“Si se instala la compañía minera, empresa “Emilio S.A. de C.V.”, estaríamos condenados a ser desplazados de nuestras propias comunidades. En pocas palabras con la apertura y explotación se pondrá en riesgo nuestra subsistencia, así como los recursos ambientales de la zona, que es un área natural de más de 12,800 manzanas, protegidas por un título ancestral”, manifestó Narciso Garay, ex presidente del Consejo de la tribu Las Vegas de Tepemechín, Victoria, Yoro.
Ante tal situación, desde cinco años,
las 15 comunidades indígenas que componen la tribu, han emprendido una
batalla contra las autoridades locales, nacionales y la empresa minera
de capital italiano, interesada en explotar las riqueza minera de la
tribu. “Nosotros queremos que sean respetados los convenios nacionales e
internacionales que, en teoría, protegen nuestros derechos y
territorios”, manifestó.
Dirigentes y representantes de las
comunidades tolupanes denuncian que la concesión minera abarca la mayor
parte del territorio ancestral. Durante una reunión, los líderes
indígenas expresaron su preocupación por la posible destrucción de sus
montañas y la contaminación de las fuentes de agua.
Pidieron al Estado acciones claras
frente a esta situación. “Exigimos que se anulen de manera inmediata
la concesión minera y que se prohíba la minería en nuestros territorios,
fuentes y nacimientos de agua”.
“Para los Gobiernos, nosotros no somos
importantes, nos tienen olvidados y hoy nos quieren quitar nuestro
territorio que es lo único que tenemos. Ellos creen que nos pueden
engañar porque somos indígenas, pero se han equivocado porque nuestra
dignidad no tiene precio”, afirmó.
Violación a la consulta previa
“En Honduras, tenemos en rango de Ley el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la
Declaración de las Naciones sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,
pero lamentablemente no se aplica en beneficio de los territorios
indígenas”, manifestó Suyapa Palma, quien forma parte de la juventud
Tolupán.
“Exigimos se cumpla con el
consentimiento previo, libre e informado y vinculante con las
comunidades afectadas (consulta previa), antes de que se tomen
decisiones de otorgar los permisos a la minera. Esto está enmarcado en
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos
Indígenas, y el Estado está obligado adoptar esas medidas”
El artículo 32 numeral 2 de la
Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas indica: “Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo”
Sin embargo en el caso de Honduras y en
específico en la tribu Tepemechín, según la joven Tolupán, los problemas
que sufren como comunidades afectadas por las actividades mineras y de
construcción de represas hidroeléctricas, se convierten en violaciones a
sus derechos con el aval del Estado hondureño.
Cronología de lucha
Desde el 2010 la empresa minera comenzó
hacer las gestiones. “Vinieron coreanos, israelíes e italianos a visitar
la tribu, sin embargo no hablaron con las bases de las comunidades, es
más estaban haciendo un convenio entre los inversionistas, el alcalde y
el consejo directivo de tribu”, denunció el dirigente indígena Juan
Posantes.
El 2014 el nacionalista Sandro Martínez,
quien funge como alcalde desde 2010, desarrolló un cabildo abierto en
la comunidad Las Vegas. Según la dirigencia indígena allí repartieron el
bono 10 mil entre activistas del partido Nacional quienes mostraron su
apoyo a la actividad minera.
Ese mismo año se firmó una carta de
intención entre el presidente de la tribu y el alcalde, sin embargo las
comunidades desconocen lo pactado. Desde noviembre de 2015 llegó la
compañía a elaborar exploración en el sector de la Peña, pero se
encontró con la oposición de las comunidades quienes se movilizaron al
lugar donde querían explotar.
Ante esta situación días después se
desarrolló la toma de la alcaldía y en el cabildo, realizado el 11 de
diciembre en Victoria, la población no se aceptó la explotación.
En rechazo a la explotación minera, el
2016 se organizó el Comité de Protección a la Salud Ambiental de
Victoria, Yoro (COPROSAVY), y actualmente la integran 27 comunidades,
unas de la tribu Tepemechín y otras no indígenas.
El 14 de mayo del presente año la
compañía minera llevó maquinaria para iniciar con los trabajos de
exploración, sin embargo las comunidades llegaron hasta el lugar y
lograron la salida de los tractores, cargadoras y volquetas.
De acuerdo al ambientalista Pedro Landa,
actualmente el 35 % del territorio nacional está concesionado para la
explotación minera, sumándole a esto, hay 108 concesiones de ríos para
la instalación de represas. “Esto es preocupante porque la explotación
minera y las hidroeléctricas solamente dejan despojos, persecuciones,
muerte, contaminación ambiental y división en las comunidades”, indicó.
“Lo único que queda es que las
comunidades se muestren firmes en la defensa de su territorio y los
bienes naturales, y el Estado, tiene la obligación de respetar la
decisión soberana de las comunidades cuando dicen NO a los proyectos
extractivitas”, concluyó Landa.
Defensor de DDHH denuncia a Subcomisaria de Policía porque amedrenta escoltas y estigmatiza a defensores
Monday, 09 July 2018 22:49 Written by Dina Meza Published in Denuncia
Una fuerte denuncia contra la Subjefa de Derechos Humanos de la
Secretaría de Seguridad, Lesby Castro, ha circulado en las últimas horas
y apunta a descubrir una trama que pone en grave riesgo a los
defensores de derechos humanos que tienen escolta policial, a la cual
esta funcionaria amedrenta para que renuncien, según informó a
pasosdeanimalgrande.com Jorge Jiménez, Coordinador de la organización Jóvenes Promotores y Defensores De Los Derechos Humanos ,Joprodeh.
Jiménez tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH, desde el año 2010, y de estar con el Mecanismo
de Protección unos 18 meses durante los cuales ha tenido muchos
incidentes de seguridad. Las medidas fueron transferidas por la CIDH al
Mecanismo de Protección y el defensor tener escolta policial las 24
horas, los siete días de la semana, dado el grado de riesgo que
enfrenta.
Castro es la representante por el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Preventiva ante el Comité Técnico del Mecanismo de Protección donde funciona como enlace, es la que tiene contacto directo y constante con todas las escoltas policiales a nivel nacional que protegen a las personas defensoras de derechos humanos amenazadas.
“De parte de la Secretaría de Seguridad a través de la Subcomisaria Lesby Castro existe una clara intención de intimidar policías que protegen a defensores y defensoras de derechos humanos, con el objetivo de que renuncien diciéndoles que no estamos en el estatus de un ministro ni un embajador”, denunció Jiménez.
Describió que Castro les dice a los policías que si quieren renunciar de las escoltas deben crear informes falsos para afectar a defensores y defensoras de derechos humanos.
Relató que uno de los policías que integran su escolta había pedido que lo cambiaran de la asignación debido al constante hostigamiento que ha recibido por parte de autoridades policiales, "cuando él se presentó a la unidad se llevó la sorpresa que le dijeron que lo iban a cambiar pero debía hacer un informe contra mi persona a lo que el policía se negó porque no estaba de acuerdo".
Para Jiménez es una estrategia de amedrentar a la escolta para que las personas defensoras de derechos humanos se queden desprotegidas y les pueda pasar algo.
Reiteró que Castro presiona y hace actos intimidatorios contra los policías. "La intención de ella es generarles miedo y además la funcionaria les dice que los seguros de vida no les cubren si están con nosotros. El Estado de Honduras debe suspender a Castro por verter opiniones estigmatizantes contra defensores de derechos humanos, ya se lo denunciamos al Mecanismo de Protección y esperamos que el Jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía no se da cuenta y va a tomar los correctivos".
Jiménez reflexionó que un perfil de un enlace policial es que no tenga un pensamiento estigmatizante contra los defensores de derechos humanos, de lo contrario es más el peligro que corren con alguien que les tiene aversión.
"Ya hace tiempo hemos denunciado que desde el Departamento de Derechos Humanos de la Policía se filtraba información de los defensores de derechos humanos, creímos que se iba a mejorar la Unidad, pero la actitud de la subcomisaria Castro nos lleva a pensar que puede falsificar pruebas para involucrarnos a los defensores de derechos humanos en actos delincuenciales o con el crimen organizado".
Según su análisis la policía le apuesta a que el Mecanismo no funcione y demostrar que es un organismo que no da resultados "y si continúa esta señora esta institución va a salir muy afectada".
Sobre las investigaciones de su caso
Jiménez ha sido víctima de muchas amenazas, hostigamientos e intimidaciones que lo llevaron a denunciar al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque no lo ha protegido y además denunció a funcionarios policiales como los responsables del clima de inseguridad en su contra.
Denunció que los folios de su expediente se "han perido en el Ministerio Público, solo hay registro de dos denuncias de 15 que hemos hecho desde el 2010. La Fiscalía de Derechos Humanos deja un mal sabor pues podemos tener un mecanismo dictando medidas pero mientras no exista una investigación seguiremos perseguidos".
Informó que el fin de semana pasado “tuvimos otra amenaza donde se mencionan incluso los nombre de los policías que nos dan seguridad , fue una nota donde amenazan con asesinarnos y que nos dan cinco días para salir de los derechos humanos, apareció en mi casa. Hemos puesto en conocimiento ante el Mecanismo y del Ministerio Público”.
Informó que se presentó un supuesto sicario a su oficina , estaba tatuado "y estuvo preguntando por mi persona con la intención de asesinarme y aunque interpuse la denuncia no se ha hecho nada".
Las réplicas de una conspiración
Jairo López, un periodista que tiene escolta policial las 24 horas del día, los siete días de la semana, ha denunciado que sus escoltas renuncian de la noche a la mañana y que les han levantado informes falsos para amedrentarlos y que se vayan, es un hecho similar al denunciado por Jiménez.
Aunque las denuncias ha sido públicas las autoridades policiales no deducen las responsabilidades del caso a los responsables, lo que pone en precario la vida tanto de Jiménez como del periodista Jairo López.
Castro es la representante por el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Preventiva ante el Comité Técnico del Mecanismo de Protección donde funciona como enlace, es la que tiene contacto directo y constante con todas las escoltas policiales a nivel nacional que protegen a las personas defensoras de derechos humanos amenazadas.
“De parte de la Secretaría de Seguridad a través de la Subcomisaria Lesby Castro existe una clara intención de intimidar policías que protegen a defensores y defensoras de derechos humanos, con el objetivo de que renuncien diciéndoles que no estamos en el estatus de un ministro ni un embajador”, denunció Jiménez.
Describió que Castro les dice a los policías que si quieren renunciar de las escoltas deben crear informes falsos para afectar a defensores y defensoras de derechos humanos.
Relató que uno de los policías que integran su escolta había pedido que lo cambiaran de la asignación debido al constante hostigamiento que ha recibido por parte de autoridades policiales, "cuando él se presentó a la unidad se llevó la sorpresa que le dijeron que lo iban a cambiar pero debía hacer un informe contra mi persona a lo que el policía se negó porque no estaba de acuerdo".
Para Jiménez es una estrategia de amedrentar a la escolta para que las personas defensoras de derechos humanos se queden desprotegidas y les pueda pasar algo.
Reiteró que Castro presiona y hace actos intimidatorios contra los policías. "La intención de ella es generarles miedo y además la funcionaria les dice que los seguros de vida no les cubren si están con nosotros. El Estado de Honduras debe suspender a Castro por verter opiniones estigmatizantes contra defensores de derechos humanos, ya se lo denunciamos al Mecanismo de Protección y esperamos que el Jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía no se da cuenta y va a tomar los correctivos".
Jiménez reflexionó que un perfil de un enlace policial es que no tenga un pensamiento estigmatizante contra los defensores de derechos humanos, de lo contrario es más el peligro que corren con alguien que les tiene aversión.
"Ya hace tiempo hemos denunciado que desde el Departamento de Derechos Humanos de la Policía se filtraba información de los defensores de derechos humanos, creímos que se iba a mejorar la Unidad, pero la actitud de la subcomisaria Castro nos lleva a pensar que puede falsificar pruebas para involucrarnos a los defensores de derechos humanos en actos delincuenciales o con el crimen organizado".
Según su análisis la policía le apuesta a que el Mecanismo no funcione y demostrar que es un organismo que no da resultados "y si continúa esta señora esta institución va a salir muy afectada".
Sobre las investigaciones de su caso
Jiménez ha sido víctima de muchas amenazas, hostigamientos e intimidaciones que lo llevaron a denunciar al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque no lo ha protegido y además denunció a funcionarios policiales como los responsables del clima de inseguridad en su contra.
Denunció que los folios de su expediente se "han perido en el Ministerio Público, solo hay registro de dos denuncias de 15 que hemos hecho desde el 2010. La Fiscalía de Derechos Humanos deja un mal sabor pues podemos tener un mecanismo dictando medidas pero mientras no exista una investigación seguiremos perseguidos".
Informó que el fin de semana pasado “tuvimos otra amenaza donde se mencionan incluso los nombre de los policías que nos dan seguridad , fue una nota donde amenazan con asesinarnos y que nos dan cinco días para salir de los derechos humanos, apareció en mi casa. Hemos puesto en conocimiento ante el Mecanismo y del Ministerio Público”.
Informó que se presentó un supuesto sicario a su oficina , estaba tatuado "y estuvo preguntando por mi persona con la intención de asesinarme y aunque interpuse la denuncia no se ha hecho nada".
Las réplicas de una conspiración
Jairo López, un periodista que tiene escolta policial las 24 horas del día, los siete días de la semana, ha denunciado que sus escoltas renuncian de la noche a la mañana y que les han levantado informes falsos para amedrentarlos y que se vayan, es un hecho similar al denunciado por Jiménez.
Aunque las denuncias ha sido públicas las autoridades policiales no deducen las responsabilidades del caso a los responsables, lo que pone en precario la vida tanto de Jiménez como del periodista Jairo López.
El periodista Javier Edgardo Rodríguez indicó este 06 de julio de
2018 que los agresores de la policía que lo metieron a la cárcel el
pasado sábado en Olanchito, Yoro, llegaron hasta el medio de
comunicación en donde trabaja, a disculparse por los golpes y daños
ocasionados a su persona y se comprometieron a comprarle la cámara de
video que le quebraron.
Una delegación compuesta por la policía de la Jefatura del
Departamento de Yoro y de Olanchito, se reunió los periodistas de la
localidad, con el fin de comprometerse a respetar la labor de la prensa y
a no seguir cometiendo agresiones, ni obstaculizar el trabajo
periodístico.
“Vinieron de la jefatura del Departamento de Yoro y provocaron una reunión con la Asociación de Prensa de Olanchito y el subinspector que provocó la agresión me ofreció todas las disculpas del caso y se responsabilizaron de los daños del equipo y se comprometieron a que no iba a volver a suceder otra situación de agresión contra los periodistas de Olanchito”, explicó el afectado.
Javier Edgardo Rodríguez de Canal 31 de Olanchito y corresponsal de TN5 y Hoy Mismo a nivel Nacional, fue golpeado el pasado fin de semana por un grupo de policías al mando de subinspector Jorge Luis Salgado, encargado de la policia de Olanchito, quien ordenó meterlo a la cárcel y además, le dañaron su equipo de trabajo, un celular y una cámara de video.
Voceros
Rodríquez señaló que para mejorar las relaciones entre la prensa de Olanchito y la Policía departamental, las autoridades Nacionales de la Policía, enviarán desde Tegucigalpa a dos voceros que servirán de enlace, quienes darán la información a la prensa de los hechos que ocurran en el sector.
“Los voceros que vienen servirán para el manejo de la noticia y se nos informó que habían antecedentes de mal comportamiento de otro jefe de la DPI (Dirección de Policía de Investigación) a quien le llamaron la atención también allí. Estuvo muy bien la reunión, ya que el muchacho (subinspector) me pidió disculpas, lo mismo el subjefe departamental de la policía pidió disculpas”, relató Rodríguez.
Según manifestó Rodríguez, en la reunión con los altos oficiales de la policía del departamento de Yoro, les informó sobre la denuncia que ya se ha interpuesto, ante las autoridades del Sistema Nacional de Protección para periodistas y comunicadores del país, sobre su caso.
Yo les dije: “aunque nos reunamos, ya está la alerta en Tegucigalpa ante el Mecanismo de Protección y cualquier otra situación que se origine a mi persona o a otro compañero de aquí de la prensa de Olanchito, yo lo notifico de inmediato”, destacó.
Los delegados de la Policía aprobaron la decisión de Rodríguez, señalando que “está bien su decisión, ya que la ley está vigente y que los protege como comunicadores y periodistas”, comentaron.
CONADEH
Según el periodista afectado por la Policía, las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Yoro, ya tienen conocimiento de agresión, porque la denuncia la conoció el delegado Frañó del Conadeh, con quien ya platicó al respecto.
“El delegado del Conadeh me preguntó si mi hermano iba a interponer la denuncia, porque él fue el maltratado por la policía y le indiqué que iba a ponerme en contacto con mi hermano para saber si él interpondría la denuncia”, añadió.
Aceptada
El periodista Rodríguez aseguró que él había aceptado las disculpas del ente policial y de quienes lo habían lastimado, porque “los miré bien preocupados y arrepentidos de lo que habían hecho”.
“Está bien –les dije- con tal de que no se vuelva a repetir una situación de estas conmigo y mis compañeros. Así que yo le acepto las disculpas y no hay problema”, explicó Rodríguez, sobre su reunión con la policía y la prensa de Olanchito.
Agenda
Para la realización de la reunión entre la prensa de Olanchito y la comisión de la Policía departamental, se elaboró una agenda, luego se llegaron a los siguientes acuerdos entre las partes:
“Reunidos los miembros de la A.P.O. (Asociación de Prensa de Olanchito) a solicitud del jefe Departamental de Yoro, Subcomisionado de Policía Lagos y el Subinspector Jorge Luis Salgado, jefe municipal, para tratar el caso de agresión que fui objeto el pasado Sábado 30 de Junio en la Estación Policial.
Después de amplias deliberaciones se acordó lo siguiente:
1. El subinspector Salgado ofreció sus disculpas por el error cometido, comprometiéndose a que incidentes como éste no se repetirán en contra de los periodistas de Olanchito.
2. El Subcomisionado Lagos recomendó al Inspector que se hiciera respondable de los daños del equipo (cámara).
3. Se nombrarán 2 Voceros Policiales para Olanchito desde Tegucigalpa.”
“Vinieron de la jefatura del Departamento de Yoro y provocaron una reunión con la Asociación de Prensa de Olanchito y el subinspector que provocó la agresión me ofreció todas las disculpas del caso y se responsabilizaron de los daños del equipo y se comprometieron a que no iba a volver a suceder otra situación de agresión contra los periodistas de Olanchito”, explicó el afectado.
Javier Edgardo Rodríguez de Canal 31 de Olanchito y corresponsal de TN5 y Hoy Mismo a nivel Nacional, fue golpeado el pasado fin de semana por un grupo de policías al mando de subinspector Jorge Luis Salgado, encargado de la policia de Olanchito, quien ordenó meterlo a la cárcel y además, le dañaron su equipo de trabajo, un celular y una cámara de video.
Voceros
Rodríquez señaló que para mejorar las relaciones entre la prensa de Olanchito y la Policía departamental, las autoridades Nacionales de la Policía, enviarán desde Tegucigalpa a dos voceros que servirán de enlace, quienes darán la información a la prensa de los hechos que ocurran en el sector.
“Los voceros que vienen servirán para el manejo de la noticia y se nos informó que habían antecedentes de mal comportamiento de otro jefe de la DPI (Dirección de Policía de Investigación) a quien le llamaron la atención también allí. Estuvo muy bien la reunión, ya que el muchacho (subinspector) me pidió disculpas, lo mismo el subjefe departamental de la policía pidió disculpas”, relató Rodríguez.
Según manifestó Rodríguez, en la reunión con los altos oficiales de la policía del departamento de Yoro, les informó sobre la denuncia que ya se ha interpuesto, ante las autoridades del Sistema Nacional de Protección para periodistas y comunicadores del país, sobre su caso.
Yo les dije: “aunque nos reunamos, ya está la alerta en Tegucigalpa ante el Mecanismo de Protección y cualquier otra situación que se origine a mi persona o a otro compañero de aquí de la prensa de Olanchito, yo lo notifico de inmediato”, destacó.
Los delegados de la Policía aprobaron la decisión de Rodríguez, señalando que “está bien su decisión, ya que la ley está vigente y que los protege como comunicadores y periodistas”, comentaron.
CONADEH
Según el periodista afectado por la Policía, las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Yoro, ya tienen conocimiento de agresión, porque la denuncia la conoció el delegado Frañó del Conadeh, con quien ya platicó al respecto.
“El delegado del Conadeh me preguntó si mi hermano iba a interponer la denuncia, porque él fue el maltratado por la policía y le indiqué que iba a ponerme en contacto con mi hermano para saber si él interpondría la denuncia”, añadió.
Aceptada
El periodista Rodríguez aseguró que él había aceptado las disculpas del ente policial y de quienes lo habían lastimado, porque “los miré bien preocupados y arrepentidos de lo que habían hecho”.
“Está bien –les dije- con tal de que no se vuelva a repetir una situación de estas conmigo y mis compañeros. Así que yo le acepto las disculpas y no hay problema”, explicó Rodríguez, sobre su reunión con la policía y la prensa de Olanchito.
Agenda
Para la realización de la reunión entre la prensa de Olanchito y la comisión de la Policía departamental, se elaboró una agenda, luego se llegaron a los siguientes acuerdos entre las partes:
“Reunidos los miembros de la A.P.O. (Asociación de Prensa de Olanchito) a solicitud del jefe Departamental de Yoro, Subcomisionado de Policía Lagos y el Subinspector Jorge Luis Salgado, jefe municipal, para tratar el caso de agresión que fui objeto el pasado Sábado 30 de Junio en la Estación Policial.
Después de amplias deliberaciones se acordó lo siguiente:
1. El subinspector Salgado ofreció sus disculpas por el error cometido, comprometiéndose a que incidentes como éste no se repetirán en contra de los periodistas de Olanchito.
2. El Subcomisionado Lagos recomendó al Inspector que se hiciera respondable de los daños del equipo (cámara).
3. Se nombrarán 2 Voceros Policiales para Olanchito desde Tegucigalpa.”
TSE viola nuevamente la Constitución al declarar diputado a primo del presidente de la CSJ
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Una nueva violación a la Constitución de la República se dio en el
seno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al ratificar como diputado
nacionalista a Roy Dagoberto Cruz Pérez, primo hermano del presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez.
Dos
de los tres magistrados del TSE, votaron a favor de Cruz Pérez en la
denuncia presentada en contra del cuestionado diputado que según la
Constitución no puede ser diputado por su grado de consanguinidad con el
titular del Poder Judicial.
David
Matamoros Batson y Saúl Escobar votaron a favor y Erick Rodríguez votó
en contra de la resolución que se basó en el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, según lo confirmó Mario
Aguilar González, expresidente del TNE.
Nota relacionada Primo del presidente del Poder Judicial fue electo diputado violentando la Constitución
Aguilar
González, de filiación nacionalista, señaló que según la convención
americana son cinco parámetros los que se regulan y no está el
parentesco dentro de los obstáculos para ser candidato a diputado y esa
disposición prevalece sobre la Constitución hondureña, señaló.
A
criterio de Enrique Ortez Sequeira, exmagistrado del TSE, con el tema
de los derechos humanos ahora la reelección va a ser indefinida.
Apuntó
que, “no hay derechos absolutos y que la Constitución es el marco que
regula esas cosas y además no se le está violentando absolutamente nada a
nadie, esa es una leguleyada de los nacionalistas”.
Lea más Denuncian inscripción ilegal de primo de Rolando Argueta como aspirante a diputado
En el inciso 10 del artículo 199 de la Constitución hondureña se deja claro quienes no pueden ser diputados:
ARTICULO 199
No pueden ser elegidos diputados:
- El Presidente y los Designados a la Presidencia de la República;
- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
- Los Secretarios y Subsecretarios de Estado;
- Los jefes militares con jurisdicción nacional;
- Los titulares de los órganos superiores de dirección, gobierno y administración de las instituciones descentralizadas del Estado;
- Los militares en servicio activo y los miembros de los cuerpos de seguridad o de cualquier otro cuerpo armado;
- Los demás funcionarios y empleados públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que determine la ley; excepto aquellos que desempeñen cargos docentes y de asistencia de salud;
- Los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones;
- El Procurador y Subprocurador General de la República, Contralor y Subcontralor General de la República y el Director y Subdirector de Probidad Administrativa;
- El cónyuge y los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados en los numerales 1, 2, 4, 8 y 9 precedentes, y del Secretario y Subsecretario de Estado en los Despachos de Defensa y Seguridad Pública;
- El cónyuge y los parientes de los jefes de las zonas militares, comandantes de unidades militares, delegados militares departamentales o seccionales, delegados de los cuerpos de seguridad o de otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos por el departamento donde aquellos ejerzan jurisdicción;
- Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con éste;
- Los deudores morosos de la Hacienda Pública.
Reelección del fiscal general de Honduras, ¿una victoria pírrica para el status quo?
Tomado de InSightCrime
En
una movida del gobierno de Honduras para ratificar al actual fiscal
general, el Congreso rechazó la propuesta hecha por la
comisión multidisciplinaria pa
La
reelección de Óscar Chinchilla como fiscal general y la designación de
Daniel Sibrián como fiscal adjunto viene luego de que la propuesta
presentada por una comisión especial, que evaluó los perfiles de una
nómina final de cinco candidatos, no consiguiera el respaldo de los 86
votos que necesitaba en el Congreso.
El
proceso de selección de fiscal general de Honduras comenzó en marzo con
la conformación de una Junta Proponente, cuestionada
por excluir sectores de la sociedad civil, por la falta
de transparencia con que llevó el proceso y por el incumplimiento de
estándares internacionales.
Según
dijeron fuentes en Honduras a InSight Crime, el ritmo del proceso
estuvo marcado por la injerencia de miembros del Poder Ejecutivo y el
Congreso, muchos de ellos bajo averiguación por casos de corrupción
investigados por el Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
A
pesar de que el plazo máximo para la elección del fiscal general en
Honduras estaba estipulado para septiembre, el Congreso Nacional tomó la
decisión de citar a sesión en vacaciones. Según denunció la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin
America – WOLA) la rapidez con la que fue desarrollado el proceso no
permitió “un necesario escrutinio público suficiente respecto de los
criterios que les llevaron a decantarse por los nombres anunciados”.
Durante
el proceso se presentaron claros conflictos de interés. Las
organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y
la Justicia (APJ), señalaron en un comunicado que la participación de
personas investigadas en “la elección de quienes van a dirigir esta
institución (el MP) en el próximo quinquenio, restará credibilidad y
legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha
en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en
Honduras”.
La
nómina final reflejaba parte de este caos. La comisión que evaluó los
perfiles de los cinco finalistas también fue señalada por el relator
especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Diego García-Sayán, por estar integrada por diputados que han sido
cuestionados públicamente y están siendo procesados por corrupción.
En
lo que podría ser interpretado como un intento del Congreso de dar una
apariencia de legitimidad y transparencia al proceso, algunos diputados
investigados no participaron en la votación.
Poco
después de que la lista fue publicada, la directora de la Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos informó que tres de
los cinco candidatos suman hasta 14 denuncias pendientes en el MP,
aunque no mencionó sus nombres.
Análisis de InSight Crime
Si
bien es cierto que Chinchilla representa al status quo, su reelección
no necesariamente significa una victoria para las fuerzas de la
corrupción. Durante su mandato anterior, el fiscal reelecto
tuvo resultados positivos en la lucha contra la corrupción y el crimen
organizado en el país, en una gestión que estuvo marcada por una serie
de obstáculos, interpuestos en gran medida por las mismas élites que
investigaba.
Durante
su período, y con el apoyo de la MACCIH, el MP fortaleció sus
capacidades investigativas, en parte a través de la creación de nuevas
unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC),
que llevaron casos de alto impacto contra algunos miembros de las redes
de corrupción y capturaron poderosos miembros de organizaciones
criminales.
La
tensa relación de la dupla con la cúpula política llegó a su punto más
álgido hace algunos meses, luego de que estallaran algunos casos que
amenazaban con cambiar las dinámicas del poder en el país; como la Red
de Diputados, en el que inicialmente fueron acusados cinco diputados y
actualmente se están investigando a casi 800 más, y la captura de la ex
primera dama Rosa Bonilla de Lobo, acusada de malversación de fondos,
lavado de activos y asociación para delinquir.
Aunque
se trata de algunos éxitos de Chinchilla desde el MP en la lucha contra
el crimen organizado, muchos de los casos que llevó no resultaron en
condenas para miembros de los grupos vinculados al poder.
Además,
Chinchilla deberá continuar con otros casos de alto nivel, relacionados
con los abusos de las fuerzas estatales durante las manifestaciones por
la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, el homicidio de la
activista ambiental Berta Cáceres y otras investigaciones que
comprometen a miembros de la élite del país.
En
medio de ese ajedrez, la MACCIH estuvo a punto de ser declarada
inconstitucional. Las perspectivas no eran positivas para el futuro de
la misión. El vocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayor renunció a su cargo
y parecía casi seguro que las mafias de corrupción vinculadas al poder
se iban a asegurar de elegir a un fiscal cercano a sus intereses.
Ese
limbo duró unos meses. La misión finalmente fue declarada
constitucional y el gobierno aprobó al nuevo vocero brasileño. A
mediados de junio el MP y la MACCIH presentaron a la Corte Suprema del
país el Caso Pandora, que vincula a 38 miembros del gobierno y a otras
personas acusadas de malversación de aproximadamente US$12 millones de
dinero público.
Chinchilla
ahora deberá trabajar de la mano del exfiscal y exprocurador brasilero
Luiz Antonio Marrey Guimarares, el nuevo vocero de la MACCIH, quien
entrará en funciones esta semana y encontrará una MACCIH con mayores
capacidades, más experiencia en los vaivenes de la política hondureña y
al menos nueve casos de alto impacto en curso.
Nota relacionada No se puede hablar de reelección de un Fiscal General que ha dejado pasar muchos casos de corrupción: Jari Dixon Herrera (vídeo)
En
estos casos Chinchilla deberá mostrarse capaz de tomar medidas
independientes y técnicas en la lucha contra la corrupción y el crimen
organizado, que estén guiadas por decisiones de tipo jurídico y no
político, a pesar del costo que esto pueda tener para las quienes lo
reeligieron en su cargo.
A
pesar de que miembros de los grupos de corrupción del país crean
haberse anotado una victoria con la relección de Chinchilla, las
investigaciones más recientes, que se han desarrollado con la ayuda de
MACCIH, han comenzado a revelar las redes de corrupción y crimen
organizado enquistadas en el gobierno y muchos de los casos que todavía
están en curso tienen el potencial de seguir avanzando y cambiar el
statu quo en el país.
BRASIL
Lula, un ciudadano secuestrado por el Poder Judicial
| CUBADEBATE
La
defensa de Lula no pidió esta decisión en su recurso y un juez no puede
decidir sobre lo que no le fue solicitado. Foto: Prensa Latina
La conclusión fue expuesta por el diario digital Brasil 247, después que en una nueva y cuestionada maniobra judicial el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin suspendiera el juzgamiento por la segunda sala de esa corte de un recurso que, de ser admitido, podría librar a Lula de la prisión que cumple anticipadamente.
Fachin no solo resolvió que el caso debería ir a discusión en el pleno del STF -el escenario más adverso posible para el exdignatario- sino que agregó en el análisis del recurso una evaluación sobre la aplicación del artículo 26-C de la Ley Complementar 64/90, que se refiere a la Ley de Inelegibilidad.
Ocurre que la defensa de Lula no pidió esta decisión en su recurso y un juez no puede decidir sobre lo que no le fue solicitado, manifestó el Ejecutivo Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en una declaración en la cual subrayó que el magistrado ‘rebasó todos los límites’.
La maniobra de Fachin evoca el espíritu autoritario de los actos institucionales editados por la dictadura para anular los mandatos y derechos de los representantes del pueblo, sostuvo el documento e insistió en que un juez -y menos un ministro de la Suprema Corte- puede ‘disponer de forma abusiva de la libertad de un hombre y de sus derechos políticos’.
En ese sentido, y en declaraciones al periódico Brasil de Fato, el abogado Marco Aurelio de Carvalho, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), fue categórico al afirmar que ‘existe un activismo judicial indiscutible, una manipulación orquestada por el Poder Judicial’.
El hecho que él haya acoplado ese artículo 26-C transmite a los operadores de Derecho la comprensión de que su interés es mantener a Lula preso, y pensando que podría no conseguirlo, anticipa el debate sobre las condiciones de inelegibilidad, que, en circunstancias normales, debería darse en el Tribunal Superior Electoral (TSE), explicó.
De Carvalho fue uno de los más de 270 juristas, abogados y profesores universitarios que firmaron un manifiesto por la ‘Defensa y presunción de inocencia de Lula y contra actos que debilitan la Constitución’.
El texto, difundido a raíz de la decisión de Fachin, expresó un claro repudio a ‘las maniobras de plazos y procedimientos que aplacen una decisión sobre el derecho de libertad y las garantías fundamentales que afecta no apenas al reo del caso concreto (Lula), sino la vida de millares de encarcelados en Brasil’.
Enfatizó además que causaba espanto no solo la forma anómala de la decisión que restringe derechos prioritarios y urgentes -presunción de inocencia y daños resultantes de la privación de libertad- sino que partiera de un ministro cuya biografía siempre exhibió y profesó en defensa de la Constitución de 1988 y de la democracia.
Dicho sea de paso, el mismo día en que canceló el juzgamiento de Lula, Fachin archivó una investigación de la Policía Federal sobre obstrucción de la justicia y compra de silencio de un testigo que involucra directamente al senador Ciro Nogueira, pero que también apunta a la posibilidad de revelar vínculos con el presidente Michel Temer.
UN INESCRUPULOSO JUEGO COMBINADO
Para quien todavía no lo percibió, es conveniente advertir que ‘existe un inescrupuloso juego combinado’ entre el juez federal Sergio Moro, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) y entre este último y el Supremo Tribunal Federal (STF), advirtió el cientista político Aldo Fornazieri.
El propósito evidente y ni siquiera disimulado de esa componenda consiste en mantener a Lula preso, al menos hasta después de las elecciones de octubre próximo, e impedir que sea candidato, puntualizó el también profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política.
Además, alertó, el juego pasa también por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), ‘y todo será hecho para que el objetivo de impedir la candidatura de Lula sea alcanzado’.
De hecho, si el plenario de la Corte Suprema llegara a juzgar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Lula lo hará solo en el mes de agosto, pues estará de receso durante todo julio y además la Fiscalía General de la República tiene un plazo regimental de hasta 15 días para manifestarse sobre el caso antes de la votación.
Por ley, el límite para registrar ante el TSE los pedidos de inscripción de candidaturas expira el 15 de agosto. Y es para entonces que el PT tiene previsto colocar allí el nombre de su fundador y líder histórico.
Mas, la decisión de llevar o no el tema al plenario del STF está en manos de la presidenta de esa corte, Carmen Lúcia, la misma que a comienzos de abril último y soslayando la Carta Magna brasileña determinó con su voto la posibilidad de anticipar la prisión de Lula.
La togada impidió asimismo el debate de dos acciones de constitucionalidad que piden rever la posición del STF (que en 2016 abrió la posibilidad de encarcelamiento tras agotarse apenas los recursos en segunda instancia) y que igualmente habrían podido impedir el encierro prematuro del exmandatario brasileño.
De otro lado, la nueva ‘chicana judicial’ de Fachin se produjo en momentos cuando la impugnada operación anticorrupción Lava Jato venía de sufrir tres derrotas al hilo en los tribunales superiores.
Primero, el pleno del STF resolvió por mayoría de votos prohibir, por inconstitucional, la conducción coercitiva para interrogatorios; una práctica habitual de Lava Jato de la cual también fue víctima Lula.
Después, la segunda sala de la Corte Suprema absolvió por unanimidad de los cargos de corrupción y lavado de dinero a la presidenta nacional del PT, senadora Gleisi Hoffmann, al reconocer que en las denuncias presentadas por el Ministerio Público no había ninguna prueba material que sustentara las acusaciones de los delatores.
Por último, el propio colegiado concedió un habeas corpus cautelar a José Dirceu, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Lula, quien desde el 18 de mayo cumplía una condena de 30 años y nueve meses de cárcel.
En su decisión, los ministros José Antonio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski y Gilmar Mendes alegaron que un recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia (tercera instancia) pudiera concluir con la modificación o reducción de la condena.
Esa última determinación hizo crecer las esperanzas de ver a Lula otra vez libre, aunque especialistas en Derecho recomendaron cautela.
Fue ese el caso del jurista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP) Pedro Serrano, quien en declaraciones a Brasil de Fato pidió estar atentos al hecho de que el Poder Judicial está altamente contaminado por intereses políticos.
‘No estamos en un momento en que la democracia esté funcionando normalmente’, dijo Serrano y remarcó que ‘no tenemos un Poder Judicial independiente hoy que pueda declarar inocente a Lula, sacarlo de la cárcel y permitir que sea candidato a presidente’.
(Con información de Prensa Latina)
BRASIL
Lula denuncia que los “golpistas” sometieron a Brasil a los intereses geopolíticos de EE.UU.
Lula denunció que el Congreso y el gobierno de Temer aprobaron vender a los extranjeros el 70% de campos petroleros del pré-sal, y acusó a los "golpistas" de someter a Brasil a los intereses de EE.UU. Finalmente advirtió que "su tiempo acaba en octubre", en referencia a las elecciones.
“Mientras el país prestaba atención a la Copa del Mundo, la Cámara de Diputados aprobó, en régimen de urgencia, una de las leyes más vergonzosas de su historia”, dijo al precisar que por mayoría simple los diputados aprobaron vender el 70% de los enormes campos presal -yacimientos petrolíferos submarinos que se encuentran debajo de una capa de sal- que el gobierno había otorgado a Petrobras en el año 2010.
“El proyecto de ley es un crimen contra la patria, que exige una reacción firme de la sociedad para ser detenido en el Senado, antes de que sea tarde”, expresó Lula.
Y agregó que “las chances de hallar petróleo en esos campos son prácticamente totales, porque nosotros, los brasileños, ya mapeamos las áreas”, por lo que señaló que “para las petroleras es como comprar un billete de lotería ya ganador. Para Brasil es como vender la gallina de los huevos de oro.”
En la carta Lula cargó directamente con el ahora expresidente de Petrobras, Pedro Parente, quien recordó que fue quien inició la privatización de actividades como la producción de biocombustible y redujo hasta un 30% la producción de combustibles en las refinerías nacionales.
“Dejamos de producir aquí, en reales, para importar en dólares. Hizo reajustes casi diarios de los combustibles encima de los precios internacionales, lo que aumentó el lucro de los extranjeros”, denunció.
“Sometieron a Brasil a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”
Para Lula esa votación en el Congreso, “en régimen de urgencia, sin ningún debate con la sociedad”, mostró que “el gobierno golpista tiene una prisa desesperada para entregar el patrimonio nacional y destruir nuestra mayor empresa”.“La verdad es que el tiempo de ellos está acabando. Corren para entregar lo que prometieron a los patrocinadores del golpe del impeachment en 2016: nuestro petróleo, nuestras riquezas, las empresas del pueblo, Petrobras, Eletrobras y los bancos públicos. Fue para ello, y para revocar derechos de los trabajadores, que derribaron la honesta presidenta Rousseff”, consideró.
Y denunció que durante este tiempo, desde el impeachment a Dilma hasta hoy, “los golpistas y los entreguistas del PSDB sometieron a Brasil a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y no sólo en Petrobras. La política exterior de los cancilleres tucanos volvió a ser dictada por el Departamento de Estado de EE.UU., en un retorno vergonzoso al complejo de vira-latas que habíamos superado en nuestro gobierno”.
“Brasil volverá a ser de los brasileños”
Lula insistió en que su tiempo se está acabando y expresó “su tiempo termina en octubre, cuando Brasil va a elegir un gobierno democrático, con legitimidad para revertir la agenda del entreguismo y del ultraliberalismo, que sólo interesa al mercado y no al país o a nuestro pueblo. Cuando Brasil elija un gobierno que vaya a acabar con la farra de las privatizaciones y de la entrega del patrimonio nacional”.“Pueden estar seguros: volviendo al gobierno con la fuerza del pueblo y la legitimidad del voto democrático, vamos a revertir todo lo que están haciendo contra nuestra gente, contra los trabajadores y contra el país. Y Brasil volverá a ser de los brasileños”, prometió en el cierre de la misiva.
Lula se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en Curitiba, a pesar de ello se mantiene como favotiro de cara a las elecciones presidenciales de octubre, de las que todavía no sabe si podrá o no participar.
CELSO AMORIM, EXCANCILLER DE BRASIL
“Elecciones sin Lula son un fraude a la voluntad del pueblo”
Para
el excanciller de Lula la prisión del expresidente es un golpe a la
democracia brasileña. El diplomático, que forma parte de la campaña por
la libertad de Lula, entiende que hay sectores de la élite brasileña que
empiezan a preocuparse con la situación.
“Uno de los motivos para el golpe en Brasil ha sido el descubrimiento de más petróleo: el petróleo sigue siendo muy importante en el mundo, en un mundo donde la falta de recursos naturales puede ser la razón para conflictos internacionales”.
“Uno de los motivos para el golpe en Brasil ha sido el descubrimiento de más petróleo: el petróleo sigue siendo muy importante en el mundo, en un mundo donde la falta de recursos naturales puede ser la razón para conflictos internacionales”.
Por Cynthia García
El excanciller brasileño Celso Amorim se encuentra recorriendo varios países de América Latina como parte de la campaña por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril en Curitiba, acusado de “corrupción pasiva”. Entrevistado por la periodista argentina Cinthia García, reiteró que una elección sin Lula sería un “fraude a la voluntad del pueblo brasileño”.
Su visita a Argentina forma parte de la campaña por la libertad de Lula, por llevar a todo el continente los argumentos para la libertad del expresidente…
Esa es la tarea inmediata. Nada se obtendrá si no se logra ahora una elección verdaderamente libre e irrestricta. Eso significa que Lula tiene que estar libre, no en la prisión, no en la cárcel. Y también que pueda ser candidato. No porque sea un derecho de él solamente sino que es un derecho del pueblo brasileño. Y es el preferido del pueblo brasileño, no solamente porque fue el mejor presidente sino que lo dicen todas las encuestas de opinión. Entonces una elección sin Lula en realidad es un fraude a la voluntad del pueblo brasileño.
¿Qué posibilidades hay de que eso pueda ocurrir?
Eso no es fácil, pero cuando uno mira una pared y ve solamente una abertura por donde entra un poco de luz tiene que caminar hacia la luz e intentar ampliarla. Y eso es lo que intentamos hacer. Porque si nos quedamos íbamos a renunciar a la lucha y como no se puede hacer eso tenemos que creer que es posible ampliar ese espacio que aún existe de esperanza, Creo, además, que hay un cambio de humor en una parte de la élite en Brasil, que está percibiendo que mantener a Lula en la prisión no es lo mejor. Claro que Lula no va a entrar en ninguna negociación del tipo de ser libre y no ser candidato. Las dos cosas tienen que caminar juntas. Eso no es imposible. Hace una semana teníamos esperanza en un juicio y hubo una maniobra jurídica muy fea que terminó en la postergación por la Corte Suprema, pero seguimos en la lucha.
¿Cómo está Lula?
Está bien. Está bien físicamente, está bien espiritualmente, mentalmente. Tuvo hace poco una aparición pública, en otro juicio al gobernador de Río de Janeiro sobre los Juegos Olímpicos y estaba con la mente muy clara, pero también muy ágil. Incluso haciendo bromas con el juez. Claro que debe estar un poco triste porque Lula es una persona muy sociable. Lula es un ser colectivo, Lula no es un ser individual que se queda en su habitación. Su manera de hacer el análisis político es escuchando a las personas, sacando sus conclusiones, haciendo sus síntesis, pero con base un poco en la discusión con la gente. Y es un ser muy afectivo, siempre estaba con alguien o de su familia o sus amigos. Con los metalúrgicos o con la élite política del mundo. Podía ser con (George) Bush, (Barack) Obama, o (Jacques) Chirac, pero siempre un ser político.
¿Que significó para la democracia brasileña el encarcelamiento de Lula?
Un golpe, La continuación a un golpe que ya venía. Obviamente el encarcelamiento de Lula es un hecho más brutal. Es algo que me inspiró a escribir un artículo ver ahí a Lula. Es una cosa casi surreal. Imaginar a Lula adentro de ese bloque de cemento que es el edificio de la Policía Federal en Curitiba, después cuando hubo un intento de visita de Adolfo Pérez Esquivel y de Leonardo Boff, de tenerlos ahí sentados sin poder entrar me hizo sentir mal. No era solo Lula, eran mis propias convicciones políticas. Para decir la verdad un poco de vergüenza de Brasil, como impedir que un Premio Nobel de la Paz haga una visita a una persona. No se puede negar que Lula es un preso político. Lula no está preso porque hay corrupción en Brasil. Probablemente hay. Y el sistema político es de tal naturaleza que no haya sido posible eliminarla. Pero no hay ninguna acusación concreta contra Lula en eso. La acusación contra Lula no se sostiene. Es un acto que no practicó. El propio juez dice que son actos de gobierno indeterminados y un beneficio que tampoco existe porque se trata de un apartamento que no es suyo. No hay documentos que digan que es de él, por el contrario hay documentos que dicen que no es. Y aun así está preso, es una situación casi surreal.
Hubo un juicio político a Dilma…
En el caso de Dilma (Rousseff) hay un elemento muy fuerte de misoginia, de odio hacia las mujeres. Eso se vio, por ejemplo, con la candidata del Partido Comunista, un partido aliado nuestro, -Manuela Dávila- en una entrevista en televisión que fue una vergüenza. No se preguntaba su proyecto ni nada, las preguntas eran sobre cómo era como mujer. Una vergüenza. Es un país que tiene muchas cosas buenas pero que tiene también ese lado. Entonces Lula preso ha sido la demostración de que la democracia en Brasl no funciona. Creo que la propia élite lo ve con preocupación porque hay una amanaza de extrema derecha, que mucha gente puede aceptar pero que a otros no les gusta, Porque cuando empieza eso está la posibilidad de la censura, la imagen de Brasil en el exterior. Todo eso creo que ha creado un clima político un poco nuevo pero dependemos de acciones judiciales concretas para que Lula pueda ser liberado…
Lula se dedicó a construir poder popular a los largo de su vida...
Él viene del pueblo. Lula cuando habla de que los brasileños no tienen acceso al tratamiento dental está hablando de lo que pasó con el mismo, entonces no hay ningún artificio. Y al mismo tiempo que hay identificación hay reconocimiento, porque para esa gente su vida mejoró de manera efectiva. Entonces, la posibilidad de que Lula esté libre es de una gran importancia y creo que su fuerza es tan grande que puede ganar la elección. Hay mucha discusión y hay muchos precedentes de gente que estaba en la misma situación y pudo concurrir a la elección, algunos gobernadores, pero la presión contra Lula es muy grande…
La intención del Partido de los Trabajadores (PT) ¿es de que sea el candidato?
Sin duda. El PT es un partido grande, es el partido preferido de la población con alrededor del 20%, pero Lula tiene 40% o 50%, entonces, y donde la identificación personal es muy importante.
Usted fue canciller durante el tiempo en que América Latina se presentaba como un bloque, con una personalidad definida por la acción de gobernantes como Lula, (Hugo) Chávez, (Néstor) Kirchner, Evo, Tabaré, ¿cómo ve a la región ahora?
La creación de Unasur, primera vez en 200 años que tenemos una organización política sudamericana. Después hicimos, tal vez con un grado menos fuerte, pero también importante, la Celac. La primera vez que los presidentes y primeros ministros de América Latina y el Caribe pueden reunirse sin una externa en la OEA…
¿Qué cree usted que queda en pie de toda esa construcción?
En este momento estamos como en una catedral que ha sido alcanzada por un bombardeo aéreo, pero es posible reconstruirla. Con los elementos que ya tenemos, las partes estructurales más importantes aún existen. Sobre todo la voluntad política del pueblo de trabajar en conjunto también existe. Entonces, es difícil y va a demandar un esfuerzo muy grande pero creo que habrá integración, Por eso es tan importante la situación de Lula y la situación de Brasil, porque no es solamente contra Lula, es contra la integración sudamericana que obviamente molesta a algunos intereses de fuera de la región y también a muchos o a una parte de la élite de nuestra región que prefiere verla dependiente del exterior y no autónoma.
Pensaba en Venezuela y los intereses intervencionistas de Estados Unidos…
También en Brasil. Uno de los motivos para el golpe en Brasil ha sido el descubrimiento de más petróleo: el petróleo sigue siendo muy importante en el mundo, en un mundo donde la falta de recursos naturales puede ser la razón para conflictos internacionales.
¿Venezuela ¿es la arremetida más importante de Trump?
Lo que no se puede admitir, y ahora está el vicepresidente de Estados Unidos en Brasil pidiendo sanciones. El gobierno dice que no quiere sanciones unilaterales pero en realidad lo hace porque trabaja para el aislamiento de Venezuela. Cosa que no hace con ningún país, desde el inicio del gobierno militar, cuando Brasil votó la suspensión de Cuba. Eso es en realidad trabajar para las sanciones porque si el país queda aislado tiene más dificultades de obtener recursos financieros, entre otros. Y además aislar a Venezuela del Mercosur en lugar de atraer a Venezuela para el pluralismo y el diálogo la deja cada vez más aislada y tiene que buscar otros aliados. Yo no tengo nada en contra, pero es mejor tener algo plural y contactos varios que tener solo contacto con China o Rusia, pero ¿qué alternativa tiene? Están haciendo con Venezuela lo mismo que hicieron con Cuba hace 60 años, ¿con qué resultado? Eso es incomprensible. Si es incomprensible para otros países de Latinoamérica, para Brasil es totalmente incomprensible porque tenemos una gran frontera con Venezuela. Si hay un intento de un golpe contra Venezuela, de una acción militar, es muy preocupante, porque si hay algo ahí, una guerra civil, nos va a alcanzar. Entonces no es solo la solidaridad con un país amigo sino también es el interés brasileño. No nos puede interesar que haya un Vietnam en nuestras fronteras. El gobierno actual parece no comprender eso.
El excanciller brasileño Celso Amorim se encuentra recorriendo varios países de América Latina como parte de la campaña por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril en Curitiba, acusado de “corrupción pasiva”. Entrevistado por la periodista argentina Cinthia García, reiteró que una elección sin Lula sería un “fraude a la voluntad del pueblo brasileño”.
Su visita a Argentina forma parte de la campaña por la libertad de Lula, por llevar a todo el continente los argumentos para la libertad del expresidente…
Esa es la tarea inmediata. Nada se obtendrá si no se logra ahora una elección verdaderamente libre e irrestricta. Eso significa que Lula tiene que estar libre, no en la prisión, no en la cárcel. Y también que pueda ser candidato. No porque sea un derecho de él solamente sino que es un derecho del pueblo brasileño. Y es el preferido del pueblo brasileño, no solamente porque fue el mejor presidente sino que lo dicen todas las encuestas de opinión. Entonces una elección sin Lula en realidad es un fraude a la voluntad del pueblo brasileño.
¿Qué posibilidades hay de que eso pueda ocurrir?
Eso no es fácil, pero cuando uno mira una pared y ve solamente una abertura por donde entra un poco de luz tiene que caminar hacia la luz e intentar ampliarla. Y eso es lo que intentamos hacer. Porque si nos quedamos íbamos a renunciar a la lucha y como no se puede hacer eso tenemos que creer que es posible ampliar ese espacio que aún existe de esperanza, Creo, además, que hay un cambio de humor en una parte de la élite en Brasil, que está percibiendo que mantener a Lula en la prisión no es lo mejor. Claro que Lula no va a entrar en ninguna negociación del tipo de ser libre y no ser candidato. Las dos cosas tienen que caminar juntas. Eso no es imposible. Hace una semana teníamos esperanza en un juicio y hubo una maniobra jurídica muy fea que terminó en la postergación por la Corte Suprema, pero seguimos en la lucha.
¿Cómo está Lula?
Está bien. Está bien físicamente, está bien espiritualmente, mentalmente. Tuvo hace poco una aparición pública, en otro juicio al gobernador de Río de Janeiro sobre los Juegos Olímpicos y estaba con la mente muy clara, pero también muy ágil. Incluso haciendo bromas con el juez. Claro que debe estar un poco triste porque Lula es una persona muy sociable. Lula es un ser colectivo, Lula no es un ser individual que se queda en su habitación. Su manera de hacer el análisis político es escuchando a las personas, sacando sus conclusiones, haciendo sus síntesis, pero con base un poco en la discusión con la gente. Y es un ser muy afectivo, siempre estaba con alguien o de su familia o sus amigos. Con los metalúrgicos o con la élite política del mundo. Podía ser con (George) Bush, (Barack) Obama, o (Jacques) Chirac, pero siempre un ser político.
¿Que significó para la democracia brasileña el encarcelamiento de Lula?
Un golpe, La continuación a un golpe que ya venía. Obviamente el encarcelamiento de Lula es un hecho más brutal. Es algo que me inspiró a escribir un artículo ver ahí a Lula. Es una cosa casi surreal. Imaginar a Lula adentro de ese bloque de cemento que es el edificio de la Policía Federal en Curitiba, después cuando hubo un intento de visita de Adolfo Pérez Esquivel y de Leonardo Boff, de tenerlos ahí sentados sin poder entrar me hizo sentir mal. No era solo Lula, eran mis propias convicciones políticas. Para decir la verdad un poco de vergüenza de Brasil, como impedir que un Premio Nobel de la Paz haga una visita a una persona. No se puede negar que Lula es un preso político. Lula no está preso porque hay corrupción en Brasil. Probablemente hay. Y el sistema político es de tal naturaleza que no haya sido posible eliminarla. Pero no hay ninguna acusación concreta contra Lula en eso. La acusación contra Lula no se sostiene. Es un acto que no practicó. El propio juez dice que son actos de gobierno indeterminados y un beneficio que tampoco existe porque se trata de un apartamento que no es suyo. No hay documentos que digan que es de él, por el contrario hay documentos que dicen que no es. Y aun así está preso, es una situación casi surreal.
Hubo un juicio político a Dilma…
En el caso de Dilma (Rousseff) hay un elemento muy fuerte de misoginia, de odio hacia las mujeres. Eso se vio, por ejemplo, con la candidata del Partido Comunista, un partido aliado nuestro, -Manuela Dávila- en una entrevista en televisión que fue una vergüenza. No se preguntaba su proyecto ni nada, las preguntas eran sobre cómo era como mujer. Una vergüenza. Es un país que tiene muchas cosas buenas pero que tiene también ese lado. Entonces Lula preso ha sido la demostración de que la democracia en Brasl no funciona. Creo que la propia élite lo ve con preocupación porque hay una amanaza de extrema derecha, que mucha gente puede aceptar pero que a otros no les gusta, Porque cuando empieza eso está la posibilidad de la censura, la imagen de Brasil en el exterior. Todo eso creo que ha creado un clima político un poco nuevo pero dependemos de acciones judiciales concretas para que Lula pueda ser liberado…
Lula se dedicó a construir poder popular a los largo de su vida...
Él viene del pueblo. Lula cuando habla de que los brasileños no tienen acceso al tratamiento dental está hablando de lo que pasó con el mismo, entonces no hay ningún artificio. Y al mismo tiempo que hay identificación hay reconocimiento, porque para esa gente su vida mejoró de manera efectiva. Entonces, la posibilidad de que Lula esté libre es de una gran importancia y creo que su fuerza es tan grande que puede ganar la elección. Hay mucha discusión y hay muchos precedentes de gente que estaba en la misma situación y pudo concurrir a la elección, algunos gobernadores, pero la presión contra Lula es muy grande…
La intención del Partido de los Trabajadores (PT) ¿es de que sea el candidato?
Sin duda. El PT es un partido grande, es el partido preferido de la población con alrededor del 20%, pero Lula tiene 40% o 50%, entonces, y donde la identificación personal es muy importante.
Usted fue canciller durante el tiempo en que América Latina se presentaba como un bloque, con una personalidad definida por la acción de gobernantes como Lula, (Hugo) Chávez, (Néstor) Kirchner, Evo, Tabaré, ¿cómo ve a la región ahora?
La creación de Unasur, primera vez en 200 años que tenemos una organización política sudamericana. Después hicimos, tal vez con un grado menos fuerte, pero también importante, la Celac. La primera vez que los presidentes y primeros ministros de América Latina y el Caribe pueden reunirse sin una externa en la OEA…
¿Qué cree usted que queda en pie de toda esa construcción?
En este momento estamos como en una catedral que ha sido alcanzada por un bombardeo aéreo, pero es posible reconstruirla. Con los elementos que ya tenemos, las partes estructurales más importantes aún existen. Sobre todo la voluntad política del pueblo de trabajar en conjunto también existe. Entonces, es difícil y va a demandar un esfuerzo muy grande pero creo que habrá integración, Por eso es tan importante la situación de Lula y la situación de Brasil, porque no es solamente contra Lula, es contra la integración sudamericana que obviamente molesta a algunos intereses de fuera de la región y también a muchos o a una parte de la élite de nuestra región que prefiere verla dependiente del exterior y no autónoma.
Pensaba en Venezuela y los intereses intervencionistas de Estados Unidos…
También en Brasil. Uno de los motivos para el golpe en Brasil ha sido el descubrimiento de más petróleo: el petróleo sigue siendo muy importante en el mundo, en un mundo donde la falta de recursos naturales puede ser la razón para conflictos internacionales.
¿Venezuela ¿es la arremetida más importante de Trump?
Lo que no se puede admitir, y ahora está el vicepresidente de Estados Unidos en Brasil pidiendo sanciones. El gobierno dice que no quiere sanciones unilaterales pero en realidad lo hace porque trabaja para el aislamiento de Venezuela. Cosa que no hace con ningún país, desde el inicio del gobierno militar, cuando Brasil votó la suspensión de Cuba. Eso es en realidad trabajar para las sanciones porque si el país queda aislado tiene más dificultades de obtener recursos financieros, entre otros. Y además aislar a Venezuela del Mercosur en lugar de atraer a Venezuela para el pluralismo y el diálogo la deja cada vez más aislada y tiene que buscar otros aliados. Yo no tengo nada en contra, pero es mejor tener algo plural y contactos varios que tener solo contacto con China o Rusia, pero ¿qué alternativa tiene? Están haciendo con Venezuela lo mismo que hicieron con Cuba hace 60 años, ¿con qué resultado? Eso es incomprensible. Si es incomprensible para otros países de Latinoamérica, para Brasil es totalmente incomprensible porque tenemos una gran frontera con Venezuela. Si hay un intento de un golpe contra Venezuela, de una acción militar, es muy preocupante, porque si hay algo ahí, una guerra civil, nos va a alcanzar. Entonces no es solo la solidaridad con un país amigo sino también es el interés brasileño. No nos puede interesar que haya un Vietnam en nuestras fronteras. El gobierno actual parece no comprender eso.
EE.UU.
Noticias Internacionales Independientes (EEUU)
Titulares 05 de julio de 2018
Agentes de inmigración de Estados Unidos toman muestras de ADN de niños inmigrantes separados de sus padres
05 Jul. 2018
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha estado tomando muestras de ADN
de los niños inmigrantes que son separados de sus padres como parte de
la política fronteriza del gobierno de Trump de “tolerancia cero”. El
canal de televisión CNN informa que funcionarios de inmigración han estado tomando muestras de ADN
de las mejillas de niños de hasta apenas dos meses de edad, sin
consentimiento, en un intento ostensible de luego poder reunirlos con
sus padres. Grupos de derechos civiles han condenado la medida,
señalando que esto podría permitir que el gobierno federal rastree a los
inmigrantes por el resto de sus vidas. Jennifer Falcon, de Raíces, un
grupo de Texas que lucha por los derechos de los inmigrantes, declaró:
“Esta es una demostración más de la incompetencia de este gobierno y su
admisión de culpabilidad, esto nos da la razón. El gobierno nunca
registró a padres e hijos de manera adecuada”.
Trump defiende a Inmigración y Control de Aduanas en medio de furor contra las políticas antiinmigrantes
05 Jul. 2018
Esto
se produce cuando el presidente Donald Trump continúa elogiando el
trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
por su sigla en inglés), después de que un tribunal federal dictaminara
que su gobierno no puede detener arbitrariamente a personas que
solicitan asilo. Trump efectuó esas declaraciones el martes en un evento
en el estado de Virginia Occidental, luego de que el juez de distrito
estadounidense James Boasberg dictaminara que los solicitantes de asilo
que hayan superado una entrevista de temor creíble deberían recibir
libertad condicional humanitaria, no detención indefinida.
Donald Trump declaró: “Es como si estuvieras liberando un pueblo. Como en una guerra, estás liberando un pueblo o un área. E Inmigración y Control de Aduanas se enfrenta a eso y aveces tiene que entrar con fuerza. No les importa. Ellos son fuertes. Y luego escucho a demócratas decir ‘queremos abandonar el ICE’. No abandonaremos el ICE y no abandonaremos nuestra aplicación de la ley. Todo lo contrario”.
Manifestantes despliegan pancarta que dice “Anulen el ICE” en la Estatua de la Libertad
05 Jul. 2018
En
la ciudad de Nueva York, la Policía arrestó a siete activistas el
miércoles mientras protestaban en la Estatua de la Libertad en contra de
la separación de familias inmigrantes. La manifestación comenzó con los
activistas desplegando una pancarta que decía “Anulen el ICE” desde la
base de la estatua. La Policía más tarde arrestó a Therese Patricia
Okoumou, una inmigrante de la República Democrática del Congo, que se
separó del grupo principal e intentó escalar la estatua. Su acción
impulsó a la Policía a ordenar la evacuación por varias horas de la Isla
de la Libertad en las festividades de la independencia de Estados
Unidos, que se celebra el 4 de julio. En una declaración, el grupo Rise
and Resist demandó la detención inmediata de la separación de las
familias inmigrantes, y agregó: “El ICE ha
demostrado ser una amenaza para nuestra libertad y forma de vida, y
debería ser abolido. Persiguen a los más vulnerables de nosotros,
actuando sin el debido proceso para detener a las personas. Empresas con
fines de lucro están ganando dinero con la separación de las familias
inmigrantes. Esto debe detenerse ahora”.
Migración y derechos humanos
EEUU no sabe cómo reunificar a cientos de familias: CNDH
por Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 6 de julio de 2018, p. 15
Viernes 6 de julio de 2018, p. 15
Las autoridades de Estados Unidos no han sabido resolver los obstáculos que representó la cancelación de la llamada
Visitadores acudieron a las ciudades de Houston y Brownsville, Texas,
donde verificaron varias violaciones a garantías fundamentales de
migrantes mexicanos y centroamericanos, incluido el encierro de familias
enteras en tolerancia cero, por lo que cientos de familias de migrantes siguen sin ser reunificadas, comprobó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
situación migratoria, adultos deportados e hijos enviados a albergues de aquel país sin que se conozca su ubicación, entre otras.
En el albergue BCFS Baytown, de Brownsville, la CNDH habló con dos de cuatro adolescentes mexicanos recluidos y separados de sus padres. Uno desconoce el paradero de su madre y de su proceso migratorio; el otro sólo sabe que su progenitoria fue deportada y confía en unirse pronto con ella, aunque no sabe cuándo podrá ser.
El organismo nacional observó
la incipiente capacidad de las autoridades estadunidenses para cumplir con los pronunciamien-tos judiciales que establecen plazos perentorios para la reunificación de las familias y con ello respetar el interés superior de la niñez.
Comprobó
Los visitadores conocieron casos de madres –la mayoría centroamericanas– que ya fueron deportadas a su lugar de origen, mientras su hijos menores de edad permanecen en albergues. Además, cuando alguien es detenido, las posibilidades de comunicación con sus familiares son inciertas, pues no hay uniformidad en las reglas, dependen de cada centro de detención o albergue.
La política de
la descoordinaciónentre los departamentos de Seguridad Interior y de Salud y Servicios Humanos para identificar a integrantes de familias separadas.
Los visitadores conocieron casos de madres –la mayoría centroamericanas– que ya fueron deportadas a su lugar de origen, mientras su hijos menores de edad permanecen en albergues. Además, cuando alguien es detenido, las posibilidades de comunicación con sus familiares son inciertas, pues no hay uniformidad en las reglas, dependen de cada centro de detención o albergue.
La política de
tolerancia cerodecretada por el gobierno de Donald Trump criminalizaba a todas las personas que ingresaran sin documentos a territorio estadunidese. Esto generó que entre el 5 de mayo y el 9 de junio 2 mil 342 menores fueran separados de sus padres, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional del país vecino. Ello desató un escándalo internacional que llevó a Washington a cancelar el programa el 20 de junio
Denuncian que niños migrantes detenidos en centros de EE.UU. son obligados a consumir fármacos
Publicado: 21 jun 2018 19:43 GMT - RT
La demanda llega tras la polémica por los
centros de detención para migrantes en Texas, donde cientos de menores
están separados de sus padres en condiciones de encierro.
Jóvenes retenidos en el centro de detención para migrantes en la ciudad de McAllen, Texas (EE.UU.).
U.S. Customs and Border Protection / www.globallookpress.com
El
Centro para los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles
denunció que los niños migrantes que son retenidos por las autoridades
de EE.UU., y en muchos casos separados de su padres, son obligados a
consumir fármacos para dominar el trauma psicológico que pueda llegar a
producir su estadía en algún centro de detención, informa Reuters.
Según la demanda, los menores que residan en establecimientos como el 'Shiloh Treatment Center', un centro de atención especializado en jóvenes con problemas emocionales y de conducta ubicado en el estado de Texas, tienen altas probabilidades de recibir fármacos sin el consentimiento de sus padres o responsables a cargo.
La denuncia se presentó el 16 de abril, a pocos días de que la Administración de Donald Trump pusiera en práctica la política de 'tolerancia cero' hacia los inmigrantes que lleguen a EE.UU. de modo ilegal. El resultado inmediato de aquella medida oficial fue que tras la detención de los extranjeros que se vieran comprometidos con la Justicia local, cientos de pequeños fueron separados de sus familiares mientras avanzaba el proceso judicial.
Según la ONG ProPública, más de 2.300 menores migrantes "han
sido separados de sus padres desde abril". Luego de recibir críticas,
principalmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 20 de junio
Trump firmó una orden ejecutiva para finalizar con el programa que separa a estas familias en condición irregular.
Según publicó la agencia de noticias ya mencionada, esta clase de centros son financiados por el Gobierno norteamericano. Agravando aún más el panorama, los abogados afirman que algunos jóvenes recibieron hasta nueve píldoras diferentes por la mañana y seis por la noche. A su vez, si se negaban a ingerirlas, les advertían que permanecerían detenidos y les aplicaban sustancias mediante inyecciones, no especificadas por los denunciantes.
Por lo pronto, ni las autoridades locales ni el centro de detención dedicado a controlar la conducta de los jóvenes internos brindaron declaraciones al respecto.
Según la demanda, los menores que residan en establecimientos como el 'Shiloh Treatment Center', un centro de atención especializado en jóvenes con problemas emocionales y de conducta ubicado en el estado de Texas, tienen altas probabilidades de recibir fármacos sin el consentimiento de sus padres o responsables a cargo.
La denuncia se presentó el 16 de abril, a pocos días de que la Administración de Donald Trump pusiera en práctica la política de 'tolerancia cero' hacia los inmigrantes que lleguen a EE.UU. de modo ilegal. El resultado inmediato de aquella medida oficial fue que tras la detención de los extranjeros que se vieran comprometidos con la Justicia local, cientos de pequeños fueron separados de sus familiares mientras avanzaba el proceso judicial.
Decenas de niños migrantes recluidos en un centro de detención en la ciudad de Río Grande, Texas.
/ Courtesy CBP
/ Reuters
Píldoras e inyecciones
"Si se coloca a un niño en 'Shiloh' después de haber sido separado de uno de los padres, entonces es casi seguro que está tomando psicotrópicos", considera Carlos Holguín, abogado de la organización que sacó a la luz el conflicto. La intención de los demandantes es que la Oficina de Reubicación de Refugiados controle a los centros de detención, para prevenir la reclusión prolongada de menores y supervisar los medicamentos que les suministran a los migrantes.Según publicó la agencia de noticias ya mencionada, esta clase de centros son financiados por el Gobierno norteamericano. Agravando aún más el panorama, los abogados afirman que algunos jóvenes recibieron hasta nueve píldoras diferentes por la mañana y seis por la noche. A su vez, si se negaban a ingerirlas, les advertían que permanecerían detenidos y les aplicaban sustancias mediante inyecciones, no especificadas por los denunciantes.
Por lo pronto, ni las autoridades locales ni el centro de detención dedicado a controlar la conducta de los jóvenes internos brindaron declaraciones al respecto.
