HONDUREÑOS REACTIVAN PROTESTA EN LA CAPITAL, SUMAN DEFENSA DE “LA TIGRA”
- Publicado: 24 Agosto 2019
Esta
mañana la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, ha salido
con el pueblo hondureño a las calles, nuevamente han exigido la salida
del poder de Juan Hernández. Además, los capitalinos se han levantado
contra la construcción de la Residencial “Bosques de Santa María”,
proyecto que según la investigación de EL LIBERTADOR afectará al Parque
Nacional “La Tigra”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este
viernes las protestas se reactivaron en el Distrito Central, capital de
Honduras, luego que un grupo de ciudadanos realizara una toma en el
bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia el carrizal al norte
de la ciudad. En la protesta de esta mañana, los capitalinos han sumado
también la defensa del Parque Nacional “La Tigra”.
Las
vías fueron obstruidas por piedras, ramas y llantas incendiadas. De ese
modo, por un lapso de dos horas el bulevar que conduce a la carretera
CA-5 que conecta la capital con el norte del país estuvo totalmente
paralizada.
Hasta
ese sector llegó la Policía para desalojar el bulevar, sin reportarse
acciones de represión a los ciudadanos. Esta mañana, la Plataforma para
la Defensa de la Salud y Educación, se reunió en las cercanías del mall
Premier en ese sector de Comayagüela para marchar con rumbo a las
instalaciones del Colegio Médico Hondureño.
Nuevamente
este organismo popular ha exigido la renuncia del gobernante Juan
Hernández, así como pedir la liberación de los presos políticos Rommel
Herrera y Gustavo Cáceres.
También
han mantenido su postura frente a la privatización de los derechos en
salud y educación, una lucha que nació en mayo pasado tras la aprobación
de los PCM, que a pesar que han sido derogados, según miembros de la
Plataforma, todavía existe el flagelo.
Cabe
destacar que la Plataforma también se ha pronunciado por el
megaproyecto habitacional “Bosques de Santa María”, mismo que según la
investigación exclusiva publicada en la edición impresa de julio de EL
LIBERTADOR pone en riesgo el Parque Nacional “La Tigra”.
“Desde
hace varios años observamos el incremento de incendios de origen
criminal, así como la tala inmisericorde de los bosques a fin de
instalar el proyecto habitacional ‘Residencial Bosques de Santa María’,
el cual afecta la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra”,
dicta una resolución emitida en el plantón de esta mañana.
De
igual manera en varios puntos del país, se realizaron acciones de
protestas y tomas de carreteras, las más connotadas fueron en Choluteca y
La Paz.
¡ZONA DE GUERRA! MILITARES SE APODERAN DE CHOLOMA
- Publicado: 27 Agosto 2019
La
Secretaría de Seguridad ha enviado a los militares a la ciudad de
Choloma, norte de Honduras, debido a que el crimen no da tregua a los
pobladores. Ahora, el escenario en el que viven, se asemeja más al de un
país que se desangra en conflicto bélico.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
ciudad de Choloma, Cortés, ubicada a unos 340 kilómetros al norte del
Distrito Central, capital de Honduras, se ha convertido en una zona de
guerra. El crimen va en alza en 2019 y para combatirlo, la Secretaría de
Seguridad ha desplazado a la Policía Militar (PM) para reducir actos
criminales y homicidios.
El
escenario en Choloma fácilmente se compara al de una tierra en
conflicto bélico, basta con ver las fotografías para discernir que los
pobladores, a pesar del despliegue de la PM y la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (Fusina), no se sienten a salvo.
La
constante vigilancia de militares por ahora se mantiene en las
colonias: La Victoria, Punta Caliente, Armando Gale, Trincheras y Cerro
Verde. Cabe destacar que de acuerdo con datos del Observatorio del
Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), con relación a masacres, cerca del 40
por ciento se han registrado en el departamento de Cortés.
Datos
del Sistema Estadístico Policial (Sepol), revelan que en 2018 se
registraron 202 homicidios y para 2019, se maneja que a la fecha ya se
registran unos 185 asesinatos.
En
ese contexto de violencia, la Secretaría de Seguridad ha prescindido de
los servicios de la Policía Nacional en esta zona, dejando a los
militares que realicen acciones de prevención como inspección de
vehículos, pesquisas a los pobladores y patrullajes.
Se
registran aproximadamente unas 185 muertes violentas en lo que va del
año 2019, incrementando el índice de mortalidad en el municipio de
Choloma.
¿Amenaza?: Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
14 agosto, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, dijo hoy en tono amenazante que mientras exista Honduras, el organismo de defensa seguirá vigente.
Y es que el papel timorato del brazo armado respecto a las señalamientos contra el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández ha generado reacciones en contra de la existencia de ese ente que llevaría en un futuro a plantear la necesidad de desaparecerlas por ser una pesada carga para la economía nacional.
«Las FFAA somos una institución de carácter permanente y existirán mientras exista Honduras, porque lo dice la constitución y sino vamos hacerlo permanente», afirmó.
Exigió a los actores políticos y sociales no cuestionar el papel de aparato castrense porque en este momento «está enfocada» en combatir la delincuencia organizada y narcotráfico.
Ponce es considerado como un incodicional a los intereses de Hernández y a pesar de que penden fuertes acusaciones contra su superior, ha evadido el tema varias veces y se ha limitado a decir que está cumpliendo con la Constitución.
Algunas voces críticas dentro de las FFAA habrían pedido en su momento al jefe militar que actúe conforme a la legalidad respecto a las críticas contra Hernández, quien goza de un amplio repudio de la población por sus nexos con la corrupción y narcotráfico.
Al
finalizar una misión de respuesta rápida, el equipo de crisis para las Américas
de Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha
emprendido una política de represión en contra de quienes protestan en las
calles exigiendo su renuncia y rechazando los procesos de privatización del
sistema de salud y educación.
La misión de Amnistía Internacional enfatizó que Honduras “el derecho a la protesta tiene un alto costo para quienes se atrevan a tomar las calles”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que Juan Orlando Hernández tiene un mensaje muy claro: “gritar FUERA JOH y exigir un cambio puede pagarse muy caro”.
Guevara Rosas indicó que, de acuerdo a la información del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), desde el 4 de marzo al 25 de junio del presente año se han registrado al menos 346 protestas en todo el país.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, durante el período de protestas las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego y han usado de forma indiscriminada armas menos letales, como gases lacrimógenos y balas de goma.
“En su intento desesperado de acallar las voces que exigen su renuncia, el presidente Juan Orlando Hernández ha usado a las Fuerzas Armadas para el control de las protestas”, enfatiza el informe de Amnistía Internacional.
Muertes por el uso de fuerza letal
Amnistía internacional, a través de Erika Guevara Rosas, evidenció que “el repunte de violencia durante las manifestaciones” dejó como saldo seis personas fallecidas y casi 80 heridas.
“La organización documentó un total de ocho casos, de los cuales dos tratan de personas fallecidas en manos del Ejército y la Policía Militar y seis de personas heridas, cuatro de ellas por arma de fuego”, denunció Guevara Rosas, detallando que analizaron 60 piezas de material audiovisual y fotográfico para identificar armas y municiones.
En relación al asesinato de Eblin Noel Corea, ejecutado a manos del Ejército en Yarumela, La Paz, la directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que “las municiones que se emplearon en el ataque contra la población civil son de calibre 9 milímetros, que refieren al uso de pistolas semiautomáticas, y de calibre 5.56 de rifle que son armas de uso del Ejército”.
Amnistía Internacional también condenó el uso excesivo de la fuerza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando elementos de la Policía Militar y del Orden Público entraron a Ciudad Universitaria y dispararon contra personas y estudiantes.
“Como resultado, al menos cinco personas fueron heridas de bala, entre ellas un estudiante de 25 años, que pidió no ser nombrado por razones de seguridad, quien recibió un disparo en el brazo, y Elder Nahúm Peralta, estudiante de 21 años, recibió un impacto de bala con entrada y salida que perforó su glúteo derecho”, demuestra el informe.
Erika Guevara Rosas informó que no pudo encontrar indicios de la supuesta retención de un oficial castrense, hecho con el que el gobierno justificó la represión y fuerza letal en Ciudad Universitaria.
Violaciones sin investigación
La misión de Amnistía Internacional detalló que de los ocho casos documentados, en dos de ellos las familias no presentaron denuncia ante el Ministerio Público por temor a represalias.
“El sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas.
Guevara Rosas manifestó que como Amnistía Internacional solicitaron una audiencia con Juan Orlando Hernández, “lastimosamente, una vez, el presidente ha delegado a otros funcionarios aduciendo que tenía otros compromisos”.
“Para nosotros es de suma preocupación, no porque no se reúna con Amnistía Internacional sino porque es claramente un hecho de que su gobierno no está priorizando el respeto y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía”, comentó Guevara Rosas.
Condenando la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de desplegar las Fuerzas Armadas, Erika Guevara Rosas finalizó expresando que Juan Orlando Hernández tiene que demostrar de forma urgente que está dispuesto a poner todos los medios a su alcance para frenar la represión letal, de lo contrario existirán razones para considerar su responsabilidad en cada una de las muertes y violaciones al integridad de las personas que ejercen su derecho legítimo a manifestarse.
Choluteca.- Tras varios días de protestas
continúas por la defensa de la salud y la educación, los hondureños
afrontan una ola de uso de fuerza gubernamental por parta del dictador
Juan Orlando Hernández, que ha dejado por lo menos cuatro muertos y más
de 30 heridos.
A las constantes manifestaciones convocadas por la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación se han sumado maestros, médicos, enfermeras, alumnos, padres de familia, entre otros sectores, quienes también no están de acuerdo con la privatización de estos dos derechos, tal como lo pretende hacer el Gobierno por presión del Fondo Monetario Internacional.
Las protestas se han realizado en los cuatro puntos cardinales del país, donde se ha interrumpido el tráfico vehicular por la toma de ejes carreteros, así como multitudinarias manifestaciones en la capital hondureña.
Para desalojar a los protestantes las fuerzas de seguridad del estado han recurrido a la represión la cuales han sido salvajes, donde han hecho uso de gases lacrimógenos, toletes, balas de gomas y balas convencionales, dejando como saldo personas muertas, heridos, lesionadas, criminalizados y un preso político.
Uno de los lugares que ha permanecido en permanente lucha por el retorno democrático del país es la zona sur, principalmente el departamento de Choluteca, donde todos los miércoles y sábado la ciudadanía sale a las calles a expresar su repudio al régimen de Juan Orlando Hernández.
También esta zona se ha unido al llamado que ha realizado desde abril la Plataforma por la Defensa de la salud y la Educación, donde los empleados de estos dos sectores han realizado masivas movilizaciones y tomas, en contra de su pretendida privatización.
En una comparecencia televisiva el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, señaló que “la policía ha sido tolerante, pero que ya no permitirá más tomas en las carreteras”. Y a la vez sentenció que “todos los encapuchados ya sabemos quiénes son y quien los protege y quienes dirigen estos grupos, vamos a capturarlos donde quiera que estén, la policía no puede permitir que el país se caiga por un grupo que cree que el país les pertenece”.
“Yo escuché decir a Pacheco (Ministro de Seguridad) que todos los encapuchados iban a hacer maltratados, pero ayer ninguno de los compañeros andaba encapuchado ni andaba tapada la cara, sin embargo fuimos atacado”, denunció el dirigente magisterial de Choluteca Celso Flores, quien agregó que cuando estaban negociando un tiempo de estadía en la zona, solo se dieron vuelta y comenzaron a reprimirlos con bombas lacrimógenas.
“Fue exagerada la cantidad de bomba que tiraron. Incluso un carro paila que venía con algunos maestros, la policía les tiró cuatro bombas a la paila y si alguno de los compañeros se hubiera tirado del carro se mata”, sostuvo el docente.
El maestro Celso Flores fue claro al señalar que la policía, después del mensaje del ministro de Seguridad, se ha ensañado con los docentes, “nos hicieron una emboscada, salieron por tres lugares diferentes, e incluso del monte, y desde ahí nos comenzaron a atacar”.
Indicó que el ver a compañeros golpeados, heridos y maltratados más bien nos motiva, no nos van a atrasar, vamos a seguir en las calles el tiempo necesario y vamos a continuar hasta lograr el objetivo propuesto.
“Vamos a llegar hasta que se termine, hasta que logremos el objetivo propuesto, hasta que el Gobierno haga una real transformación en salud y educación, hasta que tengamos todas las condiciones pedagógicas en las aulas de clases, para que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad”, sentenció el dirigente magisterial y a la vez dejó claro que “nosotros no andamos en una cuestión política, andamos por la transformación de la salud y educación”.
El gremio magisterial y de salud de Choluteca ha ratificado que están acompañando a la Plataforma de Salud y educación por una transformación en estas dos Secretaría, y que basta ya que el Gobierno esté haciendo confrontación con ellos porque eso va hacer en vano.
En la zona sur, como en el resto del país, la gente está atenta a los distintos llamados que realiza Plataforma y han advertido que estarán en las calles el tiempo que sea necesario.
Por su parte la defensora de los derechos humanos, Marta Maradiaga, señala que en Choluteca la situación ha estado caliente, desde la crisis post electoral, donde la ciudadanía no ha dejado las calles, ha estado en permanente insurrección contra el régimen de Juan Orlando Hernández.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, dijo hoy en tono amenazante que mientras exista Honduras, el organismo de defensa seguirá vigente.
Y es que el papel timorato del brazo armado respecto a las señalamientos contra el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández ha generado reacciones en contra de la existencia de ese ente que llevaría en un futuro a plantear la necesidad de desaparecerlas por ser una pesada carga para la economía nacional.
«Las FFAA somos una institución de carácter permanente y existirán mientras exista Honduras, porque lo dice la constitución y sino vamos hacerlo permanente», afirmó.
Exigió a los actores políticos y sociales no cuestionar el papel de aparato castrense porque en este momento «está enfocada» en combatir la delincuencia organizada y narcotráfico.
Ponce es considerado como un incodicional a los intereses de Hernández y a pesar de que penden fuertes acusaciones contra su superior, ha evadido el tema varias veces y se ha limitado a decir que está cumpliendo con la Constitución.
Algunas voces críticas dentro de las FFAA habrían pedido en su momento al jefe militar que actúe conforme a la legalidad respecto a las críticas contra Hernández, quien goza de un amplio repudio de la población por sus nexos con la corrupción y narcotráfico.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Confirman uso de balas militares en manifestaciones contra JOH
Al
finalizar una misión de respuesta rápida, el equipo de crisis para las Américas
de Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha
emprendido una política de represión en contra de quienes protestan en las
calles exigiendo su renuncia y rechazando los procesos de privatización del
sistema de salud y educación.La misión de Amnistía Internacional enfatizó que Honduras “el derecho a la protesta tiene un alto costo para quienes se atrevan a tomar las calles”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que Juan Orlando Hernández tiene un mensaje muy claro: “gritar FUERA JOH y exigir un cambio puede pagarse muy caro”.
Guevara Rosas indicó que, de acuerdo a la información del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), desde el 4 de marzo al 25 de junio del presente año se han registrado al menos 346 protestas en todo el país.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, durante el período de protestas las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego y han usado de forma indiscriminada armas menos letales, como gases lacrimógenos y balas de goma.
“En su intento desesperado de acallar las voces que exigen su renuncia, el presidente Juan Orlando Hernández ha usado a las Fuerzas Armadas para el control de las protestas”, enfatiza el informe de Amnistía Internacional.
Muertes por el uso de fuerza letal
Amnistía internacional, a través de Erika Guevara Rosas, evidenció que “el repunte de violencia durante las manifestaciones” dejó como saldo seis personas fallecidas y casi 80 heridas.
“La organización documentó un total de ocho casos, de los cuales dos tratan de personas fallecidas en manos del Ejército y la Policía Militar y seis de personas heridas, cuatro de ellas por arma de fuego”, denunció Guevara Rosas, detallando que analizaron 60 piezas de material audiovisual y fotográfico para identificar armas y municiones.
En relación al asesinato de Eblin Noel Corea, ejecutado a manos del Ejército en Yarumela, La Paz, la directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que “las municiones que se emplearon en el ataque contra la población civil son de calibre 9 milímetros, que refieren al uso de pistolas semiautomáticas, y de calibre 5.56 de rifle que son armas de uso del Ejército”.
Amnistía Internacional también condenó el uso excesivo de la fuerza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando elementos de la Policía Militar y del Orden Público entraron a Ciudad Universitaria y dispararon contra personas y estudiantes.
“Como resultado, al menos cinco personas fueron heridas de bala, entre ellas un estudiante de 25 años, que pidió no ser nombrado por razones de seguridad, quien recibió un disparo en el brazo, y Elder Nahúm Peralta, estudiante de 21 años, recibió un impacto de bala con entrada y salida que perforó su glúteo derecho”, demuestra el informe.
Erika Guevara Rosas informó que no pudo encontrar indicios de la supuesta retención de un oficial castrense, hecho con el que el gobierno justificó la represión y fuerza letal en Ciudad Universitaria.
Violaciones sin investigación
La misión de Amnistía Internacional detalló que de los ocho casos documentados, en dos de ellos las familias no presentaron denuncia ante el Ministerio Público por temor a represalias.
“El sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas.
Guevara Rosas manifestó que como Amnistía Internacional solicitaron una audiencia con Juan Orlando Hernández, “lastimosamente, una vez, el presidente ha delegado a otros funcionarios aduciendo que tenía otros compromisos”.
“Para nosotros es de suma preocupación, no porque no se reúna con Amnistía Internacional sino porque es claramente un hecho de que su gobierno no está priorizando el respeto y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía”, comentó Guevara Rosas.
Condenando la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de desplegar las Fuerzas Armadas, Erika Guevara Rosas finalizó expresando que Juan Orlando Hernández tiene que demostrar de forma urgente que está dispuesto a poner todos los medios a su alcance para frenar la represión letal, de lo contrario existirán razones para considerar su responsabilidad en cada una de las muertes y violaciones al integridad de las personas que ejercen su derecho legítimo a manifestarse.
En Datos
346 protestas a nivel nacional (entre el 4 de marzo y el 25 de junio)
8 personas fallecidas en protestas, 2 a manos del Ejército
80 personas heridas
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Policía Militar reprime con salvajismo a manifestantes en la carretera CA5 Sur
20 junio, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Efectivos de las FFAA de Honduras desalojaron este jueves a un grupo de personas que se manifestaban mediante tomas en la carretera CA5 Sur, en la comunidad de Santa Ana.
La toma se realizó con piedras en medio del eje carretero y quemas de llantas, para impedir el tránsito vehicular, pero minutos después llegaron los agentes militares quienes comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas a los protestantes.
Por su parte, vecinos del lugar trataron de evitar que el dispositivo del cuerpo armado lanzara las bombas de gas, ya que en el lugar hay gran cantidad de menores de edad y adultos mayores pero fue imposible.
Asimismo, se reportan más tomas en los accesos carreteros de Olancho, Cortés, La Ceiba y El Paraíso donde las personas mantienen el bloqueo de las principales carreteras.
Cabe recordar, que estas acciones se realizan en apoyo a la lucha de la Plataforma en defensa del sistema sanitario y educativo.
Efectivos de las FFAA de Honduras desalojaron este jueves a un grupo de personas que se manifestaban mediante tomas en la carretera CA5 Sur, en la comunidad de Santa Ana.
La toma se realizó con piedras en medio del eje carretero y quemas de llantas, para impedir el tránsito vehicular, pero minutos después llegaron los agentes militares quienes comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas a los protestantes.
Por su parte, vecinos del lugar trataron de evitar que el dispositivo del cuerpo armado lanzara las bombas de gas, ya que en el lugar hay gran cantidad de menores de edad y adultos mayores pero fue imposible.
Asimismo, se reportan más tomas en los accesos carreteros de Olancho, Cortés, La Ceiba y El Paraíso donde las personas mantienen el bloqueo de las principales carreteras.
Cabe recordar, que estas acciones se realizan en apoyo a la lucha de la Plataforma en defensa del sistema sanitario y educativo.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Se agudizan represiones en Choluteca
A las constantes manifestaciones convocadas por la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación se han sumado maestros, médicos, enfermeras, alumnos, padres de familia, entre otros sectores, quienes también no están de acuerdo con la privatización de estos dos derechos, tal como lo pretende hacer el Gobierno por presión del Fondo Monetario Internacional.
Las protestas se han realizado en los cuatro puntos cardinales del país, donde se ha interrumpido el tráfico vehicular por la toma de ejes carreteros, así como multitudinarias manifestaciones en la capital hondureña.
Para desalojar a los protestantes las fuerzas de seguridad del estado han recurrido a la represión la cuales han sido salvajes, donde han hecho uso de gases lacrimógenos, toletes, balas de gomas y balas convencionales, dejando como saldo personas muertas, heridos, lesionadas, criminalizados y un preso político.
Uno de los lugares que ha permanecido en permanente lucha por el retorno democrático del país es la zona sur, principalmente el departamento de Choluteca, donde todos los miércoles y sábado la ciudadanía sale a las calles a expresar su repudio al régimen de Juan Orlando Hernández.
También esta zona se ha unido al llamado que ha realizado desde abril la Plataforma por la Defensa de la salud y la Educación, donde los empleados de estos dos sectores han realizado masivas movilizaciones y tomas, en contra de su pretendida privatización.
En una comparecencia televisiva el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, señaló que “la policía ha sido tolerante, pero que ya no permitirá más tomas en las carreteras”. Y a la vez sentenció que “todos los encapuchados ya sabemos quiénes son y quien los protege y quienes dirigen estos grupos, vamos a capturarlos donde quiera que estén, la policía no puede permitir que el país se caiga por un grupo que cree que el país les pertenece”.
“Yo escuché decir a Pacheco (Ministro de Seguridad) que todos los encapuchados iban a hacer maltratados, pero ayer ninguno de los compañeros andaba encapuchado ni andaba tapada la cara, sin embargo fuimos atacado”, denunció el dirigente magisterial de Choluteca Celso Flores, quien agregó que cuando estaban negociando un tiempo de estadía en la zona, solo se dieron vuelta y comenzaron a reprimirlos con bombas lacrimógenas.
“Fue exagerada la cantidad de bomba que tiraron. Incluso un carro paila que venía con algunos maestros, la policía les tiró cuatro bombas a la paila y si alguno de los compañeros se hubiera tirado del carro se mata”, sostuvo el docente.
El maestro Celso Flores fue claro al señalar que la policía, después del mensaje del ministro de Seguridad, se ha ensañado con los docentes, “nos hicieron una emboscada, salieron por tres lugares diferentes, e incluso del monte, y desde ahí nos comenzaron a atacar”.
Indicó que el ver a compañeros golpeados, heridos y maltratados más bien nos motiva, no nos van a atrasar, vamos a seguir en las calles el tiempo necesario y vamos a continuar hasta lograr el objetivo propuesto.
“Vamos a llegar hasta que se termine, hasta que logremos el objetivo propuesto, hasta que el Gobierno haga una real transformación en salud y educación, hasta que tengamos todas las condiciones pedagógicas en las aulas de clases, para que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad”, sentenció el dirigente magisterial y a la vez dejó claro que “nosotros no andamos en una cuestión política, andamos por la transformación de la salud y educación”.
El gremio magisterial y de salud de Choluteca ha ratificado que están acompañando a la Plataforma de Salud y educación por una transformación en estas dos Secretaría, y que basta ya que el Gobierno esté haciendo confrontación con ellos porque eso va hacer en vano.
En la zona sur, como en el resto del país, la gente está atenta a los distintos llamados que realiza Plataforma y han advertido que estarán en las calles el tiempo que sea necesario.
Por su parte la defensora de los derechos humanos, Marta Maradiaga, señala que en Choluteca la situación ha estado caliente, desde la crisis post electoral, donde la ciudadanía no ha dejado las calles, ha estado en permanente insurrección contra el régimen de Juan Orlando Hernández.
Este
médico resulto con sus dedos del pie izquierdo fracturados y con varios
golpes en su cuerpo, tras ser agredido a patadas por la policía
“Los enfrentamiento se siguen dando, la policía cuando agarra una
persona procede a golpearla, a amenazarla. Ellos se lanzan más contra
los jóvenes que son el punto blanco para ellos, porque los jóvenes son
los de la lucha”, señaló Maradiaga, quien anunció que en este proceso
por la transformación de la educación y la salud, la situación se ha
agudizado porque ya tienen documentado varias personas que han
resultados lesionadas y heridas,
La defensora de los derechos humanos reconoció que el temor se ha apoderado de los protestantes porque estos tienen miedo de denunciar las violaciones de los derechos humanos que son objeto por parte de las fuerzas de seguridad al servicio del dictador Juan Orlando Hernández.
“Hay muchas personas que tienen miedo, pero nosotros tratamos de hacerle conciencia de que tienen que denunciar, entonces a veces algunos toman la conciencia de hacer la denuncia, otros callan”.
Maradiaga señaló que la policía está utilizando otra táctica para no registrar a las personas que detienen durante las jornadas de protestas, están son retenidas por corto espacio y luego son liberadas o entregadas a organizaciones de derechos humanos, pero en el libro de novedades no quedan registradas que su detención se realizó durante una protesta, a veces quedan inscritas por escándalos públicos.
Además denunció que arbitrariamente también a los que son capturados son trasladadas a los dos batallones que están ubicados en el sector, donde se les niega a los defensores de derechos humanos el ingreso para verificar la identidad de los detenidos, por lo tanto tampoco queda un registro de las personas que han sido detenidas, indicó.
Sigue siendo fuerte la represión contra las personas que se movilizan y los defensores han dado un sin número de acompañamiento a personas que han sido judicializadas en esta lucha, por reclamar un derecho que a todos nos compete como ciudadano.
Marta Maradiaga es bien clara al señalar que el pueblo de Choluteca despertó, porque conoce sus derechos y es un pueblo que tiene el valor de enfrentarse, porque están empoderados de sus derechos y entonces él (Juan Orlando Hernández) cree que con la represión va a detener estas luchas.
Por las permanentes movilizaciones que se registran semana a semana en Choluteca, el régimen determinó militarizar el lugar con tanquetas de guerras y centenares de efectivos, pero esto más bien ha indignado a la población que ahora sale con más convicción a las calles a exigir la salida de Juan Orlando Hernández.
“A pesar de tanta represión la gente se mantiene y por lo que tenemos entendido la gente no se rinde. Nosotros desde el proceso post electoral hemos estado en las calles acompañando a esa gente y hemos visto su sufrimiento, los abusos de la policía contra los ciudadanos comunes y defensores de derechos humanos”.
La convicción los mantiene en la lucha y el amor por defender al indefenso. Como defensores de derechos humanos no hemos tenido respeto de las autoridades, pero cuando los manifestantes nos ven se sienten como protegidos, finalizó diciendo Marta Maradiaga.
La defensora de los derechos humanos reconoció que el temor se ha apoderado de los protestantes porque estos tienen miedo de denunciar las violaciones de los derechos humanos que son objeto por parte de las fuerzas de seguridad al servicio del dictador Juan Orlando Hernández.
“Hay muchas personas que tienen miedo, pero nosotros tratamos de hacerle conciencia de que tienen que denunciar, entonces a veces algunos toman la conciencia de hacer la denuncia, otros callan”.
Maradiaga señaló que la policía está utilizando otra táctica para no registrar a las personas que detienen durante las jornadas de protestas, están son retenidas por corto espacio y luego son liberadas o entregadas a organizaciones de derechos humanos, pero en el libro de novedades no quedan registradas que su detención se realizó durante una protesta, a veces quedan inscritas por escándalos públicos.
Además denunció que arbitrariamente también a los que son capturados son trasladadas a los dos batallones que están ubicados en el sector, donde se les niega a los defensores de derechos humanos el ingreso para verificar la identidad de los detenidos, por lo tanto tampoco queda un registro de las personas que han sido detenidas, indicó.
Sigue siendo fuerte la represión contra las personas que se movilizan y los defensores han dado un sin número de acompañamiento a personas que han sido judicializadas en esta lucha, por reclamar un derecho que a todos nos compete como ciudadano.
Marta Maradiaga es bien clara al señalar que el pueblo de Choluteca despertó, porque conoce sus derechos y es un pueblo que tiene el valor de enfrentarse, porque están empoderados de sus derechos y entonces él (Juan Orlando Hernández) cree que con la represión va a detener estas luchas.
Por las permanentes movilizaciones que se registran semana a semana en Choluteca, el régimen determinó militarizar el lugar con tanquetas de guerras y centenares de efectivos, pero esto más bien ha indignado a la población que ahora sale con más convicción a las calles a exigir la salida de Juan Orlando Hernández.
“A pesar de tanta represión la gente se mantiene y por lo que tenemos entendido la gente no se rinde. Nosotros desde el proceso post electoral hemos estado en las calles acompañando a esa gente y hemos visto su sufrimiento, los abusos de la policía contra los ciudadanos comunes y defensores de derechos humanos”.
La convicción los mantiene en la lucha y el amor por defender al indefenso. Como defensores de derechos humanos no hemos tenido respeto de las autoridades, pero cuando los manifestantes nos ven se sienten como protegidos, finalizó diciendo Marta Maradiaga.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Asesinan a hija de líder de la oposición en Choluteca
Estefany Quiroz López- imagen compartida
Tegucigalpa, Honduras. –
Tenia 11 años de edad y era su única hija. Estefany Yolani Quiroz
López, fue impactada por varios disparos cuando se transportaba
acompañada de otros adultos, en un vehículo, anoche en Choluteca, al sur
del país.
Su padre, Gabriel Quiroz, reconocido
defensor de derechos humanos y líder político de la oposición, no
entiende por qué los responsables (aún desconocidos), hicieron este
hecho que enluta a la comunidad sureña, atacada casi a diario desde
noviembre del 2017, cuando se lanzó a las calles a exigir justicia ante
el fraude electoral que mantiene ilegalmente en el poder a Juan
Hernández.
“Una niña con una vida por delante, hubiera preferido morir yo, porque mi hija estaba empezando la vida”, declaró al canal 27 Choluvisión.
Quiroz es miembro activo del movimiento
contra la dictadura de Hernández “Bastión del Sur” e intégrate de la
corriente política “M- 28” del partido Libertad y Refundación (LIBRE), y
del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), según informó a
Defensores en Linea, Deninson Escalante, integrante de la Red de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR).
Las
redes sociales han sido los canales de denuncia e indignación por el
crimen que acabó con la vida de Estefany, entre ellas que: el cuerpo de
la pequeña “no fue llevada a Tegucigalpa para la autopsia respectiva”,
denunció Ilse Berenice
Marcell Ortiz: Mi
solidaridad para el compañero y amigo Gabriel Quiroz, líder activo de
Bastión del Sur, tras la pérdida de su primogénita, víctima de la
delincuencia en este país, exigimos este crimen se investigue, y no
quede en la Impunidad.
Según el portal Noticias Honduras HN,
los perpetradores iban a bordo de 3 motocicletas que interceptaron un
vehículo turismo en el bulevard “Mauricio Oliva” de Choluteca, al cual
le dispararon en varias ocasiones, hiriendo a la niña Estefany Yolany
López (11), quien falleció en la sala de emergencia del hospital del
Sur.
Natalie Hernandez: Hoy
mi alma está destrozada, al despertar con la triste noticia que anoche
asesinaron a la hija de nuestro compañero y amigo Gabriel Quiroz. Eso me
pone triste al ser una niña, así como la mía, una niña que miré crecer
hoy está muerta por la delincuencia que impera en esta ciudad. Estoy en
consternación total ahí estaremos para dar apoyo a nuestro amigo y la
mama de la niña Dinora, es triste esta noticia.
Defensores
de derechos humanos y periodistas también han mostrado su consternación
por el asesinato de la hija de Gabriel Quiroz, quien ha sido víctima de
percusión al grado de aparecer en una lista de órdenes de captura junto
a compañeros y compañeras de Bastión del Sur, supuestamente
responsables de causar daños durante manifestaciones sociales en
Choluteca.
El movimiento Bastión del Sur, en un
comunicado público afirmó que “Consideramos tal Hecho como un crimen
político más, que engrosa la lista de crímenes políticos en Honduras”
por lo que exige justica, investigación y el acompañamiento de
Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e internacional,
organizaciones feministas y luchadores sociales a nivel local, nacional y
fuera de Honduras para mostrar su solidaridad a Gabriel Quiroz.
Quiroz es uno de los fundadores del
movimiento de Los Indignados en el año 2015, estuvo en huelga de hambre
junto a Hernán Silva, José Vicente Gudiel y Melvin Zambrano, en
exigencia de la instalación de un Comisión de Investigación Contra la
Impunidad en Honduras (CICIH), y ha sido hostigado, perseguido,
criminalizado y atacado, denunció su amiga, la periodista Melissa
Hernández.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
HONDURAS CONSTERNADA POR ASESINATO DE NIÑA, HIJA DE LÍDER DE OPOSICIÓN SOCIAL
- Publicado: 09 Julio 2019
En
un brutal ataque con armas de fuego, la hija del defensor de Derechos
Humanos y líder de la oposición, Gabriel Quiróz, murió al instante. Se
trata de la niña de 11 años, Estefany Yolany López, quien al momento del
atentado, era llevada a la casa del activista social.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Choluteca.
El pasado sábado, murió a causa de varios impactos de bala, Estefany
Yolany López de once años de edad, quien era hija del defensor de la
vida, Gabriel Quiróz. De acuerdo a la construcción de los hechos, la
familia transitaba por el bulevar “Mauricio Oliva”, cuando tres
individuos en motocicletas abrieron fuego.
El
suceso, se registró a eso de las 11:30 de la noche, del sábado 6 de
julio. Según el reporte preliminar, la mayoría de proyectiles impactó
directamente en el cuerpo de la menor, causando su muerte al instante.
Las
otras tres personas, que se encontraban dentro del vehículo fueron
heridas y posteriormente llevadas a distintos centros asistenciales
donde ahora se encuentran en proceso de recuperación.
De
momento, las autoridades desconocen las causas del ataque y las
identidades de los malhechores. De acuerdo a los familiares, la niña era
transportada en el vehículo con destino al hogar del defensor.
El
crimen ha indignado a la población, sobre todo a la familia que exige a
las autoridades que se dé la respectiva investigación del caso y que se
actué para que no quede en impunidad.
En
medio del agobiante dolor y las lágrimas, su padre, lamentó que hubiera
preferido estar en su lugar: “Una niña con una vida por delante,
hubiera preferido morir yo, ¿por qué mi hija?”.
Los
actos fúnebres de la menor se realizaron hoy, reuniendo a familiares y
compañeros del Centro Básico de Educación Felipe Reyes, quienes dieron
el último adiós a Estefany, quien se ha convertido en un mártir más de
la multicrisis hondureña.
Cabe
destacar que este trágico hecho ha consternado nuevamente a la ciudad
de Choluteca, que en los últimos meses, tras mantener la resistencia en
la represión estatal, no para de exigir la renuncia del actual
gobernante. Esta zona, ha sido de las pocas donde el proceso de
insurrección popular se mantiene, en abril pasado, el joven de 17 años,
Wilfredo Moncada, murió a causa de un disparo en la cabeza en una
manifestación.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Defensora en peligro: Policía echa tóxico en la cara de integrante de la Plataforma por la Salud y la Educación
Monday, 03 June 2019 23:55 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
“Yo llegué hasta los policías de Casa Presidencial para tratar de
evitar una represión contra la manifestación de hoy, pero como respuesta
me echaron un tóxico en la cara que todavía me tiene afectada de la
garganta”, denunció este 03 de junio de 2019, la doctora Ligia Ramos,
quien es integrante de la Plataforma de Lucha por la Salud y la
Educación.
Uno de los principales riesgos para las mujeres defensoras de los
derechos humanos es cuando tienen que intermediar con la policía o el
ejército, la violencia es más dirigida por ser mujer, en este caso la
doctora Ramos llegó sola a hablar con los agentes a quienes solicitó la
comunicaron en el alto mando que estaba dirigiendo el operativo, pero
recibió una dosis de tóxico.
Ramos ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de amenazas tanto personales como por redes sociales pues es una defensora de los derechos humanos que hace su trabajo con mucho compromiso y pasión, además de poner su profesión al servicio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre esta población están los estudiantes y las personas que participaron en la huelga de hambre de los indignados.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ha hecho todo lo posible por desarticular la Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación de la que la doctora Ramos forma parte. Entre las estrategias está la represión masiva y la dirigida a aquellas personas que tienen un liderazgo visible.
Una comisión de esta plataforma llegó ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, dirigido por el Doctor Roberto Herrera Cáceres porque temen un desenlace fatal contra la dirigencia que lucha además contra una campaña mediática auspiciada desde casa presidencial.
De acuerdo la Ley de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, el Mecanismo de Protección debe actuar a petición de la persona afectada y que pertenezca a los sectores protegidos por esta legislación.
Pero el artículo 29 de la Ley es contundente en cuanto a la actuación que debe tener el Mecanismo de Protección, en el inciso 3 de este artículo señala que “Tramitar de oficio la aplicación de medidas de seguridad cuando cualquier persona objeto de la presente Ley enfrente una situación de riesgo que amerite medidas urgentes”.
Las defensoras más atacadas
Según el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, (RNDDH), ”Defender para Vivir”, de entre las mujeres defienden la vida hay cuatro grupos que están siendo fuertemente atacadas, en primer lugar y con una mayor cantidad de agresiones son las defensoras de la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza, incluidas en ese grupo un gran numero de mujeres indígenas.
En segundo lugar quienes defienden el derecho a la educación, defensoras que han tenido repercusiones fuertes que van desde la expulsión del centro universitario, amenazas de muerte y encarcelamientos, agresiones en las que articulan una serie de perpetradores como las autoridades universitarias, guardias de seguridad privada, Fuerzas policiales y militares, hasta compañeros de sus propios movimientos.
Y en tercer lugar, las mujeres que defienden el derecho a defender derechos y seguidas quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia, que denuncian constantemente el aumento en los femicidios. Sin embargo, la defensa de derechos no se aisla una de la otra, ya que tal como lo menciona el informe, las defensoras han llegado más allá, van de su lucha especifica y se conectan con las otras luchas y diversos territorios.
Lea el informe completo Defender para Vivir en este Link
Ramos ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de amenazas tanto personales como por redes sociales pues es una defensora de los derechos humanos que hace su trabajo con mucho compromiso y pasión, además de poner su profesión al servicio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre esta población están los estudiantes y las personas que participaron en la huelga de hambre de los indignados.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ha hecho todo lo posible por desarticular la Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación de la que la doctora Ramos forma parte. Entre las estrategias está la represión masiva y la dirigida a aquellas personas que tienen un liderazgo visible.
Una comisión de esta plataforma llegó ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, dirigido por el Doctor Roberto Herrera Cáceres porque temen un desenlace fatal contra la dirigencia que lucha además contra una campaña mediática auspiciada desde casa presidencial.
De acuerdo la Ley de Protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, el Mecanismo de Protección debe actuar a petición de la persona afectada y que pertenezca a los sectores protegidos por esta legislación.
Pero el artículo 29 de la Ley es contundente en cuanto a la actuación que debe tener el Mecanismo de Protección, en el inciso 3 de este artículo señala que “Tramitar de oficio la aplicación de medidas de seguridad cuando cualquier persona objeto de la presente Ley enfrente una situación de riesgo que amerite medidas urgentes”.
Las defensoras más atacadas
Según el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, (RNDDH), ”Defender para Vivir”, de entre las mujeres defienden la vida hay cuatro grupos que están siendo fuertemente atacadas, en primer lugar y con una mayor cantidad de agresiones son las defensoras de la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza, incluidas en ese grupo un gran numero de mujeres indígenas.
En segundo lugar quienes defienden el derecho a la educación, defensoras que han tenido repercusiones fuertes que van desde la expulsión del centro universitario, amenazas de muerte y encarcelamientos, agresiones en las que articulan una serie de perpetradores como las autoridades universitarias, guardias de seguridad privada, Fuerzas policiales y militares, hasta compañeros de sus propios movimientos.
Y en tercer lugar, las mujeres que defienden el derecho a defender derechos y seguidas quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia, que denuncian constantemente el aumento en los femicidios. Sin embargo, la defensa de derechos no se aisla una de la otra, ya que tal como lo menciona el informe, las defensoras han llegado más allá, van de su lucha especifica y se conectan con las otras luchas y diversos territorios.
Lea el informe completo Defender para Vivir en este Link
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Profesor que fue herido por policías durante manifestación pierde un riñón
Por Riccy Ponce
Siguatepeque.- El
maestro Claros Alfonso González Sánchez que fuera herido con bala por
parte de la policía en la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque
durante la movilización de ayer, perdió un hígado, pero su estado de
salud es estable.
Claros Alfonso fue auxiliado
inmediatamente y trasladado a un centro asistencial de Comayagua, donde
fue sometido a una cirugía y producto de la herida que llevaba los
médicos no le pudieron salvar uno de sus riñones. Permanecerá con un
tubo conectado en el hígado y en el pulmón, esto hasta esperar su
evolución.
El maestro Claros Alonso recibió el disparo en la espalda, en la región lumbar a centímetros de la columna.
Pablo González Pérez, padre del profesor herido, dialoga con una de las procuradoras del Cofadeh
El profesor se encontraba junto con un
grupo de profesores y personal del área de la salud de Siguatepeque y de
Intibucá en una manifestación en la CA-5 en protesta contra la
privatización de la salud y la educación.
Los elementos represores del estado
comenzaron a reprimir la manifestación con gas lacrimógeno y bala viva,
resultando herido de proyectil el profesor, quien producto de la herida
perdió el riñón derecho, tiene laceración en el hígado y pulmón.
Según la doctora que lo auxilió cuando
cayó herido, de la que omitimos su nombre, dijo que “ellos (la policía)
ya estaban disparando hacia el aire, pero no le estaban disparando a la
gente, pero cuando para evitar sentir el gas que lanzaba las fuerzas
represoras del estado se las estaban regresando, entonces ellos
empezaron a dispararle a la gente y al que afectaron fue al profesor”.
El profesor fue trasladado hasta el hospital Santa Teresa de Comayagua, donde fue atendido e intervenido quirúrgicamente.
“Un profesor al que no le pregunté su
nombre, pero que trabajó en la Cruz Roja, tuvo el valor de venirse
conmigo en un taxi que paramos en el camino, atrás iba el profesor
herido con él y yo adelante, hicimos las conexiones con el hospital
Evangélico de Siguatepeque, allí ya lo revisaron la cirujana, médicos
generales, enfermería y después esperamos la ambulancia del 911 y desde
allá hicimos las gestiones al hospital Santa Teresa de Comayagua,
asegurándonos de que hubiera cirujano y personal para poderlo atender y
todo se hizo muy rápido”.
Añadió que “si no hubiera habido
personal médico se muere, porque fíjese que desde el momento que le
hicieron la herida de bala lo trasladamos al hospital Evangélico, nos
demoramos 15 minutos y en 15 minutos él ya iba con una presión de 80-
40, ya sus signos vitales estaban inestables, sudoroso, pálido, entonces
si nos demoramos unos 15 minutos más y se muere”.
“Gracias a Dios en hospital Evangélico
se logró estabilizar y durante todo el trayecto que venimos de
Siguatepeque a Comayagua en la ambulancia se mantuvo estable su presión
arterial entre 120-70, entró al salón de operaciones estable,
lamentablemente perdió uno de sus riñones y sufrió heridas en el pulmón
e hígado pero está estable”, finalizó la profesional de la medicina
que actuó rápido para lograr salvarle la vida al profesor.
Por su parte su padre, Pablo González
Pérez, desde la sala de espera del hospital, condena el hecho y afirma
que la Policía Nacional y la Militar están para cuidar no para disparar
en contra de las personas, y más contra quienes luchan por una causa
justa como lo hace su hijo.
“Yo pienso que mi hijo está en una lucha
justa, porque ellos tiene mucho tiempo de estar trabajando y todavía no
les han pagado, y a raíz de eso ellos andaban en apoyo, no andaban
queriendo agredir a nadie”, señaló.
Se preguntó ¿porque le dispararon?, algo
que no lo veo justo yo y no tienen la potestad de dispárale a un ser
humano, porque ante Dios todos somos iguales, el presidente no tiene
porque dar órdenes de que esto suceda porque somos seres humanos e hijos
de un solo padre.
Al mismo tiempo el señor González pide
justicia para su hijo “yo pido que se averigüe y que también caiga el
peso de la ley, que se averigüe como fue su causa y porque, si fue
alguno del gremio militar o de la policía, yo pido que se castigue con
la ley, porque no podemos estar en esto de que ya no confía uno, la
policía y los militares están para hacer poner orden no para quitar
vidas, condeno rotundamente las acciones de las Fuerzas Armadas y de la
policía.
Como voy a estar de acuerdo yo, si soy
un hombre que paso luchando, un hombre que luché para que este hijo mío
se ganara el salario diferente y hoy, no estoy de acuerdo en esto, y no
estoy en condiciones de aceptar esto, porque todos somos seres humanos y
todos tenemos el derecho a vivir como mejor nos venga, pero hay que
luchar por lo que no vemos bien y yo aquí rotundamente condeno esto,
finalizó el padre del profesor.
Desde el momento que el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) conoció del
hecho, se trasladó hasta el hospital para brindar acompañamiento a la
familia.
El profesor Claros es un maestro
originario de Intibucá y labora en un centro básico del municipio de
Opalaca, y está en contra de la privatización de la salud y la
educación y eso lo motivó a luchar porque se deroguen los decretos que
aprobó el Ejecutivo en Consejo de Ministros y que perjudican al pueblo y
al gremio de la salud y la educación.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Enfermera denuncia que militares disparon contra su humanidad
Tegucigalpa, Honduras.-
“Pese al impacto de los golpes me mantuve de pie porque soy una mujer
fuerte”, detalló Karen Díaz, una enfermera auxiliar que el viernes
pasado fue impactada por dos bombas lacrimógenas lazadas por militares, a
inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”
(UPNFM).
Díaz, quien está desempleada detalló en primera instancia en su cuenta de Facebook que “fui
vilmente reprimida por la policía de Juan Orlando Hernández, policía
cobarde que está contra su pueblo, y solo obedecen órdenes de este
régimen”.
“Me lanzaron dos balas de goma
directamente hacia mi cuerpo, pegándome una en mi rostro en el cual
tengo una herida abierta y con profundidad, la otra bala pegó en mi
pecho. Pero aun así no podrán callar mi voz de protesta y mi convicción
de luchar por la liberación de mi pueblo RESISTIMOS Y VENCEREMOS”.
Este lunes 03 de junio, interpuso la
denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), para sentar precedentes, porque considera injusto
que las fuerzas represoras del Estado ataquen de esta manera al pueblo,
en este caso que se ensañen con las mujeres.
Ya en el marco del golpe de Estado del
2009, la enfermera fue víctima de persecución policial mientras
participaba en una movilización contra el gobierno de facto de Roberto
Micheletti Bahin, y la restitución del orden constitucional del
derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales.
En esta ocasión, Díaz fue impactada
durante una protesta en el marco del paro nacional convocado por la
Plataforma de defensa a la Salud y Educación, por la derogación de los
decretos PCM 2019-26 y PCM 2019-27, entre otros.
“Las personas que disparaban vestían
uniformes oscuros, con escudos, armas, cascos, protectores en los brazos
y piernas y altos. Viendo imágenes eran militares de verde olivo. No
hubo diálogo previo, sino que de un solo bombardearon a la población,
que éramos más de cuatro mil personas, y habíamos avanzado unos dos
kilómetros”, recordó Díaz, quien había caminado se la colonia Kennedy al
sector de la UPNFM.
Detalló que, los militares estaban como a
cuatro metros de distancia, el humo de los gases lacrimógenos impidió
la visibilidad, lo que provocó que perdiera la ubicación para protegerse
de los disparos y las piedras que lanzan los uniformados.
Recibió un fuerte impacto en su rostro y
seguido cerca del cuello, pero hasta que sintió la camisa ensangrentada
se dio cuenta que tenía tarida la cara.
“En eso empecé a sentir el pecho y el rostro caliente y mucho ardor. Del impacto también sentí que se me movió un diente, dándome cuenta que un pedazo del colmillo superior derecho se me cayó”. Karen Díaz
Pese al impacto de los golpes me mantuve
de pie, y es cuando le pedí a mi hija que me tomara una foto para dejar
evidencia del hecho, agregó. Y por esa misma razón acudió a la
organización defensora de derechos humanos.
Denunció que, la fuerza represora es tan
agresiva que ellos –militares y policías- les disparan directamente a
una mujer, y al pueblo en general.
El COFADEH ha documentado violaciones a
los derechos humanos en este marco de protestas por la defensa a los
derechos a la educación y salud, especialmente en el último mes, que se
ha unido a los médicos y docentes, estudiantes, padres y madres de
familia, y otros sindicatos.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Defensores exigen investigación por crimen de ambientalista del Valle de Siria
Santos Isidro Cruz, en una reunión del COFADEH.
Tegucigalpa, Honduras.- Con señales de tortura y tres disparos fue encontrado aún con vida el líder ambientalista Santos Isidro Cruz,
ayer en la comunidad de El Guante, municipio de Cedros, al norte de
Francisco Morazán, pero al ser ingresado al Hospital Escuela
Universitario, se le informó a la familia que había fallecido.
Su esposa e hijas desconocen porque
“Chilo” fue impactado con tres balas en el pecho y el abdomen, y señales
de forcejeo en sus brazos, por lo que presentaron la denuncia a la
policía del municipio de Cedros, a 95 kilómetros al norte de
Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía el defensor de los
bienes comunes de la naturaleza.
Cruz, de unos 40 años de edad, era Vocal del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS),
entidad que tiene casi 20 años en oposición permanente de la
explotación minera, en una región conocida internacionalmente por los
efectos en la salud que deja el extractivismo a cielo abierto.
El miércoles, Chilo salió de su casa en
motocicleta, con destino al instituto de educación media “Alma Latina”
en la comunidad de “El Guante”, donde trabajaba de vigilante le pidió a
su esposa que lo acompañara porque iba a recibir su decimos cuarto mes
de salario, pero la señora no pudo.
Y al no volver a su hogar, empezó la
preocupación y búsqueda. La policía lo encontró a la orilla de la calle,
con las heridas de bala y a bordo de una patrulla lo trasladaron a
Tegucigalpa, para ser atendido en el Hospital.
La familia no constató si don Chilo
tenía el dinero -que se supone habría cobrado- cuando la policía lo
encontró. Por lo que su la hija presentó denuncia en la posta de Cedros
para que se investigue este crimen.
Así mismo, el CAVS pide que se
investigue el hecho que hoy los tiene de luto, ante el clima de
criminalización de la defensa de los bienes comunes y temor que se
impone con la persecución de los líderes ambientales.
El Comité ha recibido amenazas por
denunciar el proyecto de muerte “San Ignacio” I, II Y III, y defender
de río Playa, el que ya sufrió daños con la empresa minera “Entremares”,
y que con las nuevas mineras desconocen el impacto real en la región
donde se extrae oro a cielo abierto, y la broza que exportan las
concesionarias, detalló su dirigencia.
Dato►-Informes
dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento
Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses
realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de
tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con
metales pesados, porque hay concentración de cianuro, plomo, mercurio y
arsénico en la sangre-.
Para evitar más daños a la salud humana,
fauna y flora, el ambientalista José Isidro Cruz, lideraba la oposición
al proyecto en el área del Chancuaco, Cedros, informó el CAVS, al
Defensores en Línea, a pocas horas de dar sepultura al compañero que era
muy comprometido y conocido.
Con más de 10 años de activismo
ambiental, Cruz denunciaba el riesgo que enfrentaba al ser defensor de
los bienes comunes, porque se enfrentan a grandes transnacionales
coludidos con poderes facticos nacionales.
Honduras el país peligroso para los ambientalistas
Defensores del CAVS
Otros defensores y líderes sociales del
Valle de Siria que está entre los municipios de Cedros, Vallecillos y
San Ignacio, han denunciado constante vigilancia, persecución, campañas
de desprestigio y amenazas contra sus vidas, como ser los profesores
Carlos Amador, Roger Escober y Olguer Escober.
Recientemente Olga Velázquez,
expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
su visita de país, que era objeto de intimidación y vigilancia por parte
de hombres extraños en horas de la noche.
El CAVS sumará a sus demandas que el
crimen contra Cruz, no quede en la impunidad. Y es que les toca luchar,
según la organización Global Witness, en el país más peligroso para defender del planeta.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas,
pero en Honduras la justicia opera a la inversa, donde hay presos
políticos por oponerse al régimen de Juan Hernández, defensores con
medidas sustitutivas a la prisión por defender el río, las playas, el
territorio y el bosque, y asesinatos contra líderes indígenas y
campesinas como Margarita Murillo, Berta Cáceres, José Ángel Flores, Salomón y Juan Samael Matute, por mencionar algunos casos.
Por su parte el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS),
declaró que “el asesinato de Chilo, muestra que vivimos en un país
hundido en la criminalización, persecución, miedo, terror y el
asesinato. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para
los y las defensoras”.
El MAS, expresó su solidaridad y
muestras de apoyo a su organización hermana en la defensa del ambiente.
Por lo que demanda la pronta investigación y que se dé con los
responsables intelectuales y materiales de este crimen.
Denunció a este régimen como responsable
directo del asesinato de ambientalistas y defensores en Honduras. Y
exigió que se haga justicia, cese a la represión y a este sistema que
cada día contribuye a sembrar miedo y terror bajo la lógica de la
militarización y control territorial. Y no probó de responsabilidad a
los países que siguen reconociendo esta ilegal reelección que contribuye
a dar seguimiento al golpe de estado político-militar del 2009.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Sin diálogo, policías y militares atacan a docentes de La Paz
Tegucigalpa, Honduras.-
Los potreros, túneles y cunetas fueron los refugios de cientos de
manifestantes en la carretera CA-5 desvío al departamento de La Paz,
centro del país, atendiendo el paro nacional en defensa a los derechos
de la salud y educación.
Los ataques de parte de las fuerzas
represoras del Estado, con órdenes del régimen de Juan Orlando
Hernández, para disuadir las acciones de protesta, dejaron a varios
docentes golpeados y fracturados, además de muchas personas afectadas
por los gases lacrimógenos.
Según testimonios de manifestantes, en su mayoría de pueblos
indígenas, hay muchos compañeros y compañeras golpeadas, que lograron
salvar sus vidas al tirarse entre el monte o debajo del puente que
intercepta en el kilómetro 64 del corredor central, los departamentos de
La Paz con el municipio de la Villa de San Antonio, departamento de
Comayagua.
Se denunció que habían personas
detenidas y con paradero incierto, por lo que el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó acciones
correspondientes, sin obtener mayor información.
Cabe señalar que, si bien hubo personas
capturadas, fueron puestas en libertad, aunque en horas de la noche la
dirigencia magisterial de La Paz y Comayagua continúan corroborando que
todos sus agremiados estén bien y en lugares seguros.
Víctimas de la represión
Director CEB, Óscar López
Al menos dos maestros golpeados fueron
identificados como Óscar López, director del Centro de Educación Básica
de la aldea San José, Guajiquiro; a quien le fracturaron el brazo
izquierdo y por ello presentó denuncia ante el Ministerio Público; y el
profesor Franklin (se desconoce el apellido) posiblemente del municipio
de San Marcos, tiene golpes en la espalda.
A más de un mes de protestas sociales
pacíficas por la derogación de los decretos Presidenciales en Consejo de
Ministros (PCM) 2019-26 y 2019-27 encaminados a privatizar los derechos
a la salud y educación, este Comité ha documentado más ataques a
derechos humanos a nivel nacional, y dos personas muertas.
Profesor Franklin
Un médico que participaba en la toma de
carretera, denunció que llegaron unos seis comandos, doce patrullas y
unos dos carros militares paila larga, en total unos 300 a 400 efectivos
armados, que sin mediar palabras, atacaron a los maestros, doctores,
estudiantes y demás pueblo en lucha.
Los policías y militares corrían tras
los y las manifestantes, disparando balas de goma, gases lacrimógenos y
piedras con huleras.
El pasado 30 de mayo, una bala policial
impactó el abdomen del profesor indígena lenca de Intibucá, Claros
González, en Siguatepeque, y como consecuencia perdió su riñón derecho.
En el Bajo Aguán, al menos ocho
campesinos y defensores de derechos humanos, niños y ancianos fueron
golpeados y heridos por militares.
Pese al anuncio del régimen Hernández,
sobre la supuesta derogación de los PCM, la Plataforma ha desmentida
este hecho y sigue firme en la convocatoria a la movilización social,
para que se respete el derecho del pueblo.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Desde el aire intimidan en el Bajo Aguán
Tegucigalpa, Honduras.- Este día desde
helicópteros y avionetas fue vigilada e intimidada la comunidad
campesina Guadalupe Carney, en Trujillo, departamento de Colón.
Pobladores y defensores de derechos
humanos alertaron a la comunidad nacional e internacional sobre el
hecho, pues las aeronaves pasaban muy bajo, y atemorizaba a la población
reprimida desde el jueves 30 de mayo, acudiendo al llamado que hizo el
gremio médico y magisterial para protestar contra el régimen de Juan
Orlando Hernández y los decretos que emite en Consejo de Ministros
(PCM).
Mediante un comunicado, el Comité
Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, denunció
que, la acomunidad “Guadalupe Carney” esta siendo agredida por las
fuerzas Armadas y policiales en este momento.
La persecución fue este domingo desde la mañana hasta las cinco de la tarde, expresó un líder de la comunidad.
“Desde helicópteros caen militares y
disparan sobre la comunidad según nos informan pobladores de la
comunidad” detalló el comunicado.
Mientras que defensores de derechos
humanos, afirmaron que al campo de fútbol de la aldea, desde los
helicópteros llegaban militares y paramilitares armados.
Desde ayer sábado, hay una arremetida
militar y policial contra la comunidad que ha protestado y exigido salud
y educación pública junto al magisterio y colegio médico.
Llamamos a unir voces y fuerza nacional e
internacional en solidaridad con ésta comunidad a quien el Estado de
Honduras a través del régimen de Juan Orlando esta masacrando de manera
cruel con sus órganos represivos, negando el derecho nacional e
internacional, agregó el Comité.
Entre las víctimas hay niñez, juventud,
mujeres y adultos mayores, con golpes, disparos, intimidación y
deterioro de salud. Este ambiente hostil los mantiene bajo amenaza.
La carretera entre Trujillo y Tocoa, al
paso por la Guadalupe Carney, está abarrotada de contenedores, algunos
fueron incinerados, y ante este escenario, la población teme que se les
incrimine.
El paro que apoyan es para que se eliminen los PCM que atentan contra contra la salud y educación pública en Honduras.
Para mañana la plataforma para defensa
de la salud y educación, convocó a seguir las acciones de protesta a
nivel nacional, pese a que eso de las 10 de la noche de hoy, en régimen
apareció firmando dos nuevos PCM que darían paso a un diálogo con los
gremios médico y magisterial, una vez eliminado los anteriores.
Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio
Médico de Honduras ( CMH), desmintió esta firma, hasta que se eliminen
los PCM 26 y 27, y firmó que mañana siguen las acciones de protesta, mediante comunicación telefónica en un canal de televisión, al filo de las 11 de la noche.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
JOH reafirma uso de fuerza militar y aparato judicial para aplastar rebelión policial
20 junio, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández reafirmó hoy que usará a las FFAA para aplacar la rebelión policial y prometió llegar «a las últimas consecuencias» para castigar a los agentes de la fuerza pública.
Anunció públicamente que radicalizará la megapurga dentro de la Policía Nacional de Honduras, al tiempo que pidió a la población que delate a los agentes que se sumen al movimiento que está pidiendo su salida del gobierno.
En una breve alocución tras reunirse con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Hernández amenazó que hará todo lo que esté a su alcance a fin de que los funcionarios paguen por la sublevación que inició el miércoles.
Más información en breve…
El gobierno hondureño debe evitar el uso excesivo de la
fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas
sociales, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al
presidente Juan Orlando Hernández.
“Amnistía Internacional ha recibido información profundamente alarmante sobre el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, armas de fuego y toletazos por parte de las fuerzas de seguridad, causando lesiones en decenas de personas, y se han reportado la muerte de por lo menos dos personas, decenas de arrestos y detenciones de personas manifestantes y transeúntes”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades hondureñas no deben seguir por la ruta de la violencia y represión. Exhortamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que garantice los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar más lesiones y muertes.”
En la carta enviada al presidente, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la decisión del Consejo Nacional de Seguridad del 20 de junio de 2019 de desplegar las Fuerzas Armadas, la Policía e Inteligencia en respuesta a la continuación de las protestas. Esta podría llevar a una profundización del uso excesivo de la fuerza contra quienes participan en las protestas que iniciaron hace tres meses en reacción a la aprobación de reformas de salud y educación.
“Le recordamos al presidente Hernández que, de acuerdo con el derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben participar en las tareas de seguridad, y mucho menos para restringir o violentar los derechos de las personas a manifestarse pacíficamente”, dijo Erika Guevara Rosas
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha reportado más de 60 personas heridas entre el 29 de abril y el 4 de junio de 2019. Según datos oficiales, tan solo las manifestaciones del miércoles 19 de junio dejaron un saldo de 19 heridos, 16 de ellos por arma de fuego. Además, se ha reportado la muerte de dos personas, una por arma de fuego y la otra aún no determinada.
Ver Carta: Carta abierta Amnistia Internacional
El
documento ratifica que Eidelman ha instado a Hernández, “a poner
término de inmediato a la violencia contra los manifestantes y realizar
una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la violencia
y traducir en justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad que
hayan maltratado a los manifestantes y público en general”.
El titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández reafirmó hoy que usará a las FFAA para aplacar la rebelión policial y prometió llegar «a las últimas consecuencias» para castigar a los agentes de la fuerza pública.
Anunció públicamente que radicalizará la megapurga dentro de la Policía Nacional de Honduras, al tiempo que pidió a la población que delate a los agentes que se sumen al movimiento que está pidiendo su salida del gobierno.
En una breve alocución tras reunirse con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Hernández amenazó que hará todo lo que esté a su alcance a fin de que los funcionarios paguen por la sublevación que inició el miércoles.
Más información en breve…
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Honduras: Amnistía Internacional advierte al presidente Hernandez sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco de protestas
“Amnistía Internacional ha recibido información profundamente alarmante sobre el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, armas de fuego y toletazos por parte de las fuerzas de seguridad, causando lesiones en decenas de personas, y se han reportado la muerte de por lo menos dos personas, decenas de arrestos y detenciones de personas manifestantes y transeúntes”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades hondureñas no deben seguir por la ruta de la violencia y represión. Exhortamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que garantice los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar más lesiones y muertes.”
En la carta enviada al presidente, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la decisión del Consejo Nacional de Seguridad del 20 de junio de 2019 de desplegar las Fuerzas Armadas, la Policía e Inteligencia en respuesta a la continuación de las protestas. Esta podría llevar a una profundización del uso excesivo de la fuerza contra quienes participan en las protestas que iniciaron hace tres meses en reacción a la aprobación de reformas de salud y educación.
“Le recordamos al presidente Hernández que, de acuerdo con el derecho internacional, las Fuerzas Armadas no deben participar en las tareas de seguridad, y mucho menos para restringir o violentar los derechos de las personas a manifestarse pacíficamente”, dijo Erika Guevara Rosas
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha reportado más de 60 personas heridas entre el 29 de abril y el 4 de junio de 2019. Según datos oficiales, tan solo las manifestaciones del miércoles 19 de junio dejaron un saldo de 19 heridos, 16 de ellos por arma de fuego. Además, se ha reportado la muerte de dos personas, una por arma de fuego y la otra aún no determinada.
Ver Carta: Carta abierta Amnistia Internacional
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
Honduras debe cesar represión y garantizar derecho a la protesta social: CEJIL
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En el marco de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han reactivado en Honduras desde el mes de abril, producto del descontento social por la discusión de propuestas de reforma que afectan a los sectores de salud y educación, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación al observar que, una vez más, el gobierno de Honduras acude al uso desproporcionado de la fuerza y a medidas represivas para controlar y desarticular la protesta social.
De acuerdo con información recabada por organizaciones locales como el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), entre el 29 de abril y el 04 de junio se han contabilizado 31 heridos y tres personas fallecidas. De manera más reciente, el miércoles 19 de junio, los medios de comunicación registraron al menos 11 personas heridas y una fallecida producto de la respuesta del Estado.
El día de ayer, el presidente Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para definir acciones para restringir las protestas ciudadanas y garantizar la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Asimismo, ha recordado que la “presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.
CEJIL destaca que estos hechos no son aislados. Por el contrario, ocurren en el contexto de una grave crisis democrática que ha mantenido al país en constantes brotes de violencia, donde la población civil ha sido reprimida por exigir sus derechos. Los últimos episodios son representativos de una grave crisis de derechos humanos que se profundizó a partir del estallido de la crisis poselectoral en noviembre de 2017. En esa ocasión, la estrategia represiva del gobierno dejó un saldo de 38 personas asesinadas, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas.
Como organización representante de sobrevivientes a violaciones de derechos humanos en Honduras ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aliada histórica de organizaciones y movimientos sociales, el CEJIL denuncia que el Estado de Honduras está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales.
A la luz de lo anterior, demandan al Estado de Honduras a garantizar que las manifestaciones puedan realizarse en un entorno seguro, libre de violencia, respetando los derechos a la protesta social pacífica, la libertad de reunión, y de expresión.
Asimismo, hacen un llamado urgente a la comunidad internacional y a los órganos de protección a monitorear de cerca la situación en Honduras.
Tegucigalpa.- En el marco de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han reactivado en Honduras desde el mes de abril, producto del descontento social por la discusión de propuestas de reforma que afectan a los sectores de salud y educación, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación al observar que, una vez más, el gobierno de Honduras acude al uso desproporcionado de la fuerza y a medidas represivas para controlar y desarticular la protesta social.
De acuerdo con información recabada por organizaciones locales como el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), entre el 29 de abril y el 04 de junio se han contabilizado 31 heridos y tres personas fallecidas. De manera más reciente, el miércoles 19 de junio, los medios de comunicación registraron al menos 11 personas heridas y una fallecida producto de la respuesta del Estado.
El día de ayer, el presidente Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para definir acciones para restringir las protestas ciudadanas y garantizar la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Asimismo, ha recordado que la “presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.
CEJIL destaca que estos hechos no son aislados. Por el contrario, ocurren en el contexto de una grave crisis democrática que ha mantenido al país en constantes brotes de violencia, donde la población civil ha sido reprimida por exigir sus derechos. Los últimos episodios son representativos de una grave crisis de derechos humanos que se profundizó a partir del estallido de la crisis poselectoral en noviembre de 2017. En esa ocasión, la estrategia represiva del gobierno dejó un saldo de 38 personas asesinadas, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas.
Nota relacionada Amnistía Internacional pide a JOH que desmilitarice el país y respete los derechos humanos
Asimismo, observan con preocupación la repetición de un patrón de actuación estatal para desintegrar la protesta social y acallar las voces críticas, en particular las de personas defensoras de derechos humanos, siendo éstas las más expuestas al asedio, amenazas y ataques a su vida, libertad e integridad personal.Como organización representante de sobrevivientes a violaciones de derechos humanos en Honduras ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aliada histórica de organizaciones y movimientos sociales, el CEJIL denuncia que el Estado de Honduras está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales.
A la luz de lo anterior, demandan al Estado de Honduras a garantizar que las manifestaciones puedan realizarse en un entorno seguro, libre de violencia, respetando los derechos a la protesta social pacífica, la libertad de reunión, y de expresión.
Asimismo, hacen un llamado urgente a la comunidad internacional y a los órganos de protección a monitorear de cerca la situación en Honduras.
Jefe militar afirma que FFAA seguirán existiendo «mientras exista Honduras»
ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL EXIGE TERMINAR VIOLENCIA CONTRA HONDUREÑOS
- Publicado: 19 Junio 2019
“Estamos
muy preocupados por la extrema represión de estas manifestaciones por
parte de la Policía que ha atacado de manera violenta a los
manifestantes y ha hecho uso de gas lacrimógeno”, ha expuesto el
presidente de la Asociación Médica Mundial, Leonid Eidelman (foto en
texto), en una carta que escribió al gobernante hondureño, Juan
Hernández.
Redacción central / EL LIBERTADOR.
Tegucigalpa. El presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), Leonid Eidelman,
ha enviado una carta al gobernante de Honduras, Juan Hernández,
instándole a que termine inmediatamente con el uso de la violencia
contra los manifestantes de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación.
La
AMM, ha reconocido en un comunicado que las protestas de las últimas
seis semanas, están siendo lideradas por médicos y maestros, “en contra
de la privatización de la educación y los servicios de salud pública,
han llevado a una huelga nacional y violentos enfrentamientos entre la
policía y los manifestantes”.
El
documento ratifica que Eidelman ha instado a Hernández, “a poner
término de inmediato a la violencia contra los manifestantes y realizar
una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la violencia
y traducir en justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad que
hayan maltratado a los manifestantes y público en general”.
Además, el presidente de la AMM, ha pedido al Gobierno de Honduras,
iniciar un diálogo verdadero con los manifestantes y dirigentes
médicos, con el fin de lograr un consenso en la solución de los
problemas básicos de ambos sistemas integrales.
“El
Dr. Eidelman apoya el reciente llamado de la Confederación
Latinoiberoamaricana y del Caribe (CONFEMEL) a las autoridades de
Honduras para reforzar el sistema de salud del país y proteger el
derecho de la población a la salud”.
En
la carta, el galeno expone: “Estamos muy preocupados por la extrema
represión de estas manifestaciones por parte de la Policía que ha
atacado de manera violenta a los manifestantes y ha hecho uso de gas
lacrimógeno. También hemos recibido informes que indican que la
integridad física y la vida de los dirigentes y miembros de la directiva
de la escuela de medicina de Honduras han sido amenazadas”.
Y
sentencia: “Condenamos con la mayor firmeza el uso de la violencia y
amenazas contra los manifestantes. Dichos actos constituyen una grave
violación de los derechos humanos internacionales, incluida la libertad
de expresión y reunión, como se estipula en el Convenio Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por Honduras en 1997”.
