Llaman a la unidad para forzar salida de JOH del poder
La primera semana de agosto, estuvo caracterizada por las convocatorias que la Plataforma hizo a lo largo y ancho del territorio nacional, dejando acciones de movilizaciones, tomas de carreteras y plantones en los cuatro puntos regionales del país.
“Es necesario que todos los sectores se unan, se encuentren y que se movilicen”, dijo el profesor Luis Sosa, dirigente del magisterio e integrante de la Plataforma.
Durante una semana, a través del tradicional video, la Plataforma ha llamado a todas las organizaciones, incluyendo a partidos políticos para que fortalezcan la unidad y busquen cuanto antes la salida de Hernández del poder, luego que haya sido mencionado en las Cortes norteamericanas por vinculaciones en el narcotráfico.
En ese sentido, el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martel, expresó que este es el momento para que se promueva y se hagan acciones para unificarse, él considera que por ahora es el punto débil de la oposición, quienes tienen como centro en común la exigencia de la salida de Hernández de la presidencia, pero no se tiene la suficiente unidad para presionar por ello.
El dirigente liberal, dice que las acciones de esta semana han sido positivas, pero se debe avanzar a paralizar el país, y esto debe ser de forma conjunta para presionar con más fuerza.
El Partido Liberal, brindó conferencia de prensa, en la que hizo un llamado para demandar la salida de Juan Hernández, a quien consideran responsable de la crisis que vive el país y que, con estas vinculaciones desde la justicia norteamericana, muestran que la situación puede empeorar en los próximos días.
Para el dirigente sindical y también integrante de la Convergencia contra el Continuismo, es importante unirse para exigir la salida de Hernández, pero también empezar a discutir con los diversos sectores, un proceso de transición que lleve al país a un nuevo proceso electoral, transparente y que marque el inicio de cambios profundos para el país.
Reyes habla de las condiciones sociales que vive el país en este momento de crisis, y de las salidas que desde las organizaciones sociales y populares deben plantear y promover.
Represión
Durante la semana la represión ha estado a la orden del día, y es que el gobierno dirigido por Juan Hernández, mantiene su política de militarización y poca tolerancia a la protesta social.
Las protestas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Atlántida y Choluteca, han dejado varias personas heridas, afectadas por el gas lacrimógeno e incluso con procesos judiciales abiertos.
En San Pedro Sula, el mayor punto de represión, fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando la noche del miércoles, luego de una protesta, jóvenes estudiantes, junto a defensores de derechos humanos y periodistas, resultaron afectados por el gas lacrimógeno y agresiones directas por parte de elementos policiales.
El defensor de derechos humanos, Luis Chévez, recibió agresiones por parte de los policías, quienes le quebraron sus lentes y su teléfono móvil, también estudiantes fueron trasladados a centros asistenciales, por daños a su integridad a través del gas lacrimógeno.
Asimismo, un camarógrafo de Canal 11, fue agredido directamente por un policía, cuando grababa la represión contra los estudiantes, que salieron a exigir la salida de Hernández, a través de una movilización que recorrió la salida a Puerto Cortés.
Las movilizaciones en Tegucigalpa también han sido reprimidas. Las tardes del martes, miércoles y jueves se enfrentaron jóvenes se enfrentaron con elementos policiales, quienes lanzaron gas lacrimógeno a altura del Instituto Central Vicente Cáceres y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Las acciones continuarán
La Plataforma ha dicho que en las próximas horas discutirán el plan de acciones para la próxima semana. El profesor Edwin Hernández, aseguró que mantendrán y promoverán la unidad de todos los sectores y espacios.
Hernández, manifestó que hay que continuar metiendo el pie en el acelerador y esperar que la ciudadanía se sume y exija en las calles, cambios profundos para el país, los cuales pasan por la salida de Hernández del poder.
“Esta es la plataforma del poder popular, llamamos a todos a unirnos y a continuar sin desmallar en las calles a nivel nacional”, expresó durante un plantón en el Congreso Nacional, el profesor Hernández.
Gobierno de JOH reprime con fuerza brutal a protestantes que demandan su salida
Wednesday, 07 August 2019 21:39 Written by Dina Meza y Heidy Dávila Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto derecha:laprensa.hn
Megamovilizaciones se han llevado a cabo este 05 ,06 y 07 de
agosto de 2019, por parte de la Plataforma en Defensa de la Salud y la
Educación, con el objetivo de exigir la salida del mandatario Juan
Orlando Hernández, quien está señalado por narcotraficantes y el
memorandum de un fiscal de USA de haber recibido más de un millón de
dólares para sus campañas políticas de 2013 y 2017.
Las manifestaciones pacíficas en todo el país que iniciaron este 06
de agosto del corriente año, han dejado como resultado heridos ,
golpeados, gaseados y perseguidos por la Policía Militar y la Policía
Nacional Preventiva, quienes actúan con total impunidad.
JOH salió involucrado oficialmente con el narcotráfico
Lo que antes era un secreto a voces, ahora queda constatado en
documentos oficiales del fiscal a cargo, sin embargo a pesar de ello la
embajada de los Estados Unidos por medio de Lawrence Gumbiner, ha
reiterado su apoyo a Hernández, a quien mantiene en el poder a costa de
lo que sea. De acuerdo a varios sectores se trata de una jugada política
norteamericana chantajista para cuidar sus negocios en Honduras y
exprimir hasta el tope al presidente hondureño, mientras que él se
aferra a la presidencia solo con dicho respaldo.
El memorándum número S2 15 Cr. 379(PKC), emitido el 02 de agosto de 2019, por el fiscal Geoffrey S. Berman, del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, que está a cargo del juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, señaló lo vínculos del titular del Ejecutivo con las redes de narcotraficantes denominada Los Cachiros y Los Valle, y cuyos principales dirigentes están en las cárceles norteamericanas.
El documento involucra directamente a Juan Orlando Hernández en el asocio con la organización criminal para transportar cocaína a los Estados Unidos, lo que le granjeó el apoyo financiero para sus dos compañas políticas de 2013 y 2017, que lo han mantenido en la silla presidencial a sangre y fuego.
Las movilizaciones se han producido en distintas partes del país pero los agentes del orden actúan con más saña contra la humanidad de los manifestantes, a vista y paciencia del Ministerio Público y de la Fiscalía de Protección que debieron iniciar diligencias de oficio.
Desde el fin de semana pasado la Plataforma convocó a movilizaciones y anunció que las mismas se realizarían hasta que el gobernante salga del poder. La tarde de este martes 06 de agosto las movilizaciones se concentraron en las cercanías del Congreso Nacional, hubo heridos y golpeados.
También se produjo un incendio en un negocio del centro de la ciudad según denunciaron varios defensores de derechos humanos por el lanzamiento de bombas lacrimógenas, pero la prensa corporativo trató de vincular a la Plataforma con acciones de violencia para demeritar las movilizaciones.
Los estudiantes son uno de los sectores más atacados, especialmente en las últimas horas los de la UNAH de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los cuerpos armados del Estado han entrado a los predios de estos centro educativos a golpear y capturar a jóvenes que también demandan la salida de JOH.
La prensa es atacada
Tal como ha sucedido en las protestas donde ha una demanda firme
contra el presidente Hernández de que deje el poder y debe salir para
dar cuentas a la justicia. En estas movilizaciones la prensa ha sido
atacada por los cuerpos represivos del Estado.
Tal es el caso del camarógrafo Juan Carlos Castillo, de Canal 11, quien fue golpeado salvajemente por policías que le pretendían quitar la cámara cuando grababa la represión contra un estudiante de la UNAH-VS en san Pedro Sula. Por la herida en su cabeza le hicieron cinco puntos en el hospital, este martes 06 de agosto
La prensa de la zona Norte protestó enérgicamente este miércoles 07 de agosto y demandaron castigo para los responsables. Como respuesta el vocero policial Jair Meza señaló que es una acción inusual de la policía y que investigarán el caso.
No obstante hay innumerables casos de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que han sido golpeados y torturados por los agentes del orden, sin que hasta la fecha alguno haya recibido ninguna sanción por hacerlo.
Las estrategias de defensa de JOH
Ante la publicación de la información del involucramiento con el narcotráfico Juan Orlando Hernández ha decidido usar varias estrategias para su defensa, una de ellas es sacar a las calles a sus activistas políticos y empleados públicos para demostrar fuerza y apoyo de su partido. Movilizaciones parecidas se dieron con el golpe de Estado de 2009, cuando las "camisetas blancas", constituidas por empleados públicos y de empresas privadas eran la punta de lanza del dictador Roberto Micheletti que gobernó el país después de que las FFAA junto élites de poder con el apoyo de Estados Unidos, echaron de la presidencia a punta de balas al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Otra de ellas es anunciar la contratación de abogados ingleses para su defensa, paradójicamente después de decir que es inocente.
Y una tercera acción es tratar de enmarañar el tema haciendo señalamientos contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales y el ex candidato Salvador Nasrrala de estar colulidos con las maras y pandillas, y al primero señalarlo de haber obstaculizado la Ley de extradición.
Las calles invadidas por las voces de fuera JOH
Por: Heidy Dávila
La doctora Ligia Ramos explicó “Estamos a punto de salir con el
producto del diálogo alternativo ciudadano que lo hemos hecho a nivel
nacional con participación de la ciudadanía, pero no se lo podemos
entregar a un gobierno que está siendo acusado oficialmente por el
Departamento de Justicia de Los Estados Unidos vinculado al narcotráfico
y la primera dama con acusaciones de corrupción”.
También agregó que “cómo vamos a reconstruir Honduras con un gobierno corrupto, tiene que salir Juan Orlando, y aquí vamos a es estar hasta que el salga”.
De acuerdo a datos proporcionados por la Plataforma “el 49 por ciento del presupuesto de salud se lo roban, no hay un juicio abierto y no hay nadie preso, ese saqueo sin piedad es el dinero del pueblo, por eso en los principales centros de nuestro país no hay ni jeringas y sueros, no es posible, queremos decirles a los diputados que deroguen La Ley Fundamental de Educación, La Ley de Empleo por hora, La Ley Marco de Protección Social, no queremos que sigan emitiendo leyes para blindar a los que arruinan este país, expresó la doctora Suyapa Figueroa.
“Al CC4 que se vaya a rendir cuentas a otro país voluntariamente que, si no tienen nada que temer, por qué no enfrenta a la justicia, este país no se merece que siga gobernando, exijo al poder Legislativo que legisle bien y que lo ponga suficiente gasolina al avión para que lleve a Juan Orlando por el saqueo que han hecho por la corrupción que le quita las vidas al pueblo, que se vayan del poder”, argumentó Figueroa.
Ruta de las movilizaciones
La masiva movilización inicio el lunes a las 9 am en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y finalizó en el Congreso Nacional
en la ciudad de Tegucigalpa Honduras a la una de la tarde.
Ligia Ramos informó que convocaron en la UNAH porque es un lugar
importante donde la lucha estudiantil ha sido criminalizada durante seis
años “y queremos que se vea que no son criminales, son un grupo de
personas con mente crítica, que tienen propuestas inteligentes y que
luchan por Honduras”.
Las movilizaciones han sido acompañadas por miembros de la plataforma, prensa, estudiantes, comunidad LGTBI, feministas, defensores de derechos humanos y población en general.
JOH salió involucrado oficialmente con el narcotráfico
 Aunque JOH dice ser inocente anunció la contratación de abogados ingleses |
El memorándum número S2 15 Cr. 379(PKC), emitido el 02 de agosto de 2019, por el fiscal Geoffrey S. Berman, del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, que está a cargo del juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, señaló lo vínculos del titular del Ejecutivo con las redes de narcotraficantes denominada Los Cachiros y Los Valle, y cuyos principales dirigentes están en las cárceles norteamericanas.
El documento involucra directamente a Juan Orlando Hernández en el asocio con la organización criminal para transportar cocaína a los Estados Unidos, lo que le granjeó el apoyo financiero para sus dos compañas políticas de 2013 y 2017, que lo han mantenido en la silla presidencial a sangre y fuego.
Las movilizaciones se han producido en distintas partes del país pero los agentes del orden actúan con más saña contra la humanidad de los manifestantes, a vista y paciencia del Ministerio Público y de la Fiscalía de Protección que debieron iniciar diligencias de oficio.
Desde el fin de semana pasado la Plataforma convocó a movilizaciones y anunció que las mismas se realizarían hasta que el gobernante salga del poder. La tarde de este martes 06 de agosto las movilizaciones se concentraron en las cercanías del Congreso Nacional, hubo heridos y golpeados.
También se produjo un incendio en un negocio del centro de la ciudad según denunciaron varios defensores de derechos humanos por el lanzamiento de bombas lacrimógenas, pero la prensa corporativo trató de vincular a la Plataforma con acciones de violencia para demeritar las movilizaciones.
Los estudiantes son uno de los sectores más atacados, especialmente en las últimas horas los de la UNAH de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los cuerpos armados del Estado han entrado a los predios de estos centro educativos a golpear y capturar a jóvenes que también demandan la salida de JOH.
La prensa es atacada
 Juan Carlos Castillo, Canal 11, herido por la policía. Foto:laprensa.hn |
Tal es el caso del camarógrafo Juan Carlos Castillo, de Canal 11, quien fue golpeado salvajemente por policías que le pretendían quitar la cámara cuando grababa la represión contra un estudiante de la UNAH-VS en san Pedro Sula. Por la herida en su cabeza le hicieron cinco puntos en el hospital, este martes 06 de agosto
La prensa de la zona Norte protestó enérgicamente este miércoles 07 de agosto y demandaron castigo para los responsables. Como respuesta el vocero policial Jair Meza señaló que es una acción inusual de la policía y que investigarán el caso.
No obstante hay innumerables casos de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que han sido golpeados y torturados por los agentes del orden, sin que hasta la fecha alguno haya recibido ninguna sanción por hacerlo.
Las estrategias de defensa de JOH
Ante la publicación de la información del involucramiento con el narcotráfico Juan Orlando Hernández ha decidido usar varias estrategias para su defensa, una de ellas es sacar a las calles a sus activistas políticos y empleados públicos para demostrar fuerza y apoyo de su partido. Movilizaciones parecidas se dieron con el golpe de Estado de 2009, cuando las "camisetas blancas", constituidas por empleados públicos y de empresas privadas eran la punta de lanza del dictador Roberto Micheletti que gobernó el país después de que las FFAA junto élites de poder con el apoyo de Estados Unidos, echaron de la presidencia a punta de balas al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Otra de ellas es anunciar la contratación de abogados ingleses para su defensa, paradójicamente después de decir que es inocente.
Y una tercera acción es tratar de enmarañar el tema haciendo señalamientos contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales y el ex candidato Salvador Nasrrala de estar colulidos con las maras y pandillas, y al primero señalarlo de haber obstaculizado la Ley de extradición.
Las calles invadidas por las voces de fuera JOH
Por: Heidy Dávila
 Ligia Ramos(izquierda) y Suyapa Figueroa (derecha) de la Plataforma |
También agregó que “cómo vamos a reconstruir Honduras con un gobierno corrupto, tiene que salir Juan Orlando, y aquí vamos a es estar hasta que el salga”.
De acuerdo a datos proporcionados por la Plataforma “el 49 por ciento del presupuesto de salud se lo roban, no hay un juicio abierto y no hay nadie preso, ese saqueo sin piedad es el dinero del pueblo, por eso en los principales centros de nuestro país no hay ni jeringas y sueros, no es posible, queremos decirles a los diputados que deroguen La Ley Fundamental de Educación, La Ley de Empleo por hora, La Ley Marco de Protección Social, no queremos que sigan emitiendo leyes para blindar a los que arruinan este país, expresó la doctora Suyapa Figueroa.
“Al CC4 que se vaya a rendir cuentas a otro país voluntariamente que, si no tienen nada que temer, por qué no enfrenta a la justicia, este país no se merece que siga gobernando, exijo al poder Legislativo que legisle bien y que lo ponga suficiente gasolina al avión para que lleve a Juan Orlando por el saqueo que han hecho por la corrupción que le quita las vidas al pueblo, que se vayan del poder”, argumentó Figueroa.
Ruta de las movilizaciones
Las movilizaciones han sido acompañadas por miembros de la plataforma, prensa, estudiantes, comunidad LGTBI, feministas, defensores de derechos humanos y población en general.
Entre bombas lacrimógenas y sangre: La libertad de expresión está bajo ataque en Honduras
Friday, 09 August 2019 00:32 Written by Heidy Dávila Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:HRN
Periodistas respondieron al uso excesivo uso de la fuerza de entes
policiales cuando cubren las protestas de la ciudadanía que se
manifiesta en las calles exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández.
Las protestas se realizaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula este 07 de
agosto de 2019. Mientras el CONADEH informó de otros que salieron del
país para salvaguardar sus vidas.
Al menos 7 periodistas han sufrido amenazas, agresiones físicas y
persecución en Honduras en el mes de julio de este año , en el marco de
la protesta social, según ha documentado la Asociación por la Democracia
y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
Entre los casos se encuentran Marvin Neptalí Ortiz, de Radio Globo y los periodistas Tania Elwin, Román Paz, Lily Valladares, Claudia Sosa, Paola Cobos y Kelin Chirinos, de Canal 6 que denunciaron agresiones y obstrucción de su labor periodística por parte de la Policía Militar.
Las amenazas y agresiones contra miembros del gremio de periodistas y comunicadores sociales han sido más frecuentes en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Colón, Copán, Choluteca y Valle, según documentó el CONADEH.
La noche del 06 de agosto recién pasado, Juan Carlos Castillo, camarógrafo de canal 11 fue herido en la cara por la Policía Militar cuando cubría la protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, en la ciudad de San Pedro Sula, al Norte de Honduras. Daños similares se produjeron en Tegucigalpa contra periodistas y comunicadores sociales
El gremio de periodistas se solidarizó con él realizando una protesta de micrófonos caídos frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa y simultáneamente en San Pedro Sula en el portón de la Policía Nacional, exigiendo un cese a la violencia y respeto por el ejercicio del trabajo periodístico.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, (CPH), a través de la red social Twitter exigió a la policía respetar a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación también e hizo un llamado a defensores nacionales e internacionales a tomar nota de las agresiones contra la prensa.
La policía también lanzó al interior de un autobús que conducía estudiantes bombas lacrimógenas, causando daños a la integridad y a la salud de estudiantes, en el Norte del país.
CONADEH llama a entes policiales a hacer uso de protocolos internacionales
Roberto Herrera, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hizo un llamado público a las autoridades del Estado a utilizar el protocolo de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas, respetando en todo caso la vida y salud de las personas y asegurando el ejercicio democrático, libre y responsable del periodismo en todas sus dimensiones, así como el derecho de manifestación pacífica y sin armas.
También mencionó en un comunicado difundido el 07 de agosto que en lo que va del año se han registrado medio centenar de detenciones, querellas y destrucción a equipo de trabajo de los miembros del gremio periodístico, con respecto a esto puntualizó que las acciones son condenables porque atentan contra la libertad de expresión y de información además de poner en riesgo la vida de las personas.
“Durante este período se tomó nota de algunos periodistas y comunicadores sociales que tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas, mientras que otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente en actos de protesta social”, señala el CONADEH en un documento difundido el 07 de agosto de 2019.
Miembros de la policía han sido denunciados por agredir y obstaculizar la labor que realizan periodistas de algunos medios de comunicación. Al parecer, algunos miembros del orden se encargan de tirarles bombas lacrimógenas a los periodistas para que estos no puedan realizar su labor de informar al pueblo y no puedan llegar hasta el escenario del hecho noticioso por temor a que les graven las cosas que no hacen correctamente, agrega la publicación.
“ La violencia contra periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social, “Estamos muy interesados en evitar que esa práctica irregular pueda consolidarse porque constituye una vulneración grave a los derechos humanos”, dijo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres .
Según el titular del CONADEH, las autoridades policiales deben deducirles responsabilidades de los agentes responsables de dichas acciones. Además, el Ministerio Público debe investigar de oficio este tipo de acontecimientos que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población, específicamente en el derecho de informar y ser informado, destaca la publicación que se encuentra el sitio web del CONADEH en este link.
Entre los casos se encuentran Marvin Neptalí Ortiz, de Radio Globo y los periodistas Tania Elwin, Román Paz, Lily Valladares, Claudia Sosa, Paola Cobos y Kelin Chirinos, de Canal 6 que denunciaron agresiones y obstrucción de su labor periodística por parte de la Policía Militar.
Las amenazas y agresiones contra miembros del gremio de periodistas y comunicadores sociales han sido más frecuentes en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Colón, Copán, Choluteca y Valle, según documentó el CONADEH.
La noche del 06 de agosto recién pasado, Juan Carlos Castillo, camarógrafo de canal 11 fue herido en la cara por la Policía Militar cuando cubría la protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, en la ciudad de San Pedro Sula, al Norte de Honduras. Daños similares se produjeron en Tegucigalpa contra periodistas y comunicadores sociales
El gremio de periodistas se solidarizó con él realizando una protesta de micrófonos caídos frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa y simultáneamente en San Pedro Sula en el portón de la Policía Nacional, exigiendo un cese a la violencia y respeto por el ejercicio del trabajo periodístico.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, (CPH), a través de la red social Twitter exigió a la policía respetar a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación también e hizo un llamado a defensores nacionales e internacionales a tomar nota de las agresiones contra la prensa.
La policía también lanzó al interior de un autobús que conducía estudiantes bombas lacrimógenas, causando daños a la integridad y a la salud de estudiantes, en el Norte del país.
Una jornada de micrófonos cáidos en San Pedro Sula, hicieron periodistas contra represión
Fotos: elpais.hn (izquierda) Radio América(derecha)
|
Roberto Herrera, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hizo un llamado público a las autoridades del Estado a utilizar el protocolo de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas, respetando en todo caso la vida y salud de las personas y asegurando el ejercicio democrático, libre y responsable del periodismo en todas sus dimensiones, así como el derecho de manifestación pacífica y sin armas.
También mencionó en un comunicado difundido el 07 de agosto que en lo que va del año se han registrado medio centenar de detenciones, querellas y destrucción a equipo de trabajo de los miembros del gremio periodístico, con respecto a esto puntualizó que las acciones son condenables porque atentan contra la libertad de expresión y de información además de poner en riesgo la vida de las personas.
“Durante este período se tomó nota de algunos periodistas y comunicadores sociales que tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas, mientras que otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente en actos de protesta social”, señala el CONADEH en un documento difundido el 07 de agosto de 2019.
Miembros de la policía han sido denunciados por agredir y obstaculizar la labor que realizan periodistas de algunos medios de comunicación. Al parecer, algunos miembros del orden se encargan de tirarles bombas lacrimógenas a los periodistas para que estos no puedan realizar su labor de informar al pueblo y no puedan llegar hasta el escenario del hecho noticioso por temor a que les graven las cosas que no hacen correctamente, agrega la publicación.
“ La violencia contra periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social, “Estamos muy interesados en evitar que esa práctica irregular pueda consolidarse porque constituye una vulneración grave a los derechos humanos”, dijo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres .
Según el titular del CONADEH, las autoridades policiales deben deducirles responsabilidades de los agentes responsables de dichas acciones. Además, el Ministerio Público debe investigar de oficio este tipo de acontecimientos que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población, específicamente en el derecho de informar y ser informado, destaca la publicación que se encuentra el sitio web del CONADEH en este link.
Denuncias de narcotráfico pondrían fin a ayuda de EU al presidente de Honduras
En una demanda judicial, fiscales estadounidenses señalaron que Hernández participó en una conspiración para tráfico de drogas cuando a su primera candidatura presidencial.Por: Seth Robbins, InsightCrime.com
Tras una acusación pública de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó dinero del narcotráfico para sus campañas políticas, Estados Unidos parece finalmente estar dando la espalda a su antiguo aliado.
En una demanda judicial, fiscales estadounidenses señalaron que Hernández participó en una conspiración para tráfico de drogas cuando a su primera candidatura presidencial, en el año 2013, presuntamente ingresaron 1.5 millones de dólares. Las denuncias —reportadas inicialmente por Univisión— se dieron a conocer en documentos desclasificados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 3 de agosto en el caso contra el hermano del presidente Hernández, el excongresista Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue acusado por tráfico de estupefacientes en noviembre de 2018.
Según los documentos, el dinero utilizado para apoyar la campaña de Hernández procedía de Amílcar Alexander Ardón, un exalcalde que también enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Los fiscales no mencionan el nombre del presidente Hernández, sino que se refieren a él como CC-4, o co-conspirador 4, afirmando que fue elegido a finales de 2013.
Según los documentos, en el año 2013, durante su candidatura a la presidencia, Hernández le pidió a Ardón que apoyara su campaña mediante sobornos a políticos locales. También le advirtió a Ardón, quien entonces se desempeñaba como alcalde de El Paraíso, un municipio en la frontera entre Guatemala y Honduras, que no buscara la reelección porque él no podría seguir ofreciéndole protección, particularmente “dadas las presiones relacionadas con la extradición”.
Entonces Ardón “invirtió 1.5 millones de dólaresdel narcotráfico” para apoyar la campaña presidencial de Hernández, pagando “sobornos en efectivo” y ofreciendo “regalos y favores” a políticos locales, como se lee en los documentos judiciales.
El presidente Hernández, Tony Hernández y otros altos funcionarios —entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa—, hicieron parte de una conspiración que utilizó el narcotráfico para “mantener y aumentar su poder político”, como concluyen los fiscales.
También acusan a Tony Hernández de organizar el asesinato de narcotraficantes rivales en al menos dos ocasiones. Los documentos de la corte se refieren a él como “un violento traficante de toneladas de drogas” que creía que “podría operar con total impunidad”.
Si bien el presidente Hernández no ha sido acusado de ningún crimen, respondió a las acusaciones de conspiración en una declaración ante la prensa, señalando que las afirmaciones que se están haciendo en su contra “son falsas” y provienen de “narcotraficantes que quieren vengarse”.
Nota relacionada Eurodiputados piden cancelar ayuda a Honduras e investigar acusaciones contra JOH
En el comunicado también se refiere a su “cercana y productiva relación” con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y llama la atención sobre la cantidad de traficantes que ha extraditado para que enfrenten cargos en Estados Unidos”.Análisis de InSight Crime
El presidente Hernández ha sido presentado como un ejemplo para los aliados que se han dedicado al narcotráfico en Centroamérica. Esas revelaciones podrían poner fin a esa relación.
Y esto se veía venir.
Incluso antes de que el hermano del presidente, Tony Hernández, fuera acusado formalmente de narcotráfico, InSight Crime supo por medio de las autoridades que él era una persona de interés en un importante caso de conspiración para tráfico de drogas. Según los fiscales, al parecer Tony se benefició del cargo de su hermano y usó a la policía nacional para proteger los cargamentos de drogas, estampando sus iniciales en ladrillos que contenían cocaína y que fueron enviados a Estados Unidos.
Por su parte, Ardón tenía su propia historia como narcotraficante, la cual comenzó mucho antes de que Hernández lo aprovechara para obtener fondos para su campaña. Además, el hermano de Ardón, Hugo, dirigió el Fondo Vial, el organismo gubernamental encargado de administrar las carreteras, y asignó contratos a clanes como Los Cachiros, uno de los muchos grupos narcotraficantes hondureños que enfrentan cargos en Estados Unidos. En lugar de evitar inmiscuir a su familia, Hernández contrató a Hugo en 2013 para que lo ayudara en su campaña en la zona este del país. Poco después de las elecciones, los hermanos Ardón huyeron.
El presidente Hernández, sin embargo, siempre ha rechazado estos cargos, presentándose como un enemigo del narcotráfico y de las poderosas élites involucradas en él, principalmente a través de sus estrechos vínculos con Estados Unidos, y en particular por su disposición a restablecer la extradición.
Esa decisión pudo haber sido su ruina. Si bien los hermanos Ardón no fueron extraditados y al parecer organizaron sus detenciones como parte de un acuerdo de culpabilidad, muchos otros traficantes fueron capturados y extraditados. Esta oleada de traficantes permitió atar los cabos que finalmente llevaron a los fiscales estadounidenses a la conclusión a la que muchos hondureños ya habían llegado: que su presidente dirige un Estado mafioso.
Pero aquello tomó mucho tiempo, en parte porque Hernández es un político hábil, que se presentó a sí mismo como un aliado leal de Estados Unidos durante las administraciones del expresidente Barack Obama y del actual presidente Donald Trump. En marzo de 2015, Hernández se puso del lado del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de las conversaciones en torno a un acuerdo para llevar ayuda a Centroamérica con el fin de detener la migración hacia Estados Unidos.
Hernández también fue cercano al exdirector del Comando Sur de Estados Unidos y al exjefe de Gabinete de la Casa Blanca durante la administración Trump, el general (r) John Kelly. Además, el Secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con Hernández en junio de 2018, aunque Trump ha recortado la ayuda a Centroamérica para castigar a los países de la región por no impedir que sus ciudadanos sigan migrando hacia el norte.
Las más recientes acusaciones debilitan la relación de Estados Unidos con Honduras en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Es claro que a los fiscales no les tiembla la mano para señalar al presidente en el caso contra su hermano, y es muy probable que Hernández siga tomando esto como una afrenta personal.
Pero dado que la administración Trump ha demostrado ser más transaccional que política, las relaciones bilaterales quizá dependan ahora de la voluntad de Hernández de detener el flujo de migrantes, que es la prioridad principal del gobierno de Trump.
Esta no sería la primera vez que el presidente de Honduras ceda ante los deseos de Estados Unidos. Tras ser consultado por InSight Crime, un exfuncionario del Ejército de Honduras involucrado en investigaciones antidrogas dijo que la presión de la embajada de Estados Unidos era la única responsable de las detenciones de narcotraficantes y sus aliados con consentimiento de Hernández.
Queda claro ahora que las autoridades y los fiscales estadounidenses nunca creyeron completamente las negaciones del presidente Hernández. En el mes de junio se supo, gracias a unos documentos judiciales, que Hernández era objeto de una investigación que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) inició en 2013, pero las nuevas acusaciones van más allá, pues señalan que Hernández se benefició de la generosidad de los narcotraficantes para ser elegido.
Dictadura comienza a erosionarse, señala analista
Para Mario Membreño, integrante de la conducción de la Convergencia Contra el Continuismo, es difícil que, por voluntad propia Juan Orlando Hernández vaya a tomar una decisión de abandonar el país. “Primero porque es prisionero de esos vínculos que ha establecido con el narcotráfico y el crimen organizado, en segundo lugar, porque son demasiados los intereses que están en juego, y en tercer lugar porque necesita defenderse a como dé lugar en una situación totalmente desventajosa para él”, aseguró Membreño.
Movilización en demanda a la salida de JOH.
Considera que los
sectores que apoyan a JOH se están poniendo nerviosos con todo lo que se está ventilándose
en las cortes norteamericanas. “Es importante recordar el documento de la
Conferencia Episcopal bajo el título Basta Ya…, y entonces a partir de ese
momento usted puede observar como otras fuerzas, ya no sólo la Iglesia,
comienzan a poner distancia con respecto al régimen de Juan Orlando Hernández
Alvarado, algunos abiertamente y otros mediatizadamente, pero es evidente que
comienza la dictadura a erosionarse”, dijo el analista político.
Radio Progreso (RP) dialogó con Mario Membreño (MM), integrante de la coordinación de la Convergencia Contra el Continuismo.
RP. ¿Cómo valora lo que hoy vivimos en esta crisis continuada de una década?
MM. Los problemas los estamos viviendo desde el golpe de Estado en la que se crea una coyuntura que tiene por fondo una crisis del Estado oligárquico, una crisis que genera el golpe y se expresa entonces en el terreno político una crisis de institucionalidad. Ahora estamos entrando, poco a poco, en una nueva fase después de que se superara lo que se llamó crisis postelectoral que tenía en agenda dos cosas esenciales: la reelección inconstitucional y el fraude electoral como mecanismo descarado para imponer a Juan Orlando Hernández Alvarado al frente del gobierno. Esa crisis postelectoral se agotó y hemos entrado en una nueva fase.
RP. ¿Cuál es esa fase?
MM. En esta nueva fase se instala de nuevo el conflicto social, en pocas palabras aflora esa cantidad de problemas que no ha podido resolver la dictadura, dentro de esas circunstancias se produce esta información que proviene del distrito sur de Nueva York, que señala directamente a quienes desde la jefatura del gobierno están vinculados con el narcotráfico. Esto no es un hecho secundario, es un hecho fundamental porque se señala a quien, por mandato constitucional debiera ser responsable de toda la administración del Estado en sus aspectos más grotescos, me refiero a los vínculos estrechos que desde hace tiempo se conocen entre esa estructura del poder con el narcotráfico y crimen organizado. Esto en cualquier sociedad crea la necesidad de desplazar a quienes están asumiendo esa enorme carga de acusaciones.
RP. ¿Debe renunciar JOH?
MM. Creo que debe dejar el poder, bajo qué formas, hay serios problemas porque desde que se rompe el orden constitucional aquí la sucesión que señala la Constitución también está en una seria interrogante porque no hay Estado de Derecho; y al no haber Estado de Derecho, esa sucesión de presidente a vicepresidentes queda también sin fundamentos, entonces aquí de lo que se trata es que bajo cualquier circunstancia este hombre tiene que dejar el poder ejecutivo y aceptar que tiene que darle cuentas al país.
RP. No va a dejar el poder sólo porque los opositores se lo pidan dicen sus voceros.
MM. Él difícilmente, por voluntad propia, va a tomar una decisión al respecto, por varias razones: primero porque es prisionero de esos vínculos que ha establecido con el narcotráfico y el crimen organizado, en segundo lugar, porque son demasiados los intereses que están en juego, y en tercer lugar porque necesita defenderse a como dé lugar en una situación totalmente desventajosa para él.
RP. ¿Están inquietos los sectores que apoyan a JOH?
MM. Yo creo que sí. Eso lo hemos observado en la actitud que han asumido en diferentes instancias. Es importante recordar el documento de la Conferencia Episcopal bajo el título Basta Ya, ese documento señala precisamente lo grave de esta situación, algo insostenible, y entonces a partir de ese momento usted puede observar como otras fuerzas, ya no sólo la Iglesia, comienzan a poner distancia con respecto al régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado, algunos abiertamente y otros mediatizadamente, pero es evidente que comienza la dictadura a erosionarse.
RP. Las manifestaciones populares son nutridas pero igual las manifestaciones de apoyo a JOH, ¿para dónde vamos?
MM. Indudablemente que Juan Orlando, y en general la dictadura, va a tratar de defenderse por todas las formas que tenga a su alcance. Es preocupante que de nuevo esté recurriendo a manifestaciones pagadas o manifestaciones organizadas bajo la presión que el Estado tiene a través de diversos mecanismos para obligar al empleado público, a sus familiares y a otros sectores sociales a participar de las mismas, porque esto lleva a la posibilidad de enfrentamiento, una práctica a la cual ha recurrido el Partido Nacional en momentos de crisis, a fuerzas de choque y esto huele precisamente a esa vieja práctica.
RP. ¿Vamos camino a escenarios violentos?
MM. Ya hay violencia en el ambiente. Se puede observar en las manifestaciones en las que el gobierno recurre a la fuerza, a la represión. La voluntad de recurrir a la violencia está presente de nuevo en todos los actos del régimen.
RP. ¿Mel Zelaya, Luís Zelaya y Salvador Nasralla quieren asaltar el poder como lo denunció JOH?
MM. Ese señalamiento expresa el deseo de desviar los cuestionamientos directos que hay en su contra. El acusar a Zelaya Rosales, a Salvador Nasralla y a Luís Zelaya de estar conspirando para un asalto al poder tiene ese sentido porque ninguno de ellos ha sido señalado en los tribunales de justicia norteamericano de manera directa como si lo es el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado.
RP. El hecho que el expresidente “Pepe” Lobo y el actual JOH, sean señalados por el narcotráfico, ¿qué denota esto en la vida política del país?
MM. La descomposición social en la que estamos inmersos, la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras de poder en Honduras, la pérdida de valores que los partidos y los liderazgos abandonaron desde hace mucho tiempo, me refiero a una práctica política totalmente desligada de la ética y acostumbrada a traficar con los intereses del pueblo hondureño.
RP. ¿Una salida de Juan Orlando Hernández le devuelve la tranquilidad al país?
MM. No. El problema es la dictadura, aunque la encabeza Juan Orlando Hernández que es un hombre obsesivo con respecto al poder que lo concentró en él, a través de ese organismo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, allí está el núcleo de la dictadura, así que los problemas de país tanto en el orden económico, social y político no se resuelven simplemente con la salida de JOH, sino que se van a resolver en la medida en que se pueda desmantelar la dictadura.
RP. ¿Qué debe surgir en caso que salga Juan Orlando Hernández, qué sigue?
MM. Depende como salga. Si sale, por ejemplo, como producto de la movilización popular será una salida que tendrá determinadas implicaciones, si sale por la vía de un golpe de estado que se dé desde las Fuerzas Armadas, la continuidad será de otro carácter, eso presenta una serie de interrogantes de cómo salga, cuáles son las fuerzas que promuevan esa salida y quienes sean los liderazgos de esas salida.
RP. ¿Puede haber dictadura sin Juan Orlando Hernández?
MM. Puede haber continuidad de la dictadura sin Juan Orlando Hernández, todo depende de la solución que se le dé a su salida.
RP. ¿Cuál es la salida que le conviene al país?
MM. La salida que el pueblo quiere es otra, me refiero que desde hace tiempo el Fuera JOH se convirtió en un grito de batalla que expresa el deseo popular. Esa es la salida que más le conviene al país porque él bloquea todas las salidas democráticas. Las posibilidades de la salida democrática existieron hasta hace poco si se hubiera, por ejemplo, concertado con toda la oposición un período en el que se aprobaran leyes para un proceso electoral efectivamente libre.
Radio Progreso (RP) dialogó con Mario Membreño (MM), integrante de la coordinación de la Convergencia Contra el Continuismo.
RP. ¿Cómo valora lo que hoy vivimos en esta crisis continuada de una década?
MM. Los problemas los estamos viviendo desde el golpe de Estado en la que se crea una coyuntura que tiene por fondo una crisis del Estado oligárquico, una crisis que genera el golpe y se expresa entonces en el terreno político una crisis de institucionalidad. Ahora estamos entrando, poco a poco, en una nueva fase después de que se superara lo que se llamó crisis postelectoral que tenía en agenda dos cosas esenciales: la reelección inconstitucional y el fraude electoral como mecanismo descarado para imponer a Juan Orlando Hernández Alvarado al frente del gobierno. Esa crisis postelectoral se agotó y hemos entrado en una nueva fase.
RP. ¿Cuál es esa fase?
MM. En esta nueva fase se instala de nuevo el conflicto social, en pocas palabras aflora esa cantidad de problemas que no ha podido resolver la dictadura, dentro de esas circunstancias se produce esta información que proviene del distrito sur de Nueva York, que señala directamente a quienes desde la jefatura del gobierno están vinculados con el narcotráfico. Esto no es un hecho secundario, es un hecho fundamental porque se señala a quien, por mandato constitucional debiera ser responsable de toda la administración del Estado en sus aspectos más grotescos, me refiero a los vínculos estrechos que desde hace tiempo se conocen entre esa estructura del poder con el narcotráfico y crimen organizado. Esto en cualquier sociedad crea la necesidad de desplazar a quienes están asumiendo esa enorme carga de acusaciones.
RP. ¿Debe renunciar JOH?
MM. Creo que debe dejar el poder, bajo qué formas, hay serios problemas porque desde que se rompe el orden constitucional aquí la sucesión que señala la Constitución también está en una seria interrogante porque no hay Estado de Derecho; y al no haber Estado de Derecho, esa sucesión de presidente a vicepresidentes queda también sin fundamentos, entonces aquí de lo que se trata es que bajo cualquier circunstancia este hombre tiene que dejar el poder ejecutivo y aceptar que tiene que darle cuentas al país.
RP. No va a dejar el poder sólo porque los opositores se lo pidan dicen sus voceros.
MM. Él difícilmente, por voluntad propia, va a tomar una decisión al respecto, por varias razones: primero porque es prisionero de esos vínculos que ha establecido con el narcotráfico y el crimen organizado, en segundo lugar, porque son demasiados los intereses que están en juego, y en tercer lugar porque necesita defenderse a como dé lugar en una situación totalmente desventajosa para él.
RP. ¿Están inquietos los sectores que apoyan a JOH?
MM. Yo creo que sí. Eso lo hemos observado en la actitud que han asumido en diferentes instancias. Es importante recordar el documento de la Conferencia Episcopal bajo el título Basta Ya, ese documento señala precisamente lo grave de esta situación, algo insostenible, y entonces a partir de ese momento usted puede observar como otras fuerzas, ya no sólo la Iglesia, comienzan a poner distancia con respecto al régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado, algunos abiertamente y otros mediatizadamente, pero es evidente que comienza la dictadura a erosionarse.
RP. Las manifestaciones populares son nutridas pero igual las manifestaciones de apoyo a JOH, ¿para dónde vamos?
MM. Indudablemente que Juan Orlando, y en general la dictadura, va a tratar de defenderse por todas las formas que tenga a su alcance. Es preocupante que de nuevo esté recurriendo a manifestaciones pagadas o manifestaciones organizadas bajo la presión que el Estado tiene a través de diversos mecanismos para obligar al empleado público, a sus familiares y a otros sectores sociales a participar de las mismas, porque esto lleva a la posibilidad de enfrentamiento, una práctica a la cual ha recurrido el Partido Nacional en momentos de crisis, a fuerzas de choque y esto huele precisamente a esa vieja práctica.
RP. ¿Vamos camino a escenarios violentos?
MM. Ya hay violencia en el ambiente. Se puede observar en las manifestaciones en las que el gobierno recurre a la fuerza, a la represión. La voluntad de recurrir a la violencia está presente de nuevo en todos los actos del régimen.
RP. ¿Mel Zelaya, Luís Zelaya y Salvador Nasralla quieren asaltar el poder como lo denunció JOH?
MM. Ese señalamiento expresa el deseo de desviar los cuestionamientos directos que hay en su contra. El acusar a Zelaya Rosales, a Salvador Nasralla y a Luís Zelaya de estar conspirando para un asalto al poder tiene ese sentido porque ninguno de ellos ha sido señalado en los tribunales de justicia norteamericano de manera directa como si lo es el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado.
RP. El hecho que el expresidente “Pepe” Lobo y el actual JOH, sean señalados por el narcotráfico, ¿qué denota esto en la vida política del país?
MM. La descomposición social en la que estamos inmersos, la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras de poder en Honduras, la pérdida de valores que los partidos y los liderazgos abandonaron desde hace mucho tiempo, me refiero a una práctica política totalmente desligada de la ética y acostumbrada a traficar con los intereses del pueblo hondureño.
RP. ¿Una salida de Juan Orlando Hernández le devuelve la tranquilidad al país?
MM. No. El problema es la dictadura, aunque la encabeza Juan Orlando Hernández que es un hombre obsesivo con respecto al poder que lo concentró en él, a través de ese organismo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, allí está el núcleo de la dictadura, así que los problemas de país tanto en el orden económico, social y político no se resuelven simplemente con la salida de JOH, sino que se van a resolver en la medida en que se pueda desmantelar la dictadura.
RP. ¿Qué debe surgir en caso que salga Juan Orlando Hernández, qué sigue?
MM. Depende como salga. Si sale, por ejemplo, como producto de la movilización popular será una salida que tendrá determinadas implicaciones, si sale por la vía de un golpe de estado que se dé desde las Fuerzas Armadas, la continuidad será de otro carácter, eso presenta una serie de interrogantes de cómo salga, cuáles son las fuerzas que promuevan esa salida y quienes sean los liderazgos de esas salida.
RP. ¿Puede haber dictadura sin Juan Orlando Hernández?
MM. Puede haber continuidad de la dictadura sin Juan Orlando Hernández, todo depende de la solución que se le dé a su salida.
RP. ¿Cuál es la salida que le conviene al país?
MM. La salida que el pueblo quiere es otra, me refiero que desde hace tiempo el Fuera JOH se convirtió en un grito de batalla que expresa el deseo popular. Esa es la salida que más le conviene al país porque él bloquea todas las salidas democráticas. Las posibilidades de la salida democrática existieron hasta hace poco si se hubiera, por ejemplo, concertado con toda la oposición un período en el que se aprobaran leyes para un proceso electoral efectivamente libre.
Alianza del Triángulo Norte, a punto de derrumbarse
Tomado de: palcoquintanarroense.com.mx
La alianza del Triángulo Norte de Centroamérica está por derrumbarse. El Salvador desconfía de las políticas de Guatemala y de Honduras para combatir la persistente migración irregular de ciudadanos de esos países a Estados Unidos, así como para enfrentar la violencia por la inseguridad ante el acoso de las pandillas de maras y el narcotráfico internacional.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó de dictador a su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, y aseguró que los gobiernos de Tegucigalpa y de Guatemala “no han sido ejemplo” en la contención migratoria.
En sus primeros días como gobernante, tras asumir el cargo el 1 de junio de este año, instó a la Unión Americana a que “no se nos meta en la buchaca del Triángulo Norte”.
El panorama interno para Hernández se agravó en 2019.
Al reproche de Bukele sobre que se reeligió en 2017 en comicios fraudulentos se sumó un factor explosivo: un documento que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó la semana pasada reveló que Hernández recibió un millón y medio de dólares de sobornos de narcotraficantes para su campaña electoral de 2013, pero el gobernante negó el cargo.
Mientras, y en vez de negociar en bloque en la región y frenar sus flujos migratorios irregulares, México individualizó los programas para ejecutarlos por separado.
En citas con Bukele, en junio, y con Hernández, en julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pactó planes de desarrollo para atacar el problema socioeconómico que estimula la masiva migración irregular por territorio mexicano a EU.
Aún está pendiente la cita de López Obrador con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para suscribir convenios similares.
En la toma de posesión de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 en la capital mexicana, Guatemala, El Salvador y Honduras —todavía en bloque— y México acordaron un plan de desarrollo de las tres naciones centroamericanas y del sur de territorio mexicano para contener la incesante movilidad de personas a Estados Unidos.
Sin dejar de asediar a El Salvador y a Honduras, y como parte de su política de rechazo a los migrantes irregulares, la Unión Americana concentró su presión sobre Guatemala para lograr un acuerdo que ambos gobiernos firmaron el pasado 26 de julio en Washington.
Con dicha alianza, la nación centroamericana se convirtió en tercer país seguro para acoger a migrantes salvadoreños y a hondureños mientras gestionan asilo en suelo estadounidense.
El arreglo depende del refrendo constitucional en Guatemala.
Por aparte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó San Salvador el 21 de julio pasado y firmó con Bukele un convenio para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y respaldar a El Salvador, a fin de “garantizar la seguridad nacional”.
La región del Triángulo Norte envía una “imagen de fragmentación” por las crisis que enfrenta cada país con diferentes características”, dijo el guatemalteco Rubén Hidalgo, director del (no estatal) Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala.
Son “débiles democracias institucionales”, afirmó.
“Guatemala, con un presidente próximo a entregar el cargo. Honduras, con un presidente señalado de recibir dinero del narcotráfico. El Salvador, con un joven que recién asumió [la presidencia] deseoso de generar dinámicas distintas para su país. Todo eso les ha impedido construir una estrategia común para negociar con Estados Unidos y México la superación del tema migratorio”, adujo.
La alianza del Triángulo Norte de Centroamérica está por derrumbarse. El Salvador desconfía de las políticas de Guatemala y de Honduras para combatir la persistente migración irregular de ciudadanos de esos países a Estados Unidos, así como para enfrentar la violencia por la inseguridad ante el acoso de las pandillas de maras y el narcotráfico internacional.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó de dictador a su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, y aseguró que los gobiernos de Tegucigalpa y de Guatemala “no han sido ejemplo” en la contención migratoria.
En sus primeros días como gobernante, tras asumir el cargo el 1 de junio de este año, instó a la Unión Americana a que “no se nos meta en la buchaca del Triángulo Norte”.
El panorama interno para Hernández se agravó en 2019.
Al reproche de Bukele sobre que se reeligió en 2017 en comicios fraudulentos se sumó un factor explosivo: un documento que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó la semana pasada reveló que Hernández recibió un millón y medio de dólares de sobornos de narcotraficantes para su campaña electoral de 2013, pero el gobernante negó el cargo.
Mientras, y en vez de negociar en bloque en la región y frenar sus flujos migratorios irregulares, México individualizó los programas para ejecutarlos por separado.
En citas con Bukele, en junio, y con Hernández, en julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pactó planes de desarrollo para atacar el problema socioeconómico que estimula la masiva migración irregular por territorio mexicano a EU.
Aún está pendiente la cita de López Obrador con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para suscribir convenios similares.
En la toma de posesión de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 en la capital mexicana, Guatemala, El Salvador y Honduras —todavía en bloque— y México acordaron un plan de desarrollo de las tres naciones centroamericanas y del sur de territorio mexicano para contener la incesante movilidad de personas a Estados Unidos.
Sin dejar de asediar a El Salvador y a Honduras, y como parte de su política de rechazo a los migrantes irregulares, la Unión Americana concentró su presión sobre Guatemala para lograr un acuerdo que ambos gobiernos firmaron el pasado 26 de julio en Washington.
Con dicha alianza, la nación centroamericana se convirtió en tercer país seguro para acoger a migrantes salvadoreños y a hondureños mientras gestionan asilo en suelo estadounidense.
El arreglo depende del refrendo constitucional en Guatemala.
Por aparte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó San Salvador el 21 de julio pasado y firmó con Bukele un convenio para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y respaldar a El Salvador, a fin de “garantizar la seguridad nacional”.
La región del Triángulo Norte envía una “imagen de fragmentación” por las crisis que enfrenta cada país con diferentes características”, dijo el guatemalteco Rubén Hidalgo, director del (no estatal) Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala.
Son “débiles democracias institucionales”, afirmó.
“Guatemala, con un presidente próximo a entregar el cargo. Honduras, con un presidente señalado de recibir dinero del narcotráfico. El Salvador, con un joven que recién asumió [la presidencia] deseoso de generar dinámicas distintas para su país. Todo eso les ha impedido construir una estrategia común para negociar con Estados Unidos y México la superación del tema migratorio”, adujo.
La lucha por la desmilitarización en Honduras
Por: Kimberly Duron
Escándalos de corrupción,
narcotráfico, pobreza extrema y altas tasas de femicidio, son resultados
del contexto de gobernanza en Honduras. Si damos un paso atrás, las
causas fundamentales de este mal tienen una clara la relación con el
brutal asesinato contra Berta Cáceres. Berta, una activista ambiental y
de los derechos humanos de origen Lenca indígena, fue asesinada durante
una batalla ardua, protegiendo tierra indígena de un embalse
hidroeléctrico con claros intereses políticos y privados.
La conexión entre el abuso de derechos humanos en centroamérica, como en el caso de Berta, suele omitir el contexto de responsabilidad por parte de los EE.UU. Sin embargo en un artículo de The Guardian se reveló evidencia clave de un asesinato extrajudicial que involucra a tres partes: La primera es la DESA (la empresa detrás del embalse). El segundo es el gobierno hondureño, dado que estaba a cargo de la protección de activistas, como la de Berta. Y tercero son las fuerzas armadas de los EE.UU, puesto que fueron ellas las que entrenaron por lo menos a dos de los ocho hombres arrestados en conexión al asesinato de Cáceres.
En este contexto, siete hombres han sido declarados culpables por la corte suprema de Honduras y 16 oficiales del sector público y privado, incluyendo el presidente de DESA, fueron acusados este año por fraude y actividad ilícita respecto del asesinato de Cáceres. Además, el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue subteniente de Inteligencia Militar en la FF.AA. de Honduras, y se graduó de la academia militar notoria de los EE.UU., West Point. Aunque los Estados Unidos busquen constantemente desligarse de su intervención extranjera antiética, no cabe duda su responsabilidad de encauzar millones de dólares tributarios de ciudadanos para financiar y facilitar violencia en centroamérica, y realizar operaciones encubiertas, usualmente en nombre de la democracia.
Tras años de asumir que los disturbios sociopolíticos, específicamente en Honduras, son producto de su propia gobernanza, un nuevo proyecto de ley en el congreso de los Estados Unidos está comenzando a cambiar la conversación y posiblemente la historia. Se trata del acta H.R.1945, o el Acta Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, que fue presentado por el congresista Hank Johnson en conjunto con 43 colegas, incluyendo a la representante Alexandria Ocasio-Cortez.
De ser aprobado, el acta suspende la ayuda militar de los EE.UU., incluyendo entrenamiento y armas, a las fuerzas de seguridad hondureñas, y “desalentará las prestaciones de bancos de desarrollo multilaterales hasta que el gobierno hondureño investigue y persiga a aquellos en los cuerpos militares o policíacas que han violado los derechos humanos” y “hasta que los defensores de los derechos humanos sean protegidos”. A favor del acta, la ONG CARECEN llevó a cabo una presentación en el congreso este mes, en donde un “panel de expertos jurídicos y políticos, solicitantes de asilo y observadores de derechos humanos” plantearon el tema de las violaciones de los derechos en Honduras por el financiamiento y ayuda militar de los EE.UU. La redacción del acta deja con más responsabilidad al gobierno hondureño que al de Estados Unidos y sugiere un paro de financiamiento claramente provisional. Sin embargo es un hito importante en la relación de las dos regiones.
##La intervención dañina de los Estados Unidos en Centroamérica
Mientras que la H.R.1945 se enfoca en la ayuda militar en Honduras, el apoyo de los EE.UU. y las estrategias en la región casi siempre han sido vinculadas al fomento de acuerdos comerciales/incentivos fiscales y/o la detención de la presunta expansión del comunismo. Esto es una de las razones por las que Honduras, Guatemala y El Salvador han sido históricamente llamados la “República Bananera”. Para los años 30’, The United Fruit Company, (empresa estadounidense ahora llamada Chiquita Brands) era propietaria de 3,5 millones de hectáreas de tierra en todo centroamérica, explotandola para exportar la fruta favorita de EE.UU.: bananos.
Posteriormente, los motivos de involucramiento estadounidense, a lo largo de dos siglos, entrelazan los intereses privados y políticos. Los siguientes son algunos ejemplos; el escritor Mark Tseng-Putterman recopiló una [línea de tiempo(https://medium.com/s/
¡Luchemos por democracias más justas!
El informe fue emitido por parte de elementos militares asignados a la seguridad de Fabio Lobo y familia, quienes detallaron todas las reuniones que Lobo tuvo con diversas personalidades: políticas, militares y líderes de organizaciones criminales.
El documento fue entregado el 12 de abril a las 10:30 de la mañana a la oficina del jefe del Departamento de Inteligencia Naval, capitán de Navío Mauricio Alemán Quiroz. El escrito expresa lo siguiente en relación a la reunión desarrollada entre el actual canciller Lisandro Rosales con Lobo y Rivera Maradiaga:
“El 7 de abril del 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor comisionado general de COPECO, licenciado Lisandro Rosales y el señor Javier Rivera en compañía de tres personas de su círculo social, en su casa de habitación del señor Lisandro Rosales, en la residencial Altos de El Trapiche de esta ciudad (Tegucigalpa), obteniendo información relacionada a documentación de contratos laborales y legales, sobre la creación de empresas”.
El informe no solo detalló la reunión de Rosales con el señor Fabio Lobo, sino también otra serie de encuentros entre Lobo y otras personalidades del gobierno de turno, que en ese momento era dirigido por Porfirio Lobo Sosa.
“El 6 de marzo de 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor Antonio Hernández en la casa de habitación de dicho ciudadano, en el sector de la ciudad de Tegucigalpa, obteniendo de ellos información principal sobre la elaboración de documentos y contratos legales para terceras personas”, señala parte del informe.
El exdiputado Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, actualmente es acusado en una Corte norteamericana por el delito de narcotráfico a gran escala, siendo considerado por la justicia de Estados Unidos, como un referente del crimen organizado en la región, quien utilizó poder e influencia política para traficar droga hacia ese país.
Por otra parte, el informe detalla que el expresidente Porfirio Lobo también tuvo encuentros personales con líderes de la organización criminal “Los Cachiros”: “El 24 de marzo de 2010, asistió el abogado Fabio Lobo a una reunión en casa de habitación del señor presidente de la república, licenciado Porfirio Lobo Sosa, ubicada en el sector de “El Chimbo”, de esta ciudad en compañía del señor Javier Rivera y cuatro personas de su círculo sociopolítico, por un espacio aproximado de cuatro horas. Cabe mencionar que en dicha reunión no se obtuvo información ya que fue negada mi entrada al interior de la vivienda del mandatario por parte de la seguridad de la Guardia de Honor Presidencial”, describe uno de los militares que elaboró el informe.
Según el documento, Fabio Lobo también sostuvo reuniones con las autoridades del gobierno de turno, entre ellos el jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel de Infantería, René Osorio Canales y el subjefe del Estado Mayor, capitán de navío Cristóbal Romero Burgos en la oficina de la comandancia general con sede en la casa presidencial de Tegucigalpa.
El documento cierra con una observación que expresa: “Hago de su conocimiento que el dignatario presidencial asignado a mi responsabilidad, continuamente establece comunicación vía telefónica con grupos de personas relacionadas con aspectos netamente jurídicos, de seguridad militar y policial, operación y funcionamiento de un radar aeronáutico, utilizando para dichas personas indicativos personales, los cuales detallo a continuación:
Ninguno de los dos acusados por narcotráfico, Fabio Lobo y Javier Rivera, tenía un proceso investigativo en Honduras. Sus casos se conocieron cuando Estados Unidos los solicitó en extradición por el tráfico de drogas.
La conexión entre el abuso de derechos humanos en centroamérica, como en el caso de Berta, suele omitir el contexto de responsabilidad por parte de los EE.UU. Sin embargo en un artículo de The Guardian se reveló evidencia clave de un asesinato extrajudicial que involucra a tres partes: La primera es la DESA (la empresa detrás del embalse). El segundo es el gobierno hondureño, dado que estaba a cargo de la protección de activistas, como la de Berta. Y tercero son las fuerzas armadas de los EE.UU, puesto que fueron ellas las que entrenaron por lo menos a dos de los ocho hombres arrestados en conexión al asesinato de Cáceres.
En este contexto, siete hombres han sido declarados culpables por la corte suprema de Honduras y 16 oficiales del sector público y privado, incluyendo el presidente de DESA, fueron acusados este año por fraude y actividad ilícita respecto del asesinato de Cáceres. Además, el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue subteniente de Inteligencia Militar en la FF.AA. de Honduras, y se graduó de la academia militar notoria de los EE.UU., West Point. Aunque los Estados Unidos busquen constantemente desligarse de su intervención extranjera antiética, no cabe duda su responsabilidad de encauzar millones de dólares tributarios de ciudadanos para financiar y facilitar violencia en centroamérica, y realizar operaciones encubiertas, usualmente en nombre de la democracia.
Tras años de asumir que los disturbios sociopolíticos, específicamente en Honduras, son producto de su propia gobernanza, un nuevo proyecto de ley en el congreso de los Estados Unidos está comenzando a cambiar la conversación y posiblemente la historia. Se trata del acta H.R.1945, o el Acta Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, que fue presentado por el congresista Hank Johnson en conjunto con 43 colegas, incluyendo a la representante Alexandria Ocasio-Cortez.
De ser aprobado, el acta suspende la ayuda militar de los EE.UU., incluyendo entrenamiento y armas, a las fuerzas de seguridad hondureñas, y “desalentará las prestaciones de bancos de desarrollo multilaterales hasta que el gobierno hondureño investigue y persiga a aquellos en los cuerpos militares o policíacas que han violado los derechos humanos” y “hasta que los defensores de los derechos humanos sean protegidos”. A favor del acta, la ONG CARECEN llevó a cabo una presentación en el congreso este mes, en donde un “panel de expertos jurídicos y políticos, solicitantes de asilo y observadores de derechos humanos” plantearon el tema de las violaciones de los derechos en Honduras por el financiamiento y ayuda militar de los EE.UU. La redacción del acta deja con más responsabilidad al gobierno hondureño que al de Estados Unidos y sugiere un paro de financiamiento claramente provisional. Sin embargo es un hito importante en la relación de las dos regiones.
##La intervención dañina de los Estados Unidos en Centroamérica
Mientras que la H.R.1945 se enfoca en la ayuda militar en Honduras, el apoyo de los EE.UU. y las estrategias en la región casi siempre han sido vinculadas al fomento de acuerdos comerciales/incentivos fiscales y/o la detención de la presunta expansión del comunismo. Esto es una de las razones por las que Honduras, Guatemala y El Salvador han sido históricamente llamados la “República Bananera”. Para los años 30’, The United Fruit Company, (empresa estadounidense ahora llamada Chiquita Brands) era propietaria de 3,5 millones de hectáreas de tierra en todo centroamérica, explotandola para exportar la fruta favorita de EE.UU.: bananos.
Posteriormente, los motivos de involucramiento estadounidense, a lo largo de dos siglos, entrelazan los intereses privados y políticos. Los siguientes son algunos ejemplos; el escritor Mark Tseng-Putterman recopiló una [línea de tiempo(https://medium.com/s/
- 1950: La expansión de United Fruit Company (UFC) en Guatemala se vio amenazada por las reformas agrarias propuestas por el presidente (electo democráticamente) el izquierdista Jacobo Arbenz Guzmán, que catalizó una campaña agresiva por parte de los EE.UU. para perseguirlo como comunista (sin siquiera serlo)
- 1954: El presidente Eisenhower ordenó una operación encubierta de la CIA que derrocó con éxito al presidente Arbenz.
- 1975: El presidente de UFC, Eli Black, se suicidó tras las noticias de que había sobornado al presidente hondureño con $1,2 millones de dólares a cambio del apoyo para la reducción de aranceles de exportación de los bananos.
- 1996: Bill Clinton aprobó IIRIRA, una reforma migratoria sin precedentes que deportaba a miles de centroamericanos y que incluía a aquellos en maras estadounidenses como la MS-13, provocando más violencia entre las pandillas en la región, y que hoy son la causa de porqué los migrantes deben huir de sus propios países.
- 2017: Desde el golpe militar en Honduras en el 2009, que fue poyado por el gobierno de EE.UU., los Estados Unidos ha invertido casi $114 millones de dólares en ayuda de seguridad para establecer unidades militares y policiacos de élites, con el objetivo, según dicen, de aumentar la seguridad fronteriza y llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico.
Nota relacionada Naciones Unidas recomienda a Honduras desmilitarizar la seguridad
Hoy el presidente Trump sigue impulsando su promesa de construir un muro como una presunta solución a la crisis migratoria, lo que costaría más de $20 mil millones de dólares, excluyendo el mantenimiento, y que ni siquiera abordaría las causales de la crisis, ni sus efectos, como el aumento de terrorismo doméstico a base de retórica anti-migratoria. Una real solución para la crisis migratoria es la que se propone en el Acta de Berta Cáceres. En Ciudadanía Inteligente apoyamos las acciones para comenzar a curar las heridas que fueron hechas por las políticas extranjeras, y sobre todo por las políticas intervencionistas de los EE.UU. y que ocurren desde hace décadas. En nuestra lucha por la justicia y el apoyo de todos aquellos que protegen los derechos humanos, creemos que estos pasos hacía la responsabilidad y la reducción de las FF.AA. estadounidenses en la región son obligatorias para prevenir el éxodo de más centroamericanos y evitar, para siempre, más asesinatos a activistas como el caso de Berta.¡Luchemos por democracias más justas!
Informe de inteligencia militar, revela reuniones de actual canciller Lisandro Rosales y Pepe Lobo con narcotraficantes extraditados
6 AGOSTO 2019
En las últimas horas Radio Progreso ha
tenido acceso a documentos oficiales, que revela la participación del
reciente nombrado Canciller de la República Lisandro Rosales y el ex
presidente de la República (2010-2014), Porfirio Lobo Sosa con
narcotraficantes acusados y condenados en cortes estadounidenses.
Un informe emitido
por parte de la Inteligencia de la Fuerza Naval, el 12 de abril de 2010,
reporta a las autoridades del Estado Mayor Conjunto, una serie de reuniones
entre Fabio Lobo, Porfirio Lobo, Javier Rivera Maradiaga, Tony Hernández y Lisandro
Rosales, quienes discutían temas relacionados con negocios, aspectos jurídicos,
seguridad militar, policial, operación y funcionamiento de radares
aeronáuticos.El informe fue emitido por parte de elementos militares asignados a la seguridad de Fabio Lobo y familia, quienes detallaron todas las reuniones que Lobo tuvo con diversas personalidades: políticas, militares y líderes de organizaciones criminales.
El documento fue entregado el 12 de abril a las 10:30 de la mañana a la oficina del jefe del Departamento de Inteligencia Naval, capitán de Navío Mauricio Alemán Quiroz. El escrito expresa lo siguiente en relación a la reunión desarrollada entre el actual canciller Lisandro Rosales con Lobo y Rivera Maradiaga:
“El 7 de abril del 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor comisionado general de COPECO, licenciado Lisandro Rosales y el señor Javier Rivera en compañía de tres personas de su círculo social, en su casa de habitación del señor Lisandro Rosales, en la residencial Altos de El Trapiche de esta ciudad (Tegucigalpa), obteniendo información relacionada a documentación de contratos laborales y legales, sobre la creación de empresas”.
El informe no solo detalló la reunión de Rosales con el señor Fabio Lobo, sino también otra serie de encuentros entre Lobo y otras personalidades del gobierno de turno, que en ese momento era dirigido por Porfirio Lobo Sosa.
“El 6 de marzo de 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor Antonio Hernández en la casa de habitación de dicho ciudadano, en el sector de la ciudad de Tegucigalpa, obteniendo de ellos información principal sobre la elaboración de documentos y contratos legales para terceras personas”, señala parte del informe.
El exdiputado Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, actualmente es acusado en una Corte norteamericana por el delito de narcotráfico a gran escala, siendo considerado por la justicia de Estados Unidos, como un referente del crimen organizado en la región, quien utilizó poder e influencia política para traficar droga hacia ese país.
Por otra parte, el informe detalla que el expresidente Porfirio Lobo también tuvo encuentros personales con líderes de la organización criminal “Los Cachiros”: “El 24 de marzo de 2010, asistió el abogado Fabio Lobo a una reunión en casa de habitación del señor presidente de la república, licenciado Porfirio Lobo Sosa, ubicada en el sector de “El Chimbo”, de esta ciudad en compañía del señor Javier Rivera y cuatro personas de su círculo sociopolítico, por un espacio aproximado de cuatro horas. Cabe mencionar que en dicha reunión no se obtuvo información ya que fue negada mi entrada al interior de la vivienda del mandatario por parte de la seguridad de la Guardia de Honor Presidencial”, describe uno de los militares que elaboró el informe.
Según el documento, Fabio Lobo también sostuvo reuniones con las autoridades del gobierno de turno, entre ellos el jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel de Infantería, René Osorio Canales y el subjefe del Estado Mayor, capitán de navío Cristóbal Romero Burgos en la oficina de la comandancia general con sede en la casa presidencial de Tegucigalpa.
El documento cierra con una observación que expresa: “Hago de su conocimiento que el dignatario presidencial asignado a mi responsabilidad, continuamente establece comunicación vía telefónica con grupos de personas relacionadas con aspectos netamente jurídicos, de seguridad militar y policial, operación y funcionamiento de un radar aeronáutico, utilizando para dichas personas indicativos personales, los cuales detallo a continuación:
- El hombre
- Comando
- El Toro
- Chuy
- Oscarito
- Mandadito
Ninguno de los dos acusados por narcotráfico, Fabio Lobo y Javier Rivera, tenía un proceso investigativo en Honduras. Sus casos se conocieron cuando Estados Unidos los solicitó en extradición por el tráfico de drogas.
Encarcelamiento contra Edwin Espinal y Raúl Álvarez es ilegal
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El equipo legal que defiende a los presos políticos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez, en la causa penal expresa lo siguiente a la comunidad nacional e internacional:
Tegucigalpa.- En el cuarto día de la jornada
de ayuno, los pueblos indígenas y negros se han sumado para demandar
por la libertad de los presos políticos.
Con consignas alusivas a la libertad de los presos políticos, así como bailes al ritmo de los tambores, los indígenas y negro pusieron el ambiente donde ayunan varias personas en solidaridad a los tres presos políticos que mantienen una huelga de hambre en la cárcel de máxima de seguridad conocida como La Tolva.
Hasta el Ministerio Público llegaron los indígenas pertenecientes a las organizaciones Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (Cinph), así como de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
También llegaron de la Orden Frailes Franciscanos liderados por el padre Marcio Matute, quien expresó que en solidaridad con los presos políticos ellos también han realizado una jornada de oración de 12 horas.
“Hoy hemos decidido venir como fraternidad para ofrecer nuestro apoyo, nuestra oración. Hoy la parroquia tiene de hecho 12 horas de oración, no solamente por los presos políticos sino también porque la justicia completa llegue a nuestro país, que es el gran sueño de todo hijo de Dios”.
El religioso señaló que es loable, es admirable cuando un ser humano lucha por otro ser humano en solidaridad “y animamos a la población que desde un corazón generoso pueden con su presencia, su oración y su manifestación pacífica elevar una plegaria, una voz por aquellos que están sufriendo los embates de una justicia que no es justicia”.
Por su parte Salvador Zúniga, de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (Cinph), señaló que están en la demanda de la libertad inmediata de los presos políticos que están injustamente, por su situación de defender a este pueblo para que retorne al estado de derecho para acabar así con la dictadura oprobiosa.
“Ellos (los presos políticos) también están en una huelga de hambre reclamando su libertad, reclamando por mejores condiciones para todos los presos que están en una cárcel que se ha convertido en un centro de tortura, y con esta acción se denuncia a nivel internacional las medidas de este régimen oprobioso que está moribundo y que el pueblo hondureño debe acabar porque no merecemos lo que estamos viviendo en el país”.
Selvin López de Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó que debemos sumarnos a esta lucha, que debemos estar todos para poder alcanzar el objetivo.
“Les decimos a los militares y policías basta ya de esta obedeciendo órdenes de un narco dictador, basta ya de seguir reprimiendo, basta ya de acabar con nuestras vidas”.
Los asistentes al cuarto día de la jornada ayuno estuvieron entonados cánticos contra la narco dictadura y a favor de los presos políticos que permanecen recluidos en La Tolva desde enero de 2018 y finales de 2019, y en El Progreso desde diciembre de 2017.
En la Tolva están privados de su libertad por razones políticas Raúl Álvarez, Edwin Espinal y Rommel Herrera, mientras que el centro penal de El progreso se encuentra Gustavo Adolfo Cáceres.
La jornada de ayuno finaliza este viernes 9 de agosto en el Parque Central de Tegucigalpa en horas de la tarde-noche con un concierto, donde participaran varias bandas comprometidas con la lucha social del pueblo.
Tegucigalpa.- El equipo legal que defiende a los presos políticos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez, en la causa penal expresa lo siguiente a la comunidad nacional e internacional:
- Este vierne, 09 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con sede en la ciudad de Tegucigalpa revisará en audiencia la prisión preventiva impuesta a nuestros defendidos en enero del año 2018.
- El tribunal no es competente para juzgar a Edwin Robelo Espinal y a Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez. Esta defensa impugnó la competencia del Tribunal en una audiencia anterior ya que, de acuerdo con la legislación hondureña, este órgano sólo está facultado para conocer los siguientes delitos:
- a) Asesinato, b) Todos los relacionados con el tráfico ilícito de drogas, c) Secuestro, d) Robo de vehículos, e) Lavado de activos, f) Trata de personas, g) Explotación sexual comercial h) Terrorismo; i) forestales; j) El delito contra la propiedad tipificado en el artículo 218-E del Código Penal (inscripción ilegal de vehículos); k) Los delitos contra la economía; l) Los delitos contra la administración Pública (…); m) Los delitos financieros (…); n) Los delitos en la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones tipificados en el artículo 394 literal p) del Código Penal; o) Extorsión y p) Usurpación;
Nota relacionada Edwin Espinal y Raúl Álvarez han estado presos por orden dictada por autoridad incompetente (+vídeo)
Robelo Espinal y Álvarez Ordoñez están acusados por los delitos de daños agravados, incendio y uso de material explosivo de fabricación casera y, por tanto, no deben ser juzgados por dicho tribunal.- El Tribunal de Sentencias se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional revocó la resolución del Tribunal de Sentencias y ordenó que siga conociendo el proceso.
- Aún no siendo competente, el Tribunal tiene mañana la obligación de revisar las ilegalidades de la prisión preventiva, impuesta desde enero de 2018, y deberá reconocer las siguientes ilegalidades:
- Este caso debe juzgarse por un solo delito, lo que implica automáticamente la liberación de nuestros defendidos con una medida sustitutiva de la prisión preventiva. La acusación fue presentada por los delitos de daños e incendio agravado, pero todos éstos se subsumen en el citado delito de incendio, lo que en todo caso el juzgamiento debe ser por un solo supuesto penal. Por otra parte, el delito de uso de material explosivo comercial de fabricación casera no existe en la legislación hondureña.
- El Juez no es competente para conocer el caso. Claudio Aguilar titular del Juzgado de Jurisdicción Nacional, con sede, en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas, fue designado para conocer casos de criminalidad organizada e impuso el encarcelamiento contra nuestros defendidos, sin ser competente para esta función.
- No se ha garantizado el debido proceso. El Juez Claudio Aguilar no expuso en su resolución cuáles eran los argumentos jurídicos para la imposición de la prisión preventiva, lo que vulnera el derecho constitucional al debido proceso.
- Nuestros defendidos han sufrido violaciones de sus derechos durante su detención ilegal. La privación de libertad y las condiciones de la misma en una cárcel de máxima seguridad durante un año y medio, ha conllevado violaciones a sus derechos humanos, e incumple las obligaciones del Estado de Honduras en materia de Ley del Sistema Penitenciario y de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos.
- La puesta en libertad inmediata de Edwin Espinal y Raúl Álvarez Ordoñez.
- Que el Estado hondureño, a través del Poder Judicial, garantice el derecho al debido proceso de nuestros defendidos, así como el derecho a un juez imparcial y que se declaren las ilegalidades durante el procedimiento penal.
Indígenas y negros se sumaron al ayuno para exigir libertad para los presos políticos
Con consignas alusivas a la libertad de los presos políticos, así como bailes al ritmo de los tambores, los indígenas y negro pusieron el ambiente donde ayunan varias personas en solidaridad a los tres presos políticos que mantienen una huelga de hambre en la cárcel de máxima de seguridad conocida como La Tolva.
Hasta el Ministerio Público llegaron los indígenas pertenecientes a las organizaciones Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (Cinph), así como de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
También llegaron de la Orden Frailes Franciscanos liderados por el padre Marcio Matute, quien expresó que en solidaridad con los presos políticos ellos también han realizado una jornada de oración de 12 horas.
“Hoy hemos decidido venir como fraternidad para ofrecer nuestro apoyo, nuestra oración. Hoy la parroquia tiene de hecho 12 horas de oración, no solamente por los presos políticos sino también porque la justicia completa llegue a nuestro país, que es el gran sueño de todo hijo de Dios”.
El religioso señaló que es loable, es admirable cuando un ser humano lucha por otro ser humano en solidaridad “y animamos a la población que desde un corazón generoso pueden con su presencia, su oración y su manifestación pacífica elevar una plegaria, una voz por aquellos que están sufriendo los embates de una justicia que no es justicia”.
Por su parte Salvador Zúniga, de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (Cinph), señaló que están en la demanda de la libertad inmediata de los presos políticos que están injustamente, por su situación de defender a este pueblo para que retorne al estado de derecho para acabar así con la dictadura oprobiosa.
“Ellos (los presos políticos) también están en una huelga de hambre reclamando su libertad, reclamando por mejores condiciones para todos los presos que están en una cárcel que se ha convertido en un centro de tortura, y con esta acción se denuncia a nivel internacional las medidas de este régimen oprobioso que está moribundo y que el pueblo hondureño debe acabar porque no merecemos lo que estamos viviendo en el país”.
Selvin López de Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó que debemos sumarnos a esta lucha, que debemos estar todos para poder alcanzar el objetivo.
“Les decimos a los militares y policías basta ya de esta obedeciendo órdenes de un narco dictador, basta ya de seguir reprimiendo, basta ya de acabar con nuestras vidas”.
Los asistentes al cuarto día de la jornada ayuno estuvieron entonados cánticos contra la narco dictadura y a favor de los presos políticos que permanecen recluidos en La Tolva desde enero de 2018 y finales de 2019, y en El Progreso desde diciembre de 2017.
En la Tolva están privados de su libertad por razones políticas Raúl Álvarez, Edwin Espinal y Rommel Herrera, mientras que el centro penal de El progreso se encuentra Gustavo Adolfo Cáceres.
La jornada de ayuno finaliza este viernes 9 de agosto en el Parque Central de Tegucigalpa en horas de la tarde-noche con un concierto, donde participaran varias bandas comprometidas con la lucha social del pueblo.
Con un concierto finaliza hoy ayuno en favor de los presos politicos
Tegucigalpa.- Tras
cinco días de solidaridad con los presos políticos, el ayuno que
familiares y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos
convocaron donde participaron un sin número de personas finaliza hoy.
Este viernes desde las 7:00 de la mañana
representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh) y de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (Ofraneh), de la Red de Mujeres, de la coordinación de las
antorchas, entre otras, han llegado a la concha acústica del Parque
Central de Tegucigalpa para ayunar.
La Red de Mujeres ha estado pintando
mantas multicolores con mesajes exigiendo la libertad de los presos
políticos, elaborando mantas; mientras la comunidad indigena lenca ha
estado gritando consignas y la comunidad negra ha estado con sus
tambores ambientando la jornada con su música y baile.
Con esta jornada de ayuno se ha logrado
mantener en la colectibidad en general y principalmente en los medios de
comunicación el concepto de presos políticos, donde ninguno de los
medios se puso a discutir wue los compañeros son presos politicos,
señaló Ruy Díaz miembro del Comité por la Liberación de los Presos
Políticos.
“Vamos introduciendo dentro del
imaginario de los medios de comunicación que en Honduras hay presos
políticos y que al régimen del narco hobierno de Juan Orlando Hernández
no le gusta aceptar”, sostuvo Díaz, quien ha permanecido constante los
cinco días que ha durado la jornada de ayuno.
“Esta es una lucha fundamental por la libertad de personas que hoy están injustamente privadas de su libertad en situaciones infrahumanas y además es una lucha contra JOH quien se quiere mantener en el poder”, manifestó Zúniga Cáceres.Laura Zúniga Cáceres, hija de la líder indígena asesinada Berta Cáceres, y miembra de Copinh, indicó que han llegado hasta Tegucigalpa a solidarizarse con los presos políticos, principalmente con Edwin Espinal quien estibo von ellas en los momentos más difíciles.
Agregó que dentro de las cárceles de
máxima seguridad estas personas privadas por razones política han sido
de persecucion directa por el papel fundamental que han jugado en la
lucha contra la dictadura de Juan Orlando Hernández.
La jornada de ayuno se inició el lunes 5
de agosto y durante cuatro días se realizó frente al Ministerio Público
de Tegucigalpa, y este último dia se trasladó al parque Central, donde
una vez se suspenda el ayuno, se inicia un concierto con música popular y
constataria.
Entre los grupos y artistas,
participarán Karla Lara, Franco Lagos, Banda Patechuchos Social Club,
Banda Hazaña y Raíces Dub Reggae.
Presos políticos se defenderán en libertad por protestar contra fraude electoral de 2017
9 agosto, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Los presos políticos, Edwin Robelo Espinal y Raúl Álvarez recibieron este viernes medidas sustitutivas por un tribunal de sentencias y podrán defenderse en libertad por haber protestado contra el fraude ocurrido en las elecciones generales de noviembre de 2017.
Más información en breve…
Por Sandra Rodríguez
Tutule, La Paz.- Integrantes de la Empresa Campesina Las Torres, desde hace 10 años mantiene una lucha en defensa de la tierra, la cual es cultivada con maíz, frijol, café y otras hortalizas, y temen por desalojos y criminalización.
No existe aún respuesta por la solicitud de adjudicación de tierras interpuesta ante el Instituto Nacional Agrario (INA), más bien son víctimas de desalojos violentos, procesos judiciales y oportunismo de políticos que solo son promesas, denunciaron este jueves 1 de agosto.
El grupo campesino está integrado por 17 familias que suma un centenar de personas, en 64 manzanas de tierra en recuperación. Siendo parte de más de 300 mil familias campesinas sin acceso a tierra.
En septiembre del 2107, 14 de sus miembros fueron llevados al Juzgado de Letras de La Paz, quienes quedaron en libertad provisional, tras ser acusados por el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Enrique Bustillo (ya fallecido), representado ahora por su hija.
Entre las personas criminalizados están:
1. Sara Rosa Martínez
2. Francisca Rodríguez Mejía
3. Luís Alonso Nolasco
4. Manuel Galeas
5. Celvin Martínez Vásquez
6. Carlos Enrique Galeas
7. Abis Ortiz Díaz
8. Marcio Ortiz Díaz
9. Sara Meléndez Cáceres
10. Cristóbal Ortiz
En febrero de este año llegó la policía hasta Las Torres, dañando la casa comunal y cortando plantaciones de café.
El grupo campesino permanece alerta a que vuelvan a desalojarlos, denunciaron en una reunión con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Los presos políticos, Edwin Robelo Espinal y Raúl Álvarez recibieron este viernes medidas sustitutivas por un tribunal de sentencias y podrán defenderse en libertad por haber protestado contra el fraude ocurrido en las elecciones generales de noviembre de 2017.
Más información en breve…
Presos políticos de Honduras se defenderán en libertad
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Edwin Espinal y Raúl Álvarez podrán defenderse en libertad luego que este viernes los juzgados de Francisco Morazán les otorgaran medidas cautelares.
Espinal y Álvarez han permanecido en prisión desde hace 20 meses, tiempo desde el cual han venido denunciando tratos crueles, inhumanos y degradantes en las celdas de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
Los presos políticos fueron acusados por los delitos de incendio y daño a la propiedad privada, tras ser acusados en enero de 2018 de incendiar un hotel capitalino en el marco de las protestas ciudadanas contra el fraude electoral de noviembre de 2017.
La liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez ha sido parte de las demandas de las protestas ciudadanas, que convocan los sectores sociales y la oposición política, en especial el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Mientras Espinal y Álvarez iniciarán un proceso de defenderse en libertad, el joven Rommel Valdemar, seguirá privado de su libertad en la cárcel La Tolva, imputado también por los delitos de incendio y daños a la propiedad privada, luego que el 31 de mayo pasado fuera acusado de incendiar la entrada principal de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
Tegucigalpa.- Edwin Espinal y Raúl Álvarez podrán defenderse en libertad luego que este viernes los juzgados de Francisco Morazán les otorgaran medidas cautelares.
Las medidas cautelares impuestas son: no salir del país y presentarse todas las semanas a firmar un libro de control en los juzgados.
Noticia Relacionada: Encarcelamiento contra Edwin Espinal y Raúl Álvarez es ilegal
La resolución de los juzgados se adoptó en la audiencia de revisión de medidas, tras intensos debates y la presentación de pruebas por parte de su equipo de abogados que logró certificar un proceso ilegal alrededor del caso.Espinal y Álvarez han permanecido en prisión desde hace 20 meses, tiempo desde el cual han venido denunciando tratos crueles, inhumanos y degradantes en las celdas de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
Los presos políticos fueron acusados por los delitos de incendio y daño a la propiedad privada, tras ser acusados en enero de 2018 de incendiar un hotel capitalino en el marco de las protestas ciudadanas contra el fraude electoral de noviembre de 2017.
La liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez ha sido parte de las demandas de las protestas ciudadanas, que convocan los sectores sociales y la oposición política, en especial el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Mientras Espinal y Álvarez iniciarán un proceso de defenderse en libertad, el joven Rommel Valdemar, seguirá privado de su libertad en la cárcel La Tolva, imputado también por los delitos de incendio y daños a la propiedad privada, luego que el 31 de mayo pasado fuera acusado de incendiar la entrada principal de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
Campesinos de Las Torres viven en zozobra por criminalización
Por Sandra Rodríguez
Tutule, La Paz.- Integrantes de la Empresa Campesina Las Torres, desde hace 10 años mantiene una lucha en defensa de la tierra, la cual es cultivada con maíz, frijol, café y otras hortalizas, y temen por desalojos y criminalización.
No existe aún respuesta por la solicitud de adjudicación de tierras interpuesta ante el Instituto Nacional Agrario (INA), más bien son víctimas de desalojos violentos, procesos judiciales y oportunismo de políticos que solo son promesas, denunciaron este jueves 1 de agosto.
El grupo campesino está integrado por 17 familias que suma un centenar de personas, en 64 manzanas de tierra en recuperación. Siendo parte de más de 300 mil familias campesinas sin acceso a tierra.
En septiembre del 2107, 14 de sus miembros fueron llevados al Juzgado de Letras de La Paz, quienes quedaron en libertad provisional, tras ser acusados por el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Enrique Bustillo (ya fallecido), representado ahora por su hija.
Entre las personas criminalizados están:
1. Sara Rosa Martínez
2. Francisca Rodríguez Mejía
3. Luís Alonso Nolasco
4. Manuel Galeas
5. Celvin Martínez Vásquez
6. Carlos Enrique Galeas
7. Abis Ortiz Díaz
8. Marcio Ortiz Díaz
9. Sara Meléndez Cáceres
10. Cristóbal Ortiz
En febrero de este año llegó la policía hasta Las Torres, dañando la casa comunal y cortando plantaciones de café.
El grupo campesino permanece alerta a que vuelvan a desalojarlos, denunciaron en una reunión con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
