Niño hondureño vive la pesadilla de Donald Trump en EE.UU.
Eduardo Almendarez ya notificó a la Cancillería de Honduras para que interceda en su angustiosa situación y agilice el regreso de su pequeño hijo.
El niño, Eduardo José, habla por teléfono con sus padres y les ruega que lo saquen de donde está y regresen a Honduras. Su historia es la misma de otros 458 menores hondureños que han sido separados de sus padres.
Por: Emy Padilla y Claudia Mendoza
Ilustración e Imágenes: Guillermo Burgos y Marvin Valladares
Tegucigalpa.-En
un poblado del departamento de Olancho, en la zona nororiental de
Honduras, lugar de cultivos de granos básicos (maíz y frijoles),
ganadería y de explotación de madera, y por supuesto de muchas
desigualdades, habita una humilde familia que ha sufrido en carne propia
la política “tolerancia cero” de Donald Trump.
Mientras
los rascacielos rodean al magnate convertido en presidente de la
principal potencia del mundo, el polvo, la tristeza, la desolación y
sobre todo la impotencia y la angustia, se apodera de los
Almendárez-Meyer, una de las tantas familias separadas por su condición
de inmigrantes.
La
madrugada del 2 de junio, Eduardo Almendárez, se marchó desde su casa
en el municipio de la Unión, Olancho, rumbo a la nación del norte. No
iba solo. Además de sus sueños y anhelos por lograr un mejor porvenir
para su familia, lo acompañaba Eduardo José, su hijo de once años, quien
todavía está en los Estados Unidos, retenido por las autoridades
migratorias.
Eduardo
emprendió su travesía luego de haber pagado $ 6.500 a un coyote—dinero
que le prestó un amigo que vive en EE.UU. y que lo esperaba para
ubicarlo en un trabajo para luego cobrárselo. Salió de Honduras en medio
de la crisis generada en la frontera sur estadounidense, zona donde los
agentes fronterizos redoblaron la seguridad para evitar el paso de más
migrantes, porque así lo ordenó Trump desde el 6 de abril pasado cuando
oficializó la política de “tolerancia cero”. Mediante un memorando, no
solo advirtió que detendrían y acusarían criminalmente a quienes fuesen
detenidos por ingresar ilegalmente al país –por río o tierra-. También
complicó la entrada y el escrutinio de los inmigrantes que se presentan
en las garitas fronterizas sin una visa.
Eduardo
no midió la magnitud de las noticias que las agencias y cadenas
internacionales estaban narrando, y más bien su ingenuidad lo hizo
pensar que yendo junto a su hijo era más fácil su pase hacia el otro
lado, pues así se lo hizo saber su amigo que lo esperaba en la tierra
del “tío Sam”.
Nos
cuenta que decidió llevarse al niño porque su amigo le dijo: “mirá, si
tu traes tu hijo vas a pasar más rápido con tu hijo porque ahorita el
pase está bueno, con niños…”
En
su peregrinaje, se convenció más de la tesis de su amigo porque
mientras hacía escalas en varios poblados de Guatemala y luego al seguir
la ruta por México, se dio cuenta que en el trayecto iban al menos 50
hondureños acompañados por sus hijos. En pocas palabras se convenció que
no era el único en esas circunstancias. Iban padres y madres de
Tegucigalpa, La Ceiba, Yoro, relata.
Mientras
los niños y niñas iban en medio de los adultos, compartían las mismas
incomodidades: dormían en el suelo, se montaban en vagones cerrados con
apenas dos pequeñas ventanillas e iban de pie durante largos trayectos.
“Meten
a 70 personas en esos comboys (vagones), que casi ni cabemos, sino que
vamos apretados, casi desmayándonos del calor. Nos levaban a cierta
parte, nos bajan de los comboys (vagones) y nos meten en un tráiler”.
Después de haber superado la pasadilla de los vagones y tráilers, los
inmigrantes fueron retenidos en Villahermosa por la Policía Estatal de
Tabasco, más conocida como “la migra”.
Eduardo
nos relató que cuando “los federales llegaron allí, hicieron tirazón
(balacera) y los guías se la dieron, (los coyotes huyeron) no agarraron
ni un guía (coyote). A nosotros nos tiraron boca abajo. Nos dijeron que
no les viéramos la cara”.
En
su relato, evidenció el secreto a voces entorno a la corrupción que
existe en lo interno de la policía mexicana. Nos contó que los coyotes
le dan una clave a quien va pagando la travesía y que cuando se dio la
balacera los traficantes de personas le daban la clave a los policías
para que apartaran a sus clientes y retuvieran a todos aquellos que no
tenían clave.
“Había
30 personas que no llevaban claves, los apartaron y los subieron en
unas camionetas”, después de eso, Eduardo no supo más de sus compañeros
de viaje, quienes seguramente fueron trasladados a los albergues para
migrantes. En tanto, los que sí tenían la clave fueron conducidos en una
camioneta, en compañía del coyote que comandaba la travesía, quien los
cruzó por el Río Grande, el 8 de junio.
“Me
subieron en una balsa; ya cuando llegó la balsa al otro lado nos
bajamos y caminamos como dos horas y media y llegamos al puente de
McAllen”. Una vez en ese lugar, estaba la Patrulla Fronteriza y a
Eduardo, ya cansado y preocupado de ver la “cacería” policial, le
entraron ganas de regresarse. Pero “un oficial nos gritó, no se regresen
que si se regresan les va a estar más caro”.
Eduardo se entregó junto a su pequeño. Una vez en manos de los agentes fronterizos, él y los demás migrantes fueron inducidos a sentarse en el suelo y sometidos a un interrogatorio. Les preguntaron su nombre completo, nacionalidad, país de procedencia y el nombre de los niños. Les pidieron que mostraran la cédula de identidad y que se quitaran la faja y los cordones de los zapatos.
El
interrogatorio duró casi tres horas, recuerda, mientras nos detalla que
posteriormente los subieron a un bus, donde iban otros hombres y
mujeres con sus hijos. “Los padres con niños en un lado y las mujeres en
otro lado. Nos llevaban para Texas. Nos metieron en unas hieleras”,
prosigue contando al referirse a las unidades que usa la policía para
trasladar a los migrantes al albergue de McAllen.
“Decidí
llevarme a mi niño porque yo decía, ya con mi hijo voy a pasar más
luego, pero no, no fue así…”, agrega al denotar su frustración de no
haber llegado a su destino y lo peor, aún, por haber dejado lejos a su
pequeño, en un lugar que en ese momento no supo establecer porque nunca
se le permitió verlo y mucho menos se le notificó al respecto.
MOMENTOS DE DOLOR
El
momento más cruel para Eduardo no fue el frío de la unidad fronteriza,
ni la balacera de los agentes fronterizos, sino cuando lo apartaron de
su hijo. “Lo duro es cuando yo miro que sacan a mi niño. Yo toque la
puerta de vidrio”, dice entre sollozos, mientras detalla que nunca
escuchó lo que uno de los policías le decía a su hijo. “Yo le pregunté
pero para dónde me llevan a mi niño? Tu niño—me dice—los niños no pueden
estar donde están ustedes, ellos van a estar aparte, me dice”. Ese día
entraron muchas dudas a la mente de Eduardo. Desde ese momento y hasta
la edición de este texto siguen separados y a cientos de kilómetros
porque Eduardo fue deportado a Honduras desde el pasado 13 de junio.
Aunque se comunican telefónicamente cada dos días, dice que no es lo
mismo porque lo que él y su esposa desean es tenerlo entre sus brazos,
acariciarlo, besarlo y saber que realmente está bien y que pronto saldrá
del albergue para niños indocumentados Casa Padre, en
Brownsville, Texas, donde se encuentra retenido.
¿ENJAULADO?
Eduardo
no sabe si su vástago estuvo enjaulado porque nunca se lo ha dicho, ya
que lo único que el niño les comenta —- cada vez que las autoridades
migratorias estadounidenses le permiten hablar por teléfono—es que ya no
quiere estar allá e inmediatamente suelta en llanto.
Probablemente,
el hijo de Eduardo fue retenido en las famosas jaulas metálicas en las
que al menos 2.300 niños mexicanos y centroamericanos fueron recluidos
por su condición de inmigrantes. Él nunca lo vio, pero es obvio que eso
ocurrió porque la detención del pequeño Eduardo José se dio en el marco
de la crisis que conmovió al mundo y que generó la condena hacia la
política racial, degradante e inhumana de Donald Trump.
Noticia Relacionada: Juez federal ordena al gobierno reunificar en un máximo de 30 días a las familias de inmigrantes separadas
Con
el pasar de los días, el humilde hombre se culpa por la situación del
infante, cree que él es el culpable de la pena y dolor que vive su
esposa y su otra pequeña hija. “Me siento culpable porque Roxana esta
así por mí. A veces hasta deseo volverme a ir para encontrar a mi hijo y
traerlo para acá”, dice con claras evidencias de reproche.
En
medio de su dolor, se ha prometido que jamás intentará viajar
nuevamente a los Estados Unidos. Jura que luchará para salir adelante,
aunque de momento la única salida que mira a su alcance es seguir
endeudándose, como lo ha hecho en los últimos años y la razón que lo
obligó a salir de su país en busca del “sueño americano”.
Mientras
hilvana sus ideas esperanzadoras, pide a las autoridades de la
Cancillería hondureña que le ayuden a recuperar a su hijo y se lo
traigan a Honduras. El lunes 9 de julio visitó las oficinas de la
Cancillería en Tegucigalpa, preocupado porque le dijeron que los niños
están siendo enviados a la Corte, “pero se supone que no tienen por qué
mandarlos. Son niños que no tiene que decir, que no tienen como
expresarse”, dice con sentido común, porque los tratados internaciones
sobre derechos de la infancia prohíben la comparecencia de menores en
los tribunales de justicia por asuntos migratorios y peor aún en las
condiciones que las cortes migratorias de EE.UU. están sometiendo a
interrogatorios los más de 2.300 niños y niñas que han sido retenidos.
Los niños no tienen derecho a la defensa pública.
El
temor de Eduardo tiene fundamento ya que los niños están acudiendo a
las cortes de los Estados Unidos, no a partir del inicio de la crisis de
las familias separadas en el 2018, sino desde hace tres años cuando el
gobierno estadounidense comenzó a endurecer las medidas antiinmigrantes.
“Confío
y dejo en las manos de la Cancillería para que mi hijo pronto retorne a
Honduras porque él está desesperado, quiere ver a su mamá, a su papá y a
su hermanita, porque ya no aguanta estar allá”, agrega.
Eduardo
pasó unos días en un albergue del Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El 13 de junio fue deportado a
Honduras y al llegar a la ciudad de San Pedro Sula, a 254 kilómetros de
Tegucigalpa, se comunicó inmediatamente con su esposa, Evelin Roxana
Meyer, la madre de su hijo Eduardo José y de Odaly Marcela de nueve
años.
En
Olancho, la familia sobrevive de las ventas que a diario hace de una
pulpería (pequeño negocio), que apenas ajusta para cubrir parte de las
demandas esenciales en un hogar. Detrás de la pulpería hay una
construcción paralizada, la que Eduardo soñaba culminar con el envío de
remesas. El anhelo de tener una casa más cómoda y grande, está truncado
por el momento, mientras sus carestías siguen siendo las mismas.
“Me
motivó irme para pagar las jaranas (deudas) que yo tengo, poder cambiar
de vivir, arreglar mi casita, comprarle a mi hijo lo que él me pide a
veces. A veces le piden en la escuela cosas que no se las puedo dar
porque soy muy pobre”, nos narra para detallar un poco sobre los motivos
que lo hicieron emprender el viaje junto a su pequeño que cursaba el
sexto grado de educación básica en la escuela pública de su comunidad.
Eduardo
se fue de Honduras ante la falta de oportunidades. “Aquí no hay empleo
para poder salir adelante. Aquí la gente, la mayoría, trabaja con
préstamos. Alguna gente pierde sus casas porque no tiene como pagar los
préstamos. La canasta básica esta por las nubes (cara); a veces, si
compra una cosa no compra la otra. Aquí no hay un empleo de decir que va
a ganar 500 lempiras al día (un poco más de $ 20), aquí el sueldo base
son 100 lempiras ($ 4) con lo que no se compra nada”, dijo Eduardo al
hacer una radiografía de la situación económica y social de los
hondureños.
La
historia de los Almendárez-Meyer es igual a la que vive la mayoría de
los hogares de Honduras donde el 68.8 % de su población vive en pobreza y
el 44.2 % de ésta, en condiciones de extrema pobreza.
SU DECISIÓN DE IRSE
Antes
del 2 de junio, día en que se marchó de su hogar, Eduardo conversó
extendidamente con su esposa para tomar la decisión. Aunque al principio
ella no estuvo de acuerdo, pronto compartió su determinación y le dijo:
“Dios sabe porque lo está haciendo, porque usted sabe cómo estamos,
aquí no hay empleos para poder pagar las jaranas (deudas) que nosotros
tenemos, entonces no hay ningún problema, yo le doy el niño para que lo
lleve”, nos relató.
Siguió
contando que Roxana, hizo planes para su hijo en caso que su llegada a
los Estados Unidos fuera exitosa. “Si usted, aun caso llega, si Dios así
lo permite, usted trabaja allá, pone al niño a estudiar y está mandando
para pagar las jaranas (deudas) que tenemos”, le conversó.
Al
platicar con Roxana, nos confesó que al principio ella se resistía a
que su esposo se fuera, pero que ante su insistencia no tuvo otra opción
que aceptar y le dio el visto bueno para que se llevara al pequeño
Eduardo José; él también quería irse con su padre e incluso estaba
“bien feliz”, relató.
“Él
(niño) me besaba porque él se iba, decía que él quería darnos un mejor
futuro. Él quería…quería otra vida”, entonces “yo dije, pues que se
vaya”, siguió contando la angustiada madre, al asegurar que de la misma
manera como aceptó que ambos se fueran, también sintió tristeza al saber
que se estaban separando.
LA ANGUSTIA DEL NO RETORNO DE SU HIJO
La
última vez que Roxana habló con su esposo e hijo fue cuando iban a
cruzar el río. Sin embargo, fue hasta el 13 de junio, cuando ya Eduardo
estaba en San Pedro Sula, que recobró la comunicación. Ese día recibió
la triste noticia de que su pequeño hijo había sido retenido en la
nación del norte.
La
mujer recuerda con claridad ese momento y precisa el instante álgido de
la conversación con su marido cuando éste le dijo por teléfono: “ya me
deportaron, aquí estoy”. Al recibir la noticia lo primero que se le
ocurre es preguntar por su vástago. “¿Dónde está, dónde me lo dejaste?
No me pudo contestar. La llamada se cortó”, relata Roxana mientras
lagrimea y recuerda ese triste episodio, que hasta el momento le quita
la paz y la tranquilidad. Y no es para menos, en ese momento no conocía
detalles de cómo, dónde y con quién estaba su hijo. Ahora ya sabe dónde
está, pero por ahora solo habla con él por teléfono cada dos días.
La
olanchana nos describió que cuando hablan, Eduardo José le pide que no
se preocupe, que está bien y que lo tratan bien, que le dan ropa y
comida, que duerme bien en una cama. Pero otros días la llama
desesperado y llorando le dice que hay noches que no puede dormir,
pensando en su familia y que implora que lo saquen del lugar donde está.
Ante las suplicas se siente impotente porque no puede hacer nada, ni
llamarlo cuando ella quiere sino hasta cuando migración de EE.UU. decide
comunicarle a su hijo. Entonces aprovecha esos momentos para darle
ánimo y fortaleza y le promete que pronto estará nuevamente en su casa,
junto a su hermanita y a su padre.
Aunque
Roxana se da ánimos, por momentos tiene miedo que no le entreguen a su
hijo y que nunca más vuelva a saber de él. Es por eso que hay noches que
no duerme y se despierta entre sobresaltos. Su sufrimiento es
entendible al igual que las razones que la orillaron a aceptar que sus
dos seres queridos se marcharan. “Yo decidí que ellos se fueran para
tener un mejor futuro, porque aquí no hay fuentes de trabajo, aquí no
hay trabajo y por eso decidí que ellos se fueran y para que el niño
tuviera mejor futuro allá”.
La situación de José Eduardo no ha sido precisada por las autoridades de la Cancillería hondureña, quienes de momento se han comprometido a establecer su situación y hacer los trámites correspondientes para regresar a este pequeño y a otros más que están en la misma situación.
El
viernes 13 de julio, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, informó que había solicitado información
oficial de las autoridades de Estados Unidos sobre los hondureños
separados en la frontera con México.
Reportes
oficiales establecen que, hasta el 9 de julio de este año, 459 menores
hondureños fueron separados de sus padres. En tanto, los padres sumaban
289.
Mientras
el Gobierno promete resolver la situación de las familias separadas,
miles de hondureños siguen marchándose del país ante la violencia, falta
de empleo y oportunidades.
Datos
del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigo) establecen
que en los primeros 178 días del año, 4,409 niños fueron retornados en
su intento por viajar de manera irregular hacia los Estados Unidos.
La multimillonaria industria de los centros de detención de niños inmigrantes en EE.UU.
Publicado: 14 jul 2018 03:50 GMT - RT
Actualmente, más de 11.800 niños con edades
comprendidas entre pocos meses y los 17 años se encuentran alojados en
alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU.
Una
pila de zapatos infantiles frente a un campamento de niños inmigrantes
en Tornillo, en Texas (EE.UU.), el 21 de junio de 2018.
Mike Blake / Reuters
La
detención de niños inmigrantes se ha convertido en una industria
emergente en Estados Unidos que mueve actualmente una financiación anual
de 1.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 10% en la última década, según se desprende de los resultados de un análisis realizado por AP.
Según los datos de la agencia, la cifra los subsidios de salud y de servicios humanitarios para alojar y dotar de bienestar infantil a aquellos niños migrantes no acompañados que fueron detenidos pasó de 74,5 millones de dólares en 2007 a 958 millones en 2017. La agencia también está analizando una nueva ronda de propuestas en medio del creciente esfuerzo de la Casa Blanca por mantener a los niños inmigrantes bajo la custodia del Gobierno.
Actualmente, más de 11.800 niños con edades comprendidas entre pocos meses y los 17 años, se encuentran alojados en alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU., entre ellos Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y Washington. Los menores se hallan detenidos mientras sus progenitores esperan un procedimiento de inmigración y, en el caso de que no tengan ningún acompañante, ser ellos mismos objeto de dicho proceso.
Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), dijo a AP que se prevé que el presupuesto baste para obtener "la cantidad de camas necesarias para brindar atención adecuada a los menores".
Según la agencia, los principales destinatarios del programa de subvenciones han sido las organizaciones de Southwest Key y Baptist Child & Family Services, que desde 2008 han recibido 1.390 y 942 millones de dólares, respectivamente. Otra organización que salió muy beneficiada del programa fue International Educational Services, que percibió más de 72 millones de dólares durante el último año fiscal, antes de retirarse en medio de una ola de quejas por las condiciones de sus refugios.
La práctica de la separación de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México entró en vigor bajo la consigna de 'tolerancia cero' de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras las fuertes críticas y la polémica desatada a escala internacional, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de las familias de migrantes en la frontera.
Según los datos de la agencia, la cifra los subsidios de salud y de servicios humanitarios para alojar y dotar de bienestar infantil a aquellos niños migrantes no acompañados que fueron detenidos pasó de 74,5 millones de dólares en 2007 a 958 millones en 2017. La agencia también está analizando una nueva ronda de propuestas en medio del creciente esfuerzo de la Casa Blanca por mantener a los niños inmigrantes bajo la custodia del Gobierno.
Actualmente, más de 11.800 niños con edades comprendidas entre pocos meses y los 17 años, se encuentran alojados en alrededor de 90 instalaciones de una quincena de estados de EE.UU., entre ellos Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y Washington. Los menores se hallan detenidos mientras sus progenitores esperan un procedimiento de inmigración y, en el caso de que no tengan ningún acompañante, ser ellos mismos objeto de dicho proceso.
Presupuesto millonario
El pasado mes de mayo fueron propuestos cinco proyectos para la obtención de camas y guardias para vigilar las instalaciones que podrían suponer un desembolso de 500 millones de dólares. Se esperan nuevas propuestas para el próximo mes de octubre.Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), dijo a AP que se prevé que el presupuesto baste para obtener "la cantidad de camas necesarias para brindar atención adecuada a los menores".
Según la agencia, los principales destinatarios del programa de subvenciones han sido las organizaciones de Southwest Key y Baptist Child & Family Services, que desde 2008 han recibido 1.390 y 942 millones de dólares, respectivamente. Otra organización que salió muy beneficiada del programa fue International Educational Services, que percibió más de 72 millones de dólares durante el último año fiscal, antes de retirarse en medio de una ola de quejas por las condiciones de sus refugios.
¿Quién administra el dinero?
Las destinatarios beneficiados, entre los que figuran organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones religiosas, alegan que los niños están bien cuidados y que las enormes sumas de dinero son necesarias para albergar, transportar, educar y proporcionar atención médica a los miles de niños mientras cumplen con sus procedimientos gubernamentales y las órdenes judiciales.
La práctica de la separación de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México entró en vigor bajo la consigna de 'tolerancia cero' de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras las fuertes críticas y la polémica desatada a escala internacional, el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de las familias de migrantes en la frontera.
EE.UU.: Un juez bloquea la deportación de familias reunificadas para que decidan sobre posible asilo
Publicado: 17 jul 2018 05:36 GMT - RT
La suspensión temporal de las deportaciones
inmediatas otorga a las familias una semana para que mediten sobre esa
compleja decisión.
Imagen Ilustrativa
Eric Gay / AP
Un juez federal en EE.UU. ordenó este lunes un cese temporal a las deportaciones de familias migrantes reunificadas tras haber sido separadas por la política de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump, informa AP.
El fallo del juez Dana Sabraw surge tras una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y supone una suspensión de las deportaciones por una semana para que los migrantes decidan sobre la posibilidad de solicitar asilo en el país.
Ahora, luego de que Trump pusiera fin a su polémica política de separación de familias, la ACLU alega "rumores persistentes y crecientes [...] de que las deportaciones masivas se llevan a cabo inminente e inmediatamente después de la reunificación".
El mes pasado, el mismo juez había establecido el 10 de julio como fecha límite para que los niños de hasta cinco años fueran reunidos con sus padres migrantes, y el 26 de julio para hacer lo mismo con unos 2.500 menores restantes. La Administración Trump no cumplió el primero de los plazos, y actualmente se apresura para cumplir el segundo.
El fallo del juez Dana Sabraw surge tras una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y supone una suspensión de las deportaciones por una semana para que los migrantes decidan sobre la posibilidad de solicitar asilo en el país.
Ahora, luego de que Trump pusiera fin a su polémica política de separación de familias, la ACLU alega "rumores persistentes y crecientes [...] de que las deportaciones masivas se llevan a cabo inminente e inmediatamente después de la reunificación".
El mes pasado, el mismo juez había establecido el 10 de julio como fecha límite para que los niños de hasta cinco años fueran reunidos con sus padres migrantes, y el 26 de julio para hacer lo mismo con unos 2.500 menores restantes. La Administración Trump no cumplió el primero de los plazos, y actualmente se apresura para cumplir el segundo.
Reclutamiento forzado de niños entre las causas del desplazamiento forzado de personas: Conadeh
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
El
crimen organizado encuentra, especialmente en la niñez y la juventud,
la fuente de suministro del recurso humano para incrementar las filas de
sus integrantes o reemplazar las bajas de sus miembros activos, por
razones de muerte o privación de la libertad.
El
reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de maras y del
crimen organizado, se constituye en una de las modalidades violatorias
que generan desplazamiento forzado de personas en el país, según un
informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El
documento establece que, en el 2017, el ente estatal atendió alrededor
de 56 casos, a nivel nacional, relacionadas al reclutamiento forzado de
niñas, niños y adolescentes, que lo ubican como una de las causas que
terminan en desplazamiento de personas.
De
acuerdo al CONADEH, una de las características identificadas sobre esta
vulneración de los derechos humanos de los habitantes, consiste en
centrarse en el uso y vinculación de las niñas, niños y adolescentes en
las actividades de asociaciones ilícitas.
Sin
embargo y, en menor medida, también incluye a personas adultas, que
mediante amenazas de muerte, intimidación y hostigamiento, los obligan a
cumplir con sus exigencias al margen de la ley.
En
ambos casos, el crimen organizado encuentra, especialmente en la niñez y
la juventud, la fuente de suministro del recurso humano para
incrementar las filas de sus integrantes o reemplazar las bajas de sus
miembros activos, por razones de muerte o privación de la libertad.
Por
lo general, las personas reclutadas, por maras o bandas del crimen
organizado, son utilizadas como vigías o “banderas”, distribuidores de
droga, cobradores de cuotas de extorsión o en el peor de los casos, en
el sicariato.
El
informe también hace referencia, que cuando se trata de niñas y mujeres
jóvenes, estas son capturadas y reclutadas generalmente con fines de
abuso o explotación sexual.
Una
de las víctimas relató la forma en que las maras comenzaron a
amenazarla de muerte si no vendía droga para ellos, por lo que acudió a
diferentes instancias del sistema de justicia en el país a interponer la
denuncia, pero en ninguna de las instituciones fue escuchada.
Finalmente
acudió al CONADEH a solicitar que se dejará constancia de los hechos, y
que se haga saber, a las autoridades competentes, que en ninguna de las
instituciones se le brindó el apoyo, incluso le dijeron que se cambiara
de casa para que el asunto quedara arreglado.
En Honduras el reclutamiento forzado es considerado como una de las modalidades de trata de personas.
Además,
está contemplado en la ley de trata como el reclutamiento de personas
menores de dieciocho años para actividades criminales y, es definido
como: “el uso de niños(as) en las actividades del crimen organizado”.
De
acuerdo a la Unidad de Desplazamiento Forzado del CONADEH, los
municipios con mayor incidencia de situaciones de riesgo o
desplazamiento forzado por motivos del reclutamiento, ya sea por el
crimen organizado o por maras, está el Distrito Central y San Pedro
Sula, con el 73% de los casos.
Además, en
El Progreso, Choloma y Choluteca se registró el 20%, mientras que en
los municipios de La Ceiba, Pimienta, San Lorenzo y Santa Bárbara, en su
conjunto acumularon el 7% restante.
El
documento revela, que de acuerdo a las quejas presentadas ante el
CONADEH, el 79% de los reclutamientos son realizados las maras y
pandillas, el 14% por sujetos desconocidos o particulares, mientras que
un 7% se distribuye entre las bandas criminales y narcotraficantes.
El
CONADEH ve con preocupación el alto grado de impunidad que existe en
estos casos, en donde las familias al no encontrar respuestas efectivas
de protección, por los cuerpos de seguridad y justicia del país,
recurren a huir de sus lugares de origen para evitar que sus hijos u
otros familiares, formen parte de las maras o del crimen organizado.
Otro
de los hallazgos encontrados, es que el 64% de los peticionarios que
interpusieron quejas relacionadas al reclutamiento de uno o varios
familiares, en su mayoría menores de 18 años, decidieron solamente
exponer los hechos que motivaron el riesgo o desplazamiento interno de
la familia o del afectado, sin considerar la posibilidad de interponer
la denuncia ante las instancias competentes del Estado.
La
realidad de las personas desplazadas internamente por esta modalidad
violatoria, como en otras, es encontrarse con una serie de barreras que
vulneran aún más el acceso y disfrute pleno de sus derechos humanos, en
particular, cuando tienen restricciones de acceso a la justicia y debido
proceso legal.
En
el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado atendió 688 casos de
denuncias por diversas vulneraciones al derecho a la vida e integridad
personal que afectaron a 1,424 personas, de los cuales el 51% de los
casos corresponde a riesgo de desplazamiento y el 49% se concretó en
desplazamiento forzado por la violencia.
leer el informe: http://conadeh.hn/wp-
En Honduras hay mas de 190 mil desplazados por violencia: Consejo Noruego
Tomado de: EFE
Tegucigalpa
– Más de 190,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas en
Honduras por la violencia, denunció el Consejo Noruego para Refugiados,
que urgió al Gobierno hondureño a implementar “de inmediato” una ley de
desplazamiento forzado que asegure “protección” a los desplazados.
“Hay
más de 190.000 personas desplazadas por la violencia en Honduras y
muchos otros en riesgo de desplazamiento. A pesar de los esfuerzos del
gobierno para hacer frente a la violencia, hombres, mujeres y niños
inocentes siguen siendo asesinados, extorsionados y torturados”, indicó
en un comunicado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus
siglas en inglés).
El
director nacional del Consejo Noruego para Refugiados, Christian
Visnes, dijo que el impacto de la violencia en la vida de los hondureños
“es comparable con la situación de países en guerra”.
“Sin
asistencia y protección adecuada, los desplazados de hoy en Honduras se
convertirán en los refugiados, los solicitantes de asilo o los
migrantes del mañana”, enfatizó.
La
mayoría de los hondureños desplazados huyen hacia México y Estados
Unidos, donde “se enfrentan a estrictas políticas de inmigración”,
señaló el NRC y agregó que, según cifras de la Cancillería de Honduras,
36.000 nacionales fueron deportados por autoridades de esos dos países
en el primer semestre de 2018.
“La
población desplazada que huye del país sabe que se enfrentará con las
políticas de inmigración de “cero tolerancia” en su camino hacia los
Estados Unidos, sin embargo, muchos de ellos no tienen otras opciones
para proteger la vida de sus hijos”, subrayó Visnes.
Destacó
que las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional deben
“asumir la responsabilidad y mostrar una mayor solidaridad y apoyo a las
personas inocentes que han visto cómo sus vidas han dado un giro
inesperado como consecuencia de la violencia”.
El
Consejo Noruego para Refugiados indicó que han pasado casi cinco años
desde que las autoridades hondureñas admitieron el desplazamiento
forzado como consecuencia de la violencia.
Nota relacionada Miles de desplazados por la violencia pierden sus hogares y propiedades en Honduras
Sin
embargo, el NRC considera que “la falta de una respuesta efectiva y un
marco legal continúa ocasionando que personas desesperadas emprendan
viajes peligrosos fuera del país en busca de seguridad”.
Las
solicitudes de asilo entre 2011 y 2017 aumentaron “en un 1.400 por
ciento”, indicó el NRC al citar cifras de la agencia de la Organización
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por
esa razón, el Consejo Noruego para Refugiados urgió al Gobierno de
Honduras a “acordar e implementar de inmediato una ley de desplazamiento
forzado que cumpla con los estándares internacionales y asegure la
protección y asistencia de los más vulnerables”.
El
Consejo Noruego para Refugiados es una organización no gubernamental
internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro,
establecida en 1946, de acuerdo con su página web.
“Todas
las actividades de NRC en América Latina y el Caribe responden a las
necesidades y derechos de las personas desplazadas y refugiadas
independientemente de su edad, género, condición social, étnica,
religiosa o nacionalidad, con un enfoque de acceso a derechos y
soluciones duraderas”, añade la información institucional.
RICCY EN LA MEMORIA
Riccy Mabel Martínez Sevilla, ceibeña, estudiante de segundo año en la Normal Pedro Nufio de la capital, antes de cumplir 18 años calló en las garras de los sátrapas uniformados mientras pedía la liberación de su novio Rubén Hurtado Padilla. Era la tarde del sábado 13 de julio de 1991. Todo ocurrió en el Batallón de Comunicaciones de Las Tapias, al oeste de Tegucigalpa.
La adolescente fue drogada, víctima de violación masiva y luego, asesinada cruelmente al estilo del batallón de la muerte 3-16; su cuerpo fue abandonado en la salida de Tegucigalpa hacia Olancho, sobre el cause de la quebrada El Sapo.
Los militares responsables del crimen, acogidos al espíritu de cuerpo, se protegieron entre sí, y usaron todos los medios posibles para desviar la atención de la poderosa opinión pública. Pero no pudieron.
Las juventudes de todo el país organizaron manifestaciones, vigilias, plantones, caminatas, jornadas artísticas y religiosas, de todo, exigiendo verdad y justicia.
Los militares buscaron sus aliados en todos los estamentos, periódicos, iglesias, gremios lamebotas y, por supuesto, buscaron a sus forenses y jueces corruptos que relentizaban el proceso penal.
Pero la presión ciudadana fue más fuerte, persistente y legítima, hasta lograr que los uniformados quedaran solos frente a las cuerdas de la opinión pública. Toda la institución, no sólo Maradiaga y el chofer criminal del batallón.
Ante la determinación colectiva antichafa, la embajada de Estados Unidos se vio obligada a pedir al FBI una investigación paralela contra todos los oficiales de aquella noche y fue entonces cuando Crecencio Arcos hizo una declaración célebre a un destacado periodista de Radio América. El diplomático dijo que “en Honduras la justucia es como una víbora que muerde sólo a los de pies descalzos, pero no a los que calzan botas”.
El peso de la ciudadanía empujó a los uniformes ante los tribunales y aunque los procesos y las sentencias no fueron coherentes con la atrocidad cometida, empezó algo inédito que no fue revertido sino hasta el golpe de estado de 2009.
La ciudadanía organizada fue capaz de obligar al Congreso Nacional a eliminar el servicio militar obligatorio en 1995, y luego suprimir la policía criminal, eliminar el cargo de jefe de las fuerzas armadas, borrar el consejo superior de los chafas y eliminar el fuero militar para juzgar delitos comunes. Y abrimos tumbas clandestinas y junto al Ministerio Público acusamos policías y chafas por delitos de lesa humanidad, cuyas causas siguen abiertas.
El secuestro, violación y asesinato de Riccy Mabel Martínez inauguró una era de explosión ciudadana, que dejó a los militares al borde de la desaparición por inútiles, caros y violentos.
Pero en junio de 2009 el Pentágono vino a rescatarlos. Los utilizó para dar el golpe de Estado junto a los religiosos, los medios tradicionales y los empresarios lavadores de activos de la corrupción y el narcotráfico.
El militarismo recuperó el terreno ganado por la civilidad, y volvieron a tener con los golpistas del Partido Nacional y el Partido Liberal tanto o más poder que en la década triste de los años 80s.
Actualmente los militares sostienen la dictadura fraudulenta que les da el mayor presupuesto de todos los tiempos. Son ellos con armas israelitas, entrenamiento colombiano y terrorismo criminal, los más beneficiados del golpismo narco.
Pero el pueblo está vivo. No han podido ni podrán matar su espíritu persistente. Serán muchos los hondureños y hondureñas que se marcharán, desesperados y tristes, y serán muchos Honduras tus muertos, pero el pueblo seguirá aquí sin olvidar nada, sin perdonar a nadie que haya causado dolor y lágrimas.
Y cuando vuelva el turno de los ofendidos, los granujas uniformados huirán como hicieron en los 90s y en los 2000s, hacia Europa y Estados Unidos, buscando la acogida de sus amos. Pero éstos no los reconocerán. Y les quitarán la visa. Y los expulsarán como a los Discua, los Joya, los Caballero y otros perseguidos de la noche.
Para entonces, nosotros y nosotras las de entonces, estaremos aquí para recordarles que la justicia del pueblo tarda pero no se olvida. Canallas, con ustedes y sus amos es que hablamos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 14 de julio 2018
Se busca Fiscal General para Honduras: la crónica de una reelección no anunciada
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), una
organización regional integrada por profesionales de diversas
nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América
Latina, ha cuestionado la reelección del Fiscal General de Honduras,
Óscar Chinchilla, al considerar que su designación es producto de un
procedimiento legislativo que atenta contra la ley, la Constitución, el
Derecho Internacional, y, sobretodo, la credibilidad de la institución
encargada de la persecución criminal en el país.
DPFL
tiene su sede en Washington, D.C. y su mandato es promover el Estado de
derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la
cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el
intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.
Noticia Relacionada: Oscar Chinchilla es reelecto en el Congreso mediante un violatorio proceso
Mediante
un análisis, la organización señala los entuertos cometidos por el
Congreso Nacional el pasado 29 de junio, día en que en ese poder del
Estado se decidió reelegir a Chinchilla, a pesar de no haber formado
parte de la lista de cinco candidatas/os preseleccionados por una Junta
Proponente, y, además, de haber declinado postularse en este proceso.
Noticia Relacionada: EEE.UU. felicita a Oscar Chinchilla por su reelección pese a viciado proceso
Hace
referencia además, en el hecho que el Parlamento haya designado como
Fiscal General Adjunto (Daniel Sibrián Bueso) a un candidato que sí
estaba en la lista, pero que había sido previamente rechazado en una
votación anterior. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de
Magistrados y Abogados habían exhortado al Estado hondureño, a
garantizar los estándares internacionales en esta importante elección.
Noticia Relacionada: JOH y Mauricio Oliva celebran la relección de Oscar Chinchilla
¿Cómo
debe entenderse esta reelección, desde el derecho interno hondureño,
pero también desde el Derecho Internacional? ¿Cómo se desarrolló el
fallido procedimiento de selección, que condujo a este desenlace
inesperado? ¿Qué mensaje envía esta experiencia a la región, y cuáles
son las lecciones que nos deja?, se pregunta la PDFL.
Descarga el ANÁLISIS COMPLETO AQUÍ
La reelección del Fiscal General sellada de ilegalidad
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La Coalición contra la Impunidad, condenó enérgicamente las componendas
bipartidistas que llevaron a la reelección de Óscar Fernando
Chinchilla, como Fiscal General de la República.
La
Coalición contra la Impunidad, señaló y denunció formalmente, luego de
instalada la Junta Proponente, serios vicios de nulidad que
obstaculizaban la continuidad del proceso de selección y elección del
Fiscal General. Sin embargo, estos reclamos no recibieron la debida
atención por parte del actual Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, señala la Coalición contra la impunidad en un comunicado.
La
realización de todo el proceso adoleció, de ausencia de independencia,
falta de transparencia, falta de amplia y real participación de sociedad
civil y legitimidad, entre otros aspectos, tal como lo señaló en su
oportunidad el Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia
de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán.
Al
margen del ilegítimo proceso de selección realizado por la Junta
Proponente, la Coalición contra la Impunidad, también denuncia la
ilegalidad de la elección llevada a cabo el 29 de junio de 2018 en el
Congreso Nacional, en la que resultó electo nuevamente el abogado Óscar
Fernando Chinchilla.
En
otro de sus párrafos señala que,sí bien es cierto, la ley de Ministerio
Público en su artículo 23 permite la reelección por un periodo de 5
años adicionales, esta habilitación debe hacerse bajo el mecanismo
establecido en el artículo 22; es decir, bajo el proceso de selección de
la Junta Proponente. Proceso al que no se sometió el Abogado Óscar
Fernando Chinchilla.
Nota relacionada La elección del Fiscal General: un proceso viciado por la figura de la reelección
La
ilegitimidad e ilegalidad de este proceso de selección y elección de
fiscal general y adjunto, es un nuevo hecho histórico que sumado al
golpe de estado de 2009 y al fraude electoral de 2017, continúa
demostrando que los poderes fácticos afincados en Honduras con intereses
internacionales buscan repartirse descaradamente los cargos públicos
para garantizar la impunidad y obstaculizar la lucha contra la
corrupción, reza el comunicado.
Desde
la Coalición contra la Impunidad, también denuncian la lamentable
participación de algunas organizaciones no gubernamentales que
impulsaron esta ilegal reelección. E instamos a los sectores de sociedad
civil a coordinar acciones de vigilancia de las actuaciones del Fiscal
General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Desafíos de legitimidad del viejo-nuevo Fiscal General
Por: Joaquín Mejía Rivera
Bien
dicen que después de la tormenta viene la calma. Después de la
cuestionada elección de Óscar Chinchilla como Fiscal General del Estado,
pareciera que el silencio ha invadido tanto a quienes le dieron su voto
en el Congreso Nacional, como a las funcionarias y funcionarios
públicos señalados por corrupción por la UFECIC-MACCIH.
Pareciera
que este silencio implica una tregua entre los diferentes sectores que
tienen intereses en el Ministerio Público y que las negociaciones y
movimientos alrededor de la reelección de Chinchilla todavía se
desarrollan entre la clase política, ya que no hace falta ser un experto
en política nacional para saber que quien lo seleccionó fue la embajada
de Estados Unidos.
El
abogado Chinchilla sabe perfectamente que en este segundo mandato tiene
un déficit doble de legitimidad. Primero, porque constitucionalmente,
al no estar incluido en la nómina de 5 candidatos y candidatas de la
Junta Proponente, no podía ser elegido por el Congreso Nacional, pues
para ello, tendría que haberse repetido todo el proceso y ser incluido
en dicha nómina.
Segundo,
porque hasta el momento su gestión ha dado como resultado una impunidad
casi absoluta en los casos de graves violaciones a derechos humanos,
como las ocurridas en el marco del golpe de Estado y la crisis
post-electoral, y al mismo tiempo el Ministerio Público ha funcionado
perfectamente como una herramienta de criminalización de los sectores
sociales.
Lógicamente,
la sociedad hondureña no puede esperar nada de un Fiscal General
elegido ilegalmente y corresponsable de la impunidad que, como un
cáncer, corroe la confianza ciudadana en la democracia y devora los
valores esenciales de un Estado de derecho.
Sin
embargo, si el abogado Chinchilla tiene la voluntad política de obtener
un mínimo de legitimidad social, tiene en sus manos el informe de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación para que persiga penalmente a
los altos mandos civiles y militares que dieron el golpe de Estado y
cometieron las graves violaciones a derechos humanos.
También
tiene en su poder el informe de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los abusos a derechos
humanos cometidos por la Policía Militar de Orden Público en el contexto
de la crisis post-electoral. Además, puede solicitar la asistencia
técnica de dicha oficina para impulsar investigaciones serias en contra
de la impunidad de los victimarios.
En
sus manos está señor Chinchilla. Pero como sociedad seguiremos
señalando sus déficits y sus deudas con la dignidad de las víctimas.
Prensa independiente está sometida al discurso estigmatizante del Gobierno
Wednesday, 11 July 2018 22:59 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
Foto:criterio.hn
Es tan claro el dicho de que lo que está a la vista no necesita
anteojos, el cual se aplica en Honduras cuando se revisa lo que pasa con
la prensa. Y es que es fácil distinguir quiénes son los periodistas que
prefieren “estar bien” con el Gobierno y otros que deciden hacer
periodismo. Los primeros tienen canonjías y privilegios, los segundos
persecución y estigma.
Estar bien con Gobierno significa poder entrar a los lugares y sitios
que no podría llegar cualquier periodista, como la oficina del
funcionario, diputado o magistrado, subirse a su carro, almorzar con él,
incluso hasta con privilegios de parqueo privado, sin anunciarse con la
secretaria, entre otros, como dirían muchos, “como Juan por su casa”.
Son los comunicadores sociales que gozan de los contratos publicitarios, a quienes el funcionario personalmente les firma la pauta publicitaria y que gozan de los privilegios de conocer las actividades del ministro, su casa y hasta disfrutan de los desayunos matutinos.
Pero aquellos periodistas que preguntan cosas que no cualquiera lo haría en una conferencia de prensa, que realizan un periodismo independiente y hasta dedican programas completos contra las políticas gubernamentales porque atentan contra los intereses del pueblo, a esos, hay que estigmatizarlos.
Estigma
Según Wikipedia estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. El concepto fue acuñado en 1963 por el sociólogo estadounidense Erving Goffman, en su reconocido libro del mismo título, en que precisa la noción sociológica del término como pertenencia a un grupo social menospreciado (grupo étnico, religión, nación, etc.),
Cómo se estigmatiza un periodista
Sobre el estigma contra los periodistas por parte del Gobierno, Guido Eguigure, analista social, es del criterio de que “no solo existe un discurso estigmatizante hacia los periodistas sino también prácticas discriminatorias contra los medios alternativos”.
La acción estigmatizante del Gobierno con cierto grupo de periodistas que no se apegan a informar sólo lo que la parte gubernamental dice, tiene su impacto negativo en varios niveles, dijo Eguigure.
“Primero en la posibilidad de informar desde un punto de vista independiente sobre temas nacionales del interés de toda la población. En segundo lugar, en su trabajado periodístico como profesionales de la información y que están en otros medios. Y tercero, en la seguridad como personas, con todos sus derechos, lo cual implica un riesgo por el trabajo que realizan”, describe el entrevistado.
Para el analista social es importante realizar un estudio sobre el impacto que tiene la estigmatización gubernamental hacia la prensa independiente en el país, que afecta tanto su independencia como su seguridad y el profesionalismo en la forma en que abordan los temas informativos de interés nacional.
Daños
De acuerdo a Eguigure, “estigmatizar periodistas causa muchos daños, primero el periodista afectado no podrá llegar a trabajar a otros medios ya que es catalogado con x o y conceptos, entonces a ese periodista se le cierran las puertas como profesional”, indicó.
Aunque la estigmatización de periodistas no es un tema secreto en Honduras, a simple vista se puede presenciar en los medios de comunicación, quiénes son los más acusiosos y quiénes se quedan con lo que la fuente les dice de cualquier tema. Aquellos que preguntan mucho, son catalogados por los funcionarios como “cabezas calientes, izquierdistas o pagados por gobiernos de izquierda o por instituciones que critican al Gobierno, o bien son de otra doctrina partidista”.
También la estigmatización puede dañar de manera emocional al periodista, evitar crecer profesionalmente, a tener menores roces con personajes nacionales e internacionales.
Hay algunos que piensan que pierden puntos si no están con el gobierno, pues no podrán viajar en comitivas de periodistas o participar en transmisiones nacionales e internacionales, a ser discriminado hasta por los algunos compañeros de su gremio.
En el Libro Honduras: Prensa, poder y democracia, escrito por el Centro de Documentación de Honduras, CEDOH, señala que “El poder tiende inevitablemente a sospechar de la prensa, desconfía de sus intenciones y logros, la ve como una intrusa que husmea en sus pasillos y laberintos, buscando siempre descifrar los secretos mejor guardados, tratando de airear en público lo que la "razón de Estado" demanda conservar en secreto. Y la prensa, por su parte, si es independiente y profesional, insiste en fiscalizar las actividades del poder, persevera en la vigilancia y el control sobre la gestión pública. La prensa se va erigiendo así, poco a poco, en una especie de contrapoder, un espacio para la contraloría social, un instrumento para asegurar la transparencia y la corrección en las actividades del Estado”.
“Un periodista estigmatizado, probablemente no tiene oportunidades de trabajo, sino hasta no poder crecer de manera profesional, poder acceder a becas y cursos gratuitos o pagados por el Gobierno u otras partes, ya que quedan excluidos de eso”, agregó Eguigure.
Durante el mandato del mandatario Juan Orlando Hernández, ha sido una “normalidad” escuchar un discurso descalificador para la prensa independiente.
A menudo Hernández en su discurso incluye la estigmatización hacia algunos periodistas. El 25 de mayo de 2015, Hernández lanzó un encendido discurso contra los periodistas que se le escapan de control.
"….estos seudo periodistas (tipo de periodista sensacionalista) ocultan, tergiversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país, y ustedes saben de qué estamos hablando…estos individuos descalifican los logros y desdicen la lucha de todo un pueblo que se cansó con la corrupción y tener el reconocimiento público".", señaló.
Mientras el ex presidente Porfirio Lobo Sosa dijo en abril de 2014 “que se den gusto criticándonos a nosotros. Eso no nos afecta, nos ayuda. Uno necesita eso, pero sí les pido que no pretendan bajarle la moral a este pueblo
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reza en el principio número 5 que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Una de las recomendaciones para el Estado de Honduras por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Examen Periódico Universal, EPU, de mayo de 2015, destaca que el gobierno debe “Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas”.
Casos
Aunque no existen casos específicos de periodistas estigmatizados por el Gobierno, sí se maneja el término “coloreados por el Gobierno”, lo cual va acompañado de discriminación y del calificativo de “enemigo del Gobierno”.
“Yo no conozco casos específicos, sé que hay personas que comunmente les dicen que están coloreados y es imposible que las contraten en algún tipo de medio, eso es imposible”, agregó Eguigure.
Sobre las acciones del Gobierno al estigmatizar a los periodistas por su trabajo profesional, Guido Eguigure descartó que la misma obedezca a una política de Estado, “porque no está escrita, yo diría que es una práctica, un tipo de política que no está escrita pero son tan efectivas, probablemente más efectiva que otras que están escritas, las cuales se expresan en órdenes superiores, como: no le des entrevista a fulano o zutano; y eso puede ser mucho más efectiva que una política escrita”, describió.
El analista citó el caso de jueces o profesionales del derecho que los censuran, les quitan oportunidades de capacitación, no gozan de incrementos salariales, entre otros, y eso pasa igual con los periodistas y más con los de los medios independientes o alternativos.
Crédito
Eguigure comentó que en el interior del país, “existen restricciones para periodistas de acceder al crédito, para comprar electrodomésticos, porque han sido estigmatizados de estar en contra de las políticas del Gobierno o de la Corporación Municipal y citó el caso de algunos periodistas en El Aguán o personas del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán que están cerca de organizaciones campesinas, quienes han perdido el crédito para comprar electrodomésticos”.
Aunque desconoce si dentro de los mismos medios se gesta la campaña estigmatizante hacia los periodistas, luego que trabajaron en ellos, Eguigure es de la opinión que los más afectados con la estigmatización del Gobierno, son los que trabajan en medios de comunicación alternativos o lo hacen desde sus programas de radio o televisión de manera independiente.
“Estos pasan de un medio alternativo a otro y muchos crean sus propios medios ya que se resisten a ser censurados por el Estado, porque en otros medios grandes o corporativos están vetados o no tienen ninguna posibilidad”, finalizó.
Son los comunicadores sociales que gozan de los contratos publicitarios, a quienes el funcionario personalmente les firma la pauta publicitaria y que gozan de los privilegios de conocer las actividades del ministro, su casa y hasta disfrutan de los desayunos matutinos.
Pero aquellos periodistas que preguntan cosas que no cualquiera lo haría en una conferencia de prensa, que realizan un periodismo independiente y hasta dedican programas completos contra las políticas gubernamentales porque atentan contra los intereses del pueblo, a esos, hay que estigmatizarlos.
Estigma
Según Wikipedia estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. El concepto fue acuñado en 1963 por el sociólogo estadounidense Erving Goffman, en su reconocido libro del mismo título, en que precisa la noción sociológica del término como pertenencia a un grupo social menospreciado (grupo étnico, religión, nación, etc.),
Cómo se estigmatiza un periodista
Sobre el estigma contra los periodistas por parte del Gobierno, Guido Eguigure, analista social, es del criterio de que “no solo existe un discurso estigmatizante hacia los periodistas sino también prácticas discriminatorias contra los medios alternativos”.
La acción estigmatizante del Gobierno con cierto grupo de periodistas que no se apegan a informar sólo lo que la parte gubernamental dice, tiene su impacto negativo en varios niveles, dijo Eguigure.
“Primero en la posibilidad de informar desde un punto de vista independiente sobre temas nacionales del interés de toda la población. En segundo lugar, en su trabajado periodístico como profesionales de la información y que están en otros medios. Y tercero, en la seguridad como personas, con todos sus derechos, lo cual implica un riesgo por el trabajo que realizan”, describe el entrevistado.
Para el analista social es importante realizar un estudio sobre el impacto que tiene la estigmatización gubernamental hacia la prensa independiente en el país, que afecta tanto su independencia como su seguridad y el profesionalismo en la forma en que abordan los temas informativos de interés nacional.
Daños
De acuerdo a Eguigure, “estigmatizar periodistas causa muchos daños, primero el periodista afectado no podrá llegar a trabajar a otros medios ya que es catalogado con x o y conceptos, entonces a ese periodista se le cierran las puertas como profesional”, indicó.
Aunque la estigmatización de periodistas no es un tema secreto en Honduras, a simple vista se puede presenciar en los medios de comunicación, quiénes son los más acusiosos y quiénes se quedan con lo que la fuente les dice de cualquier tema. Aquellos que preguntan mucho, son catalogados por los funcionarios como “cabezas calientes, izquierdistas o pagados por gobiernos de izquierda o por instituciones que critican al Gobierno, o bien son de otra doctrina partidista”.
También la estigmatización puede dañar de manera emocional al periodista, evitar crecer profesionalmente, a tener menores roces con personajes nacionales e internacionales.
Hay algunos que piensan que pierden puntos si no están con el gobierno, pues no podrán viajar en comitivas de periodistas o participar en transmisiones nacionales e internacionales, a ser discriminado hasta por los algunos compañeros de su gremio.
En el Libro Honduras: Prensa, poder y democracia, escrito por el Centro de Documentación de Honduras, CEDOH, señala que “El poder tiende inevitablemente a sospechar de la prensa, desconfía de sus intenciones y logros, la ve como una intrusa que husmea en sus pasillos y laberintos, buscando siempre descifrar los secretos mejor guardados, tratando de airear en público lo que la "razón de Estado" demanda conservar en secreto. Y la prensa, por su parte, si es independiente y profesional, insiste en fiscalizar las actividades del poder, persevera en la vigilancia y el control sobre la gestión pública. La prensa se va erigiendo así, poco a poco, en una especie de contrapoder, un espacio para la contraloría social, un instrumento para asegurar la transparencia y la corrección en las actividades del Estado”.
“Un periodista estigmatizado, probablemente no tiene oportunidades de trabajo, sino hasta no poder crecer de manera profesional, poder acceder a becas y cursos gratuitos o pagados por el Gobierno u otras partes, ya que quedan excluidos de eso”, agregó Eguigure.
Durante el mandato del mandatario Juan Orlando Hernández, ha sido una “normalidad” escuchar un discurso descalificador para la prensa independiente.
A menudo Hernández en su discurso incluye la estigmatización hacia algunos periodistas. El 25 de mayo de 2015, Hernández lanzó un encendido discurso contra los periodistas que se le escapan de control.
"….estos seudo periodistas (tipo de periodista sensacionalista) ocultan, tergiversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país, y ustedes saben de qué estamos hablando…estos individuos descalifican los logros y desdicen la lucha de todo un pueblo que se cansó con la corrupción y tener el reconocimiento público".", señaló.
Mientras el ex presidente Porfirio Lobo Sosa dijo en abril de 2014 “que se den gusto criticándonos a nosotros. Eso no nos afecta, nos ayuda. Uno necesita eso, pero sí les pido que no pretendan bajarle la moral a este pueblo
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reza en el principio número 5 que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Una de las recomendaciones para el Estado de Honduras por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Examen Periódico Universal, EPU, de mayo de 2015, destaca que el gobierno debe “Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas”.
Casos
Aunque no existen casos específicos de periodistas estigmatizados por el Gobierno, sí se maneja el término “coloreados por el Gobierno”, lo cual va acompañado de discriminación y del calificativo de “enemigo del Gobierno”.
“Yo no conozco casos específicos, sé que hay personas que comunmente les dicen que están coloreados y es imposible que las contraten en algún tipo de medio, eso es imposible”, agregó Eguigure.
Sobre las acciones del Gobierno al estigmatizar a los periodistas por su trabajo profesional, Guido Eguigure descartó que la misma obedezca a una política de Estado, “porque no está escrita, yo diría que es una práctica, un tipo de política que no está escrita pero son tan efectivas, probablemente más efectiva que otras que están escritas, las cuales se expresan en órdenes superiores, como: no le des entrevista a fulano o zutano; y eso puede ser mucho más efectiva que una política escrita”, describió.
El analista citó el caso de jueces o profesionales del derecho que los censuran, les quitan oportunidades de capacitación, no gozan de incrementos salariales, entre otros, y eso pasa igual con los periodistas y más con los de los medios independientes o alternativos.
Crédito
Eguigure comentó que en el interior del país, “existen restricciones para periodistas de acceder al crédito, para comprar electrodomésticos, porque han sido estigmatizados de estar en contra de las políticas del Gobierno o de la Corporación Municipal y citó el caso de algunos periodistas en El Aguán o personas del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán que están cerca de organizaciones campesinas, quienes han perdido el crédito para comprar electrodomésticos”.
Aunque desconoce si dentro de los mismos medios se gesta la campaña estigmatizante hacia los periodistas, luego que trabajaron en ellos, Eguigure es de la opinión que los más afectados con la estigmatización del Gobierno, son los que trabajan en medios de comunicación alternativos o lo hacen desde sus programas de radio o televisión de manera independiente.
“Estos pasan de un medio alternativo a otro y muchos crean sus propios medios ya que se resisten a ser censurados por el Estado, porque en otros medios grandes o corporativos están vetados o no tienen ninguna posibilidad”, finalizó.
VENEZUELA
Asesor del golpe suave en Venezuela confiesa en qué falló la oposición
En días recientes, Srdja Popovic fue entrevistado por un medio
digital del antichavismo. Sus declaraciones dan pistas de cuáles son los
fracasos fundamentales del antichavismo, así como los movimientos y
discursos que comienzan a tejerse desde sus restos cuando arrecian las
agresiones contra Venezuela.
Junio 27 de 2018, 11:20 am - MISIÒN VERDAD
Se
trata del activista serbio que formó Otpor (traducción:
¡Resistencia!), el movimiento que, inspirado en las ideas sobre
protestas no violentas de Gene Sharp, participó en el proceso
de derrocamiento de Slobodan Milosevic en Serbia desde 1998 junto a su
compañero de facultad, Slobodan Dinovic, hoy magnate de las
telecomunicaciones serbias.
Desde entonces, Popovic y sus amigos han tenido una gran demanda. El Centro de Acción y Estrategias no violentas aplicadas, o Canvas, es una ONG con sede en Belgrado fundada en 2004, que ha asesorado y capacitado a activistas "pro-democracia" en más de 50 países, incluyendo India, Irán, Zimbabwe, Myanmar, Ucrania, Georgia, Palestina, Bielorrusia, Túnez, Egipto y Venezuela.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) experimentó por vez primera con las teorías de Gene Sharp en Serbia, estimulando y financiando la aparición de activistas en los sectores juveniles y estudiantiles. Mediante operaciones de inteligencia aprovechó los descontentos y la rebeldía propia de la juventud para movilizar a las nuevas generaciones. Cuando Milosevic fue depuesto en el 2000, los líderes de las revueltas fueron relegados a un segundo plano y las fuerzas políticas "vencedoras" instalaron un gobierno pro-occidente.
Pasado el tiempo, los líderes de Otpor reconocieron públicamente que recibieron apoyo logístico y financiero del exterior, particularmente por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI).
Esto significó un descenso abrupto de la calidad de vida de la población a causa de las sanciones y embargos internacionales, un contexto regional amenazante,
Además, la incertidumbre, la turbulencia política y la falta de referentes sociales ahondaron una grave crisis moral en la sociedad, que fue aderezada con desfases entre discursos oficiales y hechos por parte del gobierno. Por otra parte, la oposición carecía de liderazgos integradores, lo que se expresa en al menos ocho intentos de formar coaliciones políticas en menos de una década. La eficiencia de Otpor consistió en aglutinar hasta 60 mil miembros repartidos en toda Serbia, tener hasta 100 oficinas en ese territorio, buen porcentaje de jóvenes (30% menor de 18 años) y anclarse a los principales campus universitarios.
Sin variación alguna, las guerras y divisiones internas eran propulsadas por los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fuerza que además atacó la nación serbia durante 78 días consecutivos en 1999 con 25 mil toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50 mil proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35 mil bombas de racimo, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país. Esto incluyó refinerías y plantas químicas, los daños de guerra fueron evaluados en más de 100 mil millones de dólares y dejaron 2 mil civiles muertos.
En medio de la debacle de ese año, y como parte del plan que buscaba un cambio abrupto de sistema político, la declaración de Otpor postulaba el libre mercado y las privatizaciones, aun cuando su discurso se enfocaba en sacar a Milosevic del poder. En el 2001, renunció al puño como símbolo y al nombre de "movimiento revolucionario". En 2003, sufrieron un revés electoral que los desapareció de la actividad política de masas. Y en 2004 fundaron Canvas.
Analistas concluyen que ninguna de las acciones de Estados Unidos y sus aliados sobre Serbia beneficiaron a su pueblo, sino que jugaron a favor de objetivos como las independencias de Croacia y Eslovenia (1991) y Bosnia y Herzegovina (1992), las sanciones internacionales, las detenciones y procesamientos a criminales de guerra serbios, los bombardeos de la OTAN o la declaracion de independencia de Kosovo (2008).
En los reportes semanales de Canvas aparece Venezuela con excesiva frecuencia, en los más recientes acompañada de Nicaragua, por razones ya mencionadas. Ya en 2013, WikiLeaks publicaba que al menos 73 correos electrónicos revelaban su complicidad con Stratfor en el plan de derrocar a Hugo Chávez y ayudar a los candidatos antichavistas a ser elegidos para la Asamblea Nacional (AN).
Aquellas comunicaciones se centraron en el hoy crítico sector energético y petroquímico, el cambio político, el estado de las fuerzas antichavistas y el de la Fuerza Armada; hoy es evidente que algunos de los blancos seleccionados fueron alcanzados de manera sensible.
Sus operaciones psicológicas a través de los medios corporativos globales han sido exitosas al vender oleadas del tipo Primavera Árabe de 2011 como si fueran iniciativas de las bases populares, al punto de que movimientos como Occupy Wall Street (EEUU) o 13-M (España) la usaron como pretexto. Asimismo estas operaciones han sido implementadas en Venezuela durante las guarimbas de 2014 y 2017.
Estos ensayos obedecen a técnicas de ingeniería social que han hecho creer a los manifestantes que ellos diseñaron y ejecutaron tales oleadas, luego el resultado es la decepción y división entre ciudadanos de a pie, quienes no llegan a enterarse de que la transformación de la realidad nunca estuvo contemplada para los organismos gubernamentales
En 2011 Patrick Henningsen afirmó que, desde 2009, Canvas seleccionó estudiantes de Medio Oriente y los entrenó en el extranjero proporcionando habilidades que ayudaron a derrocar a los presidentes de Túnez y Egipto, además de provocar una revuelta regional. En el caso egipcio, la transición fue una progresión de las políticas exteriores y objetivos corporativos de largo alcance de Estados Unidos e Israel para la región, por cualquier razón, ya no requirieron los servicios de Hosni Mubarak sino un Estado policial más fuerte que garantizara más estabilidad corporativa y cero disidencia social en la región.
Ha insistido Henningsen en que Canvas cuenta con financiamiento parcial y está respaldada por una serie de fundaciones "pro-democracia" con enlaces a Freedom House y Open Society Institute de George Soros: "Estas fundaciones globalistas, grupos de expertos profesionales y ONG emprenden investigaciones, organizan seminarios de capacitación y suministran material que luego se utiliza para influir en el cambio de régimen en todo el mundo".
Hoy en el escenario político se evidencia cómo fracasaron algunas ideas de Popovic debido a que el antichavismo no ha logrado capitalizar ninguna de sus propuestas, no es casualidad que en un empeño denodado en hacer colapsar los servicios públicos (electricidad, salud, agua, gas) con sabotaje interno y bloqueo externo de divisas, Primero Justicia y Voluntad Popular busquen utilizarlos como excusa para generar protestas y calentar la calle. Tal es el caso de los problemas hospitalarios.
La irrupción de esta entrevista en medios antichavistas busca dar un botón de recordatorio a las estrategias que ya estos asesores propusieron en 2017, y que el mismo liderazgo político no logra implementar ni comunicar a sus seguidores.
Pareciera que desean articular sus piezas en los días por venir intensificando su arma más eficiente, que es el precio del dólar paralelo y alineando la crisis que genera en los precios con otros elementos como el ataque internacional, gremios como el transporte, ONGs, más sabotaje a servicios públicos vitales y protestas.
Desde entonces, Popovic y sus amigos han tenido una gran demanda. El Centro de Acción y Estrategias no violentas aplicadas, o Canvas, es una ONG con sede en Belgrado fundada en 2004, que ha asesorado y capacitado a activistas "pro-democracia" en más de 50 países, incluyendo India, Irán, Zimbabwe, Myanmar, Ucrania, Georgia, Palestina, Bielorrusia, Túnez, Egipto y Venezuela.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) experimentó por vez primera con las teorías de Gene Sharp en Serbia, estimulando y financiando la aparición de activistas en los sectores juveniles y estudiantiles. Mediante operaciones de inteligencia aprovechó los descontentos y la rebeldía propia de la juventud para movilizar a las nuevas generaciones. Cuando Milosevic fue depuesto en el 2000, los líderes de las revueltas fueron relegados a un segundo plano y las fuerzas políticas "vencedoras" instalaron un gobierno pro-occidente.
Pasado el tiempo, los líderes de Otpor reconocieron públicamente que recibieron apoyo logístico y financiero del exterior, particularmente por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI).
¿Golpes suaves para quién?
En los años 90, Yugoslavia transitaba por una crisis civil estimulada por enfrentamientos étnicos entre croatas-bosnios albaneses por un lado y serbios por el otro, pero además el sistema político encabezado por Milosevic venía siendo minado por una crisis económica que alcanzó el cenit en 1993, cuando la inflación llegó a 5 cuatrillones por ciento.Esto significó un descenso abrupto de la calidad de vida de la población a causa de las sanciones y embargos internacionales, un contexto regional amenazante,
Además, la incertidumbre, la turbulencia política y la falta de referentes sociales ahondaron una grave crisis moral en la sociedad, que fue aderezada con desfases entre discursos oficiales y hechos por parte del gobierno. Por otra parte, la oposición carecía de liderazgos integradores, lo que se expresa en al menos ocho intentos de formar coaliciones políticas en menos de una década. La eficiencia de Otpor consistió en aglutinar hasta 60 mil miembros repartidos en toda Serbia, tener hasta 100 oficinas en ese territorio, buen porcentaje de jóvenes (30% menor de 18 años) y anclarse a los principales campus universitarios.
Sin variación alguna, las guerras y divisiones internas eran propulsadas por los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fuerza que además atacó la nación serbia durante 78 días consecutivos en 1999 con 25 mil toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50 mil proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35 mil bombas de racimo, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país. Esto incluyó refinerías y plantas químicas, los daños de guerra fueron evaluados en más de 100 mil millones de dólares y dejaron 2 mil civiles muertos.
En medio de la debacle de ese año, y como parte del plan que buscaba un cambio abrupto de sistema político, la declaración de Otpor postulaba el libre mercado y las privatizaciones, aun cuando su discurso se enfocaba en sacar a Milosevic del poder. En el 2001, renunció al puño como símbolo y al nombre de "movimiento revolucionario". En 2003, sufrieron un revés electoral que los desapareció de la actividad política de masas. Y en 2004 fundaron Canvas.
Analistas concluyen que ninguna de las acciones de Estados Unidos y sus aliados sobre Serbia beneficiaron a su pueblo, sino que jugaron a favor de objetivos como las independencias de Croacia y Eslovenia (1991) y Bosnia y Herzegovina (1992), las sanciones internacionales, las detenciones y procesamientos a criminales de guerra serbios, los bombardeos de la OTAN o la declaracion de independencia de Kosovo (2008).
¿Revoluciones de color y salidas pacíficas?
En enero de 2010, Canvas produjo un informe titulado "Análisis de la situación en Venezuela", que planteó una estrategia similar a la utilizada en Serbia. Hoy Popovic admite que su organización asesora a quienes desean derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y reconoce que su movimiento recibe financiamiento de Estados Unidos, pero no ve "problema en ello", su línea de flotación política está marcada por la ideas del politólogo Gene Sharp, quien dirigía el Instituto Albert Einstein, de Boston, junto al ex coronel estadounidense Bob Helvey.En los reportes semanales de Canvas aparece Venezuela con excesiva frecuencia, en los más recientes acompañada de Nicaragua, por razones ya mencionadas. Ya en 2013, WikiLeaks publicaba que al menos 73 correos electrónicos revelaban su complicidad con Stratfor en el plan de derrocar a Hugo Chávez y ayudar a los candidatos antichavistas a ser elegidos para la Asamblea Nacional (AN).
Aquellas comunicaciones se centraron en el hoy crítico sector energético y petroquímico, el cambio político, el estado de las fuerzas antichavistas y el de la Fuerza Armada; hoy es evidente que algunos de los blancos seleccionados fueron alcanzados de manera sensible.
Sus operaciones psicológicas a través de los medios corporativos globales han sido exitosas al vender oleadas del tipo Primavera Árabe de 2011 como si fueran iniciativas de las bases populares, al punto de que movimientos como Occupy Wall Street (EEUU) o 13-M (España) la usaron como pretexto. Asimismo estas operaciones han sido implementadas en Venezuela durante las guarimbas de 2014 y 2017.
Estos ensayos obedecen a técnicas de ingeniería social que han hecho creer a los manifestantes que ellos diseñaron y ejecutaron tales oleadas, luego el resultado es la decepción y división entre ciudadanos de a pie, quienes no llegan a enterarse de que la transformación de la realidad nunca estuvo contemplada para los organismos gubernamentales
En 2011 Patrick Henningsen afirmó que, desde 2009, Canvas seleccionó estudiantes de Medio Oriente y los entrenó en el extranjero proporcionando habilidades que ayudaron a derrocar a los presidentes de Túnez y Egipto, además de provocar una revuelta regional. En el caso egipcio, la transición fue una progresión de las políticas exteriores y objetivos corporativos de largo alcance de Estados Unidos e Israel para la región, por cualquier razón, ya no requirieron los servicios de Hosni Mubarak sino un Estado policial más fuerte que garantizara más estabilidad corporativa y cero disidencia social en la región.
Ha insistido Henningsen en que Canvas cuenta con financiamiento parcial y está respaldada por una serie de fundaciones "pro-democracia" con enlaces a Freedom House y Open Society Institute de George Soros: "Estas fundaciones globalistas, grupos de expertos profesionales y ONG emprenden investigaciones, organizan seminarios de capacitación y suministran material que luego se utiliza para influir en el cambio de régimen en todo el mundo".
¿En qué falló el antichavismo?
En una entrevista realizada por un medio digital, Popovic refiere los aspectos que el antichavismo no ha logrado hacer para sacar al presidente Maduro del poder:-
No enfoca protestas que no sean meramente reactivas ni diseña
estrategias basadas en narrativas que expliquen cuál es el cambio que
desean promover. Es decir, hay una falta de idea o de sentido histórico y
político que permita movilizar a la población.
-
No logra un efectivo nivel de coordinación entre sus partidos
políticos porque sus decisiones son adoptadas por élites, tampoco
las ONG, sindicatos ni organizaciones,
mucho menos la comunidad internacional que hoy está amalgamada en el Grupo de Lima. Otro actor es la "diáspora", cuya narrativa no logra calar más allá del relato del drama humanitario.
-
No logra influenciar de manera notable al chavismo ni a funcionarios
del Poder Judicial y del propio Gobierno. No logró el objetivo de una
fractura institucional, aspecto clave de los golpes suaves, para abrir
espacios a una transición tutelada desde el extranjero.
-
No tiene una estrategia unitaria en cuanto a lo electoral, menos con
algunos actores participando y otros absteniéndose. La opción de
organizar elecciones paralelas como el plebiscito no tuvo mayor impacto
debido a su carácter fraudulento e improvisado, aunque Popovic sostiene
que es una tarea importante. Es decir, también falló el asesor.
-
No logra explicar cuál es su plan para solucionar la crisis ni
organiza mecanismos para proveer bienes y servicios que, según Popovic,
el Estado no puede suministrar por la crisis.
-
No implementa estrategias verdaderamente no violentas que disminuyan
riesgos personales o que generen esperanza en los venezolanos. Según el
serbio, la ultraviolencia de las protestas en 2017 jugaron en contra de
los objetivos políticos de la oposición: alentar y mantener
movilizaciones masivas en las calles.
-
No promueve mecanismos de reconciliación ni de justicia transicional.
Hoy en el escenario político se evidencia cómo fracasaron algunas ideas de Popovic debido a que el antichavismo no ha logrado capitalizar ninguna de sus propuestas, no es casualidad que en un empeño denodado en hacer colapsar los servicios públicos (electricidad, salud, agua, gas) con sabotaje interno y bloqueo externo de divisas, Primero Justicia y Voluntad Popular busquen utilizarlos como excusa para generar protestas y calentar la calle. Tal es el caso de los problemas hospitalarios.
La irrupción de esta entrevista en medios antichavistas busca dar un botón de recordatorio a las estrategias que ya estos asesores propusieron en 2017, y que el mismo liderazgo político no logra implementar ni comunicar a sus seguidores.
Pareciera que desean articular sus piezas en los días por venir intensificando su arma más eficiente, que es el precio del dólar paralelo y alineando la crisis que genera en los precios con otros elementos como el ataque internacional, gremios como el transporte, ONGs, más sabotaje a servicios públicos vitales y protestas.
Una radiografía de la crisis política postelectoral en el antichavismo
Henri Falcón inauguró su primera derrota presidencial con una
acción inédita en la política nacional: no reconocer los resultados
antes incluso de ser anunciados por el CNE.
Mayo 23 de 2018, 4:50 pm - MISIÒN VERDAD
Este
anuncio se enmarca en un dato aportado por Jorge Rodríguez, jefe del
comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, difundido a través de
un audio en el que, a las 11 de la mañana del día domingo, el secretario
del partido avanzada progresista Luis Romero admitía la derrota, luego
de un sondeo que habrían hecho a boca de urna.
Para Falcón, participar en la convocatoria electoral era fundamental si quería evitar la muerte política después de perder el bastión de la gobernación del estado Lara. Además, su participación respondía a la oportunidad que vio de tomar un espacio que los partidos de mayor influencia opositora habían abandonado.
La riña con factores políticos de la oposición aglutinados en el Frente Amplio arponeó a algunos sectores que no estaban convencidos con la abstención y que eran público objetivo de la campaña dolarizadora pregonada por el candidato.
La participación electoral del 46.07% es una cifra que, si es presentada como abstencionismo crítico, deja muy mal parados a países protectores de la democracia liberal, en los que esa cantidad es un rango normal de asistencia electoral. Tal porcentaje tiene varias explicaciones, entre ellas el sabotaje internacional al sufragio por los partidos de la abstención, la migración, el descontento, entre otros.
Los argumentos del candidato Henri Falcón para imputar las elecciones y repetirlas en el último trimestre del año tienen que ver con la instalación de los puntos tricolor chavistas y la satanización del Carnet de la Patria, el primero un elemento parte de la maquinaria electoral y el segundo un mecanismo de protección social. Los puntos tricolor han formado parte de las 24 convocatorias electorales desde 1999, y en su momento le sirvió al ex gobernador de Lara cuando asistió y ganó como candidato de campaña abanderado por el PSUV.
Su alineación con la narrativa de "fraude electoral", recurso tan manoseado en todas las jornadas electorales en las que el antichavismo no sale favorecido, y que no encuentra asidero ni siquiera en el grueso de la población opositora, es opacado por lo que analistas de su propia pandilla de seguidores habían anunciado durante la campaña: la falta de unidad en el método para lograr un cambio de gobierno en Venezuela
La fracción antichavista agrupada en el movimiento Soy Venezuela, en voz de María Corina Machado, marcó su posición de desconocimiento y rechazó la insinuación de un nuevo proceso electoral.
Desde la conformación de esta alianza, sus operaciones han apuntado a atacar cualquier intento de mínimo concilio entre las fuerzas opositoras y el Estado venezolano. Atribuyéndose el ala más radical de la oposición con fuertes tendencias a optar por estrategias violentas, tiene en su historial más inmediato la gestión del antejuicio de mérito al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, fabricado por un ficticio tribunal supremo "en el exilio", presionando para colocarlo como único punto de orden en las sesiones por encima de la discusión sobre si participar o no en las elecciones presidenciales.
La posición que acompaña la vía agresiva de arrancar el poder constituido del Gobierno nacional, no admite titubeos ante la cohesión del chavismo. De ahí se entiende la declaración indignada de la representante de Soy Venezuela, que ve diluido el trabajo por conducir el apoyo internacional mientras agota la vía político-electoral.
La orfandad de un plan coherente traza el rumbo de personajes que, en un mismo día, puede presentar denuncias al CNE, estar dispuesto a ir al diálogo, aceptar que las sanciones estadounidenses afectan la cotidianidad venezolana y pedir la renuncia del ejecutivo bolivariano.
Así, se manifiestan las contradicciones de las fuerzas opositoras en un solo discurso. El ex candidato presidencial Javier Bertucci reconoce los resultados electorales, valorando el innegable margen de diferencia que lo separa con el presidente reelecto pero que no anula el procedimiento de cuestionarlos, anunciando que está dispuesto a presentar pruebas de supuestas irregularidades ante el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, que respaldarían la necesidad de repetir elecciones.
Por otra parte, el empresario ex pastor acepta la convocatoria al diálogo que promueve el ejecutivo nacional, colocando condiciones inviables como la del "canal humanitario", que sería emprendido con la "asistencia" del gobierno estadounidense y sus corporaciones, autores de las sanciones que agravaron la situación económica de Venezuela. Esta paradoja es armoniosamente cerrada por Bertucci al concluir que estas acciones, luego de las últimas anunciadas por el presidente Trump, efectivamente "complican el adquisición de divisas del Estado para la compra de comida y sabemos que esto se va a poner peor".
Haciendo control de daños, el Frente Amplio da a conocer sus primeras impresiones del resultado electoral en rueda de prensa dirigida por Omar Barboza, desconociendo la elección legítima del presidente Maduro, trayendo de nuevo la pobre argumentación del chantaje a electores y disputándole el discurso de Falcón de repetir elecciones a finales de año. Este anuncio ya había sido avizorado previo a los comicios, viendo que era inminente la celebración de los mismos y en jugada estratégica por filtrar la agudización de las medidas de asfixia económica del capital financiero internacional hacia instituciones venezolanas, a través del colador político que consume estas acciones en el final del chavismo como fuerza regional.
Este "frente", agrupado bajo un frágil interés común, no escapa de las contradicciones y fracciones internas pasadas, antecedente que lo persigue en su constitución como alianza, pues dirigentes de partidos políticos adscritos al Frente Amplio ya se traicionaron en las elecciones regionales, en las que políticos de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular vieron la oportunidad de captar espacios de poder rompiendo con el boicot de algunos dirigentes, a expensas de legitimar a la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente, caso que terminó reconociendo solo los adecos por ser los únicos que alcanzaron cuotas institucionales en algunos estados.
Este perfil de permanente desconfianza, traiciones y pactos bajo cuerdas, que Henry Ramos Allup definió como "una especie de danza de alacranes" en sesión parlamentaria del 22 de mayo, y que terminó con una redundante resolución de desconocer los resultados electorales, muestra una grave fragmentación en la decisión sobre el curso a seguir. Quedan claros, sí, los deseos impostergables de la lesionada dirigencia opositora de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, ratificado por el pueblo venezolano para otro periodo de seis años, más la incapacidad para consensuar un método que contribuya a sus fallidos objetivos.
Para Falcón, participar en la convocatoria electoral era fundamental si quería evitar la muerte política después de perder el bastión de la gobernación del estado Lara. Además, su participación respondía a la oportunidad que vio de tomar un espacio que los partidos de mayor influencia opositora habían abandonado.
La riña con factores políticos de la oposición aglutinados en el Frente Amplio arponeó a algunos sectores que no estaban convencidos con la abstención y que eran público objetivo de la campaña dolarizadora pregonada por el candidato.
La participación electoral del 46.07% es una cifra que, si es presentada como abstencionismo crítico, deja muy mal parados a países protectores de la democracia liberal, en los que esa cantidad es un rango normal de asistencia electoral. Tal porcentaje tiene varias explicaciones, entre ellas el sabotaje internacional al sufragio por los partidos de la abstención, la migración, el descontento, entre otros.
Los argumentos del candidato Henri Falcón para imputar las elecciones y repetirlas en el último trimestre del año tienen que ver con la instalación de los puntos tricolor chavistas y la satanización del Carnet de la Patria, el primero un elemento parte de la maquinaria electoral y el segundo un mecanismo de protección social. Los puntos tricolor han formado parte de las 24 convocatorias electorales desde 1999, y en su momento le sirvió al ex gobernador de Lara cuando asistió y ganó como candidato de campaña abanderado por el PSUV.
Su alineación con la narrativa de "fraude electoral", recurso tan manoseado en todas las jornadas electorales en las que el antichavismo no sale favorecido, y que no encuentra asidero ni siquiera en el grueso de la población opositora, es opacado por lo que analistas de su propia pandilla de seguidores habían anunciado durante la campaña: la falta de unidad en el método para lograr un cambio de gobierno en Venezuela
La fracción antichavista agrupada en el movimiento Soy Venezuela, en voz de María Corina Machado, marcó su posición de desconocimiento y rechazó la insinuación de un nuevo proceso electoral.
Desde la conformación de esta alianza, sus operaciones han apuntado a atacar cualquier intento de mínimo concilio entre las fuerzas opositoras y el Estado venezolano. Atribuyéndose el ala más radical de la oposición con fuertes tendencias a optar por estrategias violentas, tiene en su historial más inmediato la gestión del antejuicio de mérito al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, fabricado por un ficticio tribunal supremo "en el exilio", presionando para colocarlo como único punto de orden en las sesiones por encima de la discusión sobre si participar o no en las elecciones presidenciales.
La posición que acompaña la vía agresiva de arrancar el poder constituido del Gobierno nacional, no admite titubeos ante la cohesión del chavismo. De ahí se entiende la declaración indignada de la representante de Soy Venezuela, que ve diluido el trabajo por conducir el apoyo internacional mientras agota la vía político-electoral.
La orfandad de un plan coherente traza el rumbo de personajes que, en un mismo día, puede presentar denuncias al CNE, estar dispuesto a ir al diálogo, aceptar que las sanciones estadounidenses afectan la cotidianidad venezolana y pedir la renuncia del ejecutivo bolivariano.
Así, se manifiestan las contradicciones de las fuerzas opositoras en un solo discurso. El ex candidato presidencial Javier Bertucci reconoce los resultados electorales, valorando el innegable margen de diferencia que lo separa con el presidente reelecto pero que no anula el procedimiento de cuestionarlos, anunciando que está dispuesto a presentar pruebas de supuestas irregularidades ante el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, que respaldarían la necesidad de repetir elecciones.
Por otra parte, el empresario ex pastor acepta la convocatoria al diálogo que promueve el ejecutivo nacional, colocando condiciones inviables como la del "canal humanitario", que sería emprendido con la "asistencia" del gobierno estadounidense y sus corporaciones, autores de las sanciones que agravaron la situación económica de Venezuela. Esta paradoja es armoniosamente cerrada por Bertucci al concluir que estas acciones, luego de las últimas anunciadas por el presidente Trump, efectivamente "complican el adquisición de divisas del Estado para la compra de comida y sabemos que esto se va a poner peor".
Haciendo control de daños, el Frente Amplio da a conocer sus primeras impresiones del resultado electoral en rueda de prensa dirigida por Omar Barboza, desconociendo la elección legítima del presidente Maduro, trayendo de nuevo la pobre argumentación del chantaje a electores y disputándole el discurso de Falcón de repetir elecciones a finales de año. Este anuncio ya había sido avizorado previo a los comicios, viendo que era inminente la celebración de los mismos y en jugada estratégica por filtrar la agudización de las medidas de asfixia económica del capital financiero internacional hacia instituciones venezolanas, a través del colador político que consume estas acciones en el final del chavismo como fuerza regional.
Este "frente", agrupado bajo un frágil interés común, no escapa de las contradicciones y fracciones internas pasadas, antecedente que lo persigue en su constitución como alianza, pues dirigentes de partidos políticos adscritos al Frente Amplio ya se traicionaron en las elecciones regionales, en las que políticos de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular vieron la oportunidad de captar espacios de poder rompiendo con el boicot de algunos dirigentes, a expensas de legitimar a la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente, caso que terminó reconociendo solo los adecos por ser los únicos que alcanzaron cuotas institucionales en algunos estados.
Este perfil de permanente desconfianza, traiciones y pactos bajo cuerdas, que Henry Ramos Allup definió como "una especie de danza de alacranes" en sesión parlamentaria del 22 de mayo, y que terminó con una redundante resolución de desconocer los resultados electorales, muestra una grave fragmentación en la decisión sobre el curso a seguir. Quedan claros, sí, los deseos impostergables de la lesionada dirigencia opositora de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, ratificado por el pueblo venezolano para otro periodo de seis años, más la incapacidad para consensuar un método que contribuya a sus fallidos objetivos.
Acción Democrática se separa de la MUD
El
secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup,
anunció este jueves la ruptura de esa organización política con la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD).
En declaraciones a la prensa señaló que esta decisión es consecuencia”de los problemas ejecutivos que habíamos tenido y la dificultad para cumplir el acuerdo que habíamos firmado 22 organizaciones políticas desde el 19 de julio del año pasado”.
Ramos Allup se refirió a las dificultades para designar al secretario ejecutivo de la MUD y la discrepancia para emprender una gira en el interior del país.
“Decidimos separarnos de la mesa para iniciar giras por el interior con la finalidad de ejecutar un programa que hemos propuesto entre todos, pero que lamentablemente no se ha que no se ha podido ejecutar”, relató.
Aunque el secretario de AD, destacó que en la MUD “quedan importantísimas organizaciones políticas”, indicó que estas agrupaciones deberán “continuar desarrollando el programa y destrabar la mesa que es lo que está esperando el país” .
En declaraciones a la prensa señaló que esta decisión es consecuencia”de los problemas ejecutivos que habíamos tenido y la dificultad para cumplir el acuerdo que habíamos firmado 22 organizaciones políticas desde el 19 de julio del año pasado”.
Ramos Allup se refirió a las dificultades para designar al secretario ejecutivo de la MUD y la discrepancia para emprender una gira en el interior del país.
“Decidimos separarnos de la mesa para iniciar giras por el interior con la finalidad de ejecutar un programa que hemos propuesto entre todos, pero que lamentablemente no se ha que no se ha podido ejecutar”, relató.
Aunque el secretario de AD, destacó que en la MUD “quedan importantísimas organizaciones políticas”, indicó que estas agrupaciones deberán “continuar desarrollando el programa y destrabar la mesa que es lo que está esperando el país” .
T/AVN
¿Qué quiere la Unión Europea en Venezuela?
Las últimas sanciones a altos funcionarios venezolanos de la
Unión Europea (UE) levantan interrogantes acerca de sus objetivos en el
país. Dado que tiene la ambivalencia de acompañar de una manera casi
simbólica las políticas más duras de la Administración Trump, mientras
sus voceros aseguran respaldar una posible nueva ronda de diálogo.
Junio 27 de 2018, 10:30 am - MISIÒN VERDAD
De sanciones y diálogo
Este lunes, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea tomó la decisión de sancionar a 11 altos funcionarios de Venezuela por la organización de las últimas elecciones presidenciales. El argumento utilizado por la UE fue que estas elecciones no respetaron los "estándares mínimos de democracia", utilizando el mismo argumento del Grupo de Lima y Estados Unidos.Entre los altos funcionarios, por otro lado, se encuentran la actual vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el vicepresidente para el Área Económica Tareck El Aissami, las rectoras del CNE Socorro Hernández y Sandra Oblitas, el Comandante General del Ejército Jesús Suárez Chourio, el ministro de Educación Elías Jaua, y el Protector de Táchira y Jefe de los CLAP Freddy Bernal.
Según el Nuevo Herald, "al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis".
Por su lado, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la decisión de la UE de ampliar las sanciones contra Venezuela no "excluye en ningún caso la voluntad de diálogo". Según él, la UE "irá más lejos en el diálogo y la cooperación para intentar encontrar soluciones políticas al conflicto", en vez de hacerlo únicamente a través de sanciones. Unas declaraciones de alta importancia si se tiene en cuenta que España es quien lidera la vocería de la política europea respecto a Venezuela y América Latina.
Intereses e interrogantes
Si bien esta declaración guarda relevancia, también en estos días la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, desautorizó al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero como representante de los intereses europeos en Venezuela ante una consulta realizada por europarlamentarios de partidos de derecha del mal llamado "Viejo Continente".A pesar de eso, es claro el viraje de países europeos hacia el respaldo al diálogo en el país, una postura que se fortaleció desde el arribo de Pedro Sánchez a la presidencia de España, mucho menos beligerante en su política exterior respecto a Venezuela que el anterior mandatario Mariano Rajoy, del Partido Popular.
Esto plantea una disonancia entre las fuertes sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE después de las últimas presidenciales. Dado que tal como afirma el Nuevo Herald, las medidas coercitivas de la UE no acompañan ni en tono, ni en agresividad, a la política más dura de la Administración Trump.
Esto quizás pueda deberse a la promoción de un clima más estable de negocios por parte de petroleras europeas en Venezuela. Entre las que se encuentra la francesa Total, la italiana Eni, la holandesa Shell y, por supuesto, la española Repsol.
Para hacernos una idea: Total afirma en su propio portal ser uno de los "mayores inversionistas en Venezuela", Eni destaca sus proyectos en gas y petróleo en el país, Shell acaba de suscribir en 2016 acuerdos de financiamiento con PDVSA por 2 mil 800 millones de dólares, mientras que Repsol sostiene tener presencia en ocho bloques de producción petrolera en el país.
Todo esto abre la interrogante sobre lo que finalmente quiere la UE en Venezuela, en un momento donde con claridad se observa que no sigue ciegamente los intereses de Estados Unidos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que, en la respuesta a esta interrogante, se encuentra el margen de maniobra internacional que tenga Venezuela para promover un nuevo proceso de diálogo que restablezca una convivencia pacífica entre los distintos componentes políticos que hacen vida en el país, una oportunidad para que las petroleras de Europa, que en última instancia determinan la política exterior del bloque, continúen aprovechando su acceso al petróleo venezolano en menoscabo de sus competidoras estadounidenses.
