Nueve años sin justicia para Isy Obed, primer mártir del golpe de Estado de 2009
Tegucigalpa.- Hoy 5 de julio de 2018 se cumplen nueve años de la muerte de Isy Obed Murillo a manos de militares; nueve años sin justicia, donde los culpables de ese crimen andan en la calle, mientras la familia llora el asesinato del primer mártir del golpe de Estado Político-Militar-Empresarial del 28 de julio de 2009.
Ese fatídico 5 de julio del año 2009, el ex presidente Manuel Zelaya intentó regresar a Honduras por avión y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toncontín de Tegucigalpa. Isy Obed Murillo, de tan solo 19 años de edad, se encontraba junto a su familia y miles de personas, en los alrededores de la pista del aeropuerto esperando la llegada del presidente constitucional que había sido derrocado mediante un golpe de estado.
Los manifestantes, quienes desde tempranas horas se apostaron frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de donde salieron rumbo al aeropuerto Toncontin en una multitudinaria manifestación con el único fin de recibir al presidente Manuel Zelaya Rosales, quien tenía 7 días de haber sido derrocado por las Fuerzas Armadas comandados por el General Romeo Vásquez Velásquez.
A la orilla de la pista del aeropuerto las cosas se salieron de control cuando en los aires apareció la aeronave que transportaba al ex presidente Manuel Zelaya, los militares y policía comenzaron a reprimir a los manifestantes con gases, agua y con bala viva.
En medio del revuelo, cuando el avión intentaba aterrizar, los militares que se encontraban en la pista realizaron disparos a los manifestantes, desplomándose Isy Obed Murillo por el impacto de una bala que recibió en la cabeza. Isy fue ayudado por sus compañeros, quienes lo llevaron al hospital pero el joven falleció casi de inmediato.
Doña Silvia Mencía, su madre, declaró a defensoresenlinea.com, que quienes asesinaron a su hijo fue el ejército, comandado por el entonces presidente de facto Roberto Micheletti, después de ejecutar el golpe de estado.
“Yo considero al ejército porque ellos dispararon, no fueron enemigos, fueron los del ejército, los que dispararon en contra de mi hijo, comandados por Micheletti, el mayor culpable es Micheletti, porque por amor al poder él lo que quería era ser presidente aunque no fuera elegido por el pueblo; y por eso se llevó de encuentro a la familias hondureñas, asesinándolas por defender la causa del pueblo”.
Isis Obed tenía 19 años, su vida se apagó cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto Internacional de Toncontín, acompañado de más de medio millón de personas que esperaban el retorno no solo de Manuel Zelaya, sino también del orden constitucional.
El joven se encontraba con ocho miembros de la familia apoyando al mandatario hondureño, después de una semana del golpe y expatriado a Costa Rica, pero sin saber que ese día sería el último de su corta vida, cuando militares de las Fuerzas Armadas hondureñas comenzaron a disparar contra la población en resistencia.
Los hondureños no se han podido recuperar después del golpe de estado de 2009, ya que, desde la fecha, el país sufrió un grave deterioro económico social y político, aumentando la tasa de homicidio, migración, desempleo, conflicto agrario, inseguridad, femicidios, crímenes de odio, y en general un deterioro al respeto de los derechos humanos.
A nueve años del golpe de Estado Político-Militar-Empresarial, no ha existido ningún tipo de justicia para Isy Obed y las 54 muertes más ocurridas durante el golpe de Estado, de acuerdo al informe de la Comisión de Verdad presentado en el 2013.
Honduras desde esa madrugada del 28 de junio se sumió en una noche oscura, rodeada de impunidad, de la que no ha podido salir.
Nueve años del asesinato democrático
Galel Cárdenas
Opinión
28/06/2018
El
28 de junio del año 2009, las fuerzas oscuras de la maldad y la muerte
institucional de las Fuerzas Armadas y la élite económica y política,
aliadas de uno de los proyectos más represivos de la historia nacional
en sus últimos 30 años, asestaron un cruento golpe a la democracia
representativa que los mismos grupos de poder habían avalado en tiempos
de supuesta armonía entre un presidente neoliberal y los poderes
fácticos corruptos que han detentado la dirección de la nave del Estado
Nacional.
Han corrido nueve años largos, tediosos y crueles. La camarilla inicial que lanzó el primer grupo de saqueadores encabezados por Roberto Micheletti, le dio paso a otra camarilla más agresiva y narco política.
Había puesto a Porfirio Lobo Sosa en los cuatro años subsiguientes (2009-2013), tiempo en el cual se establecieron las bases concretas de una relación política con el narco tráfico y los escuadrones de la muerte encabezados por las Fuerzas Armadas, con el fin de disuadir al pueblo que volcado en las calles protestaba por el Golpe de Estado que había sido planificado y ejecutado por la Embajada Norteamericana en Honduras, como cabeza de playa de un programa de desestabilización y derrocamiento de los presidentes de la democracia participativa que habían logrado ascender al poder mediante los votos electorales correspondientes.
La camarilla mafiosa de Porfirio Lobo Sosa pronto, desde las entrañas mismas de su gobierno, había preparado a un personaje oscuro y ambicioso, cruel y narco político, para que asaltara las estructuras del poder general de la nación en las ramas legislativa, judicial y ejecutiva.
El megalómano enfermizo sucedió en el mando político junto con su pacotilla de saqueadores inmorales como el que más, el dictador Juan Orlando Hernández, poseedor de una habilidad para detentar el poder omnímodo de la nación, usó al ejército como su punta de lanza y luego fue acomodando las leyes desde el Congreso Nacional con el fin de montar una estructura dictatorial en la cual ninguna hoja de los árboles del bosque podría moverse si no fuese con sus consentimiento.
Así que emitió leyes de manera abrupta e ilegal, sustituyó magistrados y nombró nueva Corte de Suprema de Justicia que obedeciera ciegamente a sus dictados tiránicos. Armó todas las estructuras administrativas que están ligadas a las decisiones políticas fundamentales para ejercer una dictadura con proyecciones temporales de hasta cincuenta años como lo ha proclamado repetidamente en los espacios mediáticos correspondientes.
De este modo también asaltó al Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional, poniendo en la cabeza de cada una de estas instituciones a los cuadros más avezados, corruptos y deleznables posibles, tanto que fueran capaces de hacer frente a cualquier crisis de poder que se pudiera presentar en el decurso del tiempo.
Así que primero tomó para sí el primer cuatrienio político mediante un mecanismo de robo electoral que fuese perfecto y sin ninguna posibilidad de falla siquiera mínima incontrolable.
De este modo arrebató tramposamente las elecciones a Xiomara Castro, del Partido Libre, candidata presidencial para el período 2013-2017, sin el menor rasgo de pudor que pudiera mostrar alguna debilidad de su carácter tiránico.
Y para ello desfalcó más siete mil millones de lempiras al seguro social hondureño, a fin de repartir el naipe de la compra venta de todo aquello sujeto al precio de los dirigentes bipartidistas en cada uno de los cargos donde habían sido colocados en el ajedrez infernal que el asesino presidente de mente perturbada asentaba en los puestos claves para el sustento de la dictadura.
Y así durante su primer mandato configuró un equipo de saqueo, estafa, chantaje, usurpación, fraude y demás otros concomitantes, organizando un tejido dictatorial sin precedentes a lo mejor en Centroamérica.
Con el fin de que su dictadura cívico militar se sostuviera debió servir de títere al imperio, para complacerlo a nivel regional, continental y mundial.
Entre tanto, haciendo la parodia de un combate el narco tráfico se alió a Washington de la manera más abyecta posible. Y de paso se deshizo de los carteles que le hacían la competencia en el mercado nacional, entregando a Estados Unidos lo que en Honduras se denomina pirrachas narcóticas con el fin de convertirse en el padrino territorial de la droga hondureña y el crimen organizado.
Así transcurrió el cuatrienio de su gubernatura, y entonces se preparó para el siguiente período presidencial, y configuró su equipo de corrupción electoral en el Tribunal Supremo atingente, montó una coyuntura de partidos inventados para lograr mayoría absoluta en esa instancia. Y la Oposición Política contra la Dictadura (OPCD) organizada al efecto con la participación de Libre, Pinu y lo que quedaba del Pac, pusieron a Salvador Nasralla de candidato presidencial a fin de vencer el fraude que se avecinaba.
Pero, había una carta mágica bajo la manga, la encargada de negocios norteamericana, tal como había practicado ya iguales acciones fraudulentas, se apersonó a través de Heide Fulton, en las oficinas del TSE para corroborar que las elecciones para el período 2018-2022 favorecieran específicamente a Juan Orlando Hernández arrebatando nuevamente el contundente triunfo de Salvador Nasralla de la Oposición Política contra la Dictadura.
La reacción del pueblo ante este fraude escandalosos se fue a las calles durante casi tres meses del año 2017-18, habiendo sido reprimido de manera brutal hasta dejar 40 asesinados por las fuerzas del orden enviadas a reprimir por el presidente fraudulento que ocupa la silla presidencial.
El país durante estos nueve años ha sufrido las más calamitosas deficiencias económicas, de tal manera que en este momento ocupa el primer lugar en pobreza, miseria y de abandono social sin precedentes. Se han vendido las empresas públicas de los servicios básicos, se han destruido todas las institucionalidades que la Constitución ordena.
Bajo el puente corre el río de la historia durante nueve años de brutal agresión contra el pueblo, devaluando la moneda, elevando los precios de los derivados del petróleo a cifras sin parangón, alzando la canasta básica en porcentajes aumentativos muy fuertes, y prosiguiendo en el ámbito de corrupción desmedida saqueando las arcas nacionales de manera hiperbólica.
Realmente es desastroso el panorama nacional de la economía, la salud, la educación, el transporte, la vivienda y sobre toda la superestructura financiera nacional.
Loas nueve años de asesinato de la democracia hondureña no pueden ser menos que fatales, menos que crueles, y menos que tiránicos. Empero, el pueblo sigue su lucha en todos los terrenos sobre los cuales se construye una ciudadanía beligerante, valiente y determinada.
Pronto habrá un estallido social incontenible, sólo es cuestión de espera y acción. Habrá una chispa que será la explosión de la bomba de tiempo que el bipartidismo, el poder fáctico mediático y las fuerzas armadas han ido alimentando poco a poco.
El día de la resurrección social vendrá. Y allí estaremos apoyando lo necesario, los intelectuales comprometidos con el país y su futuro democrático socialista.
Han corrido nueve años largos, tediosos y crueles. La camarilla inicial que lanzó el primer grupo de saqueadores encabezados por Roberto Micheletti, le dio paso a otra camarilla más agresiva y narco política.
Había puesto a Porfirio Lobo Sosa en los cuatro años subsiguientes (2009-2013), tiempo en el cual se establecieron las bases concretas de una relación política con el narco tráfico y los escuadrones de la muerte encabezados por las Fuerzas Armadas, con el fin de disuadir al pueblo que volcado en las calles protestaba por el Golpe de Estado que había sido planificado y ejecutado por la Embajada Norteamericana en Honduras, como cabeza de playa de un programa de desestabilización y derrocamiento de los presidentes de la democracia participativa que habían logrado ascender al poder mediante los votos electorales correspondientes.
La camarilla mafiosa de Porfirio Lobo Sosa pronto, desde las entrañas mismas de su gobierno, había preparado a un personaje oscuro y ambicioso, cruel y narco político, para que asaltara las estructuras del poder general de la nación en las ramas legislativa, judicial y ejecutiva.
El megalómano enfermizo sucedió en el mando político junto con su pacotilla de saqueadores inmorales como el que más, el dictador Juan Orlando Hernández, poseedor de una habilidad para detentar el poder omnímodo de la nación, usó al ejército como su punta de lanza y luego fue acomodando las leyes desde el Congreso Nacional con el fin de montar una estructura dictatorial en la cual ninguna hoja de los árboles del bosque podría moverse si no fuese con sus consentimiento.
Así que emitió leyes de manera abrupta e ilegal, sustituyó magistrados y nombró nueva Corte de Suprema de Justicia que obedeciera ciegamente a sus dictados tiránicos. Armó todas las estructuras administrativas que están ligadas a las decisiones políticas fundamentales para ejercer una dictadura con proyecciones temporales de hasta cincuenta años como lo ha proclamado repetidamente en los espacios mediáticos correspondientes.
De este modo también asaltó al Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional, poniendo en la cabeza de cada una de estas instituciones a los cuadros más avezados, corruptos y deleznables posibles, tanto que fueran capaces de hacer frente a cualquier crisis de poder que se pudiera presentar en el decurso del tiempo.
Así que primero tomó para sí el primer cuatrienio político mediante un mecanismo de robo electoral que fuese perfecto y sin ninguna posibilidad de falla siquiera mínima incontrolable.
De este modo arrebató tramposamente las elecciones a Xiomara Castro, del Partido Libre, candidata presidencial para el período 2013-2017, sin el menor rasgo de pudor que pudiera mostrar alguna debilidad de su carácter tiránico.
Y para ello desfalcó más siete mil millones de lempiras al seguro social hondureño, a fin de repartir el naipe de la compra venta de todo aquello sujeto al precio de los dirigentes bipartidistas en cada uno de los cargos donde habían sido colocados en el ajedrez infernal que el asesino presidente de mente perturbada asentaba en los puestos claves para el sustento de la dictadura.
Y así durante su primer mandato configuró un equipo de saqueo, estafa, chantaje, usurpación, fraude y demás otros concomitantes, organizando un tejido dictatorial sin precedentes a lo mejor en Centroamérica.
Con el fin de que su dictadura cívico militar se sostuviera debió servir de títere al imperio, para complacerlo a nivel regional, continental y mundial.
Entre tanto, haciendo la parodia de un combate el narco tráfico se alió a Washington de la manera más abyecta posible. Y de paso se deshizo de los carteles que le hacían la competencia en el mercado nacional, entregando a Estados Unidos lo que en Honduras se denomina pirrachas narcóticas con el fin de convertirse en el padrino territorial de la droga hondureña y el crimen organizado.
Así transcurrió el cuatrienio de su gubernatura, y entonces se preparó para el siguiente período presidencial, y configuró su equipo de corrupción electoral en el Tribunal Supremo atingente, montó una coyuntura de partidos inventados para lograr mayoría absoluta en esa instancia. Y la Oposición Política contra la Dictadura (OPCD) organizada al efecto con la participación de Libre, Pinu y lo que quedaba del Pac, pusieron a Salvador Nasralla de candidato presidencial a fin de vencer el fraude que se avecinaba.
Pero, había una carta mágica bajo la manga, la encargada de negocios norteamericana, tal como había practicado ya iguales acciones fraudulentas, se apersonó a través de Heide Fulton, en las oficinas del TSE para corroborar que las elecciones para el período 2018-2022 favorecieran específicamente a Juan Orlando Hernández arrebatando nuevamente el contundente triunfo de Salvador Nasralla de la Oposición Política contra la Dictadura.
La reacción del pueblo ante este fraude escandalosos se fue a las calles durante casi tres meses del año 2017-18, habiendo sido reprimido de manera brutal hasta dejar 40 asesinados por las fuerzas del orden enviadas a reprimir por el presidente fraudulento que ocupa la silla presidencial.
El país durante estos nueve años ha sufrido las más calamitosas deficiencias económicas, de tal manera que en este momento ocupa el primer lugar en pobreza, miseria y de abandono social sin precedentes. Se han vendido las empresas públicas de los servicios básicos, se han destruido todas las institucionalidades que la Constitución ordena.
Bajo el puente corre el río de la historia durante nueve años de brutal agresión contra el pueblo, devaluando la moneda, elevando los precios de los derivados del petróleo a cifras sin parangón, alzando la canasta básica en porcentajes aumentativos muy fuertes, y prosiguiendo en el ámbito de corrupción desmedida saqueando las arcas nacionales de manera hiperbólica.
Realmente es desastroso el panorama nacional de la economía, la salud, la educación, el transporte, la vivienda y sobre toda la superestructura financiera nacional.
Loas nueve años de asesinato de la democracia hondureña no pueden ser menos que fatales, menos que crueles, y menos que tiránicos. Empero, el pueblo sigue su lucha en todos los terrenos sobre los cuales se construye una ciudadanía beligerante, valiente y determinada.
Pronto habrá un estallido social incontenible, sólo es cuestión de espera y acción. Habrá una chispa que será la explosión de la bomba de tiempo que el bipartidismo, el poder fáctico mediático y las fuerzas armadas han ido alimentando poco a poco.
El día de la resurrección social vendrá. Y allí estaremos apoyando lo necesario, los intelectuales comprometidos con el país y su futuro democrático socialista.
Honduras, Golpe cívico-militar: nueve años después
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 29 junio, 2018
La estructura de poder que dio el golpe sigue intacta
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El 28 de junio de 2009, Honduras sufrió
una agresión en su orden constitucional que se ha profundizado en el
transcurso de estos años. Bertha Oliva, coordinadora del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con quien
nos une un largo camino de labores y resistencia, recuerda aquel día y
analiza la situación del país nueve años después de aquel funesto día.
A pocas horas de llevarse a cabo una
consulta popular no vinculante, para sondear el interés de la población
en ser consultada sobre la necesidad o no de realizar reformas
constitucionales, decenas de militares irrumpían disparando en la casa
del entonces presidente Manuel Zelaya.
El mandatario fue capturado, obligado a subirse a un avión militar y desterrado a Costa Rica.
Aquella madrugada marcó un parteaguas en la historia reciente de Honduras.
El primer golpe del nuevo siglo,
orquestado por los grupos fácticos nacionales con el apoyo de las
fuerzas armadas y el beneplácito de Washington, derrumbaron la
institucionalidad del país.
Nueve años después, Honduras sigue
sumisa en una profunda crisis política, económica, social e
institucional que está muy lejos de resolverse.
-¿Cuáles son tus recuerdos de aquel día?
-El golpe cívico-militar marcó mi vida y la del pueblo hondureño. Para mí es imposible olvidar la escalada que vivimos en los días previos a la ruptura del orden constitucional.
-El golpe cívico-militar marcó mi vida y la del pueblo hondureño. Para mí es imposible olvidar la escalada que vivimos en los días previos a la ruptura del orden constitucional.
Percibíamos que el enfrentamiento
desigual entre instituciones podía conducir a algo que nos haría
retroceder varias décadas. El día 27 de junio el ambiente estaba
saturado de tensión.
Zelaya destituyó al jefe de las fuerzas
armadas y el ministro de Defensa había renunciado. Además, acompañado
por el pueblo, rescató de la base de la Fuerza Aérea el material de la
consulta popular (Cuarta Urna).
Las organizaciones sociales estábamos alerta, acompañando el proceso y defendiendo el derecho del pueblo a expresarse.
Esa noche me fui a acostar con una gran inquietud.
-¿Cuándo te diste cuenta de lo que había pasado?
-Me desperté temprano y encendí la radio. Escuché voces acaloradas y disparos. Me dije: “¡Hay golpe!”. Mi familia trató de calmarme, pero sabía que mi deber era estar en las calles.
-¿Cuándo te diste cuenta de lo que había pasado?
-Me desperté temprano y encendí la radio. Escuché voces acaloradas y disparos. Me dije: “¡Hay golpe!”. Mi familia trató de calmarme, pero sabía que mi deber era estar en las calles.
Comencé a recibir llamadas. La primera
fue de Carlos H. Reyes (miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de
la UITA y presidente del Stibys).
Junto a mi hijo y a mi hija nos movilizamos hacia la sede de Cofadeh y luego a Casa Presidencial.
La gente estaba conmocionada. No había electricidad. Nadie conocía el paradero del presidente Zelaya.
La casi totalidad de los medios había
comenzado a levantar un cerco mediático para ocultar la verdad y
confundir a la opinión pública nacional e internacional.
Con varios compañeros y compañeras
decidimos reunirnos en las inmediaciones de Casa Presidencial para
elaborar un primer comunicado. Ya había mucha gente. Fue ahí que nació
el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que luego se convertiría
en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Este movimiento espontáneo aglutinó a un
sinnúmero de organizaciones sociales, populares, políticas, sindicales.
Una experiencia increíble que luego desembocaría en la conformación del
Partido Libertad y Refundación (Libre).
A partir del día 29 de junio comenzó la
represión brutal contra quienes nos oponíamos al golpe. Una represión
que, lejos de bajar de intensidad, se ha profundizado y diversificado
durante estos 9 años.
A pesar de tanta violencia, represión y
muerte, el movimiento social no ha dejado un solo instante de exigir la
devolución del orden constitucional.
Nueve años después
No hay democracia
No hay democracia
-Honduras sigue sin recuperar su institucionalidad democrática…
-Lamentablemente estamos muy lejos de volver a la normalidad. Nadie cree en las instituciones.
-Lamentablemente estamos muy lejos de volver a la normalidad. Nadie cree en las instituciones.
El golpe lo dieron los grupos fácticos y las élites oligárquicas que controlan la política y la economía del país.
El objetivo era detener la apertura de
Honduras hacia gobiernos y movimientos progresistas del continente
latinoamericano, y llegar a tener el control absoluto del país, sus
instituciones y bienes comunes.
Lo que vemos hoy es la continuación del
golpe del 2009, donde la élite nacional, el capital transnacional y la
política corrupta llevan adelante el mismo proyecto acaparador y
saqueador, que tiene la institucionalidad por el suelo.
Para lograr sus objetivos, esta
estructura de poder se vale de la imposición de un modelo neoliberal
extractivista, la criminalización y judicialización de la protesta, el
uso y abuso del poder mediático, la impunidad, la militarización de los
territorios y el populismo para debilitar la protesta.
-¿Cómo se revierte esta situación?
-Hay que reconstruir el país a través de la organización del pueblo hondureño, de cara a la exigencia de restituir los derechos perdidos.
-¿Cómo se revierte esta situación?
-Hay que reconstruir el país a través de la organización del pueblo hondureño, de cara a la exigencia de restituir los derechos perdidos.
El mejor libro se escribe en la calle, con la experiencia y la sabiduría del pueblo.
Un ejemplo es el trabajo que estamos
desarrollando con la Convergencia contra el Continuismo. También hay
otros espacios que están enfocados en ese objetivo.
Hoy, más que nunca, es necesario reencontrarnos, reorganizarnos y volver a las calles.
Fuente: Rel-UITA
Geotérmica activa las alarmas ambientales en el Valle de Siria
Cedros, Francisco Morazán.- La pretensión del Proyecto Geotérmico 12 Tribus San Ignacio, subsidiaria del gigante Ormat Technologies Inc, de instalar una planta para convertir las aguas termales en energía eléctrica, en el municipio de San Ignacio, ha activado las alarmas por los daños que pueda ocasionar dicho proyecto a la salud, a las fuentes de agua y a la biodiversidad en el Valle de Siria.
Así lo han expresado líderes y lideresas comunitarias de los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, en reuniones convocadas por el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS).
El Proyecto Geotérmico 12 Tribus San Ignacio, propone generar 20 MW que abastecerá el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en la subestación Guaymaca, circuito L-378; y se compromete a que la totalidad de la energía se venda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con un tiempo de vida de 50 años, con promesas de renovación.
Como ha informado www.defensoresenlinea.com en otros reportajes relacionados al medio ambiente, la gran apertura para el otorgamiento de concesiones para explotar los recursos renovables del país, se suscitó como parte de una maniobra de los grupos económicos y políticos, que perpetraron el golpe de estado de 2009.
La maniobra “golpista” contempló el cambio de la matriz energética de Honduras para favorecer a políticos ligados al régimen, a empresarios que controlan compañías térmicas pero que ahora también operan proyectos hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos, y también para vender el país a pedazos a compañías transnacionales.
Cerca de 15 años después de que la industria extractiva pusiera sus ojos sobre los recursos naturales del Valle de Siria, nuevamente un proyecto Geotérmico denominado 12 tribus S.A. de C.V. pretende instalarse en esta región
Acerca del gigante geotérmico, en su página de internet www.ormat.com Ormat Technologies Inc, informa que la cartera de generación actual de Ormat se distribuye globalmente en Estados Unidos, Guatemala, Guadalupe, Honduras, Indonesia y Kenia.
La empresa 12 Tribus adquirió la concesión para los próximos 50 años, para explotar las aguas termales que en la zona de la aldea de San José de Palo Ralo en el municipio de San Ignacio, alcanzan una temperatura de 95 grados centígrados a nivel de la superficie.
Los ambientalistas piensan que este lugar (el parque de aguas termales), sería el sitio más codiciado por Ormat Technologies Inc, para realizar perforaciones bajo tierra que alcanzarían los 5 mil metros, para de esta forma aprovechar el gran potencial de calor generado por las aguas subterráneas, que a mayor profundidad, reportarán mayor ascenso en grados centígrados, respecto a las mediciones en la superficie.
Pero ¿cómo funciona una planta de energía geotérmica? La respuesta es la siguiente: El fluido se extrae de un depósito subterráneo y fluye desde la boca del pozo a través de tuberías hasta intercambiadores de calor en el convertidor de energía Ormat (OEC).
Hay otros lugares identificados para la instalación de plantas geotérmicas en Honduras, para el caso se habla de Sambo Creek, en la zona atlántica, otro en Pavana, en la zona sur, así como en la Isla de El Tigre, en el municipio de Amapala, departamento de Valle.
De los sitios proyectados, uno ya fue inaugurado por el presidente del actual régimen, Juan Orlando Hernández, el 30 de abril de este año. Hernández inauguró la Geotérmica Platanares que generará 35 MW (megawatts). La planta opera desde 2017 en el municipio La Unión, departamento de Copán.
En la ceremonia de inauguración participó el vicepresidente de Política de Inversión de la Corporación de Inversión Privada en los Estados Unidos (OPIC), Ryan Brennan. El proyecto cuenta con el apoyo de $ 135 millones de financiamiento de OPIC, la institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos y desarrollado por Renat, Ormat Technologies, Inc., con sede en Nevada. Es el primer proyecto geotérmico a escala de servicios públicos en Honduras.
El acto inaugural contó con una fuerte asistencia de funcionarios gubernamentales hondureños y estadounidenses, dignatarios locales, ejecutivos de Ormat y líderes empresariales y comunitarios.
El Valle de Siria está ubicado entre los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio, a unos 130 kilómetros de Tegucigalpa y según un Estudio de Impacto Ambiental, el denominado “proyecto de muerte” afectará directamente estas localidades.
Una nueva amenaza ambiental se cierne sobre el valle de siria
El 15 de mayo de 2018, el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), ofreció una conferencia de prensa en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para dar a conocer sobre la nueva amenaza ambiental que se cierne en el valle.
En la conferencia de prensa los ambientalistas fueron acompañados por la directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), Clarisa Vega quien anunció que ya se han realizado acciones legales para frenar dicho proyecto.
Desde el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) se presentó una acción de solicitud de nulidad de la acción administrativa, por la concesión minera y una oposición a la licencia ambiental del proyecto 12 Tribus, que el grupo ORMAT está llevando a cabo en el Valle de Siria.
Clarisa Vega expresó en aquella oportunidad, que con estas acciones se espera una reacción de la administración pública acerca de que tenemos la razón de no admitir un nuevo proyecto grosero, brutal, de explotación enorme de nuestros recursos naturales, usando las fuentes termales del Valle de Siria y el ya contaminado Río Playa, martirizado junto a la población que se abastece de este.
El recurso agua es el bien mayor protegido por las comunidades. La defensora de derechos humanos Olga Velásquez expresó que “yo he recorrido toda la zona del Valle de Siria, y antes de la empresa minera había 24 fuentes de aguas naturales, de las cuales solo quedaron 3 con aguas superficiales”.
Ahora hay solo en tiempos lluviosos. Si esta empresa llegara a instalarse en el Valle de Siria, yo creo que el agua se perdería definitivamente, porque las 3 quebradas que abastecen el valle de Siria y que son los afluentes del Río Playa que es el que corre todo el valle; son las que vienen y salen de los hervideros o pozos térmicos que están en San Ignacio, advirtió la defensora de derechos humanos.
El Estudio de Impacto Ambiental presenta deficiencias y falta de información vital
El Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) expuso que en los años de lucha se ha comprobado que estas empresas transnacionales vienen a burlarse de las comunidades, aduciendo que traen desarrollo y el verdadero desarrollo es para ellos y no para las comunidades.
Señalaron que con la construcción de este proyecto se estarían perdiendo los mantos acuíferos, donde la mayor parte de las comunidades se abastecen de agua de pozo perforado y fuentes naturales, las cuales serían fuertemente contaminadas.
El Proyecto Geotérmico 12 Tribus San Ignacio, no cuenta con suficiente información de base, ni una evaluación rigurosa con descripción pormenorizada de la medidas de control de emisiones. Tampoco contiene información completa del ambiente biológico, de acuerdo con el análisis practicado al estudio de impacto ambiental.
El estudio señala que el proyecto consumirá unos mil 500 galones de diesel al día (página 23), para la maquinaria que se empleará, la cual generará emisiones contaminantes. La combustión de diesel produce una mezcla compleja de gases y material particulado que puede afectar severamente la salud pública.
Estudios han demostrado que la exposición continua a estas emisiones puede causar cáncer así como daños pulmonares, se exacerban las alergias existentes y los síntomas de asma.
Pedro Rodolfo Arteaga, vive en la comunidad San José de Palo Ralo, en San Ignacio, cercano al municipio de El Porvenir. Arteaga es miembro del CAVS y tiene un terreno donde cría ganado, siembra hortalizas y árboles frutales.
Su propiedad está muy cerca de las aguas termales, y su mayor temor es que la geotérmica sea ubicada en este lugar, porque bienes se verán amenazados.
Consultado sobre los hallazgos encontrados en el estudio de impacto ambiental presentado por Ormat Technologies Inc, al gobierno, el ambientalista reveló que “la comunidad de San Miguel de Barrosa y la aldea San José de Palo Ralo serán las más perjudicadas, cercanas al casco urbano de San Ignacio y próximo a la fuente termal, porque en medio de esas aldeas, será instalada la planta geotérmica y las perforaciones serán al entorno de la fuente termal.
“Estas perforaciones podrían ser de 3 mil, 4 mil o 5 mil metros de profundidad, según sea la cantidad de temperatura que presenten los valores en las perforaciones para mover 20 megas de energía que le venderá la empresa a la ENEE”, sostuvo Arteaga.
“El estudio de impacto ambiental habla que el daño comienza desde la etapa de perforación, los daños vienen por contaminación de ácido clorhídrico, pre-óxido, soda cáustica y otros químicos que irán mezclados para poder mover lo que es tubería dentro de la tierra, relató.“…las comunidades serán afectadas por contaminación de pozos para consumo humano y también va a ir bajando el nivel de agua superficial y subterráneo en la zona y puede haber una escasez de agua profunda…” Pedro Rodolfo Arteaga.
Añadió que los agentes químicos utilizados en la etapa de perforación de pozos, producirán un efecto negativo en las aguas de consumo humano, de consumo doméstico para ganadería y para las aves silvestres, porque todo eso lo contamina.
El Comité Ambientalista del Valle de Siria consciente del peligro que se avecina, visitó junto a un grupo de líderes y lideresas comunitarias, una región del departamento de Usulután, en la República de El Salvador, que está siendo afectada por una empresa geotérmica.
El presidente del CAVS, Roger Escober comentó a www.defensoresenlinea.com que “no quisiéramos pasar lo que está pasando en Berlín, Alegría y Mercedes Umaña en el departamento de Usulután, El Salvador, que ya es un proyecto que está funcionando hace 20 años, sin mayores beneficios para las comunidades”.
Escober dijo que las comunidades salvadoreñas expuestas a la planta geotérmica, experimentan la contaminación de las aguas, por la cadena de perforación de pozos para la extracción de esta energía.
Esas perforaciones afectan las venas de las aguas subterráneas que alimentan los pozos de uso humano y animal, sostuvo el ambientalista.
En la fase inicial del proyecto el accionar de las máquinas producirá contaminación sónica arriba de los niveles soportables por el oído humano, y se desencadenarán temblores de tierra, que afectarán las casas de los habitantes.
“Igual hay un sistema de vapor que queda, que es liberado por chimeneas que están operando día y noche, produciendo enormes ruidos que sobrepasan la cantidad de decibeles por encima de la norma y recordemos que nuestras comunidades están muy cerca de donde se pretende instalar el proyecto”, dijo el defensor de derechos humanos.
“La tuberías superficiales atraviesan labranzas y cultivos, y tienen que cortar todos los árboles que están en su entorno para que no vayan a caer sobre esta tubería porque eso sería una catástrofe más, Así que viene deforestación y el estado a estos proyectos les da sin medida todo lo que está en su entorno, agua, piedra, arena, grava, bosque que requieran, a través de la concesión”, explicó el presidente del CAVS.
Escober agregó que “las aguas subterráneas son afectadas, son intervenidas con los nuevos pozos que ellos perforan, cadenas de hasta 30 pozos, entonces con tuberías que van desde 25 pulgadas de grosor, donde una cantidad exagerada de agua es extraída por segundos y minutos, que es lo que requieren ellos para este proceso, y es una cosa que nos preocupa”.
Amenazas, intimidaciones y seguimientos se han suscitado en contra de la integridad física y emocional de varios de los miembros del CAVS, especialmente contra los rostros más visibles como Roger Escober, Carlos Amador, Pedro Rodolfo Arteaga y Olga Velásquez.“…La tuberías superficiales atraviesan labranzas y cultivos, y tienen que cortar todos los árboles que están en su entorno para que no vayan a caer sobre esta tubería porque eso sería una catástrofe más, así que viene deforestación…” Roger Escober presidente del CAVS
El comunicador social y secretario de relaciones nacionales e internacionales del CAVS, Carlos Amador, dijo que “ante esta situación estamos investigando quiénes están detrás de este proceso de haberle dado la concesión a este señor Herman Hernán Richel, la concesión fue dada cuando fue ministro de la SERNA, Rigoberto Cuéllar, ex fiscal general adjunto”.
Este señor es el modus vivendi, hace un proyecto, hace sus estudios de factibilidad y se lo da a otra empresa, en este sentido el señor Richel se lo está pasando a la empresa Ormat Technologies Inc con sede en Reno, Nevada, Estados Unidos, comentó Amador.
El comunicador social expuso que 12 Tribus es el nombre genérico del proyecto, pero que los ejecutivos andan comprado conciencias en las comunidades, andan comprando líderes comunitarios, presidentes de juntas de agua, es el mismo patrón, como cuando vino Entremares.
“Estuvimos en mayo en Alegría y Berlin en Usulután y lo que nos encontramos es que las comunidades tienen problemas ambientales enormes, se ha perdido la producción, el derecho a la propiedad también se ha perdido, hay lluvias ácidas, ha habido muertos por problemas renales, hay un desastre ambiental a las comunidades terrible”, aseguró.
Amador señaló que a raíz de las denuncias, “he recibido amenazas por parte de German Hernán Richel, por mi trabajo como comunicador social y además un trabajo que hago por la vida en el Valle de Siria”.
Explicó que las intimidaciones en su contra le llegan vía teléfono a través de WhatsApp y llamadas.
Los mensajes son de intimidación, donde expresa que lo que pretende este señor es callarme, para que el tema se vaya al baúl y que las comunidades no se den cuenta de nada y que todo está terminado.
Una vez instaladas las turbinas, arrojaran mucha acidez y alteraciones en el aire, con malos olores, que provocarán dolores de cabeza, vómitos, problemas cancerígenos en riñones y pulmones, todo eso el estudio lo dice. Tenemos observaciones que todo eso vendrá a causar un problema gravísimo ambiental y en el área de salud y de todo tipo, advirtió Pedro Rodolfo Arteaga
Y añadió que “no podemos permitir eso directamente, tenemos que hacer una labor de incidencia, de consciencia en nuestros pueblos y comunidades y a nivel nacional, porque no solo el valle está amenazado con proyectos mineros, geotérmicos, eólicos y otros proyectos solares”.
Las leyes que incluyen la concesión de los recursos naturales de la nación, han tenido el efecto de crear conflictos sociales y ambientales en las comunidades y han impactado en las finanzas públicas del Estado, por los grandes incentivos y exenciones.
Expertos afirman que con toda la estructura energética del pasado, Honduras tienen la capacidad de cubrir su demanda, y que no es urgente sacrificar los recursos.
Comité Ambientalista evalúa situación en Valle de Siria
Cedros, Francisco Morazán.- El Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) sostuvo el martes 3 de julio, una asamblea para informar sobre las actividades realizadas, las acciones de incidencia y las estrategias a seguir frente a las amenazas ambientales que se presentan en el valle de Siria.
A la asamblea asistieron representantes de las comunidades de Pueblo Nuevo, Palo Ralo, Guayabillas, Suyatal, El Pedernal, Los Portillos, El Terrero y Siria, procedentes de los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio.
La contaminación del Rio Playa, extracciones mineras y la pretensión de instalar un proyecto geotérmico, que afectaría los municipios de San Ignacio, El Porvenir y Cedros, fueron los temas abordados.
Delmys Hernández de la comunidad Los Portillos, municipio de Cedros, informó que desde hace algún tiempo se pretende instalar una empresa minera en su zona.
Y que actualmente personas desconocidas están extrayendo en forma artesanal, minerales en la comunidad Las Champas. El material que extraen es “barita”.
“El 27 de junio se escuchó una gran explosión, la cual la gente se alarmó”, dijo Hernández.
Pobladores de la Montañita, Los Portillos, Las Ánimas y Cedros incluso, se alarmaron porque las casas temblaron, aseguró la ambientalista.
La gran explosión supone que se ha utilizado dinamita en la zona, explosivo de alto poder que manipulan personas libremente sin que las autoridades municipales y policiales, realicen algún tipo de control.
La barita se utiliza para fabricar plástico, así como veneno para matar roedores y como un aditivo para la fabricación de pinturas.
Las vertientes de agua nacen en las zonas altas de Cedros y la explotación minera pone en peligro dichas fuentes que utilizan las comunidades.
Por otro lado, El Suyatal también enfrenta la amenaza de las concesiones de la minería no metálica.
Estas concesiones ponen en peligro las fuentes de agua y los cultivos de café en este lugar, que se localiza en una zona alta, denunció Leopoldo Raudales.
La Junta de Agua de la comunidad está denunciando esta situación al igual que las pretensiones de la corporación, de municipalizar el servicio de agua potable, sostuvo Raudales.
Mientras tanto, Carlos Rafael Rodas Cerrato de la aldea El Terrero, El Porvenir, Francisco Morazán expuso a www.defensoresenlinea.com que una de las amenazas es la explotación del río Playa, a través de las concesiones “no metálicas” que realizan particulares en la zona.
“Ahí ya no nacen los árboles, porque los sacan a flor de piel y los botan para extraer la arena”, denunció Rodas Cerrato.
Entonces el caudal del río ha disminuido, porque antes, incluso en verano; el río tenía agua, pero ahora por muchos kilómetros se seca, y no tenemos agua.
“Eso trae la muerte de todo ser vivo dentro del agua y al mismo tiempo el ganado se muere por falta de agua, así que el impacto ambiental es tremendo”, comentó.
El Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) informó que el 17, 18 y 19 de julio de este año, se realizará un congreso minero en Honduras, que supone la entrega de nuevos territorios para la explotación minera en otras regiones del país, donde inversionistas nacionales y extranjeros, son los que obtienen ganancias millonarias a costa de los recursos naturales de los pueblos.
La mayor preocupación del CAVS es el proyecto geotérmico San Ignacio que estaría desarrollando la empresa denominada 12 Tribus, de capital israelí, que al parecer es subsidiaria de Ormat Technology Inc, con sede en Nevada, Estados Unidos.
Las aguas termales de San Ignacio, que alcanzan una temperatura de 95 grados centígrados, son el punto estratégico que ha visualizado la empresa 12 Tribus para desarrollar una planta geotérmica.
Al enterarse de la pretensión de dicho proyecto, el comité está realizando una serie de acciones de incidencia en diversas instancias; para evitar a toda costa la instalación de dicho proyecto, porque aseguran, que los daños a la salud de los habitantes, y la biodiversidad son inminentes.
El Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) no está dispuesto a que se privaticen los cráteres de las aguas termales en San Ignacio que son patrimonio del pueblo y reiteró su oposición al proyecto geotérmico, porque dicen que no volverán a experimentar una pesadilla como las que les dejó, la explotación minera a cielo abierto, que ejecutó la empresa Entremares.
Pérdidas millonarias causaría desalojo a campesinos en Quimistan, Santa Barbará
Tegucigalpa.- La Empresa Campesina Nuevos Horizontes de Quimistán, Santa Bárbara, denunció de estar siendo víctimas de desalojos violentos por parte de un terrateniente, lo que les dejaría millonarias pérdidas económicas al ser destruidos los cultivos que cosechan para la manutención familiar.
La denuncia la formuló ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH, José Ramón Vásquez, secretario de educación en el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), e integrante de la empresa campesina Nuevos Horizonte.
La empresa campesina tiene más de 18 años de estar constituida y de estar trabajado el predio de donde pretenden desalojarlos; lapso en el que han sido víctimas de al menos cuatro desalojos violentos.
Asimismo contó que no solo existen los desalojos, sino que también hay criminalizados por defender un pedazo de tierra, que cultivan desde hace 18 años.
“Actualmente el compañero Santos Aguilar Perdomo se encuentra procesado y también fue víctima de un atentado, recibió un impacto de bala en la mejilla el que le dejó impedida su cara y graves secuelas sicológicas y emocionales”, sostuvo José ramón Vásquez.
La Empresa Campesina Nuevos Horizontes tiene 18 años de estar en ocupación de las tierras y durante este tiempo, “el Instituto Nacional Agrario (INA) no ha legalizado nuestras tierras”, agregó el dirigente campesino.
Vásquez asegura que al efectuarse los desalojos las pérdidas de la empresa campesina serían millonarias por los cultivos estables que tienen en la zona.
“Si solo en Nuevos Horizontes se diera un desalojo conforme lo han hecho las autoridades o los terratenientes, nuestras pérdidas ascenderían a los 15 millones de lempiras, dado a que tenemos cultivos estables de palma aceitera”, sostuvo Vásquez.
Indicó a defensoresenlinea.com que todos los desalojos han sido ilegales, hasta el punto actual que los supuestos dueños no han podido probar que son los legítimos propietarios de las tierra.
Los desalojos han sido ejecutados con jueces, policías, militares y en algunos casos con sicarios, denunció el dirigente campesino.
Además de los desalojos, sostiene Vásquez, “recientemente asesinaron a un compañero campesino de apellido Guerra, hijo de una socio; fue asesinado en nuestra base campesina y esto para nosotros es preocupante, porque han el asesinato ha quedado en la impunidad”.
De efectuarse el desalojo los campesinos que por 18 años han trabajado la tierra y que están constituidos en la empresa Nuevos Horizontes, conformada por 23 familias, quedarían sin un lugar donde vivir, sin tierra para sembrar, además perderían los cultivos que ya tienen y les generaría millonarias pérdidas.
Del predio del que quieren desalojar a los campesinos se benefician las empresas campesinas Nuevos Horizontes, 15 de septiembre, la Copascol y otra que no tiene personería jurídica que está en ocupación de la tierra que se llama Mi Esperanza.
Los terrenos se ubican entre Naco, Cortés y el valle de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara.
Las primeras generaciones de mujeres maquileras ya no tienen
oportunidad de empleo en ninguna empresa, no solo porque ya pasaron de
los 40 años, también porque quedaron con su salud seriamente dañada
producto de las intensas y extensivas jornadas de trabajo a las que se
sometieron y que siguen aplicándose a las nuevas empleadas, muchas de
ellas, hijas de ex obreras.
Para el año 2018, la maquila reporta 150 mil empleados, la mayoría
mujeres. Sin embargo, es poco probable que siga laborando alguna de las
50 mil jovencitas que ingresaron como operarias hace treinta años. Para
ellas, la alegría de “liberarse económicamente” al ganar su propio
dinero, se convirtió ahora en angustia de la sobrevivencia.
Un breve recorrido en el tiempo y en el escenario de las empresas maquiladoras
La maquila es la industria que más emplea mujeres en Honduras. Se trata de un rubro que se expandió desde hace 30 años, al aprobarse leyes que le otorgaron muchos beneficios y facilidades que no tienen otras empresas nacionales. Las maquilas, que no aportan impuestos, le han heredado al país unas cien mil mujeres enfermas que tienen como única opción buscar asistencia médica en un centro de salud o un hospital público para atender las dolencias, producto de años de trabajo, particularmente en la industria de la confección.
A finales de los años ochenta, miles de mujeres salieron de las casas donde estuvieron relegadas a las actividades domésticas y comenzaron a laborar por un salario. Esto atrajo a las jóvenes de los municipios cercanos a las zonas maquileras que abandonaron sus aldeas y se instalaron en las ciudades del Valle de Sula. La mayoría sigue allí, con sus compañeros de hogar. Otras solas, con sus hijos e hijas, como madres solteras.
Sin embargo, las mujeres y hombres maquileros que han vivido sus vidas en este rubro, heredaron daños severos en sus huesos, músculos, articulaciones, el sistema nervioso, el sistema digestivo, las vías respiratorias, los oídos, la vista, entre otros órganos. Esos problemas de salud son el resultado de realizar movimientos repetitivos en jornadas de ocho y hasta doce horas continuas, o la suma de 66 horas laborales durante la semana, al obligarles a trabajar horas extras.
Salarios para la semana, dolores para toda la vida
Las altas metas impuestas hacen que las mujeres y hombres de la maquila trabajen de forma acelerada, lo que vuelve más dañina la actividad repetitiva. Un ejemplo de lo anterior expuesto: una obrera que labora al cien por ciento tiene que hacer casi 54 mil ruedos de camiseta en un mes; son 650 mil en un año y en 10 años de trabajo esa persona tuvo que hacer por lo menos 6 millones y medio de ruedos, haciendo los mismos movimientos, sentada cada día y en la misma posición.
Las obreras en la maquila ganan por producción; las metas al cien por ciento son altas y agotadoras. Como el pago no ajusta, tienen que producir hasta un 150 por ciento, lo que equivale a jornada y media de trabajo en el mismo horario. Para lograrlo tienen que “ahorrar tiempo”: no hablan con sus compañeras, toman poca agua para evitar ir al baño, no descansan los recesos de 15 minutos establecidos en la mañana y tarde; algunas no almuerzan o lo hacen en la mitad de la media hora concedida. Se trata de avanzar lo que más se pueda para agenciarse un mejor ingreso por semana y mes.
Al hacer el promedio, si una obrera trabajó 10 años y mantuvo su producción al 150 por ciento, eso equivale a que haya laborado 15 años. En lugar de hacer los 6 millones de ruedos de camiseta, llegó a unos 10 millones. Pero ese sobre esfuerzo dejó severos daños a la salud.
Dentro de las fábricas es frecuente escuchar a las mujeres que les duelen los brazos, la espalda, los músculos, el abdomen o la cabeza; pero sus quejas no son escuchadas. Una enfermera o el médico de la empresa no pueden dar incapacidades y el o la trabajadora dispone nada más de analgésicos para calmar los dolores y continuar trabajando. De esa manera, lo que era una pequeña afección se convierte en una enfermedad crónica y una enfermedad común pasa a considerarse como enfermedad profesional. Es decir, causada o más bien agravada por las condiciones laborales.
Mujeres embarazadas, las marginadas de la maquila
Las empresas maquiladoras hacen trabajar a sus empleados en equipos de hasta once personas y las metas colectivas les son pagadas con el trabajo finalizado, aun y cuando cada una hace solo una pequeña parte de la prenda. Cuando una obrera se atrasa con la pieza que le corresponde, las demás le exigen y si no rinde en su producción la discriminan y hasta la expulsan de la célula de trabajo. Eso ocurre con las mujeres enfermas o las que están embarazadas. En ambos casos la mujer no puede laborar al ritmo de las demás. Baja su producción y eso provoca acoso por parte de sus compañeras y compañeros.
Un estudio realizado por la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH), en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de la ciudad de México establece que las presiones, reclamos, gritos e incluso insultos de los supervisores, sumados al agotamiento e intensidad de las operaciones provocan ansiedad, depresión y excesivo estrés laboral, lo que a su vez les genera trastornos nerviosos que afectan todo su organismo.
El estudio también indica que el ambiente laboral contribuye a la generación de enfermedades profesionales. Se pueden evitar esas enfermedades si se usa protección contra los químicos que desprenden las telas, con una adecuada ventilación que extraiga el tamo y evite el calor y la humedad; con una correcta iluminación y reducción a la exposición del ruido.
Pero definitivamente, explican los médicos expertos en Trastornos Musculoesqueléticos Ocupacionales, la clave para evitar los miles de hombres y mujeres enfermas está en reducir las metas de producción y limitar a ocho horas la jornada de labores. Eso implicaría revisar las faenas intensas como las llamadas 4 por 4, 3 por 2, 3 por 3, que son jornadas de doce horas nocturnas y otras modalidades con las que se exigen ritmos de producción intensivos y sin la debida protección.
La CODEMUH ha organizado a mujeres que han resultado con daños en su
salud y ha logrado que sean evaluadas y reciban un dictamen de parte del
Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS. El dictamen establece
qué enfermedades sufren como consecuencia de su actividad laboral y se
ordena a las empresas que las obreras se reubiquen para evitar que se
agraven los daños, por ser irreversibles.
María Luisa Regalado, Coordinadora general de la CODEMUH, afirma que desde hace veinte años se han formado en el tema, con profesionales que han llegado desde México y que han dirigido investigaciones en este campo.
Regalado dice que han documentado más de 500 casos; cerca de 200 han obtenido un dictamen del IHSS, mientras otros están en proceso. Entre los casos se ha incluido a 50 hombres porque no hay ninguna otra institución que realice este tipo de apoyo para acompañarles en sus reclamos.
Una vez obtenido el dictamen prosigue “la batalla”, pues hay que enfrentarse a la renuencia de las empresas para cumplirlo, al igual que con los inspectores de trabajo quienes con frecuencia se vuelven cómplices en el incumplimiento de la Ley.
La presión es para que los dictámenes tengan efecto entre las más de 20 empresas de donde proceden, sobresaliendo 6: grupo GILDAN, HBI, Hanes Brand, Jasper, Jerzees Nuevo Día, Génesis, Elcatex, RKI, New Holland, Dickie, Delta Apparell y Delta Cortés.
Un dato importante es que la mayoría de personas afectadas deciden renunciar a su trabajo cuando los malestares no las dejan producir. Las empresas, por su parte, las tratan como desahuciadas y les dan su liquidación deshaciéndose de lo que consideran un problema.
“Yo mejor puse mi renuncia y negocié las prestaciones, de todas maneras me iban a despedir porque ya no podía sostener nada con las manos; se me caían las cosas. Y así sigo todavía”, sostuvo una obrera entrevistada, que prefirió el anonimato y que dejó de laborar hace ocho años en la empresa Gildan. Ella no tuvo la oportunidad de ser evaluada por el IHSS, como las mujeres asesoradas por la CODEMUH.
Una vez separadas de las empresas, las obreras pierden el derecho a la atención en el IHSS. Para atender su quebrantada salud solo tienen como opción el sistema de salud público, en el que es difícil conseguir la atención de un especialista, recibir un tratamiento o realizarse una cirugía.
La gran contradicción y la necesidad de generar trabajo digno para las mujeres
Las empresas que están heredando a Honduras miles de personas afectadas en su salud a consecuencia de las condiciones laborales, son las que durante más de treinta años han estado exentas de pagar impuestos al Estado, que podrían ser recursos suficientes para hacer funcionar el sistema de salud pública.
Un contrasentido se delinea en la problemática del sector maquila: el Estado y gobierno no tienen la intención de rectificar y por el contrario, impulsan planes de mayor beneficio para las maquiladoras y aprueban leyes encaminadas a privatizar los ya deficientes servicios de salud estatales.
Para las mujeres y feministas organizadas, es imperativo que el Estado garantice el respeto y cumplimiento de los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras, para tener acceso a un trabajo y salario digno en condiciones de seguridad social y de salud, sin ningún tipo de discriminaciones. Esta premisa es uno de los temas de la agenda que una diversidad de plataformas y organizaciones de mujeres construyeron en el 2017.
La lucha por posicionar la Agenda de mujeres y feministas en los planes de gobierno continúa. En relación con este tema, que es parte del trabajo de incidencia, se pretende lograr la aprobación, en el Congreso Nacional de Honduras, de una Política Publica de Prevención a los Daños de la Salud de las Trabajadoras de la Maquila.
Asimismo, la aprobación de mecanismos de control de vigilancia y aplicación del Código del Trabajo, a las empresas maquiladoras, en relación con las jornadas de trabajo, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
Un breve recorrido en el tiempo y en el escenario de las empresas maquiladoras
La maquila es la industria que más emplea mujeres en Honduras. Se trata de un rubro que se expandió desde hace 30 años, al aprobarse leyes que le otorgaron muchos beneficios y facilidades que no tienen otras empresas nacionales. Las maquilas, que no aportan impuestos, le han heredado al país unas cien mil mujeres enfermas que tienen como única opción buscar asistencia médica en un centro de salud o un hospital público para atender las dolencias, producto de años de trabajo, particularmente en la industria de la confección.
A finales de los años ochenta, miles de mujeres salieron de las casas donde estuvieron relegadas a las actividades domésticas y comenzaron a laborar por un salario. Esto atrajo a las jóvenes de los municipios cercanos a las zonas maquileras que abandonaron sus aldeas y se instalaron en las ciudades del Valle de Sula. La mayoría sigue allí, con sus compañeros de hogar. Otras solas, con sus hijos e hijas, como madres solteras.
Sin embargo, las mujeres y hombres maquileros que han vivido sus vidas en este rubro, heredaron daños severos en sus huesos, músculos, articulaciones, el sistema nervioso, el sistema digestivo, las vías respiratorias, los oídos, la vista, entre otros órganos. Esos problemas de salud son el resultado de realizar movimientos repetitivos en jornadas de ocho y hasta doce horas continuas, o la suma de 66 horas laborales durante la semana, al obligarles a trabajar horas extras.
Salarios para la semana, dolores para toda la vida
Las altas metas impuestas hacen que las mujeres y hombres de la maquila trabajen de forma acelerada, lo que vuelve más dañina la actividad repetitiva. Un ejemplo de lo anterior expuesto: una obrera que labora al cien por ciento tiene que hacer casi 54 mil ruedos de camiseta en un mes; son 650 mil en un año y en 10 años de trabajo esa persona tuvo que hacer por lo menos 6 millones y medio de ruedos, haciendo los mismos movimientos, sentada cada día y en la misma posición.
Las obreras en la maquila ganan por producción; las metas al cien por ciento son altas y agotadoras. Como el pago no ajusta, tienen que producir hasta un 150 por ciento, lo que equivale a jornada y media de trabajo en el mismo horario. Para lograrlo tienen que “ahorrar tiempo”: no hablan con sus compañeras, toman poca agua para evitar ir al baño, no descansan los recesos de 15 minutos establecidos en la mañana y tarde; algunas no almuerzan o lo hacen en la mitad de la media hora concedida. Se trata de avanzar lo que más se pueda para agenciarse un mejor ingreso por semana y mes.
Al hacer el promedio, si una obrera trabajó 10 años y mantuvo su producción al 150 por ciento, eso equivale a que haya laborado 15 años. En lugar de hacer los 6 millones de ruedos de camiseta, llegó a unos 10 millones. Pero ese sobre esfuerzo dejó severos daños a la salud.
Dentro de las fábricas es frecuente escuchar a las mujeres que les duelen los brazos, la espalda, los músculos, el abdomen o la cabeza; pero sus quejas no son escuchadas. Una enfermera o el médico de la empresa no pueden dar incapacidades y el o la trabajadora dispone nada más de analgésicos para calmar los dolores y continuar trabajando. De esa manera, lo que era una pequeña afección se convierte en una enfermedad crónica y una enfermedad común pasa a considerarse como enfermedad profesional. Es decir, causada o más bien agravada por las condiciones laborales.
Mujeres embarazadas, las marginadas de la maquila
Las empresas maquiladoras hacen trabajar a sus empleados en equipos de hasta once personas y las metas colectivas les son pagadas con el trabajo finalizado, aun y cuando cada una hace solo una pequeña parte de la prenda. Cuando una obrera se atrasa con la pieza que le corresponde, las demás le exigen y si no rinde en su producción la discriminan y hasta la expulsan de la célula de trabajo. Eso ocurre con las mujeres enfermas o las que están embarazadas. En ambos casos la mujer no puede laborar al ritmo de las demás. Baja su producción y eso provoca acoso por parte de sus compañeras y compañeros.
Un estudio realizado por la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH), en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de la ciudad de México establece que las presiones, reclamos, gritos e incluso insultos de los supervisores, sumados al agotamiento e intensidad de las operaciones provocan ansiedad, depresión y excesivo estrés laboral, lo que a su vez les genera trastornos nerviosos que afectan todo su organismo.
El estudio también indica que el ambiente laboral contribuye a la generación de enfermedades profesionales. Se pueden evitar esas enfermedades si se usa protección contra los químicos que desprenden las telas, con una adecuada ventilación que extraiga el tamo y evite el calor y la humedad; con una correcta iluminación y reducción a la exposición del ruido.
Pero definitivamente, explican los médicos expertos en Trastornos Musculoesqueléticos Ocupacionales, la clave para evitar los miles de hombres y mujeres enfermas está en reducir las metas de producción y limitar a ocho horas la jornada de labores. Eso implicaría revisar las faenas intensas como las llamadas 4 por 4, 3 por 2, 3 por 3, que son jornadas de doce horas nocturnas y otras modalidades con las que se exigen ritmos de producción intensivos y sin la debida protección.
Juntas para defenderse
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María Luisa Regalado, Coordinadora general de la CODEMUH, afirma que desde hace veinte años se han formado en el tema, con profesionales que han llegado desde México y que han dirigido investigaciones en este campo.
Regalado dice que han documentado más de 500 casos; cerca de 200 han obtenido un dictamen del IHSS, mientras otros están en proceso. Entre los casos se ha incluido a 50 hombres porque no hay ninguna otra institución que realice este tipo de apoyo para acompañarles en sus reclamos.
Una vez obtenido el dictamen prosigue “la batalla”, pues hay que enfrentarse a la renuencia de las empresas para cumplirlo, al igual que con los inspectores de trabajo quienes con frecuencia se vuelven cómplices en el incumplimiento de la Ley.
La presión es para que los dictámenes tengan efecto entre las más de 20 empresas de donde proceden, sobresaliendo 6: grupo GILDAN, HBI, Hanes Brand, Jasper, Jerzees Nuevo Día, Génesis, Elcatex, RKI, New Holland, Dickie, Delta Apparell y Delta Cortés.
Un dato importante es que la mayoría de personas afectadas deciden renunciar a su trabajo cuando los malestares no las dejan producir. Las empresas, por su parte, las tratan como desahuciadas y les dan su liquidación deshaciéndose de lo que consideran un problema.
“Yo mejor puse mi renuncia y negocié las prestaciones, de todas maneras me iban a despedir porque ya no podía sostener nada con las manos; se me caían las cosas. Y así sigo todavía”, sostuvo una obrera entrevistada, que prefirió el anonimato y que dejó de laborar hace ocho años en la empresa Gildan. Ella no tuvo la oportunidad de ser evaluada por el IHSS, como las mujeres asesoradas por la CODEMUH.
Una vez separadas de las empresas, las obreras pierden el derecho a la atención en el IHSS. Para atender su quebrantada salud solo tienen como opción el sistema de salud público, en el que es difícil conseguir la atención de un especialista, recibir un tratamiento o realizarse una cirugía.
La gran contradicción y la necesidad de generar trabajo digno para las mujeres
Las empresas que están heredando a Honduras miles de personas afectadas en su salud a consecuencia de las condiciones laborales, son las que durante más de treinta años han estado exentas de pagar impuestos al Estado, que podrían ser recursos suficientes para hacer funcionar el sistema de salud pública.
Un contrasentido se delinea en la problemática del sector maquila: el Estado y gobierno no tienen la intención de rectificar y por el contrario, impulsan planes de mayor beneficio para las maquiladoras y aprueban leyes encaminadas a privatizar los ya deficientes servicios de salud estatales.
Para las mujeres y feministas organizadas, es imperativo que el Estado garantice el respeto y cumplimiento de los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras, para tener acceso a un trabajo y salario digno en condiciones de seguridad social y de salud, sin ningún tipo de discriminaciones. Esta premisa es uno de los temas de la agenda que una diversidad de plataformas y organizaciones de mujeres construyeron en el 2017.
La lucha por posicionar la Agenda de mujeres y feministas en los planes de gobierno continúa. En relación con este tema, que es parte del trabajo de incidencia, se pretende lograr la aprobación, en el Congreso Nacional de Honduras, de una Política Publica de Prevención a los Daños de la Salud de las Trabajadoras de la Maquila.
Asimismo, la aprobación de mecanismos de control de vigilancia y aplicación del Código del Trabajo, a las empresas maquiladoras, en relación con las jornadas de trabajo, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
Abogados sin Fronteras lanza un proyecto de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Honduras
Este proyecto tiene como objetivo aumentar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y los actores de la justicia para fortalecer su papel como pilares del buen gobierno y garantes de la justicia. ‘Estado de Derecho.
El desarrollo de una jurisprudencia que incorpore buenas prácticas nacionales e internacionales en el campo de los derechos humanos ayudará a crear un marco legal que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos de los más vulnerables e intensifique la lucha contra la corrupción e impunidad.
Como parte de la Política Internacional de Ayuda a la Mujer de Canadá, el proyecto se centra en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, la promoción de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
La experiencia de CBSA en América Latina, África y el Caribe muestra que el fortalecimiento de la representación legal de las víctimas y las personas vulnerables impulsa la lucha. Este es el objetivo de este proyecto: aumentar la participación ciudadana en el estado de derecho a través de una combinación de iniciativas judiciales y de defensa. Al ayudar a nuestros socios hondureños a llevar los casos ante los tribunales que destacan la discriminación y la violencia sufridas por las mujeres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, se fomentan los procesos de reforma y las transformaciones que tienen un impacto duradero, dice Pascal Paradis, Director General de CBSA.
Al final de este proyecto, las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente mujeres y niñas, se beneficiarán de un mejor acceso a un abogado especializado. Las organizaciones de la sociedad civil estarán mejor equipadas para defender al Estado y exigirle que cumpla con sus obligaciones.
De costa a costa, decenas de miles de personas se manifiestan contra las separaciones de familias de inmigrantes en EE.UU.
02 Jul. 2018
El
sábado, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de todo
Estados Unidos en un día nacional de acción, en protesta por la política
de represión de “tolerancia cero” llevada a cabo por el presidente
Donald Trump contra los inmigrantes. Según activistas, se realizaron
hasta 700 manifestaciones en todo el país, incluyendo una en el puente
internacional de la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso,
Texas. Estas son las palabras de Fernando García.
Fernando García expresó: “Es en este puente donde muchos solicitantes de asilo fueron rechazados y despojados de protección y de la posibilidad de pedir asilo. Creo que no solo viola las leyes internacionales, sino también las nacionales, el hecho de que haya familias buscando protección y que estos oficiales los rechacen. Obviamente hay una exigencia en común, y es que no podemos tratar a los inmigrantes como criminales, no podemos encarcelarlos y mucho menos podemos encarcelar a los niños, como lo está haciendo Estados Unidos”.Las manifestaciones se produjeron 24 horas después de que el gobierno de Trump afirmara ante un tribunal que tiene derecho a encarcelar indefinidamente a las familias de inmigrantes, a pesar de un dictamen judicial de 1974 que establece que el gobierno debe liberar a los niños inmigrantes de los centros de detención antes de los 20 días. El sábado, de costa a costa, los manifestantes exigieron el fin de las separaciones y detenciones familiares. Las siguientes son las palabras de la actriz y activista Laverne Cox, hablando en una protesta en Los Ángeles.
Laverne Cox expresó: “Estados Unidos, estamos aquí porque creemos que las familias deben estar juntas. Estamos aquí porque tenemos el corazón roto. No olvidemos que este país fue construido a costa de la esclavitud que arrancaba a los niños de sus familias de manera rutinaria”.Visite democracynow.org/es para acceder a más voces de las manifestaciones del sábado realizadas bajo la consigna “Las Familias Merecen Estar Unidas”, contra la represión a los inmigrantes y las separaciones familiares llevadas a cabo por el presidente Trump.
EE.UU.: ¿Qué hay tras la polémica por los niños separados de sus padres indocumentados?
Publicado: 21 jun 2018 13:51 GMT | Última actualización: 21 jun 2018 13:51 GMT - RT
El presidente Donald Trump ha firmado una
orden ejecutiva que prohíbe la separación de familias indocumentadas en
centros de detención. La decisión ocurre después de una polémica no
exenta de olvidos deliberados y estridencias convenientes. ¿Qué piezas
faltan?
Migrantes, entre ellos varios niños, en el centro de detención de McAllen, Texas. 17 de junio de 2018.
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos / AP
Las
voces de unos niños llorando después de haber sido separados de sus
padres en un centro de detención de inmigrantes en EE.UU. pusieron la
mecha en un polvorín.
La grabación, así como las imágenes de un centro de reclusión de inmigrantes, indignaron a la opinión pública y obligaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a firmar un decreto este miércoles para prohibir la separación de los niños de sus padres indocumentados mientras transcurre el proceso judicial que determina su estatus migratorio.
Pero la situación no es nueva. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en 2015, revela que aunque en 2009 se había "erradicado" la práctica de detención de familias migrantes en EE.UU. tras el cierre del centro T. Don Hutto Residential Treatment Center en Taylor, Texas; en 2014 —durante la administración de Barack Obama— una misión de ese organismo observó que la medida no sólo se seguía empleando sino que también buscaba expandirse, con el fomento de una política "arbitraria y automática" de reclusión contra personas indocumentadas. ¿Por qué ahora sí se toman medidas al respecto?
En abril de este año, el procurador general de EE.UU., Jeff Sessions, justificó la separación "temporal" de los menores de edad de sus padres o responsables como una medida coercitiva para desestimular la inmigración ilegal, que se enmarca en el plan de "tolerancia cero" a los flujos migratorios irregulares. Debido a esa política, los niños permanecen recluidos en centros acondicionados con grandes jaulas, colchonetas en el piso y condiciones que vulneran el principio de no detención de niños, niñas y adolescentes, estipulado en el derecho internacional.
El decreto aprobado el miércoles por Trump impide, de momento, que ocurra la separación de familias pero no tranquiliza a los activistas. Blanca Rodríguez, una defensora de los Derechos Humanos en Houston, lo deja claro: "Sé que no tendrán el trauma de ser separados, pero no creo que haya menos peligros. Hay casos de abuso a los niños y a los padres, incluyendo agresiones sexuales y violaciones".
Rodríguez
indicó que las acciones de protesta no van a parar, no sólo para
reclamar la garantía de los derechos de esos niños, niñas y
adolescentes, sino por todos los migrantes que cruzan a EE.UU. sin los
papeles en regla, en vista de la recurrente opacidad en el manejo de los
centros de detención: "No permiten que tengamos contacto con ellos, todo es muy secreto,
se oculta mucho. Hace un mes fue que nos dimos cuenta de la separación
en los diferentes centros de detención en Texas", cuenta.
El detonante de las denuncias, asegura Rodríguez, fue la visita realizada por el senador Jeff Merkley al centro en Brownsville: "Le negaron la entrada al principio, incluso le llamaron a la policía. No lo arrestaron, pero unos días después fue que lo dejaron entrar". Tras su recorrido por las instalaciones de supermercado, transformado en albergue de condiciones carcelarias, el legislador afirmó: "Separar bruscamente a los niños de sus padres para causarles daño a los pequeños y así influir en los padres es inaceptable".
Al drama de la separación y la retención de esos niños, se suma la incapacidad del Estado para hacer seguimiento al destino de muchos de ellos, reubicados con su familiares o "patrocinadores" mientras transcurre el proceso judicial en tribunales migratorios: hace semanas, el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense (HSS, por sus siglas en inglés) admitió que había perdido el rastro de unos 1.500 menores de edad porque no lograban ponerse en contacto con ellos después de haber sido entregados en custodia.
Esta
semana se supo que casi 2.000 niños habían sido separados de sus padres
por la política de desmembramiento "temporal" de las familias. La
medida se tomó un mes después del aumento de 223% en las detenciones en la frontera registrado en abril; sin embargo, la situación durante la administración Obama no fue mejor.
En 2014, el ex presidente demócrata pidió la creación de nuevos centros de reclusión para niños migrantes no acompañados, ante la "oleada" de llegadas de menores de edad indocumentados provenientes de México y el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta práctica ha sido tildada de "legado terrible y nefasto" por Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente de Boston, en una entrevista con El Faro.
"Durante los ocho años Obama también se separaban niños, también se deportaban niños al Triángulo Norte, considerada una de las zonas más peligrosas del mundo", denunció la defensora de Derechos Humanos, quien insistió que con la llegada de Trump no ha habido cambios a la ley, sino una política "implementada por el poder Ejecutivo, con mucho abuso de poder y violaciones claras a tratados internacionales".
En
el citado informe de la CIDH, publicado en 2015, se destaca que en una
visita realizada a EE.UU. por una delegación de la Comisión se constató
que "los funcionarios estadounidenses no logran identificar
correctamente a los niños y niñas no acompañados mexicanos que puedan
tener necesidades especiales de protección internacional", así como "la falta de garantías de debido proceso y la falta de acceso a mecanismos" que garanticen la defensa de los derechos de los menores de edad.
De igual forma, la Comisión consideraba "inaceptable" hace tres años que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se negaran a permitir "el libre y pleno acceso" al centro de detención fronteriza de Mc Allen y al de Procesamiento Central del Valle de Río Grande para verificar las condiciones de esos albergues. Obama logró evadir la inspección de la CIDH sin mayor escándalo, pero la administración Trump tuvo que ceder a la presión de los legisladores demócratas para abrir las puertas y permitir la entrada de periodistas que documentaran la situación.
El mandatario norteamericano ha puesto fin por decreto a la controvertida política, pero los vacíos siguen intactos: la orden ejecutiva no establece lapsos límite para la reclusión de los indocumentados ni contempla nuevos mecanismos para atender a los niños que ya están en manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Lo
que sí prevé es que los adultos detenidos no sean entregados
directamente al Departamento de Justicia cuando enfrenten los cargos
penales, sino que permanezcan recluidos junto a sus hijos en el
Departamento de Seguridad Nacional, precisa CNN.
El detalle es que hay espacios turbios del decreto porque su aplicación
se hará "en la medida en que lo permita la ley y sujeto a la
disponibilidad de asignaciones".
La nueva orden ejecutiva tampoco define si la reunificación familiar aplica para las familias que ya han sido separadas.
Las detenciones de inmigrantes, aunque sean notificadas como un problema por la administración Trump, representan una buena noticia para conglomerados como CoreCivic y GEO Group. A finales del año pasado, altos ejecutivos de ambas firmas manifestaron su regocijo porque la actual administración había anunciado su política de arrestos a indocumentados al interior de EE.UU. ¿La razón? Los recluidos iban a tener estancias "más largas" que los capturados en la frontera, lo que es sinónimo de jugosas ganancias.
Según Business Insider, en una nota publicada el año pasado, el CEO de CoreCivic, Damon Hininger, mostró su optimismo
porque si los inmigrantes detenidos en la frontera podían estar unos 27
días en los centros de reclusión, los arrestados al interior de EE.UU.
permanecían, en promedio, 52 días. Teniendo en cuenta que cada
indocumentado retenido le reporta a esas compañías unos 126 dólares por jornada, el drama de los inmigrantes no puede ser más apetitoso para sus deseos de acumular ganancias.
Geo Group, de acuerdo a Newsweek, cabildeaba en el Congreso una ley que buscaba extender de manera indefinida la detención de niños inmigrantes en sus centros de reclusión con unas licencias de cuidado infantil. Aunque la norma no prosperó, el grupo no está intranquilo porque sus ganancias han reportado un crecimiento de 18% y, entre 2015 y 2016, sus acciones alcanzaron un récord histórico. Además, según Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas, la compañía ha trabajado "durante 30 años con administraciones demócratas y republicanas" en el lucrativo negocio de las correccionales "de detención y rehabilitación a nivel federal".
El principal argumento utilizado por la administración Trump para justificar la medida, derogada el miércoles por decreto, era que servía para persuadir a los migrantes de no cruzar de manera ilegal, pero los especialistas citados en informes de la CIDH y la ONU dejan claro que ninguna acción de este tipo desestimula a las poblaciones que huyen de la violencia social, política y económica en sus países porque consideran el arresto como un riesgo natural del viaje.
En lo que respecta a la detención de menores de edad, una resolución
de Naciones Unidas no deja entresijos para interpretaciones: "los
niños, incluidos los adolescentes, no deben estar sujetos a arrestos o
detenciones arbitrarias únicamente en razón de su estatus migratorio, y
la privación de libertad de los niños y los adolescentes migrantes debe
ser una medida de último recurso, en condiciones que
respeten los derechos humanos de cada niño". Pero antes de que la
comunidad internacional señalara a Washington por permitir la retención
de menores indocumentados como política de Estado, la Casa Blanca pateó
la mesa y jugó posición adelantada al anunciar su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La embajadora estadounidense, Nikki Haley, calificó al Consejo de la ONU de "hipócrita y egoísta". Las acusaciones de la diplomática no estuvieron exentas de estridencia, no obstante, el escándalo tras la salida no fue más fuerte que el desatado por la voz del niño migrante que, entre sollozos, solo pedía ver a su mamá.
Nazareth Balbás
La grabación, así como las imágenes de un centro de reclusión de inmigrantes, indignaron a la opinión pública y obligaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a firmar un decreto este miércoles para prohibir la separación de los niños de sus padres indocumentados mientras transcurre el proceso judicial que determina su estatus migratorio.
Pero la situación no es nueva. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en 2015, revela que aunque en 2009 se había "erradicado" la práctica de detención de familias migrantes en EE.UU. tras el cierre del centro T. Don Hutto Residential Treatment Center en Taylor, Texas; en 2014 —durante la administración de Barack Obama— una misión de ese organismo observó que la medida no sólo se seguía empleando sino que también buscaba expandirse, con el fomento de una política "arbitraria y automática" de reclusión contra personas indocumentadas. ¿Por qué ahora sí se toman medidas al respecto?
Misma ley, otra política
Uno de los puntos clave para entender el panorama tiene que ver con la ley migratoria. Trump no ha hecho ninguna modificación a la legislación promulgada por su antecesor, pero sí decidió endurecer la política para su aplicación.En abril de este año, el procurador general de EE.UU., Jeff Sessions, justificó la separación "temporal" de los menores de edad de sus padres o responsables como una medida coercitiva para desestimular la inmigración ilegal, que se enmarca en el plan de "tolerancia cero" a los flujos migratorios irregulares. Debido a esa política, los niños permanecen recluidos en centros acondicionados con grandes jaulas, colchonetas en el piso y condiciones que vulneran el principio de no detención de niños, niñas y adolescentes, estipulado en el derecho internacional.
El decreto aprobado el miércoles por Trump impide, de momento, que ocurra la separación de familias pero no tranquiliza a los activistas. Blanca Rodríguez, una defensora de los Derechos Humanos en Houston, lo deja claro: "Sé que no tendrán el trauma de ser separados, pero no creo que haya menos peligros. Hay casos de abuso a los niños y a los padres, incluyendo agresiones sexuales y violaciones".
Migrantes, la mayoría niños, en una de las celdas del centro de detención en Río Grande, Texas (EE.UU.). 17 de junio de 2017.
/ Courtesy CBP
/ Reuters
El detonante de las denuncias, asegura Rodríguez, fue la visita realizada por el senador Jeff Merkley al centro en Brownsville: "Le negaron la entrada al principio, incluso le llamaron a la policía. No lo arrestaron, pero unos días después fue que lo dejaron entrar". Tras su recorrido por las instalaciones de supermercado, transformado en albergue de condiciones carcelarias, el legislador afirmó: "Separar bruscamente a los niños de sus padres para causarles daño a los pequeños y así influir en los padres es inaceptable".
Al drama de la separación y la retención de esos niños, se suma la incapacidad del Estado para hacer seguimiento al destino de muchos de ellos, reubicados con su familiares o "patrocinadores" mientras transcurre el proceso judicial en tribunales migratorios: hace semanas, el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense (HSS, por sus siglas en inglés) admitió que había perdido el rastro de unos 1.500 menores de edad porque no lograban ponerse en contacto con ellos después de haber sido entregados en custodia.
"Legado nefasto"
Se estima que desde el pasado 6 de mayo, cuando comenzó la implementación del plan de "Tolerancia cero" contra los migrantes en situación irregular, el número de niños que terminan en centros del HSS se incrementó un 22% con respecto a abril. Es decir: hay 10.859 menores de edad recluidos en esos albergues de propiedad federal.
Interior de uno de los centros de detención en Río Grande, Texas (EE.UU.). 17 de junio de 2017.
/ Courtesy CBP
/ Reuters
En 2014, el ex presidente demócrata pidió la creación de nuevos centros de reclusión para niños migrantes no acompañados, ante la "oleada" de llegadas de menores de edad indocumentados provenientes de México y el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta práctica ha sido tildada de "legado terrible y nefasto" por Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente de Boston, en una entrevista con El Faro.
"Durante los ocho años Obama también se separaban niños, también se deportaban niños al Triángulo Norte, considerada una de las zonas más peligrosas del mundo", denunció la defensora de Derechos Humanos, quien insistió que con la llegada de Trump no ha habido cambios a la ley, sino una política "implementada por el poder Ejecutivo, con mucho abuso de poder y violaciones claras a tratados internacionales".
Aérea de un centro de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 18 de junio de 2018.
/ Mike Blake
/ Reuters
De igual forma, la Comisión consideraba "inaceptable" hace tres años que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se negaran a permitir "el libre y pleno acceso" al centro de detención fronteriza de Mc Allen y al de Procesamiento Central del Valle de Río Grande para verificar las condiciones de esos albergues. Obama logró evadir la inspección de la CIDH sin mayor escándalo, pero la administración Trump tuvo que ceder a la presión de los legisladores demócratas para abrir las puertas y permitir la entrada de periodistas que documentaran la situación.
Los vacíos
Aunque Trump firmó la orden para impedir la separación de las familias, su llamado fue enfático: "Sigue siendo una tolerancia cero. Tenemos cero tolerancia para las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", aseveró.El mandatario norteamericano ha puesto fin por decreto a la controvertida política, pero los vacíos siguen intactos: la orden ejecutiva no establece lapsos límite para la reclusión de los indocumentados ni contempla nuevos mecanismos para atender a los niños que ya están en manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Migrantes, entre ellos varios niños, en el centro de detención en McAllen, Texas (EE.UU.) 18 de junio de 2018.
/ Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
/ www.globallookpress.com
La nueva orden ejecutiva tampoco define si la reunificación familiar aplica para las familias que ya han sido separadas.
El negocio de la reclusión
Un informe publicado en 2016 por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su siglas en inglés), citado por Univisión, reveló que el gobierno utilizó 637 centros de reclusión para la detención de inmigrantes en 2015, la mayoría de ellos regentados por empresas privadas.Las detenciones de inmigrantes, aunque sean notificadas como un problema por la administración Trump, representan una buena noticia para conglomerados como CoreCivic y GEO Group. A finales del año pasado, altos ejecutivos de ambas firmas manifestaron su regocijo porque la actual administración había anunciado su política de arrestos a indocumentados al interior de EE.UU. ¿La razón? Los recluidos iban a tener estancias "más largas" que los capturados en la frontera, lo que es sinónimo de jugosas ganancias.
Personal de seguridad a la entrada de un campo de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 20 de junio de 2018.
/ Mike Blake
/ Reuters
Geo Group, de acuerdo a Newsweek, cabildeaba en el Congreso una ley que buscaba extender de manera indefinida la detención de niños inmigrantes en sus centros de reclusión con unas licencias de cuidado infantil. Aunque la norma no prosperó, el grupo no está intranquilo porque sus ganancias han reportado un crecimiento de 18% y, entre 2015 y 2016, sus acciones alcanzaron un récord histórico. Además, según Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas, la compañía ha trabajado "durante 30 años con administraciones demócratas y republicanas" en el lucrativo negocio de las correccionales "de detención y rehabilitación a nivel federal".
¿Y ahora?
La situación de los niños migrantes ha puesto de manifiesto las carencias del sistema estadounidense para garantizar la defensa de los derechos humanos, sin embargo, a diferencia de las sanciones unilaterales que impone Washington contra otros países por la presunta vulneración de esos derechos fundamentales, EE.UU. no ha firmado ninguna convención internacional en esa materia, por lo que no se somete a ningún dictamen al respecto ni acepta obligaciones de carácter jurídico.El principal argumento utilizado por la administración Trump para justificar la medida, derogada el miércoles por decreto, era que servía para persuadir a los migrantes de no cruzar de manera ilegal, pero los especialistas citados en informes de la CIDH y la ONU dejan claro que ninguna acción de este tipo desestimula a las poblaciones que huyen de la violencia social, política y económica en sus países porque consideran el arresto como un riesgo natural del viaje.
Aérea de un centro de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 18 de junio de 2018.
/ Mike Blake
/ Reuters
La embajadora estadounidense, Nikki Haley, calificó al Consejo de la ONU de "hipócrita y egoísta". Las acusaciones de la diplomática no estuvieron exentas de estridencia, no obstante, el escándalo tras la salida no fue más fuerte que el desatado por la voz del niño migrante que, entre sollozos, solo pedía ver a su mamá.
Nazareth Balbás
Inmigración saca los rostros de Estados Unidos y Europa
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Uno de los campos de detención. Foto: Mike Blake/Reuters
En la frontera Estados Unidos-México, la implementación de las ordenanzas de inmigración se resentía el viernes tras el decreto de Trump. Según AP, hay incertidumbre tanto en familias como en las agencias federales encargadas de detenerlas y procesarlas.
Un alto funcionario informó que unos 500 de los más de 2 300 niños separados de sus padres migrantes han sido reunidos desde mayo, y agregó que no está claro cuántos niños están detenidos con sus familias.
En medio de la confusión, abogados que defienden a los migrantes denunciaron que el gobierno no pretende realmente unificarlos y que deben trabajar como “detectives privados” para intentar reunir a padres e hijos.
Muchos de los menores están hoy a miles de kilómetros de sus familias. Al mismo tiempo, los padres desconocen el paradero de sus hijos mientras están detenidos, e incluso ya fueron deportados sin saber dónde están los niños.Simultáneamente, el Departamento de Salud pidió al Pentágono buscar capacidades en sus bases militares para albergar a unos 20 000 niños que entraron en territorio de EEUU sin acompañamiento de sus padres, considerados “niños no acompañados”.
Un memo del Pentágono a miembros del Congreso confirmó la solicitud oficial de tener las instalaciones “disponibles en julio y hasta finales de año”.
“Aunque el Departamento de Salud ha visitado cuatro bases militares (tres en Texas y una en Arkansas) para ver sus posibilidades de alojamiento, ello no quiere decir que algunos o todos los niños serán hospedados allí”, dijo un vocero del Pentágono en un comunicado.
En una reunión del gabinete, Trump dijo el jueves que “los demócratas no quieren aprobar nada (…) Quieren que pongamos a todos en los hoteles más lujosos del mundo, pero no nos dan dinero para hacerlo”, además de quejarse de que México “no está haciendo nada por nosotros, más que tomando nuestro dinero y enviándonos droga”.
México “anima a la gente, francamente, a caminar por su territorio e ir a Estados Unidos”, afirmó al responsabilizar al vecino país de la crisis migratoria.
No son las únicas “joyas” verbales recientes de Trump sobre el tema. En un encuentro con empresarios consideró que “cuando procesas a los padres por entrar en el país ilegalmente, hay que apartar a los niños”, y en un evento político declaró que “Estados Unidos no será un campamento de migrantes”.
Y en Twitter: “Los niños están siendo usados por algunos de los peores criminales del mundo como un medio para entrar en nuestro país”.
El discurso antimigratorio de Trump coincide con las advertencias de abogados y expertos legales, en el sentido de que su decisión de revertir la práctica de separar a niños de sus padres no cambia su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal.
Trump, tolerancia cero. (Tomado de La Jornada)
El proyecto que debe ser considerado este viernes mantiene la prioridad de la seguridad fronteriza y un mecanismo para destinar recursos al muro en la frontera con México (25 000 millones de dólares), pero incluye puntos que apoyan los demócratas como la prohibición de separar a familias inmigrantes y una solución definitiva para jóvenes que llegaron al país siendo menores y regularizaron su situación bajo la administración Obama, los llamados dreamers.
Poco antes de que en estos días el mundo viera a menores de edad enjaulados en Estados Unidos, varios países europeos se desentendían de un barco que había rescatado a más de 600 inmigrantes africanos en el Mediterráneo.
La crisis del barco Aquarius develó también la crisis migratoria que se vive en esa región y la política de países que no apuestan por una solución primero humanitaria y responsable y luego de fondo al problema.
Entre los ecos del suceso, el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, convocó para el domingo a una reunión informal sobre migración y asilo en la que han confirmado su presencia Bélgica, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, Francia, Alemania, España, Grecia, Bulgaria, Austria, Italia y Malta.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, aseguró el jueves que ninguno de los líderes del Grupo de Visegrado (Hungría, República Checa, Polonia y Eslovaquia) estará en la minicumbre, que debe buscar “una solución europea” para la cuestión migratoria, según un portavoz de la UE.
Desde Roma, el papa Francisco instó al bloque a acoger “a todos los refugiados que puedan ser integrados en sus respectivos países”, según el criterio de “acoger, acompañar, educar e integrar”.
Igualmente, invitó a Europa a “invertir inteligentemente, para dar trabajo y educación, en los países de donde viene esa gente”. Ese, agregó, “será el camino a mediano plazo, pero por el momento los gobiernos deben ponerse de acuerdo para ir adelante con esta emergencia”.
(Con información de agencias)
"Dígales 'fuera' y deberán irse": Trump insta al Congreso a arreglar las "locas leyes migratorias"
Publicado: 5 jul 2018 14:51 GMT - RT
"Cuando las personas, con o sin niños,
entran en nuestro país, hay que decirles que se vayan", ha afirmado
Trump respecto a la política de inmigración en EE.UU.
El presidente de EE. UU., Donald Trump.
Kevin Lamarque / Reuters
El Congreso de Estados Unidos debe aprobar unas leyes migratorias "inteligentes, rápidas y razonables", ha escrito el presidente de ese país, Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter.
Este mandatario estima que los cuerpos policiales fronterizos realizan "un trabajo estupendo", pero no le gusta la normativa con la que "se ven obligados a trabajar" y se ha dirigido a la Cámara Baja de EE.UU.: "Congreso, ¡arregla nuestras locas leyes migratorias ahora!".
"Cuando las personas, con o sin niños, entran en nuestro país, hay que decirles que se vayan" sin que suponga "un juicio duradero y costoso", con lo cual "Diga a esa gente 'fuera' y deberán irse, como si estuvieran en el césped de su casa", ha tuiteado Trump.
El inquilino de la Casa Blanca considera que "contratar a miles de 'jueces' no funciona y no es aceptable" y asegura que EE.UU. es "el único país del mundo que lo hace".
Este mandatario estima que los cuerpos policiales fronterizos realizan "un trabajo estupendo", pero no le gusta la normativa con la que "se ven obligados a trabajar" y se ha dirigido a la Cámara Baja de EE.UU.: "Congreso, ¡arregla nuestras locas leyes migratorias ahora!".
"Cuando las personas, con o sin niños, entran en nuestro país, hay que decirles que se vayan" sin que suponga "un juicio duradero y costoso", con lo cual "Diga a esa gente 'fuera' y deberán irse, como si estuvieran en el césped de su casa", ha tuiteado Trump.
El inquilino de la Casa Blanca considera que "contratar a miles de 'jueces' no funciona y no es aceptable" y asegura que EE.UU. es "el único país del mundo que lo hace".
Noticias Internacionales Independientes (EEUU)
“Es injusto e inhumano lo que sufren las familias”: Miles protestan contra las separaciones en la frontera de EEUU
Exclusivo Web 02 de julio de 2018
Bajo
la consigna “Las familias merecen estar juntas”, decenas de miles de
manifestantes marcharon el domingo en diferentes ciudades de Estados
Unidos, demandando al gobierno de Trump que cumpla con el fallo de una
corte federal que dice que todos los niños y niñas migrantes deben
volver a reunirse con sus familias. La política de “tolerancia cero” del
gobierno de Trump ha provocado la separación forzosa de más de 2.000
niños y niñas de sus madres y padres, que en algunos casos ya han sido
deportados. La manifestación se produjo 24 horas después de una
presentación judicial del gobierno de Trump para adjudicarse el derecho
de mantener a los niños y niñas detenidos junto a sus familiares
mientras duren sus procesos migratorios, que pueden llevar meses o años.
La legislación vigente en el país impide mantener detenidos a los niños
y niñas por más de 20 días.
Para ampliar esta información, escuche algunas de la voces de los manifestantes que se congregaron en las calles de Washington D.C., donde la manifestación congregó a decenas de miles de personas.
Para ampliar esta información, escuche algunas de la voces de los manifestantes que se congregaron en las calles de Washington D.C., donde la manifestación congregó a decenas de miles de personas.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
MARÍA TERESA LÓPEZ:
Mi nombre es María Teresa López. Soy de Guatemala, de la nación Maya
Mam. Vine como refugiada a Estados Unidos en los años 80, escapando de
la guerra en mi país, y crié a mis hijos aquí. Esa es la razón.
CARLA WILLS: Quiero preguntarle acerca de la joven Maya de 22 años Claudia Patricia Gómez González. Ella fue asesinada en la frontera.
MARÍA TERESA LÓPEZ: Un mes atrás, la joven, que tenía 20 años, quiso venir a este país, pero al cruzar la frontera fue asesinada. Su historia me rompió el corazón porque ella vivía en un pueblo vecino a mi lugar de origen. No es sólo eso. Hay mucha tensión en muchos lugares de la frontera, y tantas mujeres jóvenes, tantos chicos jóvenes que solo hablan en su dialecto nativo.
CARLA WILLS: Usted vino a Estados Unidos en los ochenta desde Guatemala. ¿Puede contarnos acerca de las condiciones por las que usted emigró? Cuéntenos cómo era su vida allí y la participación de Estados Unidos en la guerra en su país.
MARÍA TERESA LÓPEZ: En 1954, cuando el gobierno de Eisenhower hizo un golpe de estado contra el gobierno democrático de Jacobo Árbenz, empezó la infiltración de Estados Unidos en el gobierno de Guatemala. Yo tenía apenas 3 años. En los sesenta, la situación se puso cada vez más difícil. No había trabajo para la gente y había secuestros que nadie sabía porqué se hacían. En los setenta, la gente empezó a organizarse para defenderse, porque habían robado muchas tierras. El ejército estaba ocupando gran parte de las tierras donde vivían las familias Mayas.
Y a finales de los setenta, ocurrió la masacre de Panzós después de que descubrieron petróleo en esas tierras. Esa fue la primera masacre. Así empezó. Tuvimos 36 años de guerra, que fue llamada “el conflicto armado interno”.
En los ochenta, cuando llegué a este país, sentí que tenía que hablar sobre las masacres, las desapariciones forzosas, el envenenamiento del agua, el plan de tierra arrasada, que implica matar a los pobladores y a sus animales y destruir sus cosechas. Eso lo que hizo Ríos Montt. Le siguieron muchos otros gobiernos, y la situación de Guatemala empeoró cada vez más. Más de 200.000 refugiados guatemaltecos emigraron a México, y muchos de ellos desplazados.
Nosotros logramos entrar a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que haya olvidado mi madre tierra. Que haya olvidado a mi gente. Por eso he denunciado las injusticias que nosotros vivimos.
BERTA ARROYO: Mi nombre es Berta Arroyo, soy mexicana y estoy aquí en Washington DC apoyando a las familias que han sido separadas por estas terribles leyes de inmigración.
Mi letrero lo hizo mi hija de cinco años y dice que no queremos familias divididas y no queremos que el Servicio de Inmigración siga atormentando a nuestras familias latinas y de todas partes del mundo. Es injusto, inhumano, aterrorizante para nuestras familias lo que está ocurriendo. Este sufrimiento de las familias y de los niños es totalmente innecesario y queremos que esto termine.
Donald Trump, eres el peor presidente que la historia de Estados Unidos ha visto. No te queremos aquí en Washington DC. Yo vivo aquí y sueño con que un día te vayas porque todo lo que has hecho es aterrorizante para mis hermanos mexicanos, para los hermanos latinos, para los hermanos musulmanes y para los hermanos de todos los países.
CARLA WILLS: Quiero preguntarle acerca de la joven Maya de 22 años Claudia Patricia Gómez González. Ella fue asesinada en la frontera.
MARÍA TERESA LÓPEZ: Un mes atrás, la joven, que tenía 20 años, quiso venir a este país, pero al cruzar la frontera fue asesinada. Su historia me rompió el corazón porque ella vivía en un pueblo vecino a mi lugar de origen. No es sólo eso. Hay mucha tensión en muchos lugares de la frontera, y tantas mujeres jóvenes, tantos chicos jóvenes que solo hablan en su dialecto nativo.
CARLA WILLS: Usted vino a Estados Unidos en los ochenta desde Guatemala. ¿Puede contarnos acerca de las condiciones por las que usted emigró? Cuéntenos cómo era su vida allí y la participación de Estados Unidos en la guerra en su país.
MARÍA TERESA LÓPEZ: En 1954, cuando el gobierno de Eisenhower hizo un golpe de estado contra el gobierno democrático de Jacobo Árbenz, empezó la infiltración de Estados Unidos en el gobierno de Guatemala. Yo tenía apenas 3 años. En los sesenta, la situación se puso cada vez más difícil. No había trabajo para la gente y había secuestros que nadie sabía porqué se hacían. En los setenta, la gente empezó a organizarse para defenderse, porque habían robado muchas tierras. El ejército estaba ocupando gran parte de las tierras donde vivían las familias Mayas.
Y a finales de los setenta, ocurrió la masacre de Panzós después de que descubrieron petróleo en esas tierras. Esa fue la primera masacre. Así empezó. Tuvimos 36 años de guerra, que fue llamada “el conflicto armado interno”.
En los ochenta, cuando llegué a este país, sentí que tenía que hablar sobre las masacres, las desapariciones forzosas, el envenenamiento del agua, el plan de tierra arrasada, que implica matar a los pobladores y a sus animales y destruir sus cosechas. Eso lo que hizo Ríos Montt. Le siguieron muchos otros gobiernos, y la situación de Guatemala empeoró cada vez más. Más de 200.000 refugiados guatemaltecos emigraron a México, y muchos de ellos desplazados.
Nosotros logramos entrar a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que haya olvidado mi madre tierra. Que haya olvidado a mi gente. Por eso he denunciado las injusticias que nosotros vivimos.
BERTA ARROYO: Mi nombre es Berta Arroyo, soy mexicana y estoy aquí en Washington DC apoyando a las familias que han sido separadas por estas terribles leyes de inmigración.
Mi letrero lo hizo mi hija de cinco años y dice que no queremos familias divididas y no queremos que el Servicio de Inmigración siga atormentando a nuestras familias latinas y de todas partes del mundo. Es injusto, inhumano, aterrorizante para nuestras familias lo que está ocurriendo. Este sufrimiento de las familias y de los niños es totalmente innecesario y queremos que esto termine.
Donald Trump, eres el peor presidente que la historia de Estados Unidos ha visto. No te queremos aquí en Washington DC. Yo vivo aquí y sueño con que un día te vayas porque todo lo que has hecho es aterrorizante para mis hermanos mexicanos, para los hermanos latinos, para los hermanos musulmanes y para los hermanos de todos los países.
Crece en EEUU demanda para abolir Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)
July 2, 2018 - por La Jornada. / AFP
Foto/AFP
Washington, 2 de julio .-- La
separación de más de 2.000 niños de sus padres o tutores al ingresar a
Estados Unidos por la frontera con México ha provocado airadas críticas
nacionales e internacionales, entre las que gana impulso un movimiento
que pide abolir la oficina de migración.
Con carteles, slogans y promesas,
políticos, activistas y manifestantes pro-inmigrantes están reclamando
que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) sea
"abolida" debido a las prácticas supuestamente brutales de las que ha
sido acusada en las últimas semanas.
"Continuaremos nuestro llamado al
Congreso para desfinanciar las fuerzas de deportación", dijo a la AFP
este viernes María Bilbao, organizadora en Florida de la ONG de defensa
de los inmigrantes United We Dream, refiriéndose a ICE.
"Este es el momento de pararnos y salir a las calles a luchar para que estos abusos se terminen", añadió.
A principios de mayo, el presidente
Donald Trump ordenó que los adultos que crucen la frontera ilegalmente
sean arrestados, incluyendo a quienes piden asilo. Como resultado, los
niños fueron separados de sus familias y retenidos en "centros de
procesamiento" y luego en refugios.
Las imágenes de niños encerrados entre
vallas de metal provocaron que cientos de personas se manifiesten en
todo el país -y se espera que miles lo hagan el sábado- contra la
política de "cero tolerancia" de Trump.
La semana pasada, el presidente firmó una
orden que puso fin a la separación de las familias, pero cerca de 2.000
niños aún no han sido reunidos con sus padres en un proceso acusado de
caótico por abogados migratorios.
En este agitado contexto político, una de
las primeras voces a favor de abolir ICE fue la de la actriz y
candidata a la gobernación de Nueva York, Cynthia Nixon, quien
representó a Miranda en la serie "Sex And The City".
"Creo que necesitamos abolir ICE. Parece
muy claro", dijo la candidata demócrata al canal ABC la semana pasada.
La oficina de migración "se ha alejado demasiado de los intereses del
pueblo estadounidense y de los intereses de la humanidad".
Este pedido tiene eco en el Congreso,
aunque aún de manera marginal, y comienza a ser evocado con frecuencia
por organizaciones de derechos humanos, quienes coinciden en argumentar
que la oficina de migración es relativamente nueva.
ICE fue creada en 2003 para "proteger la
seguridad nacional y fortalecer la seguridad pública" en respuesta a los
ataques terroristas sobre Nueva York y Washington el 11 de septiembre
de 2001, según su página web.
Hemanth Gundavaram, codirector de la
Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Northeastern University de
Boston, consideró que ICE se ha convertido en una herramienta para que
Trump implemente su política migratoria "racista y xenófoba".
"Nuestro sistema migratorio no debería
existir para enfocarse solamente en la seguridad nacional y el
terrorismo", dijo al diario USA Today.
Pero la aprobación en el Congreso de una
medida tan drástica "es extremadamente improbable", comentó a la AFP
Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad
Cornell en Nueva York.
"Además, aunque los demócratas tomaran
control del Congreso en noviembre, la posibilidad de abolir ICE son de
bajas a nulas", añadió. "Todas las agencias necesitan una rama que haga
cumplir la ley y la inmigración no es la excepción. Si el Congreso
eliminara ICE, tendría que crear otra entidad que se ocupe de hacer
cumplir las leyes migratorias".
Portavoces de la oficina de ICE no respondieron a la AFP.
