¡A LA CÁRCEL OTRO FAMILIAR DEL GOBERNANTE! EE.UU. ACUSA POR NARCOTRÁFICO A PRIMO DE JOH
- Publicado: 05 Septiembre 2019
Este
martes ha trascendido que un nuevo miembro de la familia del gobernante
Juan Hernández, ha sido acusado por Estados Unidos de conspirar para
importar cocaína hacia ese país. Se trata del exoficial de Policía,
Mauricio Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Las investigaciones por narcotráfico no dan tregua a la familia del
gobernante Juan Hernández, luego que este martes saliera a la luz que el
exoficial de Policía, Mauricio Hernández Pineda, fuera señalado por
Estados Unidos de conspirar en el envío de cocaína a ese país.
El
expolicía es primo del jefe de Estado y según el fiscal Geoffrey
Berman, éste colaboró con Juan Antonio “Tony” Hernández en el tráfico de
estupefacientes.
Cabe
destacar que Mauricio Hernández fue un alto rango de la Policía
Nacional y de acuerdo a un boletín de prensa del Departamento de
Justicia “traicionó las obligaciones como oficial de policía de hacer
cumplir las leyes de su país”.
El
boletín también apunta que el exoficial facilitó los envíos de droga a
ese país con seguridad armada. Además, dio información confidencial
sobre las operaciones que realizaría la Policía para que las “mulas”
pudieran evadir los operativos policiales y hacer más fácil el
transporte de droga.
Puntualiza
el informe que desde el 2000 hasta el 2018, varias organizaciones de
narcotráfico pagaron sobornos a políticos y funcionarios para facilitar
el transporte de droga que provenía de Colombia por vía aérea, misma que
después era llevada al occidente del país, a la frontera de Guatemala
para luego trasladarla a EE.UU.
En
ese contexto, Hernández Pineda enfrenta tres cargos por conspirar en el
envío de cocaína, por lo que afronta una sentencia mínima de 10 años de
prisión y una máxima de cadena perpetua.
Además,
es acusado del transporte de armas de grueso calibre, como
ametralladoras y aparatos para promover la importación de droga, por lo
que se enfrenta a una mínima de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
En
el último mes, el gobernante y sonó en la corte del distrito sur de
Nueva York como conspirador en el tráfico de droga; sin embargo, el jefe
de Estado negó que existiera una acusación en su contra.
Acusan a primo de Tony y Juan Orlando Hernández de enviar cocaína a EE.UU.
4 septiembre, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Un ex alto oficial de la Policía Nacional de Honduras y primo del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y del actual titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, fue acusado hoy ante un tribunal federal de Nueva York por su participación en el envío de toneladas de cocaína a EE.UU., informó el fiscal Geoffrey Berman.
El exoficial Mauricio Hernández Pineda es sindicado por el fiscal federal de haber participado en una trama conspirativa por lo que podría purgar una pena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Este exmiembro de la fuerza pública fue depurado en 2017 al alegar reestructuración, aunque los miembros de la comisión jamás dieron una explicación pormenorizada de su salida, cuando EE.UU. ya tenía información de sus nexos con la delincuencia organizada.
El fiscal Berman y la agente especial Wendy Woolcock confirmaron la acusación contra Hernández Pineda, por lo que en los próximos días será pedido en extradición
“Los cargos presentados hoy contra un ex oficial de alto rango de la Policía Nacional de Honduras son inquietantes. Honduras ha sido durante mucho tiempo un corredor para que los narcotraficantes envíen drogas a EE.UU. desde Sudamérica. Como se alega, Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de Policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico de estupefacientes y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que llegaron a EE.UU.», indicó el acusador federal.
«Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de EE.UU.», afirmó Berman oficializar la demanda contra el primo de ambos líderes políticos.
Se informó que el exoficial fue acusado ante el juez federal Kevin Castel de conspirar para introducir cocaína a EE.UU. y delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego. «Mauricio Hernández Pineda supuestamente conspiró con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, Tony Hernández y otros, para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína», indicó el Departamento de Justicia en un boletín informativo.
Por su parte, la agente especial Woolcock explicó que la DEA “continúa descubriendo la corrupción en los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden en todo el mundo, incluido Honduras. Esta supuesta conspiración criminal implicó enormes cantidades de tráfico de cocaína a Estados Unidos y la DEA continuará atacando las redes criminales globales que representan una amenaza directa para nuestra seguridad».
«Esperamos ver a Hernández Pineda, un exfuncionario de alto rango de la Policía Nacional de Honduras enfrentar la justicia en un tribunal de Estados Unidos”, sentenció la funcionaria.
El boletín de la fiscalía indica que el exoficial «que participó y apoyó las actividades relacionadas con el narcotráfico de su primo Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como ‘Tony Hernández’…Proporcionó seguridad armada, incluyendo a personas que portaban ametralladoras, en los envíos de varias toneladas de cocaína enviados a Honduras y proporcionó a sus coconspiradores información confidencial de las fuerzas del orden público sobre operaciones planificadas a fin de evadir operativos…Recibió cientos de miles de dólares en ganancias de drogas».
«Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro de cientos de kilogramos de cocaína a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras», se informó.
Esta acusación contra otro miembro del clan de los Hernández supone un golpe al desgastado régimen que dirige Juan Orlando, quien ha hablado pocas veces de las acusaciones vertidas por el tribunal federal y, para desviar la atención, ha culpado a la oposición de levantar una campaña en su contra que podría costarle el cargo.
El juicio contra su hermano Tony iniciará el próximo 2 de octubre en el tribunal neoyorquino y todo apunta a una sentencia condenatoria que podría costarle cárcel de por vida, pues se declaró no culpable, extremo que no permite entablar negociaciones con la justicia norteamericana para reducir penas a cambio de colaboración que implicaría acusar al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
En su momento, el exjefe narco Alexander Chande Ardón reveló que pagó 1.5 millones de dólares a Hernández para financiar la campaña electoral de 2013 y en 2017 aportó 40 mil dólares, cuyas pruebas están en manos del fiscal Berman y el juez Castel.
Un ex alto oficial de la Policía Nacional de Honduras y primo del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y del actual titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, fue acusado hoy ante un tribunal federal de Nueva York por su participación en el envío de toneladas de cocaína a EE.UU., informó el fiscal Geoffrey Berman.
El exoficial Mauricio Hernández Pineda es sindicado por el fiscal federal de haber participado en una trama conspirativa por lo que podría purgar una pena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Este exmiembro de la fuerza pública fue depurado en 2017 al alegar reestructuración, aunque los miembros de la comisión jamás dieron una explicación pormenorizada de su salida, cuando EE.UU. ya tenía información de sus nexos con la delincuencia organizada.
El fiscal Berman y la agente especial Wendy Woolcock confirmaron la acusación contra Hernández Pineda, por lo que en los próximos días será pedido en extradición
“Los cargos presentados hoy contra un ex oficial de alto rango de la Policía Nacional de Honduras son inquietantes. Honduras ha sido durante mucho tiempo un corredor para que los narcotraficantes envíen drogas a EE.UU. desde Sudamérica. Como se alega, Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de Policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico de estupefacientes y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que llegaron a EE.UU.», indicó el acusador federal.
«Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de EE.UU.», afirmó Berman oficializar la demanda contra el primo de ambos líderes políticos.
Se informó que el exoficial fue acusado ante el juez federal Kevin Castel de conspirar para introducir cocaína a EE.UU. y delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego. «Mauricio Hernández Pineda supuestamente conspiró con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, Tony Hernández y otros, para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína», indicó el Departamento de Justicia en un boletín informativo.
Por su parte, la agente especial Woolcock explicó que la DEA “continúa descubriendo la corrupción en los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden en todo el mundo, incluido Honduras. Esta supuesta conspiración criminal implicó enormes cantidades de tráfico de cocaína a Estados Unidos y la DEA continuará atacando las redes criminales globales que representan una amenaza directa para nuestra seguridad».
«Esperamos ver a Hernández Pineda, un exfuncionario de alto rango de la Policía Nacional de Honduras enfrentar la justicia en un tribunal de Estados Unidos”, sentenció la funcionaria.
El boletín de la fiscalía indica que el exoficial «que participó y apoyó las actividades relacionadas con el narcotráfico de su primo Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como ‘Tony Hernández’…Proporcionó seguridad armada, incluyendo a personas que portaban ametralladoras, en los envíos de varias toneladas de cocaína enviados a Honduras y proporcionó a sus coconspiradores información confidencial de las fuerzas del orden público sobre operaciones planificadas a fin de evadir operativos…Recibió cientos de miles de dólares en ganancias de drogas».
«Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro de cientos de kilogramos de cocaína a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras», se informó.
Esta acusación contra otro miembro del clan de los Hernández supone un golpe al desgastado régimen que dirige Juan Orlando, quien ha hablado pocas veces de las acusaciones vertidas por el tribunal federal y, para desviar la atención, ha culpado a la oposición de levantar una campaña en su contra que podría costarle el cargo.
El juicio contra su hermano Tony iniciará el próximo 2 de octubre en el tribunal neoyorquino y todo apunta a una sentencia condenatoria que podría costarle cárcel de por vida, pues se declaró no culpable, extremo que no permite entablar negociaciones con la justicia norteamericana para reducir penas a cambio de colaboración que implicaría acusar al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
En su momento, el exjefe narco Alexander Chande Ardón reveló que pagó 1.5 millones de dólares a Hernández para financiar la campaña electoral de 2013 y en 2017 aportó 40 mil dólares, cuyas pruebas están en manos del fiscal Berman y el juez Castel.
Seguridad hondureña se desentiende del primo de Tony y JOH; alega que fue depurado en 2017
4 septiembre, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Secretaría de Seguridad trató de desmarcarse hoy de las acusación interpuesta por el fiscal federal de Nueva York, Geoffrey Berman, contra el exoficial Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Antonio Tony Hernández y el jefe del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, de haber conspirado para introducir cocaína a EE.UU.
En un escueto comunicado, la fuerza pública argumentó que el exfuncionario policial fue separado en 2017 al alegarse reestructuración dentro del cuerpo a pesar de que habría colaborado por muchos años con Tony en la asistencia armada para facilitar el transporte de drogas cuyo destino final fue el país del norte.
En ningún momento se explicó si hubo una investigación que confirmara o descartara los vínculos del subcomisionado en retiro o si la junta depuradora, jefeada por Omar Rivera, aportó evidencias respecto a Hernández, por lo que el argumento termina siendo vacío en función de salvar la honorabilidad del aparato estatal.
Tal comunicado tampoco deja constancia en cuanto a los reportes que puede tener la hoja de servicios del acusado, a pesar de contar con un complejo aparato de inteligencia que podría haber encendido las alarmas a tiempo y remitir el expediente al Ministerio Público para su respectiva judicialización.
Al cierre del comunicado, ni el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, ni el portavoz Jair Meza han dado explicaciones al respecto.
La acusación fue revelada el miércoles por el fiscal Berman, quien espera que el juez Castel solicite la extradición de Hernández, quien enfrenta una condena que oscila entre los 10 años y la cadena perpetua por su posible participación en el ilícito.
COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras ante la reciente publicación en la página web www.justice.gov United States Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos), a la opinión pública en general comunica:
1- Tras el anuncio oficial de la acusación formal de la Corte Federal de Manhattan al ciudadano Mauricio Hernández Pineda acusado de conspirar para importar cocaína a los Estado Unidos y delitos relacionados con armas de fuego que involucran el uso y posesión ametralladoras y dispositivos destructivos.
2- Nuestros registros oficiales detallan que el señor Hernández Pineda fue cancelado de sus funciones por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional el 23 de agosto del año 2018, por reestructuración.
3- Reiteramos que la Policía Nacional de Honduras en el marco de la transparencia y la imagen institucional no tolera actos reñidos con la ley de parte de sus miembros y presta de manera permanente toda la colaboración requerida por los órganos operadores de justicia nacionales como extranjeros para esclarecer y judicializar los casos que vinculan a ex miembros de la institución.
El Ocotal DC, 04 de septiembre, 2019
¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!
La Secretaría de Seguridad trató de desmarcarse hoy de las acusación interpuesta por el fiscal federal de Nueva York, Geoffrey Berman, contra el exoficial Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Antonio Tony Hernández y el jefe del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, de haber conspirado para introducir cocaína a EE.UU.
En un escueto comunicado, la fuerza pública argumentó que el exfuncionario policial fue separado en 2017 al alegarse reestructuración dentro del cuerpo a pesar de que habría colaborado por muchos años con Tony en la asistencia armada para facilitar el transporte de drogas cuyo destino final fue el país del norte.
En ningún momento se explicó si hubo una investigación que confirmara o descartara los vínculos del subcomisionado en retiro o si la junta depuradora, jefeada por Omar Rivera, aportó evidencias respecto a Hernández, por lo que el argumento termina siendo vacío en función de salvar la honorabilidad del aparato estatal.
Tal comunicado tampoco deja constancia en cuanto a los reportes que puede tener la hoja de servicios del acusado, a pesar de contar con un complejo aparato de inteligencia que podría haber encendido las alarmas a tiempo y remitir el expediente al Ministerio Público para su respectiva judicialización.
Al cierre del comunicado, ni el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, ni el portavoz Jair Meza han dado explicaciones al respecto.
La acusación fue revelada el miércoles por el fiscal Berman, quien espera que el juez Castel solicite la extradición de Hernández, quien enfrenta una condena que oscila entre los 10 años y la cadena perpetua por su posible participación en el ilícito.
COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras ante la reciente publicación en la página web www.justice.gov United States Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos), a la opinión pública en general comunica:
1- Tras el anuncio oficial de la acusación formal de la Corte Federal de Manhattan al ciudadano Mauricio Hernández Pineda acusado de conspirar para importar cocaína a los Estado Unidos y delitos relacionados con armas de fuego que involucran el uso y posesión ametralladoras y dispositivos destructivos.
2- Nuestros registros oficiales detallan que el señor Hernández Pineda fue cancelado de sus funciones por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional el 23 de agosto del año 2018, por reestructuración.
3- Reiteramos que la Policía Nacional de Honduras en el marco de la transparencia y la imagen institucional no tolera actos reñidos con la ley de parte de sus miembros y presta de manera permanente toda la colaboración requerida por los órganos operadores de justicia nacionales como extranjeros para esclarecer y judicializar los casos que vinculan a ex miembros de la institución.
El Ocotal DC, 04 de septiembre, 2019
¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!
Alborotada y desbordada impunidad de los corruptos en Honduras
ANTE LA CONDENA DE ROSA, LA
ABSOLUCIÓN DE LENA Y LOS ASESINATOS EN EL ESTADIO, DESDE EL MADJ, CON LA
MAYOR INDIGNACIÓN Y PARA QUE NO MUERA LA ESPERANZA:
Ante las resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de ¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha contra la corrupción y acentúa la impunidad en el país, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de “Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes, juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula, los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles; entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre implica violencia.
La radicalidad implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos turismo político y social.
La radicalidad implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el número de posibles años de condena para Rosa), jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso, inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente, fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del crimen organizado hecho gobierno.
9. Además, exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
La justicia hondureña absolvió este martes a la
exvicepresidenta del Congreso Nacional y empresaria farmacéutica, Lena
Karim Gutiérrez Arévalo y a catorce personas más involucradas, en el
caso Astropharma.
La decisión, que libera de responsabilidad penal a la excongresista y a tres miembros de su familia, fue adoptada por la Salad III del Tribunal de Sentencia que por unanimidad de votos emitió un fallo absolutorio, asegurando que no encontró suficientes pruebas para acreditar los delitos imputados.
Lena Gutiérrez Arévalo fue arrestada en el año 2015 por los delitos de fraude, crímenes contra la salud púbica y falsificación de documentos públicos. Sin embargo, fue dejada en libertad luego de haber pagado una fianza de 20 millones de lempiras.
El referido caso incluyó en el proceso al padre y hermanos de la congresista, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y Julio César Gutiérrez Arévalo y Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, respectivamente, por los delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en perjuicio de la administración pública y la salud pública.
En el caso se absolvió además a los miembros del Comité de Evaluación: María de los Ángeles Fúnez Pineda, Martha Griselda Vásquez Ordoñez, Érica Ninosca Castillo Canelas, Mirzha Lizeth Ruiz Castro y Kristian Manuel Bautista por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato en perjuicio de la administración pública.
De igual manera la ex directora de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud la señora Mirtha Gloria Escobar Cárcamo por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Así como contra la Comisión Precalificadora de la Secretaría de Salud, integrada por: María Cristina Núñez García y Evelyn Flores Díaz, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Registros falsos
Este caso ha puesto nuevamente en evidencia la debilidad del sistema judicial, ya que en enero del año 2016 el Ministerio Público aseveró que la empresa farmacéutica de la familia Gutiérrez, Astropharma, utilizó cinco registros sanitarios falsos para participar en los procesos de licitación y expandió medicamento adulterado para surtir las farmacias de los hospitales públicos de Honduras.
Entre los años 2010 y 2014, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, fue estafado con la venta de medicamentos adulterados por parte de la empresa Astropharma, propiedad de la familia Gutiérrez y de Laboratorios Internacionales, S.A. (Lain), propiedad de Miguel Flores Cisneros.
Flores Cisneros fue querellado por los propietarios de Astropharma, quienes alegaron durante el juicio que el laboratorio les vendió el medicamento adulterado.
En diciembre de 2018 el Tribunal de Sentencia declaró culpable por el delito de otros fraudes a Miguel Flores Cisneros, con lo que la empresa Astropharma quedó eximida por la adulteración de pastillas.
En lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica
La exvicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras fue incluida en la lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, publicada el 18 de mayo pasado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El documento del Departamento de Estado establece que Gutiérrez Arévalo, siendo vicepresidenta del Congreso Nacional, fue arrestada en el año 2015 por cargos de fraude, crímenes contra la salud púbica y falsificación de documentos públicos, defraudando el sistema de salud pública por $ 120 millones.
Al verse en la lista de corruptos, la exdiputada del oficialista del Partido Nacional, dijo que la información del Departamento de Estado era «totalmente falsa».
La ex vicepresidenta del Congreso Nacional en el periodo 2014-2018 manifestó en un comunicado que ella jamás fue acusada de defraudar al Estado de Honduras.
Señaló además que lamentaba mucho que a la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres le proporcionaran información errónea y lo más grave en casos que no habían sido finalizados judicialmente».
Hoy al conocer sobre el fallo que la absolvió manifestó: “quiero darle gracias a los que creyeron en mi inocencia y hoy se ratificó lo que dije en el 2015, que mi familia y yo éramos inocentes.
Cargando un ataúd los defensores llegaron a los Juzgados de San Pedro Sula, norte de Honduras, para hacer su presentación voluntaria. Don Antonio Martínez Ramos figura en la lista de los 32 pobladores de Tocoa, Colón, criminalizados por oponerse a la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares en el sector de Guapinol. Él murió en abril de 2015 – cuando no existía el conflicto- sin imaginar que, en agosto de 2019, sería presentado ante un juzgado con jurisdicción nacional acusado de asociación ilícita, robo e incendio agravado; delitos que supuestamente ocurrieron tres años después de su muerte, en 2018.
En los juzgados de San Pedro Sula, al norte de Honduras, se presentaron voluntariamente 7 pobladores cargando un ataúd, que simboliza la presencia de don Antonio. Cinco de ellos son de Guapinol y dos del sector San Pedro en el municipio de Tocoa, zona donde se ubica el parque Nacional Carlos Escaleras, que ha sido concesionado para la extracción de óxido de hierro en favor del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
La presentación voluntaria en los juzgados – por los mismos delitos – ya la realizaron otros ambientalistas de Guapinol en febrero de 2019. En esa fecha se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. La audiencia se realizó los primeros días de marzo en la capital, y un juez con jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, al no encontrar pruebas reales que los incriminaran penalmente.
Los ocho acusados son: Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán, Ever Alexis Cedillo, y Jeremías Martínez, a quien se le dictó prisión preservativa por el juez del de jurisdicción nacional Carlos Irías de León. Él está preso en la granja penal de La Ceiba, Atlántida desde diciembre del 2018.
Hoy, la gente de Guapinol vuelve a los tribunales en busca de justicia para los 8 acusados y su río. El resto de los criminalizados no se presentaran porque algunos huyeron del país producto de las amenazas a muerte, otros están postrados en cama por vejez, y resto son desconocidos, no pertenecen al sector.
“Esto pone en evidencia que el Ministerio Público acusa a la gente sin hacer investigaciones”, dijo a Radio Progreso Orbín Hernández del sector San Pedro, criminalizado por oponerse a la minera. Él cree que las autoridades presentaron los requerimientos fiscales por órdenes de la empresa, sin tener conocimiento real de conflicto.
Orbín junto a sus compañeros se mantuvieron en las fueras del juzgado de San Pedro Sula esperando ser atendidos. Tiene miedo de ser capturado por la policía, conoce el accionar violento de los uniformados. “Nos presentamos voluntariamente porque no somos delincuentes”, expresó a través de una pancarta.
Para Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez y del Comité Ambiental de Tocoa, el sistema de justicia sigue develando su inoperancia. Las pruebas presentadas contra los defensores del río no tienen sustento legal, y están acondicionadas para favorecer al empresario.
“Además, cuando los compañeros deciden presentarse voluntariamente, nos encontramos con la noticia de que no hay jueces”, dice Juana denunciando que en los Juzgados les pidieron hacer un trámite de anuncio de presentación, el que podría resultar contraproducente, porque hay órdenes de captura emitidas contra los acusados. En cualquier momento pueden ser sorprendidos y capturados por la policía de manera individual, colocándolos en mayor riesgo.
Desde Tocoa, Colón, llegaron habitantes de Guapinol a los juzgados, demandando justicia para los defensores. Según ley, el Poder Judicial es una institución permanente de servicio continuo. No depende de la disponibilidad de un funcionario si la ciudadanía recibe respuesta o no. “El sistema u órgano tiene que dar respuesta”, asegura el abogado defensor Omar Menjivar. Cuando la defensa de los ambientalistas entregó el escrito de la presentación voluntaria a la secretaría del juzgado, recibieron un documento donde se les argumenta que, ese tribunal no podía recibirlos por falta de juez.
“Los ambientalistas de Guapinol están expresando su voluntad de someterse a la justicia y al proceso de criminalización. Hay órdenes de captura vigente desde septiembre de 2018, y están expuestos a ser capturados en cualquier momento. Lo ilógico es que, si los capturan ahora, las autoridades tendrían que presentarlos inmediatamente ante un juez, y allí si habría juez”, dijo el abogado a Radio Progreso.
Para el Comité ambientalista, el órgano de justicia en Honduras acusa de asociación ilícita a las personas que se organizan en la comunidad para defender el río o la montaña. Colocándolos al mismo nivel de criminales de alto impacto como narcotraficante. “Y libra de toda responsabilidad a personas acusadas de estafar el sistema de salud”, apuntó Juana Esquivel, haciendo alusión al reciente fallo en el caso de Astropharma, que favorece a la ex diputada nacionalista Lena Gutiérrez y su familia.
Cargando el ataud que simboliza la presencia de Don Antonio, los 7 ambientalistas acompañados de sus comunidades – que viajaron más de 6 horas para llegar a San Pedro Sula – tomaron la decisión de seguir presionando en su presentación voluntaria hasta que un juez los reciba, como reflejo de su inocencia, evidenciando que su única lucha es la defensa del agua, la defensa de la vida.
Ante las resoluciones emitidas por los órganos operadores de justicia en los casos de ¨Astropharma y la caja chica de la dama¨ que marcan un retroceso para la lucha contra la corrupción y acentúa la impunidad en el país, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, planteamos lo siguiente.
1. Nada más indignante e impune que un tribunal afirme que Rosa de Lobo no puede ser considerada como funcionaria pública a pesar de que, sin discusión por ser un hecho notorio, asumió funciones públicas, administró y dilapidó fondos públicos, abusó de su condición de funcionaria. Esta afirmación del Tribunal de Sentencia es una bofetada a la inteligencia y la dignidad de la gente. Esa afirmación es insana, acrítica e irracional.
2. En el caso de “Los Gutiérrez” la trama de la impunidad es más sofisticada. Como fueron descubiertos en sus fechorías, debían asegurarse impunidad de una forma más y mejor pensada. Así que, cuándo los crímenes de los poderosos son evidentes, juega un papel clave el Ministerio Público presentando acusaciones incoherentes, mal planteadas y sobre todo sin acompañar o evacuar las pruebas de su acusación; aunque existan. Con un caso planteado de manera tan ridícula, los jueces -eternos serviles del sistema- se lucen culpando al MP por su aparente ineptitud y ratifican que, por vigencia del garantismo penal, los corruptos son inocentes y que nunca serán perseguidos por la justicia. La inocencia de estos corruptos es cosa ya juzgada.
3. La reiterada perversidad de la narco dictadura permite considerar que la masacre sucedida en el estadio Carias Andino (Grabada en videos) es un distractor más, un preámbulo ante estos fallos de la justicia al estilo hondureño y de cara a la podredumbre y ruindad cada vez más visible del actual régimen.
4. Los corruptos no solo logran su impunidad, también logran que la gente (Sobre todo la que no se despega de la TV, la radio y redes sociales) discuta de manera torpe sobre quién es culpable de los supuestos fallos en el sistema de justicia que finalmente los favorece. Ellos -los corruptos y narcos, hechos gobierno- crean el sistema y nombran a sus peones (Policías, fiscales, jueces, ONG serviles; entre otras) para ofrecer apariencias, pero siempre garantizando su impunidad y el eterno saqueo de la riqueza nuestra.
5. Frente a esta realidad sobran analistas, gente conmovida o indignada, otros que llaman a las posturas más radicales. Y es cierto, para enfrentar a los corruptos y todo su sistema, es indispensable radicalizarse. Que conste, la radicalidad no siempre implica violencia.
La radicalidad implica trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Hay que ser radicales para articular una plataforma que enfrente a los corruptos e impunes. Necesitamos radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Necesitamos radicalidad en el compromiso y menos turismo político y social.
La radicalidad implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes. La radicalidad que demanda el país implica colectividad, desapego por la corrupción o por prácticas de corrupción que ya corroen a muchos espacios que supuestamente luchan contra la corrupción.
6. La radicalidad en la que creemos no admite que se promueva la “compasión” (por el número de posibles años de condena para Rosa), jamás en el discurso de quienes luchamos contra la corrupción puede existir la compasión hacia un corrupto que comprende la dimensión del daño que causa a una población tan necesitada. Robarse los zapatos de los descalzos y ofrecer pastillas de harina a un enfermo, merecerán siempre todo el reproche jurídico y sobre todo social y humano.
7. El país y la sociedad hondureña, una vez más, demandan: Claridad, determinación, compromiso, inteligencia, orgullo, creencia y fe en que si es posible derrotar las escorias humanas que nos han llenado de indignidad, de vergüenza y de dolor. La patria necesita una cruzada de hombres y mujeres que se decidan, inexorablemente, fundarla nuevamente a cualquier costo.
8. Después de conocer estas resoluciones y de confirmarse las acciones de impunidad promovidas desde las más alta esferas del poder, corruptas y cómplices del daño causado al pueblo hondureño, no nos queda más que exigir un cese a la impunidad instaurada y promovida desde la institucionalidad comandada por el brazo del crimen organizado hecho gobierno.
9. Además, exigimos que esta resolución que desvincula a Rosa Elena Bonilla de Lobo como funcionaria pública, no sirva para allanar el camino que libere de responsabilidad legal, penal o judicial a la actual y futuras “primeras damas” en los casos de corrupción que haya cometido o vayan a cometer contra el pueblo hondureño y el erario público.
10. Desde el MADJ, en tiempos de desbordada indignación, con el poeta combatiente repetimos: “Vamos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente”.
Por
Publicado el 20 Agosto, 2019
La decisión, que libera de responsabilidad penal a la excongresista y a tres miembros de su familia, fue adoptada por la Salad III del Tribunal de Sentencia que por unanimidad de votos emitió un fallo absolutorio, asegurando que no encontró suficientes pruebas para acreditar los delitos imputados.
Lena Gutiérrez Arévalo fue arrestada en el año 2015 por los delitos de fraude, crímenes contra la salud púbica y falsificación de documentos públicos. Sin embargo, fue dejada en libertad luego de haber pagado una fianza de 20 millones de lempiras.
El referido caso incluyó en el proceso al padre y hermanos de la congresista, Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y Julio César Gutiérrez Arévalo y Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, respectivamente, por los delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en perjuicio de la administración pública y la salud pública.
En el caso se absolvió además a los miembros del Comité de Evaluación: María de los Ángeles Fúnez Pineda, Martha Griselda Vásquez Ordoñez, Érica Ninosca Castillo Canelas, Mirzha Lizeth Ruiz Castro y Kristian Manuel Bautista por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato en perjuicio de la administración pública.
De igual manera la ex directora de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud la señora Mirtha Gloria Escobar Cárcamo por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Así como contra la Comisión Precalificadora de la Secretaría de Salud, integrada por: María Cristina Núñez García y Evelyn Flores Díaz, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Registros falsos
Este caso ha puesto nuevamente en evidencia la debilidad del sistema judicial, ya que en enero del año 2016 el Ministerio Público aseveró que la empresa farmacéutica de la familia Gutiérrez, Astropharma, utilizó cinco registros sanitarios falsos para participar en los procesos de licitación y expandió medicamento adulterado para surtir las farmacias de los hospitales públicos de Honduras.
Entre los años 2010 y 2014, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, fue estafado con la venta de medicamentos adulterados por parte de la empresa Astropharma, propiedad de la familia Gutiérrez y de Laboratorios Internacionales, S.A. (Lain), propiedad de Miguel Flores Cisneros.
Flores Cisneros fue querellado por los propietarios de Astropharma, quienes alegaron durante el juicio que el laboratorio les vendió el medicamento adulterado.
En diciembre de 2018 el Tribunal de Sentencia declaró culpable por el delito de otros fraudes a Miguel Flores Cisneros, con lo que la empresa Astropharma quedó eximida por la adulteración de pastillas.
En lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica
La exvicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras fue incluida en la lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, publicada el 18 de mayo pasado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El documento del Departamento de Estado establece que Gutiérrez Arévalo, siendo vicepresidenta del Congreso Nacional, fue arrestada en el año 2015 por cargos de fraude, crímenes contra la salud púbica y falsificación de documentos públicos, defraudando el sistema de salud pública por $ 120 millones.
Al verse en la lista de corruptos, la exdiputada del oficialista del Partido Nacional, dijo que la información del Departamento de Estado era «totalmente falsa».
La ex vicepresidenta del Congreso Nacional en el periodo 2014-2018 manifestó en un comunicado que ella jamás fue acusada de defraudar al Estado de Honduras.
Señaló además que lamentaba mucho que a la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres le proporcionaran información errónea y lo más grave en casos que no habían sido finalizados judicialmente».
Hoy al conocer sobre el fallo que la absolvió manifestó: “quiero darle gracias a los que creyeron en mi inocencia y hoy se ratificó lo que dije en el 2015, que mi familia y yo éramos inocentes.
Los Hernández y el Partido Nacional han convertido a Honduras en narco Estado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Los hermanos Hernández y el Partido Nacional han convertido a Honduras en un narco Estado, dice Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, en una carta dirigida Geoffrey Berman, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Zelaya señala que Honduras entera está indignada y avergonzada porque los nexos entre la clase política y el narcotráfico que durante años han sido un secreto a voces en nuestro país.
Agrega que la frustración ante un sistema judicial coludido e inoperante, han provocado movilizaciones nacionales que exigen la salida inmediata del presidente y repudian en lo que hoy se ha convertido el país: un narcoestado.
“La pobreza es una condena para nuestro país, particularmente los últimos años en que los índices socioeconómicos han empeorado considerablemente de la misma manera que aumentó la corrupción, el desempleo y la violencia, todo producto de los mismos protagonistas obligando a cientos de miles de hondureños a emigrar en busca de oportunidades”.
Honduras vive en una democracia frágil, con un Estado de Derecho débil donde crímenes como estos son ocultados deliberadamente por los medios de comunicación y la Justicia hondureña.
En ninguno de los casos de los hermanos Hernández Alvarado se ha realizado una investigación paralela en Honduras, aun cuando los delitos se han cometido en el país.
Por ello nuestras esperanzas están cifradas en que la justicia se cumpla, aunque esta se imparta en cortes extranjeras. Por nuestra parte, seguiremos luchando por fortalecer nuestras instituciones para que casos similares sean juzgados severa e imparcialmente en nuestro suelo, finaliza diciendo Luis Zelaya en su carta.
Tegucigalpa. – Los hermanos Hernández y el Partido Nacional han convertido a Honduras en un narco Estado, dice Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, en una carta dirigida Geoffrey Berman, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Zelaya señala que Honduras entera está indignada y avergonzada porque los nexos entre la clase política y el narcotráfico que durante años han sido un secreto a voces en nuestro país.
Agrega que la frustración ante un sistema judicial coludido e inoperante, han provocado movilizaciones nacionales que exigen la salida inmediata del presidente y repudian en lo que hoy se ha convertido el país: un narcoestado.
“La pobreza es una condena para nuestro país, particularmente los últimos años en que los índices socioeconómicos han empeorado considerablemente de la misma manera que aumentó la corrupción, el desempleo y la violencia, todo producto de los mismos protagonistas obligando a cientos de miles de hondureños a emigrar en busca de oportunidades”.
Honduras vive en una democracia frágil, con un Estado de Derecho débil donde crímenes como estos son ocultados deliberadamente por los medios de comunicación y la Justicia hondureña.
En ninguno de los casos de los hermanos Hernández Alvarado se ha realizado una investigación paralela en Honduras, aun cuando los delitos se han cometido en el país.
Por ello nuestras esperanzas están cifradas en que la justicia se cumpla, aunque esta se imparta en cortes extranjeras. Por nuestra parte, seguiremos luchando por fortalecer nuestras instituciones para que casos similares sean juzgados severa e imparcialmente en nuestro suelo, finaliza diciendo Luis Zelaya en su carta.
Justicia hondureña pone en riesgo a defensores del río Guapinol en Colón
Cargando un ataúd los defensores llegaron a los Juzgados de San Pedro Sula, norte de Honduras, para hacer su presentación voluntaria. Don Antonio Martínez Ramos figura en la lista de los 32 pobladores de Tocoa, Colón, criminalizados por oponerse a la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares en el sector de Guapinol. Él murió en abril de 2015 – cuando no existía el conflicto- sin imaginar que, en agosto de 2019, sería presentado ante un juzgado con jurisdicción nacional acusado de asociación ilícita, robo e incendio agravado; delitos que supuestamente ocurrieron tres años después de su muerte, en 2018.
En los juzgados de San Pedro Sula, al norte de Honduras, se presentaron voluntariamente 7 pobladores cargando un ataúd, que simboliza la presencia de don Antonio. Cinco de ellos son de Guapinol y dos del sector San Pedro en el municipio de Tocoa, zona donde se ubica el parque Nacional Carlos Escaleras, que ha sido concesionado para la extracción de óxido de hierro en favor del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
La presentación voluntaria en los juzgados – por los mismos delitos – ya la realizaron otros ambientalistas de Guapinol en febrero de 2019. En esa fecha se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. La audiencia se realizó los primeros días de marzo en la capital, y un juez con jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, al no encontrar pruebas reales que los incriminaran penalmente.
Los ocho acusados son: Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán, Ever Alexis Cedillo, y Jeremías Martínez, a quien se le dictó prisión preservativa por el juez del de jurisdicción nacional Carlos Irías de León. Él está preso en la granja penal de La Ceiba, Atlántida desde diciembre del 2018.
Hoy, la gente de Guapinol vuelve a los tribunales en busca de justicia para los 8 acusados y su río. El resto de los criminalizados no se presentaran porque algunos huyeron del país producto de las amenazas a muerte, otros están postrados en cama por vejez, y resto son desconocidos, no pertenecen al sector.
“Esto pone en evidencia que el Ministerio Público acusa a la gente sin hacer investigaciones”, dijo a Radio Progreso Orbín Hernández del sector San Pedro, criminalizado por oponerse a la minera. Él cree que las autoridades presentaron los requerimientos fiscales por órdenes de la empresa, sin tener conocimiento real de conflicto.
Orbín junto a sus compañeros se mantuvieron en las fueras del juzgado de San Pedro Sula esperando ser atendidos. Tiene miedo de ser capturado por la policía, conoce el accionar violento de los uniformados. “Nos presentamos voluntariamente porque no somos delincuentes”, expresó a través de una pancarta.
Para Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez y del Comité Ambiental de Tocoa, el sistema de justicia sigue develando su inoperancia. Las pruebas presentadas contra los defensores del río no tienen sustento legal, y están acondicionadas para favorecer al empresario.
“Además, cuando los compañeros deciden presentarse voluntariamente, nos encontramos con la noticia de que no hay jueces”, dice Juana denunciando que en los Juzgados les pidieron hacer un trámite de anuncio de presentación, el que podría resultar contraproducente, porque hay órdenes de captura emitidas contra los acusados. En cualquier momento pueden ser sorprendidos y capturados por la policía de manera individual, colocándolos en mayor riesgo.
Desde Tocoa, Colón, llegaron habitantes de Guapinol a los juzgados, demandando justicia para los defensores. Según ley, el Poder Judicial es una institución permanente de servicio continuo. No depende de la disponibilidad de un funcionario si la ciudadanía recibe respuesta o no. “El sistema u órgano tiene que dar respuesta”, asegura el abogado defensor Omar Menjivar. Cuando la defensa de los ambientalistas entregó el escrito de la presentación voluntaria a la secretaría del juzgado, recibieron un documento donde se les argumenta que, ese tribunal no podía recibirlos por falta de juez.
“Los ambientalistas de Guapinol están expresando su voluntad de someterse a la justicia y al proceso de criminalización. Hay órdenes de captura vigente desde septiembre de 2018, y están expuestos a ser capturados en cualquier momento. Lo ilógico es que, si los capturan ahora, las autoridades tendrían que presentarlos inmediatamente ante un juez, y allí si habría juez”, dijo el abogado a Radio Progreso.
Para el Comité ambientalista, el órgano de justicia en Honduras acusa de asociación ilícita a las personas que se organizan en la comunidad para defender el río o la montaña. Colocándolos al mismo nivel de criminales de alto impacto como narcotraficante. “Y libra de toda responsabilidad a personas acusadas de estafar el sistema de salud”, apuntó Juana Esquivel, haciendo alusión al reciente fallo en el caso de Astropharma, que favorece a la ex diputada nacionalista Lena Gutiérrez y su familia.
Cargando el ataud que simboliza la presencia de Don Antonio, los 7 ambientalistas acompañados de sus comunidades – que viajaron más de 6 horas para llegar a San Pedro Sula – tomaron la decisión de seguir presionando en su presentación voluntaria hasta que un juez los reciba, como reflejo de su inocencia, evidenciando que su única lucha es la defensa del agua, la defensa de la vida.
Asesinan a periodista en Copán
Tegucigalpa, Honduras.-
En horas de mediodía de este sábado 31 de agosto, se reportó el
asesinato del tercer periodista en el país, a lo que va del 2019.
Según información preliminar,
desconocidos dispararon contra la humanidad de Edgar Joel Aguilar,
cuando estaba en una barbería, en ciudad de La Entrada, municipio de
Nueva Arcadia, departamento de Copán, al occidente de Honduras.
El periodista de televisión, ya había
denunciado ataques a su integridad, según alertas emitidas en los años
2012 y 2017, por el Comité de Libre Expresión (C-Libre).
Aguilar era corresponsal de noticias de
Canal 6, y era presentador de noticias de Cable Mar TV, en La Entrada, a
400 kilómetros de distancia de Tegucigalpa.
Canal 6, al informar sobre la muerte
violenta del Periodista Edgar Joel Aguilar, expresó que “lamentamos el
hecho violento y exigimos investigación y la captura de los responsables
. QDDG el colega y compañero ¡hasta pronto Edgar!”
El 17 de marzo pasado fue asesinado el
periodista Gabriel Hernández, en el departamento de Valle, al sur del
país, cuando volvía de la universidad a su casa.
El 6 de julio falleció el comunicador
social, Santiago “Santi” Carvajal, tras un ataque armado el viernes 5,
en el departamento de Cortés, la norte de Honduras.
En el país cerca de 80 periodistas y
trabajadores de la comunicación han sido asesinados en la última década,
y el 90 por ciento de los casos se encuentran engavetados por la
impunidad del sistema judicial hondureño.
En Honduras existe desde mayo del 2015
una Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que no actúa de
oficio, pese a que es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada.
ARTICLE 19 condena el asesinato del periodista Edgar Joel Aguilar
Monday, 02 September 2019 23:57 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un
riesgo especial por ejercer su derecho a la libertad de expresión, es
una de las demandas de la organización Article 19 al Estado de
Honduras, en una comunicación por twitter, este 01 de septiembre de
2019, en relación al asesinato del periodista Edgar Joel Aguilar.
Aguilar era reportero de canal 6 de San Pedro Sula y Cablemar
medio local de la zona en Nueva Arcadia, donde fue acribillado con
arma de fuego, en una Barbería ubicada en La Entrada, Copan, al
Occidente de Honduras .
"Hacemos un llamado a las autoridades para atender la creciente
violencia hacia la prensa, y a seguir las recomendaciones de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ,RELE, de la CIDH",
agrega el mensaje de Article 19.
La lista de crímenes suma 79 con este nuevo hecho violento, y
apenas 7 juicios se han abierto contra los gatilleros, sin que se
conozcan avances de las investigaciones hacia los autores intelectuales ,
reflejando un 93 por ciento de impunidad, según las cifras del
Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH.
El Estado de Honduras se ha comprometido a poner en práctica varias
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra,
en el Examen Periódico Universal, EPU, 2010 y 2015, sin embargo los
resultados a esos compromisos son casi nulos.
Aunque en mayo de 2015 se aprobó la Ley de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, las respuestas han sido escasas.
Unos 68 periodistas han acudido a esa instancia , sin embargo hay
quejas por la implementación de las medidas de protección, en la
mayoría de los casos, pudiendo hablar de un bajo porcentaje de avance.
El talón de Aquiles está en la desarticulación de las amenazas a
cargo ahora de la Fiscalía de Protección, donde con suerte no cierran el
expediente de los casos presentados, o en otros hay una investigación
tan precaria que la carga de la prueba para continuar el caso descansa
en las espaldas de las propias víctimas de amenazas
Aguilar es el tercer periodista asesinado en el 2019, el primero
fue Gabriel Hernández, en marzo de este año, quien también fue
acribillado en la zona Sur de Honduras. le sigue Santiago Carvajal,
comunicador social y miembro de la comunidad LGTBI, en Puerto Cortés, al
Norte de Honduras.
Cada 5 días un periodista es violentado en Honduras
Tuesday, 03 September 2019 16:16 Written by Heidy Dávila Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: proceso.hn
En solo ocho meses transcurridos en el año 2019, se documentaron
52 denuncias de periodistas por agresiones, amenazas, persecuciones y
hasta asesinatos, según un monitoreo a nivel nacional de la Asociación
por la Democracia y Derechos Humanos, ASOPODEHU.
En el mes de marzo anterior el periodista Gabriel Hernández , de
Nacaome, Valle, en el Sur de Honduras, fue asesinado. En julio de este
mismo año Santiago Carvajal, quien era presentador del programa de
televisión "La Galaxia de Santi", en Puerto Cortés, al Norte del país, y
el último es Edgar Javier Aguilar, en La Entrada, Copán, todos fueron
acribillados a balazos.
De acuerdo a la información obtenida en el año, 19 periodistas han
sufrido agresiones, en ellas se destacan físicas y lanzamiento de bombas
directamente contra sus cuerpos por parte de la Policía Nacional; 16
fueron amenazados, en algunos casos no solo ellos sino que su familia
también.
Cinco denunciaron detenciones ilegales por el trabajo que realizaban en ese momento, tres sufrieron persecución por desconocidos, dos tuvieron atentados de asesinato y a uno le allanaron su hogar.
Esas son algunas de las dificultades que pasan los periodistas a diario en el país y también se le suma un caso de expulsión de un comunicador social por la primera dama, Ana García de Hernández , cuando él cubría un evento, violentando con ello el derecho de acceso a la información.
Los temas riesgosos
Algunas razones por las cuales los periodistas están en riesgo es cuando cubren notas relacionadas con temas políticos, corrupción estatal, narcotráfico, crimen organizado y represión de manifestantes en protestas.
El comunicador Gabriel Hernández del programa llamado “El Pueblo Habla” y corresponsal de Radio Globo, abordaba temas políticos y sociales en sus últimas publicaciones en Facebook, exhortaba a la población de la localidad a cuestionar con preguntas tales como “qué proyectos de desarrollo realizaron los diputados Tommy Zambrano, Marcos Velásquez, Alfredo Saavedra y Fabricio Sandoval, en el departamento de Valle, en el año, 2018.
Hernández de 54 años, fue asesinado a balazos por desconocidos que se transportaban en una motocicleta cuando se dirigía a su casa de habitación, por falta de investigación aún se desconoce el móvil del asesinato y permanece en la impunidad.
Edgar Joel Aguilar de 39 años, cubría el tema de indicios de corrupción en la Cruz Roja 55 local de la zona, donde expuso serias irregularidades. Destacaba a través de su página de Facebook que el presidente de esta institución había prohibido a la prensa tener acceso a información solo a través de un relacionador público, así como no entrar a las instalaciones para evitar que se publicara la inconformidad de la población con malos tratos, según publicó.
Los periodistas son los segundos en tres grupos que buscan ingresar al Mecanismo de Protección, pero todavía falta la voluntad de las mismas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección como es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Protección, que debe apoyar la investigación para obtener resultados que sancionen a quienes cometen este tipo de violencia.
Al menos 10 de los 19 periodistas cuyas agresiones documentó la
ASOPODEHU, sufrieron agresiones físicas por las autoridades de orden
público como la Policía Preventiva, Policía Militar e incluso de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC).
De enero a agosto de 2019 suman 243 días, los cuales han sido negros para los periodistas. En ese tiempo ocurrieron 52 agresiones, por lo que si dividimos el número de días entre las agresiones, resulta que cada cinco días un periodista sufre un ataque por ejercer la profesión.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las Relatorías por la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, entre otras, han recomendado al Estado de Honduras mejoras en la libertad de expresión para la población y en especial hacia la prensa que contribuye a la democracia y hace posible en parte al acceso a la información que debe ser conocida por la sociedad hondureña.
Pero no hay avances sustanciales, al contrario se ha aprobado un nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, donde hay figuras delictivas incluidas que coartan la libertad de expresión e información.
El viernes 30 de agosto, el mundo conmemoró el Día
Internacional del Detenido-Desaparecido, para recordar a la Humanidad
que los hombres y mujeres a quienes el Estado les robó la libertad y les
apagó la vida, no podrán nunca ser olvidados.
Es la misma convicción en esa fecha específica para Honduras, donde se conmemora el Día Nacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas, una efeméride que fue decretada por el Congreso Nacional a insistencia del Cofadeh.
En el período de Porfirio Lobo Sosa como Presidente del Legislativo fue aprobada esa ley para recordar al Estado su obligación de prevenir la desaparición forzada como práctica criminal y como política estatal. Recordarle, además, su deber de hacer justicia.
Ayer, precisamente, en el parque central de Tegucigalpa se llevó a cabo una Jornada Artística – Cultural a la memoria de aquellos hombres y mujeres sacrificados por los asesinos del batallón 3-16, esos mismos que asesoran a la Secretaría de Seguridad, a empresarios del crimen organizado y que también tienen sus propias empresas de inseguridad nacional.
En la plaza Morazán de esta capital también fue recordado el aldeano Roberto Antonio Argueta, una de las 32 personas judicializadas por oponerse a la venenosa explotación minera encima de la cuenca del río Guapinol, en la montaña Carlos Escaleras, de Tocoa, Colón.
Roberto no era un hombre con chaleco de defensor territorial ni llevaba el título peyorativo de ambientalista. Pero era un ciudadano comprometido con su entorno. Era un bravo militante de lo colectivo, de la cosa pública.
Antonio rechazaba la presencia de la explotadora de Lenir Pérez, heredero de Miguel Facussé; malquería esa empresa de tramitadores de poder duro y rudo, que se mueve como crimen organizado al amparo de políticos cachurecos y del alcalde municipal de Libre.
Este hombre de la lista de treinta y dos fue asesinado a balazos la mañana del miércoles frente al hospital San Isidro allá en Tocoa. Los hombres armados que cometieron el crimen no han sido detenidos por la policía, esa misma policía que subió furiosa a la montaña para desalojar el campamento de la dignidad en octubre del año pasado.
Contra Argueta había una orden de captura emitida por los delitos de asociación ilícita y portación de armas, como parte de la criminalización por defender los recursos ambientales, que son la codicia de los capitalistas narcos que operan desde el Congreso y los demás poderes.
El lunes 26 de agosto, siete compañeros suyos habían sido detenidos durante la audiencia de imputados, porque así quiere la asociación de mineros, el Cohep y otras asociaciones criminales del país. Los defensores del agua y de la vida fueron remitidos a la penitenciaría nacional en Támara, cerca de la capital. Otro defensor está encarcelado en la granja penal de La ceiba.
Esta memoria a Roberto Antonio Argueta justo en el Día Nacional contra la Desaparición Forzada es para que Honduras no continúe siendo conducida por los criminales, jueces sin rostro, policías y militares sin alma, ni por impostores narcotraficantes corruptos que llenan de vergüenza la Nación.
A propósito, esta misma noche estamos viendo el informe preliminar de un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, que concluyó sus entrevistas en 10 días y escribió más de 10 párrafos advirtiendo cosas interesantes a una gente de oídos sordos.
De nuevo, los expertos cometen la falta grave de hablarle a un gobierno que no existe, le piden abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en su capacidad para promover una economía justa e inclusiva.
De modo preciso el documento de Naciones Unidas afirma que todas las personas afectadas por los proyectos extractivistas, que denominan «proyectos de desarrollo», deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por las empresas, para evitar los conflictos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, ignora que la mayoría del pueblo de Honduras rechaza la existencia del gobierno al que considera dictadura y no se refiere nunca a la minería a cielo abierto como desarrollo, sino como operaciones de crimen organizado.
Al presentar un informe preliminar el jueves, una de las integrantes del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, dijo que «la mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial».
Agregó la señora Ramasastry que «el Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos».
De nuestra parte queremos decirle a doña Anita que el problema no es el déficit de consulta o la falta de participación de la comunidad en los beneficios del negocio, el problema es que la decisión de las comunidades es NO y nadie está escuchando, nadie está respetando ese veredicto, y utilizan el ejército, la policía y los sicarios del crimen organizado para atacar a las poblaciones que rechazan ese desarrollo sucio, venenoso, criminal, corrupto. E imponer su consenso a cachimbazos.
Los Expertos insistieron que «es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades”.
Al final la Sra. Ramasastry, felizmente, se sumó a la voz colectiva que exige una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción.
Bueno, mientras la burocracia internacional sigue su proceso hasta el próximo año y los años venideros, nuestro deber ¡ahora! es no olvidar a las personas desaparecidas entre 1979 y 2019, y mantener viva la exigencia por el castigo a los asesinos de Roberto Antonio Argueta, defensor del río Guapinol, que debe ser rescatado de las garras de Lenir Pérez y sus secuaces políticos de Colón.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 31 de agosto de 2019
Tegucigalpa.- La Coordinadora General del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
Bertha Oliva, analizó en el programa radial “Voces contra el Olvido”,
los últimos acontecimientos que llevaron al Congreso Nacional a retirar
los decretos de reestructuración de las carteras de Salud y Educación,
la violencia permanente desatada por fuerzas policiales en contra de
manifestaciones pacíficas en la zona sur y las amenazas que se ciernen
para las poblaciones del Golfo de Fonseca con las pretensiones de
instalar una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El COFADEH llegó en el año 2007, para verificar y acompañar la lucha de las comunidades de Zacate Grande por sus tierras, acaparadas por familias ricas y poderosas ligadas al poder económico y político del país.
El
8 de noviembre de 2018, en el Salón de los Retratos del Congreso
Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz oficializó la
llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo.- Capitol
Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a
impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el
mundo, teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí,
su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a
figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike
Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo.
(Foto:
Ralph Drollinger hablando con diputados del Congreso Nacional en el
lanzamiento oficial de Capitol Minsitries en Honduras. Archivo: Capitol
Ministries).
(Foto:
Primer estudio bíblico de Capitol Ministries realizado en el Congreso
Nacional el 7 de septiembre del 2018, antes del lanzamiento oficial de
la organización en noviembre de ese año. Archivo: Capitol Ministries).
(Foto:
Hombres y mujeres de todas las edades cantan y bailan en el evento
organizado por la iglesia del Pastor Roy Santos en el Hotel Copantl de
San Pedro Sula donde asistieron como invitados el diputado nacionalista
Tomas Zambrano y el pastor Mario Bramnick, consejero evangélico de
Donald Trump. Archivo: Fernando Silva).
(Foto:
Tomas Zambrano, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional,
en la inauguración de Capitol Ministries el 8 de noviembre del 2018.
Archivo: Capitol Ministries).
(Foto:
El pastor Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad
Evangélica de Honduras, fue investigado por el Tribunal Superior de
Cuentas por haber recibido 750 mil lempiras entre 2011 y 2012 como parte
de un contrato como asesor de un programa de la Secretaría del Interior
y Población (SEIP). Archivo: Vienna Herrera).
(Foto:
Durante los eventos religiosos del Centro Cristiano Internacional, la
oración es fundamental para la unidad de los feligreses. Archivo: Martín
Cálix).
(Foto:
Alberto Solórzano, líder religioso del Centro Cristiano Internacional y
miembro de la Junta Depuradora de la Policía Nacional, en su oficina.
Archivo: Martín Cálix).
(Foto: Una pareja se abraza y llora durante una oración en el Centro Cristiano Internacional. Archivo: Martín Cálix).
El
pastor deja claro que su cercanía con el gobierno es estratégica y no
forma parte de ningún hecho espontáneo, y que ellos han provocado ese
acercamiento a raíz de temas como el matrimonio igualitario y el aborto.
Las
comisiones de transformación del sector salud y educación fueron
derogadas en junio de este año a raíz de una serie de manifestaciones de
los gremios médico y magisterial, que las acusaban de estar llevando un
proceso de privatización a esos sectores.
La fortuna, en propiedades, de la familia que está en la dirigencia de la Iglesia La Luz del Mundo asciende a 7.3 millones de dólares y se ubican en al menos tres estados de la Unión Americana.
Diez de los inmuebles que poseen el líder de La Luz del Mundo y su familia pertenecen a los nietos del fundador de esta congregación evangélica, según reporta Univisión.
Otras seis casas son propiedad del actual líder Naasón Joaquín García, que se encuentra preso en una cárcel de Los Ángeles, en los Estados Unidos, acusado de abuso sexual a menores, entre otros delitos; valoradas en 2.17 millones de dólares. Y sus hermanos son dueños de una extensa finca cerca de San Antonio, Texas, con zoológico incluido, además de una residencia frente al mar.
La defensa del llamado «Apóstol de Jesucristo» ha dicho que él es un hombre humilde, director internacional de la congregación que recibe un salario por los servicios prestados a la Iglesia, pero la fiscalía general de California ha advertido que su estilo de vida no corresponde a los dichos de sus abogados. Sus millonarias propiedades tampoco sustentan eses argumento.
Uno de los agentes encargado de revisar el celular del líder de La Luz del Mundo, dijo que estuvo interesado en artículos «extremadamente lujosos» y que son «inalcanzables para la mayoría de las personas», como yates, relojes costosos y aviones. La dependencia a un no ha detallado por completo lo que encontró en el móvil.
Sus hermanos, por su parte, tienen un enorme rancho en Texas que vale 4.1 millones de dólares y una residencia frente al mar valorada en 843,000 dólares en una adinerada comunidad costera en el condado de Los Ángeles.
Si se hace la suma del valor de todas las propiedades de los Joaquín, tan solo en EEUU, esta familia tendría una fortuna de al menos 7.3 millones de dólares.
Sin embargo, la familia dirigente de la Luz de Mundo nunca ha explicado de manera contundente de donde obtiene el dinero, tanto para la Iglesia como para las adquirir estas lujosas propiedades de los Joaquín.
Al momento se desconoce el origen de la riqueza de los hijos del exdirigente de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. La mayoría de ellos son ministros de esta iglesia, pues esta familia lleva 93 años heredándose el control de la congregación evangélica, fundada por el abuelo Aarón Joaquín en Guadalajara, en el oeste de México.
En los títulos de propiedad de las viviendas aparece con nombres distintos: Naasón Joaquín y Naasón M. Joaquín. En este último se incluye la inicial de su segundo nombre, Merari.
Podría tratarse de un error no intencional, pero los investigadores aseguran que tras su arresto el pasado 3 de junio encontraron dos identificaciones de California falsas en las cuales el pastor tenía nombres diferentes.
La casa más lujosa se ubica en un tranquilo vecindario de Houston, Brae Burns Acres. Tiene cuatro habitaciones, dos baos y cuesta más de 690.000 dólares. Está fincada sobre un terreno de 16,000 pies cuadrados. La casa se construyó en 1950 y se remodeló en 1995, de acuerdo con información de la Oficina del Tasador del condado de Harris.
Otra de las propiedades de Joaquín García, no muy lejos de ahí, tiene tres habitaciones y baños, su precio se estima en 351.000 dólares. Se encuentra en la cuadra 8200 de Wateka Dr, que es el mismo domicilio que el pastor proporcionó en trámites inmobiliarios relacionados con otra vivienda suya en Kissimmee, Florida, que tiene un valor de 76,000 dólares y se encuentra no muy lejos del parque Disney World.
Una semana antes de su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), el líder religioso vendió esa última propiedad por solo 100 dólares a un templo de La Luz del Mundo en Orlando.
En la transacción con fecha del 27 de mayo de 2019 se indica que la institución le confió adquirir la casa en su nombre en 1991 para luego entregar el título a la iglesia.
Lo anterior contradice lo que, tanto sus abogados como los voceros de la Luz del Mundo, han repetido constantemente: «Las finanzas de la iglesia están completamente separadas de nuestro cliente. Es un empleado asalariado», declararon en la audiencia del pasado 21 de junio.
«Él no tiene autoridad directa para ordenar el movimiento de dinero en absoluto», agregó el litigante.
En una de las casas propiedad de Naasón Joaquín, valuada en más de 842.000 dólares, cuenta con tres niveles, cuatro habitaciones y siete baños, según información que la Oficina del Registro Público de la Propiedad del condado de Los Ángeles, en esa residencia, donde solía quedarse, se confiscaron varios dispositivos móviles del líder de la Iglesia, así como de sus dos presuntas cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca.
Justo detrás de esa vivienda, en la calle Dangler, se encuentra otra residencia de color café oscuro. En algún tiempo su garaje tenía las iniciales NJG, por Naasón Joaquín García. La construyeron en 2007 y vale más de 665,000 dólares. Su dueño, José Coronado es uno de los tesoreros de la Luz del Mundo.
Joaquín García también es dueño de tres casas que se encuentran en esa misma zona, en la calle Dangler y la avenida Arizona; y ahí también tienen una vivienda sus hermanas Rahel y Betsabé Joaquín.
En la avenida Arizona se localiza otra inversión inmobiliaria de Joaquín García. La adquirió por 216,000 dólares en el año 2000 y ahora su costo es de casi 290,000 dólares.
A unos pasos de ahí, el también llamado ‘Siervo de Dios’ fue propietario de una casa de cinco cuartos y dos baños. Solo fue su dueño durante 45 días: el 5 de agosto de 1994 la compró por 170,000 dólares a un hombre llamado Alex Rodríguez y el 19 de septiembre de ese año la vendió por $171,811 a la misma persona.
La compraron en 1992 por casi 540,000 dólares y su precio ha ido en aumento acorde con el elevado costo del mercado inmobiliario en esa zona. El precio de la casa se estima en 843,000 dólares. Según fuentes cercanas a la Iglesia afirman que el «Apóstol de Cristo» frecuentaba el lugar cuando quería relajarse.
Benjamín, el hijo mayor de Samuel Joaquín Flores y quien ha sido ministro en Texas y Carolina del Norte, también es dueño de un rancho de enorme extensión en donde además de una lujosa residencia, tiene un zoológico y está valuado en 4.1 millones de dólares.
Los voceros y los abogados de Joaquín han reiterado en múltiples ocasiones que el financiamiento de La Luz del Mundo es gracias a las donaciones de los fieles, aclarando que nadie está obligado a dar, esta ayuda es voluntaria, según han explicado.
Pero según la fiscalía de Los Ángeles el líder de la Iglesia llegó en jet privado a principios de junio, cuando fue apresado por agentes aduanales. Las autoridades creen que su fortuna es incluso más grande a la relacionada con sus propiedades en EEUU.
La dependencia no ha querido dar mucha información de lo que ha ido encontrando con las investigaciones, solo ha dado a cuenta gotas detalles de cómo es el estilo de vida de Naasón Joaquín.
Lo que se sabe es lo que la fiscal estatal Amanda G. Plisner reveló en una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de junio: que Joaquín García llegó en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles cuando lo arrestaron. «El acusado García viaja muy seguido, sino es que únicamente, en avión privado», aseguró.
Plisner reveló que la policía descubrió 200.000 dólares en efectivo y oro al catar una de las viviendas de Joaquín García, también dijo que de acuerdo a los datos de las agencias del orden que el acusado gastó 100,000 dólares en efectivo un solo día en compras en Beverly Hills el año pasado.
El agente estatal Steven Stover, quien forma parte de un equipo especial que investiga casos de narcotráfico y de alto perfil, compareció en la audiencia del 15 de julio y dijo que en el iPhone del acusado encontraron conversaciones en las que se refería a cajas de seguridad donde guardaba euros, oro y sumas «de más de 10,000 dólares».
Stover señaló que en el celular quedaron rastros de búsquedas que realizó de artic «Hubo un historial de búsqueda de artículos extremadamente lujosos y de alta gama que consideraría inalcanzables para la mayoría de las personas: yates, jets privados, relojes extremadamente lujosos, simplemente artículos muy lujosos», detalló el policía estatal.
«Hemos sometido los estados financieros de nuestro cliente. Esto es especulación», dijo uno de los abogados del líder religioso e interrumpió la declaración del agente.
Otro de los policías que participó en los cateos a la residencia de Joaquín García, relató que también descubrieron una bolsa de plástico de seis pulgadas llena de oro y joyas.
En un reporte que el banco Wells Fargo envió a un agente estatal, por reporte de «actividad sospechosa», informó que tan solo en una semana del mes de junio, el líder de La Luz del Mundo recibió 5 millones de dólares provenientes de 90 transacciones realizadas en distintos estados de EEUU. La colecta fue para pagar la fianza que en ese entonces le habían impuesto las autoridades estadounidenses.
Anticipando ese apoyo financiero que le daría su iglesia, la Fiscalía le pidió al juez David Fields que le negara a Joaquín García el derecho a una fianza. El magistrado concedió la moción el 16 de julio, avalando la advertencia de que el acusado es «un peligro para cientos de niñas» y podía fugarse en su avión privado a un país que no realice extradiciones.
Agresiones contra periodistas por
departamento de enero a agosto
de 2019. Fuente: Monitoreo ASOPODEHU.
|
Cinco denunciaron detenciones ilegales por el trabajo que realizaban en ese momento, tres sufrieron persecución por desconocidos, dos tuvieron atentados de asesinato y a uno le allanaron su hogar.
Esas son algunas de las dificultades que pasan los periodistas a diario en el país y también se le suma un caso de expulsión de un comunicador social por la primera dama, Ana García de Hernández , cuando él cubría un evento, violentando con ello el derecho de acceso a la información.
Los temas riesgosos
Algunas razones por las cuales los periodistas están en riesgo es cuando cubren notas relacionadas con temas políticos, corrupción estatal, narcotráfico, crimen organizado y represión de manifestantes en protestas.
El comunicador Gabriel Hernández del programa llamado “El Pueblo Habla” y corresponsal de Radio Globo, abordaba temas políticos y sociales en sus últimas publicaciones en Facebook, exhortaba a la población de la localidad a cuestionar con preguntas tales como “qué proyectos de desarrollo realizaron los diputados Tommy Zambrano, Marcos Velásquez, Alfredo Saavedra y Fabricio Sandoval, en el departamento de Valle, en el año, 2018.
Hernández de 54 años, fue asesinado a balazos por desconocidos que se transportaban en una motocicleta cuando se dirigía a su casa de habitación, por falta de investigación aún se desconoce el móvil del asesinato y permanece en la impunidad.
Edgar Joel Aguilar de 39 años, cubría el tema de indicios de corrupción en la Cruz Roja 55 local de la zona, donde expuso serias irregularidades. Destacaba a través de su página de Facebook que el presidente de esta institución había prohibido a la prensa tener acceso a información solo a través de un relacionador público, así como no entrar a las instalaciones para evitar que se publicara la inconformidad de la población con malos tratos, según publicó.
Los periodistas son los segundos en tres grupos que buscan ingresar al Mecanismo de Protección, pero todavía falta la voluntad de las mismas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección como es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Protección, que debe apoyar la investigación para obtener resultados que sancionen a quienes cometen este tipo de violencia.
 Tipo de agresiones que enfrentaron los periodistasde enero a agosto de 2019 . Fuente: Monitoreo de ASOPODEHU |
De enero a agosto de 2019 suman 243 días, los cuales han sido negros para los periodistas. En ese tiempo ocurrieron 52 agresiones, por lo que si dividimos el número de días entre las agresiones, resulta que cada cinco días un periodista sufre un ataque por ejercer la profesión.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las Relatorías por la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, entre otras, han recomendado al Estado de Honduras mejoras en la libertad de expresión para la población y en especial hacia la prensa que contribuye a la democracia y hace posible en parte al acceso a la información que debe ser conocida por la sociedad hondureña.
Pero no hay avances sustanciales, al contrario se ha aprobado un nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, donde hay figuras delictivas incluidas que coartan la libertad de expresión e información.
NOS QUEDA LA MEMORIA
Es la misma convicción en esa fecha específica para Honduras, donde se conmemora el Día Nacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas, una efeméride que fue decretada por el Congreso Nacional a insistencia del Cofadeh.
En el período de Porfirio Lobo Sosa como Presidente del Legislativo fue aprobada esa ley para recordar al Estado su obligación de prevenir la desaparición forzada como práctica criminal y como política estatal. Recordarle, además, su deber de hacer justicia.
Ayer, precisamente, en el parque central de Tegucigalpa se llevó a cabo una Jornada Artística – Cultural a la memoria de aquellos hombres y mujeres sacrificados por los asesinos del batallón 3-16, esos mismos que asesoran a la Secretaría de Seguridad, a empresarios del crimen organizado y que también tienen sus propias empresas de inseguridad nacional.
En la plaza Morazán de esta capital también fue recordado el aldeano Roberto Antonio Argueta, una de las 32 personas judicializadas por oponerse a la venenosa explotación minera encima de la cuenca del río Guapinol, en la montaña Carlos Escaleras, de Tocoa, Colón.
Roberto no era un hombre con chaleco de defensor territorial ni llevaba el título peyorativo de ambientalista. Pero era un ciudadano comprometido con su entorno. Era un bravo militante de lo colectivo, de la cosa pública.
Antonio rechazaba la presencia de la explotadora de Lenir Pérez, heredero de Miguel Facussé; malquería esa empresa de tramitadores de poder duro y rudo, que se mueve como crimen organizado al amparo de políticos cachurecos y del alcalde municipal de Libre.
Este hombre de la lista de treinta y dos fue asesinado a balazos la mañana del miércoles frente al hospital San Isidro allá en Tocoa. Los hombres armados que cometieron el crimen no han sido detenidos por la policía, esa misma policía que subió furiosa a la montaña para desalojar el campamento de la dignidad en octubre del año pasado.
Contra Argueta había una orden de captura emitida por los delitos de asociación ilícita y portación de armas, como parte de la criminalización por defender los recursos ambientales, que son la codicia de los capitalistas narcos que operan desde el Congreso y los demás poderes.
El lunes 26 de agosto, siete compañeros suyos habían sido detenidos durante la audiencia de imputados, porque así quiere la asociación de mineros, el Cohep y otras asociaciones criminales del país. Los defensores del agua y de la vida fueron remitidos a la penitenciaría nacional en Támara, cerca de la capital. Otro defensor está encarcelado en la granja penal de La ceiba.
Esta memoria a Roberto Antonio Argueta justo en el Día Nacional contra la Desaparición Forzada es para que Honduras no continúe siendo conducida por los criminales, jueces sin rostro, policías y militares sin alma, ni por impostores narcotraficantes corruptos que llenan de vergüenza la Nación.
A propósito, esta misma noche estamos viendo el informe preliminar de un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, que concluyó sus entrevistas en 10 días y escribió más de 10 párrafos advirtiendo cosas interesantes a una gente de oídos sordos.
De nuevo, los expertos cometen la falta grave de hablarle a un gobierno que no existe, le piden abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en su capacidad para promover una economía justa e inclusiva.
De modo preciso el documento de Naciones Unidas afirma que todas las personas afectadas por los proyectos extractivistas, que denominan «proyectos de desarrollo», deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por las empresas, para evitar los conflictos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, ignora que la mayoría del pueblo de Honduras rechaza la existencia del gobierno al que considera dictadura y no se refiere nunca a la minería a cielo abierto como desarrollo, sino como operaciones de crimen organizado.
Al presentar un informe preliminar el jueves, una de las integrantes del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, dijo que «la mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial».
Agregó la señora Ramasastry que «el Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos».
De nuestra parte queremos decirle a doña Anita que el problema no es el déficit de consulta o la falta de participación de la comunidad en los beneficios del negocio, el problema es que la decisión de las comunidades es NO y nadie está escuchando, nadie está respetando ese veredicto, y utilizan el ejército, la policía y los sicarios del crimen organizado para atacar a las poblaciones que rechazan ese desarrollo sucio, venenoso, criminal, corrupto. E imponer su consenso a cachimbazos.
Los Expertos insistieron que «es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades”.
Al final la Sra. Ramasastry, felizmente, se sumó a la voz colectiva que exige una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción.
Bueno, mientras la burocracia internacional sigue su proceso hasta el próximo año y los años venideros, nuestro deber ¡ahora! es no olvidar a las personas desaparecidas entre 1979 y 2019, y mantener viva la exigencia por el castigo a los asesinos de Roberto Antonio Argueta, defensor del río Guapinol, que debe ser rescatado de las garras de Lenir Pérez y sus secuaces políticos de Colón.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 31 de agosto de 2019
Bertha Oliva: Modelo privatizador está trayendo despojo, desaliento, desarraigo y muerte
El COFADEH llegó en el año 2007, para verificar y acompañar la lucha de las comunidades de Zacate Grande por sus tierras, acaparadas por familias ricas y poderosas ligadas al poder económico y político del país.
presbítero Eulogio Alvarez habría recibido la orden de ocupar el cargo de Vicario en la Parroquia de Orocuina
“Llegamos desde antes de existir la Asociación para el Desarrollo de
la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y por eso nuestro reconocimiento
público, privado y en cualquier esfera a Pedro Canales, que ha llevado
su palabra y esa disposición liberadora para su comunidad, el hacía todo
un trabajo en la península, y su liderazgo salió de las comunidades de
base de la iglesia católica”, expresó Oliva.
Oliva también señaló que no debe pasar desapercibido lo que están viviendo los sacerdotes de El Triunfo, Choluteca, como es el caso de Florentino Hernández, quien hace unos días, fue suspendido de su labor pastoral, por parte del obispo Charbonneau de la Diócesis de Choluteca.
Mientras que el presbítero Eulogio Alvarez habría recibido la orden de ocupar el cargo de Vicario en la Parroquia de Orocuina. Todo indica que el obispo de Choluteca habría tomado la decisión de remover a los sacerdotes, desde el mes de diciembre de 2018, por presiones de la cúpula de la iglesia Católica y el poder económico; en vista de la decisión de ambos presbíteros de acompañar la lucha del pueblo de El Triunfo, por declarar a su municipio, libre de las extracciones mineras.
“Ahí se trata de dejar huérfano un proceso liberador que se ha desarrollado en la zona sur, específicamente en la comunidad de El Triunfo y ahí estamos, hemos tratado de interactuar con ese problema desde ya ratos, justo con el obispo de la Diócesis de Choluteca, hemos enviado varias notas y tenemos toda una documentación e información; donde nos indica que realmente ahí, se está satisfaciendo al poder económico en el sur del país, quitando arbitrariamente a los padres; porque dejar huérfana a una comunidad que cree en su pastor, es terrible lo que se genera”, advirtió la reconocida defensora de derechos humanos.
Oliva también señaló que no debe pasar desapercibido lo que están viviendo los sacerdotes de El Triunfo, Choluteca, como es el caso de Florentino Hernández, quien hace unos días, fue suspendido de su labor pastoral, por parte del obispo Charbonneau de la Diócesis de Choluteca.
Mientras que el presbítero Eulogio Alvarez habría recibido la orden de ocupar el cargo de Vicario en la Parroquia de Orocuina. Todo indica que el obispo de Choluteca habría tomado la decisión de remover a los sacerdotes, desde el mes de diciembre de 2018, por presiones de la cúpula de la iglesia Católica y el poder económico; en vista de la decisión de ambos presbíteros de acompañar la lucha del pueblo de El Triunfo, por declarar a su municipio, libre de las extracciones mineras.
“Ahí se trata de dejar huérfano un proceso liberador que se ha desarrollado en la zona sur, específicamente en la comunidad de El Triunfo y ahí estamos, hemos tratado de interactuar con ese problema desde ya ratos, justo con el obispo de la Diócesis de Choluteca, hemos enviado varias notas y tenemos toda una documentación e información; donde nos indica que realmente ahí, se está satisfaciendo al poder económico en el sur del país, quitando arbitrariamente a los padres; porque dejar huérfana a una comunidad que cree en su pastor, es terrible lo que se genera”, advirtió la reconocida defensora de derechos humanos.
Isla Exposición
Oliva también se refirió al caso del periodista Gabriel Hernández,
director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, asesinado en
Nacaome el 17 de marzo de este año y se preguntó sobre el por qué no se
investiga con prontitud, recabando la información desde el Ministerio
Público (MP), así como el caso de la agresión que sufrió en la capital,
el periodista Denis Andino del canal HCH.
El sur es una bomba de tiempo por varios factores, y ahí está clarísimo que se pretende instalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE), y nosotras estamos viendo y documentando las graves y terribles consecuencias para las comunidades, por los efectos de una serie de proyectos extractivos y de energía fotovoltáica que no brindan beneficios a los pobladores, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
En una llamada telefónica desde la zona en discusión, el defensor de los territorios de la Península de Zacate Grande, Pedro Canales, dijo que al parecer la Isla Exposición, sería el territorio hondureño destinado a la instalación de una ZEDE, lo que implica la expulsión de varias familias que han preservado durante décadas los recursos naturales de la isla.
En agosto de 2017, y sin dar mayores detalles los tribunales de Amapala le comunicaron a 18 familias que abandonaran la Isla Exposición, y que el desalojo estaba previsto para el 1 de enero de 2018.
Bertha Oliva denunció que proyectos como los fotovoltáicos, se han instalado sin consultar a las comunidades, como es el caso de Los Prados en Namasigue, Choluteca, donde se pretende instalar un parque solar. En esta comunidad, líderes comunitarios han sido criminalizados por defender las fuentes de agua y el medio ambiente.
Frente a la voracidad de grupos económicos respaldados por el actual régimen y que buscan la apropiación de todos los recursos naturales del Golfo de Fonseca, en detrimento de las comunidades pobres, no se descarta que Honduras sea blanco de “un litigio estratégico”, ante tribunales internacionales de derechos humanos, advirtió Oliva.
Estamos frente a un modelo privatizador que traerá despojo, desaliento, desarraigo y muerte entre las comunidades que habitan en la Península de Zacate Grande, y municipios más pobres de la zona sur, expresó.
Oliva condenó la brutal represión desatada por el régimen a través de las fuerzas policiales y militares y que en forma sistemáticamente se ejerce contra las movilizaciones pacíficas que se desarrollan miércoles y sábados en Choluteca y Valle, cuyas demandas son casi las mismas que las que se exponen en otros puntos del país.
Por otro lado, la Coordinadora General del COFADEH, apuntó que pese a que las protestas realizadas antes del 1 de mayo en varios puntos del país, lograron que el Congreso, dominado por el Partido Nacional, desistiera de la ratificación de los decretos de reestructuración en los sectores de Salud y Educación, se debe profundizar para desmontar el problema estructural que existe en Honduras.
“La tarea es gigantesca por parte del pueblo hondureño, hay que continuar y no hay que llenarse de triunfalismo, porque podría ser hasta una maniobra estratégica de los poderes, porque qué es lo que se observa por los momentos, que la Secretaría de Educación está pensando en sancionar a los maestros y a todos los sectores que se manifestaron en las calles, señaló Bertha Oliva.
Las poblaciones más pobres de los departamentos de Choluteca y Valle, localizadas en el sur de Honduras, son blanco del despojo de los territorios, la explotación irracional de los recursos, el acaparamiento de tierras y la mayor explotación de energía renovable llevada a cabo a niveles inimaginables, a costa de la salud y la supervivencia de las comunidades y de los recursos naturales del sector.
El sur es una bomba de tiempo por varios factores, y ahí está clarísimo que se pretende instalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE), y nosotras estamos viendo y documentando las graves y terribles consecuencias para las comunidades, por los efectos de una serie de proyectos extractivos y de energía fotovoltáica que no brindan beneficios a los pobladores, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
En una llamada telefónica desde la zona en discusión, el defensor de los territorios de la Península de Zacate Grande, Pedro Canales, dijo que al parecer la Isla Exposición, sería el territorio hondureño destinado a la instalación de una ZEDE, lo que implica la expulsión de varias familias que han preservado durante décadas los recursos naturales de la isla.
En agosto de 2017, y sin dar mayores detalles los tribunales de Amapala le comunicaron a 18 familias que abandonaran la Isla Exposición, y que el desalojo estaba previsto para el 1 de enero de 2018.
Bertha Oliva denunció que proyectos como los fotovoltáicos, se han instalado sin consultar a las comunidades, como es el caso de Los Prados en Namasigue, Choluteca, donde se pretende instalar un parque solar. En esta comunidad, líderes comunitarios han sido criminalizados por defender las fuentes de agua y el medio ambiente.
Frente a la voracidad de grupos económicos respaldados por el actual régimen y que buscan la apropiación de todos los recursos naturales del Golfo de Fonseca, en detrimento de las comunidades pobres, no se descarta que Honduras sea blanco de “un litigio estratégico”, ante tribunales internacionales de derechos humanos, advirtió Oliva.
Estamos frente a un modelo privatizador que traerá despojo, desaliento, desarraigo y muerte entre las comunidades que habitan en la Península de Zacate Grande, y municipios más pobres de la zona sur, expresó.
Oliva condenó la brutal represión desatada por el régimen a través de las fuerzas policiales y militares y que en forma sistemáticamente se ejerce contra las movilizaciones pacíficas que se desarrollan miércoles y sábados en Choluteca y Valle, cuyas demandas son casi las mismas que las que se exponen en otros puntos del país.
Por otro lado, la Coordinadora General del COFADEH, apuntó que pese a que las protestas realizadas antes del 1 de mayo en varios puntos del país, lograron que el Congreso, dominado por el Partido Nacional, desistiera de la ratificación de los decretos de reestructuración en los sectores de Salud y Educación, se debe profundizar para desmontar el problema estructural que existe en Honduras.
“La tarea es gigantesca por parte del pueblo hondureño, hay que continuar y no hay que llenarse de triunfalismo, porque podría ser hasta una maniobra estratégica de los poderes, porque qué es lo que se observa por los momentos, que la Secretaría de Educación está pensando en sancionar a los maestros y a todos los sectores que se manifestaron en las calles, señaló Bertha Oliva.
Las poblaciones más pobres de los departamentos de Choluteca y Valle, localizadas en el sur de Honduras, son blanco del despojo de los territorios, la explotación irracional de los recursos, el acaparamiento de tierras y la mayor explotación de energía renovable llevada a cabo a niveles inimaginables, a costa de la salud y la supervivencia de las comunidades y de los recursos naturales del sector.
INVESTIGACIÓN / LOS PROFETAS DE LA DICTADURA HERNÁNDEZ
- Publicado: 15 Agosto 2019
Este
valioso trabajo para la sociedad hondureña ayuda a aclarar el obscuro
escenario de la actual Honduras, realizado con la participación de 16
medios de comunicación, expone el entretejido creado por la cúpula de la
iglesia evangélica hondureña y su conexión internacional religiosa con
la Casa Blanca, afín de mantener la dictadura de Juan Hernández; a
cambio, los profetas han sido colmados con poder, negocios y favores con
dinero público. (Redacción EL LIBERTADOR)
El
titulo original de esta investigación “Transnacionales de la fe: Los
profetas del presidente”, explica el papel de la iglesia evangélica, uno
de los principales ejes en que se ha sostenido el régimen de Juan
Hernández. Que conste para la memoria histórica del pueblo hondureño y
las futuras acciones judiciales. (EL)
En
Honduras, la llegada de Capitol Ministries, una organización religiosa
patrocinada por líderes políticos en el gobierno de Donald Trump, le da
un empujón a una iglesia evangélica que ya tenía gran influencia en
diversas instituciones del Estado hondureño y ahora fortalece su poder
de decisión en la política pública y en las relaciones internacionales
con Israel.
(Foto:
La pareja presidencial, Juan Orlando Hernández y Ana García de
Hernández en la visita que le hizo en noviembre del 2018 el pastor Ralph
Drollinger, fundador de Capitol Ministries en Estados Unidos y su
esposa Danielle Drollinger. Foto archivo: Capitol Ministries).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
CONTRACORRIENTE
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Silva, Martín Cálix y Vienna Herrera
Edición y montaje: Jennifer Avila
El
8 de noviembre de 2018, en el Salón de los Retratos del Congreso
Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz oficializó la
llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo.- Capitol
Ministries es una organización religiosa fundamentalista que se dedica a
impartir estudios bíblicos en congresos y capitolios de 60 países en el
mundo, teniendo su principal sede y patrocinio en la Casa Blanca. Allí,
su fundador el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a
figuras del alto gobierno estadounidense, como el vicepresidente Mike
Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo.
Miguel
Muñoz fue elegido por Drollinger como representante de la organización
en Honduras después de las elecciones de 2017, las mismas que dieron
como resultado la reelección del actual presidente Juan Orlando
Hernández, quien violentó el artículo 4 de la Constitución hondureña que
manda la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Después
de la reunión con el fundador de la organización y la crisis política
dada en Honduras a raíz de la reelección inconstitucional, Muñoz se tomó
algunos meses de pláticas con diputados y finalmente logró pactar el
inicio oficial del grupo de estudio bíblico para el 8 de noviembre de
2018.
«Fue
mi interés que fuera en ese salón porque entre los retratados está mi
bisabuelo que fue presidente del Congreso Nacional hace muchos años»,
dice Muñoz en una entrevista otorgada a Contracorriente y Columbia
Journalism Investigations (CJI) de la Universidad de Columbia. Su
bisabuelo, Plutarco Muñoz, fue titular del Poder Legislativo entre 1939 y
1948 y fue uno de los tres encargados de redactar la reforma al
artículo constitucional que permitió la dictadura militar de Tiburcio
Carías Andino. Ahora su descendiente es el embajador en el país de una
organización que se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a
partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la
población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
los derechos de los migrantes.
(Foto:
Ralph Drollinger hablando con diputados del Congreso Nacional en el
lanzamiento oficial de Capitol Minsitries en Honduras. Archivo: Capitol
Ministries).
El
día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron presentes al
menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido
el presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes
dieron discursos repletos de referencias bíblicas. Junto a los
gobernantes estaban el representante latinoamericano de la organización,
el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto Solórzano y Roy
Santos, quienes acompañaron la llegada de CM. Este respaldo
internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del
Estado.
******
«Estar
en Capitol Ministries y conocer la visión que Dios tiene nos sirve para
reflexionar —asegura el diputado del Partido Nacional, Manuel Márquez—
cuando tenemos una ley enfrente ya no solo pensamos en política sino que
pensamos a la luz de la palabra de Dios».
Márquez
es diputado por el departamento de Intibucá y ha sido miembro de las
comisiones de la nueva Ley Electoral, Ley de Armas y Ley de Enmiendas al
Tribunal Superior de Cuentas. Ahora asegura que, desde que asisten cada
15 días a los estudios bíblicos de Capitol Ministries, la forma en que
legislan está «evolucionando» y que ahora toman decisiones según las
enseñanzas de la Biblia.
En
ese sentido asegura que la Biblia resume predicaciones de «hombres y
mujeres de Dios» a políticos de la historia que fueron influenciados por
sus palabras. Asegura que aunque dentro del estudio no se tratan temas
como el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos,
cuando presentan una propuesta en el Congreso, ahora buscan agradar
primeramente a Dios, buscando lo que dice la Biblia acerca del tema.
Aunque Muñoz asegura que la premisa principal del estudio es enseñar que los cristianos han sido constituidos «como sal de la tierra y luz del mundo» y que el primer compromiso es sustentar principios bíblicos y valores en la vida personal, reconoce que hay un momento en que se empieza a trabajar para que los legisladores coloquen a la Biblia como una fuente confiable de argumentos.
Aunque Muñoz asegura que la premisa principal del estudio es enseñar que los cristianos han sido constituidos «como sal de la tierra y luz del mundo» y que el primer compromiso es sustentar principios bíblicos y valores en la vida personal, reconoce que hay un momento en que se empieza a trabajar para que los legisladores coloquen a la Biblia como una fuente confiable de argumentos.
(Foto:
Primer estudio bíblico de Capitol Ministries realizado en el Congreso
Nacional el 7 de septiembre del 2018, antes del lanzamiento oficial de
la organización en noviembre de ese año. Archivo: Capitol Ministries).
Sobre
estos temas Muñoz dice que «la iglesia se opondría en general pero en
ningún momento es un tema particular de ataque dentro de las reuniones».
Uno
de los estudios bíblicos elaborados por Drollinger cita, en su
traducción al español, que «legalizar las ceremonias del mismo sexo en
cualquier Estado es un asunto muy serio a los ojos de Dios, y a la luz
de Génesis 19, tal pensamiento progresista eventualmente evoca su ira».-
Esto es parte del discurso en contra de lo que llaman «ideología de
género» que Capitol Ministries imparte en muchos congresos de
Latinoamérica, no necesariamente por la efectividad de su discurso sino
por el patrocinio de políticos y líderes evangélicos del gobierno de
Donald Trump.
Las
investigaciones realizadas por Columbia Journalism Investigations
(CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y
15 medios de investigación latinoamericanos, incluido Contracorriente,
indican que el ministerio de Ralph Drollinger ascendió rápidamente a
partir de la llegada de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados
Unidos.
Ese
vínculo con la presidencia de los Estados Unidos ha facilitado el
acceso de Capitol Ministries a gobernantes de diversos países de
Latinoamérica. Ese es el caso de Juan Orlando Hernández, quien en junio
de 2018 se reunió con Mike Pence y Mike Pompeo, con el objetivo de
tratar los temas migratorios de ese momento que incluían la separación
de las familias en las frontera y la cancelación del Estatus de
Protección Temporal (TPS). Pero además, según un comunicado emitido por
Capitol Ministries, los funcionarios de Trump aprovecharon esas
reuniones para convencer al presidente hondureño de que trajera el
ministerio al país.
Según
ese mismo comunicado, Juan Orlando Hernández dijo después de esa
reunión que «estaba impresionado con la forma en que sus principios y
valores bíblicos se fortalecen a través del estudio bíblico de Capitol
Ministries», por lo que pidió tener un estudio idéntico para su
gobierno.
El
testimonio de Roy Santos, un pastor evangélico muy cercano a la pareja
presidencial, asegura que él mismo había comenzado a crear un enlace
entre «el licenciado Mike», como llama a Miguel Muñoz, y el secretario
del Congreso Nacional Tomás Zambrano.
«Cuando
yo me presenté la primera vez fue con el diputado Tomás Zambrano, que
es el secretario del Congreso, y en una segunda visita se invitó al
diputado Wilmer Velásquez y al diputado Marcos Velásquez. Esto fue en
abril del año pasado. Capitol Ministries me pidió que iniciara estos
acercamientos desde hace casi dos años», asegura de su parte Muñoz.
En
ese mismo periodo de tiempo, en mayo de 2018, el diputado Zambrano fue
acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la
Corrupción (UFECIC) de presuntamente cometer los delitos de
falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la
forma de Gobierno.
(Foto:
Hombres y mujeres de todas las edades cantan y bailan en el evento
organizado por la iglesia del Pastor Roy Santos en el Hotel Copantl de
San Pedro Sula donde asistieron como invitados el diputado nacionalista
Tomas Zambrano y el pastor Mario Bramnick, consejero evangélico de
Donald Trump. Archivo: Fernando Silva).
Contracorriente
solicitó durante seis meses, en reiteradas ocasiones, una entrevista
con los diputados Zambrano y Velásquez para preguntar sobre su relación
con Capitol Ministries, sin obtener respuesta concreta alguna.
Durante
un congreso organizado por la iglesia de Roy Santos, el diputado
Zambrano pasó al escenario principal entre aplausos de la feligresía
evangélica a dar un discurso en el que en un tono muy similar a la
prédica de un ministro religioso dijo que «en el Congreso Dios ha
empezado a trabajar de una manera sobrenatural (…), está cumpliendo
palabras proféticas que dio el apóstol y otros profetas de que Dios iba a
trabajar con las personas que estuvieran gobernando el país».
Cuatro
meses después de la primera reunión entre Muñoz y Zambrano, Ralph
Drollinger se reunió en Casa Presidencial con Juan Orlando Hernández y
la primera dama Ana García Carías para presentarles la organización.
(Foto:
Tomas Zambrano, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional,
en la inauguración de Capitol Ministries el 8 de noviembre del 2018.
Archivo: Capitol Ministries).
A
pesar de que esta organización se encuentra operando oficialmente en
Honduras desde noviembre de 2018, no hay comprobante de inscripción en
la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones
Civiles (DIRRSAC) por lo que no han reportado ninguna de sus
actividades. Esto a pesar de que Capitol Ministries en Estados Unidos
envía recursos económicos para suplir los gastos logísticos en los que
incurre el estudio bíblico, según asegura el propio Muñoz.
La
DIRRSAC es una unidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), encargada de
desarrollar un registro y dar seguimiento a toda asociación, institución
u organización para que cumplan con los fines y objetivos para los
cuales fueron constituidas y autorizadas.
Por
este registro deben pasar organizaciones no gubernamentales de carácter
nacional, juntas comunitarias, iglesias y organizaciones constituidas
en el extranjero. Según documentos oficiales otorgados por la unidad de
transparencia de esta secretaría, hasta el momento CM no ha realizado el
trámite legal correspondiente.
El
secretario de Estado para esta instancia es el ingeniero Héctor Leonel
Ayala, quien según el pastor Muñoz, es un amigo de la infancia y
actualmente asiste a la misma iglesia.
—Nosotros no tenemos ningún beneficio en el asunto económico.
Responde Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), al preguntarle cuál es el beneficio de tener a diputados y secretarios de Estado abiertamente evangélicos.
Responde Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), al preguntarle cuál es el beneficio de tener a diputados y secretarios de Estado abiertamente evangélicos.
Canales
es pastor del Centro Evangélico Cuadrangular de la quinta avenida de
Comayagüela en la capital del país y dirige por segunda vez la
organización más representativa de la iglesia evangélica en Honduras. La
última vez que había estado en ese cargo fue en 2009 cuando cerraba su
gestión y en Honduras se dio el golpe de Estado que derrocó a Manuel
Zelaya Rosales.
Canales
dice que integra aproximadamente veinte comisiones gubernamentales y no
gubernamentales, pero solo menciona dos: la Comisión de Salud que se
derogó vía decreto ejecutivo hace algunas semanas y la comisión del
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de la cual dice que hace parte
porque «queremos transparencia».
(Foto:
El pastor Oswaldo Canales, actual presidente de la Confraternidad
Evangélica de Honduras, fue investigado por el Tribunal Superior de
Cuentas por haber recibido 750 mil lempiras entre 2011 y 2012 como parte
de un contrato como asesor de un programa de la Secretaría del Interior
y Población (SEIP). Archivo: Vienna Herrera).
En
una investigación especial realizada en 2014 por el Tribunal Superior
de Cuentas (TSC) se indica que entre noviembre de 2011 y diciembre de
2012, el pastor Canales recibió un pago mensual de 50 mil lempiras como
parte de un contrato como Asesor para la Elaboración de Políticas
Públicas y Descentralización, parte del Programa de Apoyo a la
Descentralización en Honduras (PROADES). En total se le pagaron 750 mil
lempiras ($30 mil dólares). Según el informe, no presentó evidencia
alguna de su trabajo ni registro del cumplimiento de las horas
estipuladas en el contrato. PROADES fue un programa financiado por la
Unión Europea y adscrito a la Secretaría del Interior y Población
(SEIP).
Sumado
a eso, en el contrato firmado entre Oswaldo Canales y Carlos Áfrico
Madrid, en ese entonces titular de dicha secretaría, se establece que el
pastor es abogado, pero la investigación del TSC encontró que en el
pago del mes de noviembre de 2011 se le titula como licenciado en
Ciencias Comerciales egresado de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM).
El
informe indica que posteriormente se comprobó que Canales no es
egresado de Ciencias Comerciales y solo logró aprobar tres clases en
1983 dentro de la carrera de Profesorado de Educación Media en Educación
Comercial.
Además,
hasta 2018 Canales tenía un reporte de la Secretaría de Finanzas que lo
mantenía como un usuario bloqueado debido a la omisión de la
declaración de renta en 2012, el mismo año en el que ganó 700 mil
lempiras con un contrato del Estado.
El
informe de investigación especial fue entregado en noviembre de 2017 a
Leonel Ayala, Secretario de Estado y militante evangélico, quien hasta
el momento no se ha pronunciado sobre el caso. Contracorriente entregó
una carta solicitando una entrevista con Ayala pero una oficial de
comunicación de dicha secretaría dijo que «el ministro pasa muy ocupado»
y no entregó ninguna respuesta oficial.
En
el informe de la investigación del TSC, Canales dijo que su trabajo
solo era dar asesoramiento al ministro por lo que no se le requería la
presentación de informes mensuales.
Por
otra parte, en 2018 Canales firmó como representante de la
Confraternidad Evangélica de Honduras un convenio marco de cooperación y
asistencia técnica con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS), que no se ha hecho público. Entre los objetivos del convenio
está: «beneficiar a la población en condiciones de pobreza, extrema
pobreza identificada por los miembros de la confraternidad», así como el
establecimiento de relaciones de cooperación entre la institución del
Estado y la organización religiosa.
Según
Yoni Arias, oficial de Acceso a la Información Pública de esa
secretaría, el convenio firmado entre los pastores Oswaldo Canales,
Alberto Solórzano y el ministro Reynaldo Sánchez, implica un trabajo de
veeduría para que los programas sociales del gobierno lleguen a la
población y no el manejo de fondos para la ejecución de dichos
programas.
«Dentro
del mismo convenio se establece que cualquier proyecto de ejecución de
asistencia social a las comunidades donde están las iglesias debe ser
guiado a través de la junta directiva de la confraternidad», explica
Arias sobre el convenio 178-SEDIS-2018.
A
partir de ese convenio se centralizan las solicitudes que puedan hacer
las iglesias para ayudar a las comunidades. Solamente organizaciones que
estén dentro de los más de 380 miembros de la asamblea de la CEH podrán
acceder al beneficio con facilidad. Las iglesias fuera de esta
organización tienen la opción de llevar un proceso mucho más largo o
afiliarse a la Confraternidad Evangélica de Honduras por 3 mil lempiras
anuales.
A
raíz de ese convenio la doctora Reyna Durón renunció como vocal de la
CEH y apuntó en una carta dirigida a la junta directiva que la
organización «no tiene la capacidad ni los recursos para vigilancia de
la transparencia que un convenio así requiere».
La
doctora Durón es médico especialista y dirige la Dirección de
Investigación Científica de la Universidad Tecnológica Centroamericana
(UNITEC). Asumió el cargo de vocal de la CEH en mayo de 2018 como parte
de la Fundación Lucas para la Salud, una iniciativa de acceso a la salud
con principios evangélicos.
Apunta
que «al firmarse ese convenio, el pastor Oswaldo cometió un acto de
autoritarismo y abuso a sus atribuciones ya que la decisión de firmar no
fue consultada a la asamblea ni a la directiva de la confraternidad».
«No necesitamos los cristianos firmar convenios para que el Estado
ayude en programas sociales, es deber del Estado ayudar al pueblo»,
afirma Durón, y agrega que la Constitución deja claro que debe haber
separación entre el Estado y la iglesia.
Cuando
se le pregunta a Yoni Arias de SEDIS sobre las implicaciones del
mandato de Estado laico en este convenio, guarda silencio durante
algunos segundos, traga saliva y responde que «el objetivo principal es
promover las políticas de inclusión, sí existe la ley laica, pero
nosotros hemos incluido a la Confraternidad porque consideramos puede
ser de apoyo».
«Honestamente no le podría decir qué consecuencias legales podría tener esto», finaliza Arias.
«Honestamente no le podría decir qué consecuencias legales podría tener esto», finaliza Arias.
La
«ley laica» a la que se refiere Arias es el artículo 77 de la
Constitución de la República que define que «Los ministros de las
diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o
valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del
pueblo».
(Foto:
Durante los eventos religiosos del Centro Cristiano Internacional, la
oración es fundamental para la unidad de los feligreses. Archivo: Martín
Cálix).
La
abogada Tirza Flores, abogada y magistrada en la ciudad de San Pedro
Sula, dice que los principios de igualdad de derechos y no
discriminación se están violentando a través de este tipo de acuerdos en
los que se prioriza a un grupo religioso para que reciba beneficios del
Estado.
En
ese sentido el pastor Canales afirma que participar de convenios y
estar en comisiones de gobierno no es una violación al Estado laico y
dice que «hay que definir bien qué es el Estado laico, el Estado laico
es el gobierno, los hondureños tenemos libertad y la Constitución misma
dice que nosotros podemos elegir y ser electos. La iglesia participa sin
ningún interés y pagamos el precio de la crítica y el cuestionamiento».
Sobre
la participación de pastores en comisiones gubernamentales, afirma que
«si el pastor tiene el talento para ir a una comisión puede hacerlo,
pero no a nombre de la confraternidad y aunque no le paguen debe
renunciar a su cargo porque se va a convertir en un funcionario del
gobierno».
En
agosto de 2018 el pastor Oswaldo Canales fue anunciado por el
presidente Juan Orlando Hernández como miembro de la Comisión Especial
de Transformación del Sector Salud. Esta inclusión de un ministro
evangélico en comisiones del Estado se sumaba a las participaciones del
pastor Alberto Solórzano en la Comisión Depuradora de la Policía
Nacional y la Comisión para la Transformación del Sector Educativo.
La
doctora Durón asegura que «los dos pastores aceptaron estar en
comisiones de transformación nombrados por el presidente sin ser
autorizados y, aunque dicen que aceptaron a título personal, terminan
hablando a nombre de la organización. Ese es un abuso de autoridad».
Diversos sectores de la sociedad se han opuesto a la participación de
estos ministros evangélicos en comisiones del Estado. Entre las
organizaciones que se han pronunciado está la Red Lésbica Cattrachas,
que en diciembre de 2018 interpuso una acción constitucional de amparo
contra el presidente Juan Orlando Hernández por el nombramiento del
pastor Alberto Solórzano.
Solórzano
es pastor evangélico del Centro Cristiano Internacional (CCI), una de
las congregaciones más grandes del país que además cuenta con 512
sucursales en todo el mundo y fue presidente de la Confraternidad
Evangélica de Honduras entre 2010 y 2018.
El
recurso de amparo presentado por la organización de defensa de derechos
humanos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia cita que «el nombramiento de un ministro religioso en una
comisión sobre educación pública vulnera principios y derechos
fundamentales garantizados por la Constitución de la República y los
tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, que
garantizan la libertad de religión, la igualdad ante la ley y el
principio del Estado laico —corolario de la libertad religiosa— que debe
guiar todas las actuaciones de las autoridades de gobierno».
El
recurso también apunta que la distancia entre el Estado y la iglesia
hace que no exista lugar a confusiones en las que el Estado asuma
funciones de las confesiones religiosas y viceversa.
Por
su lado, Solórzano dice que «el tema del laicismo es un tema que ya
deberían cambiar un poco porque es un argumento gastado».
Solórzano le dio una entrevista a Contracorriente en su oficina del CCI, un lugar con muchos relojes y reconocimientos colgados en la pared, algunos por su colaboración en actividades gubernamentales.
Solórzano le dio una entrevista a Contracorriente en su oficina del CCI, un lugar con muchos relojes y reconocimientos colgados en la pared, algunos por su colaboración en actividades gubernamentales.
(Foto:
Alberto Solórzano, líder religioso del Centro Cristiano Internacional y
miembro de la Junta Depuradora de la Policía Nacional, en su oficina.
Archivo: Martín Cálix).
Para
Solórzano, el acercarse al gobierno no es acercarse a un partido
político ni violentar el territorio laico. Dice que hay un derecho
asumido a partir de que la población de Honduras en su mayoría es
cristiana y esa población es la que elige a los que gobiernan.
Según
estadísticas de la organización Pew Research Center, en 2014 un 41 por
ciento de la población era evangélica, el mayor porcentaje de
evangélicos en Latinoamérica al igual que Guatemala. Según proyecciones
de la Confraternidad Evangélica de Honduras, en 2016 ya llegaban al 48
por ciento y superaban a los feligreses católicos.
Sobre
la toma de decisiones siguiendo principios religiosos, Solórzano dice
que «la aspiración de quienes elegimos no es que los políticos cuando ya
están gobernando tomen decisiones en contra de los principios que
nosotros tenemos. Al contrario, por las convicciones que la gente tiene,
busca que a la hora de gobernar lo hagan basados en los principios
religiosos».
(Foto: Una pareja se abraza y llora durante una oración en el Centro Cristiano Internacional. Archivo: Martín Cálix).
Según Solórzano, «la iglesia busca esos espacios porque allí se toman
decisiones que nos van a afectar como ciudadanos, de dónde se paga la
educación de este país, de los impuestos que nosotros pagamos entonces
nosotros tenemos el derecho de solicitar que a la hora de educar se
eduque correctamente según nuestras convicciones».
«Nosotros
hemos visto venir esos temas desde hace tiempo atrás y nos movemos
obviamente para estar en esos ambientes», finaliza el ministro
evangélico.
La abogada Flores dice que esta influencia produce que el Estado sea autoritario, excluyente e incluso discriminativo.
“El
objetivo principal del estado es garantizar el goce de derechos y
establece que el fin supremo del estado es la persona humana y no la
persona humana que pertenece a la iglesia evangélica, si el estado es
así no puede ser controlado por una determinada religión o ideología”,
apunta.
Según
explica la abogada, para garantizar la libertad de religiones y cultos,
el artículo 77 de la Constitución dice expresamente que los ministros
de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer
propaganda política valiéndose como medio de las creencias religiosas
del pueblo; sin embrago, si el propósito fundamental es influir al
Estado con la religión, se violenta totalmente ese principio.
La
doctora Durón explica que «algunos creen que la ganancia de estar cerca
del poder es detener al izquierdismo, detener al comunismo, evitar el
matrimonio gay y evitar el aborto. Muchos evangélicos creen que apoyando
partidos o políticos de derecha que supuestamente defienden la familia y
la vida esa es una buena incidencia. No se puede irrespetar la
separación iglesia-Estado».
Las
comisiones de transformación del sector salud y educación fueron
derogadas en junio de este año a raíz de una serie de manifestaciones de
los gremios médico y magisterial, que las acusaban de estar llevando un
proceso de privatización a esos sectores.
Sumado
a la inclusión de estos pastores en el gobierno, según la doctora Durón
«hay testimonios de muchos eventos que han sido pagados con fondos del
gobierno, del Congreso Nacional y de la Presidencia. Les tocan el ego
del poder, la tentación de poder es algo que vence a muchos».
NOTA:
Este
reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una
colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de
Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios
latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER
(Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info
(Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario
Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública
(Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación
Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
Fortuna de pastor de la Luz del Mundo supera los 7 millones de dólares
La fortuna de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo asciende a 7.3 millones de dólares y se ubican en al menos tres estados de la Unión Americana: entre los bienes hay mansiones, ranchos y jets entre sus riquezasTomado de: Infobae
La fortuna, en propiedades, de la familia que está en la dirigencia de la Iglesia La Luz del Mundo asciende a 7.3 millones de dólares y se ubican en al menos tres estados de la Unión Americana.
Diez de los inmuebles que poseen el líder de La Luz del Mundo y su familia pertenecen a los nietos del fundador de esta congregación evangélica, según reporta Univisión.
Otras seis casas son propiedad del actual líder Naasón Joaquín García, que se encuentra preso en una cárcel de Los Ángeles, en los Estados Unidos, acusado de abuso sexual a menores, entre otros delitos; valoradas en 2.17 millones de dólares. Y sus hermanos son dueños de una extensa finca cerca de San Antonio, Texas, con zoológico incluido, además de una residencia frente al mar.
La defensa del llamado «Apóstol de Jesucristo» ha dicho que él es un hombre humilde, director internacional de la congregación que recibe un salario por los servicios prestados a la Iglesia, pero la fiscalía general de California ha advertido que su estilo de vida no corresponde a los dichos de sus abogados. Sus millonarias propiedades tampoco sustentan eses argumento.
Fuente: Registros públicos de la propiedad en EEUU / UNIVISION
La fiscalía asegura que dentro de las
excentricidades de Naasón Joaquín García acostumbraba, está viajar en
jets privados y gasta a manos llenas miles de dólares en tiendas de
Beverly Hills.Uno de los agentes encargado de revisar el celular del líder de La Luz del Mundo, dijo que estuvo interesado en artículos «extremadamente lujosos» y que son «inalcanzables para la mayoría de las personas», como yates, relojes costosos y aviones. La dependencia a un no ha detallado por completo lo que encontró en el móvil.
Sus hermanos, por su parte, tienen un enorme rancho en Texas que vale 4.1 millones de dólares y una residencia frente al mar valorada en 843,000 dólares en una adinerada comunidad costera en el condado de Los Ángeles.
Si se hace la suma del valor de todas las propiedades de los Joaquín, tan solo en EEUU, esta familia tendría una fortuna de al menos 7.3 millones de dólares.
Sin embargo, la familia dirigente de la Luz de Mundo nunca ha explicado de manera contundente de donde obtiene el dinero, tanto para la Iglesia como para las adquirir estas lujosas propiedades de los Joaquín.
Al momento se desconoce el origen de la riqueza de los hijos del exdirigente de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. La mayoría de ellos son ministros de esta iglesia, pues esta familia lleva 93 años heredándose el control de la congregación evangélica, fundada por el abuelo Aarón Joaquín en Guadalajara, en el oeste de México.
En los títulos de propiedad de las viviendas aparece con nombres distintos: Naasón Joaquín y Naasón M. Joaquín. En este último se incluye la inicial de su segundo nombre, Merari.
Podría tratarse de un error no intencional, pero los investigadores aseguran que tras su arresto el pasado 3 de junio encontraron dos identificaciones de California falsas en las cuales el pastor tenía nombres diferentes.
La casa más lujosa se ubica en un tranquilo vecindario de Houston, Brae Burns Acres. Tiene cuatro habitaciones, dos baos y cuesta más de 690.000 dólares. Está fincada sobre un terreno de 16,000 pies cuadrados. La casa se construyó en 1950 y se remodeló en 1995, de acuerdo con información de la Oficina del Tasador del condado de Harris.
Otra de las propiedades de Joaquín García, no muy lejos de ahí, tiene tres habitaciones y baños, su precio se estima en 351.000 dólares. Se encuentra en la cuadra 8200 de Wateka Dr, que es el mismo domicilio que el pastor proporcionó en trámites inmobiliarios relacionados con otra vivienda suya en Kissimmee, Florida, que tiene un valor de 76,000 dólares y se encuentra no muy lejos del parque Disney World.
Una semana antes de su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), el líder religioso vendió esa última propiedad por solo 100 dólares a un templo de La Luz del Mundo en Orlando.
En la transacción con fecha del 27 de mayo de 2019 se indica que la institución le confió adquirir la casa en su nombre en 1991 para luego entregar el título a la iglesia.
Lo anterior contradice lo que, tanto sus abogados como los voceros de la Luz del Mundo, han repetido constantemente: «Las finanzas de la iglesia están completamente separadas de nuestro cliente. Es un empleado asalariado», declararon en la audiencia del pasado 21 de junio.
«Él no tiene autoridad directa para ordenar el movimiento de dinero en absoluto», agregó el litigante.
En una de las casas propiedad de Naasón Joaquín, valuada en más de 842.000 dólares, cuenta con tres niveles, cuatro habitaciones y siete baños, según información que la Oficina del Registro Público de la Propiedad del condado de Los Ángeles, en esa residencia, donde solía quedarse, se confiscaron varios dispositivos móviles del líder de la Iglesia, así como de sus dos presuntas cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca.
Justo detrás de esa vivienda, en la calle Dangler, se encuentra otra residencia de color café oscuro. En algún tiempo su garaje tenía las iniciales NJG, por Naasón Joaquín García. La construyeron en 2007 y vale más de 665,000 dólares. Su dueño, José Coronado es uno de los tesoreros de la Luz del Mundo.
Joaquín García también es dueño de tres casas que se encuentran en esa misma zona, en la calle Dangler y la avenida Arizona; y ahí también tienen una vivienda sus hermanas Rahel y Betsabé Joaquín.
En la avenida Arizona se localiza otra inversión inmobiliaria de Joaquín García. La adquirió por 216,000 dólares en el año 2000 y ahora su costo es de casi 290,000 dólares.
A unos pasos de ahí, el también llamado ‘Siervo de Dios’ fue propietario de una casa de cinco cuartos y dos baños. Solo fue su dueño durante 45 días: el 5 de agosto de 1994 la compró por 170,000 dólares a un hombre llamado Alex Rodríguez y el 19 de septiembre de ese año la vendió por $171,811 a la misma persona.
Crédito: Isaías Alvarado/ Univision
Una excéntrica y ostentosa casa en
Palos Verdes Estates, una adinerada comunidad costera en Los Ángeles
donde el 77% de sus habitantes son blancos, con una privilegiada vista
al mar, es propiedad de los hermanos Benjamín y Uzziel G. Joaquín, ambos
pastores de La Luz del Mundo.La compraron en 1992 por casi 540,000 dólares y su precio ha ido en aumento acorde con el elevado costo del mercado inmobiliario en esa zona. El precio de la casa se estima en 843,000 dólares. Según fuentes cercanas a la Iglesia afirman que el «Apóstol de Cristo» frecuentaba el lugar cuando quería relajarse.
Benjamín, el hijo mayor de Samuel Joaquín Flores y quien ha sido ministro en Texas y Carolina del Norte, también es dueño de un rancho de enorme extensión en donde además de una lujosa residencia, tiene un zoológico y está valuado en 4.1 millones de dólares.
Los voceros y los abogados de Joaquín han reiterado en múltiples ocasiones que el financiamiento de La Luz del Mundo es gracias a las donaciones de los fieles, aclarando que nadie está obligado a dar, esta ayuda es voluntaria, según han explicado.
Pero según la fiscalía de Los Ángeles el líder de la Iglesia llegó en jet privado a principios de junio, cuando fue apresado por agentes aduanales. Las autoridades creen que su fortuna es incluso más grande a la relacionada con sus propiedades en EEUU.
La dependencia no ha querido dar mucha información de lo que ha ido encontrando con las investigaciones, solo ha dado a cuenta gotas detalles de cómo es el estilo de vida de Naasón Joaquín.
Lo que se sabe es lo que la fiscal estatal Amanda G. Plisner reveló en una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de junio: que Joaquín García llegó en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles cuando lo arrestaron. «El acusado García viaja muy seguido, sino es que únicamente, en avión privado», aseguró.
Plisner reveló que la policía descubrió 200.000 dólares en efectivo y oro al catar una de las viviendas de Joaquín García, también dijo que de acuerdo a los datos de las agencias del orden que el acusado gastó 100,000 dólares en efectivo un solo día en compras en Beverly Hills el año pasado.
El agente estatal Steven Stover, quien forma parte de un equipo especial que investiga casos de narcotráfico y de alto perfil, compareció en la audiencia del 15 de julio y dijo que en el iPhone del acusado encontraron conversaciones en las que se refería a cajas de seguridad donde guardaba euros, oro y sumas «de más de 10,000 dólares».
Stover señaló que en el celular quedaron rastros de búsquedas que realizó de artic «Hubo un historial de búsqueda de artículos extremadamente lujosos y de alta gama que consideraría inalcanzables para la mayoría de las personas: yates, jets privados, relojes extremadamente lujosos, simplemente artículos muy lujosos», detalló el policía estatal.
«Hemos sometido los estados financieros de nuestro cliente. Esto es especulación», dijo uno de los abogados del líder religioso e interrumpió la declaración del agente.
Otro de los policías que participó en los cateos a la residencia de Joaquín García, relató que también descubrieron una bolsa de plástico de seis pulgadas llena de oro y joyas.
En un reporte que el banco Wells Fargo envió a un agente estatal, por reporte de «actividad sospechosa», informó que tan solo en una semana del mes de junio, el líder de La Luz del Mundo recibió 5 millones de dólares provenientes de 90 transacciones realizadas en distintos estados de EEUU. La colecta fue para pagar la fianza que en ese entonces le habían impuesto las autoridades estadounidenses.
Anticipando ese apoyo financiero que le daría su iglesia, la Fiscalía le pidió al juez David Fields que le negara a Joaquín García el derecho a una fianza. El magistrado concedió la moción el 16 de julio, avalando la advertencia de que el acusado es «un peligro para cientos de niñas» y podía fugarse en su avión privado a un país que no realice extradiciones.
