que no solo en este caso juega la Policía Nacional tal parece que se le fue de las manos a las autoridades del Mecanismo de Protección, quizá no prevén el estrategia de dejarles mal parados y de esa forma echar por tierra una iniciativa que le faltan dientes para fortalecerse.
De allí que la sociedad civil a través de sus concejales han manifestado que en realidad es que la voluntad política no existe para echarlo a caminar de verdad, sino que solamente se quiere dar una imagen internacional de respeto a los derechos humanos, pero las risas bajo la mesa sobran.
Anarquía, desobediencia y burlas
Revisar el libro de las comidas que deben ser enviadas a la escolta
tres veces al día solamente empezó a ser llenado a partir del 02 de
agosto de 2018 y solamente se evidencia que apenas un tiempo de comida
es llevado demasiado tarde a los agentes encargados de proteger a López,
en solo una ocasión un desayuno y una cena se registraron.
Al consultar por parte de la ASOPODEHU por qué en el libro no está la firma de Jairo López que constate tanto los patrullajes como las comidas a la escolta, dos policía al unísono dieron como excusa que no quería firmar, “y además él antes les daba la comida, entonces por qué se las quitó”, señalaron, no se sabe si por ignorancia o con sarcasmo pues la responsabilidad es del Estado de Honduras a través de esa entidad policial.
A los policías subalternos y a sus jefes les choca que en el programa El informador se critique su accionar contra la población de Choluteca que se pronuncia pacíficamente dos veces a la semana y el Programa El Informador difunde imágenes de las protestas contra diferentes problemas en la región, de allí que quieran colocar al periodista como dirigente de las movilizaciones y de esa forma descalificar el ejercicio de la profesión.
Jairo López habló de este problema con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Edison Lanza, que llegó en la delegación de la visita in loco que hizo este ente.
Lanza escuchó las peripecias que tiene que pasar López para proteger su vida y la falta de responsabilidad estatal en garantizar su protección.
La CIDH señaló el 03 de agosto emitió recomendaciones preliminares al Estado de Honduras y en la número 17 señaló que se debe “Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas ”, pero pareciera un sueño lograrlo pues el caso de Jairo López no es el único sino que son decenas de ellos.
Qué le pasa a Jairo?
Jairo López, es un periodista que conduce el espacio de televisión el Informador, sus constantes críticas a problemas sociales de la zona le han valido cierres constantes de su programa; una querella por difamación y calumnias, campañas de desprestigio, permanentes amenazas y un clima de inseguridad que amenaza su vida.
Y es que no son cuentos, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, hizo un monitoreo de la implementación de las medidas el pasado 14 de agosto de 2018, encontrando en los libros de registro de los patrullajes que solamente se han registrado a partir del 21 de mayo del corriente año con mucha inconsistencia pues o se llevan a cabo como lo señala la medida adoptada en el Comité Técnico donde está representada la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional Preventiva.
Resulta que desde el 01 de agosto de este año la policía de Choluteca abandonó deliberadamente los patrullajes sin que nadie le llame la atención, lo cual estaría en las manos de la Unidad de Seguimiento del Mecanismo de Protección, pero aparentemente es tomada en broma por los agentes policiales que hacen de las suyas y no ocultan su aversión contra el comunicador social a quien tratan de desprestigiar de todas las formas posibles.
La ASOPODEHU a través de su Directora Ejecutiva y una abogada del área legal de la organización constataron las irregularidades, las cuales no hay esperanza que se solventen pues la Policía Nacional que es la encargada de implementar las medidas está en franca desobediencia.
Y los jefes?
La pregunta del millón es si los jefes, empezando por el propio Ministro de seguridad no piensan parar esta situación, o es una estrategia tramada para que Jairo López sufra irremediables consecuencias?.
Son constantes las presiones que recibe la escolta asignada a López, desde suspensión deliberada de la comida hasta un arengueo para que hagan informes donde señalen que el comunicador social será el responsable si le pasa algo pues no quiere la escolta, lo cual según ha denunciado el beneficiario se trata de una campaña de descalificación que vienen desde la jerarquía policial.
El Mecanismo de Protección está pintado
El papel que no solo en este caso juega la Policía Nacional tal parece que se le fue de las manos a las autoridades del Mecanismo de Protección, quizá no prevén el estrategia de dejarles mal parados y de esa forma echar por tierra una iniciativa que le faltan dientes para fortalecerse.
De allí que la sociedad civil a través de sus concejales han manifestado que en realidad es que la voluntad política no existe para echarlo a caminar de verdad, sino que solamente se quiere dar una imagen internacional de respeto a los derechos humanos, pero las risas bajo la mesa sobran.
Anarquía, desobediencia y burlas
Al consultar por parte de la ASOPODEHU por qué en el libro no está la firma de Jairo López que constate tanto los patrullajes como las comidas a la escolta, dos policía al unísono dieron como excusa que no quería firmar, “y además él antes les daba la comida, entonces por qué se las quitó”, señalaron, no se sabe si por ignorancia o con sarcasmo pues la responsabilidad es del Estado de Honduras a través de esa entidad policial.
A los policías subalternos y a sus jefes les choca que en el programa El informador se critique su accionar contra la población de Choluteca que se pronuncia pacíficamente dos veces a la semana y el Programa El Informador difunde imágenes de las protestas contra diferentes problemas en la región, de allí que quieran colocar al periodista como dirigente de las movilizaciones y de esa forma descalificar el ejercicio de la profesión.
Jairo López habló de este problema con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Edison Lanza, que llegó en la delegación de la visita in loco que hizo este ente.
Lanza escuchó las peripecias que tiene que pasar López para proteger su vida y la falta de responsabilidad estatal en garantizar su protección.
La CIDH señaló el 03 de agosto emitió recomendaciones preliminares al Estado de Honduras y en la número 17 señaló que se debe “Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas ”, pero pareciera un sueño lograrlo pues el caso de Jairo López no es el único sino que son decenas de ellos.
Políticos, religiosos y empresarios con mucho poder mantienen
privilegios en relación a grupos comunitarios, al poseer la mayor
cantidad de frecuencias de radio otorgadas el Estado de Honduras a
través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(CONATEL), en
detrimento de la libertad de expresión e información a que tiene derecho
la sociedad hondureña.
Basta con mirar los datos de CONATEL para darse cuenta que en el
Estado no existe el mínimo interés de democratizar el espectro
radioeléctrico que históricamente se ha mantenido concentrado en los
grupos de poder económico, político y religioso.
La mayoría de las frecuencias en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y onda corta están en poder de las iglesias evangélicas y católica, de empresarios, del gobierno y de organismos no gubernamentales (ongs), entre otras.
Como ente regulador del espectro radioeléctrico CONATEL registra haber otorgado 1,080 licencias de radio a 424 operadores. 260 de AM, 815 de FM y 5 de onda corta. De ese universo, 480 son comerciales, 133 religiosas, 19 son propiedad de ongs y 18 que corresponden al gobierno. Ver infografia
Entre esas licencias cuenta una que le otorgaron a la Federación
Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y otra a
nombre de la Embajada de los Estados Unidos, otorgada en junio de 2005
al embajador Larry Palmer, vigente hasta junio de 2010.
El resto se encuentra repartido entre políticos y representantes de diversas agrupaciones culturales y gremiales.
Lo anterior contrasta con las recomendaciones que en la reunión de seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) de 2010, en noviembre de 2011 Honduras aceptó para reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones y democratizar el espectro radioeléctrico.
Seis años después, CONATEL registra 10 licencias otorgadas a radioemisoras comunitarias, pero debido a las restricciones impuestas por la misma institución, más de 40 radios comunitarias funcionan en frecuencia libre dicen sus operadores pero el gobierno las llama ilegales.
Esa situación no es igual para las empresas como Audiovideo, por ejemplo, conocida también como América Multimedios, propiedad del ya fallecido político y empresario farmacéutico, Miguel Andonie Fernández, que mantiene en su poder 70 frecuencias de radio, muchas de las cuales no utiliza.
Y de igual manera se registran 53 licencias a favor Emisoras Unidas, propiedad de la familia Ferrari. 35 están a nombre de Marco Antonio Ramírez Melgar, un político liberal que en los comicios internos de su partido en el año 2008 figuró como precandidato del Movimiento Acción Social. 28 están a nombre de la empresa Asesores Gerenciales. Y en la lista también figura con 24 frecuencias autorizadas a su nombre, Alexander Javier López Orellana, un ciudadano originario de San Marcos de Ocotepeque, de muy bajo perfil, pero con mucho poder para mantener esa cantidad de licencias.
Otra situación que llama la atención es que de las cinco emisoras con señal de onda corta, con capacidad de ser escuchadas en todo el mundo, tres son evangélicas. La Voz Evangélica de Honduras, Luz y Vida y la Voz de la Mosquitia, que son propiedades de la Asociación Misionera Bautista Conservadora de Honduras, la Asociación Enmanuel y la Misión Evangélica Global OUTREACH. Las otras dos, Radio Nacional de Honduras es del gobierno y Radio Internacional que es comercial.
Lo anterior determina que con el otorgamiento de frecuencias, la principal preocupación del gobierno es mantener controlada la libertad de expresión a través de los grupos fácticos de poder que en muchas ocasiones se han visto involucrados en los negocios turbios que ejecutan sus funcionarios. En Honduras no es extraño que el dueño de un medio de comunicación también sea el diputado y patrocinador de las candidaturas de alcaldes y presidentes, que una vez en el poder deben pagar la factura. Esta situación no ocurre con los operadores de las radios comunitarias que a puro voluntariado y a riesgo propio logran mantenerse en el aire.
De esta crisis no se salva ni las pocas emisoras con frecuencias autorizadas que trabajan con la advertencia que no deben salirse de la agenda gubernamental.
Según Pérez, hay alcaldes o candidatos del Partido Nacional que a manera de sentencia les advierten, “mídete la lengua”, para después amenazarlos que si continúan hablando “mal” del gobierno les van a cancelar el medio de comunicación.
Además dijo que las radios comunitarias ahora ya no solo tienen problemas por la falta de legalización en Conatel, organismo que les niega la autorización, sino también con las alcaldías municipales y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) que para poder vender publicidad les exigen llevar al día los respectivos libros contables manejados por profesionales y utilizar el sistema de facturación por el Estado.
Ante la falta de los requisitos exigidos por el gobierno a las radios comunitarias no les queda más que bolsearse, vender tamales y rifas de objetos, porque para funcionar necesitan pagar la energía eléctrica, el internet, mantener y reparar equipos y pago de teléfono, entre otros gastos, excepto el personal que trabaja voluntariamente.
En el caso particular de Radio Taragual, Eleuterio Pérez dijo que la emisora funciona en frecuencia libre amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), por las trabas que les impone el gobierno.
Al rosario de exigencias también se suma que además deben presentar la libreta de una cuenta bancaria.
En total, ya suman 4 años haciendo trámites y todavía no logran legalizar Radio Taragual, emisora que cubre de forma parcial Lepaera y la Iguala, Lempira, toda La Unión, Lempira, el Níspero y Santa Bárbara, una parte de La Arada y Ceguaca en ese departamento. De esa manera las autoridades los imposibilitan a gestionar recursos con organismos internacionales.
Desde agosto de 2016 a mayo de 2017 Eleuterio Pérez estuvo recibiendo mensajitos con amenazas a muerte, presentó la denuncia a una organización de derechos humanos “no nos han dado información pero las amenazas pararon, el último mensajito fue el día de las madres”, detalló el comunicador.
En Radio Taragual la programación gira alrededor de temas relacionados a la defensa del territorio, derechos humanos, bosques, ríos, privatización de la salud, la educación y migración.
Según Darío Morán, capacitador del Comité por la Libre Expresión,
(C-LIBRE), las dificultades que tienen las radios comunitarias para
conseguir recursos económicos también tiene incidencias en la calidad
de los equipos que manejan. Asegura que además de los problemas que
representa Conatel, las radios comunitarias también se ven en apuros por
falta de capacitación en el manejo de los equipos.
Pero en otro sentido el capacitador de comunicadores dijo que la mayoría de radios comunitarias funcionan con equipos de construcción rudimentaria que no les permite alcanzar alta cobertura y que a veces un pequeño ventorral o una lluvia fuerte les bota las antenas y ya no pueden transmitir.
“A nosotros nos pasa eso” dice Ada Díaz, comunicadora social de la emisora comunitaria, Radio Popular del Aguán, que opera bajo la sombra de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, en Tocoa Colón, una región muy sufrida por la represión del Estado y de empresarios que disputan la tierra con los movimientos campesinos.
Según la comunicadora social, Radio Popular del Aguán ha tenido muchos problemas y por desperfectos en el transmisor se ha mantenido fuera del aire por mucho tiempo. Sostuvo, que hace dos meses también se les dañó la antena y que por ese motivo en este momento operan con una prestada. Esta radioemisora también se ha visto afectada por daños al cable coaxial, instrumento muy importante para la transmisión de la señal.
Sus transmisiones las hacen con frecuencia libre, pero hasta ahora no
han tenido problemas legales pese a las contraposiciones que mantienen
con empresarios y políticos de la zona. “Por ejemplo, Oscar Nájera es el
primer diputado del departamento de Colón y es terrateniente y en sus
propiedades en el Cerro Tocoa, se supone que va a instalar
hidroeléctricas y entonces la radio ha hecho mucha denuncia sobre eso
porque si llega a instalar las hidroeléctricas entonces sería afectado
el pueblo de Tocoa”, dijo la comunicadora.
Sostuvo que ella no ha tenido problemas, pero que un compañero suyo sí recibió amenazas, mientras que a otro, por denunciar lo que pasa en El Aguán lo detuvo la policía cuando salía de la radio.
Pero en la Voz del PRO la situación es diferente, según lo expresa el comunicador social, Juan Ramón Ramírez, en esta radioemisora comunitaria los problemas que se derivan del gobierno se suman a los que le acarrearon los mismos directivos del Patronato Regional de Occidente,(PRO), cuando se involucraron en la política partidista y provocaron divisiones en la organización.
Hace algunos años el PRO era una organización comunitaria de mucho poder popular en esa zona occidental de Honduras, pero varios de sus líderes formaron parte de las planillas de partidos políticos y por eso perdió credibilidad. Personalidades como Oscar Mejía, Oscar Mendoza y Ángel Gutiérrez, que eran el núcleo se metieron a políticos y allí comenzaron las discordias, según Ramírez.
Hoy la emisora está en problemas por la falta de dinero y no pueden
subsidiar ni el transporte de los voluntarios que residen en
comunidades alejadas. Aunado a eso, la radio se ubica a grandes
distancias de otras emisoras comunitarias y es difícil conseguir ayuda
técnica cuando se dañan los equipos.
En tiempos del ex presidente Porfirio Lobo Sosa a La Voz del PRO le entregaron la frecuencia 98.7, la cual no utilizan por falta de recursos económicos para la compra de los equipos. Sin embargo, con equipo rudimentario y en la frecuencia libre 94.3 salen al aire cuando les es posible.
Además, dijo el comunicador social que la principal finalidad de la radio es formar al pueblo Tolupán en el derecho que le otorga el Convenio 169 de OIT para que juntos luchen por su desarrollo y por la defensa de los recursos naturales que les pertenecen, porque según él, la injerencia de compañías extractivas está provocando que personas de la misma tribu estén amenazando con posesionarse de las tierras y desmembrar el título ancestral.
Otro problema que afronta la comunidad y que es tratado en esta radio
comunitaria es la contaminación ambiental, las concesiones que otorga
el gobierno desfavorable para la tribu y a favor de las compañías
mineras que “son despojos porque se llevan el recursos y solamente dejan
el daño para la tribu”, expresó Paz.
Los tolupanes están a la espera de que CONATEL les dé respuesta a la solicitud de la frecuencia que presentaron a través de la Asociación de Radios Comunitarias de Honduras, porque de lo contrario seguirán operando en base al Convenio 169 que les da el derecho a las etnias tener sus propios medios de comunicación.
Radio Tepemechín opera con el apoyo voluntario de jóvenes comprometidos con la comunidad y sufren por las intimidaciones que les infieren dirigentes de la misma tribu interesados en favorecer a extraños. Según dijo Julio César Paz, estas personas ya los han amenazado con cerrar la emisora, “pero nos debemos a toda la comunidad y continuamos con nuestra posición porque para eso fue creada”, indicó.
Hasta hoy, Ofraneh ha acompañado la instalación y sigue de cerca las
operaciones de siete radios comunitarias en el caribe hondureño. De
esas, al menos una ya ha sufrido ataques criminales. El 6 de enero de
2010 en horas de la madrugada desconocidos fuertemente armados
incendiaron las instalaciones de radio Faluma Bimetu (Coco Dulce) del
Triunfo de la Cruz, en Tela Atlántida.
Los daños provocaron que esta radioemisora, que desde junio de 2009 se venía oponiendo al gobierno de facto que se instaló con el golpe de Estado, hizo se mantuviera apagada por dos meses y aunque últimamente no se registran hechos como ese, el Estado sí las persigue a través de Conatel.
Un claro ejemplo de la situación se puede observar en la radio Waruguma de Trujillo, Colón y Radio Sugua de Sambo Creek, hasta donde han llegado los representantes de Conatel a requerir sus comunicadores por transmitir en frecuencia libre.
Según Miriam, en el exterior las autoridades venden a Honduras como un país respetuoso de los derechos humanos, pero internamente los siguen violentando hasta por ignorancia. “Ni siquiera ellos como Conatel se han puesto a pensar que existe un instrumento jurídico internacional como el convenio 169, yo veo que ni lo conocen, entonces yo digo y repito que es una persecución política, de criminalización política para acallar las voces que disidentes en este gobierno”, expresó.
Horacio Martínez , quien fue entrevistado en plena acción enla radio porque es uno de los comunicadores de Radio Wuaruguma, explicó a pasosdeanimalgrande.com que el asedio contra la radio es constante y que son víctimas de constante vigilancia.
En mi caso he tenido una persecusión feroz por estar vinculado con la defensa de la tierra desde hace muchos años, eso ha traído como consecuencia la discriminación, cierre de espacios y de puestos de trabajo y que no haya posibilidades de un traslado a otra comunidad por las constantes amenazas, detalló.
Acá llegó hace unos vino un delegado de CONATEL y venía con todas las ganas de cerrar la radio expresando que estamos invadiendo el espectro radioeléctrico, pero le dijimos que nos ampara el Convenio 169 de la OIT, el hombre hizo oídos sordos y amenazó con abrir expediente en ese ente estatal.
Con el supuesto de democratizar las comunicaciones entre 2012 y 2013
el gobierno hablaba de reglamentar que un 33% de las frecuencias serían
para medios públicos, 33% para medios privados y 33% para medios
comunitarios, pero eso no sucedió porque en las reformas legislativas no
se incluyeron los medios comunitarios como debía de ser. No hay
equidad legal entre los medios comerciales y los comunitarios.
El contenido que difunden los medios comunitarios es controlado por un reglamento emitido para tal fin, pero no sucede lo mismo con los comerciales.
Uno de los frenos que establece el reglamento es que en las radios comunitarias no pueden hablar de política partidista y deja abiertas las sanciones que impone el ente regulador (Conatel). Lo anterior ya es una censura previa que imputa la Ley, pero también otra forma de regularlas es el denominado canon radioeléctrico.
Según Tabora, con este canon las radios comunitarias que han accedido a licencia ya se ven complicadas y con afectaciones económicas para pagarlo. Por ejemplo, solo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con llas 4 radios que tiene el canon radioeléctrico llegó a 92,000 lempiras en los últimos cuatro años.
Según Tabora, los controles que el Estado les impone a las radios comunitarias son hasta cierto punto discriminatorios por la diversidad de normativas que les aplican porque a medios comerciales solo los rige la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.
En los últimos años la libertad de expresión se ha visto afectada por la Ley de Secretos Oficiales, la reforma del Código Penal que criminaliza a quien haga apología de terrorismo, el delito cibernético y el pánico financiero, que son elementos que se anteponen a los tratados internacionales ratificados por Honduras.
En su momento, el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir parte de esos compromisos abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radioeléctrico, pero el documento quedó fue engavetado luego que en el Congreso Nacional que presidía el ahora Presidente de la República, Juan Hernández y los empresarios, lo calificaran de Ley Mordaza.
Luego de eso CONATEL comenzó a recibir solicitudes de apertura de radios comunitarias, pero al final todo quedó en un engaño más, porque solo hubo oportunidad para diez medios de comunicación de esta categoría. Es por eso que las comunidades indígenas y negras manejan sus medios de comunicación comunitarios amparados en el derecho que les otorga el Convenio 169 de la OIT y no mediante frecuencia autorizada de Conatel.
El problema se da porque a las autoridades no les interesa más que expandir el modelo que favorece a los empresarios en la construcción de sus proyectos y hacen de lado el derecho a la vida digna de los pueblos que ven como enemigos por su resistencia en la defensa de los recursos naturales que les pertenecen.
De acuerdo con lo anterior, la democratización del espectro radioeléctrico es una deuda que el Estado tiene con la población hondureña, pero no se vislumbra que en el gobierno haya voluntad política de darles a los pueblos el derecho pleno a la libertad de expresión.
La comunicación es un derecho humano y Honduras es suscriptor dela Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que en sus Artículos 18y19 expresa: que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión y de expresión, pero este país centroamericano le niega a la población el derecho de pensar diferente.
El ejemplo se ve en los pueblos indígenas y negros que son reprimidos por mantener en frecuencia libre sus radios comunitarias, pese a que Artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les da ese derecho al declarar: “Tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígena sin discriminación alguna”.
Honduras deberá someterse a una nueva evaluación de las recomendaciones adoptadas en EPU en noviembre de 2018 y para no volver a ser mal evaluado el gobierno tendrá que hacer el esfuerzo necesario para el respeto de los derechos humanos y democratizar sin condiciones el espectro radio eléctrico.
La mayoría de las frecuencias en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y onda corta están en poder de las iglesias evangélicas y católica, de empresarios, del gobierno y de organismos no gubernamentales (ongs), entre otras.
Como ente regulador del espectro radioeléctrico CONATEL registra haber otorgado 1,080 licencias de radio a 424 operadores. 260 de AM, 815 de FM y 5 de onda corta. De ese universo, 480 son comerciales, 133 religiosas, 19 son propiedad de ongs y 18 que corresponden al gobierno. Ver infografia
 |
El resto se encuentra repartido entre políticos y representantes de diversas agrupaciones culturales y gremiales.
Lo anterior contrasta con las recomendaciones que en la reunión de seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) de 2010, en noviembre de 2011 Honduras aceptó para reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones y democratizar el espectro radioeléctrico.
Seis años después, CONATEL registra 10 licencias otorgadas a radioemisoras comunitarias, pero debido a las restricciones impuestas por la misma institución, más de 40 radios comunitarias funcionan en frecuencia libre dicen sus operadores pero el gobierno las llama ilegales.
Esa situación no es igual para las empresas como Audiovideo, por ejemplo, conocida también como América Multimedios, propiedad del ya fallecido político y empresario farmacéutico, Miguel Andonie Fernández, que mantiene en su poder 70 frecuencias de radio, muchas de las cuales no utiliza.
Y de igual manera se registran 53 licencias a favor Emisoras Unidas, propiedad de la familia Ferrari. 35 están a nombre de Marco Antonio Ramírez Melgar, un político liberal que en los comicios internos de su partido en el año 2008 figuró como precandidato del Movimiento Acción Social. 28 están a nombre de la empresa Asesores Gerenciales. Y en la lista también figura con 24 frecuencias autorizadas a su nombre, Alexander Javier López Orellana, un ciudadano originario de San Marcos de Ocotepeque, de muy bajo perfil, pero con mucho poder para mantener esa cantidad de licencias.
Otra situación que llama la atención es que de las cinco emisoras con señal de onda corta, con capacidad de ser escuchadas en todo el mundo, tres son evangélicas. La Voz Evangélica de Honduras, Luz y Vida y la Voz de la Mosquitia, que son propiedades de la Asociación Misionera Bautista Conservadora de Honduras, la Asociación Enmanuel y la Misión Evangélica Global OUTREACH. Las otras dos, Radio Nacional de Honduras es del gobierno y Radio Internacional que es comercial.
Lo anterior determina que con el otorgamiento de frecuencias, la principal preocupación del gobierno es mantener controlada la libertad de expresión a través de los grupos fácticos de poder que en muchas ocasiones se han visto involucrados en los negocios turbios que ejecutan sus funcionarios. En Honduras no es extraño que el dueño de un medio de comunicación también sea el diputado y patrocinador de las candidaturas de alcaldes y presidentes, que una vez en el poder deben pagar la factura. Esta situación no ocurre con los operadores de las radios comunitarias que a puro voluntariado y a riesgo propio logran mantenerse en el aire.
De esta crisis no se salva ni las pocas emisoras con frecuencias autorizadas que trabajan con la advertencia que no deben salirse de la agenda gubernamental.
Ver la infografia completa |
Mídete la lengua
“Somos más de 40 radios comunitarias que no hemos logrado la legalización, estamos operando en frecuencias libres y eso nos mantiene a los comunicadores en riesgo de la persecución o del decomiso de los equipos de parte del Estado” dijo a pasosdeanimalgrande.com, Eleuterio Pérez, comunicador social de Radio Taragual, situada en la comunidad lenca de Taragual, en La Iguala departamento de Lempira.Para él, el riesgo es igual tengan o no frecuencia autorizada por el Estado y sostuvo que las radios comunitarias responden a una visión y a una misión que casi siempre no es congruente con los intereses de los grupos de poder que se mantienen pendientes de sus programaciones para reprimirlas cuando consideran que afectan sus intereses.
Según Pérez, hay alcaldes o candidatos del Partido Nacional que a manera de sentencia les advierten, “mídete la lengua”, para después amenazarlos que si continúan hablando “mal” del gobierno les van a cancelar el medio de comunicación.
Además dijo que las radios comunitarias ahora ya no solo tienen problemas por la falta de legalización en Conatel, organismo que les niega la autorización, sino también con las alcaldías municipales y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) que para poder vender publicidad les exigen llevar al día los respectivos libros contables manejados por profesionales y utilizar el sistema de facturación por el Estado.
Ante la falta de los requisitos exigidos por el gobierno a las radios comunitarias no les queda más que bolsearse, vender tamales y rifas de objetos, porque para funcionar necesitan pagar la energía eléctrica, el internet, mantener y reparar equipos y pago de teléfono, entre otros gastos, excepto el personal que trabaja voluntariamente.
En el caso particular de Radio Taragual, Eleuterio Pérez dijo que la emisora funciona en frecuencia libre amparada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), por las trabas que les impone el gobierno.
“Tenemos personería jurídica pero nos habían pedido 15 requisitos para el RTN de la radio y cuando vamos a la SAR en Santa Rosa de Copan, nos dicen que tenemos que llevar otros tres requisitos más y cuando vamos ya cumpliendo 18 requisitos nos dicen que hace falta uno, “sabe cuál era?, -un recibo de la luz” expresó el comunicador social.A renglón seguido, Eleuterio dijo que “tuvimos que regresar y llevar ese recibo para que nos dieran el RTN y todavía seguimos pendientes porque ahora nos piden copia de la personería jurídica autenticada por un abogado y notario” indicó. Solo la hoja de auténtica que se compra en el banco tiene valor de 520 lempiras y a eso súmele que en el departamento de Lempira solo hay un notario que llega semanalmente a la cabecera departamental y ante tal situación no les queda más que pagarle aparte a un licenciado en ciencias jurídicas para que les consiga la firma del notario. En caso contrario la auténtica no tiene validez.
Al rosario de exigencias también se suma que además deben presentar la libreta de una cuenta bancaria.
En total, ya suman 4 años haciendo trámites y todavía no logran legalizar Radio Taragual, emisora que cubre de forma parcial Lepaera y la Iguala, Lempira, toda La Unión, Lempira, el Níspero y Santa Bárbara, una parte de La Arada y Ceguaca en ese departamento. De esa manera las autoridades los imposibilitan a gestionar recursos con organismos internacionales.
Desde agosto de 2016 a mayo de 2017 Eleuterio Pérez estuvo recibiendo mensajitos con amenazas a muerte, presentó la denuncia a una organización de derechos humanos “no nos han dado información pero las amenazas pararon, el último mensajito fue el día de las madres”, detalló el comunicador.
En Radio Taragual la programación gira alrededor de temas relacionados a la defensa del territorio, derechos humanos, bosques, ríos, privatización de la salud, la educación y migración.
 Darío Morán, capacitador del Comité por la Libre Expresión, (C-LIBRE). |
Pero en otro sentido el capacitador de comunicadores dijo que la mayoría de radios comunitarias funcionan con equipos de construcción rudimentaria que no les permite alcanzar alta cobertura y que a veces un pequeño ventorral o una lluvia fuerte les bota las antenas y ya no pueden transmitir.
“A nosotros nos pasa eso” dice Ada Díaz, comunicadora social de la emisora comunitaria, Radio Popular del Aguán, que opera bajo la sombra de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, en Tocoa Colón, una región muy sufrida por la represión del Estado y de empresarios que disputan la tierra con los movimientos campesinos.
Según la comunicadora social, Radio Popular del Aguán ha tenido muchos problemas y por desperfectos en el transmisor se ha mantenido fuera del aire por mucho tiempo. Sostuvo, que hace dos meses también se les dañó la antena y que por ese motivo en este momento operan con una prestada. Esta radioemisora también se ha visto afectada por daños al cable coaxial, instrumento muy importante para la transmisión de la señal.
 Ada Díaz,comunicadora social de la emisora comunitaria, Radio Popular del Aguán. |
Sostuvo que ella no ha tenido problemas, pero que un compañero suyo sí recibió amenazas, mientras que a otro, por denunciar lo que pasa en El Aguán lo detuvo la policía cuando salía de la radio.
Pero en la Voz del PRO la situación es diferente, según lo expresa el comunicador social, Juan Ramón Ramírez, en esta radioemisora comunitaria los problemas que se derivan del gobierno se suman a los que le acarrearon los mismos directivos del Patronato Regional de Occidente,(PRO), cuando se involucraron en la política partidista y provocaron divisiones en la organización.
Hace algunos años el PRO era una organización comunitaria de mucho poder popular en esa zona occidental de Honduras, pero varios de sus líderes formaron parte de las planillas de partidos políticos y por eso perdió credibilidad. Personalidades como Oscar Mejía, Oscar Mendoza y Ángel Gutiérrez, que eran el núcleo se metieron a políticos y allí comenzaron las discordias, según Ramírez.
 Juan Ramón Ramírez, la Voz del PRO. |
En tiempos del ex presidente Porfirio Lobo Sosa a La Voz del PRO le entregaron la frecuencia 98.7, la cual no utilizan por falta de recursos económicos para la compra de los equipos. Sin embargo, con equipo rudimentario y en la frecuencia libre 94.3 salen al aire cuando les es posible.
Radio Tepemechín para orientar a los Tolupanes
Con la finalidad de orientar a los miembros de la tribu Tolupán asentada en el departamento de Yoro, hace tres meses inició operaciones en frecuencia libre la Radio Tepemechín, emisora comunitaria que se mantiene en el aire con el apoyo de comunicadores voluntarios, según lo informó Julio César Paz, comunicador voluntario. Aseveró que con la esperanza de obtener una frecuencia hacen los trámites en CONATEL.Además, dijo el comunicador social que la principal finalidad de la radio es formar al pueblo Tolupán en el derecho que le otorga el Convenio 169 de OIT para que juntos luchen por su desarrollo y por la defensa de los recursos naturales que les pertenecen, porque según él, la injerencia de compañías extractivas está provocando que personas de la misma tribu estén amenazando con posesionarse de las tierras y desmembrar el título ancestral.
 Julio César Paz, comunicador voluntario, Radio Tepemechín. |
Los tolupanes están a la espera de que CONATEL les dé respuesta a la solicitud de la frecuencia que presentaron a través de la Asociación de Radios Comunitarias de Honduras, porque de lo contrario seguirán operando en base al Convenio 169 que les da el derecho a las etnias tener sus propios medios de comunicación.
Radio Tepemechín opera con el apoyo voluntario de jóvenes comprometidos con la comunidad y sufren por las intimidaciones que les infieren dirigentes de la misma tribu interesados en favorecer a extraños. Según dijo Julio César Paz, estas personas ya los han amenazado con cerrar la emisora, “pero nos debemos a toda la comunidad y continuamos con nuestra posición porque para eso fue creada”, indicó.
“Innegable la persecución de Conatel”: Miriam Miranda
A juicio de la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, el pueblo garífuna se encuentra amparado en el Convenio 169 de la OIT que muy claramente les expresa que pueden establecer sus propios mecanismos de comunicación. Sin embargo, pese a que Honduras es suscriptor de ese Tratado Internacional, Conatel los persigue y los acusa de violentar la ley.
 Miriam Miranda, Ofraneh. |
Los daños provocaron que esta radioemisora, que desde junio de 2009 se venía oponiendo al gobierno de facto que se instaló con el golpe de Estado, hizo se mantuviera apagada por dos meses y aunque últimamente no se registran hechos como ese, el Estado sí las persigue a través de Conatel.
Un claro ejemplo de la situación se puede observar en la radio Waruguma de Trujillo, Colón y Radio Sugua de Sambo Creek, hasta donde han llegado los representantes de Conatel a requerir sus comunicadores por transmitir en frecuencia libre.
“Y ahora hay un requerimiento hacia mi persona directamente donde acusan a la Ofraneh de estar violando la ley, yo digo que ¿cuál ley? si el Estado ha aprobado el convenio 169 y es el mismo Estado el que tiene que respetarlo”, aseveró Miranda.Para ella, el Estado busca hacer prevalecer la persecución y criminalización del contenido que difunden las radios comunitarias y afirmó que todo obedece a una cuestión política para darles exclusividad comunicativa a los grupos de poder económico del país, que se ven amenazados con las programaciones de las radios comunitarias que difunden cultura, identidad y también la problemática que viven sus comunidades y los nombres de quienes violentan los derechos humanos.
Según Miriam, en el exterior las autoridades venden a Honduras como un país respetuoso de los derechos humanos, pero internamente los siguen violentando hasta por ignorancia. “Ni siquiera ellos como Conatel se han puesto a pensar que existe un instrumento jurídico internacional como el convenio 169, yo veo que ni lo conocen, entonces yo digo y repito que es una persecución política, de criminalización política para acallar las voces que disidentes en este gobierno”, expresó.
Horacio Martínez , quien fue entrevistado en plena acción enla radio porque es uno de los comunicadores de Radio Wuaruguma, explicó a pasosdeanimalgrande.com que el asedio contra la radio es constante y que son víctimas de constante vigilancia.
En mi caso he tenido una persecusión feroz por estar vinculado con la defensa de la tierra desde hace muchos años, eso ha traído como consecuencia la discriminación, cierre de espacios y de puestos de trabajo y que no haya posibilidades de un traslado a otra comunidad por las constantes amenazas, detalló.
Acá llegó hace unos vino un delegado de CONATEL y venía con todas las ganas de cerrar la radio expresando que estamos invadiendo el espectro radioeléctrico, pero le dijimos que nos ampara el Convenio 169 de la OIT, el hombre hizo oídos sordos y amenazó con abrir expediente en ese ente estatal.
Democratización del espectro solo en el discurso
Para el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión C-Libre, Edy Tabora, la democratización del espectro radioeléctrico solo quedó en el discurso público porque nunca se contempló en la Ley de Telecomunicaciones.
 Edy Tabora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión C-Libre. |
El contenido que difunden los medios comunitarios es controlado por un reglamento emitido para tal fin, pero no sucede lo mismo con los comerciales.
Uno de los frenos que establece el reglamento es que en las radios comunitarias no pueden hablar de política partidista y deja abiertas las sanciones que impone el ente regulador (Conatel). Lo anterior ya es una censura previa que imputa la Ley, pero también otra forma de regularlas es el denominado canon radioeléctrico.
Según Tabora, con este canon las radios comunitarias que han accedido a licencia ya se ven complicadas y con afectaciones económicas para pagarlo. Por ejemplo, solo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con llas 4 radios que tiene el canon radioeléctrico llegó a 92,000 lempiras en los últimos cuatro años.
“Y otra situación que se ha denunciado por parte de los medios comunitarios es la potencia”, dijo Tabora.Explicó que licencias otorgadas a medios comunitarios muchas veces son de menor cobertura que las de los medios comerciales y que además, los comunitarios están siendo regulados constantemente y cuando difunden más allá, corren el riesgo de ser sancionados hasta con la cancelación de la licencia.
Según Tabora, los controles que el Estado les impone a las radios comunitarias son hasta cierto punto discriminatorios por la diversidad de normativas que les aplican porque a medios comerciales solo los rige la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.
¿Y Conatel que dice de esto?
-Nada- pasosdeanimalgrande.com buscó la opinión de las autoridades de Conatel, pero ellas se negaron a conceder una entrevista y solicitaron que las preguntas les fueran enviadas a través de correo electrónico, se les envió y tampoco respondieron.
Las cinco preguntas eran: 1) Hay
sectores que opinan que el Estado no está cumpliendo con el compromiso
que adquirió con la comunidad internacional de democratizar el espectro
radioeléctrico. ¿Qué opinión tienen al respecto? 2) Estos mismos
sectores dicen que ese compromiso lo adquirieron solo para atraer la
atención internacional y mostrar al gobierno como respetuoso de la
libertad de expresión. ¿Qué pueden decir sobre eso? 3) También dicen que
la mayoría de las frecuencias otorgadas en los últimos años fueron para
iglesias y políticos, no para organizaciones sociales y
comunales. ¿Podrían confirmar o negar esa afirmación?
4) También, las comunidades indígenas y
negras se quejan porque Conatel sanciona las radios comunitarias que no
responden a la agenda gubernamental. Y en ese sentido es importante lo
que la Institución pueda decir. Por ejemplo, en la Organización
Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) dicen que sus radios comunitarias
son reprimidas por denunciar el despojo de tierras y otras violaciones
de sus derechos. En Radio Taragual se quejan de estar siendo afectados
por la falta de recursos económicos y que sus comunicadores con
amenazados cuando abordan temas relacionados con el
gobierno.5) ¿Cuáles son las faltas en que incurren las radios
comunitarias y que les provoca ser sancionadas?
Las preguntas fueron canalizadas a través del departamento de
comunicaciones, donde su personal amablemente contestó habérselas
trasladado a los funcionarios correspondientes. Sin embargo, ya han
transcurrido 15 días y de parte de ellos no hubo más comunicación. En los últimos años la libertad de expresión se ha visto afectada por la Ley de Secretos Oficiales, la reforma del Código Penal que criminaliza a quien haga apología de terrorismo, el delito cibernético y el pánico financiero, que son elementos que se anteponen a los tratados internacionales ratificados por Honduras.
Honduras incumple compromisos
A finales de 2010 Honduras aceptó 129 recomendaciones en materia de derechos humanos que le hicieron diversos países del mundo en el Examen Periódico Universal (EPU). Entre esas recomendaciones admitidas se encuentra la de reformar la Ley de Telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos a fin de reconocer a los medios comunitarios.En su momento, el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir parte de esos compromisos abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radioeléctrico, pero el documento quedó fue engavetado luego que en el Congreso Nacional que presidía el ahora Presidente de la República, Juan Hernández y los empresarios, lo calificaran de Ley Mordaza.
Luego de eso CONATEL comenzó a recibir solicitudes de apertura de radios comunitarias, pero al final todo quedó en un engaño más, porque solo hubo oportunidad para diez medios de comunicación de esta categoría. Es por eso que las comunidades indígenas y negras manejan sus medios de comunicación comunitarios amparados en el derecho que les otorga el Convenio 169 de la OIT y no mediante frecuencia autorizada de Conatel.
El problema se da porque a las autoridades no les interesa más que expandir el modelo que favorece a los empresarios en la construcción de sus proyectos y hacen de lado el derecho a la vida digna de los pueblos que ven como enemigos por su resistencia en la defensa de los recursos naturales que les pertenecen.
De acuerdo con lo anterior, la democratización del espectro radioeléctrico es una deuda que el Estado tiene con la población hondureña, pero no se vislumbra que en el gobierno haya voluntad política de darles a los pueblos el derecho pleno a la libertad de expresión.
La comunicación es un derecho humano y Honduras es suscriptor dela Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que en sus Artículos 18y19 expresa: que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión y de expresión, pero este país centroamericano le niega a la población el derecho de pensar diferente.
El ejemplo se ve en los pueblos indígenas y negros que son reprimidos por mantener en frecuencia libre sus radios comunitarias, pese a que Artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les da ese derecho al declarar: “Tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígena sin discriminación alguna”.
Honduras deberá someterse a una nueva evaluación de las recomendaciones adoptadas en EPU en noviembre de 2018 y para no volver a ser mal evaluado el gobierno tendrá que hacer el esfuerzo necesario para el respeto de los derechos humanos y democratizar sin condiciones el espectro radio eléctrico.
Descargue infografia
 |
Rel-UITA y COFADEH acuerdan una alianza para la defensa de los derechos humanos
Tegucigalpa.- La Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y afines (Rel-UITA) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), firmaron un importante convenio de cooperación para la defensa de los derechos humanos, en momentos cuando el modelo neoliberal arrecia vorazmente en contra de la integridad de los pueblos y de los bienes comunes de la naturaleza.
Gerardo Iglesias, Secretario General de la Rel-UITA y Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH, estamparon su firma en el documento, que permite establececer una alianza estratégica entre las dos organizaciones que defienden los derechos humanos.
El documento fué refrendado tambien por el líder sindical y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Carlos H. Reyes.
El evento tuvo lugar en la sede del COFADEH, localizado en la avenida Cervantes en el casco hgistórico de la capital hondureña.
Las partes firmantes del convenio, se comprometen a establecer una colaboración para desarrollar acciones de divulgación y de incidencia pública y política sobre los conflictos relacionados a la defensa del territorio, recursos de la naturaleza, medioambiente, derechos sindicales, generación de energías, así como a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos.
El convenio detalla que las organizaciones, “se apoyarán recíprocamente en desarrollar acciones estratégicas dirigidas a impactar en los poderes políticos, de cara a modificar medidas que riñen con los derechos de los pueblos, así como a exigir que se cumplan los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras en el materia integral de derechos humanos, en especial sobre medioambiente, derechos sindicales y los derechos de los defensores en condición de riesgo”.
Previo a la firma del convenio, el Secretraio General de la Rel-UITA, Gerrado Iglesias, escuchó los planteamientos de la Convergencia contra el Continuismo (CCC) que se prepara para realizar este 30 de agosto una gran movilización de rechazo al régimen usurpador de Juan Orlando Hernández, en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Bertha Oliva, Carlos H. Reyes y la dirigenta feminista del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), dialogaron con Iglesias acerca de la actual situación política, económica y social que vive la nación hondureña, en especial sobre el tema de los derechos humanos.
Bertha Oliva expuso que Honduras vive actualmente bajo un régimen ilegal, que ha concentrado el poder con el apoyo de una pequeña élite oligárquica y transnacional, que busca vender el país corporacionesextranjeras, a través de concesiones mineras y de la xplotación de los recursos hídricos, en perjuicio de comunidades indígenas.
Oliva destacó que para enquistarse en el poder, Juan Orlando Hernández está haciendo uso de varios cercos, entre ellos al que llamó la Triple AAA, integrada por la élite oligárquica hondureña, , la élite trasnnacional y la eĺite política.
De la Triple AAA, se desprende el cerco extractivista que afecta a todas las regiones del país, donde los empresarios, políticos y el ente estatal, ha formado grupos de choque para despalzar a comunidades que muestran su rechazo frente al extractivismo y la explotación irracional del recursos hídricos.
El otro cerco es la militarización,expuso Bertha Oliva, junto al cerco mediático “que actúa de tal manera que todo lo que uno hace es minimizado o ridiculizado”.
La reconocida defensora de derechos humanos tambien habló sobre el cerco populista que promueve Juan orlando Hernández a través de los programas de la Bolsa Solidaria y Vida Mejor.
Oliva citó también al cerco judicial que criminaliza las luchas y los reclamos sociales, y el cerco divino, donde a través de los grupos religiosos, se ejerce control sobre una ciudadanía que deja todo en las manos de Dios.
Por último, Bertha Oliva habló sobre el cerco internacional, que es acosado por el lobby incesante de la clase política dominante que invade los círculos políticos internacionales para pintar una realidad ficticia de Honduras.
En respuesta, Gerardo Iglesias expresó que le queda claro el panorama de la situación de Honduras, “porque en esos cercos de los que hablan, hay otros cercos, entre ellos la confusion ideológica que estamos sufriendo”.“…Aquí hay un ámbito donde confluyen artistas, escritores, dirigentes, sindicalistas, feministas, entonces hay un tejido social y por ahí va la esperanza…” Gerardo Iglesias.
Iglesias citó ejemplos como el cerco meditático que se tendió contra el gobierno democrático de Salvador Allende en los años setentas, y el de Brasil, donde el movimiento social está casi acabado, está fuera, no está en nada, no puede organizar nada y se quedaron sin voluntad, perdieron toda memoria histórica, porque el país está totalmente paralizado.
Respecto a la conformación de la Convergencia contra el continuismo (CCC), Iglesias señaló que “yo de Honduras me voy con la idea y la convicción que algo se mueve. Aquí hay un ámbito donde confluyen artistas, escritores, dirigentes, sindicalistas, feministas, entonces hay un tejido social y por ahí va la esperanza”.
Por otro lado, el Secretraio General de la Rel-UITA señaló que está muy claro que “Honduras ha sido laboratorio, en su momento fue Guatemala con una tierra arrasada y hoy es Honduras. Lo que ha pasado acá se ha replicado en otros lugares, por ejemplo la reforma laboral en Brasil es un calco de lo que ha pasado acá, el tipo Jair Bolsonaro (candidadto presidencial ultraderechista) , que va por la presidencia de Brasil antes que Lula, acaba de anunciar que los sindicatos, hay que terminar con esas organizaciones”.
Una de las cosas que más me preocupan, cuando viajo por toda la región, es que una de las cosas que nos han quebrado “es la espinal dorsal de la solidaridad, cabe vez nos duele menos Ignacio Lula Da Silva, nos duele menos Brasil, nos hemos acostumbrado a que hay 5 muertos en determinado lugar o que mataron a un defensor de derechos humanos o del ambiente, o un hombre o una mujer, o si a los travestis los matan por docenas en Río de Janeriro, como que nos hemos acostumbrado esto y tal vez se perdió capacidad de reacción y de indignación frente a eso, porque la indignación es lo que te empuja, es el combustible, es la energía”, expuso Iglesias.
Finalmente Iglesias subrayó que “si bien hay una brecha cada vez más profunda entre lo que queda del estado y la gente, a ese estado para nada le interesa la gente, ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, nada, porque aquí la historia es privatizarlo todo”.
Agosto sombrío para víctimas de desaparición forzada
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (defensoresenlinea.com).- El
30 de Agosto es el Día Nacional e Internacional del Detenido
Desaparecido, considerando que en este mes, es cuándo se registra más
casos de esa figura de lesa humanidad ejecutada por agentes de los
Estados latinoamericanos. Así lo comprobó en 1984 la Federación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Latinoamérica (FEDEFAM).
En Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), registró 184 casos de desapariciones forzadas durante la década de 1980,
con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada
por el gobierno de los Estados Unidos, pero esta causante de dolor e
incertidumbre que se creía en el pasado, resurgió durante el golpe de
Estado del 2009, y después del fraude electoral de noviembre del 2017,
como es el caso del joven Manuel de Jesús Bautista Salvador, el 03 de
diciembre en Naco, Cortés.
El COFADEH documentó y acompaña a familiares de víctimas de desaparición forzada cuyos hechos fueron entre 2009 y 2011.
Y agosto sumó más víctimas, específicamente durante la dictadura del liberal Roberto Micheletti (2009-2010) y el nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), sucesores del golpe de Estado que sacó del poder a José Manuel Zelaya Rosales, ahora diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Justo cuando Lobo Sosa era presidente del Congreso Nacional firmó el Documento número 284-2002
que establece en su artículo 1- “Declarar el día 30 de agosto como el
DÍA NACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO”, el 28 de agosto del 2002, y que
lo avala el actual presidente del régimen, Juan Orlando Hernández.
Éste entró en vigencia el 02 de Septiembre del 2002, siendo presidente
de Honduras, Ricardo Maduro, del Partido Nacional.
Dos hermanas y el silencio del MP
En
el 2015, siendo ya presidente Juan Orlando Hernández, el COFADEH
recibió una denuncia de la desaparición de dos jóvenes, caso de años
anteriores en el que se vincula el poder religioso con el Ministerio
Público.
El
COFADEH realizó un foro en la ciudad de Santa Rosa de Copán, al
occidente de Honduras, entre las asistentes estaba doña Mélida Urrea,
quién denunció entre lágrimas e impotencia la desaparición de sus hijas
Xenia Rosibel (15) y Yolanda Elizabeth Ramos Urrea (28), a quienes vio
por última vez en agosto del 2009, cuando salieron de su aldea en
Florida, Copán, para encontrarse -supuestamente- en la ciudad de La
Entrada, con el entonces seminarista católico Francisco Abilio Rivas
Cruz, de origen salvadoreño, quien habría abusado sexualmente y
embarazado a “Rossy” cuando aún tenía 14 años.
En su momento la familia Urrea Ramos, interpuso la denuncia ante las autoridades competentes de La Entrada, al occidente de Honduras; 18 días después de la desaparición de las muchachas, se informó sobre unas osamentas en la comunidad de Las Varas, Santa Bárbara, y que había un zapato quemado que pertenecía a una de las jóvenes.
En su momento la familia Urrea Ramos, interpuso la denuncia ante las autoridades competentes de La Entrada, al occidente de Honduras; 18 días después de la desaparición de las muchachas, se informó sobre unas osamentas en la comunidad de Las Varas, Santa Bárbara, y que había un zapato quemado que pertenecía a una de las jóvenes.
“Era
como que si las hubieran incinerado, pero los de la morgue nos dijeron
que los huesos no estaban quemados, otras pertenencias las recogió
personal del Ministerio Público” y nunca se las mostraron a la familia,
dijo la madre.
El Ministerio Público, que por años había olvidado el caso y hasta desaparecido el expediente, según denunció doña Mélida, en el 2015 llamó a la familia de Rossy y Yolanda, quienes cumplirán el próximo 27, nueve años de desaparecidas, y les dijo que se presentaran con dos ataúdes en Medicina Forense de San Pedro Sula –norte del país- porque según investigaciones y análisis, las osamentas coinciden con las de las jóvenes copanecas.
La salud de la madre es inestable, pasan los años y no comprende lo que sucede, por qué no existe la certeza de que esas hosamentas hayan sido los cuerpos de sus muchachas.
El Ministerio Público, que por años había olvidado el caso y hasta desaparecido el expediente, según denunció doña Mélida, en el 2015 llamó a la familia de Rossy y Yolanda, quienes cumplirán el próximo 27, nueve años de desaparecidas, y les dijo que se presentaran con dos ataúdes en Medicina Forense de San Pedro Sula –norte del país- porque según investigaciones y análisis, las osamentas coinciden con las de las jóvenes copanecas.
La salud de la madre es inestable, pasan los años y no comprende lo que sucede, por qué no existe la certeza de que esas hosamentas hayan sido los cuerpos de sus muchachas.
En
noviembre del 2015, la denuncia se hizo pública a través de medios de
comunicación en Tegucigalpa, y el 03 de diciembre de ese mismo año, el
principal sospechoso del crimen, Francisco Abilio Rivas, nombrado en una
parroquia de San Juan de Intibucá -occidente- y en cargos
administrativos de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, -supuestamente-
falleció en un accidente de tránsito camino a San Pedro Sula.
Mientras
se denunció la violación especial y desaparición de las hermanas Urrea,
a través de medios de comunicación se supo de actos similares de parte
de Rivas, contra una menor de edad. Ese era el temor de la familia, que
siguiera libre y continuara abusando de otras menores de edad, pues si
hubo más víctimas, no denunciaron por miedo.
Se lo llevaron mientras reparaba su taxi
Se
registró el caso de Mauricio Joel Urbina Castro, un hombre de 34 años
de edad, desaparecido el 02 de agosto de 2011, en La Ceiba, Atlántida,
mientras estaba en un taller de servicio eléctrico en el barrio San
José, reparando su vehículo de trabajo.
Allí se
introdujeron al mismo tiempo cuatro hombres que cubrían sus rostros con
pasamontañas, eran de contextura física musculosa, portando armas de
cañones largos y cortos, se identificaron como policías; inmediatamente
le ordenaron a todas las personas que estaban en el interior del negocio
a tirarse al piso “somos de la policía tírense al suelo” mientras le
pegaban una patada al propietario del taller.
Luego
golpearon a Mauricio Joel Urbina Castro, le colocaron las manos hacia
atrás y lo sacaron violentamente del taller obligándole a subir a un
carro de color gris, doble cabina, sin placas y vidrios polarizados que
los esperaba en la calle. Desde ese momento no se le volvió a ver y su
teléfono celular ya no era respondido.
Preguntaban por otra persona
Otro
caso registrado en este mes, es el de Óscar Elías López Muñoz (49),
desaparecido el 21 de agosto de 2011, en San Pedro Sula, Cortés, quien
fue sacado de su casa de habitación en horas de la noche y frente a su
hija menor de edad. De este hecho que ha provocado la desintegración
familiar, no se ha sabido nada, las autoridades encargadas de dar
respuesta, no han dado algún indicio para encontrarlo, manifiestan sus
familiares.
Familiares de Óscar Elías López Muñoz, detenido y desaparecido en la colonia Suyapa, de Chamelecón, informaron sobre el caso al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, pero las respuestas, siete años después aún no llegan y en el MP tampoco muestran avances de la investigación.
López Muñoz, fue sacado de su casa por seis hombres con porte militar, vestidos de negro y chaleco antibalas, tenían armas de cañón largo (con un foco o mira en la parte superior), quienes cubrían su rostro con pasamontañas; allanaron ilegalmente la vivienda de Óscar, presentándose como agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se transportaban en tres vehículos, entre estos un pick up, doble cabina, color gris; y un HILUX, color morado, vidrios polarizados, explicaron en la misiva enviada a Lobo Sosa.
Además que en la detención, la víctima de desaparición forzada, fue golpeado reiteradamente porque sus captores no aceptaban su identidad como Óscar Elías López Muñoz, insistían en que ese no era su nombre. Ante los gritos y golpes, su pequeña hija gritó que su papá se llamaba OSCAR LÓPEZ, por lo que un supuesto agente se le acercó para consolarla y decirle que se calmara que no les iba a pasar nada.
Familiares de Óscar Elías López Muñoz, detenido y desaparecido en la colonia Suyapa, de Chamelecón, informaron sobre el caso al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, pero las respuestas, siete años después aún no llegan y en el MP tampoco muestran avances de la investigación.
López Muñoz, fue sacado de su casa por seis hombres con porte militar, vestidos de negro y chaleco antibalas, tenían armas de cañón largo (con un foco o mira en la parte superior), quienes cubrían su rostro con pasamontañas; allanaron ilegalmente la vivienda de Óscar, presentándose como agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se transportaban en tres vehículos, entre estos un pick up, doble cabina, color gris; y un HILUX, color morado, vidrios polarizados, explicaron en la misiva enviada a Lobo Sosa.
Además que en la detención, la víctima de desaparición forzada, fue golpeado reiteradamente porque sus captores no aceptaban su identidad como Óscar Elías López Muñoz, insistían en que ese no era su nombre. Ante los gritos y golpes, su pequeña hija gritó que su papá se llamaba OSCAR LÓPEZ, por lo que un supuesto agente se le acercó para consolarla y decirle que se calmara que no les iba a pasar nada.
En el Día Nacional del Detenido Desaparecido
El caso
que sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido,
es el del líder comunal de la Colonia Planeta de San Pedro Sula, José
Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011.
Pronto cumplirá siete años de engrosar la lista de cientos de miles de detenidos desaparecidos en Latinoamérica, y que como en la mayoría de los casos, las autoridades no han dado respuesta de su paradero, y su familia debió huir por vBulletin temor a correr la misma suerte.
Los familiares de Cruz Palma responsabilizan a la Policía de su desaparición, pues argumentan que el 30 de agosto (2011), cuando fue bajado del bus en que iba, había una patrulla e individuos con uniformes policiales, que lo bajaron y se lo llevaron en un carro particular. “Él era quien hacía el trabajo social en la comunidad. Mi hermano no tenía ni una hoja delictiva”, ha reiterado Isaura Cruz Palma.
Pronto cumplirá siete años de engrosar la lista de cientos de miles de detenidos desaparecidos en Latinoamérica, y que como en la mayoría de los casos, las autoridades no han dado respuesta de su paradero, y su familia debió huir por vBulletin temor a correr la misma suerte.
Los familiares de Cruz Palma responsabilizan a la Policía de su desaparición, pues argumentan que el 30 de agosto (2011), cuando fue bajado del bus en que iba, había una patrulla e individuos con uniformes policiales, que lo bajaron y se lo llevaron en un carro particular. “Él era quien hacía el trabajo social en la comunidad. Mi hermano no tenía ni una hoja delictiva”, ha reiterado Isaura Cruz Palma.
“Rey”
cómo lo llama a familia, días antes de la desaparición, hizo algunas
demandas para su colonia, a través de un medio de comunicación, en el
barrio siguen preguntando por él.
¿Por qué agosto?
¿Por qué agosto?
Por
su parte la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, ha expresado que “a mí
me gustaría sentar a unos de los planificadores del mal para que me
explicara qué fue lo que motivó para que el mes de agosto se registrará
en todo el continente, como el mes más violento, o sea el mes donde más
desapariciones forzadas de personas por motivaciones políticas se
registrara”.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, idea que surgió de la FEDEFAM en 1984 en Venezuela, la doctrina de desaparición forzada fue ejecutada en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra líderes, dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales del continente.
Y en ese congreso, declaramos que íbamos a trabajar con el Día Internacional del Detenido Desaparecido y que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, detalló la defensora y sobreviviente de la Doctrina de Seguridad Nacional, Berta Oliva.
“Pero lo hicimos y en Honduras logramos que se conmemore el 30 de Agosto Día Nacional del Detenido Desaparecido”, para el COFADEH es un día ya marcado en el calendario y parte de su labor de reconstrucción de Memoria Histórica, por lo que el próximo jueves, los detenidos desaparecidos saldrán a las calles en la Movilización Nacional convocada por la Convergencia Contra El Continuismo, que iniciará a las 10:00 a.m. frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El artículo 1 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dice que: Nadie será sometido a una desaparición forzada. Y (2) En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
Una grave violación de los derechos humanos
Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;
El derecho a la libertad y seguridad de la persona;
El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;
El derecho a una identidad;
El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;
El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;
El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:
El derecho a la protección y a la asistencia a la familia;
El derecho a un nivel de vida adecuado;
El derecho a la salud;
El derecho a la educación.
Honduras: Copinh denuncia pacto de impunidad en caso de Berta Cáceres
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 23 agosto, 2018
Ministerio Público cada vez más comprometido con ocultar pruebas, asegura el equipo legal.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Una vez más el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (Copinh), acompañado por los representantes legales de la
familia de Berta Cáceres, denunció el pacto de impunidad que se cierne
sobre el caso de la dirigente indígena brutalmente asesinada el 2 de
marzo de 2016.
En varias ocasiones, tanto el Copinh como la familia de Cáceres alertaron sobre la negación de acceso a la información por parte del Ministerio Público (MP), en particular de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar la información recabada en los allanamientos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA) -titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca-, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También ocultan la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
(LEA aquí un amplio reportaje en ALAI)
En esta oportunidad, el Copinh y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señalaron que, después de cinco órdenes judiciales para que el MP hiciera entrega de las informaciones, los fiscales se negaron nuevamente alegando que aún no han realizado el análisis de los aparatos electrónicos -telefónos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tablets, chips de celular, disco duros y computadoras- incautados tras los allanamientos a los principales acusados del asesinato de Cáceres.
“¿Cómo es posible que, a menos de una semana de la audiencia en la que se deben exponer las pruebas contra 8 de los acusados, el Ministerio Público nos haya dicho que aún no ha realizado los análisis? Estamos muy alarmados”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
“Esta actitud irresponsable genera una revictimización de quienes han venido sufriendo este calvario. Ante el tribunal vamos a plantear que no se está respetando el principio de igualdad, ni la tutela de los derechos de las víctimas. El no haber realizado estas diligencias -continuó Fernández- implica un comportamiento doloso del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente. Está negando verdad y justicia integral”, agregó.
(Escuche el audio completo AQUÍ)
Gaspár Sánchez del Copinh recordó que las autoridades no han mostrado la voluntad de querer castigar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En particular no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
En varias ocasiones, tanto el Copinh como la familia de Cáceres alertaron sobre la negación de acceso a la información por parte del Ministerio Público (MP), en particular de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar la información recabada en los allanamientos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA) -titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca-, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También ocultan la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
(LEA aquí un amplio reportaje en ALAI)
En esta oportunidad, el Copinh y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señalaron que, después de cinco órdenes judiciales para que el MP hiciera entrega de las informaciones, los fiscales se negaron nuevamente alegando que aún no han realizado el análisis de los aparatos electrónicos -telefónos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tablets, chips de celular, disco duros y computadoras- incautados tras los allanamientos a los principales acusados del asesinato de Cáceres.
“¿Cómo es posible que, a menos de una semana de la audiencia en la que se deben exponer las pruebas contra 8 de los acusados, el Ministerio Público nos haya dicho que aún no ha realizado los análisis? Estamos muy alarmados”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
“Esta actitud irresponsable genera una revictimización de quienes han venido sufriendo este calvario. Ante el tribunal vamos a plantear que no se está respetando el principio de igualdad, ni la tutela de los derechos de las víctimas. El no haber realizado estas diligencias -continuó Fernández- implica un comportamiento doloso del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente. Está negando verdad y justicia integral”, agregó.
(Escuche el audio completo AQUÍ)
Gaspár Sánchez del Copinh recordó que las autoridades no han mostrado la voluntad de querer castigar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En particular no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
“Seguimos demandando justicia y
hacemos un llamado al movimiento social y popular hondureño y mundial
para que se sume a esta exigencia de justicia. Lo que pasó a nuestra
compañera Berta es lo mismo que sigue pasando en todo el mundo a los
defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. Hay que poner
un alto a esto. Vamos a seguir luchando hasta que se castiguen a los
verdaderos actores del crimen”, concluyó Sánchez.
Fuente: LINyM
Honduras. La mitad de las obreras que laboran en maquilas presenta problema de salud
Por Radio ProgresoKAOS EN LA RED - Publicado en: 23 agosto, 2018
La crisis económica, altas metas de producción, extensas jornadas
de trajo, acoso laboral y la falta de atención médica de calidad, están
diezmando silenciosamente la salud de las trabajadoras de la industria
de la maquila en Honduras. La mayoría presenta múltiples padecimientos
de los cuales sobresalen las enfermedades músculo-esqueléticas, ansiedad
y depresión. Lo anterior lo […]
La crisis económica, altas metas de producción, extensas jornadas de
trajo, acoso laboral y la falta de atención médica de calidad, están
diezmando silenciosamente la salud de las trabajadoras de la industria
de la maquila en Honduras. La mayoría presenta múltiples padecimientos
de los cuales sobresalen las enfermedades músculo-esqueléticas, ansiedad
y depresión.
Lo anterior lo refleja una investigación titulada “Factores psicosociales y efectos mentales en la población trabajadora de la maquila de la confección de ropa”, desarrollada en el departamento de Cortés, por la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH y la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
“Las precariedad laboral y económica, y el aumento de las enfermedades van de la mano. Porque para que les alcance el salario las obreras buscan compensar la falta de dinero trabajando a un 120 por ciento y todas las horas extras que puedan, arriesgando su salud”, aseguró María Luisa Regalado, coordinadora de la CODEMUH.
En las mujeres el problema es mayor. “Es raro que nosotras perdamos un día de trabajo o algunas horas para salir al médico, por la pérdida que representa en el salario. Hasta cuando ya no aguantamos los dolores es que acudimos al Seguro Social y allí nos dan unas cuantas pastillas para aliviar el dolor y a seguir trabajando”, indicó una obrera de la fábrica Southern Apparel de ZIP CALPULES, en San Pedro Sula.
Múltiples enfermedades
La investigación expone un exceso de exigencias psicológicas del trabajo, falta de control sobre el contenido y las condiciones de trabajo, falta de apoyo social de los superiores y entre compañeros y compañeras, bajos salarios, inseguridad, baja estima, y como la situación más desfavorable la doble jornada de trabajo de las obreras.
En este estudio se reafirma que los factores de riesgo para la salud tienen su origen en las condiciones de trabajo que prevalece en la maquila. La población estudiada refleja este factor de riesgo, debido a que tienen jornadas de trabajo extensas, el 88 por ciento de esta población labora una jornada diaria hasta de 12 horas.
La investigación refleja además que, la ansiedad fue el trastorno que presentó la mayor frecuencia en la población estudiada con 55%, seguida por la depresión con el 52% y posteriormente por el distrés con el 38%.
Los trastornos asociados a los factores psicosociales incluyen un amplio abanico, que van desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo como la ansiedad, la depresión y distrés, a los trastornos psicosomáticos, inclusive los de la esfera biológica a más largo plazo, infartos, úlceras gástricas y los trastornos musculo-esqueléticos.
La organización del trabajo en la maquila, en especial la vinculación del ingreso económico al cumplimiento de la meta de producción por el “equipo” de trabajo, genera acoso laboral, incluso entre compañeras de trabajo.
Los datos reportan 242 casos de agresión que corresponde a casi el 55% de la población trabajadora. De estos el 34% menciona haber sido agredida por sus compañeros de trabajo y el 37% reporta haber recibido agresiones por parte de un jefe o supervisor.
Rosa Elena, uno de los muchos casos
Rosa Elena García, trabaja desde hace 16 años en la empresa maquiladora Gildan, de Zip San Miguel, en Choloma, Cortés. Entró a laborar a los 17 años. Durante este tiempo trabajó 11 horas diarias para poder hacer la meta impuesta por la empresa que se traduce en 500 docenas de prendas de vestir.
Una obrera que labora al cien por ciento tiene que hacer casi 54 mil ruedos de camiseta en un mes. Por estas características del trabajo, el 97% de las obreras realizan movimientos repetitivos con sus manos, brazos y pies, lo que les daña los músculos y huesos, y causa agotamiento y estrés, según el estudio.
Es por eso que Rosa Elena García, desde hace 3 años comenzó a tener problemas de hombros, espalda y dolores de cabeza. El médico de la empresa y en el Seguro Social, únicamente le recetaban pastillas para calmar los malestares que sentía. En la actualidad presenta un 40% de discapacidad laboral.
“Los trastornos músculo-esqueléticos ocupacionales, son producidos por los movimientos repetitivos, carga estática, postura, precisión, vibraciones y estrés. Después de varios años de trabajar en las maquilas lleva a la clase trabajadora a padecer de dolencias en los hombros, columna, cuello, brazos y manos, que en muchas ocasiones les deja imposibilitados para desarrollar cualquier trabajo por sencillo que sea”.
En las más de 215 maquiladoras que existen en Honduras laboran más de 130 mil personas, el 80% son mujeres. Se dedican a la confección de ropa. Las prendas de vestir son elaboradas de telas hechas en Estados Unidos, que son cortadas y enviadas a Honduras para su ensamble y luego son regresadas de nuevo a las fábricas norteamericanas.
Ante la triste realidad de la clase trabajadora de la maquila la CODEMUH exige a las autoridades responsables de la prevención y atención de la salud de las trabajadoras, aprueben y apliquen políticas públicas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo.
Según el Código del trabajo en su artículo 404: Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador (o trabajadora) o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
radioprogresohn.net/la-mitad-d
Lo anterior lo refleja una investigación titulada “Factores psicosociales y efectos mentales en la población trabajadora de la maquila de la confección de ropa”, desarrollada en el departamento de Cortés, por la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH y la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
“Las precariedad laboral y económica, y el aumento de las enfermedades van de la mano. Porque para que les alcance el salario las obreras buscan compensar la falta de dinero trabajando a un 120 por ciento y todas las horas extras que puedan, arriesgando su salud”, aseguró María Luisa Regalado, coordinadora de la CODEMUH.
En las mujeres el problema es mayor. “Es raro que nosotras perdamos un día de trabajo o algunas horas para salir al médico, por la pérdida que representa en el salario. Hasta cuando ya no aguantamos los dolores es que acudimos al Seguro Social y allí nos dan unas cuantas pastillas para aliviar el dolor y a seguir trabajando”, indicó una obrera de la fábrica Southern Apparel de ZIP CALPULES, en San Pedro Sula.
Múltiples enfermedades
La investigación expone un exceso de exigencias psicológicas del trabajo, falta de control sobre el contenido y las condiciones de trabajo, falta de apoyo social de los superiores y entre compañeros y compañeras, bajos salarios, inseguridad, baja estima, y como la situación más desfavorable la doble jornada de trabajo de las obreras.
En este estudio se reafirma que los factores de riesgo para la salud tienen su origen en las condiciones de trabajo que prevalece en la maquila. La población estudiada refleja este factor de riesgo, debido a que tienen jornadas de trabajo extensas, el 88 por ciento de esta población labora una jornada diaria hasta de 12 horas.
La investigación refleja además que, la ansiedad fue el trastorno que presentó la mayor frecuencia en la población estudiada con 55%, seguida por la depresión con el 52% y posteriormente por el distrés con el 38%.
Los trastornos asociados a los factores psicosociales incluyen un amplio abanico, que van desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo como la ansiedad, la depresión y distrés, a los trastornos psicosomáticos, inclusive los de la esfera biológica a más largo plazo, infartos, úlceras gástricas y los trastornos musculo-esqueléticos.
La organización del trabajo en la maquila, en especial la vinculación del ingreso económico al cumplimiento de la meta de producción por el “equipo” de trabajo, genera acoso laboral, incluso entre compañeras de trabajo.
Los datos reportan 242 casos de agresión que corresponde a casi el 55% de la población trabajadora. De estos el 34% menciona haber sido agredida por sus compañeros de trabajo y el 37% reporta haber recibido agresiones por parte de un jefe o supervisor.
Rosa Elena, uno de los muchos casos
Rosa Elena García, trabaja desde hace 16 años en la empresa maquiladora Gildan, de Zip San Miguel, en Choloma, Cortés. Entró a laborar a los 17 años. Durante este tiempo trabajó 11 horas diarias para poder hacer la meta impuesta por la empresa que se traduce en 500 docenas de prendas de vestir.
Una obrera que labora al cien por ciento tiene que hacer casi 54 mil ruedos de camiseta en un mes. Por estas características del trabajo, el 97% de las obreras realizan movimientos repetitivos con sus manos, brazos y pies, lo que les daña los músculos y huesos, y causa agotamiento y estrés, según el estudio.
Es por eso que Rosa Elena García, desde hace 3 años comenzó a tener problemas de hombros, espalda y dolores de cabeza. El médico de la empresa y en el Seguro Social, únicamente le recetaban pastillas para calmar los malestares que sentía. En la actualidad presenta un 40% de discapacidad laboral.
“Los trastornos músculo-esqueléticos ocupacionales, son producidos por los movimientos repetitivos, carga estática, postura, precisión, vibraciones y estrés. Después de varios años de trabajar en las maquilas lleva a la clase trabajadora a padecer de dolencias en los hombros, columna, cuello, brazos y manos, que en muchas ocasiones les deja imposibilitados para desarrollar cualquier trabajo por sencillo que sea”.
En las más de 215 maquiladoras que existen en Honduras laboran más de 130 mil personas, el 80% son mujeres. Se dedican a la confección de ropa. Las prendas de vestir son elaboradas de telas hechas en Estados Unidos, que son cortadas y enviadas a Honduras para su ensamble y luego son regresadas de nuevo a las fábricas norteamericanas.
Ante la triste realidad de la clase trabajadora de la maquila la CODEMUH exige a las autoridades responsables de la prevención y atención de la salud de las trabajadoras, aprueben y apliquen políticas públicas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo.
Según el Código del trabajo en su artículo 404: Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador (o trabajadora) o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
radioprogresohn.net/la-mitad-d
