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Univision: La ‘caja de Pandora’ de la corrupción en Honduras

Por Libertad Digital

Publicado el 6 Agosto, 2019

Una investigación de Univisión Noticias muestra una malversación sistemática de fondos públicos por parte de políticos que utilizan organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero, implicando a altos funcionarios, entre ellos, miembros de la familia del presidente Juan Orlando Hernández.
Una vasta trama de corrupción en Honduras que involucra la malversación de fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro fantasmas y un fondo reservado controlado por la presidencia, está vinculada a decenas de organizaciones sin fines de lucro y al menos 176 políticos, según documentos judiciales y fuentes familiarizadas con una amplia investigación realizada por fiscales anticorrupción.
Los documentos oficiales y los registros judiciales que Univision revisó vinculan a los políticos con una red de al menos 53 organizaciones sin fines de lucro que recibieron más de 70 millones de dólares en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.
Los documentos indican que el alcance total de la trama podría implicar a decenas más de organizaciones sin fines de lucro, hasta a 360 diputados y exdiputados y quizás cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.
Adicionalmente, un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas directamente a la familia del presidente Juan Orlando Hernández se encuentran entre los objetivos investigados por fiscales especiales anticorrupción. La mayoría de los fondos involucrados en las tramas de corrupción investigadas por Univisión recibieron autorización de la oficina de Hernández, según la correspondencia entre los diputados y la presidencia.
El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.
Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.
Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español, luego de que expire su mandato en enero.
Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.
El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. “El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción”, según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.
Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos “históricos” para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos “que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo”.
Clientelismo político al estilo hondureño
La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.
“Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto”, dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.
El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.
Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.
Para 2010, las organizaciones de la sociedad civil habían detectado flagrantes irregularidades en la gestión del fondo. Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.
Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.
Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado “acopiadores”, que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.
Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.
Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.
En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.
Castellanos se declaró inocente y se está defendiendo enérgicamente contra las acusaciones en el tribunal.
Una red de corrupción más amplia
Univision pudo establecer vínculos entre Castellanos y al menos 22 de las 24 organizaciones de la red, según los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Las organizaciones sin fines de lucro involucradas en la trama recibieron fondos para proyectos que a menudo tenían poco o nada que ver con sus misiones declaradas. Las organizaciones dedicadas al desarrollo juvenil proporcionaron servicios de fumigación. Otra, cuya misión era proporcionar sillas de ruedas a los discapacitados, también recibió fondos para construir ataúdes para los pobres.
Univision intentó visitar las oficinas de muchas de estas organizaciones, pero no encontró ni rastro de ellas. Otras se alojaban en pequeñas oficinas que eran sede de numerosas organizaciones. En una, un hombre que admitió haber administrado al menos seis organizaciones sin fines de lucro junto con su esposa negó cualquier delito y dijo que sus intenciones eran caritativas. La operación de múltiples organizaciones sin fines de lucro les permitió ejecutar más proyectos, explicó.
“El dinero sale del erario para una ONG, para hacer una obra o prestar un servicio comunitario”, dijo Luiz Marrey, exjefe de la MACCIH, refiriéndose a los casos involucrados en la red de Castellanos. “La ONG lo deposita en las cuentas de los diputados o de otras personas para su utilización personal. Algunas veces para la actividad política, otras veces para el bolsillo, pero la gravedad es la misma”.
Las acusaciones que involucran a las dos organizaciones sin fines de lucro muestran que del 80% al 90% de los fondos que recibieron se depositaron más tarde en las cuentas personales de 15 diputados o miembros de sus familias y luego se utilizaron para pagar préstamos, tarjetas de crédito y otros gastos personales.
‘Actividades sospechosas’
La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.
Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.
Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.
López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños “contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción”.
López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.
Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.
Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.
Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.
Lazos de familia
En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.
“El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo”, dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.
En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía “una pulpería particular con un enorme presupuesto” en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.
“Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente”, fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.
Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el desarrollo Integral de Honduras), que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.
La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.
A pesar de las numerosas acusaciones públicas de corrupción y conflictos de intereses que han perseguido a la FUNDEIH en los medios locales hondureños desde 2006, una representante de la organización, Marjorie Antúnez, negó tener conocimiento de las acusaciones, así como cualquier irregularidad.
Todos los fondos estatales recibidos por la FUNDEIH se invirtieron en proyectos sociales y ha beneficiado a más de 400,000 hogares, dijo Antúnez en un comunicado a Univision. “Las personas beneficiarias de los proyectos, en su totalidad han sido de escasos recursos”, agregó, enfatizando la transparencia de los proyectos que estaban sujetos a un proceso rutinario de auditoria. ” No tenemos conocimiento que la FUNDEIH esté siendo investigada por actos de corrupción y tampoco existe justificación alguna para que se haga,” agrego.
Luego de ganar las elecciones, Hernández transfirió el control del fondo al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, muchas de las organizaciones no lucrativas involucradas en la trama en el congreso encontraron nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo el emblemático programa de bienestar social del presidente, llamado Vida Mejor, y un fondo de contingencia al que comúnmente se hace referencia como el programa ‘449’ por su número de línea presupuestaria.
La financiación para la FUNDEIH, que se encuentra bajo investigación oficial, aumentó vertiginosamente luego de que Hernández asumiera la presidencia. FUNDEIH recibió más de 91 millones de dólares en fondos públicos de Vida Mejor, según muestran documentos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
La mayor parte del financiamiento recibido por la FUNDEIH fue para la distribución de estufas ecológicas de leña. En un video narrado por el presidente Hernández sobre estos proyectos, habla sobre el trabajo que él y su esposa han hecho con la FUNDEIH desde 2006.
“El presidente está muy orgulloso de que su visión de bienestar social que ayudó a inspirar el trabajo de FUNDEIMH y FUNDEIH, los cuales han beneficiado enormemente al pueblo de Honduras”, dijo Hernández en su declaración a Univision.
La FUNDEIMH es otra organización sin fines de lucro vinculada a la familia del presidente Hernández. La organización fue objeto de una redada en enero de 2018 por fiscales anticorrupción y está bajo investigación oficial.
La FUNDEIMH insiste en que sus registros están completamente en orden. “Han transcurrido casi dos años del hecho, sin embargo, no hemos visto ninguna acción ni seguimiento desde esa fecha”, un representante de la FUNDEIMH, Mario Cárdenas, le dijo a Univisión. “No hemos sido nunca citados a declarar. No se ha congelado ninguna cuenta. No se ha puesto ningún impedimento legal para seguir nosotros en operaciones”, agregó.
Vida Mejor es un programa de desarrollo estatal altamente politizado, según sus críticos, que se enfoca en brindarles a los ciudadanos transferencias de efectivo condicionales y otros bienes y servicios tales como pisos de cemento, techos de zinc y bolsas de alimentos. Los programas se utilizan a menudo para proyectar la imagen de un político o influir en la conciencia de los electores.
El presidente Hernández rechaza todas las críticas a Vida Mejor. “El programa Vida Mejor opera utilizando los criterios técnicos del Banco Mundial, uno de los financiadores del programa, para diferenciar las áreas locales de extrema pobreza y lo hace sin prejuicios políticos”, Hernández declaró a Univision. El programa había sido “un gran éxito y la gran mayoría de los fondos asignados se han gastado de manera adecuada y eficiente, produciendo importantes beneficios sociales”, afirmó. “Sin embargo, en el caso de que se encuentren casos de corrupción, deben eliminarse. Es la máxima prioridad del Presidente promover la mejora continua de la efectividad, la cobertura y la transparencia del programa”, agregó.
En 2014, el presupuesto para el programa 449 se cuadruplicó hasta llegar a cerca de 400 millones de dólares anuales. Esencialmente era una caja chica administrada por el presidente, los registros judiciales y los documentos obtenidos por Univision muestran que dentro del fondo 449 hay un “programa de asistencia social” que opera con el mismo modus operandi que el Fondo de Desarrollo Departamental, con dinero que a menudo se canaliza a los legisladores o a campañas políticas en lugar de al financiamiento de proyectos de desarrollo.
La ‘Marcha de las Antorchas’
En 2015, cuando salieron a la luz detalles sobre un enorme escándalo de corrupción que involucró la malversación de cientos de millones de dólares del sistema nacional de salud, decenas de miles de hondureños salieron a las calles, generando un movimiento de protesta llamado la “Marcha de las Antorchas”, el más grande que se había visto en el país desde el golpe de estado de 2009.
Hernández, que en ese momento estaba en el segundo año de su primer mandato como presidente, se vio obligado a admitir que una parte del dinero malversado se había dirigido a sus fondos de campaña. Dados los vínculos del presidente y de su partido con el escándalo, y una histórica falta de independencia del sistema judicial, los manifestantes exigieron la creación de una comisión internacional contra la corrupción.
Consciente de la amenaza, pero desesperado por aplacar las protestas, Hernández optó por entrar en negociaciones con la OEA. De ahí surgió la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), una misión similar pero más pequeña y con menos autoridad que la CICIG de Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que acusó y encarceló al expresidente Otto Pérez Molina.
El 19 de enero de 2016 se firmó el acuerdo, otorgándole a la MACCIH un mandato de cuatro años.
Durante buena parte de los dos años siguientes la MACCIH comenzó a sentar las bases de su trabajo, estableciendo un tribunal anticorrupción y una unidad de fiscalía de élite para combatir la impunidad, llamada la UFECIC, que se asociaría con la comisión. También promovió reformas electorales y penales, como la aprobación de una ley de negociación de cargos y condenas, considerada una herramienta legal crucial para preparar casos de corrupción.
Pero “el congreso hondureño retrasó y debilitó en repetidas ocasiones las reformas propuestas por la MACCIH… obstaculizando los esfuerzos anticorrupción de la misión”, escribió el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en un informe publicado el 4 de junio.
Cuando en diciembre de 2017 la MACCIH anunció su primera acusación –contra cinco legisladores salientes por malversación de dinero del fondo de desarrollo del congreso a través de una organización sin fines de lucro– pocos comprendieron las repercusiones. Pero en los pasillos del gobierno se reconoció inmediatamente la amenaza, lo que disparó alarmas que sonaron desde el Congreso hasta el palacio presidencial.
Un mes después de la acusación se reformó una ley para proteger a los legisladores del enjuiciamiento relacionado con el mal manejo del fondo de desarrollo del Congreso, anulando la causa contra los cinco legisladores. El entonces jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, exfiscal y primer ministro de Perú, consideró la reforma un “Pacto de Impunidad” y dio los primeros indicios del alcance de la corrupción, al anunciar que hasta 60 legisladores podrían estar implicados en la trama, entre ellos el presidente del congreso, Mauricio Oliva. Oliva negó las acusaciones.
Poco después, Jiménez renunció por lo que describió como falta de apoyo por parte de las autoridades hondureñas, así como por desavenencias con el liderazgo de la OEA.
La MACCIH continuó su trabajo bajo el mandato de un nuevo jefe, Luiz Antonio Marrey, un exfiscal estatal brasileño de São Paulo que renunció en junio después de un año en el puesto.
El caso ‘Pandora’
En junio del año pasado, la MACCIH presentó su causa más grande hasta la fecha, llamada apropiadamente ‘Pandora’, por el célebre recipiente de la mitología griega que encerraba todos los males del mundo. En este caso, se utilizaron presuntamente dos organizaciones sin fines de lucro pra malversar aproximadamente 12 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Departamental y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la acusación de la fiscalía. La mayor parte del dinero terminó utilizándose para financiar las campañas de los dos partidos políticos tradicionalmente dominantes.
Una vez más, Hernández enfrentó la vergüenza de que su campaña presidencial de 2013 recibió fondos ilícitos. Pero podría haber sido mucho peor.
Una revisión de los documentos judiciales muestra un patrón claro según el cual su hermana, Hilda Hernández, quien era confidente cercana y copresidenta de la campaña, firmaba contratos con proveedores que luego, incluso el mismo día, se pagaban con cheques emitidos por las organizaciones sin fines de lucro implicadas. Otros involucrados en la trama declararon que recibían instrucciones de Hilda Hernández sobre cómo gastar el dinero, entre ellos una mujer que realizó transferencias electrónicas no reveladas previamente con fondos ilícitos a asesores de campaña extranjeros.
Funcionarios con conocimiento del caso le dijeron a Univision que si Hilda Hernández hubiera sobrevivido al accidente de helicóptero habría estado entre los acusados.
El hombre que administraba las dos organizaciones sin fines de lucro involucradas en la causa, un abogado llamado Fernando Suárez, fue arrestado y ahora coopera con los fiscales. En diciembre, declaró ante el tribunal que trabajaba bajo la dirección de Hilda Hernández como parte de una trama de malversación de fondos que se extiende mucho más allá del alcance de la acusación.
“Fernando era el hombre de confianza de Hilda”, dijo Omar Menjívar, el abogado que representa a Suárez. “La plata que salía de estas fundaciones se la daba a Fernando y él se la llevaba a Hilda”.
Para su propia protección, Suárez se encuentra aislado en una celda especial de la cárcel por agentes de una unidad de investigaciones criminales de élite, conocida como ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal).
Con el fin de fundamentar las acusaciones, Suárez entregó miles de documentos, incluyendo cheques, recibos, estados de cuenta bancarios y más, relacionados con una red de organizaciones sin fines de lucro que, según él, se utilizaron en la malversación de fondos, principalmente del Fondo de Desarrollo Departamental, el programa 449 y Vida Mejor.
“Las decisiones las tomaba la ingeniera Hilda Hernández con el conocimiento del presidente de la republica Juan Orlando Hernández Alvarado”, dijo Suárez durante un procedimiento judicial en diciembre, durante el cual describió las acusaciones.
En una declaración proporcionada a Univisión, el presidente Hernández dijo que “… hasta donde él sabía, ella (Hilda Hernández) nunca estuvo involucrada en ninguna forma de conducta ilegal, y solo quería lo mejor para el pueblo de Honduras”.
Univision identificó otras 14 organizaciones sin fines de lucro – además de las dos nombradas oficialmente en la causa Pandora – en una red que giraba en torno a Suárez e Hilda Hernández que recibieron 17 millones de dólares adicionales.
Entre las personas implicadas en Pora estaba Dalia Palma, quien trabajó como asesora legal del Congreso y se encargaba de supervisar el Fondo de Desarrollo Departamental bajo la supervisión del diputado Ricardo Diaz, según una declaración que hizo a los fiscales durante la investigación. Las fuentes que hablaron con Univision bajo condición de anonimato afirmaron que Palma había huido del país porque fue amenazada de muerte.
En 2010, Díaz y su colega legislador José León solicitaron fondos del Fondo de Desarrollo Departamental en nombre de la Fundación Dibattista sin fines de lucro, que según la acusación de Pandora fue una fachada para lavar dinero. De 2011 a 2013, Díaz y León se unieron a otros legisladores, incluido el vicepresidente del Congreso Antonio Rivera y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oswaldo Ramos, y la ex vicepresidenta del Congreso Lena Gutierrez, en la solicitud de fondos en nombre de organizaciones sin fines de lucro que, según documentos y fuentes familiarizadas con el caso, fueron administrados por Palma.
Díaz, León, Rivera, Ramos y Gutiérrez no respondieron a solicitudes de entrevista enviadas por Univision. Gutiérrez aparece en la lista de funcionarios del Departamento de Estado que “presuntamente han cometido o facilitado la corrupción” y actualmente está siendo juzgado por un plan de corrupción que involucra al sistema de salud pública. Gutiérrez se declaró inocente de los cargos.
Algunas de las organizaciones sin fines de lucro en la red fueron identificadas por Suárez como parte de su colaboración con los fiscales. Univision también pudo vincular a otras con sus asociados o familiares.
Además de las personas acusadas en el caso Pandora, al menos 28 legisladores asignaron fondos a esta red, incluyendo el hermano del presidente, Tony Hernández, quien, según Suárez, encabezó un grupo de legisladores que malversaban fondos.
La DEA arrestó a Tony Hernández en el aeropuerto de Miami a finales de noviembre y enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York, aunque él se ha declarado inocente e irá a juicio en octubre.
El presidente Hernández fue implicado en el caso de tráfico de drogas contra su hermano, “para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político”, según un documento presentado el viernes en una corte federal de Nueva York. El presidente Hernández negó la acusacion y la atribuyó a que su gobierno puso fin a la impunidad de los traficantes que ahora quieren vengarse.
El caso Pandora es representativo de la incapacidad de la fiscalía para procesar las investigaciones penales que involucraban a políticos antes del surgimiento de la MACCIH. Los documentos que obtuvo Univision muestran que en 2013 las dos organizaciones sin fines de lucro en el medio del escándalo de Pandora fueron señaladas por actividades características del lavado de dinero. Un par de Reportes de Actividades Sospechosas detallaron cómo se transferían los fondos de las organizaciones sin fines de lucro a los partidos políticos, Suárez y otras personas.
Pero no fue hasta el año siguiente, cuando una persona vinculada a una de las organizaciones presentó una demanda, que se abrió una investigación. Luego, una fiscal trabajó diligentemente en el caso, pero este fue archivado en repetidas ocasiones.
Cuando se filtraron algunos detalles a la prensa en 2014, Menjívar, el abogado Suárez, le recomendó que se entregara. “Si yo hago eso, esa gente me mata”, le dijo Suárez a Menjívar en ese momento. “Pero además la ministra [Hilda] lo va a controlar”.
La fiscal le presentó la acusación al fiscal general en varias ocasiones y cada vez le dijeron que la investigación estaba “incompleta”, según informaron a Univision fuentes familiarizadas con el caso. “Finalmente entendió que no había voluntad [para proceder]”, dijo Menjívar.
Eventualmente se formularon cargos, pero sólo después de que la MACCIH se hizo cargo del caso.
Numerosos Reportes de Actividades Sospechosas revisados por Univision muestran que el mismo escenario se repitió en numerosas ocasiones. La fiscalía tenía información sobre los innumerables vínculos de los políticos con el posible lavado de dinero mediante decenas de organizaciones sin fines de lucro que se remontan a una década atrás o más, pero sólo cuando llegó la MACCIH se utilizó esa información para avanzar verdaderamente en las investigaciones criminales.
“El Ministerio Público antes de la llegada de la MACCIH no estaba avanzando en investigaciones criminales de [las] que tenía información, información con la que la MACCIH, luego de recibirla, al poco tiempo pudo construir un caso para llevarlo a los tribunales”, dijo Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que recientemente realizó un estudio que reveló deficiencias importantes en el sistema judicial hondureño, incluyendo una pesada burocracia que a menudo obstaculizaba o detenía los juicios por motivos espurios.
“Es sólo porque el presidente tomó la iniciativa de crear MACCIH que estos casos de corrupción salieron a la luz en primer lugar”, dijo el presidente Hernández a Univision en su declaración, y agregó que, bajo su dirección, el gobierno lanzó una iniciativa anticorrupción eso incluyó controles más estrictos y auditorías de fondos públicos por parte de organizaciones no gubernamentales.
Venta de votos
Según varios diputados, estas tramas se utilizaron no sólo para financiar campañas políticas y llenarles los bolsillos a los políticos, sino también para comprar votos en el Congreso cuando no se podía lograr un consenso.
“Yo vi como otros partidos pedían millones de lempiras para dar un voto, para cambiar a [un] fiscal, para cambiar la Corte”, dijo el exdiputado Ponce. “Hasta cuando tuvieron que destituir unos magistrados andaban unos diputados pidiendo plata por los votos”.
Los votos para destituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional y reemplazar al fiscal general un año antes fueron de los más polémicos del mandato de Hernández como presidente del Congreso. Eso resultaría ser vital una vez que Hernández fue elegido presidente en 2013.
Aunque la constitución hondureña prohíbe explícitamente la reelección presidencial, “Hernández pudo postularse para un segundo mandato gracias a un fallo de la Corte Suprema en 2015 emitido por jueces cuyos nombramientos él había organizado como presidente del congreso en 2012”, según el reporte del Servicio de Investigación del Congreso.
En 2014, dos nuevos partidos minoritarios lograron obtener más escaños en el congreso que nunca antes, lo cual acabó con el control de los dos partidos tradicionalmente dominantes e hizo más difícil reunir los votos suficientes para aprobar una ley o incluso elegir al presidente del organismo.
“La elección de la presidencia del Congreso Nacional se negoció en función de a quién le iban a dar [dinero] del [Fondo de Desarrollo Departamental]”, dijo Aníbal Cálix, exdiputado del minoritario Partido Anticorrupción que ejerció desde 2014 hasta 2018.
Representantes de los partidos minoritarios de la oposición informaron a Univision sobre los intentos subsiguientes de manipulación por parte de Oliva, el recientemente nombrado presidente del congreso y otros miembros de la directiva del congreso.
“[Oliva] decía: ‘Esto es como un noviazgo, vamos a ver si se comportan”, dijo Fátima Mena, diputada de 2014 a 2018 por el Partido Anticorrupción.
En numerosas ocasiones, Oliva y otros miembros de la directiva utilizaban el fondo de desarrollo del congreso como herramienta de presión. “Si querían llegar a un consenso, mencionaban el fondo, pero decían que habría que llegar a un acuerdo con el presidente para tener acceso”, dijo Mena.
Oliva no respondió a una solicitud de Univision para responder a las acusaciones en su contra.
Otras veces, las ofertas eran más explícitas, como cuando surgió una polémica votación que habría consagrado a la policía militar en la Constitución. Cálix recordó que un miembro de la directiva del Congreso le ofreció aproximadamente 100,000 dólares del fondo de desarrollo para que votara a favor de la policía militar. “Era un soborno al final”, dijo Cálix.
La votación más polémica, e importante, del mandato fue la elección de los miembros de la Corte Suprema en 2015 por parte del Congreso. Los diputados que hablaron con Univision bajo condición de anonimato informaron haber recibido (o tener conocimiento de) ofertas de hasta 500,000 dólares por parte de miembros de la directiva del Congreso. Al final, el partido de Hernández obtuvo suficientes votos como para elegir a sus candidatos preferidos, consolidando así su poder en toda la judicatura.
El presidente Hernández negó cualquier participación en el soborno en su declaración a Univisión, y agregó que estaba “comprometido a eliminar toda la corrupción en el sistema político”.
Un futuro incierto
El mandato de la MACCIH acaba en seis meses y los expertos dicen que, si desaparece, el sistema judicial podría regresar a sus viejas tendencias. Mientras tanto, las tres acusaciones de la MACCIH continúan su camino a través de los tribunales. Esta semana, los fiscales anticorrupción solicitaron la incautación de 1.7 millones de dólares en activos del producto de la presunta corrupción en la acusación de Pandora, incluidas las propiedades pertenecientes al esposo de Hilda Hernández, una de las 38 personas acusadas en el caso.
“El hecho de que esos casos fueran tan difíciles antes del surgimiento de la MACCIH y que luego se lograra un progreso mucho mayor corrobora la tesis de que no se trataba de la capacidad técnica sino de las condiciones políticas para sacar adelante esos casos que la MACCIH facilitó”, dijo Chuck Call, profesor de la American University que se ha dedicado a estudiar la MACCIH.
“El congreso hondureño retrasó y debilitó en repetidas ocasiones las reformas propuestas por la MACCIH… obstaculizando los esfuerzos anticorrupción de la misión”, escribió el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en su informe del 4 de junio.
En enero de 2018, el congreso hondureño aprobó una ley que bloqueó efectivamente una investigación sobre el mal manejo de los fondos públicos por parte de los diputados, aunque luego fue revocada.
También se ha resistido a una ley de negociación de cargos y condenas que les permitiría a los fiscales ofrecer sentencias reducidas a cambio de la colaboración de testigos dispuestos a identificar a los autores intelectuales de las tramas de corrupción.
Un nuevo código penal, que entrará en vigor en noviembre de 2019, presuntamente reducirá las sanciones penales por malversación de fondos, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas, lo cual podría facilitarles a algunos funcionarios corruptos evitar penas de prisión.
Conforme avanza el debate sobre el futuro de la MACCIH, las protestas relacionadas con la marcha de las antorchas llenan nuevamente las calles y se fortalecen semana tras semana. Una reciente huelga nacional de los sindicatos de docentes y del sector de la salud que paralizó el país durante casi una semana puso de manifiesto la debilidad del gobierno en medio de la abrupta caída de sus índices de aprobación, así como las nubes cada vez más oscuras que se ciernen sobre Hernández, su familia y su administración.
La demora en la aprobación de una ley de negociación de cargos y condenas en Honduras, así como los intentos de legislar en favor de la impunidad, demuestran que Honduras aún no tiene la voluntad para actuar por sus propios medios, como no la tenía tampoco hace cuatro años, en particular porque hay tantas acusaciones en torno a funcionarios gubernamentales, dicen los críticos del gobierno.
“Muchos analistas aseguran que los fiscales hondureños tendrían dificultades para continuar su lucha anticorrupción sin la MACCIH u otra fuente de asistencia internacional y apoyo político”, concluyó el Servicio de Investigación del Congreso.
Si la MACCIH se disuelve, dejará abandonadas casi dos docenas de investigaciones abiertas, así como una serie de juicios en curso. La UFECIC y el circuito judicial anticorrupción perderán la cobertura política que hasta ahora les ha permitido operar con una independencia sin precedentes.
“El sistema de justicia hondureño requiere una regeneración democrática y eso no se ha dado todavía”, dijo Arellano del CEJA. “Hay un largo camino por recorrer, y la presencia de la MACCIH ayudaría a que eso ocurriera”.
Las razones por las cuales a muchos políticos les gustaría que la MACCIH desapareciera son evidentes. Ante ellos se reveló una hoja de ruta cuando Guatemala intentó expulsar a la CICIG y finalmente decidió no renovar su mandato sin sufrir un gran rechazo por parte de la comunidad internacional.
“Creo que una parte de la clase política hondureña ha quedado muy contenta con la no renovación de la CICIG porque esto ha dado un ejemplo de qué se puede hacer”, dijo Marrey.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos se mantuvo callado mientras se desarrollaba la situación en Guatemala. Pero un reciente comunicado de prensa solicitando la renovación del mandato de la MACCIH indica que se empleará una estrategia más dura en Honduras. Tras una reciente visita de la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, Hernández envió la ley de negociación de cargos y condenas al Congreso.
“Es crucial que la MACCIH continúe su importante labor para fortalecer las instituciones y la sociedad civil hondureña y erradicar la corrupción que socava gravemente la seguridad, la prosperidad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática”, dijo el Departamento de Estado a Univision en un comunicado enviado por correo electrónico.
A pesar de las críticas a la comisión debido a la falta de condenas y un deseo generalizado de que se enjuicie a Hernández, más del 61% de los hondureños desea que la MACCIH siga existiendo.
“[La MACCIH] debería de quedarse hasta que nosotros seamos capaces de poder hacer que los corruptos paguen por sus actos”, dijo Allan Álvarez, de 41 años, en una reciente protesta de la marcha de las antorchas en San Pedro Sula. “En este momento no hay condiciones ni personas capaces de hacer que los corruptos vayan a la cárcel”.

El Cartel Hernández dominó el mercado de TH con apoyo de diputados; Usaron Hotel Posada don Juan como fachada en Lempira

Por Libertad Digital

Publicado el 3 Julio, 2019

El gobierno de Estados Unidos continúa aportando y ayudando a un gobierno que claramente está involucrado en narcotráfico.
Los testimonios de Tony Hernández han evidenciado a más narcotraficantes por lo que su defensa ha solicitado eliminar testimonios al dejar al descubierto nombres, cuentas y amistades vinculadas directamente al narcotráfico en Lempira, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Los nombres van desde Samuel Reyes, Carlos Alvarez, Mario Perez (quien está siendo investigado por la DEA según fuentes internas) Marlene Alvarenga, Julian Pacheco y el pastor Ebal Díaz.

“La Coca” en Lempira
Los narcos de Lempira fueron anunciados por el gobierno de los Estados Unidos. El ex-vicealcalde de Gracias Lempira se vio vinculado al cartel hernández en Washington días después de la captura de Tony.
El Departamento de Justicia mediante la Oficina Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York acusó al ex alcalde de Gracias, Lempira por el Partido Nacional, Mario José Cálix Hernández por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Este individuo también es primo del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado pertenecientes al mismo instituto político en su natal Gracias Lempiras.

El comunicado de prensa dijo lo siguiente: 
Mario Hernández es el segundo ex alcalde hondureño acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Christopher Tersigni, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que se han presentado cargos en el tribunal federal de Manhattan contra el ex alcalde hondureño Amilcar Alexander Ardon Soriano y, en una acusación adicional, Mario José Calix Hernández. Los cargos en cada acusación incluyen conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos está buscando las extradiciones de los acusados de Honduras y Guatemala.
El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Como alegaron, Amilcar Alexander Ardon Soriano y Mario José Calix Hernández conspiraron para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y usaron armas pesadas para proteger los envíos de drogas. Ardon Soriano supuestamente usó su posición como alcalde hondureño para facilitar su propio tráfico de drogas y para imponer un ‘impuesto’ a otros traficantes, ganando millones de dólares en el proceso. Gracias a la DEA, ambos hombres ahora enfrentan cargos criminales en los Estados Unidos “.
Como se alega en las acusaciones presentadas en un tribunal federal:
Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e inclusive en o alrededor de 2016, varias organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cientos de cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos algunos alcaldes y miembros del Congreso Nacional de Honduras.
Pendientes de la Parte II…

¡Como Hitler! JOH está construyendo su Búnker de Guerra en el Centro Cívico Gubernamental

Por Libertad Digital

Publicado el 15 Julio, 2019

El jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, se mandó a construir un controvertido complejo edificios, pagadero a 28 años con los recursos del público, a fin de estrenarlos y mandar un mensaje latente de que los estrenará y permanecerá en ellos todo el tiempo que sea necesario.
Ordenó la instalación de un helipuerto para su uso exclusivo a fin de evitarse el colosal congestionamiento vehicular cuando entre en operación el Centro Cívico Gubernamental.
Sin embargo, Hernández, se vio obligado -bajo la asesoría de su guardia presidencial- a olvidarse de los últimos cinco pisos de la torre norte y ordenar la construcción de un búnker de ocho pisos, de los cuales tres están siendo blindados con concreto reforzado para evitar las protestas contra su cuestionado mandato y enrocarse ante cualquier «atentado» en su contra.
Hay documentos de cómo se fraguó otro atentando contra la exangüe economía nacional que fue orquestada por la Guardia de Honor Presidencial (GHP), dirigida personalmente por el ocupante del palacio José Cecilio del Valle, en la que se hacen demasiadas observaciones al consorcio supervisor de la obra, la que deberá entrar en operaciones en el segundo semestre de 2019.
El oficio RDC-PCCG-006-2018 del 15 de enero de 2018, bajo el asunto entrega de observaciones por parte de Guardia de Honor Presidencial…, dirigido a supervisor del proyecto Pedro Pineda Cobos, se realizan unas 19 sugerencias para que el sitio donde trabajará Hernández esté ciento por ciento protegido mediante obras de infraestructura y otros mecanismos, incluyendo la construcción de torreones para vigilar a los visitantes, ya que temen que ocurra un «atentado» o ataque a su seguridad.
De hecho, el 12 de enero del año anterior, en una nota girada por el jefe de la guardia presidencial Ronald David Pineda Amador a la representante del contratista del Centro Cívico Karen Cerrato de que en los pisos 4, 5 y 6 aplique un blindaje de concreto reforzado con un espesor de 84 centímetros, mientras que se cierre un acceso que conectará al complejo con el palacio donde despachaba el titular del régimen y que apenas se deje un portón para visitas oficiales, pero que debe ser «controlado por escáner por la Guardia de Honor Presidencial».
El funcionario, preocupado por la seguridad de Hernández y su esposa Ana Rosalinda García Carías, pidió en el pliego de recomendaciones que se diseñara unas gradas de emergencia «exclusiva para la pareja presidencial» y que el estacionamiento «del señor presidente debe ser exclusivo y privado».
Al respecto, se precisa en uno de los enunciados que se debe remover una planta eléctrica de emergencia para construir un estacionamiento, también reforzado, con capacidad para cuatro vehículos y con su respectiva cortina de hierro para efectos de seguridad y confort de la pareja gobernante.
Si bien el helipuerto quedará un poco retirado del moderno búnker (o cuerpo bajo D como se le llamará), el jefe militar solicitó la habilitación de una calle privada que conecte con la torre norte para que el líder nacionalista tenga un recorrido expedito y no lo realice a pie por temor a un atentado.
Aunque Pineda Amador no da una explicación convincente a los constructores de la megaobra, todo apunta a que se busca extremar las medidas de seguridad para que Hernández no sea sujeto de algún susto de grupos armados o de aquellos quienes buscan vengarse de él, así como de las protestas que suelen ser reprimidas con crudeza y violando cualquier norma nacional o internacional sobre el uso de la fuerza.
El jefe de los guardias presidenciales indicó en este oficio de que las mejoras deben ser efectuadas en los sótanos 1 y 2 del complejo gubernamental, a modo de que permanezcan invisibles para el público, incluyendo las decenas de miles de burócratas que trabajarán en esas instalaciones.
La edificación de la obra, se puede apreciar en cada uno de los apartados, fue modificada para satisfacer los caprichos de Juan Orlando Hernández, que van desde instalar ascensores privados hasta oficinas para el Estado Mayor Presidencial, bodegas con doble reforzamiento para guardar pertrechos, armas, municiones y aquellas que se usan para cuidar al número uno del Ejecutivo. «Se solicita tomar en consideración el espacio para las oficinas… según lista de necesidades», se hace constar en el apartado 13.
Acerca de las garitas superiores para vigilancia, «se solicita que para brindar una mejor seguridad a dicho edificio, (se coloquen) torreones de seguridad por el área que conduce a la Universidad Metropolitana, mínimo tres». Es más, que las conexiones eléctricas, generadores de emergencia, unidades individuales y centrales de aire acondicionado, la distribución del agua potable y alcantarillado para los líquidos residuales del búnker «sea independiente al resto del Centro Cívico Gubernamental».
Al momento de formular estas sugerencias, algunas fueron exageradas o rayaron en la paranoia, si bien el nuevo complejo debe tener las condiciones óptimas de seguridad, pero el diseño de la obra sugiere incluso que Hernández permanecerá alejado de cualquier manifestación en su contra, el jefe Pineda Amador planteó en anexo 17 -acerca del lugar donde aterrizará el helicóptero, que «en el área de la azotea, por seguridad de los ocupantes se dirijan hacia el helipuerto, se solicita que dicha área sea sellada y techada, evitando lluvias, que una fuerte descarga de viento provoque un accidente o que sea vulnerable a la observancia de grupos ajenos a la seguridad».
En cuanto a este punto, se pudo constatar que tal helipuerto estará en el piso 25, por lo que resulta hasta inverosímil de que Hernández llegara a ser lastimado por las protestas que se pudieran dar en ese lugar, si se toma en cuenta de que los militares asignados al complejo suelen cerrar por largas horas el tramo del bulevar Juan Pablo II ante rumores de movilizaciones, por lo que la exigencia se aleja de cualquier lógica de un analista de seguridad que plantería medidas ponderadas respecto a la protección de dignatarios.
En el afán de reforzar cualquier medida a favor de Hernández, se mandó a pedir que una de las torres de ascensores también sea reforzada, pues se deja entrever que temen de que algún «infiltrado» vaya a vulnerar la seguridad del altísimo funcionario.
En conclusión, tales recomendaciones costarán a los hondureños más de 400 millones de lempiras que no estaban contemplados en el proyecto original que fue estimado en cuatro mil 900 millones de lempiras.
En total, el valor del Centro Cívico Gubernamental tendrá un costo de cinco mil 400 millones, aunque se informó de manera extraoficial que el monto podría dispararse por el hallazgo de algunos defectos en la construcción que podrían comprometer la seguridad del edificio donde funcionó el estacionamiento principal de Casa de Gobierno.

Partido Liberal exige la salida inmediata de Juan Hernández

agosto 5, 2019 Redacción

Piden a la comunidad internacional a que cese de manera inmediata su apoyo a un régimen corroído por la corrupción y por el narcotráfico

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa. – . La continuidad de Juan Hernández en el gobierno, en vista de las demoledoras y graves acusaciones, es insostenible, por lo que exigen y demandan la inmediata salida del poder.
La nación hondureña no merece que un gobernante de tal calaña continúe dañando la administración pública y el futuro del país, señala un comunicado emitido este lunes por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL).
El día viernes 2 de agosto de 2019 fue presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, por parte del fiscal federal Geoefrey S. Berman, un documento de 46 Páginas en el que se establece que Juan Hernández, actual gobernante hondureño, “es un co-conspirador que trabajó con su hermano, Juan Antonio «Tony”, Hernández (descrito por los mismos fiscales como un «narcotraficante violento, y el expresidente Porfirio Lobo ‘Para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras».
Los liberales señalan que el citado documento federal establece que el gobierno de Honduras funciona básicamente como un narco Estado debido a que el actual presidente y mandatarios anterior. han recibido aportaciones de campaña de traficantes de cocaba a cambio de protección.
Esta dura y sólida acusación ha sido presentada por fiscales federales en base a pruebas contundentes y no corresponde, como maliciosa y cínicamente señala el gobierno. a simples declaraciones de narcotraficantes extraditados.
La acusación en mención específica que «Hernández utilizó 1,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico para asegurar su llegada a la presidencia en 2013». Apoyo de campaña que fue entregado en efectivo vía sobornos a autoridades hondureñas, así como en la forma de regalos y favores a políticos locales.
Exigen además que los órganos operadores de justicia actúen inmediatamente de oficio y procedan a iniciar las investigaciones pertinentes que permitan deducir las responsabilidades del caso y sancionar severamente los delitos cometidos. Su inacción no solo será un acto de complicidad manifiesta, sino que implica responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Piden a la comunidad internacional a que cese de manera inmediata su apoyo a un régimen corroído por la corrupción y por el narcotráfico. Y que respalde el inicio de un proceso de transición democrática, de restauración del Estado de Derecho y del imperio de la Constitución, como se ha venido demandando desde el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017.
“Continuar apoyando a Juan Hernández directa o indirectamente, implica un duro revés al noble pueblo hondureño”, finaliza diciendo el comunicado del Partido Liberal.

La consigna ya no es fuera JOH, sino fuera CC-4: Luis Zelaya

agosto 5, 2019 Redacción 

A partir de hoy ya no es simplemente Juan Hernández, a partir de hoy es CC-4 que es como lo identifica la Fiscalía de los Estados Unidos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dijo que a partir de hoy el mandatario ya no se llama Juan Hernández, sino que es simplemente CC-4.
“Un vil acusado por conspirar con tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, no nos puede seguir gobernando” dijo el ex presidenciable liberal.
La acusación contra el presidente de Honduras Juan Hernández, no es por parte de un medio de comunicación ni por un narcotraficante. La acusación la hizo el pasado viernes 2 de agosto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y esto es un asunto serio, dijo Zelaya.
 “Que esa fiscalía determine que esencialmente Honduras es un narco Estado nos llena de vergüenza e indignación”, dijo Zelaya en una conferencia de prensa este mediodía.
Este es el momento que el pueblo independientemente de partidos políticos o de ideologías. Independientemente de lo que en años atrás los haya separado, es el momento en que todos nos unamos por salvar a Honduras, señaló Zelaya.
Apuntó que cuando un fiscal de Estados Unidos presenta un caso y una acusación es porque tiene evidencias no solo testimonios.
Agregó que ya va a empezar el juicio contra Tony Hernández y allí van a salir evidencias, vídeos y grabaciones telefónicas.
Demandamos que CC-4 salga del poder inmediatamente y exigirle al Ministerio Público que de inmediato comience la investigación aquí en Honduras que es donde ha cometido los delitos.

Descubren apartamento de L20 millones en Miami a mujer de JOH

Por Libertad Digital

Publicado el 1 Julio, 2019

Uno de los lujosos bienes que ha adquirido de manera misteriosa el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández y su esposa en EE.UU. fue traspasado de manera misteriosa a una pareja norteamericana por una suma de 10 dólares.
Este traspaso no es precisamente una espectacular casa blanca, ubicada en uno de los suburbios de Miami, sino, es de un apartamento localizado en la 88 calle y séptima avenida, el cual tiene como registro 2303, de acuerdo al contrato de traspaso cedido por Ana Rosalinda García Carías y Erick Speckin.
Si bien el contrato se efectuó el 11 de octubre de 2018, pero este habría sido elaborado para desviar cualquier investigación contra Hernández y su esposa, pero resulta mucho más misterioso de que al matrimonio Speckin apenas pagara 10 dólares o 244 lempiras con 48 centavos al cambio actual cuando su valor en el mercado inmobiliario es de 20 millones 369 mil 983 lempiras o 855 mil dólares.
Los registros públicos de Miami indican que el apartamento, lujosa y cuidadosamente decorado, está en un edificio de una de las mejores zonas de esa ciudad norteamericana, en las cercanías de un río cristalino y en ese lugar se ubican rascacielos, repletos de costosos pisos pensados para gente pudiente que tiene gustos refinados y que distan del ciudadano de a pie.
De hecho, el edificio está en el condado de Broadway, vecino del también condado de Dade, por lo que es de fácil acceso para los Hernández, ya sea que ingresen por el aeropuerto internacional de Miami o por el aeródromo de Fort Lauderdale Hollywood, en sus constante visitas que realizan a la denominada ciudad del sol.
Respecto al bien cedido, el contrato explica que tal entrega «está sujeta a los impuestos para el año 2018 y posteriores al 31 de diciembre de 2017, que aún no se deben pagar…Pactos, condiciones, restricciones, servidumbres, reservas y limitaciones de registro, si las hubiere».
Las imágenes que están en los registros públicos indican cómo fue meticulosa y perfectamente diseñado para que los Hernández García tuvieran un poco de privacidad, alejados a miles de kilómetros de las constantes protestas de la población sobre sus desaciertos al frente del gobierno.
La sala tiene un televisor de unas 48 pulgadas y un cómodo sofá blanco, con cojines azules, una alfombra azul eléctrico y cortinas con detalles, mientras que en el fondo hay un fino bar y las habitaciones cuentan con espectaculares vistas a la ciudad, mejor aún: están a una mediana altura por lo que pueden ver todo el área de Miami.
Aunque el documento señala que el bien fue traspasado a los Speckin por la módica suma, la propiedad sigue siendo de los Hernández García; esta cesión apunta a que la actual primera dama busca evadir cualquier investigación que pudiera existir en su contra.
Hace cinco años, una investigación halló que García Carías había comprado una casa en el 3533 NW, con la 83 calle de Cooper City, también enclavada en Miami, cuyo costó llegó a los 20  20 millones de lempiras.
En ese hallazgo efectuado en 2014, se logró determinar que la denominada casa blanca cuenta con cinco dormitorios, cinco baños y medio de dos pisos y con su respectiva piscina y jacuzzi. La esposa de Hernández, señalan los documentos, firmó la adquisición del bien inmueble y cuya transacción fue hecha por un banco corresponsal en EE.UU.
El descubrimiento de la segunda vivienda sería la punta del iceberg que podría desencadenar en una serie de hallazgos que comprometerían a este matrimonio que en la actualidad es investigado por EE.UU. por presuntos vínculos con la delincuencia organizada a través del lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Fuente: CONFIDENCIALHN

Fredy Nájera escribió una carta con su puño y letra denunciando ante el juez que lo obligaron a mentir.

Por Libertad Digital

Publicado el 5 Agosto, 2019

El ex diputado liberal, Fredy Ramón Nájera, quien enfrenta la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico, escribió una carta con su puño y letra denunciando ante el juez que lo obligaron a mentir.
Nájera se declaró culpable de los delitos de conspirar para transportar múltiples toneladas de cocaína a Estados Unidos y de participar en el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, sin embargo, a mediados del mes de mayo del presente año, el caso tuvo un giro inesperado.
El ex diputado denunció que su declaración inicial de culpabilidad sobre la muerte del general González es un invento del señor Rivera Maradiaga para sugerir que es una persona violenta, y asegura que nunca estuvo involucrado en dicho asesinato, además que solamente en dos ocasiones tuvo contacto con el “Cachiro”.Aseguró que Leonel “Cachiro” lo amenazó y le dijo, “que tenía que declararme culpable y que saldría en 3 o 4 años, pero que tenía que aceptar todo lo que dijera la fiscalía, incluyendo mentiras” a lo que respondió que, “no aceptaría jamás esas mentiras”, y le pidió dijera la verdad ante la Fiscalía y a la Corte.
Según Nájera, “Cachiro” le dijo, “que él tenía que seguir mintiendo sino le quitarían la cooperación y como consecuencia le darían muchos años de cárcel hasta posiblemente no salir nunca”.Nájera también señaló un conflicto de intereses de su abogado Víctor Rocha quién también defendía al narcotraficante Wilter Blanco y Ramón Matta hijo.El abogado le sugirió a Nájera que debía mentir para declararse culpable, esto según el ex congresista liberal, se debió a que el abogado tenía el interés de proteger a Wilter Blanco.
Carta íntegra del puño y letra de Fredy Ramón Nájera:

Con respecto a mi declaración de culpabilidad, dadas mis diferencias con el Dr. Rocha, que no quería representarme y a quien no quería como abogado, me sentí obligado a admitir ciertas cosas que no eran verdad respecto al cargo número 2, del cual no tengo el entendimiento para diferenciar físicamente un arma automática de un arma normal.
Hubo un momento durante la larga audiencia en el que sentí que mis decisiones eran involuntarias porque todos estaban en mi contra. Soy inocente del Cargo número 2. Nunca estuve involucrado en la muerte del general González, es un invento de Leonel Cachiro para sugerir que soy una persona violenta.
El año pasado, mandaron a Leonel Cachiro a la misma unidad que yo estaba (7 Norte). El me amenazó y me dijo que tenía que declararme culpable y que saldría en 3-4 años, pero que tenía que aceptar todo lo que dijera la fiscalía, incluyendo mentiras como por ejemplo mi supuesta participación en la muerte del General González.
Cachiro me dijo que tenía que admitir la muerte del general González, de armas, y también aceptar que habíamos hecho negocios de drogas durante mucho tiempo, a lo que respondí que no aceptaría yo jamás esas mentiras.Más bien le pedí que fuera a la fiscalía y a la Corte y dijera la verdad que el había mentido sobre mí. Él respondió que tenía que seguir mintiendo sino le quitarían la cooperación y como consecuencia le darían (Leonel Cachiro) muchos años de cárcel hasta posiblemente no salir nunca en mi vida solo 2 veces vi a Leonel Cachiro.
El Dr. Rocha el día de la audiencia, me dijo en voz muy baja que dijera algunas mentiras para declararme culpable susurró que debía mentir para declararme culpable. Ahora me doy cuenta de que su interés era proteger al Sr. Winter, de quien es su apoderado y amigo desde 2015.
También mencioné al Sr. Matta Jr., el cual fue representado en su momento por el Dr. Rocha. Recientemente me enteré al parecer de un conflicto entre el Dr. Rocha, Winter y Matta por la pérdida de un dinero, quizás por eso nunca hizo investigaciones a mi favor en Honduras.Por lo tanto, mantengo mi inocencia del Cargo número 2 de armas, de las cual soy inocente y consistente en la ley, espero que el Gobierno pruebe mi culpabilidad al cargo número 1 de drogas.
Fredy Najera Montoya

EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO: “GUERRA NECESARIA”

Publicado: 01 Agosto 2019

¿Dónde habían visto que a un país sumido en profunda crisis llegan tantos artistas y tenores como Plácido Domingo? Ahora entendemos también el juego de la oposición, llegar a las elecciones de 2021, y es comprensible, los partidos tradicionales juegan con las reglas del poder, no de otra forma. 

EDITORIAL

“Guerra necesaria”

Dicen que en el mundo nadie se acuerda de Honduras, pero no es cierto, si fuese así, la máxima autoridad de la CEPAL no vendría a botar el prestigio a las calles tenebrosas de Tegucigalpa; el FMI descartaría sin duda la firma de un acuerdo de más préstamos a un país que carga la mayor deuda pública histórica de unos 16 mil millones de dólares, donde cada hondureño que va naciendo debe más de 40 mil lempiras a los organismos financieros internacionales. En el centro de Honduras opera la segunda base militar más grande afuera de las fronteras de Estados Unidos, con presupuesto superior al de varias en su territorio.

Muchos taimados difunden el cuento que Honduras no le importa a EE.UU., tampoco es cierto, si no lo fuera, no tendríamos a la patética coronela Fulton contando los votos en el rostro humilladamente estrujado de Batson, burdos tahúres rurales de la feria presidencial.

Así como Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron de España, hasta 1898, los últimos restos de un inmenso imperio colonial; Honduras lo es de EE.UU., los filibusteros católicos españoles mantuvieron sus mandíbulas apretadas sobre esas islas hasta el instante de su muerte.

Independizarse de los imperios es tarea de vida o muerte para los pueblos, no hay opción, o la libertad o la esclavitud eterna. Esa es la guerra pendiente, la campaña necesaria de los hondureños, deberemos emprenderla como nación, hoy sometida por sátrapas asesinos que gobiernan para el norte. Tan dura es la lucha que, Cuba, aún con una revolución popular que la liberó de dictadores en 1959, aún no recupera dentro de su territorio, una superficie de casi 118 kilómetros cuadrados, poco más pequeña que Roatán, donde funciona la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, uno de catorce territorios en el globo no incorporados de EE.UU.

Los hondureños poco a poco vamos dejando de llorar, nos vamos templando en carácter; la última década nos desengañó. Como niño temeroso a la orilla de la noche, creíamos que el extranjero como una madre amorosa o como un padre firme nos daría la mano contra el dictador y los golpistas, eso es la que ya sabemos y ya no funciona la farsa, Europa y EE.UU. conspiran para mantener su sistema y su dictador, aunque eso ha significado más de 70 mil compatriotas asesinados en los últimos diez años, dos fraudes electorales, tres ejércitos, hondureño, israelí y gringo atacando con toda ventaja paramilitar a nuestra raza.

¿Dónde habían visto que a un país sumido en profunda crisis llegan tantos artistas y tenores como Plácido Domingo? Ahora entendemos también el juego de la oposición, llegar a las elecciones de 2021, y es comprensible, los partidos tradicionales juegan con las reglas del poder, no de otra forma. No son los mismos designios, una encuesta de EL LIBERTADOR revela que más del 40 por ciento de hondureños no se prestaría al circo electoral estando JOH en el gobierno.

Escribió el padre de la revolución cubana, José Martí: “Madre, el amor a la Patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien a la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca”.- Y, a diario hay numerosas oportunidades para la crueldad y el sadismo contra los pueblos que la gente o el funcionario de un Estado podría permitírselo sin miedo a represalias, pero muchos evitan dañar a otros, menos a una nación; en realidad muchos reaccionan con repugnancia cuando presencian actos de maldad; la diferencia está en que para conseguir alguna perfección se requiere cierto nivel ético y alguna educación intelectual que aquí no existe en la élite política y económica. Honduras sólo ha tenido crueldad.

En la actualidad es la capital mundial de funcionarios lacras, los extranjeros incapaces hallan aquí su muladar.- De la reelección nació la revolución y de la revolución nació nuestra democracia, le dijo hace poco el Presidente de México a JOH y, también de la guerra necesaria de Martí, nació la revolución cubana. Sigan jugando a la democracia.

Cerca de 65 mil hondureños han retornado de la ruta migratoria

• 05/08/2019

De acuerdo al Boletín de Monitoreo Sobre Migraciones Internacionales, presentado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Honduras), hasta finales de julio, cerca de 65 mil hondureños y hondureñas han sido retornados de la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Rolando Sierra, director de FLACSO Honduras, indica que de seguir la tendencia las personas retornadas podrían llegar a más de 100 mil a finales de 2019.
“Se reportan cerca de 65 mil deportados, especialmente de México, Estados Unidos, pero también de Guatemala; este año 2019 sería el año con mayor número de deportados”, explica Sierra, al analizar las estadísticas entre 2014 y 2019.
El Boletín de Monitoreo Sobre Migraciones señala que, al hacer el análisis por ciclo de vida y género, “se demuestra que la mayor parte de la población retornada a lo largo del período de análisis son hombres, seguido por las mujeres y menores”.
El incremento en el número de personas retornadas, que intentaron llegar a Estados Unidos, refleja las políticas de control implementadas por el gobierno de Donald Trump y el gobierno de México, pero además el incremento de la migración, apunta el director de FLACSO Honduras.
Rolando Sierra manifiesta que las personas migrantes hondureñas se enfrentan a dos muros, el primero es no poder cruzar la frontera estadounidense, y el segundo, las causas que obligan a migrar.
“En el caso de Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Yoro son los municipios con mayores niveles de violencia y con las mayores tasas de homicidios, entonces, desde esta perspectiva podría decirse que la violencia es la principal causa o factor de la migración”, dice Sierra.
Por otra parte, Rolando Sierra indica que los efectos del cambio climático, en el corredor seco, y la sequias están creando “mucha incertidumbre” para los productores, para los campesinos, “y esto se está convirtiendo en un fenómeno de desplazamiento y en un fenómeno de migración forzada”.
La migración de centroamericanos en la frontera de Estados Unidos ha ido en aumento, según el Servicio de Migración y Aduanas: “desde el primero de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018, registrando un incremento de 223% de indocumentados”, se indica el Boletín de Monitoreo Sobre Migraciones de FLACOS-Honduras.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Honduras), en el Boletín de Monitoreo Sobre Migraciones Internacionales, registra que México es el país que deporta mayor número de hondureños y hondureñas, quienes en su intento llegar a Estados Unidos realizan estadías superiores a un año en territorio mexicano.

Patrullas anti-ICE contra redadas en Nueva York

julio 30, 2019 Redacción 

Estar en alerta sobre redadas y operaciones encubierta de ICE es una prioridad para grupos defensores del inmigrante
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
La segunda patrulla ciudadana regresa a la sede de la ONG «La Colmena», son las siete de la mañana y acaba de terminar su guardia de vigilancia; ahora es el turno de César Vargas y otros tres voluntarios para rastrear indicios de redadas de la policía contra inmigrantes indocumentados en el barrio neoyorquino de Staten Island.
La iniciativa, lanzada por tres organizaciones civiles y Vargas, abogado y activista de origen mexicano, arrancó este lunes en este distrito del sur de Nueva York para monitorear la presencia de ICE durante las primeras horas de la mañana, tras las amenazas del presidente Donald Trump de deportar inmigrantes.
Gonzalo Mercado, director de La Colmena, da el relevo a la última patrulla del día y cuenta a sus integrantes las zonas que han visitado, mayoritariamente de inmigrantes africanos y asiáticos.
Les muestra también fotografías de dos furgonetas blancas con los cristales tintados de negro que podrían ser de ICE.
Vargas explica que los agentes de inmigración se desplazan habitualmente vestidos de civil y en vehículos sin identificación, en los que la única marca distintiva son los cristales negros que no permiten ver su interior.
Hoy es el primer día, “el primer turno, en el que vamos a ser los ojos de la comunidad, particularmente en horas en las que inmigración ejecuta sus operaciones en los hogares”, contó Vargas a Efe.
El abogado acaba de regresar de hacer cinco meses de ejercicios militares voluntarios en el Ejército y comenta que fue ahí donde le vino la idea de las patrullas ciudadanas, por las guardias que hacían los soldados alrededor del campamento.
En dos coches y ataviados con chalecos reflectantes, Jennifer Balis, profesora de Brooklyn, Carlos Barrio, activista de la ONG Haciendo Camino, y Hina Naveed, estudiante de derecho, recorren junto a Vargas y durante una hora la zona de Port Richmon, en el norte de Staten Island, donde hay una gran comunidad latina, especialmente de América central.
Muchas tiendas todavía no han abierto y otras lo están haciendo.
Durante su recorrido por las calles del barrio, el equipo de voluntarios no observa ninguna actividad que apunte a la presencia de agentes de inmigración o la “migra”, como la comunidad latinoamericana se refiere a ICE.
Vargas, que fue el primer indocumentado que obtuvo el permiso para ejercer la abogacía en Nueva York, define a los componentes de estos grupos como “los ojos de la comunidad”, listos para “documentar” las acciones de los agentes de inmigración en sus “libretas o su teléfono” en caso de que se produzca cualquier violación.

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Hasta el momento, 30 personas se han ofrecido como voluntarias para participar en estas patrullas comunitarias que “continuarán el tiempo que sea necesario”, según Vargas.
La voluntaria Hina Naveed, de origen paquistaní, cuenta que participa en esta iniciativa porque “quiere poner su parte en la educación de la comunidad” y que conozca sus derechos “a permanecer en silencio, el derecho a preguntar por un abogado, la importancia de no firmar nada” y, sobre todo, apuntan todos, la de no abrir la puerta a nadie si no muestra una orden judicial.
Para Vargas y Mercado, las campañas policiales anunciadas por Trump han sido, sobre todo, una estrategia política electoral ya que, hasta el momento, no se ha percibido un incremento notable de las detenciones.
Su objetivo es atemorizar a los indocumentados y contentar a los votantes antiinmigración, dicen.
“Están usando a ICE como un arma de terror” subraya a Efe Mercado.
Además, Vargas insiste ante este “clima de miedo”: “Tenemos que pelear con el valor de seguir adelante con nuestras vidas (…) porque la lucha no sólo está en Washington DC, está también en nuestros vecindarios”.
Nueva York es una de las conocidas como “ciudad santuario” de Estados Unidos, y las autoridades no comparten la información de sus ciudadanos con los servicios de inmigración.
De hecho, con motivo del anuncio de las nuevas redadas, las autoridades han activado un servicio de atención para ofrecer información legal e incluso psicológica a los indocumentados que lo deseen.
Sin embargo, Vargas cuenta que este “santuario” es relativo, ya que la información de las personas que cometen un delito o una simple infracción sí que es compartida con el ICE.
Son las ocho de la mañana y concluye el último turno de la patrulla que arrancó a las 5 de la mañana. Los servicios de otras ONG y del ayuntamiento se activan a esta hora, las tiendas ya están abiertas, la ciudad se ha desperezado y ya hay más ojos para documentar la presencia de ICE o una eventual infracción de sus agentes.

(Tomado de: laopinion.com)

Población tolupana de Yorito, expulsa a empresa minera

• 05/08/2019

Entre las frescas montañas indígenas tolupanes del municipio de Yorito, Yoro, resurge el grito y la rebeldía de “Cicumba” (líder de la resistencia tolupan en la época colonial). En esta ocasión, “como población nos hemos levantado a una sola voz contra una empresa minera que amenaza las fuentes de agua, el bosque y la vida misma”, dijo Luís Navas, del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente, de dicho municipio.    
“Unas 400 personas subieron a la montaña y detuvieron los trabajos de la maquinaria de la empresa minera que estaba extrayendo barita (nombre del mineral), y que estaba contaminando los ríos Tepemechín y Aguán. Dos retroexcavadoras y  dos tractores que realizan los trabajos, fueron obligados a salir del lugar”, manifestó Navas. 
La concesión está ubicada en el Cerro Nuevo Plan. El Gobierno habría extendido un permiso de explotación minera a la empresa Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V.  (CEASA).  Este territorio pertenece a la tribu Tolupan, Nuevo Plan, jurisdicción Yorito, por lo que la mayoría de la población se ha sumado a las jornadas de protestas que se han desarrollado.

El municipio de Yorito, colinda al norte con el municipio de Yoro, al sur con Sulaco, al este con Marale, y al oeste con el municipio de Victoria. La población indígena de la zona teme que dicha explotación minera, genere  destrucción de la biodiversidad, tal como ya ha ocurrido en otros lugares de Honduras en donde operan empresas mineras.
Ante esta situación, y haciendo uso de su autodeterminación, el Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Yorito, dará otro gran paso en rechazo al modelo extractivista. “Nosotros nos encaminamos a auto declararnos «territorio libre de explotación minera y de represas hidroeléctricas». Esta decisión la tomaremos en un cabildo abierto que estamos por programar junto a la corporación municipal”, indicó Gerson Torres, líder comunitario.  
Violentaron la consulta previa
La Consulta Previa, libre e informada, es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas, mismo que ha sido ratificado por el Estado hondureño, en diversos tratados internacionales.  
Para el caso, el Convenio 169 de la OIT, compromete a los Estados firmantes a preguntar a los pueblos interesados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo y consentimiento sobre dicha medida.
“Este derecho debe de aplicarse de manera obligatoria en las comunidades indígenas, antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale. Aquí se exige toda la información necesaria de manera objetiva para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo”, indicó el doctor Joaquín Mejía, especialista en Derecho Humano Internacional.
“Si no se desarrolla, la Consulta Previa, cualquier proyecto extractivo que se apruebe desde el Gobierno, el Congreso o las municipalidades cae en la ilegalidad porque violentan tratados internacionales, que están por encima de la misma Constitución de la Republica. Desgraciadamente en Honduras, se violenta en todos los proyectos aprobados”, acotó Mejía.
¿Destrucción y muerte?
En un reciente artículo, el Sociólogo y ecologista mexicano, Gustavo Castro Soto, quien sobrevivió de una bala cuando asesinaron a lideresa indígena Berta Cáceres, aseguró que la “empresa canadiense Blackfire Exploration, lleva años explotando las montañas para extraer   “barita” en el estado de Chiapas, México.
Indica que “los campesinos de la zona, denuncian la contaminación del agua y la muerte de ganado. El óxido de bario es un irritante. Puede provocar dolor y enrojecimiento en los ojos o la piel, pero es mucho más peligroso cuando se ingiere. Puede causar náusea y diarrea, parálisis muscular, arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte”.
A renglón seguido dijo que, “muchos vertederos de residuos peligrosos contienen ciertas cantidades de Bario que afectan a quienes viven cerca de ellos y están expuestos a respirar polvo, por contacto con la piel, por comer tierra o plantas, o beber agua que está contaminada con bario”.
¿Para qué se usa la Barita?
Principalmente se usa en la industria del petróleo ya que al ser mezclada la barita no produce chispas. Esto permite que en las perforaciones petroleras no haya riesgos de explosión por las fricciones o por bolsas de gas.
Los compuestos del Bario también se usan en la industria del aceite y gas para fabricar lubricantes para taladros. Para hacer pinturas resistentes a los ácidos; o en la fabricación del litopón (polvo blanco que consta de 20% de sulfato de bario, 30% de sulfuro de zinc y menos del 3% de óxido de zinc) como pigmento de pinturas blancas. El cromato de bario, cromo limón o amarillo cromo, se emplea en pigmentos amarillos y fósforos de seguridad.
Los compuestos del Bario son también usados en la industria de la cerámica para prevenir la eflorescencia en arcillas para loza, o en la fabricación de azulejos; como fundente en la industria del vidrio o para producir diversos tipos de vidrio, o como vidriado en alfarería y en vidrio óptico. Otro uso que se le da es en la fabricación de balatas para frenos de automóviles. También como aislante del plomo en las radiaciones. Como protección en los cuartos de rayos X por absorber la radiación.
En la medicina se usa para ser bebido con el fin ayudar al contraste en las radiografías del aparato digestivo y en preparaciones medicinales. El óxido de bario se usa como recubrimiento para cátodos calientes y en tubos de rayos catódicos. Para fabricar alambres de bujía en aleación con el níquel. Pero también en aleación con plomo y calcio para producir el metal de Frary. También se usa para recubrir los filamentos de las lámparas frías. La industria lo usa con el fin de aumentar la refracción en diversos fines industriales o como catalizador.