Paro de transporte paraliza economía; 14 mil millones por año dejan combustibles al gobierno
Debido
a que el gobierno se resiste a publicar la fórmula con que calcula los
ya altos precios de los combustibles, el sector transporte público, ha
paralizado sus labores este jueves y ha tomado las principales arterias
de la economía hondureña.El gobierno hondureño se embolsa cada año unos 14 mil millones de lempiras por impuestos a los combustibles, después de Costa Rica los más caros de Centroamérica.
El
gobierno de Honduras aplica en dólares el impuesto al consumidor, pero a
la vez devalúa el lempira, de esa manera, los ingresos tributarios
aumentan permanentemente, pero la población necesita más lempiras para
pagar la misma cantidad de carburantes.
El
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lamentó que de seguir
en esa postura, el sector empresarial presentaría una pérdida de unos
2,100 millones de lempiras diarios.
El
paro inició a las 8:00 de la mañana, y ya ha reportado varios
enfrentamientos entre transportistas, ciudadanos y fuerzas de seguridad
del Estado. Debido a esto, las universidades y centros educativos han
cancelado las clases.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
gremio del Transporte Público de Honduras, advirtió ayer que este
jueves estarían en paro de labores y toma de avenidas a nivel nacional.
En efecto, desde las 8:00 de la mañana, los hondureños debieron buscar
una alternativa para movilizarse, ya que los transportistas se negaron a
trabajar y cerraron las calles.
El
gremio había denotado su malestar al gobierno por las imparables alzas
al precio de los combustibles. Ayer, los transportistas exigieron a las
autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), que
se revisará la formula con la que se calcula el precio de los derivados
del petróleo.
Según el doctor Hugo Noé Pino, ante la falta de transparencia en
dicha fórmula, el gobierno puede actuar abusivamente, que sumado a la
también constante devaluación de la moneda, influye directamente para
que se aumente el precio de los carburantes.
Cabe
destacar que los transportistas han manifestado que la intención no es
perjudicar a la población con un aumento a la tarifa de pasaje y han
mencionado que su exigencia es que se baje el precio en 23 lempiras para
todos.
El
último monitoreo del precio del galón de gasolina superior se situó en
la histórica cifra de 100.45 lempiras, eso significa que en función del
pedido de los transportistas el valor quedaría en 77.45 lempiras. La
rebaja también es solicitada para el resto de derivados del petróleo.
Además,
según la consultora Omnia, el incremento de los combustibles duplica el
que se presentó en 2017. De acuerdo al informe de la organización, en
2018 la gasolina súper, regular y diésel se ha aumentado en 8.48 y 9.94
lempiras. Para el año pasado, el alza fue de 4.16 y 4.88 lempiras.
Sumado
a eso, cabe recordar que en Tegucigalpa, capital de Honduras, el gremio
se fue a paro el pasado 6 de julio, ya que la alcaldía municipal
instaló un aumento “abusivo” a la tasa vehicular del 130 por ciento según los centímetros cúbicos (cc) de cada motor.
El
paro de este día ya ha provocado ciertos enfrentamientos entre el
gremio, la población con vehículo particular y militares. De hecho, en
el anillo periférico, a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), un automóvil de la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (Hondutel), fue incinerado.
Justamente
en la UNAH, los estudiantes se sumaron a la protesta de los
transportistas, resultando en un enfrentamiento con las fuerzas de
seguridad del Estado, ya que se buscaba “liberar” el paso, a pesar de
que en toda la capital, varias calles permanecen cerradas con presencia
policial.
Siempre
en el bulevar Suyapa, a la altura del edificio “Torre Libertad”, se
produjo un enfrentamiento de un ciudadano contra transportistas, a
través de un video que circula en redes sociales, se observa como el
transeúnte, molesto por el cierre del paso, chocó su vehículo con un
taxi y luego de que casi es bajado del automóvil, este de forma brusca
logró escapar.
Por
otro lado, en Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, los
protestantes tuvieron un breve enfrentamiento con las Fuerzas Armadas,
ya que un autobús del Ejército se abrió paso intentado romper la toma,
para ellos varios castrenses con equipo antimotines se posicionaron de
tal modo que la vía quedara libre.
Según
varios medios de comunicación tradicional, los vehículos del Estado
serán usados para transportar personas durante la protesta. El gobierno
convocó al gremio de transporte a sesionar en búsqueda de un acuerdo.
El
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lamentó en una
conferencia de prensa, que el paro de transporte, puede provocar una
pérdida económica que asciende a 2,100 millones de lempiras diarios, en
caso de que no se encuentre una solución.
El
presidente del Cohep, Armando Urtecho, dijo que el gobierno y los
transportistas deben centrarse en la negociación y dejar a un lado las
medidas de presión, al tiempo cuestionó las razones de la protesta, ya
que no considera “consistentes” los reclamos de los manifestantes,
porque iniciaron pidiendo un aumento a las tarifas y ahora quieren una
rebaja general a los combustibles.
Puntos Tomados Tegucigalpa:
1 UNAH.
2 Punto taxis Universidad Pedagógica.
3 Marina Mercante aproximadamente 25 taxis parados.
4 Col Alemán.
5 Col La Cañada.
6 Centro.
7 Barrio “El Chile”.
8 Mall Premier.
9 Col El Carrizal.
10 La Leona.
11 Mercado San Pablo.
12 Acceso al Centro por congreso y María auxiliadora.
13 Avenida La Paz a la Altura de la Embajada de EE.UU. y desvió a La Reforma.
14 Col Los Llanos.
15 Col La Joya.
16 Hondutel Col Kennedy.
17 Quinta entrada La Kennedy.
18 Villas del Sol.
19 Plaza Miraflores.
20 Residencial Honduras a la altura de la maquila.
Intolerancia ante Paro Nacional de Transporte en Honduras
Tegucigalpa.- Las calles del país lucen vacías, en puntos determinados hay buses y taxis estacionados, quema de llantas y desalojos ejecutados por la policía y militares. Sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula hay más de 20 mil unidades de transporte público.
El sector transporte realiza este día un paro a nivel nacional, como forma de protesta contra los altos cobros de tasas vehiculares y el combustible. Se ha hablado de incremento al pasaje, pero los transportistas le apuntan a que baje el costo de los carburantes en 23 lempiras el galón; en el caso de la gasolina superior hoy vale 100 lempiras con 25 centavos.
Mientras el régimen mira esta acción ciudadana como un boicot. Porque con el paro del transporte se hace a un lado las negociaciones con las autoridades edilicias en Tegucigalpa, donde se anunció un aumento considerable a impuestos vehiculares.
Por otro lado, se han puesto al menos 56 vehículos del Estado, policiales y militares para transportar a la población en determinadas rutas de Tegucigalpa. Sin embargo, hay apoyo ciudadano al paro nacional de transporte. Así mismo la población universitaria ha apoyado con una toma de calle, pero esta fue reprimida con tanquetas de la policía militar, lanzando gases lacrimógenos y agua química, como sucede generalmente.
Honduras vive en constantes protestas desde el golpe de Estado del 2009, la resistencia es en la calle, y después del fraude electoral del 26 de noviembre del 2017, la represión ha aumentado. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) ataca a los manifestantes, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó 23 de los 34 asesinatos políticos, donde imperó la acción Policial-Militar, entre noviembre del año pasado y enero del 2018.
Este día trascendió que a un taxista en el centro capitalino lo amenazó un policía. (Caminando con César, UNEtv), y en otros sectores hay presencia policial desde horas de la mañana.
Mientras avanza el día, el paro de transporte urbano e interurbano continúa, el desalojo violento en la Ciudad Universitaria se agrava, y el régimen que lidera Juan Orlando Hernández no da soluciones a los reclamos ciudadanos.
Paro nacional de transporte en Honduras continuará mañana
Tegucigalpa.-El paro nacional de transporte en el sector público se reanudará mañana viernes a partir de las 6:00 de la mañana.
La
suspensión de los servicios del transporte público comenzó hoy desde
las 8:00 de la mañana, como una acción de protesta por parte de la
dirigencia de este rubro, ante los elevados impuestos aplicados a los
combustibles, el alto costo de los insumos de los automotores y otras
demandas.
La
dirigencia del transporte exige una rebaja de 23 lempiras al galón de
los combustibles, ya que actualmente el gobierno se queda con alrededor
de 34 lempiras.
Por cada galón de gasolina superior el gobierno aplica un impuesto de $ 1.4089, el equivalente a 34.04 lempiras; para el galón de gasolina regular el impuesto es de $ 1.2416, el equivalente a 30.00 lempiras; para el diésel de 0.8606, es decir 20.79 lempiras. Se estima que los ingresos anuales del gobierno por concepto de impuestos a los combustibles es de 14.000 millones de lempiras.
SUSPENSIÓN MOMENTÁNEA
Esta
noche, los transportistas accedieron a realizar una suspensión temporal
del paro para que los ciudadanos se trasladaran a sus hogares, pero
aclararon que la suspensión del servicio se reanudará mañana.
Jorge
Lanza, dirigente de los transportistas, explicó que el paro ha sido
suspendido de manera momentánea mientras continúan las negociaciones
con el gobierno.
Noticia Relacionada: Régimen de Honduras cita nuevamente a los transportistas a dialogar
Lanza
detalló que las acciones se restablecerán mañana a partir de las 8:00
de la mañana, aunque otros transportistas de otras ciudades del país,
anunciaron que iniciarán desde las 6:00 de la mañana.
Los
transportistas advirtieron que las acciones de protesta continuarán en
los mismos puntos de hoy, debido a la intransigencia del gobierno que
todavía no expone puntos claros e incluso está aplicando tácticas
dilatorias.
La
protesta de los transportistas es acompañada por un fuerte sector de la
población, que comparte la idea que el gobierno rebaje 23 lempiras al
galón de los combustibles, porque con ello habría un impacto directo y
favorable al costo de la vida. Sin embargo, hay otros sectores que ven
con recelo el planteamiento porque consideran que los transportistas
podrían estar utilizando el tema como una estrategia para lograr sus
objetivos económicos particulares.
Con
el paro de este jueves miles de hondureños en diferentes partes del
país se vieron obligados a caminar por largos trayectos, especialmente
en las principales ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
En
virtud de las tomas, la secretaría de Educación anunció la suspensión
de las clases mañana viernes durante la jornada matutina. Esta misma
acción fue aplicada hoy en horas de la tarde en la Universidad
Pedagógica Nacional-Francisco Morazán (UPN-FM) y en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En las afueras de este último
centro de estudios, se reportó el lanzamiento de bombas lacrimógena por
parte de la policía en contra de un grupo de estudiantes que realizaba
una protesta.
Régimen de Honduras cita nuevamente a los transportistas a dialogar
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– El régimen de Honduras encabezado por Juan Hernández, ha hecho un
llamado a los empresarios del transporte para que se sienten a dialogar
nuevamente.
El
llamado fue realizado por el secretario del trabajo, Carlos Madero,
quien ha manifestado que ahora irán con nuevos actores y para ello han
invitado al presidente de la (ADECABAH), Adalid Irías y a Gloria Pérez,
coordinadora del Comité para la Defensa del Consumidor (CODECO), como
representantes de los consumidores.
La
cita está agendada para la tarde de este jueves y será en la secretaría
del trabajo y el interlocutor por parte del régimen será Carlos Madero.
Los
transportistas han manifestado que su propuesta de bajarle 23 lempiras a
cada galón de combustible y que ahora esperan una contrapropuesta del
sector gubernamental.
Rigoberto
Galo, dirigente del transporte manifestó que ellos acudirán a la cita
para escuchar cual es la contrapropuesta que tiene el gobierno.
Por
su parte Marbyn Galo, manifestó que ellos ya se han sacrificado por más
de ocho años sin subirle a las tarifas y que ahora le corresponde al
gobierno sacrificarse en favor del pueblo y por esa razón piden la
rebaja de la ganancia del gobierno en la venta y comercialización de los
combustibles.
Mientras
se desarrolla el diálogo entre transportistas y gobierno las tomas
seguirán en todo el país y serán suspendidas hasta que el régimen acepte
la propuesta de los transportistas.
Alcaldía capitalina impulsa más pobreza con abusivos impuestos de hasta 146%
¡Abuso!
Eso afirman las cifras que la alcaldía de la capital hondureña, bajo
mando de Nasry Asfura, insiste en sacar del bolsillo de la ciudadanía a
través de exageradas tasas que acelerarán más pobreza en los residentes de Tegucigalpa y Comayagüela.
Las
tasas municipales son tan irracionales que, por ejemplo, una camioneta
de 2001, (17 años de uso) en 2017 pagó 1,270 lempiras por tasa
municipal, pero este año incrementó a 3,130, o sea, una alza de la tasa
en 146.5 por ciento que, al sumarle la tasa vehicular de 2,200 lempiras,
el dueño debe pagar un total de 5,330 lempiras. En Honduras contra toda
lógica, entre más viejo es un carro paga más impuestos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El titular de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC),
Nasry Asfura, que forman las ciudades Tegucigalpa y Comayagüela,
prometió ayer miércoles a los transportistas del taxi una reducción de
35 por ciento de la alza en la tasa municipal que había determinado
sobre vehículos de uso público y privado, pero el alcalde no explicó de
qué monto total se hará la reducción de ese porcentaje.
Asfura
detalló que los taxis con placas anteriores a 2012 y después de 2013
tienen el 40 por ciento de reconsideración. Mientras, las placas
particulares tienen 35 por ciento.- En el caso de motocicletas con
placas anteriores a 2012 y después de 2013 también tendrán un 35 por
ciento menos de la tarifa aprobada el pasado 29 de mayo en la tasa vial.
Sin
embargo, como un cobro abusivo han catalogado los capitalinos
propietarios de automóviles al impuesto aplicado por la Corporación
Municipal de la capital hondureña para 2018 y, sigue siéndolo, aún con
la reducción de 35 y 40 por ciento –todavía en palabras— que el edil
Asfura ha prometido cumplir a partir de la próxima semana.
Según
la comuna capitalina, el fuerte incremento se justifica debido a que en
los últimos años no ha habido incremento, lo que es desvirtuado por
muchos dueños de vehículos quienes aseguran que año tras año ha habido
leves incrementos a la tasa municipal, pero que para este año el
incremento es abusivo de hasta un 146.5 por ciento como lo demuestra un
entrevistado por EL LIBERTADOR.
Andrés
Gutiérrez guarda cada año la hoja impresa en línea con el monto de la
matrícula de su vehículo, una camioneta Hyundai Santa Fe año 2001, en
donde demuestra que en 2017 pagó 1,270 lempiras sólo por concepto de
tasa municipal, pero este año incrementó a 3,130, un aumento del 146.5
por ciento que aunado a la tasa vehicular por la que tiene que pagar
2,200 lempiras le sale un total a pagar de 5,330.00 por un modelo que ya
lleva 17 años en el mercado. Ese monto total en 2017 fue inferior
cuando alcanzó 3,560 lempiras.
De
acuerdo a autoridades de la comuna Tegucigalpa, el alza a la tasa
municipal es aplicable a las unidades motorizadas que tienen cilindraje
de 1 a 1,200 centímetros cúbicos (cc) que pasarán de pagar 780 a 1,460
lempiras y de 1,401 a 2,000 cc, quienes pagaban 920 lempiras el año
pasado y ahora pagarán 2,120 lempiras.
Por
su parte, los propietarios de unidades de 2001 hasta 2,500 c.c. pasarán
de pagar 1,060 lempiras a 2,438 lempiras, un alza de 1,378 lempiras,
equivalente al 130 por ciento. En tanto, los dueños de rastras tendrán
el mayor incremento en la tasa municipal que será del 150 por ciento, ya
que el año pasado pagaron 680 y a partir de 2018 cancelarán un promedio
de 1,700 lempiras.
De
acuerdo a las autoridades de la municipalidad que dirige Nasry Asfura,
la medida entrará en vigencia a partir del mes actual y es aplicable
únicamente a las unidades motoras de 2012 en adelante, lo que muchos
consideran una farsa ya que es aplicable desde las unidades más viejitas
hasta los modelos más modernos.
Los
capitalinos dueños de vehículos han mostrado su malestar ya que
independiente del año del vehículo, les salen ostentosos incrementos
desde un 88 por ciento como porcentaje mínimo, sin tomar en
consideración el año del vehículo.
De
acuerdo a Gutiérrez, solo en este país de “Alicia” para los corruptos
del poder se ven estas cosas tan absurdas, como el incremento desmedido
en la tasa municipal a los vehículos que, mientras más viejo es un
modelo, más se tiene que pagar, siendo un bien mueble que año tras año
va depreciando su valor”
Con
esta alza desmedida en las tasas municipales, la alcaldía de la capital
espera sumar a sus bolsas más de 400 millones de lempiras en 2018,
según informó una fuente de ese ente capitalino.
Poca transparencia e incrementos de impuesto receta de municipalidades hondureñas
En
Honduras las 298 municipalidades están seriamente cuestionadas por la
falta de transparencia y los constantes golpes tributarios que recetan a
la ciudadanía. Las municipalidades han dejado de ser entidades que
velan por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y se han
convertido sobre todo, en defensoras de las élites poderosas del país.
Datos de la Asociación de Municipios de
Honduras, AMHON, señalan que a inicios del 2018, el endeudamiento en
algunas corporaciones superan los dos mil millones de lempiras. Según la
AMHON, la mayor deuda es para las municipalidades de categoría “A”, es
decir las principales ciudades del país, seguidas de las de categoría “C
y D”, que son las que mayor crisis tienen, porque no son
autosuficientes y necesitan de las transferencias para sobrevivir.
A criterio del ex asesor de la
Asociación de Municipios de Honduras, Víctor Henry, el endeudamiento de
las municipalidades es producto de la crisis económica que vive el país,
pero el mismo debería ser guiado de manera planificada, de lo
contrario será impagable. Señala que el endeudamiento se traduce en
pobreza, y muchas veces como una excusa para enriquecerse a costillas
de la ciudadanía.
Víctor Henry explica que para que las
municipalidades salgan a flote, todo pasa por tener voluntad política,
en otras palabras “tener austeridad y transparentar su administración”.
Por ejemplo, las municipalidades que tienen más de 50 millones de
ingreso sólo deben gastar el 40% en gastos de funcionamiento, pero la
mayoría gasta más de 75% del presupuesto.
En el año 2017 el Tribunal Superior de
Cuentas (TSE), señaló que al menos 32 municipalidades fueron notificados
con responsabilidad administrativa. Por otra parte, el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), aseguró llevar líneas de investigación de 15
casos donde se ven involucrados alcaldes o corporaciones municipales.
Participación Ciudadana
La participación de la ciudadanía en las
decisiones vitales de los municipios está establecida en la ley de
participación ciudadana y otras normativas nacionales. Sin embargo todo
queda en papel, porque a la larga a la ciudadanía poco o nada se le
garantiza su participación.
El ex asesor de la Amhon, Víctor Henry,
es del criterio que si una alcaldía quiere impulsar la participación de
la ciudadanía, debe delimitarse de la participación política. Es decir,
dejar por fuera los compadrazgos políticos y comenzar a tomar en cuenta
las diversas organizaciones ciudadanas, como patronatos, juntas de agua,
juntas comunitarias, comisionado municipal de transparencia, sociedad
civil, entre otras. A medida que esas instancias se involucren existirá
mayor gobernabilidad en el territorio, y mejor calidad de vida en la
ciudadanía.
En el tema ambiental, la participación
ciudadana es prácticamente nula. El Estado tiene un mandato claro para
las municipalidades en torno a conservar el medio ambiente y garantizar
el bienestar de las poblaciones que están bajo su territorio. Sin
embargo, muchas corporaciones municipales dan la espalda a la ciudadanía
y se vuelven cómplices de empresas que se dedican a la explotación de
los bienes naturales.
El artículo 12 de la Ley de
Municipalidades establece que la autonomía municipal se ejerce en la
competencia del municipio para satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la población, no tanto para beneficiar a empresas como está
sucediendo en muchos municipios donde se otorgan concesiones a empresas
transnacionales, sino que la finalidad principal debería ser el
bienestar de la población.
Para el ambientalista del Equipo de
Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, Pedro Landa, la misma ley
establece que ningún alcalde o alcaldesa puede negar una petición que
vaya orientada a la protección y conservación del medio ambiente y los
bienes naturales, porque eso forma parte de sus obligaciones como
funcionario.
Para el caso en municipios como Tocoa,
Colón donde la ciudadanía exige la realización de un cabildo abierto
para declarar el municipio libre de explotación minera, las autoridades
están incumpliendo con sus deberes y afectado la autonomía del
municipio.
Víctor Henry dice que el silencio en el
caso de Tocoa, Colón es hasta cierto modo de mala fe, porque no es
cierto el argumento que dan las autoridades, asegurando que no pueden
realizar un cabildo abierto para detener la concesión minera en el
sector Guapinol. Explica que la Ley, ya establece los mecanismos
alternos a los que se puede recurrir.
Por ejemplo el plebiscito, establecido
en el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, el mismo puede
ser solicitado por la alcaldía recogiendo el 2% de las firmas del último
padrón electoral. Sin embargo, los intereses económicos y la falta de
voluntad política de las autoridades municipales impiden que se
garantice la participación de la ciudadanía, concluye el experto.
Plan de arbitrios y constantes trancazos
El plan de arbitrios en teoría debería
ser una especie de desahogo para las finanzas de las municipalidades.
Sin embargo, se han convertido en una piñata y un verdadero golpe a la
deficiente economía de la ciudadanía.
Víctor Henry dice que el plan de
arbitrios se ha convertido en una camisa de fuerza para la ciudadanía y
en su mayoría se aprueban sin consultar previamente. El mayor ejemplo es
lo que sucede con el aumento a la tasa vehicular en municipalidades
como Tegucigalpa y El Progreso, donde sus autoridades aprobaron
incrementos hasta del 370 por ciento sin socializar con la población.
Los trancazos han provocado constantes movilizaciones en Tegucigalpa y
El Progreso, donde la ciudadanía demanda la eliminación de cobros
abusivos y fuera de la ley.
Alcaldesa Tona Pineda Castellanos, del Partido Nacional, denunciada por amenazar regidores de la oposición
Por mantener una posición en contra de la firma y suscripción de
contratos “amañados” de parte de la alcaldesa de Alcaldía Municipal de
Las Vegas, en Santa Bárbara, Tona Pineda Castellanos, del Partido
Nacional de Honduras, regidores del Partido Libertad y Refundación,
(Libre), se sienten amenazados y temen por sus vidas. Es usual que la
Policía Militar esté en las reuniones de Corporación Municipal de forma
amenazante contra los regidores de oposición.
Víctor Hugo Tejada, regidor del Partido Libertad y
Refundación,(Libre), denunció las amenazas que recibe de parte de la
alcaldesa nacionalista, Pineda Castellanos, quien en sus expresiones
dice entras cosas que “si la justicia no hace nada, entonces lo hará el
pueblo”, culpándoles de haber incendiado hace más de un mes la alcaldía
del sector.
Tejada informó de los sucesos del pasado viernes en donde fue amedrentado por miembros de la policía militar que se encontraban de manera ilegal en la sesión de Corporación Municipal, en pleno abuso de autoridad de parte de la alcaldesa que permitió que ellos estuvieran en la sesión y quienes a raíz de haber reclamado el ilícito, lo lastimaron a él y al otro regidor de LIBRE, Robin Isacc Pacheco Manzanares.
Hechos
Tejada indicó que “nos hemos opuesto a la suscripción de algunos contratos, los cuales no hemos parado, porque siempre de una corporación municipal de 8 regidores y el alcalde, nos terminan venciendo 7 a 2 en la votación”.
Denunció que la alcaldesa de Las Vegas “le ha dado contratos de medicamentos al vice alcalde y eso la ley lo prohibe y por eso nos hemos opuesto y no sólo en eso, también en varias situaciones.
Agregó que lo que pasó el pasado viernes 13 de julio fue lo que derramó el vaso ya ella estaba hablando de que ya se firmó un convenio con la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados), para que la Alcaldía pueda usar maquinaria incautada, aunque vemos bien este tipo de convenios, pero lo que nosotros no vemos bien es que no se nos permita ver y analizar el convenio, por lo cual hemo pedido copia del convenio y no nos lo permitieron”.
El regidor de LIBRE dijo que “el viernes que nosotros llegamos se iban a firmar las dos actas de las sesiones que se dieron antes de la quema de la alcaldía hace un mes, después que se conoció el caso “Pandora”, donde el esposo de la alcaldesa Ramón Lara, supuestamente está implicado en eso y el fue alcalde de Las Vegas también, y por eso la gente decidió quemar la alcaldía en señal de indignación”.
Relató que “luego de que llegamos unos 28 minutos después de iniciada la sesión de Corporación, (el paso viernes) sólo habían tres regidores allí y nos dijeron que ya iban por el punto seis y el punto cinco era la lectura del acta anterior y entonces ellos no querían que leyeramos la acta acterior, porque allí se hablaba de todo el convenio con la OABI y esa fue la primera discusión de que no podían iniciar la sesión sin quorum y lo otro es que no podíamos firmar el acta sin leer el convenio y fue allí en donde comenzó la discusión”.
Agresión
Tejada relató que se dio la discusión “y en ese momento yo fui agredido por Carlos Gustavo Fuentes Paz e, regidor del Partido Liberal, quien era el candidato a la alcaldía en el proceso anterior. Descubrimos que el acta anterior estaba firmada por dicho regidor que no estuvo en la reunión y cuando yo la reviso aparece que él estaba presente”.
El regidor destacó que esos descubrimientos fueron puestos en conocimiento de la sesión de corporación, pero el regidor denunciado se le vino encima y empezó a empujarlo a modo de provocarlo para que lo agrediera, pero eso no provocó que perdiera la calma.
“Intervino el militar, queriendome apartar a mí y no a él, pero fue el regidor quien vino a invadir mi espacio, aunque había un comunicador social allí, pero no grababa porque son pagados por la Alcaldía y reciben un contrato en la municipalidad y se dio una discusión muy fuerte allí”, relató el afectado.
En el hecho su compañero regidor del mismo partido intentó hacer un video de lo que ocurría en ese instante lo cual provocó una acción de la alcaldesa, le gritaron “maricón, así actúan los maricones y le lanzó un botellón con agua, le dijo palabras soeces como estúpido, votá ese teléfono, y les dijo a los militares que nos quiten el teléfono y le lanza tres botellazos, dos de ellos le dan en la cara y uno en la mano”, agregó.
“Los militares siempre están dentro de la sesión de corporación y cuando nosotros estamos discutiendo, hasta se nos quedan viendo serios y les he dicho a ellos, les voy a tomar fotos y me quedan vindo raro, pero yo no les muestro miedo en ningún momento y eso es una intimidación”.
Otros sucesos
El regidor de LIBRE también denunció que ha visto a personas sospechosas de ser sicarios o de darle muerte a otras personas, lo cual lo hacen temer por su vida.
“Lo que ha mí me ha llamado la atención es que despues de la sesión la alcaldesa salió junto con el vice alcalde a hacer unas llamadas y cuando yo me comunico con representantes de mi partido, en la parte de debajo de la calle veo a tres personas que según hemos investigado son sicarios”.
“Yo paso y no me hablaron, adiós muchachos les dije, pero uno de ellos me respondió hartate tu madre, comé mier…, me dijo”.
Tejada expresó que el hecho ya se lo puso en conocimiento de la policía, con los tres personajes.
“Es una situación que a nosotros nos pone en peligro porque Las Vegas es el tercer municipio más violento de Santa Bárbara y se reporta un muerte violenta en cada semana, a veces que hay dos o tres muertes violentas”, reiteró.
Marchas
El regidor informó que en los últimos días han realizado un estudio de la violencia en la zona y los datos indican que las personas que han perdido la vida, son jóvenes que participaron en las marchas.
“Estamos haciendo un trabajo con unos amigos de identificar a todos los jóvenes que han muerto en el municipio en los últimos tres años y hemos identificado a jóvenes que han andado en las marchas, en las movilizaciones y al día de hoy están muertos”, denunció.
Tejada concluyó que ya ha puesto en conocimiento del hecho a las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(Conadeh), la policía y la Fiscalía de los Derechos Humanos para que se investigue el hecho y se proceda con las acciones necesarias para proteger su vida y la de su compañero regidor de la Alcadía de Las Vegas en Santa Bárbara.
Tejada informó de los sucesos del pasado viernes en donde fue amedrentado por miembros de la policía militar que se encontraban de manera ilegal en la sesión de Corporación Municipal, en pleno abuso de autoridad de parte de la alcaldesa que permitió que ellos estuvieran en la sesión y quienes a raíz de haber reclamado el ilícito, lo lastimaron a él y al otro regidor de LIBRE, Robin Isacc Pacheco Manzanares.
Hechos
Tejada indicó que “nos hemos opuesto a la suscripción de algunos contratos, los cuales no hemos parado, porque siempre de una corporación municipal de 8 regidores y el alcalde, nos terminan venciendo 7 a 2 en la votación”.
Denunció que la alcaldesa de Las Vegas “le ha dado contratos de medicamentos al vice alcalde y eso la ley lo prohibe y por eso nos hemos opuesto y no sólo en eso, también en varias situaciones.
Agregó que lo que pasó el pasado viernes 13 de julio fue lo que derramó el vaso ya ella estaba hablando de que ya se firmó un convenio con la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados), para que la Alcaldía pueda usar maquinaria incautada, aunque vemos bien este tipo de convenios, pero lo que nosotros no vemos bien es que no se nos permita ver y analizar el convenio, por lo cual hemo pedido copia del convenio y no nos lo permitieron”.
El regidor de LIBRE dijo que “el viernes que nosotros llegamos se iban a firmar las dos actas de las sesiones que se dieron antes de la quema de la alcaldía hace un mes, después que se conoció el caso “Pandora”, donde el esposo de la alcaldesa Ramón Lara, supuestamente está implicado en eso y el fue alcalde de Las Vegas también, y por eso la gente decidió quemar la alcaldía en señal de indignación”.
Relató que “luego de que llegamos unos 28 minutos después de iniciada la sesión de Corporación, (el paso viernes) sólo habían tres regidores allí y nos dijeron que ya iban por el punto seis y el punto cinco era la lectura del acta anterior y entonces ellos no querían que leyeramos la acta acterior, porque allí se hablaba de todo el convenio con la OABI y esa fue la primera discusión de que no podían iniciar la sesión sin quorum y lo otro es que no podíamos firmar el acta sin leer el convenio y fue allí en donde comenzó la discusión”.
Agresión
Tejada relató que se dio la discusión “y en ese momento yo fui agredido por Carlos Gustavo Fuentes Paz e, regidor del Partido Liberal, quien era el candidato a la alcaldía en el proceso anterior. Descubrimos que el acta anterior estaba firmada por dicho regidor que no estuvo en la reunión y cuando yo la reviso aparece que él estaba presente”.
El regidor destacó que esos descubrimientos fueron puestos en conocimiento de la sesión de corporación, pero el regidor denunciado se le vino encima y empezó a empujarlo a modo de provocarlo para que lo agrediera, pero eso no provocó que perdiera la calma.
“Intervino el militar, queriendome apartar a mí y no a él, pero fue el regidor quien vino a invadir mi espacio, aunque había un comunicador social allí, pero no grababa porque son pagados por la Alcaldía y reciben un contrato en la municipalidad y se dio una discusión muy fuerte allí”, relató el afectado.
En el hecho su compañero regidor del mismo partido intentó hacer un video de lo que ocurría en ese instante lo cual provocó una acción de la alcaldesa, le gritaron “maricón, así actúan los maricones y le lanzó un botellón con agua, le dijo palabras soeces como estúpido, votá ese teléfono, y les dijo a los militares que nos quiten el teléfono y le lanza tres botellazos, dos de ellos le dan en la cara y uno en la mano”, agregó.
“Los militares siempre están dentro de la sesión de corporación y cuando nosotros estamos discutiendo, hasta se nos quedan viendo serios y les he dicho a ellos, les voy a tomar fotos y me quedan vindo raro, pero yo no les muestro miedo en ningún momento y eso es una intimidación”.
Otros sucesos
El regidor de LIBRE también denunció que ha visto a personas sospechosas de ser sicarios o de darle muerte a otras personas, lo cual lo hacen temer por su vida.
“Lo que ha mí me ha llamado la atención es que despues de la sesión la alcaldesa salió junto con el vice alcalde a hacer unas llamadas y cuando yo me comunico con representantes de mi partido, en la parte de debajo de la calle veo a tres personas que según hemos investigado son sicarios”.
“Yo paso y no me hablaron, adiós muchachos les dije, pero uno de ellos me respondió hartate tu madre, comé mier…, me dijo”.
Tejada expresó que el hecho ya se lo puso en conocimiento de la policía, con los tres personajes.
“Es una situación que a nosotros nos pone en peligro porque Las Vegas es el tercer municipio más violento de Santa Bárbara y se reporta un muerte violenta en cada semana, a veces que hay dos o tres muertes violentas”, reiteró.
Marchas
El regidor informó que en los últimos días han realizado un estudio de la violencia en la zona y los datos indican que las personas que han perdido la vida, son jóvenes que participaron en las marchas.
“Estamos haciendo un trabajo con unos amigos de identificar a todos los jóvenes que han muerto en el municipio en los últimos tres años y hemos identificado a jóvenes que han andado en las marchas, en las movilizaciones y al día de hoy están muertos”, denunció.
Tejada concluyó que ya ha puesto en conocimiento del hecho a las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(Conadeh), la policía y la Fiscalía de los Derechos Humanos para que se investigue el hecho y se proceda con las acciones necesarias para proteger su vida y la de su compañero regidor de la Alcadía de Las Vegas en Santa Bárbara.
Contextos y repercusiones de La Masacre del 6 de Julio de 1944
Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
a R.P.Z y a los caídos, que no pudieron escuchar
Faltaban
meses para que terminara la Guerra…pero ya se podía anticipar y había
esa alegre expectativa. Los aliados marchaban hacia Alemania desde
Normandía y desembarcaban en Italia. Luego de roto el cerco alemán, los
soviéticos marchaban desde Leningrado a Minsk sin resistencia y a
Lituania. Los EUA bombardean Tokio y los japoneses se retiraban de
Saipán.
En
el idílico pueblito de Bretton Woods se reunió ese mismo día la
Conferencia mundial que, por un lado, fundó el Banco Mundial para
financiar la reconstrucción de posguerra y por otro, sustituyó el patrón
oro con el patrón dólar que bien le sirvió a la hegemonía y se está
disolviendo ahora. Acababa de anunciar el F. Delano Roosevelt que
buscaría un cuarto periodo sin precedentes, y pues que ha sacado a EUA
de la Depresión y camina hacia la victoria, nadie lo reta. Carias quiere
seguir sus pasos, no tiene los meritos.
En
Centroamérica con la complacencia de Roosevelt, más bien caían las
dictaduras…Maximiliano Hernández había caído en mayo dos meses antes, la
Revolución en Guatemala triunfaba contra Ubico el 30 de junio y
Figueres regresa a Costa Rica del exilio y emprende la lucha que
triunfará en la Guerra Civil pocos años después. En mayo y junio de 1944
en Managua se dio un olvidado movimiento de protestas
antireeleccionistas contra las maniobras de Somoza que dispuso ese mes
cerrar el Ministerio de Instrucción Pública. Centroamérica había sido
desde el s. XIX un sistema de vasos comunicantes… con la revolución de
las comunicaciones, la interacción de ese sistema es cada vez más
rápida. Sobre todo, la radio y los periódicos locales esparcen la
información, los gremios reparten hojas sueltas para subsanar.
San Pedro Sula, economía, paisaje y sociedad en los 1940´s
Después
de sortear la terrible crisis de los 1930s, el primer lustro de los
1940s fue tiempo de inflexión en la transición sampedrana de una
economía agrícola al comercio y la industria corporativa. De ser hogar
de los finqueros, que aprovechaban el ferrocarril para exportar su fruta
y producto ganadero al puerto… y Company town provisional (mientras La
United desarrolla Lima nueva), San Pedro Sula concentra un primer
desplazamiento de población desde los campos y se convierte rápidamente
en capital del comercio de Noroccidente. Desde mediados de los treintas
es pionera de una novel pequeña industria. (Azúcar y derivados, refresco
y cerveza, jabón y manteca, los primeros textiles). Aun con los
campeños inmigrados, prevalecen en la población, otros migrantes, de
lejos Medio Oriente, EUA y Europa y criollos de cerca, Santa Bárbara,
Olancho, Copan y Yoro. Comerciantes y profesionales, cafetaleros y
terratenientes. Con todos, hay menos de 20 mil en la circunscripción
municipal, que incluye a las limas, mayoritariamente adultos,
económicamente activísimos.
El
incendio de 1935 que había destruido once cuadras y media del centro de
la ciudad de madera, remueve a la casta del comercio, empobrece a
algunos, abre otros espacios y genera un cambio del paisaje. Por dictado
de la corporación y exigencia de los seguros, el centro de la ciudad se
reconstruye de mampostería y las nuevas construcciones de la periferia,
en Guamilito y Río Piedras también. En el aro intermedio, prevalecen
aun las residencias grandes y pequeñas entremezcladas y las cuarterías,
todavía de madera. No hay –aun- una segregación social del espacio
urbano, ni de la vida social. Las distancias sociales aún son relativas.
A
inicios de los cuarentas los sampedranos comulgan juntos en su Feria
patronal, la de San Pedro, casi todos son católicos, festejan y bailan
juntos en el Parque central, sobre una pista improvisada y con la misma
música. Incluso las festividades privadas, bodas y bautismos se
comparten entre pobres y ricos sin reparar mucho en ello. Una sociedad
sui generis… ¿de una sola clase? Finqueros ganaderos, artesanos
comerciantes, profesores, obreros y arrieros
Van
juntos a las escuelas y se amistan ahí. Aunque ya se siente la
necesidad, y Carias justamente ha mandado a construir la Francisco
Morazán, en San Pedro solo hay un haz de escuelas y un colegio. La
población estudiantil es tan pequeña, circa 1940, que a veces el propio
alcalde supervisa los exámenes. Aunque concentra a la mayor cantidad de
profesionales, fuera de Tegus, vienen graduados de afuera, de allá o de
Guatemala o de El Salvador, México, antes de la guerra incluso de
Europa. Entonces habría sido imposible un movimiento popular de
estudiantes y maestros como los que habían derrocado dictadores en otros
países de la vecindad, con capitales llenas de estudiantes. Aunque
justamente uno de los caídos el 6 de Julio es Taurino Bustamante,
Presidente del Ateneo del José Trinidad Reyes. Marchan juntos, chuños y
catrines. Caen. Se ensangrientan juntos.
Políticamente
-antes de la masacre- San Pedro era mayormente nacionalista, Manuelista
primero y luego Cariista hasta 1936. Los liberales astutos ganaron la
elección de 1936, y Carias suprimió la corporación y estableció un
distrito al que le pone Jefe de dedo. En el Partido Liberal y el propio
nacionalista hay descontento con el continuismo del que también surgen
nuevos partidos. Dos de estos se fusionan en el Partido Democrático
Revolucionario Hondureño, cuyo periódico Vanguardia Revolucionaria,
agita con dificultad contra el imperialismo en una ciudad pitiyanqui y
contra la dictadura. De esos descontentos diversos salen los líderes el 6
de Julio… mujeres y hombres bien educados, profesionales, de clase
media y parvenus. La base del movimiento es pluriclasista, de clase
media, empleados y empleadas del comercio, bien vestidos, pero
mayoritariamente como las víctimas, es obrera, de trabajadores,
incluidos los bananeros cercanos que tenían diez años de sufrir la
cruenta represión de Carias. Que se debía enteramente a Zemurray y no
perdona huelga ni anda con paños tibios. Había establecido pena de
muerte como espectáculo, instituido el exilio (se van con pasaporte, se
queja Carias) y cárcel… para cualquiera que se le opusiera, Roberto
Fasquelle por ejemplo, por quien intercedió Zemurray para sacarlo, con
condiciones. Las manifestaciones políticas están prohibidas… el permiso
de J. M. Gálvez era ilegal. Allá él. Carias ya había reprimido
violentamente la marcha del 4 de Julio en Tegucigalpa y encarcelado a
respetables damas por andar de bulliciosas y debe haber dado la orden.
No estaba listo para entregar, la providencia le debía 4 años más. Mama
dice que Carias nos castró en la masacre. ¿Nos castró o nos enseñó
cosas?
La
prensa encubre, pero no borra la memoria. A largo plazo, en el proceso
social a fines de los cuarentas la ciudad retoma su proceso de
modernización. En la Huelga del 54 –que sin lugar a duda resucitó al 44–
se corrigieron errores. Se entendió que el protagonista es el pueblo.
La base es obrera pero también el liderazgo, más coherente y más
beligerante, que marcha, machete en mano. No anda con esas mariconerías
de que pacífica y de brazos caídos. Gálvez respeta y los militares no se
atreven.
En
lo social, el nuevo proletariado se organiza en sindicatos fuertes, sin
perderse aún aquella cohesión del 44 que no existe hoy. En lo
económico, el capitalismo corporativo establece redes y estará listo
pasa a ser el protagónico cuando la United se retire resentida en 54. En
lo cultural, la protesta cuaja en un intento por rescatar lo propio, un
revival intelectual. Se publica entre 1944 y 1954 más que jamás antes, o
de lo que se publicó desde el 55 al 2004, ciencia, Pérez Estrada,
historia Conrado Bonilla, la literatura exiliada de Amaya, periodismo.
En lo político San Pedro apoyó a Gálvez contra Carias y del Galvismo se
pasó a resucitar el extinto Partido Liberal por disolución del PDRH.
Foto: laprensa.hn
El periódico digital, pasosdeanimalgrande.com , en su afán de
sacar la verdad a flote sobre los cumplimientos del Estado y del
seguimiento que le dan las instituciones involucradas de los derechos
humanos a las recomendaciones que dio el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU), analizó una de las recomendaciones del Examen
Periódico Universal, (EPU), relacionadas con las telecomunicaciones, la
libertad de expresión y el ejercicio profesional de los periodistas y
los comunicadores sociales en el país.
Reformas a la Ley de Telecomunicaciones permanecen engavetadas.
Por segmentos pretenden aprobar en el Congreso Nacional facetas de la Ley de Telecomunicaciones concertadas en el Gobierno de Lobo.
Radios comunitarias de Pueblos Indígenas tiene que ampararse en el Convenio 169 de OIT para poder informar a su gente.
“Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Primer análisis: La realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones
De acuerdo a especialistas que participaron en las reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (Decreto 185-95 del 5 de diciembre de 1995 y actualización de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997), la misma quedó solamente en una intención de parte del ex presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, quien concertó con diferentes medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones del gremio periodístico, derechos humanos , instituciones del Estado y analistas del derechos internacional quienes participaron, pero las reformas a través de una nueva ley marco, siguen engavetadas en el Congreso Nacional (CN).
Alicia Pazo, especialista en derecho internacional y telecomunicaciones de la Red de Desarrollo Sostenible , (RDS), indicó que “La ley se construyó, pero como propuesta se engavetó, esa ley quedó en el Congreso engavetada, se mandó a la Comisión, al Congreso y se engavetó”.
La Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997 sigue vigente, por lo cual, las recomendaciones hechas a la misma por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (ONU), hechas en el 2015 durante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no han sido posibles, ya que no existe voluntad política para hacerlo.
Son partes
Actualmente el Congreso Nacional lo que ha estado sacando son partes que fueron discutidas en las reformas para una nueva ley de telecomunicaciones, como el recién vetado Artículo 335-B del nuevo Código Penal, que castigaba la libertad de expresión como una apología contra el terrorismo y la Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, la cual se encuentra en su segundo debate en el hemiciclo legislativo.
“Es una ley que no entra dentro del enfoque que le están dando y lo que le falta al Congreso es entendimiento de lo que es la convergencia tecnológica en la era digital y qué es la digitalización, porque ellos están tomando información de Colombia, pero no están entendiendo lo que es la libetad de expresión dentro de los sistemas informáticos y qué es realmente las telecomunicaciones, aunque convergen, son dos cosas diferentes”, agregó la especialista.
Según Pazo, “Las Naciones Unidas decían que la ley buscaba la articulación para poder converger y poder mejorar la educación y el desarrollo de las comunidades, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.
Para la entrevistada, dicha ley que actualmente discute el CN en relación a mejorar las telecomunicaciones en el país, “no está enfocada en esa articulación que se le dio a la Ley, y desconozco si ha sido trastocada y hasta este momento estoy viendo que sacan facetas como “la ley mordaza” que le llaman y no el otro enfoque que era un pensamiento técnico, científico, de orientación al desarrollo y a la libertad de expresión”, destacó.
En su análisis, Pazo destacó uno de los puntos relacionados con los dominios para las páginas digitales, los cuales están mal orientados y aplicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(Conatel).
“La Ley que está vigente es la misma que ha estado siempre, lo que ha hecho Conatel y me parece que no es lo correcto, es que han ido sacando de esta ley marco, resoluciones administrativas que son propias de una autoridad, pero no de una concenso de una nación o de una comunidad. Y cuando se dice por ejemplo: facultad para administrar los registros de nombres de dominio, en Conatel están errando, porque los registros de dominios son de una comunidad, que ya tiene su estructura, como es el laican con todas las comunidades y estos son principios homologados universalmente, no de país”, apuntó.
Para Alicia Pazo, es imposible controlar una soberanía con lo que es el ecosistema del internet, para eso es la convergencia, para tratar de combatir los crímenes y para eso nace el Tratado de Budapest ( sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes), “en el que Honduras debe de acogerse para buscar a través de los entes administradores de la justicia y de investigación, articular los procesos, pero no venir a castigar a una sociedad en desarrollo, por el hecho de querer controlar las redes sociales”.
Para ella es difícil controlar un dato que viene de un país equis a un país A, concluyó.
Radios comunitarias
Una de las principales discusiones en las que se llevó parte del tiempo de la concertación del Gobierno con los sectores para una nueva Ley de Telecomunicaciones, fue la de compartir el espacio radioeléctrico con las organizaciones de la sociedad civil, específicamente con los pueblos indígenas y negros de Honduras a través de las radios comunitarias.
“El hecho de que Conatel ponga una veda en el espectro radioeléctrico y no lo lleve a un concenso con la comunidad, es un abuso de autoridad y eso significa que está objetando la industrialización de los poderes económicos que están concentrados en la explotación de este rubro y está cerrando la oportunidad de desarrollar a las comunidades al extender las regularizaciones de la explotación de su radio comunitaria, porque qué están haciendo por eso las comunidades? se están imponiendo ante una norma.
Los indígenas están amparados por una norma que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual les otorga el derecho a una libertad de comunicación, libertad de expresión, pero lo que se está censurando es la forma en cómo se habla, estamos en un siglo donde la convergencia tecnológica y la transparencia, así como la corrupción que no se combate si no hay denuncia”, señaló Pazo.
Citó que un campesino no va a venir a la ciudad a denunciar a la fiscalía porque sabe que el sistema está viciado, pero si lo puede hacer a través de la libertad de expresión, teniendo la documentación de soporte que le da el derecho de hablar sobre determinada acción.
Veda
Carlos Enamorado, director de la Asociación de Medios Comunitarias de Honduras,(AMCH), afirmó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), mantiene una veda para inscribir o solicitar nuevas frecuencias de radio en el país desde el 2014 que inició el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Enamorado señaló que “se paró todo tipo de trámites con las radio comunitarias en el país para el otorgamiento de permisos, eso significa que la poca sensibilidad que se había creado con respecto a las radios comunitarias se haya ido debilitando, al grado tal de que muchas de las solicitudes presentadas antes de que llegara el presidente Hernández, en el gobierno del presidente Lobo están todavía estancadas”.
La veda abarca, tanto a los medios comunitarios como privados, precisamente argumentando que existe una saturación en el dial, tanto en Amplitud Modulada (AM), como en Frecuencia Modulada (FM).
“En este momento como AMCH estamos aprovechando un periodo de amnistía que comprende la oportunidad para que las radios que puedan regularizar su situación, puedan solicitar su título de habilitante y la amnistía consiste en perdonar costos, intereses, recargos, mora a aquellos operadores radio y televisión que tengan con el Estado”, añadió.
La amnistía también permite a las radios comunitarias solicitar su título de habilitante, aprovechando el tiempo de la amnistía.
Enamorado explicó que, “este es el único espacio para las radios comunitarias que se ha presentado durante los dos periodos de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sin embargo muchas de las radios comunitarias no cuentan con personería jurídica ya que no son fundaciones o Organismos No Gubernamentales y eso dificulta los trámites en un tiempo relativamente corto”, destacó.
La amnistía sólo abarca a las radios comunitarias en donde Conatel haya realizado una inspección técnica sobre la misma y la veda no permite más solicitudes de más radios comunitarias.
Actualmente existen entre 25 a 27 radios comunitarias que cuentan con permiso de Conatel y hay una cantidad similar de radios comunitarias, entre 25 a 26 que están desde el 2014 y otras desde el 2015 y que están solicitando registro, sin embargo cuando los mismos son negados y pertenecen a un grupo indígena, se ampara en el Convenio 169 de la OIT e inicia operaciones.
Reformas
El EPU pide al Estado de Honduras reformas a la Ley de Telecomunicación, sobre la solicitud de reformar la ley, Enamorado indicó que presentaron al seno del Congreso Nacional una solicitud para la apertura de una oficina especial para medios comunitarios que funcionaría en Conatel, pero la reforma fue engavetada.
“Estamos viendo cómo sacamos esa reforma que ha sido engavetada allí y ver cómo le damos trámite, pero la verdad es que solicitar en este momento una reforma a la ley de Telecomunicaciones, no hay ambiente en este momento y lo que más tenemos a mano es un reglamento de radiodifusión con fines comunitarios y ese es el que aplicamos la regulación de los medios comunitarios”, concluyó.
A través de la amnistía las radios comunitarias apelan a las autoridades para poder legalizar su status para operar legalmente en el país.
Por segmentos pretenden aprobar en el Congreso Nacional facetas de la Ley de Telecomunicaciones concertadas en el Gobierno de Lobo.
Radios comunitarias de Pueblos Indígenas tiene que ampararse en el Convenio 169 de OIT para poder informar a su gente.
- Veda para emitir frecuencias de radio tiene indicios que favorecen a grupos de poder
“Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Primer análisis: La realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones
De acuerdo a especialistas que participaron en las reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (Decreto 185-95 del 5 de diciembre de 1995 y actualización de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997), la misma quedó solamente en una intención de parte del ex presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, quien concertó con diferentes medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones del gremio periodístico, derechos humanos , instituciones del Estado y analistas del derechos internacional quienes participaron, pero las reformas a través de una nueva ley marco, siguen engavetadas en el Congreso Nacional (CN).
Alicia Pazo, especialista en derecho internacional y telecomunicaciones de la Red de Desarrollo Sostenible , (RDS), indicó que “La ley se construyó, pero como propuesta se engavetó, esa ley quedó en el Congreso engavetada, se mandó a la Comisión, al Congreso y se engavetó”.
La Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997 sigue vigente, por lo cual, las recomendaciones hechas a la misma por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (ONU), hechas en el 2015 durante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no han sido posibles, ya que no existe voluntad política para hacerlo.
Son partes
Actualmente el Congreso Nacional lo que ha estado sacando son partes que fueron discutidas en las reformas para una nueva ley de telecomunicaciones, como el recién vetado Artículo 335-B del nuevo Código Penal, que castigaba la libertad de expresión como una apología contra el terrorismo y la Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, la cual se encuentra en su segundo debate en el hemiciclo legislativo.
“Es una ley que no entra dentro del enfoque que le están dando y lo que le falta al Congreso es entendimiento de lo que es la convergencia tecnológica en la era digital y qué es la digitalización, porque ellos están tomando información de Colombia, pero no están entendiendo lo que es la libetad de expresión dentro de los sistemas informáticos y qué es realmente las telecomunicaciones, aunque convergen, son dos cosas diferentes”, agregó la especialista.
Según Pazo, “Las Naciones Unidas decían que la ley buscaba la articulación para poder converger y poder mejorar la educación y el desarrollo de las comunidades, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.
Para la entrevistada, dicha ley que actualmente discute el CN en relación a mejorar las telecomunicaciones en el país, “no está enfocada en esa articulación que se le dio a la Ley, y desconozco si ha sido trastocada y hasta este momento estoy viendo que sacan facetas como “la ley mordaza” que le llaman y no el otro enfoque que era un pensamiento técnico, científico, de orientación al desarrollo y a la libertad de expresión”, destacó.
En su análisis, Pazo destacó uno de los puntos relacionados con los dominios para las páginas digitales, los cuales están mal orientados y aplicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(Conatel).
“La Ley que está vigente es la misma que ha estado siempre, lo que ha hecho Conatel y me parece que no es lo correcto, es que han ido sacando de esta ley marco, resoluciones administrativas que son propias de una autoridad, pero no de una concenso de una nación o de una comunidad. Y cuando se dice por ejemplo: facultad para administrar los registros de nombres de dominio, en Conatel están errando, porque los registros de dominios son de una comunidad, que ya tiene su estructura, como es el laican con todas las comunidades y estos son principios homologados universalmente, no de país”, apuntó.
Para Alicia Pazo, es imposible controlar una soberanía con lo que es el ecosistema del internet, para eso es la convergencia, para tratar de combatir los crímenes y para eso nace el Tratado de Budapest ( sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes), “en el que Honduras debe de acogerse para buscar a través de los entes administradores de la justicia y de investigación, articular los procesos, pero no venir a castigar a una sociedad en desarrollo, por el hecho de querer controlar las redes sociales”.
Para ella es difícil controlar un dato que viene de un país equis a un país A, concluyó.
Radios comunitarias
Una de las principales discusiones en las que se llevó parte del tiempo de la concertación del Gobierno con los sectores para una nueva Ley de Telecomunicaciones, fue la de compartir el espacio radioeléctrico con las organizaciones de la sociedad civil, específicamente con los pueblos indígenas y negros de Honduras a través de las radios comunitarias.
“El hecho de que Conatel ponga una veda en el espectro radioeléctrico y no lo lleve a un concenso con la comunidad, es un abuso de autoridad y eso significa que está objetando la industrialización de los poderes económicos que están concentrados en la explotación de este rubro y está cerrando la oportunidad de desarrollar a las comunidades al extender las regularizaciones de la explotación de su radio comunitaria, porque qué están haciendo por eso las comunidades? se están imponiendo ante una norma.
Los indígenas están amparados por una norma que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual les otorga el derecho a una libertad de comunicación, libertad de expresión, pero lo que se está censurando es la forma en cómo se habla, estamos en un siglo donde la convergencia tecnológica y la transparencia, así como la corrupción que no se combate si no hay denuncia”, señaló Pazo.
Citó que un campesino no va a venir a la ciudad a denunciar a la fiscalía porque sabe que el sistema está viciado, pero si lo puede hacer a través de la libertad de expresión, teniendo la documentación de soporte que le da el derecho de hablar sobre determinada acción.
Veda
Carlos Enamorado, director de la Asociación de Medios Comunitarias de Honduras,(AMCH), afirmó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), mantiene una veda para inscribir o solicitar nuevas frecuencias de radio en el país desde el 2014 que inició el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Enamorado señaló que “se paró todo tipo de trámites con las radio comunitarias en el país para el otorgamiento de permisos, eso significa que la poca sensibilidad que se había creado con respecto a las radios comunitarias se haya ido debilitando, al grado tal de que muchas de las solicitudes presentadas antes de que llegara el presidente Hernández, en el gobierno del presidente Lobo están todavía estancadas”.
La veda abarca, tanto a los medios comunitarios como privados, precisamente argumentando que existe una saturación en el dial, tanto en Amplitud Modulada (AM), como en Frecuencia Modulada (FM).
“En este momento como AMCH estamos aprovechando un periodo de amnistía que comprende la oportunidad para que las radios que puedan regularizar su situación, puedan solicitar su título de habilitante y la amnistía consiste en perdonar costos, intereses, recargos, mora a aquellos operadores radio y televisión que tengan con el Estado”, añadió.
La amnistía también permite a las radios comunitarias solicitar su título de habilitante, aprovechando el tiempo de la amnistía.
Enamorado explicó que, “este es el único espacio para las radios comunitarias que se ha presentado durante los dos periodos de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sin embargo muchas de las radios comunitarias no cuentan con personería jurídica ya que no son fundaciones o Organismos No Gubernamentales y eso dificulta los trámites en un tiempo relativamente corto”, destacó.
La amnistía sólo abarca a las radios comunitarias en donde Conatel haya realizado una inspección técnica sobre la misma y la veda no permite más solicitudes de más radios comunitarias.
Actualmente existen entre 25 a 27 radios comunitarias que cuentan con permiso de Conatel y hay una cantidad similar de radios comunitarias, entre 25 a 26 que están desde el 2014 y otras desde el 2015 y que están solicitando registro, sin embargo cuando los mismos son negados y pertenecen a un grupo indígena, se ampara en el Convenio 169 de la OIT e inicia operaciones.
Reformas
El EPU pide al Estado de Honduras reformas a la Ley de Telecomunicación, sobre la solicitud de reformar la ley, Enamorado indicó que presentaron al seno del Congreso Nacional una solicitud para la apertura de una oficina especial para medios comunitarios que funcionaría en Conatel, pero la reforma fue engavetada.
“Estamos viendo cómo sacamos esa reforma que ha sido engavetada allí y ver cómo le damos trámite, pero la verdad es que solicitar en este momento una reforma a la ley de Telecomunicaciones, no hay ambiente en este momento y lo que más tenemos a mano es un reglamento de radiodifusión con fines comunitarios y ese es el que aplicamos la regulación de los medios comunitarios”, concluyó.
A través de la amnistía las radios comunitarias apelan a las autoridades para poder legalizar su status para operar legalmente en el país.
Lentitud de jueces sobresale en caso Pandora
Pasan
los días y los casos de corrupción en Honduras descansan en las gavetas
de la impunidad. En la actualidad el Poder Judicial se encuentra de
vacaciones y por el trámite que evidencia parece que también lo hace la
respuesta de los jueces ante el caso Pandora, que involucra a 38
personas entre ellos diputados, funcionarios y exfuncionarios del
gobierno en actos de corrupción.
Ya casi pasó un mes desde que el
Ministerio Público presentara en conjunto con la Misión de Apoyo contra
la Corrupción e Impunidad (MACCIH), los 38 requerimientos fiscales, por
ahora el trámite que debería dar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es
un completo enigma.
“En una institucionalidad que
funcionara, con jueces que operen con rapidez y con una justicia
despolitizada, estas personas ya tendrían que haber enfrentado una
captura, pero hay una lentitud sospechosa”, valoró en primera instancia
el analista en temas jurídicos, Heriberto Baquedano.
Paulatinamente a la acusación en este
caso, la defensa de los imputados presentó un recurso para declarar
inconstitucional el artículo 184 del Código Procesal Penal, que busca
sacar del delito de lavado de activos del paquete que prohíbe defenderse
en libertad.
Actualmente las personas acusadas por
este delito no pueden defenderse en libertad, deben hacerlo en la
cárcel, y en este caso Pandora los acusados además de lavado de activos,
están acusados por abuso de autoridad y malversación de caudales
públicos. La resolución tampoco ha sido resuelta por la CSJ.
Para Baquedano la institucionalidad en
Honduras está politizada, eso significa que antes de dar una
resolución, un fallo o emitir una orden de captura, debe existir un
visto bueno de parte de quienes dominan el poder político y también
económico, bajo esa lógica será muy difícil que la realidad del país
cambie.
Por su parte el director de Tribunales
de Sentencia del Poder Judicial, Mario Díaz, asegura que la lentitud del
caso se debe exclusivamente a la investigación y evaluación de las
pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Díaz afirma que se debe tener
responsabilidad al tocar estos casos, es decir se deben agotar todos los
protocolos de investigación para que de esa forma al emitir ya sea una
resolución o una orden de captura, se haga con la certeza que las
pruebas lo respaldan.
Díaz ahora como empleado del Poder
Judicial defiende su institución, de la que incluso en el pasado cuando
formó parte de la Asociación de Jueces por la Democracia era muy
crítico.
En la medida que avanza el tiempo los
casos van quedando en el olvido de la gente, la opinión pública y
pareciera que también de los órganos de justicia. Para la diputada Doris
Gutiérrez, en esta lentitud del caso Pandora hay gato encerrado. Ella
fiel a su estilo asegura que la clase política que respalda y defiende a
los acusados está tramando algo, y que puede ir más allá de esperar una
resolución de la Corte o de los propios jueces.
“Mire todo indica que esta gente puede
usar el Congreso para reformar el artículo 184 del Código Procesal
Penal, y así garantizarles libertad durante el proceso a sus
apoderados”, valoró Doris, ella mantiene esa hipótesis de la que afirma
que sólo el tiempo le dará la razón o, todo lo contrario.
Pero mientras esa nebulosa se lleva la
polémica de estos casos, el analista Longino Becerra manifiesta que la
ciudadanía debe tener un compromiso claro con esto, y que ese compromiso
debe ir de la mano con acciones de protesta popular que mantenga en la
discusión pública, en la protesta pacífica y en la incidencia ciudadana a
este tipo de casos.
“La gente no debe olvidar y la mejor
forma de hacerlo es presionando para que se investigue y castigue a los
responsables de desfalcar al Estado”, apuntó Becerra.
En ese sentido el abogado Fernando
González, cree que en efecto a todas las personas se les debe garantizar
el debido proceso, darles la presunción de inocencia, pero así como
esas garantías deben respetarse, también lo debe hacer los encargados de
impartir justicia, si es que en algún momento se quiere cambiar estas
prácticas llenas de duda y poder político.
González asegura que es un secreto a
voces que en muchos casos la política se impone ante la aplicación de
justicia, y esto no es nada bueno para poder rescatar la
institucionalidad hondureña.
Desde su perspectiva el abordaje del
caso Pandora debe ser acompañado del respeto de las garantías de los
imputados y también de la agilidad del Poder Judicial.
Heriberto deja en claro que por la
presentación del recurso contra el artículo 184 del Código Procesal
Penal, la Corte no debe parar de emitir las órdenes de captura, desde su
análisis jurídico afirma que los jueces deben asumir su responsabilidad
y en el marco de las pruebas que tienen en su poder actuar de forma
imparcial.
El Poder Judicial regresa en
aproximadamente una semana a sus labores, al final las conjeturas dejan
establecidas las dudas sobre la lentitud de este caso, si es que se
deben a las vacaciones, a presiones políticas o a dilataciones para que
los acusados preparen una maniobra política y judicial en el caso. Las
respuestas las dará el futuro cercano.
México evalúa despenalizar las drogas para combatir la violencia: "Lo que sea necesario para la paz"
Publicado: 18 jul 2018 03:57 GMT - RT
Olga Sánchez Cordero, la eventual secretaria
de Gobernación de López Obrador, afirma que tendrá "carta abierta" para
pacificar a México.
Imagen Ilustrativa
Steven Senne / AP
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, considerará la posibilidad de despenalizar las drogas
para combatir la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico
en el país. Así lo afirmó Olga Sánchez Cordero, quien asumiría el cargo
de secretaria de Gobernación (ministra del Interior) en la futura
composición del Gobierno.
"El sábado pasado, él [López Obrador], que sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y, sobre todo, de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de la droga, me dijo textualmente: 'carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate'", afirmó Sánchez Cordero este martes.
Sin especificar el alcance de una posible despenalización e incluso legalización de narcóticos, la eventual secretaria de Gobernación ha hecho un llamado a "dejar de simular que no pasa nada", enfatizando que el Gobierno no ha podido detener la violencia en los últimos 10 años.
"Quienes cuestionan la posibilidad de empezar a hablar de otra forma de combatir la violencia con no más violencia [...] ponen en duda que nos encontramos en un conflicto", acotó Sánchez Cordero desde el Colegio de México, en el Seminario sobre Violencia y Paz '¿Olvido, verdad o justicia?'.
"Es necesario pensar en un proyecto de ley que no sólo incluya amnistías, sino también una posible reducción de penas", señaló Sánchez Cordero, precisando que para procesar casos criminales concretos serían creadas "comisiones de la verdad", interdisciplinarias y ajenas a los órganos de justicia.
"El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que se inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo", reconoció el actual presidente Enrique Peña Nieto ante las Naciones Unidas en 2016.
Por su parte, el expresidente Vicente Fox (2000-2006) propuso en abril de este año la legalización de los cultivos de amapola como una forma de "reducir la violencia" en el país. "Basta con decir 'se legaliza la producción de amapola' y regular sus consecuencias", afirmó el expresidente, que también se ha expresado abiertamente a favor de la legalización del cannabis.
"El sábado pasado, él [López Obrador], que sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y, sobre todo, de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de la droga, me dijo textualmente: 'carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate'", afirmó Sánchez Cordero este martes.
Sin especificar el alcance de una posible despenalización e incluso legalización de narcóticos, la eventual secretaria de Gobernación ha hecho un llamado a "dejar de simular que no pasa nada", enfatizando que el Gobierno no ha podido detener la violencia en los últimos 10 años.
"Quienes cuestionan la posibilidad de empezar a hablar de otra forma de combatir la violencia con no más violencia [...] ponen en duda que nos encontramos en un conflicto", acotó Sánchez Cordero desde el Colegio de México, en el Seminario sobre Violencia y Paz '¿Olvido, verdad o justicia?'.
Justicia transicional
De acuerdo a la exministra de la Suprema Corte de Justicia, es "crucial e inevitable" comenzar a hablar de una justicia transicional, una enfoque alternativo para procesar las masivas violaciones de derechos humanos derivadas del narcotráfico. Algunos se han mostrado reacios a esta propuesta de López Obrador."Es necesario pensar en un proyecto de ley que no sólo incluya amnistías, sino también una posible reducción de penas", señaló Sánchez Cordero, precisando que para procesar casos criminales concretos serían creadas "comisiones de la verdad", interdisciplinarias y ajenas a los órganos de justicia.
"El prohibicionismo no es efectivo"
En 2015, el Tribunal Supremo legalizó el uso "lúdico" de marihuana, incluido su cultivo y el consumo personal, pero mantuvo prohibidos su comercio y distribución. Un año después, el Senado mexicano aprobó el uso medicinal de la planta."El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que se inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo", reconoció el actual presidente Enrique Peña Nieto ante las Naciones Unidas en 2016.
Por su parte, el expresidente Vicente Fox (2000-2006) propuso en abril de este año la legalización de los cultivos de amapola como una forma de "reducir la violencia" en el país. "Basta con decir 'se legaliza la producción de amapola' y regular sus consecuencias", afirmó el expresidente, que también se ha expresado abiertamente a favor de la legalización del cannabis.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Presidente electo de México exhorta a debatir la legalización de las drogas
19 Jul. 2018
En
México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que
recortará su salario un 60% tras iniciar su mandato en diciembre como un
gesto de su voluntad de restringir los derroches y la corrupción en el
Gobierno.
La promesa es realizada al tiempo que López Obrador, conocido como AMLO, dijo que está dispuesto a debatir la legalización de las drogas en México, en un intento por ponerle fin a una guerra contra el narcotráfico que ha causado la muerte de miles de mexicanos.
Esto se produce días después de que autoridades del Gobierno de Trump viajaran a Ciudad de México para reunirse con AMLO. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, fue acompañado por el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
La promesa es realizada al tiempo que López Obrador, conocido como AMLO, dijo que está dispuesto a debatir la legalización de las drogas en México, en un intento por ponerle fin a una guerra contra el narcotráfico que ha causado la muerte de miles de mexicanos.
Esto se produce días después de que autoridades del Gobierno de Trump viajaran a Ciudad de México para reunirse con AMLO. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, fue acompañado por el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la "guerra contra el narco"
Publicado: 24 may 2018 16:40 GMT - RT
El
presidente Felipe Calderón entrega la presidencia a Enrique Peña Nieto
en el Congreso. Ciudad de México, 1 de diciembre de 2012.
/
Henry Romero
/ Reuters
Más de 250.000 personas han sido asesinadas en
México en lo que va de la llamada "guerra contra el narcotráfico", según
un recuento realizado por RT.
De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Una cifra que evidencia las fallas del actual modelo de seguridad implementado desde hace poco más de una década en el país, el mismo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en México, con niveles de violencia equiparable a países en guerra.
Pero a pesar de que el Gobierno mexicano reconoce que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, una ley aprobada por el Congreso que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que militares sigan realizando por tiempo indefinido tareas de seguridad pública, pese a las críticas de los expertos.
De ahí que la "epidemia de violencia" que padece México, se haya convertido en uno de los principales temas de las campañas presidenciales, mientras el número de asesinatos en el país sigue a la alza.
"Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia", dijo Calderón en uno de sus primeros discursos como presidente.
Apenas 10 días después, el 11 de diciembre, el gobierno de Calderón anunció el primer operativo con militares para realizar labores de seguridad pública sin el sustento legal necesario y sin un diagnóstico previo de la situación.
Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1.021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la "batalla" del Ejército contra la delincuencia organizada había comenzado.
"Es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como presidente", dijo Calderón vestido como militar, el 3 de enero de 2007.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sostienen que de 2007 a 2016 se registraron 210.007 homicidios por agresiones.
De acuerdo con un informe
del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, en el cual se
explican a detalle las precisiones metodológicas sobre las cifras de
homicidios en el país, las defunciones por homicidio del INEGI
"corresponden a una categoría médica y reflejan el número de personas
fallecidas cuya causa directa de muerte es un presunto homicidio".
"Esta categoría médica puede equipararse, sin problemas, con el concepto jurídico de homicidio doloso", agrega el informe del Senado.
Sin embargo, la actualización de las defunciones por homicidio registradas en el INEGI demora alrededor de un año, por lo que estas cifras no contemplan datos de 2017, considerado el año más violento del que se tenga registro.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 29.159 carpetas de investigación por homicidio doloso en México.
Asimismo, de enero a abril de 2018, el SNSP registra 10.395 carpetas de investigación por este mismo delito.
De este modo, el primer cuatrimestre de 2018, registra un incremento de 21% respecto al mismo periodo en 2017.
Al sumar todas las cifras anteriores, el número de asesinatos
documentados en México a lo largo de la "guerra contra el narco" es de
250.547 homicidios.
Una cifra que incluso podría ser mayor, considerando que estadísticamente las cifras del INEGI suelen registrar un mayor número de muertos por homicidio que las carpetas de investigación registradas por el SNSP.
De este modo, México registra un cuarto de millón de muertos por la violencia desde el comienzo de la actual estrategia de seguridad iniciada por Felipe Calderón y continuada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una epidemia de asesinatos que, de acuerdo con el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a la que existe en países en guerra.
En 2016, México se ubicó como el segundo país en "conflicto bélico" con más muertos, sólo detrás de Siria, de acuerdo con un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
"Sin duda hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía, de los retos mayores", dijo Peña, quien reconoció públicamente "las fallas y lecciones que nos dejan aquellas políticas que no dejan de ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos". (48:40)
Esto, a pesar de que en diciembre de 2017, el gobierno de Peña impulsó en el Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga facultades extraordinarias a los militares en tareas de seguridad pública.
Una ley con la que el Gobierno mexicano busca mantener una estrategia de seguridad que no ha dado resultados.
La Ley de Seguridad Interior fue criticada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos –incluyendo a Naciones Unidas– por considerar que mantener por tiempo indefinido a las fuerzas armadas combatiendo a la delincuencia organizada, fomentará la violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ocurridas en la última década.
La ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que viola la Constitución, y que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Organizaciones civiles y académicos opositores a la ley, aglutinados en el colectivo #SeguridadSinGuerra,
hicieron un llamado al Congreso mexicano a no legalizar un "Estado de
excepción" permanente, sin controles civiles sobre los mandos militares,
que fomenta la violación sistemática de los derechos humanos.
Una decisión que, a decir de sus críticos, busca perpetuar por tiempo indefinido una estrategia de seguridad fallida.
"Los datos que tenemos son bastante claros en decirnos que la principal causa de la epidemia de homicidios es la política del gobierno,
militarizar la seguridad y la persecución de las drogas",
explica Alejandro Madrazo, investigador titular del Programa de Política
de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en
entrevista con RT.
"En consecuencia, me parece una profunda irresponsabilidad que el gobierno no sólo insista, sino que profundice en esta estrategia de seguridad, aprobando la Ley de Seguridad Interior en diciembre", agrega el académico.
En este sentido, el especialista refiere que previo a la "guerra contra el narco" iniciada por Calderón, los asesinatos en México mantenían una tendencia a la baja, la cual repuntó considerablemente a partir de la militarización en el combate a los cárteles de la droga.
Sin embargo, no todos los asesinatos derivados de la "guerra contra
el narcotráfico" tienen que ver necesariamente con ejecuciones y
enfrentamientos entre los cárteles de la droga y el gobierno.
Un ejemplo de esto es 2017, año en que la organización Semáforo Delictivo registró 18.989 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado frente a las 29.159 carpetas de investigación por homicidio documentadas por el gobierno, es decir, 65% del total. Un porcentaje que se ha incrementado a 75% en los primeros cuatro meses de 2018.
¿Pero cómo se explican el resto de los asesinatos? Si bien la evidencia estadística muestra un vínculo directo entre la militarización del país y un incremento en el número de homicidios comunes, los académicos todavía tratan de explicar con precisión este fenómeno.
Una de las primeras hipótesis, propuesta por el investigador Fernando Escalante, del Colegio de México, en un texto de 2011 titulado La muerte tiene permiso, plantea que, cuando el Ejército llega a un municipio para sustituir a las policías locales, la violencia en dichas poblaciones se dispara al no existir una autoridad que medie los conflictos sociales. "Tienes solamente un Ejército de ocupación, armado hasta los dientes, persiguiendo a los capos, pero que no se ocupa de la violencia cotidiana entre los ciudadanos", explica Madrazo.
Una segunda hipótesis plantea que cuando los militares capturan o matan a los líderes de las organizaciones criminales, se desatan conflictos internos por el control de las bandas delictivas, detonando olas de violencia a nivel regional.
Una tercera hipótesis sostiene que cuando aparece un nuevo actor fuertemente armado en las disputas por el control del territorio, como lo son el Ejército y la Marina, esto genera incentivos para que las organizaciones criminales adquieran armamento de mayor poder, lo cual permitiría entender la correlación entre la entrada de armas desde Estados Unidos y el incremento de la violencia.
Para otros estudiosos del tema, como David Weisburd, profesor de
George Mason University, el alto índice de asesinatos en México y
América Latina, tiene que ver con la manera en que la ausencia del Estado en zonas marginadas promueve la violencia como un mecanismo social que busca satisfacer la necesidad de justicia.
"Las personas más pobres viven en situaciones de presión. Los recursos son limitados y hay demasiada competencia", explicó Weisburd a InSight Crime en marzo pasado. "El gobierno está ausente en esos lugares, y por eso las comunidades son más propensas a tomarse la justicia por sus propias manos", añadió.
Una situación que, a decir de Madrazo, se diferencia de las campañas presidenciales anteriores, cuando el tema de la violencia fue minimizado a pesar de que 2011 fue en su momento el año con más asesinatos registrados.
"Veo por primera vez, que se está hablando medianamente en serio de
la estrategia de seguridad", señala el especialista en entrevista con
RT.
En este sentido, considera que si bien ninguno de los candidatos presidenciales se atreve a hablar abiertamente de desmilitarizar al país, la propuesta de amnistía planteada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la idea de fortalecer a las policías planteada por el centroderechista Ricardo Anaya, son señales de que el próximo gobierno pueda implementar algunos cambios en la actual estrategia de seguridad.
"Por lo menos está pintando la propuesta, mal articulada en un inicio, de una amnistía y eso ha hecho que el tema esté siendo debatido", señala Madrazo.
"La propuesta de Anaya, que no ha tenido mucha atención, va encaminada sobre todo a fortalecer policías aunque no se atreve a hablar de desmilitarización, cosa que considero un error, y López Obrador está hablando de amnistía. El único que está casado con la militarización es José Antonio Meade", candidato del oficialista PRI, concluye el académico.
Manuel Hernández Borbolla
De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Una cifra que evidencia las fallas del actual modelo de seguridad implementado desde hace poco más de una década en el país, el mismo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en México, con niveles de violencia equiparable a países en guerra.
Pero a pesar de que el Gobierno mexicano reconoce que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, una ley aprobada por el Congreso que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que militares sigan realizando por tiempo indefinido tareas de seguridad pública, pese a las críticas de los expertos.
De ahí que la "epidemia de violencia" que padece México, se haya convertido en uno de los principales temas de las campañas presidenciales, mientras el número de asesinatos en el país sigue a la alza.
Las cifras de la "guerra contra el narcotráfico"
El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México en medio de acusaciones de fraude electoral."Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia", dijo Calderón en uno de sus primeros discursos como presidente.
Soldados montan guardia en el penal de Topo Chico en Monterrey, Mexico, el 11 de febrero de 2016.
/ Daniel Becerril
/ Reuters
Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1.021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la "batalla" del Ejército contra la delincuencia organizada había comenzado.
"Es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como presidente", dijo Calderón vestido como militar, el 3 de enero de 2007.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sostienen que de 2007 a 2016 se registraron 210.007 homicidios por agresiones.
"Esta categoría médica puede equipararse, sin problemas, con el concepto jurídico de homicidio doloso", agrega el informe del Senado.
Sin embargo, la actualización de las defunciones por homicidio registradas en el INEGI demora alrededor de un año, por lo que estas cifras no contemplan datos de 2017, considerado el año más violento del que se tenga registro.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 29.159 carpetas de investigación por homicidio doloso en México.
Asimismo, de enero a abril de 2018, el SNSP registra 10.395 carpetas de investigación por este mismo delito.
De este modo, el primer cuatrimestre de 2018, registra un incremento de 21% respecto al mismo periodo en 2017.
Marinos montan guardia durante un operativo en Ciudad de México, 20 de julio de 2017.
/ Carlos Jasso
/ Reuters
Una cifra que incluso podría ser mayor, considerando que estadísticamente las cifras del INEGI suelen registrar un mayor número de muertos por homicidio que las carpetas de investigación registradas por el SNSP.
De este modo, México registra un cuarto de millón de muertos por la violencia desde el comienzo de la actual estrategia de seguridad iniciada por Felipe Calderón y continuada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una epidemia de asesinatos que, de acuerdo con el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a la que existe en países en guerra.
En 2016, México se ubicó como el segundo país en "conflicto bélico" con más muertos, sólo detrás de Siria, de acuerdo con un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Una estrategia fallida que busca perpetuarse
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció por primera vez, el pasado 20 de abril, que la estrategia de seguridad impulsada durante su sexenio, la cual dio continuidad a la implementada por su antecesor, fue un fracaso."Sin duda hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía, de los retos mayores", dijo Peña, quien reconoció públicamente "las fallas y lecciones que nos dejan aquellas políticas que no dejan de ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos". (48:40)
Una ley con la que el Gobierno mexicano busca mantener una estrategia de seguridad que no ha dado resultados.
La Ley de Seguridad Interior fue criticada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos –incluyendo a Naciones Unidas– por considerar que mantener por tiempo indefinido a las fuerzas armadas combatiendo a la delincuencia organizada, fomentará la violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ocurridas en la última década.
La ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que viola la Constitución, y que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una decisión que, a decir de sus críticos, busca perpetuar por tiempo indefinido una estrategia de seguridad fallida.
¿Qué relación existe entre la militarización y la epidemia de asesinatos?
A pesar de que existe suficiente evidencia para establecer un "vínculo causal entre las intervenciones federales y el crecimiento de los homicidios", los académicos todavía debaten sobre cómo funciona con precisión este vínculo.
El Senado durante una discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, Ciudad de México, 14 de diciembre, 2017.
/ Ginnette Riquelme
/ Reuters
"En consecuencia, me parece una profunda irresponsabilidad que el gobierno no sólo insista, sino que profundice en esta estrategia de seguridad, aprobando la Ley de Seguridad Interior en diciembre", agrega el académico.
En este sentido, el especialista refiere que previo a la "guerra contra el narco" iniciada por Calderón, los asesinatos en México mantenían una tendencia a la baja, la cual repuntó considerablemente a partir de la militarización en el combate a los cárteles de la droga.
Un ejemplo de esto es 2017, año en que la organización Semáforo Delictivo registró 18.989 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado frente a las 29.159 carpetas de investigación por homicidio documentadas por el gobierno, es decir, 65% del total. Un porcentaje que se ha incrementado a 75% en los primeros cuatro meses de 2018.
Una de las primeras hipótesis, propuesta por el investigador Fernando Escalante, del Colegio de México, en un texto de 2011 titulado La muerte tiene permiso, plantea que, cuando el Ejército llega a un municipio para sustituir a las policías locales, la violencia en dichas poblaciones se dispara al no existir una autoridad que medie los conflictos sociales. "Tienes solamente un Ejército de ocupación, armado hasta los dientes, persiguiendo a los capos, pero que no se ocupa de la violencia cotidiana entre los ciudadanos", explica Madrazo.
Una segunda hipótesis plantea que cuando los militares capturan o matan a los líderes de las organizaciones criminales, se desatan conflictos internos por el control de las bandas delictivas, detonando olas de violencia a nivel regional.
Una tercera hipótesis sostiene que cuando aparece un nuevo actor fuertemente armado en las disputas por el control del territorio, como lo son el Ejército y la Marina, esto genera incentivos para que las organizaciones criminales adquieran armamento de mayor poder, lo cual permitiría entender la correlación entre la entrada de armas desde Estados Unidos y el incremento de la violencia.
Los
oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) montan guardia en
la escena de un tiroteo en Tláhuac, Ciudad de México, el 20 de julio de
2017.
/ Pedro PARDO
/ AFP
"Las personas más pobres viven en situaciones de presión. Los recursos son limitados y hay demasiada competencia", explicó Weisburd a InSight Crime en marzo pasado. "El gobierno está ausente en esos lugares, y por eso las comunidades son más propensas a tomarse la justicia por sus propias manos", añadió.
La violencia en tiempos electorales
Ante el escenario de violencia que prevalece en México, la inseguridad se ha convertido en el gran tema de las campañas presidenciales, junto con la corrupción.Una situación que, a decir de Madrazo, se diferencia de las campañas presidenciales anteriores, cuando el tema de la violencia fue minimizado a pesar de que 2011 fue en su momento el año con más asesinatos registrados.
Un agente de policía custodia una escena del crimen en Ciudad Juárez, México, el 7 de febrero de 2018.
/ Jose Luis Gonzalez
/ Reuters
En este sentido, considera que si bien ninguno de los candidatos presidenciales se atreve a hablar abiertamente de desmilitarizar al país, la propuesta de amnistía planteada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la idea de fortalecer a las policías planteada por el centroderechista Ricardo Anaya, son señales de que el próximo gobierno pueda implementar algunos cambios en la actual estrategia de seguridad.
"Por lo menos está pintando la propuesta, mal articulada en un inicio, de una amnistía y eso ha hecho que el tema esté siendo debatido", señala Madrazo.
"La propuesta de Anaya, que no ha tenido mucha atención, va encaminada sobre todo a fortalecer policías aunque no se atreve a hablar de desmilitarización, cosa que considero un error, y López Obrador está hablando de amnistía. El único que está casado con la militarización es José Antonio Meade", candidato del oficialista PRI, concluye el académico.
Manuel Hernández Borbolla
