Disposición de Trump para deportar a 300,000 inmigrantes está aún más cerca
Las personas afectadas tendrían un plazo de 120 días para abandonar el país. Los afectados serían inmigrantes de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador.Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.- Una corte de apelaciones federal se mostró este miércoles abierta a permitir que la administración Trump acabe con las protecciones humanitarias de inmigrantes de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador. Parece poco probable que dos de los tres jueces del citado tribunal encuentren un sesgo racial en la medida del gobierno.
La Corte de Apelaciones del Circuito Noveno expresó su excepticismo ante una orden por la que un juez federal con sede en San Francisco impedía a la administración acabar con las protecciones.
Los jueces no parecen haber encontrado el sesgo racial que denunció la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y que, según la organización, viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos.
En caso de que el gobierno de Trump pueda avanzar con su cometido, alrededor de 300,000 inmigrantes perderían el estatus de protección que consiguieron debido a las condiciones inseguras de sus países de origen y que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Algunos de ellos llevan décadas en el país e, incluso, tienen hijos estadounidenses.
En caso de que se les quite la protección, estos inmigrantes tendrán 120 días para abandonar Estados Unidos. Según la administración, los desastres que permitieron a dichos migrantes permanecer en EEUU ocurrieron hace mucho tiempo, de acuerdo a Los Angeles Times.
Nota relacionada Nueva estrategia de Trump facilitará deportación de inmigrantes
En enero de 2018, al anunciar la nueva medida en la oficina del Óvalo, Donald Trump preguntó por qué Estados Unidos debía recibir inmigrantes de “países de mierda” en África, Centroamérica o El Caribe. Dos miembros de la oficina hicieron públicas las palabras del presidente.La corte podría emitir su fallo en cualquier momento, según informa Los Angeles Times.(Tomado de: eldiariony.com)
Una regla impulsada por Trump permitiría detener indefinidamente a niños no acompañados y familias de migrantes
Publicado: 21 ago 2019 16:32 GMT | Última actualización: 21 ago 2019 17:06 GMT - RT
La nueva medida aboliría el límite
establecido de 20 días para retener a los migranes, lo cual permitirá
que puedan permanecer indefinidamente en los centros de detención.
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump,
dio a conocer una nueva regulación que le permitiría detener
indefinidamente a niños indocumentados y familias de migrantes mientras
se resuelven sus trámites para ingresar al país o ser deportados.
La nueva medida aboliría el límite establecido de 20 días para retener a familias en cárceles de inmigración, lo cual permitirá que los migrantes puedan permanecer indefinidamente en los centros de detención.
En un documento de 1997, conocido como el 'Acuerdo Flores', el Gobierno de EE.UU. se comprometió a mantener a los niños indocumentados en el entorno menos restrictivo posible. Dicho acuerdo se aplicó a los niños indocumentados centroamericanos que cruzaron la frontera acompañados por sus padres y ha limitado el poder de la administración Trump para detener a las familias más allá de un periodo establecido.
De este modo, la nueva regla pretende eliminar las trabas legales presentes para que los niños no acompañados y las familias de migrantes puedan ser detenidas por tiempo indefinido.
La nueva medida se da a conocer después de que el presidente Trump se quejara de que la legislación estadounidense había provocado que varios de los migrantes detenidos fueran liberados al poco tiempo, mientras se resolvía su situación legal.
Sin embargo, esta regla requiere la aprobación de un juez federal antes de que pueda entrar en vigor, en un plazo de 60 días tras ser publicada en el Registro Federal, algo que previsiblemente sucederá esta semana. Se prevé que dicha medida sea impugnada ante la Corte.
"Hoy, el gobierno ha emitido una regla crítica que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener unidas a las familias y mejorar la integridad del sistema de inmigración", dijo el secretario interino de Kevin McAleenan.
De acuerdo con el funcionario, la norma "garantiza que todos los niños bajo custodia del gobierno de los EE.UU. sean tratados con dignidad, respeto y preocupación especial por su vulnerabilidad especial".
Funcionarios
estadounidenses dijeron el martes que la nueva regulación enviaría un
poderoso mensaje de que enviar niños no acompañados por un adulto no es
"un pasaporte" para ser liberados en territorio estadounidense tras el
proceso de detención.
El presidente Donald Trump tuiteó este miércoles una cita de Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, quien dijo que la propuesta "terminará efectivamente con la captura y liberación y reducirá las entradas ilegales".
El informe refiere que en los centros de detención de Río Grande, en el sur de Texas, los niños migrantes "no tenían acceso a duchas, tenían acceso limitado a un cambio de ropa y no tenían acceso a comidas calientes", como lo exigen los estándares establecidos en la ley.
En junio pasado, un abogado del Departamento de Justicia provocó indignación tras argumentar en una corte federal de apelaciones en San Francisco, California, que el Gobierno de EE.UU. no estaba obligado a proporcionar jabón o cepillos de dientes a niños en instalaciones de detención.
Congresistas estadounidenses denunciaron en julio pasado las condiciones inhumanas en las que viven los migrantes retenidos por las autoridades de EE.UU., quienes incluso han tenido que beber agua del retrete, de acuerdo con algunos testimonios citados por los legisladores.
Menores de edad han denunciado abusos sexuales por parte de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en centros de detención de migrantes en Yuma, Arizona.
La nueva medida aboliría el límite establecido de 20 días para retener a familias en cárceles de inmigración, lo cual permitirá que los migrantes puedan permanecer indefinidamente en los centros de detención.
En un documento de 1997, conocido como el 'Acuerdo Flores', el Gobierno de EE.UU. se comprometió a mantener a los niños indocumentados en el entorno menos restrictivo posible. Dicho acuerdo se aplicó a los niños indocumentados centroamericanos que cruzaron la frontera acompañados por sus padres y ha limitado el poder de la administración Trump para detener a las familias más allá de un periodo establecido.
De este modo, la nueva regla pretende eliminar las trabas legales presentes para que los niños no acompañados y las familias de migrantes puedan ser detenidas por tiempo indefinido.
La nueva medida se da a conocer después de que el presidente Trump se quejara de que la legislación estadounidense había provocado que varios de los migrantes detenidos fueran liberados al poco tiempo, mientras se resolvía su situación legal.
Sin embargo, esta regla requiere la aprobación de un juez federal antes de que pueda entrar en vigor, en un plazo de 60 días tras ser publicada en el Registro Federal, algo que previsiblemente sucederá esta semana. Se prevé que dicha medida sea impugnada ante la Corte.
Reacciones gubernamentales
El Departamento de Seguridad Nacional explicó en un comunicado que la medida pretende detener a los migrantes que ingresan ilegalmente a través de la frontera sur de EE.UU., con la esperanza de que sean liberados en territorio estadounidense "en lugar de ser detenidos durante sus procedimientos de expulsión"."Hoy, el gobierno ha emitido una regla crítica que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener unidas a las familias y mejorar la integridad del sistema de inmigración", dijo el secretario interino de Kevin McAleenan.
De acuerdo con el funcionario, la norma "garantiza que todos los niños bajo custodia del gobierno de los EE.UU. sean tratados con dignidad, respeto y preocupación especial por su vulnerabilidad especial".
Hacinamiento de familias en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, EE.UU.,10 de junio de 2019.
/ OIG
El presidente Donald Trump tuiteó este miércoles una cita de Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, quien dijo que la propuesta "terminará efectivamente con la captura y liberación y reducirá las entradas ilegales".
Condiciones inhumanas
En julio pasado, un informe de inspección del Departamento de Seguridad Nacional describió las instalaciones de los centros de detención de migrantes operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como "una bomba de tiempo", ante las malas condiciones sanitarias de dichos centros.El informe refiere que en los centros de detención de Río Grande, en el sur de Texas, los niños migrantes "no tenían acceso a duchas, tenían acceso limitado a un cambio de ropa y no tenían acceso a comidas calientes", como lo exigen los estándares establecidos en la ley.
En junio pasado, un abogado del Departamento de Justicia provocó indignación tras argumentar en una corte federal de apelaciones en San Francisco, California, que el Gobierno de EE.UU. no estaba obligado a proporcionar jabón o cepillos de dientes a niños en instalaciones de detención.
Congresistas estadounidenses denunciaron en julio pasado las condiciones inhumanas en las que viven los migrantes retenidos por las autoridades de EE.UU., quienes incluso han tenido que beber agua del retrete, de acuerdo con algunos testimonios citados por los legisladores.
Menores de edad han denunciado abusos sexuales por parte de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en centros de detención de migrantes en Yuma, Arizona.
Migraciones a EEUU: Trump presenta una nueva norma que permite detener indefinidamente a los menores migrantes indocumentados
El plan entrará en vigor en 60 días y pondrá fin al
llamado acuerdo de Flores, que fija en 20 días el plazo máximo que
pueden ser retenidos los menores y las familias migrantes. Según el
Gobierno, este acuerdo incentiva que los migrantes centroamericanos
traigan niños con ellos para garantizar su puesta en libertad mientras
se estudia su solicitud de asilo.
Un
niño migrante de Guatemala de cinco años y su familia esperan con otros
solicitantes de asilo, liberados tras ser detenidos en la frontera de
EEUU con México.- REUTERS
Washington
21/08/2019 17:41 - efe / reuters - PÙBLICO
El Gobierno de EEUU ha anunciado este miércoles un nuevo plan para permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo
de lo que permiten las normas actuales, con el fin de frenar las
llegadas de migrantes indocumentados que llegan desde Centroamérica.
El Departamento de Seguridad Nacional ha
explicado en un comunicado que la decisión, que será publicada en el
Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días desde
entonces, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo de Flores,
que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes
no acompañados, desde prestaciones sociales a períodos de detención
máximos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese
acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco
años", pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones
anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.
El acuerdo establece que las autoridades no pueden detener durante más de 20 días a los menores
indocumentados arrestados. Los funcionarios de la Administración Trump
culpan a este acuerdo del drástico aumento del número de personas que
tratan de cruzar la frontera sur del país. Desde el pasado octubre, más
de 432.000 miembros de unidades familiares han sido detenidos, un aumento del 456% respecto al año pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.
Son, sobre todo, familias centroamericanas las que
elevan la estadística. Y, según la interpretación del Gobierno, esta
restricción del tiempo de detención de los menores alienta a los
migrantes a traer niños con ellos para que todos puedan ser liberados en
el país mientras se estudian sus solicitudes de asilo.
Las familias generalmente tienen que esperar varios
meses para que sus casos se abran paso en la corte de inmigración, y la
nueva regla permitiría mantener a esas familias en los centros de
detención.
El acuerdo había puesto límites a la duración de la detención de los niños, lo que llevó a la administración a liberar a decenas de miles de familias que esperaban de la resolución de sus casos.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin
McAleenan, al anunciar la nueva norma, dijo que esas liberaciones fueron
un incentivo para que los inmigrantes viajen con niños y que el
Gobierno cree que con la nueva medida habrá un efecto disuasorio.
Pruebas de ADN en las fronteras
McAleenan dijo que el gobierno cree que algunas
familias detenidas en la frontera eran "fraudulentas", según las pruebas
de ADN realizadas a algunos migrantes en programas piloto que se han
implementado en los últimos meses. "Ningún niño debería ser un peón o un
pasaporte a los EEUU, como me dijo un señor en Guatemala", ha aseverado
McAleenan.
La Academia Estadounidense de Pediatría ha dicho en
repetidas ocasiones que la detención no es adecuada para niños, que
pueden sufrir numerosos síntomas físicos y emocionales negativos. Las
autoridades han precisado que las familias recibirían tratamiento de
salud mental y otros servicios.
Actualmente, el Gobierno solo dispone de entre 2.500
y 3.000 camas de detención para unidades familiares y dijo que
cualquier expansión de los centros de detención cumplirá con un alto
nivel de atención en entornos "tipo campus".
Trayectoria legal errática y condiciones miserables
La administración Trump se ha enfrentado a duras
críticas a sus estaciones temporales de patrulla fronteriza, donde los
abogados y los vigilantes del Gobierno han denunciado que cientos de
niños y familias estaban detenidos en condiciones miserables.
McAleenan ha explicado que la nueva regla permitirá a los funcionarios
transferir a las familias a instalaciones más apropiadas y permitiría a
las familias permanecer juntas.
La línea dura de Trump con la migración ha buscado
disuadir a los migrantes de su intento durante el año pasado a través de
una política de "tolerancia cero" que separó a miles de niños de sus
padres. Pero abandonó el esfuerzo tras la indignación pública
generalizada y varios reveses judiciales.
Cientos de familias, sin embargo, aún están
separadas, al considerar el Gobierno que los padres son un riesgo para
el niño. La Unión Americana de Libertades Civiles afirma que esas
separaciones a menudo se basan en pruebas endebles o delitos menores
como infracciones de tráfico.
Denuncian abusos a niños separados de sus familias en EEUU
ARCHIVO - En esta foto de archivo del 21
de junio de 2018, agentes montan guardia frente a la agencia de
adopciones Cayuga Centers de Nueva York. Tres de cuatro incidentes de
ataques físicos a niños inmigrantes separados de sus familias implicaron
a Cayuga Centers, la mayor agencia de colocación de niños migrantes en
familias de acogida. (AP Foto/Richard Drew)
(Richard Drew/AP)
Decenas de
familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte
de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump se
aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus
niños menores sufrieron abuso sexual, físico o emocional en orfanatos
financiados con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press _algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento_ revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de 3.000 niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias _algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos_ están representadas por organizaciones de base y ONGs, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
“Es la punta del iceberg”, dijo Erik Walsh, abogado de Arnold & Porter, que mantiene uno de los programas más grandes del mundo de asesoría legal gratuita.
La firma ha presentado al momento 18 reclamos en nombre de nueve
familias por un total de 54 millones de dólares y probablemente habrá
decenas más, según Walsh.
El gobierno tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos mediante la FTCA desde el momento de su presentación. Después, los demandantes pueden iniciar juicio al gobierno.
Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, nombrados en los reclamos, no respondieron a los pedidos de declaraciones.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de niños migrantes, dijo que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados del HHS atendió a casi 50.000 niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como niños separados de sus familias bajo las medidas de tolerancia cero.
La oficina los alojó en orfanatos, refugios residenciales y campos de detención en todo el país. En ciertos períodos llegó a alojar en un sólo día a 500 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes.
Las denuncias de abusos y ataques en los orfanatos generan nuevos interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para alojar a los más jóvenes con familias en lugar de refugios y centros de detención atestados.
Según los reclamos, un documento legal federal reciente y documentos del HHS difundidos por el Congreso meses atrás, los niños sufrieron traumas emocionales graves al sufrir ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida.
Seis de los reclamos son por niños que estuvieron en hogares. Un documento presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió abuso en un hogar.
Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018. Dado que algunos son anónimos para proteger la intimidad de los menores, no está claro si no hay reclamos duplicados.
El Departamento de Justicia no ha respondido a preguntas reiteradas de legisladores sobre esos casos.
Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados en los reclamos bajo la FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de niños migrantes, que en ocasiones ha tenido hasta 900 bebés y niños.
Cayuga Centers dijo en un comunicado el viernes que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades locales, estatales y federales correspondientes, incluidas la Oficina de Servicios para Menores del estado de Nueva York, la policía de Nueva York y la Oficina de Asentamiento de Refugiados.
“La protección del niño es nuestra prioridad número uno. Si se expresa inquietud sobre la seguridad de un niño en un hogar de acogida, se investiga inmediatamente. Todo nuestro personal tiene la obligación de informar”, dijo el grupo. “Cuando se presenta una denuncia, se retira inmediatamente a los niños del hogar de acogida y, si es necesario, se suspende a un hogar de acogida hasta que una investigación exhaustiva aclare la situación”.
Una madre guatemalteca cuya hija de cinco años fue alojada en Cayuga el año pasado dice que la niña todavía se despierta llorando por lo que padeció en el orfanato.
“Ahora se asusta cada vez que salimos o cuando ve un auto policial o alguien uniformado”, dijo la madre, que reclama 6 millones de dólares. “Me dice, ‘mami, no dejes que vuelvan a separarnos’”.
Las familias que hablaron con AP y FRONTLINE lo hicieron bajo la condición de no ser identificadas al temer por su seguridad.
Otra niña guatemalteca de cinco años dijo que un chico la manoseó, tanto en su hogar de acogida como durante las clases en una institución del programa para huérfanos Refugio para los Niños, de acuerdo con un reclamo de 3 millones de dólares. La niña fue trasladada a un nuevo hogar, pero sufría acoso verbal de la madre de su padre adoptivo, que la insultaba y la encerraba a solas en habitaciones para castigarla, según el reclamo.
Un vocero de Servicios Sociales Luteranos de Nueva York, que supervisa el programa Refugio para los Niños, se negó a hacer declaraciones.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press _algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento_ revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de 3.000 niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias _algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos_ están representadas por organizaciones de base y ONGs, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
“Es la punta del iceberg”, dijo Erik Walsh, abogado de Arnold & Porter, que mantiene uno de los programas más grandes del mundo de asesoría legal gratuita.
El gobierno tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos mediante la FTCA desde el momento de su presentación. Después, los demandantes pueden iniciar juicio al gobierno.
Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, nombrados en los reclamos, no respondieron a los pedidos de declaraciones.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de niños migrantes, dijo que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados del HHS atendió a casi 50.000 niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como niños separados de sus familias bajo las medidas de tolerancia cero.
La oficina los alojó en orfanatos, refugios residenciales y campos de detención en todo el país. En ciertos períodos llegó a alojar en un sólo día a 500 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes.
Las denuncias de abusos y ataques en los orfanatos generan nuevos interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para alojar a los más jóvenes con familias en lugar de refugios y centros de detención atestados.
Según los reclamos, un documento legal federal reciente y documentos del HHS difundidos por el Congreso meses atrás, los niños sufrieron traumas emocionales graves al sufrir ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida.
Seis de los reclamos son por niños que estuvieron en hogares. Un documento presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió abuso en un hogar.
Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018. Dado que algunos son anónimos para proteger la intimidad de los menores, no está claro si no hay reclamos duplicados.
El Departamento de Justicia no ha respondido a preguntas reiteradas de legisladores sobre esos casos.
Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados en los reclamos bajo la FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de niños migrantes, que en ocasiones ha tenido hasta 900 bebés y niños.
Cayuga Centers dijo en un comunicado el viernes que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades locales, estatales y federales correspondientes, incluidas la Oficina de Servicios para Menores del estado de Nueva York, la policía de Nueva York y la Oficina de Asentamiento de Refugiados.
“La protección del niño es nuestra prioridad número uno. Si se expresa inquietud sobre la seguridad de un niño en un hogar de acogida, se investiga inmediatamente. Todo nuestro personal tiene la obligación de informar”, dijo el grupo. “Cuando se presenta una denuncia, se retira inmediatamente a los niños del hogar de acogida y, si es necesario, se suspende a un hogar de acogida hasta que una investigación exhaustiva aclare la situación”.
Una madre guatemalteca cuya hija de cinco años fue alojada en Cayuga el año pasado dice que la niña todavía se despierta llorando por lo que padeció en el orfanato.
“Ahora se asusta cada vez que salimos o cuando ve un auto policial o alguien uniformado”, dijo la madre, que reclama 6 millones de dólares. “Me dice, ‘mami, no dejes que vuelvan a separarnos’”.
Las familias que hablaron con AP y FRONTLINE lo hicieron bajo la condición de no ser identificadas al temer por su seguridad.
Otra niña guatemalteca de cinco años dijo que un chico la manoseó, tanto en su hogar de acogida como durante las clases en una institución del programa para huérfanos Refugio para los Niños, de acuerdo con un reclamo de 3 millones de dólares. La niña fue trasladada a un nuevo hogar, pero sufría acoso verbal de la madre de su padre adoptivo, que la insultaba y la encerraba a solas en habitaciones para castigarla, según el reclamo.
Un vocero de Servicios Sociales Luteranos de Nueva York, que supervisa el programa Refugio para los Niños, se negó a hacer declaraciones.
Rechazan petición de EEUU de negar jabón a niños migrantes
ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 9
de julio de 2019, un grupo de migrantes juega fútbol en un centro de
detención para niños migrantes, en Carrizo Springs, Texas. (AP Foto/Eric
Gay, archivo)
(Eric Gay/AP)
Los
menores inmigrantes detenidos por el gobierno de Estados Unidos deben
recibir alimentos en buen estado, agua limpia, jabón y pasta de dientes
según un acuerdo alcanzado hace tiempo sobre las condiciones de
detención, determinó el jueves un panel federal de apelaciones al
desechar un intento del gobierno del presidente Donald Trump para
limitar lo que debe proporcionarse.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco desechó la impugnación del gobierno federal contra una postura de un tribunal de menor instancia de que las autoridades no habían proporcionado a los menores condiciones seguras ni higiénicas en conformidad con un acuerdo negociado en 1997.
El gobierno alegó que las autoridades no estaban obligadas a proveer servicios específicos, como dotación de jabón, según lo establecido en el acuerdo de que las instalaciones sean “seguras e higiénicas”, y solicitó al panel su opinión. Los jueces de apelación no coincidieron con esa postura.
“Garantizar que los menores coman alimentos suficientes en buen estado, beban agua limpia, estén acomodados en instalaciones limpias con baños higiénicos, tengan jabón y pasta de dientes, y no se les impida dormir son sin duda esenciales para su seguridad”, escribió el panel.
El fallo es posterior a una audiencia en junio en la que un abogado
del gobierno estadounidense dijo que el acuerdo era vago y podría no
obligar a dotar de pasta de dientes y jabón a los menores durante
permanencias breves en custodia. Obligar a suministrar esos artículos
constituiría un cambio en el acuerdo, señaló el gobierno.
Leecia Welch, directora de defensoría legal y bienestar infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que no le sorprendía el fallo del panel.
“Debería sacudir la conciencia de todos los estadounidenses el saber que nuestro gobierno alegó que los menores no necesitan estos artículos imprescindibles”, agregó.
Se envió un mensaje al Departamento de Justicia en busca de declaraciones.
La jueza de la corte federal Dolly Gee en Los Ángeles falló en 2017 que las autoridades habían incumplido el acuerdo —ampliamente conocido como el acuerdo Flores— después de que inmigrantes jóvenes detenidos en la frontera dijeran que tuvieron que dormir en celdas frías y hacinadas, y que les daban alimentos inadecuados y agua sucia.
Desde entonces los problemas en las instalaciones han persistido. Gee asignó a un supervisor independiente para que evalúe las condiciones.
Los problemas se remontan años atrás y han suscitado mayor atención en medio de un incremento en el número de menores y familias, en su mayoría provenientes de América Central, que llegan a la frontera suroeste con México.
El acuerdo Flores alcanzado entre defensores de los inmigrantes jóvenes y el gobierno estadounidense prevé que los menores sean detenidos en instalaciones que cumplan ciertas normas, y se les libere en cuanto sea razonablemente posible, que se considera son unos 20 días.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco desechó la impugnación del gobierno federal contra una postura de un tribunal de menor instancia de que las autoridades no habían proporcionado a los menores condiciones seguras ni higiénicas en conformidad con un acuerdo negociado en 1997.
El gobierno alegó que las autoridades no estaban obligadas a proveer servicios específicos, como dotación de jabón, según lo establecido en el acuerdo de que las instalaciones sean “seguras e higiénicas”, y solicitó al panel su opinión. Los jueces de apelación no coincidieron con esa postura.
“Garantizar que los menores coman alimentos suficientes en buen estado, beban agua limpia, estén acomodados en instalaciones limpias con baños higiénicos, tengan jabón y pasta de dientes, y no se les impida dormir son sin duda esenciales para su seguridad”, escribió el panel.
Leecia Welch, directora de defensoría legal y bienestar infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que no le sorprendía el fallo del panel.
“Debería sacudir la conciencia de todos los estadounidenses el saber que nuestro gobierno alegó que los menores no necesitan estos artículos imprescindibles”, agregó.
Se envió un mensaje al Departamento de Justicia en busca de declaraciones.
La jueza de la corte federal Dolly Gee en Los Ángeles falló en 2017 que las autoridades habían incumplido el acuerdo —ampliamente conocido como el acuerdo Flores— después de que inmigrantes jóvenes detenidos en la frontera dijeran que tuvieron que dormir en celdas frías y hacinadas, y que les daban alimentos inadecuados y agua sucia.
Desde entonces los problemas en las instalaciones han persistido. Gee asignó a un supervisor independiente para que evalúe las condiciones.
Los problemas se remontan años atrás y han suscitado mayor atención en medio de un incremento en el número de menores y familias, en su mayoría provenientes de América Central, que llegan a la frontera suroeste con México.
El acuerdo Flores alcanzado entre defensores de los inmigrantes jóvenes y el gobierno estadounidense prevé que los menores sean detenidos en instalaciones que cumplan ciertas normas, y se les libere en cuanto sea razonablemente posible, que se considera son unos 20 días.
¿Trump pondrá fin a la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
(AP)
El presidente de Estados Unidos advierte...
WASHINGTON (AP) — HOY (Los Angeles-EE.UU.)
El
presidente Donald Trump dijo que sopesa “muy seriamente” poner fin al
derecho a la ciudadanía para los bebés nacidos en suelo estadounidense
de padres extranjeros.
Trump señaló que la ciudadanía por nacimiento es “francamente ridícula”.
“Lo estamos examinando muy muy seriamente”, declaró.
No es la primera vez que Trump menciona que eliminará ese derecho; en octubre dijo algo similar.
Sin embargo, la medida planteada por Trump causaría de manera
inevitable una batalla judicial que es poco probable que gane debido al
concepto generalmente aceptado de que la enmienda 14 garantiza la
ciudadanía a cualquier menor nacido en suelo estadounidense, al margen
de la condición migratoria de los padres.
James Ho, un juez de la corte federal de apelaciones propuesto por Trump, escribió en 2006, antes de su nombramiento, que la ciudadanía por derecho de nacimiento “no está menos protegida para los hijos de personas indocumentadas que para los descendientes de los pasajeros del Mayflower”.
Sin embargo, Trump ha dicho que sus abogados le aseguraron que el cambio podría hacerse “con una simple orden ejecutiva”, argumento al que recurre desde que era candidato presidencial, cuando describió la ciudadanía por nacimiento como un “magneto para la inmigración ilegal” y se comprometió a ponerle fin.
No hay cifras sobre cuántas mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz.
El Centro para Estudios de Inmigración, un grupo que propugna por leyes de inmigración más estrictas, calculó que en 2012 unas 36,000 mujeres extranjeras dieron a luz en Estados Unidos y después se fueron del país.
Lugares como Florida registran un auge en el llamado “turismo para nacimiento”.
Cada año, centenares de rusas embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz, y pagan desde 20,000 hasta más de 50,000 dólares a personas que les arreglan sus documentos de viaje, alojamiento y estancia en hospital. Numerosas mujeres de China y Nigeria también llegan a Estados Unidos con el mismo propósito.
Trump señaló que la ciudadanía por nacimiento es “francamente ridícula”.
“Lo estamos examinando muy muy seriamente”, declaró.
No es la primera vez que Trump menciona que eliminará ese derecho; en octubre dijo algo similar.
James Ho, un juez de la corte federal de apelaciones propuesto por Trump, escribió en 2006, antes de su nombramiento, que la ciudadanía por derecho de nacimiento “no está menos protegida para los hijos de personas indocumentadas que para los descendientes de los pasajeros del Mayflower”.
Sin embargo, Trump ha dicho que sus abogados le aseguraron que el cambio podría hacerse “con una simple orden ejecutiva”, argumento al que recurre desde que era candidato presidencial, cuando describió la ciudadanía por nacimiento como un “magneto para la inmigración ilegal” y se comprometió a ponerle fin.
No hay cifras sobre cuántas mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz.
El Centro para Estudios de Inmigración, un grupo que propugna por leyes de inmigración más estrictas, calculó que en 2012 unas 36,000 mujeres extranjeras dieron a luz en Estados Unidos y después se fueron del país.
Lugares como Florida registran un auge en el llamado “turismo para nacimiento”.
Cada año, centenares de rusas embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz, y pagan desde 20,000 hasta más de 50,000 dólares a personas que les arreglan sus documentos de viaje, alojamiento y estancia en hospital. Numerosas mujeres de China y Nigeria también llegan a Estados Unidos con el mismo propósito.
El Diario NY
Revelan que indocumentados trabajaron en la construcción de propiedades de Trump
Uno de los supervisiores de los edificios del presidente recomendó a un inmigrante que consiguiera documentos falsos
"Si eres un buen trabajador, los papeles no importan", según extrabajador.
Foto:
El Diario NY / Efe
La Organización Trump ha trabajado los últimos años con una empresa constructora que contrata indocumentados. The Washington Post
reveló este viernes que trabajadores que construyeron algunas de las
propiedades de la organización habían entrado a Estados Unidos sin
autorización.
Varios empleados y extrabajadores de Mobile Payroll Construction LLC aseguraron al diario que las contrataciones de inmigrantes indocumentados se siguen realizando en la actualidad. “Trump no quiere indocumentados en el país, pero en sus propiedades todavía los tiene” – dijo al Post Jorge Castro, un indocumentado que dejó la compañía en abril.
Castro aseguró haber trabajado en seis de las propiedades de la Organización Trump y enseñó al periódico el talón de recibo de la empresa. Otro trabajador, Edmundo Morocho, reveló que un supervisor de una de las propiedades del presidente le instruyó para que consiguiera documentos falsos.
Un portavoz de la Organización Trump afirmó que la constructora utilizaba E-Verify para confirmar que los nuevos empleados podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no aparecía en la base de datos del verificador federal de empleo, que se actualizó el 1 de julio.
Otro vocero de la organización dijo a The Hill que “cuando descubren que un empleado ha presentado documentación falsa o fraudulenta para obtener trabajo de manera ilegal, despiden a dicho individuo. Por suerte, entre los miles de empleados de nuestra organización, hemos encontrado muy pocos casos en los que esto ha ocurrido.”
No obstante, los trabajadores dijeron a The Washington Post que los supervisores no prestan mucha atención al estatus migratorio de los empleados. “Si eres un buen trabajador, los papeles no importan”, aseveró Castro.
Esta información sale a la luz dos días después de las redadas en Mississippi en las que ICE arrestó a 680 trabajadores de plantas agrícolas y que es una muestra más de la dura postura contra los migrantes de la administración Trump.
Trump justifica las redadas de ICE: Son “un buen freno” para la inmigración
Derrota para Trump: Tendrá que pagar $5 millones a estado que protege migrantes
Lo deportaron a su país pero estaba enfermo y no hablaba el idioma. Murió a los dos meses
A finales de julio el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado anunció la medida que fue puesta en vigencia inmediatamente. Desde ese momento Josué Orellana, joven migrante en Estado Unidos, originario de Honduras, teme ser deportado.
“Me siento con miedo. Temo salir porque creo que los agentes de migración están detrás, que me capturarán y deportarán”, dijo Orellana al programa Foros Populares que cada semana transmite Radio Progreso.
El joven, quien reside en Nueva York, comenta que otros migrantes están en la misma situación; el temor y la incertidumbre la viven a diario. “Hace un mes fui asaltado al salir de mi trabajo, laboro en cocina y tengo horarios nocturnos, por miedo no puse la denuncia ante la policía, tuve medio de ser detenido y deportado”, dijo.
Kevin McAleenan, secretario interino de seguridad nacional, aseguró que la nueva normativa estaría permitiendo al Departamento de Seguridad Nacional abordar de manera “más efectiva y eficiente” la realidad de los extranjeros que viven en Estados Unidos de manera ilegal y no están en proceso de asilo o no tienen fecha para defender su caso en un tribunal de inmigración.
“Esta nueva norma va a garantizar la deportación exprés de los que no tienen derecho a ingresar o permanecer en el país”, dice el comunicado. Con la medida, el presidente estadounidense busca disminuir el número de entradas irregulares y garantizar “la eliminación inmediata de los extranjeros detenidos en Estados Unidos», McAleenan.
La medida, aplicada hasta ahora solo en la frontera con México, establece que los inmigrantes sin documentos deben poder demostrar que llevan dos años ininterrumpidos en Estados Unidos.
Para Yolanda González de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, RJM, las medidas implementadas por Trump no ha reducido el flujo migratorio, ni cree que lo harán porque las realidades que enfrenta la gente en sus países de origen los obligan a huir. “Si nos vamos a los hechos, por un lado, en realidad lo que hizo Donald Trump fue ampliar la figura de las deportaciones expeditas que fue creada en 1996 por un gobierno demócrata, que lo que permite es una deportación sumaria. Lo que hace es que te priva de la posibilidad de un proceso judicial, en Estados Unidos los procesos de deportación son judiciales, y esas deportaciones expeditas desde 1996 eran muy excepcionales para la frontera, es decir, se aplicaba a las personas que tenían menos de 15 días de haber llegado al territorio estadounidense y estaban a unas cuantas millas de la frontera, y Donald Trump lo que hace es ampliar y establece que todas las personas que no prueben que han estado en Estados Unidos al menos dos años de manera seguida y que hayan entrado de manera irregular, puedan ser deportadas sumariamente sin la garantía judicial”, comentó.
González advierte que con las medidas puestas en marcha los migrantes serán directamente expulsados del país, sin ser llevados ante un juez de inmigración.
Hasta ahora, este sistema solo se
aplicaba a indocumentados detenidos dentro de los 160 kilómetros desde el
límite fronterizo con México y solo si no podían demostrar que llevaban mínimo
14 días en el país. Con esto, la Administración de Donald Trump pretende, entre
otras cosas, desatascar los tribunales de inmigración, que tienen pendientes la
revisión de más de 900.000 casos, dice el comunicado del departamento de
Seguridad Nacional.
Mientras los días pasan, las medidas anuncias son más y más severas, dice Josué Orellana, lo que pone en riesgo su estancia en Estados Unidos. Él teme que las redadas masivas se concreten, que lo aparten de su hija de 5 años. “uno vive a este país a trabajar y huyendo de la violencia de nuestros países, no nos queda opción. Yo quisiera que Honduras cambiara le aseguro que me regreso, porque mi tierra es allá, aquí la vida es dura nos persiguen como delincuentes” dijo el migrantes.
Otra de las medidas anunciadas en lo últimos días por Trump, es hacer que la mayoría de solicitantes de asilo que transiten por otro país antes de pisar suelo estadounidense no tengan la opción de pedir la protección. La nueva política se aplicará principalmente en la frontera sur con México, lo que supone un golpe para los migrantes centroamericanos, que suponen el grueso de la ola migratoria en Estados Unidos.
Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre viven los
millones de inmigrantes indocumentados que, esperando encontrar el
paraíso, abandonaron sus países de origen y hoy afrontan el infierno de
la persecución y la deportación, una vez que han entrado en vigencia las
duras disposiciones legales anti-inmigratorias aprobadas por el
Congreso y las autoridades de Estados Unidos.
Históricamente en Estados Unidos ya existía un marco legal punitivo contra las poblaciones migrantes. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca las medidas han sido incrementadas de manera acelerada para reducir la migración documentada e indocumentada.
Patricia Montes, directora ejecutiva del “Centro Presente” de Boston, Massachusetts, dice que se vive un ambiente de tensión e incertidumbre en muchos sectores de la unión americana, sobre todo en aquellos Estados que tienen una población más grande de inmigrantes indocumentados.
El anuncio de redadas realizado desde hace varias semanas por la administración Trump, se ha traducido en que buena parte de personas migrantes han dejado sus trabajos.
Patricia Montes asegura que como organización han podido observar cómo el departamento de seguridad nacional, por medio de sus dependencias, no solamente está implementando redadas, sino otro tipo de medidas; por ejemplo, la búsqueda de aquellos inmigrantes y de las personas que están trabajando en distintos lugares de manera indocumentada, además de las costosas multas a personas que están empleando a indocumentados.
Nuevas medidas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en las últimas horas que ampliará más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EEUU de al menos dos años.
Según el reglamento de 18 páginas “toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en Estados Unidos durante al menos dos años, quedará sujeta a una deportación expedita y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración”.
La medida aplicará también a inmigrantes que tienen al menos 14 días de haber entrado al país, pero menos de dos años y excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.
Patricia Montes dice que esta medida significa que las personas que sean detenidas en los Estados Unidos, serán deportadas sin tener acceso a un juez de inmigración. Eso refleja la dureza de las medidas anti inmigrantes de la administración Donald Trump.
Tercer país seguro
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad que esta nación se convierta en un “Tercer País Seguro”, lo que implicaría que reciba a miles de migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia, librando así a los estadounidenses de un asunto que les incomoda.
La activista de Derechos Humanos, Patricia Montes, está convencida qué esto es una amenaza más, y significa la externalización de la frontera de los Estados Unidos y ampliación del muro.
“Estamos hablando de externalizar las políticas represivas, para que las poblaciones no hagan uso del derecho a migrar. Este tipo de medidas lo que hacen es precisamente reprimir y aumentar la persecución contra las poblaciones latinas”, asegura.
Montes cree que estas no son las medidas que van a detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. La mejor manera de disminuir la migración indocumentada, es asegurándose que reduzcan los niveles de violencia, corrupción e impunidad, además de que haya oportunidades para que las personas puedan tener una vida digna en sus países de origen.
Varios empleados y extrabajadores de Mobile Payroll Construction LLC aseguraron al diario que las contrataciones de inmigrantes indocumentados se siguen realizando en la actualidad. “Trump no quiere indocumentados en el país, pero en sus propiedades todavía los tiene” – dijo al Post Jorge Castro, un indocumentado que dejó la compañía en abril.
Castro aseguró haber trabajado en seis de las propiedades de la Organización Trump y enseñó al periódico el talón de recibo de la empresa. Otro trabajador, Edmundo Morocho, reveló que un supervisor de una de las propiedades del presidente le instruyó para que consiguiera documentos falsos.
Un portavoz de la Organización Trump afirmó que la constructora utilizaba E-Verify para confirmar que los nuevos empleados podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no aparecía en la base de datos del verificador federal de empleo, que se actualizó el 1 de julio.
Otro vocero de la organización dijo a The Hill que “cuando descubren que un empleado ha presentado documentación falsa o fraudulenta para obtener trabajo de manera ilegal, despiden a dicho individuo. Por suerte, entre los miles de empleados de nuestra organización, hemos encontrado muy pocos casos en los que esto ha ocurrido.”
No obstante, los trabajadores dijeron a The Washington Post que los supervisores no prestan mucha atención al estatus migratorio de los empleados. “Si eres un buen trabajador, los papeles no importan”, aseveró Castro.
Esta información sale a la luz dos días después de las redadas en Mississippi en las que ICE arrestó a 680 trabajadores de plantas agrícolas y que es una muestra más de la dura postura contra los migrantes de la administración Trump.
Trump justifica las redadas de ICE: Son “un buen freno” para la inmigración
Derrota para Trump: Tendrá que pagar $5 millones a estado que protege migrantes
Lo deportaron a su país pero estaba enfermo y no hablaba el idioma. Murió a los dos meses
EEUU: Ordenan más redadas contra migrantes
Agentes de ICE realizan una redada en Mississippi.
(HANDOUT/REUTERS)
“Si entran ilegalmente a los Estados Unidos, serán expulsados”...
Agencia Reforma —
La Casa
Blanca ordenó a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) realizar docenas de redadas en lugares de trabajo este
año, según le dijo un alto funcionario de migración a CNN.
Esto sucede poco después de que el presidente Donald Trump elogió las redadas como las de Mississippi, que llevaron a la detención de al menos 680 migrantes, como un “muy buen elemento disuasorio” para los migrantes sin documentos.
Según el funcionario, se le ordenó a las oficinas locales de ICE en todo Estados Unidos que identificaran al menos dos ubicaciones en sus territorios como objetivos para realizar operaciones de cumplimiento de la ley en los lugares de trabajo que podrían incluir investigaciones penales, auditorías comerciales y redadas.
“Quiero que la gente sepa que si entran ilegalmente a los Estados
Unidos, serán expulsados”, dijo Trump. “Serán expulsados. Y esto sirve
como un muy buen elemento disuasorio”.
“Cuando las personas ven lo que vieron (en las redadas de esta
semana), como lo verán durante mucho tiempo, saben que no se quedarán”,
agregó.
Más de 300 de los 680 migrantes detenidos en las redadas del miércoles en siete plantas procesadoras de carne en seis ciudades de Mississippi, habían sido liberados el jueves, dijo Bryan Cox, un portavoz de ICE, en un comunicado.
El fiscal del distrito sur de Mississippi, Mike Hurst, dijo que las redadas son las mayores operaciones de este tipo aplicadas en un sólo estado en la historia de Estados Unidos.
En otros estados se busca evitar que ICE recopile datos de la fuerza laboral.
Nuevo México rechazó una solicitud de ICE para acceder a estos datos por motivos de privacidad y el Caucus Legislativo Mexicano Americano de Texas inició una investigación sobre cuánto acceso tiene ICE a estos registros en Texas.
Esto sucede poco después de que el presidente Donald Trump elogió las redadas como las de Mississippi, que llevaron a la detención de al menos 680 migrantes, como un “muy buen elemento disuasorio” para los migrantes sin documentos.
Según el funcionario, se le ordenó a las oficinas locales de ICE en todo Estados Unidos que identificaran al menos dos ubicaciones en sus territorios como objetivos para realizar operaciones de cumplimiento de la ley en los lugares de trabajo que podrían incluir investigaciones penales, auditorías comerciales y redadas.
Más de 300 de los 680 migrantes detenidos en las redadas del miércoles en siete plantas procesadoras de carne en seis ciudades de Mississippi, habían sido liberados el jueves, dijo Bryan Cox, un portavoz de ICE, en un comunicado.
El fiscal del distrito sur de Mississippi, Mike Hurst, dijo que las redadas son las mayores operaciones de este tipo aplicadas en un sólo estado en la historia de Estados Unidos.
En otros estados se busca evitar que ICE recopile datos de la fuerza laboral.
Nuevo México rechazó una solicitud de ICE para acceder a estos datos por motivos de privacidad y el Caucus Legislativo Mexicano Americano de Texas inició una investigación sobre cuánto acceso tiene ICE a estos registros en Texas.
Migrantes preocupados por “deportaciones exprés”
En los últimos días el presidente Donald Trump anunció la implementación de las llamadas deportaciones exprés, las que suponen la expulsión del país de migrantes indocumentados, sin ser llevados ante un juez de inmigración.A finales de julio el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado anunció la medida que fue puesta en vigencia inmediatamente. Desde ese momento Josué Orellana, joven migrante en Estado Unidos, originario de Honduras, teme ser deportado.
“Me siento con miedo. Temo salir porque creo que los agentes de migración están detrás, que me capturarán y deportarán”, dijo Orellana al programa Foros Populares que cada semana transmite Radio Progreso.
El joven, quien reside en Nueva York, comenta que otros migrantes están en la misma situación; el temor y la incertidumbre la viven a diario. “Hace un mes fui asaltado al salir de mi trabajo, laboro en cocina y tengo horarios nocturnos, por miedo no puse la denuncia ante la policía, tuve medio de ser detenido y deportado”, dijo.
Kevin McAleenan, secretario interino de seguridad nacional, aseguró que la nueva normativa estaría permitiendo al Departamento de Seguridad Nacional abordar de manera “más efectiva y eficiente” la realidad de los extranjeros que viven en Estados Unidos de manera ilegal y no están en proceso de asilo o no tienen fecha para defender su caso en un tribunal de inmigración.
“Esta nueva norma va a garantizar la deportación exprés de los que no tienen derecho a ingresar o permanecer en el país”, dice el comunicado. Con la medida, el presidente estadounidense busca disminuir el número de entradas irregulares y garantizar “la eliminación inmediata de los extranjeros detenidos en Estados Unidos», McAleenan.
La medida, aplicada hasta ahora solo en la frontera con México, establece que los inmigrantes sin documentos deben poder demostrar que llevan dos años ininterrumpidos en Estados Unidos.
Para Yolanda González de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, RJM, las medidas implementadas por Trump no ha reducido el flujo migratorio, ni cree que lo harán porque las realidades que enfrenta la gente en sus países de origen los obligan a huir. “Si nos vamos a los hechos, por un lado, en realidad lo que hizo Donald Trump fue ampliar la figura de las deportaciones expeditas que fue creada en 1996 por un gobierno demócrata, que lo que permite es una deportación sumaria. Lo que hace es que te priva de la posibilidad de un proceso judicial, en Estados Unidos los procesos de deportación son judiciales, y esas deportaciones expeditas desde 1996 eran muy excepcionales para la frontera, es decir, se aplicaba a las personas que tenían menos de 15 días de haber llegado al territorio estadounidense y estaban a unas cuantas millas de la frontera, y Donald Trump lo que hace es ampliar y establece que todas las personas que no prueben que han estado en Estados Unidos al menos dos años de manera seguida y que hayan entrado de manera irregular, puedan ser deportadas sumariamente sin la garantía judicial”, comentó.
González advierte que con las medidas puestas en marcha los migrantes serán directamente expulsados del país, sin ser llevados ante un juez de inmigración.
Hasta ahora, este sistema solo se
aplicaba a indocumentados detenidos dentro de los 160 kilómetros desde el
límite fronterizo con México y solo si no podían demostrar que llevaban mínimo
14 días en el país. Con esto, la Administración de Donald Trump pretende, entre
otras cosas, desatascar los tribunales de inmigración, que tienen pendientes la
revisión de más de 900.000 casos, dice el comunicado del departamento de
Seguridad Nacional. Mientras los días pasan, las medidas anuncias son más y más severas, dice Josué Orellana, lo que pone en riesgo su estancia en Estados Unidos. Él teme que las redadas masivas se concreten, que lo aparten de su hija de 5 años. “uno vive a este país a trabajar y huyendo de la violencia de nuestros países, no nos queda opción. Yo quisiera que Honduras cambiara le aseguro que me regreso, porque mi tierra es allá, aquí la vida es dura nos persiguen como delincuentes” dijo el migrantes.
Otra de las medidas anunciadas en lo últimos días por Trump, es hacer que la mayoría de solicitantes de asilo que transiten por otro país antes de pisar suelo estadounidense no tengan la opción de pedir la protección. La nueva política se aplicará principalmente en la frontera sur con México, lo que supone un golpe para los migrantes centroamericanos, que suponen el grueso de la ola migratoria en Estados Unidos.
Redadas crean ambiente de tensión e incertidumbre entre poblaciones latinas
Históricamente en Estados Unidos ya existía un marco legal punitivo contra las poblaciones migrantes. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca las medidas han sido incrementadas de manera acelerada para reducir la migración documentada e indocumentada.
Patricia Montes, directora ejecutiva del “Centro Presente” de Boston, Massachusetts, dice que se vive un ambiente de tensión e incertidumbre en muchos sectores de la unión americana, sobre todo en aquellos Estados que tienen una población más grande de inmigrantes indocumentados.
El anuncio de redadas realizado desde hace varias semanas por la administración Trump, se ha traducido en que buena parte de personas migrantes han dejado sus trabajos.
Patricia Montes asegura que como organización han podido observar cómo el departamento de seguridad nacional, por medio de sus dependencias, no solamente está implementando redadas, sino otro tipo de medidas; por ejemplo, la búsqueda de aquellos inmigrantes y de las personas que están trabajando en distintos lugares de manera indocumentada, además de las costosas multas a personas que están empleando a indocumentados.
Nuevas medidas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en las últimas horas que ampliará más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EEUU de al menos dos años.
Según el reglamento de 18 páginas “toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en Estados Unidos durante al menos dos años, quedará sujeta a una deportación expedita y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración”.
La medida aplicará también a inmigrantes que tienen al menos 14 días de haber entrado al país, pero menos de dos años y excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.
Patricia Montes dice que esta medida significa que las personas que sean detenidas en los Estados Unidos, serán deportadas sin tener acceso a un juez de inmigración. Eso refleja la dureza de las medidas anti inmigrantes de la administración Donald Trump.
Tercer país seguro
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad que esta nación se convierta en un “Tercer País Seguro”, lo que implicaría que reciba a miles de migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia, librando así a los estadounidenses de un asunto que les incomoda.
La activista de Derechos Humanos, Patricia Montes, está convencida qué esto es una amenaza más, y significa la externalización de la frontera de los Estados Unidos y ampliación del muro.
“Estamos hablando de externalizar las políticas represivas, para que las poblaciones no hagan uso del derecho a migrar. Este tipo de medidas lo que hacen es precisamente reprimir y aumentar la persecución contra las poblaciones latinas”, asegura.
Montes cree que estas no son las medidas que van a detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. La mejor manera de disminuir la migración indocumentada, es asegurándose que reduzcan los niveles de violencia, corrupción e impunidad, además de que haya oportunidades para que las personas puedan tener una vida digna en sus países de origen.
Mississippi: Planta despide a trabajadores tras redada
Trabajadores de PH Foods y simpatizantes
de su causa sostienen carteles que dicen, "¬°Necesitamos trabajo!” y
“Nuestros padres no son criminales”, el martes 13 de agosto del 2019 en
Morton, Mississippi, después de que las autoridades migratorias
arrestaran a casi 100 trabajadores en esta planta de procesamiento de
pollos. (AP Foto/Terry Truett)
(Terry Truett/AP)
Una planta
de procesamiento de pollos en Mississippi despidió a la mayoría de los
empleados que le quedaban luego que casi 100 de sus trabajadores fueran
arrestados la semana pasada por presuntas violaciones migratorias,
dijeron testigos, señal de que el operativo podría hacer más difícil que
los inmigrantes latinos hallaran trabajo en la industria de aves de
corral del estado.
Terry Truett, voluntario de la Coalición de Inmigración en Mississippi, dijo que ella y otras personas fueron llamadas el martes al parque Morton donde ex trabajadores de PH Food estaban realizando una manifestación, diciendo que la empresa los había despedido abruptamente al final de sus jornadas y no les había pagado.
No quedó claro cuántos trabajadores fueron despedidos, aunque Truett dijo que se juntaron más de 100 nombres de empleados en la manifestación en Morton, ubicado a unos 65 kilómetros (40 millas) al este de Jackson.
PH Food es una de siete plantas en Mississippi que fueron allanadas el 7 de agosto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La agencia arrestó a 680 personas acusadas de trabajar sin autorización en Estados Unidos, pero luego dejó en libertad a unas 300. El ICE también confiscó documentos para averiguar si los administradores sabían sobre el status migratorio de los empleados. El ICE dijo que arrestó a 99 personas en PH Food.
Normalmente, cuando una empresa con más de 100 empleados despide a
más de un tercio del personal, debe notificar con 60 días de antelación a
los trabajadores afectados así como al gobierno local y estatal. Dianne
Bell, portavoz del Departamento de Seguridad de Mississippi, dijo que
no ha recibido ninguna notificación de PH Foods. Bell dijo que un
empleado de la compañía le dijo el miércoles que no habían cesado a
nadie.
La empresa dijo el miércoles a The Associated Press que volviera a llamar después y luego le colgó a un reportero. El jueves, una persona respondió el teléfono y dijo que la compañía no está dando declaraciones. La oficina de nómina no respondió a los mensajes que se le dejó.
Terry Truett, voluntario de la Coalición de Inmigración en Mississippi, dijo que ella y otras personas fueron llamadas el martes al parque Morton donde ex trabajadores de PH Food estaban realizando una manifestación, diciendo que la empresa los había despedido abruptamente al final de sus jornadas y no les había pagado.
No quedó claro cuántos trabajadores fueron despedidos, aunque Truett dijo que se juntaron más de 100 nombres de empleados en la manifestación en Morton, ubicado a unos 65 kilómetros (40 millas) al este de Jackson.
PH Food es una de siete plantas en Mississippi que fueron allanadas el 7 de agosto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La agencia arrestó a 680 personas acusadas de trabajar sin autorización en Estados Unidos, pero luego dejó en libertad a unas 300. El ICE también confiscó documentos para averiguar si los administradores sabían sobre el status migratorio de los empleados. El ICE dijo que arrestó a 99 personas en PH Food.
La empresa dijo el miércoles a The Associated Press que volviera a llamar después y luego le colgó a un reportero. El jueves, una persona respondió el teléfono y dijo que la compañía no está dando declaraciones. La oficina de nómina no respondió a los mensajes que se le dejó.
DEJAD QUE LOS POBRES VENGAN A MÍ
Jorge Gómez Barata
MONCADA
La Constitución de los Estados Unidos no comienza diciendo: “Nosotros los ricos…”, sino, “Nosotros el pueblo”. Ninguno de los peregrinos del Mayflower era rico. Los emigrantes llevaron a Estados Unidas juventud, audacia, talento, y ambiciones, y allí crearon riquezas y contribuyeron a la forja de la nación. Así ocurre ahora.
El primer Día de Acción de Gracia en 1621 fue una reunión de pobres que humildemente festejaban su primera cosecha. Los ricos no vivieron en casas de troncos y techo paja, no sembraron el primer trigo, no extrajeron el oro de California, ni cavaron los pozos de petróleo en Texas. Ningún adinerado viajó en carreta o a lomos de caballo para colonizar el oeste, no criaron los primeros rebaños de ganado, ni colocaron las traviesas y los rieles del ferrocarril, tampoco condujeron las diligencias y las locomotoras.
Estados Unidos atrajo a los pobres de Europa, no a los nobles ricos a quienes trataban con desdén. Prometió tierra y libertad a los que padecían penurias y eran perseguidos, y les cumplió. Lo que hizo diferente a la primera nación del Nuevo Mundo en conquistar la independencia, es que los pobres podían convertirse en clase media, y los más afortunados en ricos, y cualquiera, solo con trabajar, podía vivir con dignidad.
Lo vasto del territorio, la fertilidad de los suelos, una fauna económicamente útil, entre la cual se estimaron 60 millones de búfalos y dos millones de caballos, además de alces, ciervos, y animales de finísima piel, se sumó la abundancia de agua dulce, carbón, madera, oro, hierro, así como las feraces costas, a los océanos Atlántico, Pacífico, y Ártico, al Golfo de México y a los Grandes Lagos.
Jorge Gómez Barata
MONCADA
La Constitución de los Estados Unidos no comienza diciendo: “Nosotros los ricos…”, sino, “Nosotros el pueblo”. Ninguno de los peregrinos del Mayflower era rico. Los emigrantes llevaron a Estados Unidas juventud, audacia, talento, y ambiciones, y allí crearon riquezas y contribuyeron a la forja de la nación. Así ocurre ahora.
El primer Día de Acción de Gracia en 1621 fue una reunión de pobres que humildemente festejaban su primera cosecha. Los ricos no vivieron en casas de troncos y techo paja, no sembraron el primer trigo, no extrajeron el oro de California, ni cavaron los pozos de petróleo en Texas. Ningún adinerado viajó en carreta o a lomos de caballo para colonizar el oeste, no criaron los primeros rebaños de ganado, ni colocaron las traviesas y los rieles del ferrocarril, tampoco condujeron las diligencias y las locomotoras.
Estados Unidos atrajo a los pobres de Europa, no a los nobles ricos a quienes trataban con desdén. Prometió tierra y libertad a los que padecían penurias y eran perseguidos, y les cumplió. Lo que hizo diferente a la primera nación del Nuevo Mundo en conquistar la independencia, es que los pobres podían convertirse en clase media, y los más afortunados en ricos, y cualquiera, solo con trabajar, podía vivir con dignidad.
Lo vasto del territorio, la fertilidad de los suelos, una fauna económicamente útil, entre la cual se estimaron 60 millones de búfalos y dos millones de caballos, además de alces, ciervos, y animales de finísima piel, se sumó la abundancia de agua dulce, carbón, madera, oro, hierro, así como las feraces costas, a los océanos Atlántico, Pacífico, y Ártico, al Golfo de México y a los Grandes Lagos.
A
todo ello se añadieron las oportunidades para sumar, mediante compra,
Luisiana, Florida, Alaska, y Hawái, y conquistar el oeste, que fue
posible por el despojo a México.
La
escasa población, las atinadas políticas económicas, y un régimen de
tolerancia religiosa y libertades políticas, en parte explican el éxito
de los emigrantes, que sin excesos burocráticos ni grandes exigencias
económicas, pudieron acceder al país, obtuvieron tierras, concesiones
mineras, licencias para todo tipo de actividades agrícolas,
industriales, y comerciales. En conjunto se trata de tantos a favor de
la prosperidad individual y nacional.
Obviamente, en esos
procesos, plagados de sufrimientos y sacrificios extraordinarios, se
amasaron grandes capitales que afortunados herederos todavía disfrutan.
Estados Unidos se hizo grande por su apertura, no por las restricciones,
y por su apuesta por los pobres.
Cambiar ese patrón es, por lo menos, arriesgado.
Cambiar ese patrón es, por lo menos, arriesgado.
Tomas
Alva Edison, el más importante inventor de los Estados Unidos, de niño
vendió periódicos y verduras, y a veces durmió en un vagón de
ferrocarril abandonado. Henry Ford, que puso ruedas y motor a los
Estados Unidos, y llegó a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo,
nació en una granja en el seno de una familia pobre, y John D.
Rockefeller, arquetipo del hombre rico y fundador de la más poderosa
dinastía del dinero, nació en una familia de clase media.
El
presidente Donald Trump puede convocar a los blancos ricos de Europa
para que emigren a los Estados Unidos, los cuales no necesitan ser
invitados, porque adoran a los Estados Unidos, no para ir allí a
trabajar ni a crear, sino para gastar su dinero, y disfrutar del país
creado por los millones de pobres y audaces emprendedores, que como una
indetenible riada, por más de cinco siglos crearon e hicieron grandes a
los Estados Unidos. Allá nos vemos. Allá nos vemos.
La Habana, 19 de agosto de 2019“Sepulcral silencio” de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EE.UU
Tomado de: BBC MundoSegún datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500.000 personas, pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.
De
esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta
ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara
sobre el problema.
La
ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco,
reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.
La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.
Pero
en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco
existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para
controlar el ingreso de migrantes a su territorio.
La
estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos
migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la
Guardia Nacional formada por militares.
BBC
Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la
emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no
hubo respuesta.
“Silencio sepulcral”
De
acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la
mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de
Honduras y Guatemala.
La
embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el
número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale
al 1% de su población”.
Por
eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia.
Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no
es una prioridad para esos países.
Una
explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos
gobiernos.
El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.
También
fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo
auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó
con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes
de corrupción en el país.
A
su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por
supuesto narcotráfico y lavado de dinero.
Además,
desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado
proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en
marchas y protestas en las calles.
“Los
dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es
su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC
Mundo.
“Por
eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan
salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como
personas”.
Honduras vive envuelta en protestas en las calles desde hace algunos años
Dinero de EE.UU.
Por
otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras
también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del
norte otorga a las naciones centroamericanas.
Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Es
una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus
comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y
educación, por ejemplo.
Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.
En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.
También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.
Y
para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento
estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la
corrupción y en apoyo a jóvenes.
Según
la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en
inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones
para prevenir la migración.
De
acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos
fondos representan unos US$450 millones para este año.
Una
cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la
Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto
fue de US$22.500 millones.
La
región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia
de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de
algunos países ante la migración irregular.
Los albergues en México estan saturados de migrantes
“El
problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”,
le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de
Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).
“Se
pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a
México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no
pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.
“No culpamos a nadie”
Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?
Las
autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares
en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de
personas.
La
primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de
detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las
prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados
Unidos.
Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.
La
estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”,
y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de
quienes pretenden abandonar el país.
Y,
en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que
provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.
“No
estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una
responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de
México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y
Guatemala”.
Parte
de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a
cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones
de El Salvador.
El
proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte
del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan
la migración de Centroamérica.
“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.
“Hay
una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y
erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre
por falta de oportunidades e inseguridad”.
¡SOS! PELIGROSO HACINAMIENTO DE MIGRANTES EN CÁRCELES DE TEXAS
La
Inspectora de Seguridad Nacional de EE.UU. denuncia el “peligroso
hacinamiento” y las pésimas condiciones en las cárceles para migrantes
de Texas, cita en este artículo la corporación mediática alternativa
estadounidense, Democracy Now.
La
mayoría de los migrantes recluidos en campos de California son
hondureños, al menos 60 por ciento, revela el registro de migración
mexicano. A pesar de eso, el gobierno de Honduras no se pronuncia y se
diluye en un mandato que desaprueba la población; en tanto, el crimen,
los naufragios y zancudos dejan decenas de muertos, exponen noticias que
trascienden a través de Periódico EL LIBERTADOR.
Crédito de foto: Department of Homeland Security
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Washington.
Un reciente informe condenatorio acompañado de impactantes fotos
realizado por el organismo de control interno del Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos se suma a las crecientes protestas
por las condiciones de detención de personas que solicitan asilo en la
frontera entre Estados Unidos y México.
La
inspectora general adjunta Jennifer Costello exhortó al Departamento de
Seguridad Nacional a “tomar medidas de inmediato para mitigar el
peligroso hacinamiento y la prolongada detención de menores y adultos en
el Valle del Río Grande” —una región fronteriza con México situada en
el extremo sur del estado de Texas—.
El
informe destaca que los migrantes se encuentran detenidos sin comida
suficiente ni acceso a atención sanitaria. Algunos menores no habían
recibido una sola comida caliente desde que fueron encarcelados y
rogaban no ser regresados a sus celdas. Los inspectores observaron que
más de 2.500 menores han estado detenidos por más de los tres días
permitidos en base a una importante resolución judicial conocida como el
Acuerdo de Flores.
Las
fotografías que acompañan el informe muestran condiciones extremas de
hacinamiento. Algunas fotos muestran a personas amontonadas en celdas en
que solo podían estar de pie y a solicitantes de asilo que sostienen
carteles con mensajes para los inspectores, uno de los cuales dice
“ayuda”.
La
Radio Nacional Pública de Estados Unidos informa que el DHS busca
actualmente nuevos sitios para la detención de menores migrantes en
varios estados del sur.
Por
otra parte, los legisladores continúan realizando visitas a cárceles de
inmigrantes. La congresista Frederica Wilson encabezó una delegación,
integrada entre otros por el congresista John Lewis, que visitó el
martes el centro de detención de Homestead en Florida.
¡CÁRCEL NO!
Un
juez federal del estado de Washington impidió la aplicación de un plan
del Gobierno de Trump por el que se encarcelaría a los solicitantes de
asilo mientras esperan la resolución de su caso. La política, cuya
entrada en vigor estaba prevista para este mes, habría impedido que los
solicitantes de asilo accedieran a audiencias para solicitar la libertad
bajo fianza.
La
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas
en inglés), que entabló la demanda junto a otras organizaciones en
defensa de los derechos, celebró el fallo y declaró: “Por más que lo
intente, el Gobierno no puede evadir la Constitución en un intento de
disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que piden amparo.
Este
fallo proporcionará el tan esperado alivio a personas detenidas en
condiciones crueles e inhumanas mientras que transitan el proceso de
solicitud de asilo”.
