domingo, 18 de agosto de 2019

HONDURAS: Canciller de Honduras se reunía con Fabio Lobo para hablar de crear empresas, según informe de inteligencia // “JOH va a ser extraditado, procesado y condenado”: Jari Herrera // Marco Lobo: TSE no ha sido desconocido que crimen organizado estaban financiando algunas campañas electorales // Estudiantes en el foco de la criminalización en Honduras // Radio Progreso: Se agudizan ataques contra comunidades indígenas lencas // La década de los jóvenes y las mujeres // Se complica aún más el panorama político-social en Honduras Por: Carlos Zelaya Herrera // Defensores: MENSAJE A LOS REYES MIDAS DEL CODIGO PENAL

Canciller de Honduras se reunía con Fabio Lobo para hablar de crear empresas, según informe de inteligencia

El documento establece que la reunión entre Fabio Lobo y Lisandro Rosales se realizó en la casa de habitación de este último en la colonia capitalina Altos del Trapiche y que hablaron de contratos laborales y legales y sobre la creación de empresas.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras del año 2010, detalla una serie de reuniones sostenidas por el narcotraficante, Fabio Lobo, con miembros del cártel de Los Cachiros y otras personalidades del circulo político y social, entre los que destacan el recién nombrado canciller, Lisandro Rosales.
Según el documento, que se resume en tres páginas, Lobo hablaba en las reuniones sobre asuntos legales y jurídicos, creación de empresas, seguridad militar y policial y de la operación y funcionamiento de un radar aeronáutico.
El informe, que fue elaborado por el encargado de la seguridad de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y condenado en los Estados Unidos a 24 años de cárcel por tráfico de drogas, resume las actividades de rutina del hijo del exgobernante, del 25 de febrero de 2010 al 07 de abril de 2010.
El informe revela además que Fabio Lobo se reunió con «el cachiro», Javier Rivera Maradiaga, en la casa de su padre, el entonces presidente, Porfirio Lobo, en la comunidad de El Chimbo.
El informe establece que las Fuerzas Armadas procedieron el 25 de febrero a asignar en la ciudad de Juticalpa, Olancho la seguridad a Lobo para la protección de él, su esposa Dora Cinthia de Lobo y sus dos hijas, con un total de catorce efectivos de la Guardia de Honor Presidencial, detallados de la siguiente manera: un conductor, tres patrulleros y un edecán para Fabio Lobo Lobo; un conductor y tres patrulleros para Cinthia de Lobo y un conductor y tres edecanes para las dos hijas del Lobo Lobo.
REUNIONES
El 26 de febrero, Fabio Lobo se reunió en su bufete legal en Juticalpa con los señores Rafael Sarmiento, Raúl Sarmiento y José Francisco Mejía conocido como “chico el conserje”, con quienes habló sobre actividades sociales a realizarse en dicha ciudad y se comprometió a entregarles armas en agradecimiento a su colaboración durante la campaña electoral pasada.
El 27 de febrero, con instrucciones de Fabio Lobo se entregó dos fusiles M16R15 y cuatro cargadores tipo banana a Rafael Sarmiento y Francisco Mejía, lo cual fue reportado vía teléfono al sub jefe de la Guardia de Honor Presidencial, capitán de navio, Cristóbal Romero Burgos. Ese mismo día, Fabio Lobo y su esposa Dora Cinthia de Lobo realizaron una actividad social en su casa de Juticalpa, en la que participaron familiares y algunas amistades.
El 06 de marzo de 2010, Fabio Lobo se reunió con el señor Antonio Hernández en la casa de éste último en Tegucigalpa, con quien habló sobre la elaboración de documentos y contratos legales para terceras personas.
El 12 de marzo de 2010, sostuvo una reunión en Tegucigalpa con el abogado Ivis Antonio Discua, en el bufete legal Discua y Asociados, en la que además del anfitrión participaron Antonio Hernández y Devis Leonel Rivera Maradiaga, miembro del cártel de Los Cachiros, condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En esta reunión los presentes hablaron sobre la elaboración de contratos y documentos legales para un ciudadano conocido como “comando”.
El 24 de marzo de 2010, Fabio Lobo participó en una reunión en la casa de su padre, el entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en la comunidad de El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán. A la reunión se presentó en compañía de Javier Rivera Maradiaga, miembro del cártel de Los Cachiros y condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En la cita, que se prolongó por cuatro horas participaron cuatro personas del “circulo sociopolítico” de Lobo, los que no son identificados por el informe de inteligencia, que refiere además que no se obtuvo información de lo que se abordó porque se negó la entrada a la seguridad de la Guardia de Honor Presidencial.
30 de marzo de 2010, se reunió en la comandancia general de la Guardia de Honor Presidencial en Casa Presidencial, con el jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel de infantería, René Osorio Canales y el sub jefe del Estado Mayor Presidencial capitán de navio, Cristóbal Romero Burgos. De este re unión no se obtuvo información porque no se permitió el acceso a la seguridad.
El 07 de abril de 2010, Fabio Lobo, se reunió con el comisionado general de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Lisandro Rosales y el miembro del cártel de Los Cachiros, Javier Rivera. La reunión se efectuó en la casa de habitación del ahora canciller de Honduras en la colonia residencial Altos del Trapiche y se habló sobre documentos de contratos laborales y legales y sobre la creación de empresas.
El miembro de la inteligencia militar encargado de la protección de Fabio Lobo, establece en una nota final que el hijo del entonces presidente de Honduras, efectuaba continuamente comunicaciones vía telefónica con grupos de personas relacionadas al “sector sociopolítico a los cuales expresa información relacionada con aspectos netamente jurídicos, de seguridad militar y policial, operación y funcionamiento de un radar aeronáutico, utilizando para dichas personas indicativos personales”.
El informe señala que Fabio Lobo tenía los siguientes indicativos personales para el uso del radar:
  • El Hombre
  • Comando
  • El Toro
  • Chuy
  • Oscarito
  • Mandito
El informe fue remitido el 10 de abril de 2010 al jefe del departamento de Inteligencia Naval, capitán de navío, Mauricio Alemán Quiroz, quien lo recibió el 12 de abril a las 10:30 de la mañana, según consta en la hoja de entrega.




Don “H” sentenciado a cadena perpetua en Nueva York

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael Machak, Agente Especial Interino a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas, anunciaron hoy que Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H ”, fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas. Fernández Rosa ganó aproximadamente $ 50 millones en relación con la distribución de 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de precursores químicos de metanfetamina, que se le ordenó perder en relación con la sentencia.
Fernández Rosa fue arrestado provisionalmente en Honduras en octubre de 2014 y extraditado a los Estados Unidos en septiembre de 2015. Don «H» se declaró culpable previamente ante el juez de circuito de los Estados Unidos Richard J. Sullivan, quien impuso la sentencia de hoy mientras estaba sentado por designación.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Héctor Emilio Fernández Rosa, que opera con impunidad en Honduras, traficaba más de 135 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en el transcurso de 17 años. Al pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluido el ex presidente, aseguró el paso seguro de sus drogas a los EE. UU. También protegió a su organización de tráfico eliminando a sus rivales, asesinando a 19 personas, incluido el congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla en 2008 Hoy, uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos ha sido llevado ante la justicia «.
El agente especial interino a cargo Michael Machak dijo: “Llevar ante la justicia y poner tras las rejas a personas como Fernández Rosa no solo hace que nuestro país sea más seguro, sino que mantiene enormes cantidades de drogas peligrosas fuera de nuestras calles. Esto debería servir como un mensaje de que la DEA no tolerará y procesará a los narcotraficantes peligrosos que causan estragos en nuestro país «.
De acuerdo con las presentaciones y declaraciones judiciales realizadas durante los procedimientos judiciales:
Aproximadamente en 1998, Fernández Rosa comenzó a participar en el tráfico de drogas en Honduras con una célula de traficantes que distribuía aproximadamente cinco toneladas de cocaína por año. Para el año 2003, Fernández Rosa asumió una posición gerencial en el grupo, lo que aumentó el volumen de cocaína que distribuía a aproximadamente 10 toneladas por año hasta al menos 2013.  Fernández Rosa coordinó el pago de grandes sobornos a miembros de la Policía Nacional de Honduras y en al menos un oficial militar hondureño que ayudó a escoltar y garantizar el paso seguro de grandes cargamentos de drogas.
Por ejemplo, aproximadamente en 2005, Fernández Rosa y otros co-conspiradores le pagaron a un candidato presidencial hondureño más de $ 2 millones en ganancias de narcóticos en un esfuerzo por instalar a uno de los aliados de Fernández Rosa como Viceministro de Seguridad en Honduras. El candidato prevaleció en las elecciones, pero no cumplió su promesa a Fernández Rosa. Durante el mismo período, Fernández Rosa y otros conspiradores gastaron aproximadamente $ 100,000 en sobornos para la policía en relación con cada uno de sus envíos de drogas.Entre 2008 y 2010, Fernández Rosa diversificó sus operaciones al trabajar para recibir aproximadamente 20 toneladas de efedrina en Puerto Cortés, que es el puerto comercial más grande de Honduras. En relación con este esquema, Fernández Rosa trabajó con lugartenientes clave de Joaquín El Chapo Guzmán, a / k / a «El Chapo», para ayudar al Cártel de Sinaloa a fabricar grandes cantidades de metanfetamina en Honduras y Guatemala, que luego fue transportada al norte por tierra. , como la cocaína, e importada a los Estados Unidos.
En noviembre de 2008, luego de una incautación de efedrina relacionada en Francia, Fernández Rosa ordenó el asesinato del congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla. El asesinato fue uno de los 19 asesinatos que Fernández Rosa ordenó o llevó a cabo. En 2003, por ejemplo, Fernández Rosa ordenó a sus trabajadores del narcotráfico que secuestraran a un hombre que trabajaba para un traficante rival. Después de que la víctima fue secuestrada, los trabajadores de Fernández Rosa lo torturaron y, mientras Fernández Rosa observaba, lo colocaron en una tumba recientemente excavada mientras aún estaba vivo. Fernández Rosa y sus trabajadores que ejecutaron a la víctima. En 2013, Fernández Rosa desplegó un asesino para asesinar a alguien que Fernández Rosa sospechaba que había ayudado a matar a un pariente, y el asesino coordinó un gran ataque que resultó en la muerte del objetivo de Fernández Rosa y aproximadamente nueve víctimas adicionales.
Además del período de prisión, Fernández Rosa, de 46 años, de Honduras, también fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar la confiscación por un monto de $ 50,000,000.Berman elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina de País de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU.Esta acusación está siendo manejada por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche están a cargo de la acusación.

“JOH va a ser extraditado, procesado y condenado”: Jari Herrera

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Las declaraciones del mandatario Juan Hernández acusando a la oposición solo reflejan el grado de desesperación en que se encuentran los nacionalistas, dijo el diputado Jari Dixon Herrera del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Nunca los había visto dar dos conferencias de prensa en un par de horas. Nunca los había visto decir tantas cosas absurdas en tan poco tiempo, lo cual refleja desesperación”, señaló Herrera.
El diputado de Libre dijo haber leído el expediente de Tony Hernández y Juan Hernández tiene el mismo estatus que su hermano, “así que seguramente va a ser pedido en extradición, seguramente va a ser procesado y seguramente será condenado”.
En Estados Unidos la conspiración para introducir drogas tiene una pena entre 40 años y cadena perpetua y el (Juan Hernández) es parte del grupo de conspiradores y está al nivel de su hermano Tony y de Alexander Ardón y de varios oficiales que declararon en su contra.

Nota relacionada El error de JOH es haber creído que EE.UU. le iba a cubrir la espalda (+vídeo)

Cuando un fiscal hace una acusación es porque ya se tienen pruebas y en el expediente los mismos testigos para Tony Hernández, mencionan al hermano y a otros.
De acuerdo a Jari Herrera quien fue fiscal del Ministerio Público ya hay un expediente para el caso de Juan Hernández en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Lo expresado por el encargado de la embajada de los Estados Unidos en Honduras es un trato meramente diplomático, pero cuando enjuicien a Hernández le darán la espalda y cambiarán el discurso.

Libertad Digital

Marco Lobo: TSE no ha sido desconocido que crimen organizado estaban financiando algunas campañas electorales

El exmagistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló este martes que las autoridades del ente regulador de los comicios en Honduras sabía de los financiamientos del crimen organizado a las campañas políticas.
“Para el Tribunal no ha sido desconocido que recursos provenientes del crimen organizado estaban financiando algunas campañas electorales”, dijo el exfuncionario.
Esgrimió que aunque el TSE tenía conocimiento no tomaron acciones, siendo cómplices al no investigar el origen de los recursos.
Lobo, detalló que desde el 2017 se creó la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, la cual está encargada de verifica la transparencia de los recursos de las campañas de los candidatos electorales.
El exmagistrado, que denunció el fraude electoral del 2017, renunció a su cargo para dar comienzo a los nuevos organismos electorales.


Estudiantes en el foco de la criminalización en Honduras

Friday, 09 August 2019 00:31 Written by  Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE

Estudiantes en el  foco de la criminalización en Honduras
Foto derecha: laprena.hn. Foto Izquierda: CNN en Español
El día lunes 06 de agosto del 2019, el Movimiento Estudiantil Universitario, (MEU), de UNAH-VS, del Valle de Sula, convocó a una marcha pacífica en el Boulevard Michelletti que inicio a las 5 de la tarde y finalizo a las 7:30 pm, los estudiantes regresaron al centro educativo en donde repentinamente atacados por la policía.
Periodistas que estaban en el área comentaron que la policía estuvo presente en el trayecto de la marcha y hasta llegar de nuevo a la casa de estudios empezaron a reprimir sin razón alguna, estudiantes corrieron a resguardarse del gas mientras que otras contrarrestaron los ataques de la Policía Militar.
La situación se tornó tensa cuando varios estudiantes estaban sin poder movilizarse a sus casas.
Jóvenes del CEU, de la Asociación de estudiantes de El Progreso, Yoro, que participaron en la protesta, se dirigieron a su bus para retornar a esa ciudad cuando los militares lanzaron una bomba dentro del bus provocando que la mayoría de jóvenes se lanzaran por las ventanas, otros que no pudieron salir sufrieron de asfixia siendo trasladados de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas.
Otros estudiantes que estaban en el estacionamiento de la UNAH-VS, fueron agredidos por la policía cuando suplicaban que los dejaran ir que ellos no eran parte de los estudiantes que protestaban en contra del actual gobierno de Juan Orlando Hernández.
Los jóvenes también difundieron en su cuenta de Facebook, los videos y fotografías de Nelson René Ayestas, un supuesto estudiante quien disparo y amenazó a varios muchachos que estaban protestando dentro del campus.
Las autoridades universitarias en San Pedro emitieron un comunicado donde condenan las acciones de la policía contra la manifestación, pacífica también anunciaron que se realizó la denuncia formal ante Ministerio Público y se preparan para llevarla a otras instancias para que se respete el derecho legítimo a la protesta social.
En el Centro Universitario de la UNAH de Tegucigalpa el 07 de agosto estudiantes realizaron una toma en el Boulevard Suyapa en rechazo a las acciones ocurridas en Valle de Sula y contra la represión ejercida por el actual gobierno, horas más tarde autoridades de la universidad suspendieron clases para evitar se dieran los mismos acontecimientos que en San Pedro Sula.
Simultáneamente se realizaron tomas de edificios acuerpadas por las asambleas estudiantiles que mediante un comunicado la noche anterior repudiaron las acciones de los militares en el congreso Nacional donde en la jornada de protesta varios jóvenes resultaron heridos. Señalaron la falta de institucionalidad de entes reguladores de justicia frente a las acusaciones al presidente.

Opinion · Otras miradas

Honduras y el ‘narcobusiness as usual’

por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
08/08/2019 - PÚBLICO
El pasado 2 de agosto se hizo público un documento presentado ante una Corte de Justicia de Nueva York, en el que fiscales federales acusan al actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, a su antecesor Porfirio Pepe Lobo, a su hermano Tony Hernández y a varias figuras clave de la política y la policía hondureña de ser coparticipes en una conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos. El documento contiene varias acusaciones más, relacionadas con el asesinato de dos personas, financiación de campañas políticas y del gobernante Partido Nacional, y la realización de maniobras para cesar a altos cargos policiales por suponer una amenaza para las actividades criminales de los acusados.
Manifestantes se enfrentan a la policía de Honduras durante una protesta exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. EFE/ Gustavo Amador
Manifestantes se enfrentan a la policía de Honduras durante una protesta exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. EFE/ Gustavo Amador Estas revelaciones supusieron un exacerbamiento de la crisis política permanente en la que vive sumida Honduras desde el golpe de Estado de 2009, que se agudizó tras las cuestionadas elecciones de 2017 y con las movilizaciones sociales contra la privatización de la salud y la educación que se han dado en los últimos meses. La respuesta del gobierno fue la que se esperaba: en rueda de prensa el 3 de agosto el presidente comparecía ante los medios para negar todas las acusaciones realizadas por la fiscalía de Estados Unidos, atribuyendo los hechos a una conspiración en su contra gestada por narcotraficantes perjudicados por su gobierno. No se produjeron dimisiones ni se va a realizar investigación alguna.
Podrá parece sorprendente fuera de Honduras que un gobierno se sostenga ante semejantes acusaciones, pero cuando se conocen los antecedentes el efecto sorpresa se diluye. Y es que los hechos contenidos en la acusación presentada por el fiscal federal Emil J. Bove se basan en eventos que ya son de sobra conocidos en Honduras. Desde hace varios años son continuas las noticias que llegan desde las cortes estadounidenses implicando a los principales cabecillas del Partido Nacional y las cúpulas policiales y militares en el narcotráfico, siendo el documento hecho público el pasado 2 de agosto el último episodio de una narconovela que se ha desarrollado ante el público hondureño e internacional bajo la mirada complaciente de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.
Desde hace décadas el gobierno estadounidense, a través de la CIA, la DEA y demás agencias cuenta con un inmenso equipo desplegado en Honduras, y colabora, si no es que controla, las labores de inteligencia, contrainteligencia y lucha contra el narcotráfico del estado hondureño. Ante esta situación, lo lógico sería pensar que desde Washington han estado informados durante todos estos años sobre el grado de penetración del crimen organizado en las autoridades hondureñas, lo que contradice totalmente las declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, que oficialmente considera a Hernández como un aliado.
El hecho de que el ejército hondureño se dedicase a derribar narcoavionetas, violando la legislación estadounidense, obligando a la DEA a desconectar el único radar capaz de detectar dichas naves no pareció convencer a Estados Unidos de que Lobo, Hernández y su partido eran socios poco fiables en la lucha contra el narcotráfico. Tampoco importó que se procesase judicialmente al hijo de Lobo y al hermano de Hernández por tráfico de drogas y armas a gran escala. Ni que al hermanísimo del presidente se le llegase a acusar de conspirar para atentar contra el exembajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Tampoco cambio el rumbo de las relaciones bilaterales las múltiples delaciones contra ministros y altos mandos de la policía y el ejército por parte de narcotraficantes presos en Estados Unidos. Con estos y muchos otros antecedentes, el 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos se reunió con Hernández para reafirmar públicamente la estrecha colaboración y cooperación entre el gobierno de Trump y el de Hernandez en materia de desmantelamiento de redes criminales internacionales.
Un manifestante con un cartel exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. REUTERS/Jorge Cabrera
Un manifestante con un cartel exigiendo la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, señalado por la Fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder. REUTERS/Jorge Cabrera Frente a esta situación surgen varias preguntas: ¿realmente existe una guerra contra el narcotráfico? ¿Qué pretende el gobierno estadounidense lograr a través de esa supuesta guerra? ¿a algún país o institución internacional le importa en realidad la legalidad, la lucha contra la corrupción o la defensa de la democracia y los derechos humanos? ¿o simplemente las relaciones internacionales se basan en un discurso hipócrita que esconde el interés de mantener a quien sea en el poder con tal de que sea funcional a los dictados de las grandes potencias?
A estas alturas, resulta sorprendente que Juan Orlando Hernandez siga en el poder simplemente negando todas las acusaciones. También lo es la total pasividad de la comunidad internacional ante todas las evidencias en contra del mandatario y su entorno. Aunque no se han producido actos de adhesión a Hernández tan explícitos como el estadounidense desde otros estados, al día 7 de agosto ninguna embajada, u organismo internacional ha pedido explicación alguna de lo acontecido ni tomado medida alguna.
Ante la actual situación, habría que preguntar al Gobierno español cómo valoran que con su cooperación un gobernante acusado de narcotráfico haya logrado aprobar un Código Penal que contiene una reducción de penas del delito de narcotráfico, lavado de activos, y de varios delitos contra la corrupción, al tiempo que abre la puerta a que se detengan las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos. También valdría la pena preguntar a la Unión Europea si han valorado el efecto de su cooperación con Honduras, bajo la modalidad de apoyo presupuestario, el más favorable para el gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que existen redes de corrupción a gran escala al interior de la administración hondureña que ya han empleado fondos de la cooperación internacional para fines partidistas y para el enriquecimiento personal de gobernantes. Esto en la Unión Europea lo saben muy bien, ya que financian una misión de la OEA contra la corrupción, la MACCIH, que ha logrado evidenciar la existencia y operatividad de dichas tramas. Las alabanzas que han dedicado estos años a Hernández desde el FMI no han sorprendido a nadie, pues esta institución se comporta como la banca privada, preocupada solo de cobrar a tiempo. Lo que sí fue sorprendente fueron las efusivas felicitaciones por su desempeño económico recibidas por Hernandez recientemente de una representante de la CEPAL. El silencio del resto de organismos y embajadas lo dice todo.
Lo que está ocurriendo en Honduras es un síntoma evidente de la grave enfermedad moral que corroe el mundo de las relaciones internacionales. Por un lado, evidencia la falacia de la guerra a las drogas, que hoy muestra su verdadera cara como instrumento de sometimiento y dependencia de las naciones latinoamericanas al poderío estadounidense. Por otro, muestra que la inmoralidad y el mantenimiento del business as usual (en este caso narcobusiness as usual) son la regla y no la excepción en el mundo de las relaciones internacionales.


Radio Progreso
En las últimas semanas las comunidades organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, realizaron una protesta en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, en demanda a la titulación de 9 terrenos en los departamentos de Intibucá, Comayagua y Santa Bárbara.
En esa acción se logró que el Estado de Honduras se comprometiera a iniciar los estudios para la entrega de títulos comunitarios a las comunidades indígenas lencas. Sin embargo, la misma ha desatado una serie de amenazas contra algunos de sus líderes y lideresas.
A tal grado que sectores allegados a la empresa Desarrollos Energético, Desa, propiedad de la familia Atala en Rio Blanco y vinculada con el crimen de Berta Cáceres, dañaron los cultivos de maíz que eran el sustento de las familias de esa comunidad, según denuncia el Copinh.
Lo mismo sucedió en la comunidad el Mirador 2 de Siguatepeque, donde la Policía Nacional destruyó los cultivos de la gente, precarizando aún más la situación de pobreza que viven las comunidades indígenas.  En este sector el empresario que reclama la tierra que ocupan los indígenas es Moisés Starman, ex funcionario público y cónsul honorario judío en el país.
Sólo en Siguatepeque, “aproximadamente 50 mil plantas de café y 7 mil de plátano han sido destruidas por miembros de la Policía Nacional, comando Tigres y Militares”, expresa Selvin Milla, dirigente del Copinh.
Son 29 familias quienes a diario han trabajado la tierra y sembrado colectivamente el café y plátano para poder vender el producto y tener un sustento. “Están provocando un genocidio”, Selvin denuncia que, la destrucción de estos cultivos representa el presagio de una severa hambruna que además del despojo territorial tendrá que enfrentar el pueblo Lenca.
En el caso de Río Blanco en Santa Bárbara, 15 manzanas de tierra sembrada con maíz fueran destruidas. Además, la noche del miércoles 31 de julio, ex-empleados de la empresa DESA amenazaron con un machete a la lideresa Rosalina Domínguez, de la comunidad de Río Blanco, cuando ésta regresaba a su casa junto a una compañera y dos niñas.
Según la información suministrada por el COPINH, los agresores les cortaron el paso amenazándolas con un machete y diciendo “de aquí no va a pasar” y “esta es bruja igual a Berta”, en relación a Berta Cáceres, con quien Rosalina mantenía una relación muy cercana, y quien fue asesinada en marzo de 2016.
Ante las amenazas, Rosalina y sus acompañantes se vieron obligadas a tomar otro camino a través de un potrero, causando que una de las niñas se lastimara las costillas.
El Copinh exige una investigación real a estos delitos catalogados como graves porque atentan contra la seguridad alimentaria y la vida de los indígenas. Que se deduzcan responsabilidades a la policía y gente particular que participó en la destrucción de los cultivos.
Además, la titulación inmediata de los 9 terrenos que ancestralmente han ocupado las comunidades, y que hoy están siendo reclamadas por políticos y empresarios vinculados al gobierno.
Desde la cosmovisión Lenca, Selvin dice que seguirán sembrando maíz, frijol y organización para resistir ante un gobierno que está despojándolos de sus territorios y su cultura.


COPINH

¡ALERTA! Agresores impiden el único acceso y amenazan de bombardeo a la comunidad de Montaña Verde.

El COPINH denuncia que desde el lunes primero de julio, la comunidad Lenca de Montaña Verde se encuentra amenazada por algunos miembros de la comunidad de Chusquín.
Desde hace algunas semanas miembros de Montaña Verde denunciaron a personas de la comunidad de Chusquín, por tala ilegal de bosque en los alrededores a la fuente de agua.
Debido a esto, desde el primero de julio las personas denunciadas bloquearon el único acceso a Montaña Verde destruyendo la calle dejando totalmente incomunicada a la comunidad, además de retener al personal de salud y docente que se dirigía a Montaña Verde. También, amenazaron de bombardear, cabe destacar que algunos de los que amenazaron son miembros del ejército.
Javier Antonio Enamorado, alcalde de Gracias, Lempira ha sido informado de la situación y ha actuado de manera negligente y permisiva frente a estos hechos, posibilitando el agravamiento de éstos.
La destrucción de la calle crea una situación de alto riesgo para lxs comunitarixs debido a que les obliga a pasar caminando frente a quienes les han amenazado y han hechos estas acciones tan virulentas.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades municipales y nacionales, al Ministerio Público, y al Mecanismo Nacional de Protección a tomar cartas en el asunto. Hacemos un llamado también a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) a reparar los daños ocasionados a los accesos de Montaña Verde para permitir la libre circulación de lxs comunitarixs.
Responsabilizamos al Estado de Honduras y Alcalde de Gracias Lempira Javier Enamorado por cualquier perjuicio a la integridad física de lxs compañerxs de Montaña Verde que se encuentran gravemente amenazados.



Radio Progreso
Mediante un pronunciamiento, divulgado y aprobado durante el tercer cabildo abierto,  la Pastoral Social de la Parroquia San Nicolás Obispo y las fuerzas vivas de 22 comunidades de Atima, departamento de Santa Bárbara, exigieron al  Instituto de Conservación Forestal, ICF, no autorizar más planes de manejo para explotar el bosque, porque desde febrero de este año fue declarado municipio productor de agua para consumo humano.
También solicitan al ICF la cancelación del permiso de Plan de Manejo autorizado al señor Miguel Ángel Bautista Castellón, quien desde el año 2017 está cortando árboles sin ningún control en la comunidad de Coros. Dicha deforestación ya secó las fuentes de agua  de las comunidades Las Delicias y La Colonia, según denuncia la población.
El Padre Florentino indicó que él recibe siempre la queja de la gente de las aldeas que el agua está disminuyendo, sus cultivos y su ganado está muriendo de hambre, por falta de agua ya no pueden cultivar ni pasto, ni alimentos. Y  esto es a causa de que varios empresarios que vienen desde afuera se llevan los árboles y todos los recursos. Ellos tienen grandes ganancias y dejan a la gente de las comunidades más pobre.
El cabildo abierto fue dirigido por el alcalde municipal Roger Gabriel Leiva, quien dijo “que cuando los procesos se dan ilegalmente el pueblo no se siente bien  y en la municipalidad no hemos tomado ninguna decisión a título personal, sino que todo se ha hecho escuchando al pueblo, por eso los únicos árboles que nos han quedado los vamos a cuidar y a defender como sea.
“Atima no es nido de nadie y no vamos a permitir que ningún empresario venga a escondidas del pueblo, sin consulta previa, a explotar nuestro bosque. Los traficantes del agua, de la madera y de los minerales no van a venir aquí a apoyar al pueblo, eso es mentira. Tampoco les interesa el desarrollo. Es mentira que los empresarios llegan a los municipios a apoyarlos. Vamos a dejar claro que Atima no es nido de nadie, no vamos a permitir que vengan empresarios a explotar nuestros bosques”, agregó el alcalde.
El representante del ICF, técnico forestal Melquisedec Díaz, indicó que a ellos ya les llegan los paquetes de los planes de manejo y que antes de firmarlos se hace un estudio del área que se va a explotar.
La gente dijo no sentirse satisfecha con la función que desempeña el ICF, pues dicha institución está para proteger a los explotadores de bosques y minerales y que está en contra del pueblo. Además dijeron que el ICF, debería cambiarse el nombre, porque de conservación forestal no hace nada, pues la muestra es que muchos ríos,  fuentes de agua y bosques hoy ya no existen. Y todo porque ICF permite la destrucción de la naturaleza, autorizando concesiones.
Cabildo abierto en Atima Después de escuchar las preguntas de la población hacia el representante del ICF, el alcalde Roger Leiva preguntó a los pobladores y pobladoras que si están de acuerdo en que No se acepte ningún Plan de manejo para explotar el bosque y ningún tipo de concesión en el municipio, de inmediato el pueblo levantó su mano y gritó que no aceptan.
El cabildo terminó con la formación y juramentación del primer Comité Sectorial de Defensa de los Bienes Naturales y de Nuestra Casa Común del municipio de Atima, Santa Bárbara, integrado por un representante de cada comunidad, la municipalidad y la Iglesia católica.


publicado por OFRANEH

Manifiesto Rebelde de Mujeres Hondureñas

/ julio 1, 2019 -  publicado por OFRANEH
En el rebelde territorio Garífuna de Vallecito, Iriona, Colón, Honduras, con la presencia de los elementos de la naturaleza que hacen crecer la vida y la esperanza de quienes caminamos para llegar al encuentro, donde más de 1200 mujeres y aproximadamente 350 niñas y niños fueron abrazadas por el encuentro como la continuidad de la vida y la palabra provenientes de Choluteca, El Paraíso, Copan, Olancho, Valle, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Cortes, Atlántida, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara.
Con la presencia ancestral de Margarita Murillo, María Enriqueta Matute, Berta Cáceres, Magdalena Morales y tía Macucu, que en un sólo espíritu, pensamiento y fuerza nos acompañan en todas las acciones. Se hicieron sentir las energías del pueblo Tolupán, Lenca, Misquito, Garífuna, Pech, Maya Chortí, y de los pueblos en lucha nos juntamos a diez años del golpe de estado y de la resistencia del pueblo de Honduras, de las mujeres de Honduras.
El Encuentro saluda la fuerza y rebeldía de las mujeres, las que estamos presentes, las que no vinieron, las que no están físicamente. Reconocemos que a pesar de las heridas y dolores de la violencia y opresión que impactan en los cuerpos, territorios y procesos organizativos, tenemos la enorme convicción y decisión de continuar pensando, creando y haciendo juntas.
La fuerza de la cosmovisión de los pueblos indígenas estuvieron presentes y se expresaron en las espiritualidades, las sabidurías, experiencias de resistencia y formas de relacionamiento con la naturaleza y la vida.
En debate y conversaciones durante los espacios de comidas, descansos, trabajo fuimos juntando nuestras palabras comunes que compartimos ahora.

El golpe de estado, convertido en dictadura, profundiza el modelo extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las mujeres y los pueblos, un régimen de despojo de bienes comunes, identidades, cuerpos, saberes, espiritualidades que se sostiene por la corrupción, impunidad, narcotráfico, militarización, persecución, criminalización de nuestras compañeras que luchan en todos los territorios de Honduras.
Vivimos una crisis humanitaria, producto de ese despojo, que se expresa de manera cruel y contundente en el éxodo migratorio de nuestras hermanas y hermanos provocando el vaciamiento de los territorios que ha generado un terrible impacto sobre las personas y el tejido social comunitario y favorece que los proyectos extractivos encuentren cada vez menos oposición.
Nos llamamos a la urgente necesidad de recuperar y multiplicar las prácticas de autonomía existentes y plantear alternativas soberanas antipatriarcales, antirracistas, inclusivas y diversas, debido al evidente fracaso del ejercicio del poder masculinista basado en el modelo colonial democrático electorero, que atenta contra las mujeres y los pueblos.
Vemos con preocupación el aumento de las violencias normalizadas contra los cuerpos de las mujeres que se convierten en un territorio donde queda marcada la frustración de una cultura machista y heteropatriarcal, protagonizada muchas veces por hombres del movimiento social, y alentada por el incremento de la militarización y el fundamentalismo religioso. Es cierto que se ha retrocedido, pero a la vez se ha fortalecido el papel de las mujeres en la lucha con mayor claridad política, conocimiento, capacidad movilizadora y avivamiento de diversas luchas donde han estado colocando de frente su pensamiento, su voz, sus cuerpos y su accionar. Ninguna violencia va a detenernos.
Desde este encuentro nos comprometemos a seguir juntándonos en rebeldía colectiva, acuerpar las luchas de todas y repensar una Honduras sin dictadura, con autonomía y soberanías populares y de las mujeres.
A diez años del golpe, seguimos luchando juntas.
Por una Honduras sin dictadura.

Vallecito, Iriona, Colón 29 de junio del 2019

La década de los jóvenes y las mujeres

Tres acontecimientos políticos marcaron los últimos 10 años: el golpe de Estado de 2009, las antorchas en contra de la corrupción en 2015, y la lucha contra el fraude electoral en 2017. Son tres acontecimientos donde el actor determinante fue la juventud. Un signo de que algo nuevo está naciendo en la sociedad hondureña.
Al menos dos hilos unen la crisis del golpe de Estado, con las antorchas y la lucha contra el fraude electoral. Primero, es que los tres acontecimientos son la expresión de la incapacidad del bipartidismo de seguir gobernando y, segundo, fue el cerco mediático impuesto por medios corporativos. Sin embargo, los jóvenes en estos diez años no sólo aportaron en romper con el cerco mediático y el bipartidismo, sino que aportaron en sembrar la semilla contra la corrupción y la impunidad: hablamos de la Maccih y la Ufecic.
Algunas inquietudes brotan a primera vista sobre esas juventudes movilizadas: ¿quiénes son esos jóvenes? ¿qué es lo que les anima a movilizarse? Y tal vez la pregunta más necesaria, ¿desde qué espacios esas juventudes pueden avanzar en la construcción de un país diferente al país que los mata, los criminaliza, les roban sus bienes públicos y naturales?
No tenemos todas las respuestas, pero nos lanzamos a echar una primera mirada a esas juventudes. Un primer rasgo de estos jóvenes es que nacieron en la transición política de 1982 y la transición económica en 1990 con la aplicación del modelo económico neoliberal. Es decir, estos jóvenes son las principales víctimas de la concentración de poder y de riqueza que provocaron las transiciones.
Otro rasgo de estas juventudes es que son hijos de las generaciones que acrisolaron la conciencia en la década de los ochentas y esto ayudó a cultivar nuevas maneras de hacer y de ser a sus hijos. Son los hijos de las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Hablamos de la generación de jóvenes que moldeó su conciencia política en plena crisis política. Su formación política surge en el 2009, ahí entendió que era un golpe de Estado, el estado de sitio o un toque de queda. En estos años experimentaron en carne propia la violencia militar de la que les hablaron sus padres, entendieron que los jóvenes son el sector de la población que más se mata en el país.
Es una generación de nativos digitales. Jóvenes con capacidad para convertir su rebeldía y creatividad en códigos digitales que ponen a temblar a los corruptos, jóvenes que a través de un meme simplifican una denuncia y la hacen llegar a millones de personas en menos de un segundo.
Esta década nos anuncia que no habrá marcha atrás, y abre la puerta para que en la próxima década construyamos el país que abre oportunidades a todos por igual. Es la década de los jóvenes y las mujeres.

Familia de Erick Peralta exige justicia


Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- Erik Peralta de 38 años salía de trabajar del punto de taxis de La Granja en la Capital, y  regresaba a su casa  para guardar la unidad que conducía, cuando se encontró con una movilización en su colonia, se bajó del carro para pedirles permiso de  pasar, cuando  en eso se escucharon disparos, Policías Militares disparaban contra las personas que se manifestaban en contra de la privatización de la salud y la educación.
Erik solo quería llegar a su casa a descansar después de un largo día de trabajo en su taxi,  pero  una bala disparada por militares le penetró por el lado izquierdo a la altura del estómago, fue trasladado al Hospital Escuela donde horas después falleció.
A 18 días de haber enterrado a Erik, su hermana Diana Rodríguez,  expresa  la tristeza en su rostro por la falta que de su pariente, “desde el asesinato de mi hermano se siente feo,  horrible, porque siempre nos reuníamos todos y hace falta  el espacio de él, un espacio vacío dejó en nuestro hogar y corazón, por ejemplo los niños siempre  lo esperaban,  ellos dicen mi papá no está, mi papá no va a venir, mi papá está solo en el cementerio”.
“Lo mismo mi mamá, él acostumbraba a llevar a mi mamá a desayunar,  él llegaba al trabajo de mi mamá en la mañana, él siempre la saludaba, la primera llamada siempre que se levantaba era para mí mamá, es una cosa horrible, es un vacío que nadie lo puede llenar”, añadió.
Asimismo dijo que Erik era una persona alegre, de buen corazón, no se metía con nadie, nunca tuvo problemas con nadie, era una buena persona, el día de su velorio se llenó, a Erik lo lloraron niños,  viejos y jóvenes.
Por su parte la madre de Erik, Sonia Mendoza, dijo que en su casa hay un espacio vacío, que es el de su hijo asesinado el pasado 19 de junio a manos de militares, le hace mucha falta.
“Me siento muy mal que me hayan quitado a mi hijo, me quitaron una parte de mi corazón,   Erik era un buen hijo, excelente conmigo, cada mañana me preguntaba cómo estaba, que si no estaba enferma  y yo le decía que estoy bien.  Y ahora me da no sé qué ver a mis nietos desamparados, me dan hasta ganas de llorar”.
“Me dicen nos hace falta mi papi abuela, nos hace falta bastante, porque cuando nos íbamos  para la escuela él regresaba a ver si andábamos en la escuela para llevarlos a la casa, les traía la comida”, finalizó doña Sonia con su voz entre cortada.
Su familia demanda justicia por este hecho, “exigimos justicia, que se aclare todo, porque sí fue un asesinato, y fueron los militares que le dispararon a Erik. Él venía ya de su trabajo a guardar su taxi, ya venía a acostarse cuando le agarró la manifestación en la calle, él se bajó para pedir permiso y en ese momento llegaron los militares, se bajaron de los camiones y ellos comenzaron a disparar a diestra y siniestra contra la multitud de la gente”.
Cabe señalar que solo el día 19 de junio en la Capital, 21 personas ingresaron al Hospital Escuela,  de las que dos fallecieron en ese centro asistencial, una de ellas era Erik Peralta, pero se estima que ese día hubo más personas heridas y que por temor no acudieron a ese centro asistencial.
Estos hechos de brutal represión se dieron entre el miércoles  19 y el jueves 20 de junio, cuando el pueblo se auto convocó a las calles a defender la salud y la educación, mientras las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Nacional se declaraba de brazos caídos.
El gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde resolvió darle seguridad de la ciudadanía a los militares, de quienes se sabe que no pueden manejar conflictos, porque han sido preparados para matar, tal como lo dejaron claro durante los días 19 y 20 de junio.