Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Fiscales estadounidenses acusan al presidente hondureño de aceptar dinero proveniente del narcotráfico y proteger a los traficantes
05 Ago. 2019 - DEMOCRACY NOW! (EE.UU.)
Fiscales
federales de Estados Unidos acusaron al presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, de conspirar junto a su hermano y otras importantes
figuras políticas para brindar protección a narcotraficantes a cambio de
contribuciones de campaña. Tony Hernández —hermano del presidente— fue
arrestado el año pasado en Estados Unidos por tráfico de drogas y
delitos relacionados con armas. El expresidente Porfirio Lobo, quien
llegó al poder tras un golpe de Estado en 2009 que contó con el respaldo
de Estados Unidos, también está acusado de participar en dicha
conspiración. La fiscalía sostiene que el presidente Hernández utilizó
1,5 millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas para ayudarse a
obtener la presidencia en 2013. Juan Orlando Hernández ha negado dichas
acusaciones. Durante varios meses, protestas masivas han tenido lugar
contra el Gobierno de Hernández —el cual, según afirman los hondureños,
está regido por la corrupción— así como contra sus planes de privatizar
la atención médica, las pensiones y la educación.
En una entrevista a un medio digital, el diputado Jari Dixon
hace declaración como conocer de leyes que es lo que pasará con el
encargo del régimen orlandista, al momento de que la fiscalia solicite
su extradición, a lo cual afirma que las conferencias de prensa hechas
por el gobierno de turno son un acto de desesperación en el cual este
nunca había dicho tanta cosas absurdas en tan poco tiempo, ya que es de
conocimiento público que el fiscal de NY indica que Juan Orlando tiene
el mismo estatus que su hermano, que este también va ser extraditado,
procesado y condenado.
Unas de la preguntas realizadas al diputado fueron las siguientes:
Cuando se le implica como co conspirador y de haber recibido más de 1.5 millones de dólares por ganancia de los estupefacientes
¿Qué proceso se podria aplicar?
En EE. UU. Una conspiración tiene una pena de 40 años a cadena perpetua y el es uno de los que más que están implicados ya los testigos han dicho que el esta involucrado y a conspirado.
¿Cuándo se hace estas imputaciones o acusaciones es porque están en proceso de investigación o ya se tienen pruebas?
Ya se tienen pruebas al igual los testigos hacen mención a dicho mandatario, ya hay un expediente con su nombre CC-4 con ese número de expediente o nombre lo utilizan para evitan imputar a los involucrados y por eso utilizan diferentes términos
El sistema de administración de justicia en los EE. UU. Si funciona la división de poderes, si un embajador o encargado de negocios habla con respecto al tema no afecta en dicha investigación en la decisión que tome el poder judicial estado unidence
¿Sé puede extraditar a un presidente en funciones?
Si se puede, y se comenzará un proceso de juicio político una vez se tenga la carta de extradición y así varias personas que lo rodean se comenzarán a alejar de él.
El cargo debería comenzar un proceso de elecciones para buscar a quien ocupe su lugar y no seguir con el estado en el que estamos.
El jefe del ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández,
si bien no acudió a la cumbre antidroga que se realiza en Buenos Aires,
se reunió hoy con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los
responsables de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (Cicad) para «ratificar» el compromiso en el combate al flagelo, a
pesar de que es señalado por un tribunal federal neoyorquino de nexos
con la delincuencia organizada.
En la breve reunión, de la que nadie fue informado, Hernández sostuvo una plática durante más de una hora en la que insistió que el Estado hondureño mantiene su palabra respecto a frenar el narcotráfico; en encuentro estuvo uno de los dirigentes del Cicad, aunque los alcances no fueron explicados por ninguno de los portavoces del organismo continental.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle viajó de manera misteriosa a la capital estadounidense, para participar en una cumbre antidroga, cuando esta se está realizando en Buenos Aires y llegó a una posible reunión que habría sostenido con el Departamento de Estado con casi cuatro horas de retraso, según informaciones extraoficiales.
En los puntos de la agenta oculta de Hernández, estaría un encuentro con funcionarios norteamericanos para -supuestamente- ser interrogado sobre los señalamientos hechos por fiscales federales de haber recibido del narcotráfico alrededor de 1.5 millones de dólares para financiar su campaña electoral de 2013.
Cabe recordar que el viaje sorpresa a Washington ocurre dos días después que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Honduras para recoger denuncias de actores políticos y sociales contra Hernández y la negativa de reunirse con el alto funcionario.
Un pato llamado Honduras, por diario El País de El Salvador el día 12 de julio 2019.
Es uno de los países más pobres de América y un lugar estratégico para el narcotráfico, que ha secuestrado la institucionalidad y pervertido la economía y los equilibrios del poder
Si validamos el cuento del pato (si camina como pato, si vuela como pato, si tiene pico de pato…), Hondurases un narcoestado.
Jaime Rosenthal, patriarca de la familia más rica del país, murió hace pocos meses en San Pedro Sula bajo arresto domiciliario, acusado de evasión fiscal. El juicio en su contra abierto por la Fiscalía hondureña le permitió vivir cómodamente en su mansión sampedrana y evitar la extradición a Estados Unidos, donde la Corte Sur distrital de Nueva York lo requería por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El principal empresario hondureño fue enterrado con honores como un benefactor nacional. Exvicepresidente y exdiputado, dueño de bancos, inmobiliarias, medios de comunicación, cementeras y hasta una cocodrilera, pasó los últimos días de su vida en compañía de su familia. Es decir, con los miembros de su familia que aún están libres, porque su hijo Yani y su sobrino Yankel, los herederos, se entregaron voluntariamente a las autoridades en Miami y se han declarado culpables de lavar dinero para el cartel de Los Cachiros.
Los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel y antiguos socios de los Rosenthal, comparten hoy prisión en Nueva York con El Chapo Guzmán. El mayor de los hermanos Rivera, Devis Leonel, confesó en la Corte de Nueva York haber asesinado a 78 personas y sobornado a jueces, policías, oficiales del Ejército, congresistas y alcaldes. De no ser por el hecho de que el narcotráfico es ahora la prioridad estadounidense en la región, seguirían operando tranquilamente en su país. Los Rivera Maradiaga mantenían en su nómina a autoridades de todos los niveles. El narcotráfico ha penetrado ya a dos familias presidenciales.
A Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), la DEA le montó una trampa en la que cayó como un niño ante un mago de feria: un agente se hizo pasar por emisario de El Chapo Guzmán para supervisar los detalles del envío de un importante cargamento de cocaína. Lobo acudió a la reunión con seis jefes policiales que explicaron al agente encubierto cómo protegerían la mercancía a partir de su aterrizaje en una pista hondureña que Lobo también controlaba. Ahora, el hijo del expresidente está preso también en Estados Unidos.
El último en caer ha sido el exdiputado Antonio Hernández, Tony, capturado en Miami hace menos de un año. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de conspirar con cárteles colombianos y mexicanos para introducir cocaína a Estados Unidos; de conspirar con otros congresistas y con oficiales policiales y del Ejército de Honduras para garantizar el traslado de los cargamentos. Su audiencia, que tiene temblando a los hombres más poderosos de Honduras, está programada para finales de septiembre en Manhattan. Tony es hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Por Honduras pasa, desde hace una década, la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. Si Colombia y Venezuela son los puertos de salida, Honduras es el puente. Y el tío Sam, el cliente flaco de nariz gigantesca con la que inhala todo ese polvo blanco.
Honduras es uno de los países más pobres del continente. Su lugar geoestratégico para el tráfico de tanta droga ha secuestrado la institucionalidad y pervertido las dinámicas económicas y los equilibrios del poder. Pero no solo el narcotráfico. El Estado mismo, infestado por la corrupción, ha desmantelado en los últimos años los sistemas de protección de garantías individuales, de derechos humanos y de los recursos naturales.
Desde la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, en 2015, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para activistas y defensores ambientales. Líderes indígenas y campesinos son continuamente amenazados, detenidos o asesinados por oponerse a la concesión de sus tierras a compañías mineras, a hidroeléctricas o a corporaciones dedicadas a la siembra de palma africana.
Ni siquiera el asesinato de Berta Cáceres, uno de los pocos eventos sucedidos en Honduras que tuvo repercusión internacional, fue capaz de modificar estas dinámicas. En Honduras, el Ejército y la policía han sido puestos al servicio de las élites que controlan el sistema: terratenientes, narcotraficantes, políticos corruptos.
Al presidente Hernández le han servido en los últimos dos años, también, para acallar las protestas en su contra mediante la represión. No se trata siquiera, como en otros tiempos, de la utilización de la fuerza como imposición de una ideología, de una versión de la historia, de una razón. Ni siquiera estas aspiraciones conserva ya el Gobierno de Hernández. Es simplemente la represión como último recurso para mantenerse —él y todos los que se han aprovechado del sistema— en el poder.
He visitado frecuentemente Honduras desde 2009, cuando un golpe de Estado orquestado por las élites y el Ejército derrocaron al presidente Manuel Zelaya, en el último golpe de Estado en América Latina. Las paredes de las calles capitalinas están manchadas con pintadas con la frase “Fuera JOH”, que es coreada en cada protesta por la mayor parte de los hondureños desde que, en 2017, el presidente Juan Orlando Hernández cooptara a la Corte Suprema de Justicia para decretar inconstitucional la Constitución que prohíbe la reelección; y aún así requirió de un fraude electoral para obtener su segundo mandato.
Los periodistas locales se han vuelto especialistas catadores de gases lacrimógenos y son excelentes guías para saber cuánta protección es necesaria en cada protesta. Porque las crisis social y política se han profundizado desde aquel fraude, consumado solo gracias a su legitimación por parte de la Embajada de Estados Unidos (que no sepa tu Departamento de Estado lo que hace tu oficina antinarcóticos).
Hoy, Juan Orlando Hernández vive sus momentos de mayor debilidad; con maestros y médicos en las calles que se oponen a un proyecto legislativo de privatización de la salud; con estudiantes desde grados inferiores en rebeldía contra el Gobierno y con campesinos y organizaciones sociales protestando contra la entrega de sus tierras, sus bosques y sus ríos a corporaciones extractivistas. Un grito en común los une: “Fuera JOH”. El Gobierno es hoy incapaz de satisfacer la enorme demanda social y política, aunada a la presión estadounidense de evitar la emigración del país que inventó las caravanas para huir.
Por
Publicado el 19 Agosto, 2019
Unas de la preguntas realizadas al diputado fueron las siguientes:
Cuando se le implica como co conspirador y de haber recibido más de 1.5 millones de dólares por ganancia de los estupefacientes
¿Qué proceso se podria aplicar?
En EE. UU. Una conspiración tiene una pena de 40 años a cadena perpetua y el es uno de los que más que están implicados ya los testigos han dicho que el esta involucrado y a conspirado.
¿Cuándo se hace estas imputaciones o acusaciones es porque están en proceso de investigación o ya se tienen pruebas?
Ya se tienen pruebas al igual los testigos hacen mención a dicho mandatario, ya hay un expediente con su nombre CC-4 con ese número de expediente o nombre lo utilizan para evitan imputar a los involucrados y por eso utilizan diferentes términos
El sistema de administración de justicia en los EE. UU. Si funciona la división de poderes, si un embajador o encargado de negocios habla con respecto al tema no afecta en dicha investigación en la decisión que tome el poder judicial estado unidence
¿Sé puede extraditar a un presidente en funciones?
Si se puede, y se comenzará un proceso de juicio político una vez se tenga la carta de extradición y así varias personas que lo rodean se comenzarán a alejar de él.
El cargo debería comenzar un proceso de elecciones para buscar a quien ocupe su lugar y no seguir con el estado en el que estamos.
Por
Publicado el 13 Agosto, 2019
En la breve reunión, de la que nadie fue informado, Hernández sostuvo una plática durante más de una hora en la que insistió que el Estado hondureño mantiene su palabra respecto a frenar el narcotráfico; en encuentro estuvo uno de los dirigentes del Cicad, aunque los alcances no fueron explicados por ninguno de los portavoces del organismo continental.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle viajó de manera misteriosa a la capital estadounidense, para participar en una cumbre antidroga, cuando esta se está realizando en Buenos Aires y llegó a una posible reunión que habría sostenido con el Departamento de Estado con casi cuatro horas de retraso, según informaciones extraoficiales.
En los puntos de la agenta oculta de Hernández, estaría un encuentro con funcionarios norteamericanos para -supuestamente- ser interrogado sobre los señalamientos hechos por fiscales federales de haber recibido del narcotráfico alrededor de 1.5 millones de dólares para financiar su campaña electoral de 2013.
Cabe recordar que el viaje sorpresa a Washington ocurre dos días después que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Honduras para recoger denuncias de actores políticos y sociales contra Hernández y la negativa de reunirse con el alto funcionario.
Por
Publicado el 14 Julio, 2019
Es uno de los países más pobres de América y un lugar estratégico para el narcotráfico, que ha secuestrado la institucionalidad y pervertido la economía y los equilibrios del poder
Si validamos el cuento del pato (si camina como pato, si vuela como pato, si tiene pico de pato…), Hondurases un narcoestado.
Jaime Rosenthal, patriarca de la familia más rica del país, murió hace pocos meses en San Pedro Sula bajo arresto domiciliario, acusado de evasión fiscal. El juicio en su contra abierto por la Fiscalía hondureña le permitió vivir cómodamente en su mansión sampedrana y evitar la extradición a Estados Unidos, donde la Corte Sur distrital de Nueva York lo requería por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El principal empresario hondureño fue enterrado con honores como un benefactor nacional. Exvicepresidente y exdiputado, dueño de bancos, inmobiliarias, medios de comunicación, cementeras y hasta una cocodrilera, pasó los últimos días de su vida en compañía de su familia. Es decir, con los miembros de su familia que aún están libres, porque su hijo Yani y su sobrino Yankel, los herederos, se entregaron voluntariamente a las autoridades en Miami y se han declarado culpables de lavar dinero para el cartel de Los Cachiros.
Los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel y antiguos socios de los Rosenthal, comparten hoy prisión en Nueva York con El Chapo Guzmán. El mayor de los hermanos Rivera, Devis Leonel, confesó en la Corte de Nueva York haber asesinado a 78 personas y sobornado a jueces, policías, oficiales del Ejército, congresistas y alcaldes. De no ser por el hecho de que el narcotráfico es ahora la prioridad estadounidense en la región, seguirían operando tranquilamente en su país. Los Rivera Maradiaga mantenían en su nómina a autoridades de todos los niveles. El narcotráfico ha penetrado ya a dos familias presidenciales.
A Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), la DEA le montó una trampa en la que cayó como un niño ante un mago de feria: un agente se hizo pasar por emisario de El Chapo Guzmán para supervisar los detalles del envío de un importante cargamento de cocaína. Lobo acudió a la reunión con seis jefes policiales que explicaron al agente encubierto cómo protegerían la mercancía a partir de su aterrizaje en una pista hondureña que Lobo también controlaba. Ahora, el hijo del expresidente está preso también en Estados Unidos.
El último en caer ha sido el exdiputado Antonio Hernández, Tony, capturado en Miami hace menos de un año. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de conspirar con cárteles colombianos y mexicanos para introducir cocaína a Estados Unidos; de conspirar con otros congresistas y con oficiales policiales y del Ejército de Honduras para garantizar el traslado de los cargamentos. Su audiencia, que tiene temblando a los hombres más poderosos de Honduras, está programada para finales de septiembre en Manhattan. Tony es hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Por Honduras pasa, desde hace una década, la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. Si Colombia y Venezuela son los puertos de salida, Honduras es el puente. Y el tío Sam, el cliente flaco de nariz gigantesca con la que inhala todo ese polvo blanco.
Honduras es uno de los países más pobres del continente. Su lugar geoestratégico para el tráfico de tanta droga ha secuestrado la institucionalidad y pervertido las dinámicas económicas y los equilibrios del poder. Pero no solo el narcotráfico. El Estado mismo, infestado por la corrupción, ha desmantelado en los últimos años los sistemas de protección de garantías individuales, de derechos humanos y de los recursos naturales.
Desde la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, en 2015, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para activistas y defensores ambientales. Líderes indígenas y campesinos son continuamente amenazados, detenidos o asesinados por oponerse a la concesión de sus tierras a compañías mineras, a hidroeléctricas o a corporaciones dedicadas a la siembra de palma africana.
Ni siquiera el asesinato de Berta Cáceres, uno de los pocos eventos sucedidos en Honduras que tuvo repercusión internacional, fue capaz de modificar estas dinámicas. En Honduras, el Ejército y la policía han sido puestos al servicio de las élites que controlan el sistema: terratenientes, narcotraficantes, políticos corruptos.
Al presidente Hernández le han servido en los últimos dos años, también, para acallar las protestas en su contra mediante la represión. No se trata siquiera, como en otros tiempos, de la utilización de la fuerza como imposición de una ideología, de una versión de la historia, de una razón. Ni siquiera estas aspiraciones conserva ya el Gobierno de Hernández. Es simplemente la represión como último recurso para mantenerse —él y todos los que se han aprovechado del sistema— en el poder.
He visitado frecuentemente Honduras desde 2009, cuando un golpe de Estado orquestado por las élites y el Ejército derrocaron al presidente Manuel Zelaya, en el último golpe de Estado en América Latina. Las paredes de las calles capitalinas están manchadas con pintadas con la frase “Fuera JOH”, que es coreada en cada protesta por la mayor parte de los hondureños desde que, en 2017, el presidente Juan Orlando Hernández cooptara a la Corte Suprema de Justicia para decretar inconstitucional la Constitución que prohíbe la reelección; y aún así requirió de un fraude electoral para obtener su segundo mandato.
Los periodistas locales se han vuelto especialistas catadores de gases lacrimógenos y son excelentes guías para saber cuánta protección es necesaria en cada protesta. Porque las crisis social y política se han profundizado desde aquel fraude, consumado solo gracias a su legitimación por parte de la Embajada de Estados Unidos (que no sepa tu Departamento de Estado lo que hace tu oficina antinarcóticos).
Hoy, Juan Orlando Hernández vive sus momentos de mayor debilidad; con maestros y médicos en las calles que se oponen a un proyecto legislativo de privatización de la salud; con estudiantes desde grados inferiores en rebeldía contra el Gobierno y con campesinos y organizaciones sociales protestando contra la entrega de sus tierras, sus bosques y sus ríos a corporaciones extractivistas. Un grito en común los une: “Fuera JOH”. El Gobierno es hoy incapaz de satisfacer la enorme demanda social y política, aunada a la presión estadounidense de evitar la emigración del país que inventó las caravanas para huir.
Hace dos semanas, el senador estadounidense Bernie Sanders dijo en uno de los debates de los precandidatos del Partido Demócrata que “Honduras es un Estado fallido, con masiva corrupción”. No se equivocaba. Ha visto las consecuencias en su frontera sur. El senador también ha escuchado el parpeo del pato: Hace cua cua. Como un narcoestado.