Por
Publicado el 10 Agosto, 2019
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples elaborada en el 2018, de los dos mil jóvenes que no estudian 1.4 millones viven en zonas rurales.
Mientras que 287,903 jóvenes (12 a 30 años) trabajan y estudian al mismo tiempo, 1.4 solamente trabajan y 791,892 no estudian ni trabajan.
Para defensores de derechos humanos las cifras son alarmantes, considerándola una violación a los derechos de los jóvenes.
“La educación es la llave que abre las puertas, hay una violación grande a los derechos e la niñez y adolescencia, para que cuenten con los servicios básicos”, dijeron los defensores de DDHH.
A pesar que Honduras es un país de población joven, no existen las condiciones, ni oportunidades para que la juventud salga adelante.
MEU anuncia jornada de protestas para exigir la salida de JOH y su “gabinete corrupto”
13 agosto, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) anunciaron hoy una jornada de protestas para exigir la salida el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández y de su “gabinete corrupto”.
“Hacemos una invitación a los actores organizados y no organizados a sumarse a la movilización que se llevara a cabo el día miércoles 14 a partir de las 9:00 am en la entrada principal de la UNAH, donde en conjunto exigiremos la salida inmediata de Juan Orlando Hernández de la presidencia y de todo su gabinete de gobierno corrupto, asimismo exigimos un basta ya a la injerencia de EE.UU. en asuntos del pueblo hondureño”.
Además los estudiantes exhortaron a las autoridades universitarias que ejerzan presión sobre las autoridades para presentar los avances de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 24 de julio cuando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ingresó al campus universitario hiriendo de bala a cuatro estudiantes.
“Condenamos los actos en la Universidad del Valle de Sula por la Policía Militar el día martes 6 de agosto de 2019, donde se violentó la integridad física de los estudiantes que se dirigían hacia sus hogares”.
“Requerimos se inicie el debido seguimiento a los actos mencionados, y nos sumamos al llamado de la pronta liberación de los presos políticos”.
Por otro lado, solicitaron al rector Francisco Herrera que presente avances de la investigación entorno los hechos suscitados. “Hacemos saber a la población en general que el día lunes se entregó una invitación por escrito al rector interino, Francisco José Herrera Alvarado, a fin de dar a conocer la información que tiene sobre los informes respectivos de los hechos mencionados y que haga pública su postura sobre la realidad que atraviesa el país y la comunidad universitaria”.
Estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) anunciaron hoy una jornada de protestas para exigir la salida el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández y de su “gabinete corrupto”.
“Hacemos una invitación a los actores organizados y no organizados a sumarse a la movilización que se llevara a cabo el día miércoles 14 a partir de las 9:00 am en la entrada principal de la UNAH, donde en conjunto exigiremos la salida inmediata de Juan Orlando Hernández de la presidencia y de todo su gabinete de gobierno corrupto, asimismo exigimos un basta ya a la injerencia de EE.UU. en asuntos del pueblo hondureño”.
Además los estudiantes exhortaron a las autoridades universitarias que ejerzan presión sobre las autoridades para presentar los avances de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 24 de julio cuando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ingresó al campus universitario hiriendo de bala a cuatro estudiantes.
“Condenamos los actos en la Universidad del Valle de Sula por la Policía Militar el día martes 6 de agosto de 2019, donde se violentó la integridad física de los estudiantes que se dirigían hacia sus hogares”.
“Requerimos se inicie el debido seguimiento a los actos mencionados, y nos sumamos al llamado de la pronta liberación de los presos políticos”.
Por otro lado, solicitaron al rector Francisco Herrera que presente avances de la investigación entorno los hechos suscitados. “Hacemos saber a la población en general que el día lunes se entregó una invitación por escrito al rector interino, Francisco José Herrera Alvarado, a fin de dar a conocer la información que tiene sobre los informes respectivos de los hechos mencionados y que haga pública su postura sobre la realidad que atraviesa el país y la comunidad universitaria”.
Universitarios inician tomas y movilizaciones para forzar la dimisión de Hernández
14 agosto, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Varios edificios amanecieron tomados este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por integrantes de los frentes estudiantiles como parte de las acciones para exigir que Juan Orlando Hernández salga del Ejecutivo.
Al respecto, las autoridades del centro de estudios superiores confirmaron que los edificios A1, A2, C1, F1, el Palacio Universitario de los Deportes y el Centro Acuático están tomados.
Además, estas acciones de lucha se mantendrán durante el día, entre movilizaciones y asambleas informativas y tomas en otras edificaciones en el campus, informaron por su parte los líderes estudiantiles.
El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) anunció ayer movilizaciones a escala nacional a partir de este día a fin de forzar la salida de Hernández, señalado por un tribunal federal de Nueva York de haber recibido 1.5 millones de dólares del narcotráfico para financiar la campaña electoral de 2013.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle sostuvo en Washington que las acusaciones hechas por el capo Alexander Ardón son una venganza por haber «tomado decisiones» para extraditar a narcotraficantes.
Varios edificios amanecieron tomados este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por integrantes de los frentes estudiantiles como parte de las acciones para exigir que Juan Orlando Hernández salga del Ejecutivo.
Al respecto, las autoridades del centro de estudios superiores confirmaron que los edificios A1, A2, C1, F1, el Palacio Universitario de los Deportes y el Centro Acuático están tomados.
Además, estas acciones de lucha se mantendrán durante el día, entre movilizaciones y asambleas informativas y tomas en otras edificaciones en el campus, informaron por su parte los líderes estudiantiles.
El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) anunció ayer movilizaciones a escala nacional a partir de este día a fin de forzar la salida de Hernández, señalado por un tribunal federal de Nueva York de haber recibido 1.5 millones de dólares del narcotráfico para financiar la campaña electoral de 2013.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle sostuvo en Washington que las acusaciones hechas por el capo Alexander Ardón son una venganza por haber «tomado decisiones» para extraditar a narcotraficantes.
Estudiantes de Honduras piden renuncia de Hernández en concurrida protesta
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Estudiantes universitarios y de educación media protagonizaron este miércoles una concurrida protesta por las calles de la capital hondureña, exigiendo la renuncia del gobernante, Juan Hernández, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción.
Posteriormente, los jóvenes llegaron hasta las cercanías de Casa Presidencial, en la colonia Miraflores donde fueron reprimidos por policías y militares que custodian de manera permanente el lugar, para impedir las continuas protestas contra el gobernante.
Las protestas en Honduras se han convertido una constante para exigir la salida del poder de Hernández, identificado por la Fiscalía de Nueva York, como co-conspirador del narcotráfico y de haber recibido $ 1.5 millones de dinero procedente de la venta de droga para financiar su campaña en el año 2013.
Hernández es además acusado de sustraer fondos del Estado a través de un entramado de organizaciones no gubernamentales, manejadas por miembros de su familia, incluyendo a su esposa, Ana Rosalinda García Carías y su suegra Carlota Carías.
Las protestas contra Hernández se realizan casi a diario en varias ciudades del país, siendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, las de mayor concentración. Las protestas son convocadas por estudiantes universitarios y de secundaria, así como por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, sectores sociales y partidos políticos de oposición.
Una fotografía tomada en San Pedro Sula la mañana del jueves
anterior, expone una cantidad impresionante de tubos vacíos de gases
tóxicos sobre la mesa de la rueda de prensa que ofrecieron jóvenes
estudiantes del valle de Sula, junto a la coordinadora del Cofadeh y
defensores regionales de derechos humanos.
A primera vista esa imagen parece una decoración sobre el mantel limpio, ubicado delante de los medios de comunicación que asisten a la convocatoria de prensa, pero en realidad es la huella de la policía militar. Es la evidencia de sus detonaciones dentro y fuera del campus del Valle de Sula. Es la gráfica de una denuncia.
Las bombas vaciadas de contenido lacrimogéneno, altamente tóxico y perjudicial para la salud colectiva, fueron lanzadas la noche del martes y el miércoles contra millares de estudiantes universitarios y de secundaria, que atendieron el llamado de la plataforma de salud y educación, ambos derechos amenazados por el cartel criminal que mantiene secuestrado el Estado de Honduras.
Las y los estudiantes universitarios exigen la destitución y el castigo penal al líder de esta manada criminal que, además de la represión estudiantil continuada, provoca la emigración forzada de más de 300 mil hondureños en el último año.
Nancy Pelossi y toda la comitiva de congresistas demócratas y republicanos que están en el país obreservando y preguntando sobre las causas de este desmadre, deben tener respuestas simples y directas, no maquillajes de esa ficción de marca país.
Por eso, la Coalición contra la Impunidad hizo un llamado de atención a la comunidad internacional a no guardar silencio en relación a los hechos violentos que afectan a Honduras. A venir in situ y a preguntar directamente. A escuchar e informar con honestidad y valentía.
La rueda de prensa del liderazgo estudiantil del Valle de Sula sirvió para denunciar el discurso agresivo del impostor Juan Orlando Hernández, quien se hace acompañar de un aparato policial-militar sediento de víctimas a nivel nacional.
“Solo hay dos caminos: el camino bueno y el camino malo, y nosotros somos el buen camino” definió el martes Juan Orlando Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico a gran escala que sigue el poder judicial estadounidense en Nueva York a reconocidos delincuentes de alta peligrosidad para la seguridad interior de ese país.
Este discurso amenazante de Hernández, pronunciado el martes durante una concentración de empleados públicos, resume de modo simplista la situación como lo hacen todos los dictadores, déspotas, autócratas y canallas: blanco o negro, dios o Diablo, bueno o malo, M13 o M18, demócrata o narco.
Al dividir a Honduras entre esos extremos, el fantasma del Río Grande ha puesto en un lado al fortificado aparato militar, policial, paramilitar y la inteligencia clandestina, y al otro lado, a la población que exige su destitución y castigo. Según él, los primeros son los buenos y nosotros los malos. Los mareros, los narcos, los corruptos. Los estudiantes, las defensores, los opositores, los emigrantes…
Este extremismo simplista, propio de la narrativa del supremacismo fascista y jerga preferida de los delincuentes culpables, amenaza con derivar en un agravamiento severo de los derechos humanos de la población en general y de la resistencia social y política en particular.
Las primeras víctimas de esta arenga defensiva-agresiva, como hemos dicho al comienzo, son los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, particularmente, quienes han sido perseguidos por regimientos uniformados que disparan gases y balas directamente a los cuerpos.
Las fuerzas de la policía y el ejército, que sostienen al régimen asociado mundialmente al crimen organizado, entraron violentamente al campus universitario y golpearon estudiantes en forma indiscriminada, en medio de una nube tóxica de gases lanzados dentro de las instalaciones. Y dejaron heridos a su paso.
El principio militar que guía a estos atacantes es el mismo de Robert Julianni, el asesor de Trump, la “cero tolerancia”, que consiste en neutralizar, someter y extinguir la causa de la disidencia ahí mismo donde sus protagonistas se mueven, es decir el campus, las aulas, los buses, sus barrios.
Como en una guerra total contra enemigos poderosos, una imagen de redes sociales muestra a policías militares lanzando bombas tóxicas dentro de un bus que transporta estudiantes de la Universidad, para obligarlos a salir y cazarlos al amparo de la noche.
Otra imagen registra a un grupo de esos mismos policías militares tomando a puntapies y toletazos al camarógrafo de canal 11, Juan Carlos Castillo, quien cubría el asalto a la Universidad. “Dejá de estar grabando a los malos” le grita un uniformado antes de agredirlo. En la misma noche, defensores locales de derechos humanos fueron golpeados e insultados por acompañar y defender a los estudiantes.
Por esta brutalidad que ha puesto en práctica la amenaza de Juan Orlando Hernández lanzada el martes en la capital, la doctora Suyapa Figueroa, le sugirió al impostor que se vaya con los buenos en el avión presidencial directamente a la Corte del distrito sur de Nueva York, para rendir cuentas a los fiscales y a los jueces, porque quien nada debe nada teme.
En otras circunstancias, Hernández habría recibido en vivo y directo en su despacho a la delegación de congresistas estadounidenses que visitan Honduras, encabezados por la Presidenta del parlamento. Pero en las actuales circunstancias, el poder legislativo de la Unión Americana decidió no sentarse con el causante de los problemas. La delegación fue recibida en la víspera por una multitud que gritaba fuera JOH!
Hernández y su cúpula enfrentan alegaciones jurídicas por corrupción, lavado, robo de bienes públicos, tráfico y conspiración criminal contra los intereses de Honduras y de Estados Unidos.
De este modo tenemos la posición de los tres poderes de Estados Unidos. El poder Ejecutivo de la Casa Blanca a través del departamento de Estado, que sostiene a Hernández desde 2009 por la vía del fraude electoral y la violación a la Constitución; el poder legislativo, que controla la aprobación del presupuesto y monitorea las violaciones a los derechos humanos, y que es partidario de cortar toda ayuda a la dictadura; y el poder Judicial, que investiga, acusa y extradita a la élite liberal – nacionalista por atentar contra la seguridad estadounidense, con drogas, armas, tráfico de personas y lavado de dinero.
Así está la situación dentro de la cual la juventud estudiantil sufre la peor parte, pues al ponerse en la primera línea de la vanguardia nacional, recibe los primeros impactos de la brutalidad uniformada, que es incapaz de comprender el grito de la sociedad hondureña por sacudirse la lacra de criminales que asaltan su presente y amenazan su futuro.
Esta noche lo menos que podemos hacer aquí es felicitar a los estudiantes de Honduras, abrazar su grito de dignidad y acompañar su ejercicio del derecho a manifestarse libremente por su Honduras querida.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 10 de agosto 2019
Tegucigalpa.-Estudiantes universitarios y de educación media protagonizaron este miércoles una concurrida protesta por las calles de la capital hondureña, exigiendo la renuncia del gobernante, Juan Hernández, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción.
Noticia Relacionada: En gigantesca protesta, hondureños exigen la salida de Hernández por vínculos con el narco
La masiva protesta inició a las 9:00 de la mañana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y recorrió varios kilómetros sobre el bulevar Centroamérica, ruta que los condujo a la Universidad Pedagógica Nacional-Francisco Morazán (UPN-FM) donde los presentes se solidarizaron con los estudiantes de este centro educativo, que están siendo sometidos a procesos de expulsión por participar en protestas contra el gobierno.Posteriormente, los jóvenes llegaron hasta las cercanías de Casa Presidencial, en la colonia Miraflores donde fueron reprimidos por policías y militares que custodian de manera permanente el lugar, para impedir las continuas protestas contra el gobernante.
Las protestas en Honduras se han convertido una constante para exigir la salida del poder de Hernández, identificado por la Fiscalía de Nueva York, como co-conspirador del narcotráfico y de haber recibido $ 1.5 millones de dinero procedente de la venta de droga para financiar su campaña en el año 2013.
Hernández es además acusado de sustraer fondos del Estado a través de un entramado de organizaciones no gubernamentales, manejadas por miembros de su familia, incluyendo a su esposa, Ana Rosalinda García Carías y su suegra Carlota Carías.
Las protestas contra Hernández se realizan casi a diario en varias ciudades del país, siendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, las de mayor concentración. Las protestas son convocadas por estudiantes universitarios y de secundaria, así como por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, sectores sociales y partidos políticos de oposición.
Cinco muertos y 80 heridos: piden al presidente de Honduras que ponga fin a la represión de las protestas
Publicado: 20 ago 2019 15:37 GMT - RT
Amnistía Internacional refiere el caso de un
joven que fue asesinado por un oficial del Ejército hondureño,
desplegado por el presidente Juan Orlando Hernández durante las
manifestaciones que piden reformas en educación y salud.
Protesta contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa, Honduras, 6 de agosto de 2019.
Jorge Cabrera / Reuters
Amnistía
Internacional ha acusado al presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, de desplegar al Ejército para "reprimir" las manifestaciones
en contra de su Gobierno.
Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.
"El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune", señala Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.
"Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes", agrega.
De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.
La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.
"Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren y roben la bala, y quieran esconder su crimen", dijo Erika Maradiaga, madre de Eblin.
La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
"El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones", dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.
"El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune", señala Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.
"Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes", agrega.
El joven que murió a manos del Ejército
Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.
La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.
La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
"El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones", dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
QUIÉNES SON LOS MALOS?
A primera vista esa imagen parece una decoración sobre el mantel limpio, ubicado delante de los medios de comunicación que asisten a la convocatoria de prensa, pero en realidad es la huella de la policía militar. Es la evidencia de sus detonaciones dentro y fuera del campus del Valle de Sula. Es la gráfica de una denuncia.
Las bombas vaciadas de contenido lacrimogéneno, altamente tóxico y perjudicial para la salud colectiva, fueron lanzadas la noche del martes y el miércoles contra millares de estudiantes universitarios y de secundaria, que atendieron el llamado de la plataforma de salud y educación, ambos derechos amenazados por el cartel criminal que mantiene secuestrado el Estado de Honduras.
Las y los estudiantes universitarios exigen la destitución y el castigo penal al líder de esta manada criminal que, además de la represión estudiantil continuada, provoca la emigración forzada de más de 300 mil hondureños en el último año.
Nancy Pelossi y toda la comitiva de congresistas demócratas y republicanos que están en el país obreservando y preguntando sobre las causas de este desmadre, deben tener respuestas simples y directas, no maquillajes de esa ficción de marca país.
Por eso, la Coalición contra la Impunidad hizo un llamado de atención a la comunidad internacional a no guardar silencio en relación a los hechos violentos que afectan a Honduras. A venir in situ y a preguntar directamente. A escuchar e informar con honestidad y valentía.
La rueda de prensa del liderazgo estudiantil del Valle de Sula sirvió para denunciar el discurso agresivo del impostor Juan Orlando Hernández, quien se hace acompañar de un aparato policial-militar sediento de víctimas a nivel nacional.
“Solo hay dos caminos: el camino bueno y el camino malo, y nosotros somos el buen camino” definió el martes Juan Orlando Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico a gran escala que sigue el poder judicial estadounidense en Nueva York a reconocidos delincuentes de alta peligrosidad para la seguridad interior de ese país.
Este discurso amenazante de Hernández, pronunciado el martes durante una concentración de empleados públicos, resume de modo simplista la situación como lo hacen todos los dictadores, déspotas, autócratas y canallas: blanco o negro, dios o Diablo, bueno o malo, M13 o M18, demócrata o narco.
Al dividir a Honduras entre esos extremos, el fantasma del Río Grande ha puesto en un lado al fortificado aparato militar, policial, paramilitar y la inteligencia clandestina, y al otro lado, a la población que exige su destitución y castigo. Según él, los primeros son los buenos y nosotros los malos. Los mareros, los narcos, los corruptos. Los estudiantes, las defensores, los opositores, los emigrantes…
Este extremismo simplista, propio de la narrativa del supremacismo fascista y jerga preferida de los delincuentes culpables, amenaza con derivar en un agravamiento severo de los derechos humanos de la población en general y de la resistencia social y política en particular.
Las primeras víctimas de esta arenga defensiva-agresiva, como hemos dicho al comienzo, son los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, particularmente, quienes han sido perseguidos por regimientos uniformados que disparan gases y balas directamente a los cuerpos.
Las fuerzas de la policía y el ejército, que sostienen al régimen asociado mundialmente al crimen organizado, entraron violentamente al campus universitario y golpearon estudiantes en forma indiscriminada, en medio de una nube tóxica de gases lanzados dentro de las instalaciones. Y dejaron heridos a su paso.
El principio militar que guía a estos atacantes es el mismo de Robert Julianni, el asesor de Trump, la “cero tolerancia”, que consiste en neutralizar, someter y extinguir la causa de la disidencia ahí mismo donde sus protagonistas se mueven, es decir el campus, las aulas, los buses, sus barrios.
Como en una guerra total contra enemigos poderosos, una imagen de redes sociales muestra a policías militares lanzando bombas tóxicas dentro de un bus que transporta estudiantes de la Universidad, para obligarlos a salir y cazarlos al amparo de la noche.
Otra imagen registra a un grupo de esos mismos policías militares tomando a puntapies y toletazos al camarógrafo de canal 11, Juan Carlos Castillo, quien cubría el asalto a la Universidad. “Dejá de estar grabando a los malos” le grita un uniformado antes de agredirlo. En la misma noche, defensores locales de derechos humanos fueron golpeados e insultados por acompañar y defender a los estudiantes.
Por esta brutalidad que ha puesto en práctica la amenaza de Juan Orlando Hernández lanzada el martes en la capital, la doctora Suyapa Figueroa, le sugirió al impostor que se vaya con los buenos en el avión presidencial directamente a la Corte del distrito sur de Nueva York, para rendir cuentas a los fiscales y a los jueces, porque quien nada debe nada teme.
En otras circunstancias, Hernández habría recibido en vivo y directo en su despacho a la delegación de congresistas estadounidenses que visitan Honduras, encabezados por la Presidenta del parlamento. Pero en las actuales circunstancias, el poder legislativo de la Unión Americana decidió no sentarse con el causante de los problemas. La delegación fue recibida en la víspera por una multitud que gritaba fuera JOH!
Hernández y su cúpula enfrentan alegaciones jurídicas por corrupción, lavado, robo de bienes públicos, tráfico y conspiración criminal contra los intereses de Honduras y de Estados Unidos.
De este modo tenemos la posición de los tres poderes de Estados Unidos. El poder Ejecutivo de la Casa Blanca a través del departamento de Estado, que sostiene a Hernández desde 2009 por la vía del fraude electoral y la violación a la Constitución; el poder legislativo, que controla la aprobación del presupuesto y monitorea las violaciones a los derechos humanos, y que es partidario de cortar toda ayuda a la dictadura; y el poder Judicial, que investiga, acusa y extradita a la élite liberal – nacionalista por atentar contra la seguridad estadounidense, con drogas, armas, tráfico de personas y lavado de dinero.
Así está la situación dentro de la cual la juventud estudiantil sufre la peor parte, pues al ponerse en la primera línea de la vanguardia nacional, recibe los primeros impactos de la brutalidad uniformada, que es incapaz de comprender el grito de la sociedad hondureña por sacudirse la lacra de criminales que asaltan su presente y amenazan su futuro.
Esta noche lo menos que podemos hacer aquí es felicitar a los estudiantes de Honduras, abrazar su grito de dignidad y acompañar su ejercicio del derecho a manifestarse libremente por su Honduras querida.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 10 de agosto 2019
Desmilitarización y retiro de agentes policiales de San Juan Pueblo, Atlántida, exigen Organizaciones de Derechos Humanos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Foto de archivo
Tegucigalpa.- Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.
El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales:
1.-Admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo
2.-Nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio.
3.-Que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitaron se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presente caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.
En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistó a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, reiteraron su determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.
Continuarán señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
Finalmente, manifestaron que velarán porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
KAOS EN LA RED - Publicado en: 21 junio, 2019
Foto de archivo
Tegucigalpa.- Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.
El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales:
1.-Admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo
2.-Nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio.
3.-Que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.
Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitaron se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presente caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.
Nota relacionada La desmilitarización anunciada y el cinismo gubernamental
En la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional en la zona al mando del agente Clase III, apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de San Juan Pueblo.En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.
En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistó a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.
Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos, reiteraron su determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.
Continuarán señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.
Finalmente, manifestaron que velarán porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.
Honduras y la resistencia del pueblo
Por Cristóbal León CamposKAOS EN LA RED - Publicado en: 21 junio, 2019
Honduras
está en las calles, su lucha debe ser respaldada desde la movilización,
la denuncia y la difusión, por todos quienes asumimos como urgente el
fin de la opresión y la liberación de nuestros pueblos, Nuestra América
unida debe alzar su voz.
La
lucha de los pueblos por establecer un orden justo y democrático es
continua y se renueva conforme se aglutinan la conciencia y las
necesidades, la opresión es siempre un garante de que vendrá en algún
momento el grito libertario que pondera para los olvidados la
implantación y restitución de todo aquello que ha sido despojado,
Nuestra América entra en un etapa de reconfiguración de las fuerzas,
nuevamente opresores contra oprimidos, la avanzada ultraconservadora
comienza a ser confrontada por la voluntad popular de poner fin a las
laceraciones, el neoliberalismo alcanza sus límites convirtiéndose en la
trampa antagónica del capitalismo, la organización y los reclamos
crecen al tiempo en que los oligarcas reprimen las expresiones de
inconformidad tratando de mantener sus poderes intactos, la voz
inquebrantable de la dignidad retumba en el seno mismo que la provoca,
los pueblos se unen para resistir.
En
Honduras se extiende el deseo de transformar la realidad, a los
maestros y médicos que desde meses atrás vienen conformando la
vanguardia, se le suman ahora otros grupos de trabajadores como los
transportistas y sectores populares para exigir la salida del
presidente, Juan Orlando Hernández, acusado de reelegirse mediante un
fraude en el 2017 y de ser un claro lacayo del imperialismo
estadounidense. La crisis centroamericana se ha profundizado, los éxodos
de inmigrantes fueron las señales de lo venidero, el hartazgo social
tiene siempre formas expresivas que revelan las formas de su
conformación, ahora las fuerzas populares se encuentran movilizadas con
un solo sentir, reivindican su derecho a la justicia, reclaman el fin
de la opresión simulada como desarrollo, en la propia Policía Nacional
sus miembros de escala básica y el cuerpo especializado cobras, se han
declaro en paro indefinido y ha dicho no participar más en la represión
orquestada por los poderosos contra las masas rebeladas, el grado
alcanza enfrentamientos internos al querer ser disuadidos por el
director de la Policía Nacional a quien recibieron con bombas
lacrimógenas y disparos a tierra. Esta crisis sistémica se agudiza con
el desabastecimiento de combustibles generado por el paro de los
transportistas de carga. En Tegucigalpa se registran al menos tres
enfrentamientos entre los opresores leales al régimen antidemocrático de
Juan Orlando Hernández y los policías sublevados, el pueblo en las
calles de los principales puntos del país centroamericano busca poner
fin al gobierno injusto.
La
subversión de un sector de la policía no significa para nada el fin de
todo el aparato represivo dirigido desde el poder central, de las
últimas jornadas de protesta se registran por lo menos dos muertos y
decenas de heridos, el régimen hondureño ha mostrado desde antes su
rostro violento y su cerrazón, todo ello, acompañado de la ya común
campaña mediática de las corporaciones capitalista que por un lado
distorsionan la noticia negando la inconformidad popular y, por otro
lado, la silencian según sea la conveniencia del momento o de la
estrategia política, lo cierto es, que el reclamo social es verdadero y
se va profundizando por la respuesta del poder empecinado en mantenerse,
el pueblo hondureño libra jornadas de insurrección por la defensa de
sus más elementales derechos.
En
este contexto, la figura del ex presidente, Manuel Zelaya, derrocado
por un golpe parlamentario orquestado por los Estados Unidos en el 2009,
ha reaparecido como una de la voces de protesta. Manuel Zelaya ha dicho
ante el panorama complejo que las elecciones no
representa nada para nosotros. La única opción que tenemos es la
rebelión, amparada en la Constitución. El expresidente lanzó un llamado
al pueblo para mantenerse en vanguardia y alerta popular sin distintivos
políticos. Es importante recordar que en tan solo unos días se
cumplirán diez años del golpe de Estado que derrocara a Zelaya, un
acontecimiento que juega un papel fundamental en la subjetividad de la
población, pudiendo ser catapulta para la conciencia. Además, el golpe
de Estado ha sido interpretado como el principal factor para la crisis
que ahora se vive, generando violencia, miseria, éxodos de inmigrantes y
violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Honduras
está en las calles, su lucha debe ser respaldada desde la movilización,
la denuncia y la difusión, por todos quienes asumimos como urgente el
fin de la opresión y la liberación de nuestros pueblos, Nuestra América
unida debe alzar su voz.
Integrante del Colectivo Disyuntivas
Asesinato de líderes indígenas es necesario para el desarrollo hidroeléctrico: Presidente Banco Mundial
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
De
2001 a 2017, los datos satelitales de la Universidad de Maryland
muestran que la Reserva de la Biosfera del Río Plátano ha perdido más
del 10 por ciento de su cubierta arbórea, más de un tercio de lo cual
ocurrió en los últimos tres años. Los datos preliminares para 2019
indican que el Río Plátano está experimentando otra gran ronda de
pérdida de bosques este año, con UMD registrando alrededor de 160,000
alertas de deforestación en la reserva entre enero y agosto, lo que es
un repunte en comparación al mismo período del año pasado.
"Desde
2009, han plantado el terror al matar a tantos de nuestros líderes",
apuntó Ramos Antúnez. "Hoy, nadie quiere hablar porque hay escuadrones
de la muerte que no pensarán dos veces antes de matar a cualquiera que
se interponga en el camino... Si todavía estuviera en Honduras, no
podría hablar de esto".
Cooperativas forestales bajo amenaza continúa
"SOS
Honduras fue simplemente un programa de medios", dijo Romelo. “Las
praderas crecen a un ritmo acelerado mientras que el bosque se encoge
cada vez más rápido. No hay consecuencias por el avance de la ganadería
en la biosfera, por lo que siguen llegando”.
Para los empresarios, las tomas recientes convocadas por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública, son la gota que derramó el vaso. Otras empresas del sector están registrando pérdidas millonarias y amenazan con cerrar operaciones, según denunció en Radio Progreso el presidente de los empresarios e industriales Víctor Ramos Soto.
Esta acusación es contraria a la posición que en la actual crisis mantiene la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, institución que reconoce las pérdidas millonarias a raíz de las protestas, pero resalta que la situación del país deriva del autoritarismo, corrupción e impunidad que han gobernado a Honduras, especialmente después del golpe de Estado de 2009.
“Es preocupante y nosotros como Cámara hemos buscado los ambientes atractivos para la inversión, pero nadie quiere invertir en El Progreso”, denunció el ingeniero Víctor Ramos, aduciendo que las movilizaciones y tomas de carretera dan una mala imagen al municipio.
El acontecimiento más reciente es el cierre de la empresa Gildan, que genera mil 173 empleos permanentes, pero según han informado sus directivos, la empresa no es rentable en esta ciudad, por ende buscan consolidar otras fábricas de trabajo en Zip San Miguel y San Antonio en Cortés.
Sin embargo, ante esta noticia el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Fábrica Star, Sitrastar, denuncia a nivel nacional e internacional, que el cierre es busca eliminar el sindicato, que hasta la fecha ha logrado la firma de 5 contratos colectivos y mejoras en las condiciones laborales de los empleados y empleadas.
El sindicato desmiente las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso al asegurar que, Gildan pretende cerrar la fábrica para bajar costos de producción. “Solo les importa aumentar sus ganancias, aunque para ello tengan que provocar sufrimiento a miles de personas que con su fuerza de trabajo durante años les ha ayudado a acumular su fortuna”, declaró en Radio Progreso el secretario del Sitrastar Fernando Betancurt.
Betancurt asegura que la empresa pretende abandonarlos como si fueran maquinas viejas, a pesar de ser una mano de obra competitiva, porque han hecho millones de prendas para las marcas NIKE, ADIDAS, DISNEY, REEBOK, VF, ANVIL, GILDAN, DIKIES entre otras.
Cuando Gildan compró la fábrica Star en El Progreso, comenzó a llevarse la producción de las marcas para las otras empresas que tiene en el país, dejando en Star únicamente una marca. La empresa empezó despedir personal, cerró completamente el área de distribución y corte; eliminando muchas unidades de producción al grado que de 2200 empleados que eran a 1150 en la actualidad.
“Gildan nos mintió hace un año cuando cambió la forma de producción de metas individuales a metas en equipo y dijo que con eso la fábrica seria competitiva”, denuncia el sindicato a través de un comunicado.
Sin embargo, en los últimos años la inversión ha mermado y la falta de empleo es alarmante. El ex presidente de la Cámara de El Progreso, Jorge Larios, denuncia que la falta de inversión se debe a que la ciudad cuenta con los impuestos más caros de la región. Esta situación se da desde el 2015, cuando la alcaldía que aún dirige Alexander López, incrementó los impuestos en más de un 300 por ciento.
Suyapa hace un recordatorio y llamado a los empresarios al expresar que la ciudad de El Progreso, se mueve porque es cuna de grande conquistas sociales; la Huelga de 1954, la no municipalización del agua y la lucha contra la privatización de las carreteras a través del cobro de peaje. “Con la lucha contra el peaje los empresarios también se beneficiaron”, dijo motivando al gremio empresarial e industrial a hacerse pueblo por amor a Honduras en lugar de seguirle el juego al presidente inconstitucional.
El
presidente del Banco Mundial, Jim Kim coloca a un lado los problemas de
derechos humanos y acepta que el asesinato de líderes de comunidades
indígenas es necesario para el desarrollo hidroeléctrico, publicó este
miércoles la asociación Social Justice Committee of Montreal (SJC)
Después
de referirse a la muerte de un activista indígena que se había opuesto a
un proyecto hidroeléctrico, dijo «No se puede hacer el tipo de trabajo
que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes
suceda.»
Este video contiene extractos de la versión completa, disponible en utsnyc.edu.
Kim hizo estas declaraciones en un evento llamado el principio de la
Merced: El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en el Seminario
teológico de la unión en la ciudad de Nueva York en abril de 2016.
Esta es una transcripción de la versión editada:
«Tenemos
188 países miembros y como se puede imaginar, hay opiniones muy
diferentes sobre si se puede o no puede ser un» derechos humanos
«organización de base. Y para la gran mayoría de los miembros, siendo
una organización de derechos humanos va más allá de los artículos del
acuerdo. Así que estamos manejando en este momento. Lo que estamos
tratando de hacer es encontrar una solución alternativa.
Ya sabes,
el cambio climático es una terrible, horrible situación, pero la gente
necesita energía, ¿verdad? En esta situación en Honduras con la energía
hidroeléctrica, sé que hay una gran cantidad de crítica de la energía
hidroeléctrica, pero se va a poner el poder en lugar de todos modos.
Si nos
vamos a África y decimos: «De acuerdo, sin la energía hidráulica,
nuclear no, y no al carbón, pero nosotros queremos que usted tenga el
poder», que no es grave. Usted no está siendo serio.
Creo que
nuestro compromiso es escuchar las voces de los Cáceres Berta del mundo.
Tenemos que escuchar esas voces. Y lo que ahora hemos sido capaces de
hacer es decir, bien, en este caso, en lugar de carbón, vamos a hacer
hidroeléctrica, pero lo haremos hidroeléctrica de una manera que todo el
mundo está reasentada en una situación que es mejor que la situación
que estaban viviendo, tan buena o mejor.
No
podemos dar un paso atrás y decir: «Esto es demasiado controvertido, por
lo que todos ustedes no van a tener energía.» Debido a lo que van a
decir es, que eso es una violación de los derechos humanos también!
“No se
puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener
algunos de estos incidentes suceder. Sólo tenemos que ser honestos
cuando sucede, lo admite, y luego tratar de encontrar una solución lo
mejor que podamos”, dijo Jim Kim.
Ver aquí la exposición de Kim:
POLÍTICOS, NARCOS, MILITARES Y GANADEROS ACELERAN DESTRUCCIÓN DE SELVA HONDUREÑA
- Publicado: 15 Agosto 2019
El
portal de información ecológica, MONGABAY, recientemente ha publicado
un artículo en el que responsabiliza a políticos, narcotraficantes y
ganaderos por la alarmante deforestación de la selva tropical hondureña,
especialmente en la zona de Patrimonio Mundial de la Biosfera del Río
Platano.
MONGABAY recolectó
información con diferentes defensores del ambiente que han salido al
exilio por la violencia emprendida por estos grupos criminales,
afirmando que para la construcción de “narco pistas” debido a la falta
de carreteras, se han utilizado helicópteros de las Fuerzas Armadas, el
escrito también hace mención de los hermanos Hernández y los
señalamientos por narcotráfico.
EL
LIBERTADOR, comparte el enlace original del artículo para su lectura.
Este rotativo únicamente ha hecho correcciones gramaticales para un
mejor entendimiento de la traducción. Para leerlo íntegramente, visite
la página oficial: Rainforest destruction accelerates in Honduras UNESCO site
MONGABAY
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los
poderosos narcotraficantes y los agricultores sin tierra, continúan
impulsando la ganadería y las operaciones de tala ilegal más
profundamente en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, un sitio del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el este de Honduras.
La
región de la Mosquitia, que se extiende a lo largo de la frontera de
Honduras con Nicaragua, comprende una de las regiones de selva tropical
contiguas más grandes de América Latina al norte de la cuenca del
Amazonas, y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano contiene algunas
de las mayores extensiones de selva tropical de crecimiento antiguo que
quedan en la región.
De
2001 a 2017, los datos satelitales de la Universidad de Maryland
muestran que la Reserva de la Biosfera del Río Plátano ha perdido más
del 10 por ciento de su cubierta arbórea, más de un tercio de lo cual
ocurrió en los últimos tres años. Los datos preliminares para 2019
indican que el Río Plátano está experimentando otra gran ronda de
pérdida de bosques este año, con UMD registrando alrededor de 160,000
alertas de deforestación en la reserva entre enero y agosto, lo que es
un repunte en comparación al mismo período del año pasado.
Las
imágenes de satélite muestran que la deforestación se ha expandido a
través de las zonas de amortiguamiento de la reserva desde 2018,
ingresando al denso bosque de la zona central. La reserva sirve como un
importante corredor biológico para especies como jaguares, osos
hormigueros gigantes, guacamayas rojas y el tapir, en peligro de
extinción de Baird. Además, la reserva cubre el territorio ancestral que
pertenece a las comunidades indígenas miskitas, que constituyen casi la
mitad de la población de la reserva, y las etnias más pequeñas: Pech,
Tawahkas y Garífunas.
Drogas y escuadrones de la muerte
El
defensor del medio ambiente, Darwin Ramos Antúnez, quien es de la
ciudad de Catacamas, Olancho, cerca de la Reserva Río Plátano, dijo que
los narcotraficantes alineados con el Gobierno son los principales
responsables de la deforestación.
"El
problema es el Estado en el que vivimos, un narcogobierno, durante los
últimos 10 años", dijo Ramos Antúnez. "La región de la Mosquitia es una
zona donde el crimen organizado, los carteles de la droga controlan todo
con la ayuda del gobierno".
Según
Ramos Antúnez, el Gobierno participa en el tráfico de drogas y la
destrucción ilegal de la biodiversidad de la región. Dijo que los
involucrados en el negocio de las drogas son supuestamente las mismas
personas involucradas en la explotación ilegal de la tierra para la cría
de ganado y la tala ilegal de caoba y cedro.
“Los
ganaderos a gran escala y los madereros ilegales son narcotraficantes
que crean compañías fantasmas protegidas por el Estado. No tienen
permiso para explotar los bosques, pero el Estado permite que continúen
sus operaciones porque colaboran juntos”, dijo Ramos Antúnez, y añadió:
"Los terratenientes se benefician de la ganadería y la recolección de
madera, pero el verdadero negocio está en las drogas".
Olancho
ofrece acceso a la Reserva de la Biosfera Río Plátano desde el sur, y
es un semillero de la extracción ilegal de madera, ya que las carreteras
proporcionan un camino para que los camiones de carga pesada
transporten madera extraída ilegalmente a los mercados en las regiones
más densamente pobladas del país.
El
defensor, mencionó que era parte de una red de activistas, una vez
poderosa, conocida como Movimiento Ambiental de Olancho (MAO) que
movilizó con éxito la resistencia popular contra las operaciones de tala
ilegal en Olancho y la Reserva Río Plátano de 2003 a 2008. Sin embargo,
el MAO casi ha desaparecido después de una serie asesinatos contra
destacados activistas, y contra el líder del grupo, el padre José Andrés
Tamayo, exiliado después del golpe de Estado en 2009.
"Desde
2009, han plantado el terror al matar a tantos de nuestros líderes",
apuntó Ramos Antúnez. "Hoy, nadie quiere hablar porque hay escuadrones
de la muerte que no pensarán dos veces antes de matar a cualquiera que
se interponga en el camino... Si todavía estuviera en Honduras, no
podría hablar de esto".
Por
su trabajo exponiendo a los cárteles de la droga y cosechadores
ilegales de madera, Ramos Antúnez aseguró que recibió amenazas de
muerte, incluso contó que fue torturado por escuadrones de la muerte
antes de abandonar el país a finales de 2018 con la llamada caravana de
migrantes que se dirigía a los Estados Unidos. Una vez que llegó a este
país para buscar asilo político, fue detenido por ICE y retenido durante
8 meses en el Centro de Detención de Adelanto, dirigido por el
contratista con fines de lucro GEO Group.
Además,
Ramos Antúnez refirió que trabajó con las comunidades indígenas
Tawahka, Miskitos y Pech en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano a
través de un colectivo llamado “Los Que Callan”. Desglosó que los
Tawahka suman alrededor de 2,000 miembros y están en peligro por los
asentamientos en curso en sus tierras ancestrales, así como por la
construcción de una presa de 104 megavatios conocida como "Patuca III",
que fue promovida por el Gobierno.
El
defensor del ambiente, explicó que antes de salir de Honduras había
trabajado con el partido Libertad y Refundación (Libre). Trabajando con
guías Tawahka, ayudó a fotografiar tractores utilizados para construir
pistas de aterrizaje y la cosecha de madera en las profundidades de la
selva. Ramos Antúnez afirmó que debido a que no había carreteras ni vías
fluviales que pudieran acomodar maquinaria tan grande, los tractores
debieron haber sido trasladados en helicóptero militar, lo que sugiere
que personas poderosas estaban involucradas.
Según
una fuente del Ejército hondureño que habló con Insight Crime, el
hermano y excongresista del gobernante Juan Orlando Hernández, Juan
Antonio "Tony" Hernández, quien fue arrestado por las autoridades
estadounidenses por cargos de narcotráfico en noviembre del año pasado,
ordenó actividades criminales que iban desde narcotráfico al tráfico de
madera en Olancho y Mosquitia oriental.
Los
fiscales del Distrito Sur de Nueva York han implicado a Hernández como
conspirador en el caso de tráfico de drogas y lavado de dinero contra su
hermano, según documentos reportados por Univisión.
En
respuesta a las acusaciones publicadas en Univisión, Hernández emitió
una declaración que decía que el presidente "categóricamente" negó las
acusaciones de que financió sus campañas presidenciales con dinero
irregular o apalancó el tráfico de drogas para mejorar su poder
político.
Cooperativas forestales bajo amenaza continúa
Hacia
el norte, en el valle de Sico y Paulaya, varias comunidades operan
cooperativas forestales en la zona de amortiguamiento del río Plátano.
Se supone que las cooperativas forestales protegen una sección del
bosque donde se permite la extracción de madera de caoba. Las
cooperativas agroforestales utilizan mulas para transportar la madera,
lo que tiene un impacto menor que la construcción de carreteras.
En
esta parte de la Mosquitia, la extracción ilegal de madera es menos
frecuente que en Olancho debido a la falta de acceso por carretera y
río, pero la deforestación sigue siendo un problema debido a la invasión
de los ganaderos.
Estos
a menudo son agricultores sin tierra de las regiones del interior del
país, que se sienten atraídos por la oportunidad de escapar de la
pobreza y lograr una mayor seguridad económica y alimentaria. Los grupos
de conservación dicen que, además de los granjeros sin tierra, los
terratenientes a gran escala fomentan la migración para establecer
operaciones masivas de ganadería. Los terratenientes pueden usar la cría
de ganado para asegurar el territorio y lavar dinero de drogas ilícitas
en la economía legal.
El
Gobierno hondureño promueve las exportaciones de carne como una forma
de hacer crecer la economía. Cada año, el país produce 60,000 toneladas
métricas de carne de res, exportando 1,500 toneladas métricas para ganar
unos nueve millones en dólares de divisas, más de 220 millones de
lempiras al tipo de cambio actual.
En
noviembre de 2018, Juan Orlando Hernández anunció un programa llamado
"SOS Honduras" como una medida de emergencia para detener la
deforestación ilegal promovida por la mafia en la Reserva de la Biosfera
del Río Plátano.
Un
hondureño, quien pidió que se cambiara su nombre por seguridad, a quien
llamaremos “Pedro Romelo”, quien tiene conocimiento interno de las
cooperativas forestales, dijo que desde el anuncio del gobernante no ha
habido acciones o cambios significativos en el Valle de Sico y Paulaya.
Él dice que las cooperativas agroforestales continúan siendo invadidas
por ganaderos que talan los bosques para reclamar pastos.
"SOS
Honduras fue simplemente un programa de medios", dijo Romelo. “Las
praderas crecen a un ritmo acelerado mientras que el bosque se encoge
cada vez más rápido. No hay consecuencias por el avance de la ganadería
en la biosfera, por lo que siguen llegando”.
Mongabay
se comunicó con el Gobierno de Honduras para obtener comentarios, pero
no había recibido una respuesta cuando se publicó este artículo.
La
deforestación en Río Plátano significa una pérdida de hábitat para la
vida silvestre y una pérdida de recursos forestales para las comunidades
indígenas que dependen de ellos. Pero está surgiendo otra amenaza: con
la expansión de los pastizales en la biosfera, Romelo dijo que los
recursos hídricos son cada vez más escasos.
"Lo
único bueno de la falta de agua es que las personas son cada vez más
conscientes de los problemas ambientales a medida que pasa el tiempo",
dijo Romelo.
Gladis Aurora López compra las concesiones hidroeléctricas para venderlas a las transnacionales
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – Alfonso Martínez del Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), manifestó que están preocupados por las amenazas que hay contra los bienes comunes de sus comunidades las cuales han sido humilladas, pero hoy el pueblo está despertando y están dispuestos a defender los recursos naturales.
Señaló además que el exalcalde del municipio de Cane y ahora diputado del Partido Liberal José Rosario Tejeda cuando fue alcalde vendió 600 manzanas para la explotación de una mina en ese municipio y ahora anda en las mismas actividades.
Martínez señaló que además los compañeros de las organizaciones indígenas están siendo judicializadas por el simple hecho de defender la tierra en sus comunidades.
Agregó que el caso más reciente es el de María Rubio, vecina de la comunidad de El Carrizal en el municipio de Opatoro quien ha sido requerida en varias ocasiones y ahora ha sido apresada.
El líder lenca apuntó que ya han acudido al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) quienes les brindarán acompañamiento e investigar los casos que están sucediendo en ese departamento de La Paz.
Tegucigalpa. – Alfonso Martínez del Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), manifestó que están preocupados por las amenazas que hay contra los bienes comunes de sus comunidades las cuales han sido humilladas, pero hoy el pueblo está despertando y están dispuestos a defender los recursos naturales.
Alfonso Martínez secretario de educación de CILAH
Los conflictos en el departamento de
La Paz se dan debido al papel que juegan los diputados y señaló
directamente a Gladis Aurora López quien compra las concesiones para
luego venderlas a las transnacionales para construir represas
hidroeléctricas como ya se dio en el municipio de San José de La Paz y
ahora van con el municipio de Guajiquiro.Nota relacionada Lena Gutiérrez, Gladis Aurora López y Callejas aparecen en nueva lista de corruptos de CA
Martínez agregó que la vicepresidenta del Congreso Nacional también está realizando esas actividades en la zona sur del país desarrollando las mismas actividades en Choluteca y el municipio de Valle.Señaló además que el exalcalde del municipio de Cane y ahora diputado del Partido Liberal José Rosario Tejeda cuando fue alcalde vendió 600 manzanas para la explotación de una mina en ese municipio y ahora anda en las mismas actividades.
Martínez señaló que además los compañeros de las organizaciones indígenas están siendo judicializadas por el simple hecho de defender la tierra en sus comunidades.
Agregó que el caso más reciente es el de María Rubio, vecina de la comunidad de El Carrizal en el municipio de Opatoro quien ha sido requerida en varias ocasiones y ahora ha sido apresada.
El líder lenca apuntó que ya han acudido al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) quienes les brindarán acompañamiento e investigar los casos que están sucediendo en ese departamento de La Paz.
Incertidumbre por cierre de maquila en El Progreso, Yoro
- Toma de carretera en puente en Quebrada Seca, El Progreso.
Para los empresarios, las tomas recientes convocadas por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública, son la gota que derramó el vaso. Otras empresas del sector están registrando pérdidas millonarias y amenazan con cerrar operaciones, según denunció en Radio Progreso el presidente de los empresarios e industriales Víctor Ramos Soto.
Esta acusación es contraria a la posición que en la actual crisis mantiene la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, institución que reconoce las pérdidas millonarias a raíz de las protestas, pero resalta que la situación del país deriva del autoritarismo, corrupción e impunidad que han gobernado a Honduras, especialmente después del golpe de Estado de 2009.
“Es preocupante y nosotros como Cámara hemos buscado los ambientes atractivos para la inversión, pero nadie quiere invertir en El Progreso”, denunció el ingeniero Víctor Ramos, aduciendo que las movilizaciones y tomas de carretera dan una mala imagen al municipio.
El acontecimiento más reciente es el cierre de la empresa Gildan, que genera mil 173 empleos permanentes, pero según han informado sus directivos, la empresa no es rentable en esta ciudad, por ende buscan consolidar otras fábricas de trabajo en Zip San Miguel y San Antonio en Cortés.
Sin embargo, ante esta noticia el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Fábrica Star, Sitrastar, denuncia a nivel nacional e internacional, que el cierre es busca eliminar el sindicato, que hasta la fecha ha logrado la firma de 5 contratos colectivos y mejoras en las condiciones laborales de los empleados y empleadas.
El sindicato desmiente las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso al asegurar que, Gildan pretende cerrar la fábrica para bajar costos de producción. “Solo les importa aumentar sus ganancias, aunque para ello tengan que provocar sufrimiento a miles de personas que con su fuerza de trabajo durante años les ha ayudado a acumular su fortuna”, declaró en Radio Progreso el secretario del Sitrastar Fernando Betancurt.
Betancurt asegura que la empresa pretende abandonarlos como si fueran maquinas viejas, a pesar de ser una mano de obra competitiva, porque han hecho millones de prendas para las marcas NIKE, ADIDAS, DISNEY, REEBOK, VF, ANVIL, GILDAN, DIKIES entre otras.
Cuando Gildan compró la fábrica Star en El Progreso, comenzó a llevarse la producción de las marcas para las otras empresas que tiene en el país, dejando en Star únicamente una marca. La empresa empezó despedir personal, cerró completamente el área de distribución y corte; eliminando muchas unidades de producción al grado que de 2200 empleados que eran a 1150 en la actualidad.
“Gildan nos mintió hace un año cuando cambió la forma de producción de metas individuales a metas en equipo y dijo que con eso la fábrica seria competitiva”, denuncia el sindicato a través de un comunicado.
- Entrada al parque industrial Zip El Porvenir en El Progreso, Yoro.
Sin embargo, en los últimos años la inversión ha mermado y la falta de empleo es alarmante. El ex presidente de la Cámara de El Progreso, Jorge Larios, denuncia que la falta de inversión se debe a que la ciudad cuenta con los impuestos más caros de la región. Esta situación se da desde el 2015, cuando la alcaldía que aún dirige Alexander López, incrementó los impuestos en más de un 300 por ciento.
Una ciudad en movimiento
Suyapa Majano de la Convergencia Contra el Continuismo en El Progreso, Yoro, lamenta las malas intenciones de los empresarios al afirmar que las tomas de carreteras son el motivo del cierre de Gildan y otras empresas. Cuando todo el país es consciente que los problemas que afectan a la economía derivan de un gobierno inconstitucional denunciado por beneficiar únicamente a la clase política empresarial. Además, tiene claros vínculos con el narcotráfico porque su hermano está acusado por ese delito en Estados Unidos.Suyapa hace un recordatorio y llamado a los empresarios al expresar que la ciudad de El Progreso, se mueve porque es cuna de grande conquistas sociales; la Huelga de 1954, la no municipalización del agua y la lucha contra la privatización de las carreteras a través del cobro de peaje. “Con la lucha contra el peaje los empresarios también se beneficiaron”, dijo motivando al gremio empresarial e industrial a hacerse pueblo por amor a Honduras en lugar de seguirle el juego al presidente inconstitucional.
