Honduras. ¡Banó Berta! Cierran proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”
Por El LibertadorKAOS EN LA RED - Publicado en: 15 julio, 2018
La construcción de este proyecto ha desatado persecución, amenazas
y asesinatos entre los cuales figura el crimen contra la extinta
ambientalista Berta Cáceres.
El Banco Holandés de
Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial
(FINNFUND) retiraron definitivamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca que impulsa la empresa Desarrollo Energéticos Sociedad
Anónima (DESA).
La
construcción de este proyecto ha desatado persecución, amenazas y
asesinatos entre los cuales figura el crimen contra la extinta
ambientalista Berta Cáceres, quien a través del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) combatió la
imposición de la hidroeléctrica.
La
decisión de suspender el polémico proyecto hidroeléctrico trascendió el
pasado fin de semana, pero fue hasta hoy lunes que entró en vigencia de
manera oficial. Esta medida pone final a una historia trágica en
Honduras que ha dejado tras de sí la muerte de varios indígenas y
líderes del pueblo Lenca, entre otros, la reconocida Premio Goldman,
Berta Cáceres.
A
través de comunicado, la corporación Desarrollo Energéticos Sociedad
Anónima (DESA), notificó que la suspensión del proyecto contribuirá a la
reducción de conflictos en la zona donde se ubica el río Gualcarque,
occidente de Honduras, donde se había fijado la base de este proyecto
hidroeléctrico que produciría 21 megavatios de energía limpia.
Asimismo en el
documento, DESA ha manifestado que una parte de la comunidad estaba a
favor de este proyecto porque ha generado empleos directos en algunas
zonas de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.
La
empresa dejó constancia que pese a la cancelación de la inversión,
continuarán su inversión social en las comunidades del occidente para
seguir mejorando la infraestructura y calidad de vida.
La líder ambientalista
Berta Cáceres junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh) se opusieron férreamente a la
implementación de éste proyecto debido a que amenazaba el patrimonio
natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo lenca.
Cabe
recordar que la polémica entre la comunidad y las represas se agudizó
luego que el 3 de marzo de 2016 individuos ingresaron en la medianoche
en la casa de Cáceres para atacarla con varios disparos que le
arrebataron la vida a la mundialmente reconocida ambientalista
hondureña.
La
comunidad nacional e internacional sigue observando al gobierno
hondureño y de manera constante exigen castigo para los autores
intelectuales del asesinato de Berta, de hecho, en el Congreso de
Estados Unidos se impulsa la “Ley Berta Cáceres para la defensa de los
derechos humanos en Honduras”.
La
familia de la ambientalista se ha pronunciado con relación al cierre del
proyecto hidroeléctrico y ve la decisión como un triunfo de Berta
Cáceres y del pueblo Lenca, una hija de la fallecida había advertido a
DESA: “Te vas porque te vas”, mientras demanda el esclarecimiento
definitivo y castigo para todos los ejecutores del crimen que cegó la
vida de una mujer que se distinguió como defensora del ambiente, por eso
lo llaman “Guardiana de los ríos”.
http://www.web.ellibertador.hn
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
martes, 20 de marzo de 2018
COPINH 25 AÑOS DE LUCHA Y REVOLUCIÓN
(ENGLISH)
Honduras bajo el modelo de ocupación
continua
El inicio de la de década de los 90s estuvo
marcado por el reflujo de las luchas revolucionarias en la región
centroamericana. Dicho reflujo no solo significó la modificación de la
situación política de la región, con la legalización de las fuerzas guerrilleras
como partidos electorales, sino que también implicó en la apertura de las
economías locales a las inversiones de capital transnacional en áreas
estratégicas, aprovechando el impulso neoliberal privatizador de los recursos
del Estado y de los bienes naturales.
En el campo popular, la desmoralización por
la pérdida de referentes políticos e ideológicos, a partir de la caída de la
revolución nicaragüense y del Bloque Socialista de la Europa del Este, hizo
cada vez más difícil la articulación y el trabajo unitario. Así, la
fragmentación de las luchas sociales, a la par de la irrupción de una fuerte
oenegización de los modelos de organización y reivindicación social, fueron
hábilmente aprovechadas por los distintos gobiernos neoliberales en Centro
América.
Para Honduras la receta era neoliberal pero
basada en un “modelo de ocupación continua” que asegura desde la década de los
80s, no solo el saqueo de los recursos del estado, sino que además garantiza la
pérdida sostenida de soberanía a favor del imperio norteamericano a cambio de
poder e impunidad para los grupos de poder.
La Resurgencia del pueblo Lenca
En este escenario tanto regional como
nacional, la sociedad hondureña comenzaron a sufrir una fuerte arremetida
antipopular con el llamado decreto 18/90, que trataba de dar un carácter legal
a los ajustes estructurales de la economía, y buscaba desmantelar las empresas
públicas y privatizar los recursos del Estado. Así el gobierno neoliberal de
Rafael Callejas1 impulsó rigurosamente una fuerte persecución en contra de los
dirigentes sindicales(2), y un desmantelamiento progresivo de las políticas
sociales y agrarias que beneficiaban a la población más pobre.
Para el año de 1992 y 1993 El campesinado
indígena hondureño, no figuraba (ni figura) siquiera en las estadísticas
oficiales. Por lo que las nuevas políticas agrarias neoliberales, no
consideraban en absoluto medidas que respondieran a la grave crisis del campo,
todo lo contrario, en apenas 3 años, más del 50% de las tierras adjudicadas en
el marco del proceso de reforma agraria desde el año 64, habían pasado
nuevamente a manos privadas.
Sin contrapesos políticos ni sociales el
gobierno de Callejas impulsaba, con el apoyo del Banco Mundial, el Fondo
Monetario y la USAID, un ambicioso plan de ajustes, donde las mejores tierras
campesinas y los territorios de los pueblos indígenas estaban en el centro de
la transformación económica del país. Las tierras comunitarias, del occidente
de Honduras, olvidadas históricamente, pero ricas en bosques y recursos naturales,
pasaban a convertirse en un territorio en disputa, entre el gran capital
nacional aliado al trasnacional en contra de las comunidades rurales y el
pueblo lenca organizado.
Nace la Esperanza en La Esperanza
Después del fin de la guerra en El Salvador
y con el acuartelamiento de los batallones militares hondureños en la zona
occidental, especialmente de la frontera, muchos(as) revolucionarios(as)
internacionalistas hondureños(as) comienzan su retorno a Honduras con la
intensión de apoyar la lucha social en el país. Esto propició, después de
varios intentos y de un lento trabajo organizativo, que se gestara una alianza
entre lideres indígenas lencas, predicadores de la palabra y ex combatientes
revolucionarios, con el fin de trabajar por las demandas históricas de las
comunidades indígenas lencas y de las organizaciones populares del occidente de
Honduras.
Fruto de estos esfuerzos nace en La
Esperanza Intibucá, el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de
Honduras, el 27 de marzo de 1993 con el objetivo de “… elevar las condiciones
de vida del Pueblo Lenca de Honduras e incidir de manera positiva en que en
nuestro país, Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica y el mundo, se pueda
implementar un modelo de desarrollo más justo, más digno, entre los seres
humanos y en armonía con el medioambiente”(3).
La urgencia de la irrupción del COPINH,
queda demostrado en el cúmulo y relevancia de las acciones desarrolladas en sus
primeros años. En muy poco andar la organización había logrado paralizar la
industria forestal en el Departamento de Intibucá, al menos 16 proyectos de
aserraderos fueron cancelados por la acciones de las movilizaciones. En julio
del año 1994 decenas de miles de indígenas lencas bajaron de las montañas de
Yamaranguila norte y del departamento de Lempira para sumarse a la primera e
histórica Peregrinación Indígena y Negra Por la Vida, La justicia y la
Libertad. Esta movilización no solo significó la emergencia de las demandas de
los pueblos originarios y negros de Honduras, sino que marcó un antes y un
después en las dinámicas organizativas y de lucha del movimiento popular
hondureño, con un resurgente sujeto social que a pesar de empobrecido y
excluido, tomaba voz y protagonismo en Honduras y Centro América.
Sus demandas y su victoria fue contundente.
El pueblo lenca logró la declaración legal de los dos primeros municipios
indígenas del país: San Francisco de Opalaca (Intibucá) y San Marcos de Caiquin
(Lempira) y con ello la firma de más de 50 acuerdos entre COPINH y el gobierno del
Liberal de Carlos Roberto Reyna, entre los que destacan la constitución de
escuelas, apertura de carreteras, centros de Salud, etc. Además del compromiso
de revisión del Convenio 169, que finalmente fue ratificada el 28 de marzo de
1995.
La sociedad hondureña desde el año 94
impulsó una fuerte lucha por la desmilitarización nacional. Hay que recordar
que el país sufría (reeditado en la actualidad) una presencia determinante del
ejército en todos los estamentos de la vida nacional, el modelo de “Ocupación
Continua” implicaba no solo la permanencia de bases militares de los Estados
Unidos en el país, sino también, la omnipresencia de los militares hondureños
en la conducción de instituciones del Estado consideradas claves para la
Seguridad (Migración, Aduanas, Telecomunicaciones, Registro Civil, etc.). El
COPINH en octubre de ese mismo año, junto con el pueblo negro, campesinos,
miembros de base de las iglesias, mujeres indígenas, estudiantes, Etc. movilizó
cerca de 20 mil personas a la capital para exigir, entre otras demandas, la
derogación del servicio militar obligatorio, el fin de la ocupación
nortemaericana y la desmilitarización del país. Estas y otras movilizaciones en
el país permitieron que se derogara la ley del servicio militar y el retiro de
los militares de las instituciones del Estado.
La Solidaridad esencia de la lucha y
hermandad de los pueblos
La insurrección indígena Zapatista en
Chiapas y la demanda de paz en Guatemala, Internacionalizaron las luchas del
COPINH. En abril del año 95, se organizó una movilización a la capital
hondureña, que entre las diversas demandas también estaba la intensión de
solidarizarse con los pueblos indígenas y sus alzamiento militar en el Estado
de Chiapas, México, y por el cese a la represión a los pueblos indígenas en
Guatemala. Este nuevo impulso organizativo, estaba en consonancia con los
objetivos originarios de la organización, pero que en esencia recogía una
necesidad de hermandad recíproca frente a la terrible amenaza capitalista
imperial, que significaba la ampliación de la dominación y el despojo en
América latina en el marco de la imposición del modelo neoliberal.
Para el COPINH, la solidaridad con todas
las luchas sociales de Honduras, América Latina y el mundo se tornaron en
fundamentales con el tiempo, pues se asumía que cualquier lucha de los pueblos,
era también una lucha del pueblo lenca y su organización. Es así como desde el
año 95 en adelante todas las luchas del pueblo hondureño y del mundo se asumen
como las luchas propias del COPINH. Uno de las grandes esfuerzos en este
sentido, fue el tratar de articularse con organizaciones obreras, campesinas e
indígenas de Honduras y del continente, en un gran frente de lucha contra la
severa amenaza que significaba el llamado de Estados Unidos a Constituir un
Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
Esta mirada estratégica de empujar
constantemente la unidad, articulación y solidaridad de las luchas populares,
posibilitó en que Honduras obreros, campesinos e indígenas, constituyeran
espacios comunes de lucha frente a las amenazas y frente a la severa crisis
económica que les afectaba. Hay que recordar que en el año 98 el Huracán MITCH
afectó severamente la economía comunitaria. La pérdida de infraestructura
productivas y cosechas de granos básicos y de café(4), significó la ruina para
muchos productores, pero también dio lugar a una posición oportunista del
gobierno de Carlos Flores Facussé, para imponer desde la lógica neoliberal en
el año 99 el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, PMRTN,
donde se priorizaba la profundización de las políticas de ajuste estructural,
achicando el aparato estatal y reduciendo los beneficios y derechos laborales y
sociales, favoreciendo la inversión y los créditos a los grandes empresarios.
La amenaza de desempleo hacia las y los
empleados públicos, el congelamiento de salarios y la pérdida de beneficios
laborales impulsó a las federaciones FUTH y la FECESITLIH, así como varios
sectores populares, a crear el Bloque Popular, BP, en el año 2000. Este primer
intento de articulación obrera y popular después de la grave crisis
organizativa de los 90s, posibilita el acercamiento entre organizaciones que
buscaban la derrota del modelo neoliberal en el país. Es así como se dan los
primeros pasos de acercamiento entre el COPINH y el movimiento obrero
articulado.
En el año 2001 se impulsa desde el sur de
México el llamado Plan Puebla Panamá, PPP, que operaría como punta de lanza
para el despojo y explotación de los bienes naturales. Esto posibilitó la
respuesta de lucha de organizaciones obreras, comunitarias, campesinas,
indígenas y urbanas en contra de del mencionado plan. El COPINH se sumó de
inmediato al trabajo de coordinar espacios de debate y organización en el marco
del Foro Mesoamericano de los Pueblos, en oposición al PPP. Se sumarían a estos
esfuerzos en los siguientes años las demandas y las luchas populares también
sectores profundamente afectados por las implementación de las políticas
neoliberales, como el sector magisterial, con el que el COPINH tenía una
especial cercanía y admiración. Fueron las y los profesores el sector más
afectado golpeado durante el gobierno de Ricardo Maduro y fue el COPINH una
organización especialmente solidaria con la causa magisterial, realizando
marchas y apoyando las asambleas y tomas en distintas parte de la región de
Occidente.
Es con la confluencia de la crisis agraria,
la resistencia magisterial, la lucha contra el ALCA. Contra el PPP, la
resistencia obrera y la resistencia indígena y negra, que se crea, gracias a la
mirada visionaria y estratégica de varios dirigente populares nacionales,
incluyendo la dirigencia del COPINH que se constituye la Coordinadora Nacional
de Resistencia Popular, CNRP5, en el año 2003. Una expresión única e histórica
de unidad del movimiento popular en Honduras. Donde todas coincidieron y
apoyaron la propuesta de “coordinación rotatoria” dándole prioridad y
protagonismos a las regiones (territorios), así como a la deliberación en
asamblea y espacios de diálogos y consensos a través de los llamados
conversatorios, desde donde se acordaban las acciones a nivel local o nacional.
La primera acción de relevancia fue en agosto de 2003 con la “Marcha de la
Dignidad”, donde en Tegucigalpa se concentraron miles de personas de todo el
país para exigir el fin de la represión hacia el magisterio y de las políticas
neoliberales del gobierno de Maduro.
El aporte del COPINH hacia las diferentes
instancias de unidad y articulación tanto nacional como regional era evidente y
se hacía notar. En el plano Nacional el aporte hacia esta nuevas formas de
articulación como el de la CNRP, priorizando el diálogo a la imposición ó la
democracia sin consenso, significó un gran avance para el movimiento popular
hondureño pues posibilitó abrir los lazos de solidaridad entre los diversos
actores, con el respeto a la diversidad de visiones, opiniones y formas de
lucha. El aporte del COPINH a las luchas nacionales también tuvo un fuerte
impacto en la reivindicación del papel de los pueblos originarios en la
construcción de un nueva sociedad. Los pueblos indígenas comenzaron a ser
respetados y necesitados como actores fundamentales para el cambio. El poder de
convocatoria del COPINH evidenció que el pueblo lenca era ya un actor
fundamental para pensar y luchar por el cambio.
La lucha por la liberación de la mujer
Es en medio de esta lucha reivindicación de
derechos a nivel nacional, las mujeres del COPINH comienzan un largo camino de
crecimiento y reivindicación de sus propios derechos. Una de las primeras
luchas importantes fue la de visibilizar la discriminación y la violencia
dentro de la organización. No fueron pocos los agresores de mujeres que fueron
expulsados de la organización, gracias al valor y la lucha cada vez más fuerte
que le imprimían los liderazgos como el de Doña Pascualita o Berta Cáceres. No
fue fácil impulsar por ejemplo la primera Asamblea de Mujeres del COPINH, pues
se pensaba que esta instancia dividiría a la organización. Pero la práctica
evidenció todo lo contrario, dando paso a su posterior institucionalización en
los estatutos de la organización. Para Berta no era posible avanzar en la lucha
anti patriarcal y anti racista, si dentro de la misma organización no se
luchaba en contra la violencia, en todas sus formas, contras las mujeres. Su
desafíos en este sentido, eran la incorporación permanente de mujeres en las
estructuras de dirección de la organización, así como formar compañeras en
todos los ámbitos de la lucha social para sumarlas al trabajo organizativo del
COPINH y de sus comunidades.
Berta decía: “… la lucha anti-patriarcal es
una visión que se expresa en todos los ejes de trabajo del COPINH desde sus
inicios, en las acciones y en los documentos de consulta de las bases con la
palabra de hombres y mujeres particularmente … Esta idea antipatriarcal cruza
todas las áreas de la organización pues lo que queremos es que cambie la
cultura machista, para lograr igualdad de derechos y participación de los
beneficios del trabajo y de la organización, considerando que las mujeres somos
personas diferentes y con historias diferentes pero no con derechos desiguales,
demandamos con esta lucha que se valoren las decisiones y el pensamiento de las
mujeres en la familia, en la economía, en la política, el desarrollo
organizativo del país y el mundo.
Para Berta también la protección de las
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia fue una urgencia permanente, desde
el año 2000 su sueño era contar con un espacio propio para las compañeras
abusadas o agredidas. Años más tarde su sueño comenzó a tener forma con La
propuesta de construir una Casa Refugio para Mujeres, fueron varios los
borradores en los que Berta dibujaba su sueño, pero no fue sino hasta el año
2015 que se inauguró finalmente la Casa de Sanación y Justicia de la Mujeres
del COPINH. Antes muchas luchas y esfuerzos se propiciaron por ejemplo, desde
el COPINH se impulsó las “Cortes de Mujeres” junto con otras organizaciones de
mujeres. También espacios de encuentro entre las mujeres de los pueblos
indígenas.
De la mano de Berta Cáceres las mujeres del
COPINH impulsaron luchas importantes por la defensa del territorio. Un ejemplo
importante fue la resistencia de la mujeres en la comunidad de San Antonio para
parar la represa el Tigre.. del Río Lempa, frontera con el Salvador. Allí miles
de mujeres de la mano de Berta y el COPINH, marcharon innumerables veces entre
los años 2006 y 2007, por la comunidad a rostro cubierto y con machete en mano,
cargando a sus hijos y exigiendo el retiro del proyecto hidroeléctrico, que
finalmente fue paralizado.
Lucha Popular Unitaria y Refundación
Nacional
En el años 2006 llega Manuel Zelaya al
gobierno y la relación con las organizaciones populares nunca fue buena, hasta
después del último Paro Cívico del año 2008, impulsado por la CNRP. Para
aquellos años, ya se evidenciaba un giro del gobierno hacia los países miembros
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.
El COPINH, que mantuvo siempre buena
comunicación con representantes de Venezuela y Cuba, pudo reconocer la
importancia del virage del gobierno hondureños y la urgencia de apoyar en la
nueva coyuntura, la postura valiente del gobierno de Zelaya que empezaba a
enfrentarse a los grupos de poder. En este proceso de acercamiento el
movimiento popular a través de la CNRP, impulsó lo que se llamó la “candidatura
Independiente Popular” de Carlos H. Reyes representante Obrero, Berta Cáceres
líder indígena, Maribel Hernández dirigente magisterial y Carlos Amaya miembro
y dirigente de la izquierda hondureña, con un programa basado en los “12
puntos”6 demandados a partir de los acuerdos alcanzados en I Encuentro de
Organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, comunitarias y populares del
año 2008.
La elección de Berta como candidata, no
solo demostraba la madurez política alcanzada por el movimiento popular, sino
que también el reconocimiento al liderazgo de la líder indígena y del mismo
COPINH. Fue a través de este proceso de mayor acercamiento popular que la
organización impulsa el I Encuentro por la Refundación de Honduras en La Esperanza.
Desde allí se intentaba impulsar un verdadero Poder Constituyente, para
empoderar al pueblo y refunde el país. A través de una nueva constitución
popular y originaria. Es en este escenario luchas por el cambo que se da el
Golpe de Estado de 2009. Para la fecha de las elecciones la Candidatura en un
gesto de coherencia revolucionaria, retira la postulación y llama a resistir y
luchar en las calles a la dictadura.
EL GOLPE y la lucha del COPINH
El COPINH estuvo acompañando la iniciativa
del gobierno de consultar al pueblo, por eso resintió dramáticamente la
represión militar. Pero se entendió desde el primer momento que la lucha se
libraría esencialmente en la capital. Miles de miembros del COPINH fueron
movilizados Tegucigalpa donde además de movilizarse y acompañar las luchas por
más de 6 meses, un destacamento fue trasladado a defender y proteger el
perímetro de la embajada de Venezuela durante más de tres meses.
Reconstruir el poder popular y la lucha
comunitaria
Una vez electo el gobierno de Porfirio
Lobo, el COPINH multiplicó sus esfuerzos de solidaridad para acompañar las
lucha de las y los campesinos del Aguán, Que estaban siendo masacrados por
exigir respeto al derecho a la tierra. Adicionalmente se abrió un frente de
lucha y contradicción en el ceno del recién constituido Frente Nacional de
Resistencia Popular, FNRP. Esto debido a la radicalización de las posturas
desde quienes apostaban a constituir un referente político electoral y quienes
llamaban a derrotar la dictadura a través de la insurrección popular, Así la
línea electoral era defendida por los cercanos al Bloque Popular y los
allegados políticos a Manuel Zelaya, y la línea insurreccional, los llamados
refudacionales, era encabezado por el COPINH, organizaciones del Izquierda y otras
organizaciones de lucha territorial.
La división en el movimiento popular ya
estaba dada y la profundización de las contradicciones electorales también. El
fraude electoral del 2013 empujó las diferencias y las rupturas entre los
lideres sociales que acompañaron las línea electoral, mientras que la línea
refundacional con Berta y Miriam Miranda de la organización Fraternal Negra de
Honduras, a la Cabeza empujaban una nueva dinámica de lucha más territorial,
desde las comunidades y por la defensa de los Bienes Comunes de la Naturaleza,
ante la envestida extractivista del gobierno de Porfirio Lobo.
La lucha por la tierra y los territorios se
convirtieron en las principales urgencias de las organizaciones
refundacionales. Para el año 2013 se crea la Plataforma del Movimientos Social
y Popular de Honduras y Berta junto con Miriam son las mujeres lideres que la
convocan y dirigen. Es en el marco de la lucha por la defensa de los
territorios que desata una cacería y criminalización en contra de lideres sociales,
incluyendo la lucha de Rio Blanco por el Río Gualcarque y el posterior
asesinato de Berta en el 2016, así como de muchos otros lideres comunitarios
que han dado su vida por defender los bienes comunes de la naturaleza.
El COPINH, en esta etapa, a pesar de haber
sido severamente golpeado por la represión estatal y de la empresa privada,
mantiene una lucha tenaz en contra de los cientos de proyectos extractivos que
amenazan a las comunidades y territorios lencas. Ese es el desafío actual del
COPINH, sostener la lucha, en eso están, reconstruyendo su poder desde las
comunidades indígenas y desde su histórica lucha de resistencia. Esta lucha no
es solo por el COPINH, y lo tiene muy claro, su lucha es por todas las luchas,
en cualquier parte del mundo, y como dijo Berta, es por la madre naturaleza, es
por la humanidad, por que ya no hay tiempo.
-Roverto Barra.-
1[1]
Actualmente procesado en los Estado Unidos por el sonado caso FIFAGATE, por el
pago de sobornos y corrupción al interior de la Federación Internacional de
Futbol. Con anterioridad, Callejas fue procesado en Honduras por varios delitos
de corrupción. En un cuestionado proceso legal, donde el ex presidente resultó
con al menos 16 cartas de sobreseimiento definitivo cerrándose la persecución
penal en su contra.
2[1]
Reformas Laborales y acción sindical en Centro América; http://library.fes.de/pdf-file
3[1]
Documento constitutivo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras
4[1]
El café en Honduras es producido por cientos de miles de familias pobres que
dependen de sus pequeñas cosechas, para un ingreso básico anual. Los pequeños
productores son explotados por las empresas exportadoras e intermediarias al
imponerles precios miserables de compra de sus cosechas. A partir del año 99
los precios del café se desplomaron en el mercado internacional, lo que
significó una de los peores desastres para la economía local comunitaria en el
país. La zona lenca en el occidente de Honduras es una de las regiones de mayor
producción de Café.
Más de 300 mujeres hondureñas fueron desplazadas en 2017 por la violencia
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Unas 335 mujeres hondureñas se vieron obligadas a abandonar sus casas
en 2017 por la violencia criminal y de género, informó hoy el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
El
Conadeh informó en un comunicado que en 2017, unas 335 mujeres
abandonaron su hogar por amenazas de muerte, asesinatos de familiares,
extorsión, violencia de género y por el reclutamiento forzoso de niños y
adolescentes por bandas del crimen organizado.
El
informe agrega que en 2017 recibió 3.781 denuncias de mujeres, de ellas
1.267 estaban relacionadas con amenazas de muerte, intimidación y malos
tratos.
Las
amas de casa mantienen “un alto perfil de vulnerabilidad”, indicó el
Conadeh, que el año pasado registró 55 denuncias de ese grupo afectado
por la violencia criminal.
“Muchas
amas de casa corren riesgos porque residen en comunidades controladas
por grupos criminales y por ser madres que actúan en defensa de la
familia, al proteger a sus hijas e hijos u otros familiares de cualquier
amenaza que pueda provocarles daño”, enfatizó el organismo hondureño de
derechos humanos.
Es
por ello que el Comisionado de Derechos Humanos señala que las mujeres
que sufren violencia criminal deciden “huir de su lugar de residencia
como mecanismo de supervivencia individual y colectiva”.
La
violencia doméstica también obliga a muchas hondureñas a abandonar sus
hogares y “cuando no encuentran justicia ni protección en el país, se
ven obligadas a cruzar la frontera en busca de salvaguardar su vida y la
de sus hijos”, añadió.
Cifras del Ombudsman hondureño dan
cuenta que en 2017 cada 22 horas se registró el asesinato de una mujer
en Honduras y el 6 por ciento de los casos se contabilizaron en
Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
“La
violencia provocada por el crimen organizado trae consigo secuelas que
menoscaban aún más los derechos humanos de las mujeres”, enfatizó el
organismo de derechos humanos, que dirige Roberto Herrera.
Unas
6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer
semestre de 2018, y más del 90 por ciento de los casos está impune por
“falta de investigación”, precisó.
Nota relacionada Miles de desplazados por la violencia pierden sus hogares y propiedades en Honduras
“La
violencia focalizada hacia este grupo poblacional aunado a las
deficiencias que presentan los entes encargados de la administración de
justicia provoca que las mujeres huyan de sus hogares en busca de
protección”, destacó.
Destaca
que las mujeres de entre 15 y 39 años son el grupo más vulnerable y la
mayoría fueron asesinadas “con saña, crueldad y odio” y fueron víctimas
de “mutilación, desmembramiento y desfiguración del rostro”.
La
mayoría de las muertes de mujeres son atribuidas al “ajuste de cuentas,
rapto y secuestros, muerte de pandillas, asesinato de familia,
extorsión, narcotráfico y venganza”, añade el boletín del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.
Miles de desplazados por la violencia pierden sus hogares y propiedades en Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hnEl informe del ACNUR pide al gobierno hondureño fortalecer y defender los derechos humanos y territoriales de las personas desplazadas por la violencia y las comunidades indígenas y afro.
Tegucigalpa.-
Miles de personas que han sido desplazadas por la violencia de
pandillas en Honduras fueron despojadas de sus tierras y hogares debido a
vacíos en la legislación de propiedad existente en ese país, asegura un
nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El
informe revela que al menos unas 174.000 personas fueron desplazadas
internamente entre 2004 y 2014 en 20 municipios urbanos de Honduras.
Unas 7.000 aseguraron que el despojo y la ocupación de sus tierras y
propiedades era la principal razón para huir.
Nota relacionada Mara 18 ahora pide desalojo de 30 familias de la colonia Las Torres de Tegucigalpa
Francesca
Fontanini, portavoz de ACNUR en las Américas, dijo: “Considerando que
el censo fue hecho solo en 20 municipalidades, nosotros pensamos que el
número de desplazados internos por violencia y por despojo de tierra es
mucho más alto”.
ACNUR
señala que en contextos urbanos las pandillas destruyen y ocupan a la
fuerza los hogares de miles de personas, y en el campo, donde se
establecen las rutas de drogas, muchas familias han reportado presión
para vender sus tierras a precios más bajos que los del mercado o han
sido forzados a abandonar sus propiedades.
A
falta de un registro organizado y legítimo de propiedades en el país,
las familias a menudo tienen que luchar ante las autoridades para
demostrar que son los dueños de sus propias casas o tierras.
Asimismo,
las comunidades indígenas y afro-hondureñas reportaron al ACNUR haber
sido sometidos a amenazas físicas al reclamar sus derechos colectivos y
territoriales ante megaproyectos industriales, de infraestructura o
turísticos.
“Es
muy importante crear, primero, un sistema de registro de todas las
tierras y casas abandonadas, de esta manera cuando alguien necesite
protección se pueden tomar todas las medidas legales para garantizar sus
derechos y para poner en práctica mecanismos para la restitución de la
tierra”, agregó Fontanini.
El
informe del ACNUR pide al gobierno hondureño fortalecer y defender los
derechos humanos y territoriales de las personas desplazadas por la
violencia y las comunidades indígenas y afro.
“La
agencia de la ONU para los Refugiados sigue proporcionando un apoyo
técnico al gobierno de Honduras en el diseño de la implementación de una
respuesta en esta temática. Ya hemos empezado un proyecto piloto para
identificar las casas y tierras abandonadas en un área de alto riesgo”,
declaró la portavoz.
El
ACNUR desplegó también un grupo de trabajo sobre la tierra y la
vivienda con la participación de las comunidades afectadas y entidades
gubernamentales clave.
Desaparecida se reencuentra con su familia
Tegucigalpa. – Tania
Vanessa Servellón (36), reportada como desaparecida, fue recuperada
esta mañana en el punto fronterizo de El Florido, Copán Ruinas, al
parecer proveniente de Guatemala, informó la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI).
Las autoridades policiales informaron a través de un comunicado
que luego de un trabajo coordinado la Policía Nacional a través de la
Unidad de INTERPOL de la DPI, se logró la ubicación y recuperación de
una dama que tenía reporte de desaparecida desde el pasado 06 de Julio
del año en curso, refiriéndose a Servellón López.
Después fue trasladada a la ciudad de
Tegucigalpa, donde Servellón labora y fue vista por última vez la mañana
del viernes 06 de julio, cuando salió de su oficina a comprar frutas,
en las mediaciones del bulevar Centroamérica, por la colonia El Hogar,
según denunciaron sus parientes.
El reencuentro con su familia se dio
después de seis días de búsqueda y alertas emitidas para dar con su
paradero. Denuncias constantes a través de redes sociales y búsqueda en
las calles, ya que la familia recibía llamadas de que habían visto a
alguien parecidida en determinadas colonias capitalinas.
“[La Unión Interparlamentaria] sabe de la necesidad de los Estados de adoptar una política nacional global sobre las personas desaparecidas
que abarque todas las medidas necesarias para evitar la desaparición de
personas, averiguar lo sucedido a las personas dadas por desaparecidas,
responder a las necesidades de los familiares de las personas
desaparecidas, reconocer los hechos y determinar las responsabilidades
en los acontecimientos que dieron lugar a las desapariciones en
situaciones de conflicto armado o de violencia interna y en el caso de
las desapariciones forzadas.” 115ª Asamblea, Resolución sobre “Las
personas dadas por desaparecidas”, octubre de 2006.
Foto: DPI
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), emitió una alerta
el día de ayer, denunciando la desaparición de Servellón López. Hasta
el momento se desconocen detalles sobre lo sucedido, más que, lo
comunicado por la Policía Nacional, al parecer Tania Servellón provenía
de Guatemala al momento de su recuperación.
Las autoridades deben esclarecer los
hechos y como es que llegó hasta el país vecino, por quienes fue privada
de su libertad y otros aspectos propios de la investigación, hasta dar
con los responsables, informó Sulay Ponce, vocera de la DPI.
Pese haber sido sentenciado el Estado hondureño, caso Juan Humberto Sánchez sigue en la impunidad
Tegucigalpa.- Abrieron su tumba para comprobar lo que su familia ya sabía, que el cuerpo encontrado a orillas del Rio Negro, frontera de Honduras con El Salvador, eran de Juan Humberto Sánchez, detenido desaparecido el 11 de julio de 1992.
Sánchez de 26 años de edad, operador de la radio Venceremos de El Salvador, fue detenido por militares cuando visitaba a su familia en Colomoncagua, Intibucá. El día que logró su liberación fue secuestrado por al menos 15 militares, según denunció en su momento su padrastro Juan José Vijil.
Obligaron a sus ocupantes a apagar las luces, a permanecer todos en silencio en el piso y boca abajo; el reflejo de los focos que portaban los asaltantes permitió al padrastro de la víctima identificar las armas, las botas y sombreros que usaban los soldados del Batallón de las Fuerzas Territoriales, localizadas en las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería.
Juan Humberto Sánchez fue atado por los militares, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, amenazaron a su familia a la que mantenían en silencio.
Su madre, Dominga Sánchez, responsabilizó al sub teniente Ángel Belisario Hernández como la persona que dio la orden de capturar a su hijo. Los padres de la víctima sufrieron presiones y amenazas para variar su versión original de los hechos.
Para dar con el paradero de Juan Humberto Sánchez se presentó un habeas corpus el 20 de julio de 1992 ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, pero el mismo fue declarado sin lugar el 14 de agosto de ese año.
El 22 de julio, 11 días después de haber sido secuestrado, apareció el cadáver de Juan Humberto Sánchez en las orillas del río Negro en Santo Domingo, zona fronteriza entre Honduras y El Salvador.
Unos campesinos que se encontraban sembrando una milpa a la orilla del río Negro, encontraron el cuerpo, el que se había quedado atrapado entre las rocas. Ellos avisaron al Juez de Paz y a la policía de Colomoncagua, Intibucá.
Su cuerpo mostraba señales de tortura, estaba atado de brazos y pies con un lazo; su lengua, nariz y genitales fueron cercenados. El juez Carlos Pineda del Cid ordenó su terraje en la ribera del río, por su alto grado de descomposición del cuerpo.
Hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” de Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso.
Han pasado 26 años y el cuerpo de Juan Humberto Sánchez aún no ha podido descansar en paz.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, es del criterio que en el caso de Juan Humberto Sánchez el Ministerio Público tiene una estrategia para justificar a través de los infiormes ante el Grupo de Trabajo de Desaparidcion Forzada de las Nacionaes Unidas, con sede en Ginebra, que está cumpliendo.
Asimismo agregó que el Ministerio Público procedió nuevamnete a exhumar los restos de Juan Humerto Sánchez para asegurrase que fueran sus restos, acción que fue ejecutada sin el consentimiento de la familia y de sus representantes, porque estos nunca tuvieron dudas que los restos exhumados en el 2004 de la orilla del río Negro eran del joven.
“La Corte Interamericana de Derechos Humnanos no mandó al Estado de Honduras a que hiciera proceso de exhumacion porquer no se tenía duda de eso”, agregó la defensora de los derechos humanos.
En su resolusión la Corte Interamericana demandó del Estado de Honduras exhumar los restos de la víctima y trasladarlos a un sitio de elección de la Familia. El proceso de exhumación se realizó en el 2004, pero fue hasta el 10 de mayo del 2007, acatando el Fiscal General del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.
En el 2017 la Fiscal especial de Derechos Humanos Soraya Morales, y Jacobo Santos, asignado al caso, procedieron a la profanación de su tumba, en Colomoncagua, Intibucá, con la oposición de los familiares.
La coordinadora del Cofadeh agregó que a la fiscal de derechos humanos no le importó las lágrimas, no le importó la cultura, si no que se exhibió; ordenó que exhumaran sus restos para tener el resultados que ya sabían.
“Exhuman los restos y dan una certificacion donde dicen que sí son los restos de Juan Humnerto, vea usted allí no hay novedad”, enfatizó Berta Oliva.
La sentencia de la Corte Interamericana también obliga al Estado a aceptar su responsabilidad en los hechos; a reparar los daños inmateriales, daños materiales y gastos que provocó a los familiares.
Además el Estado hondureño está obligado a implementar un registro de detenidos, para evitar que casos como éste vuelvan a ocurrir. También debe concluir las investigaciones del caso para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato.
Para la decada de los noventas (1990) COFADEH ya trabajaba en la zona de La Paz e Intibucá, ya tenia colaboradores en el sector. En 1992 el padre Celso Sánchez quien trabajaba el tema de desarrollo de los pueblos fronterizos le pidió al COFADEH que fuera a investigar un caso de desaparición forzada en Colomoncagua.
El COFADEH acude al llamado y se da cuenta que es un caso grave. Durante diez días realizó diligencias para dar con su destino; interpuso dos Habeas Corpus en su favor, pero sin resultado alguno.
Dominga Sánchez, madre del joven desaparecido, estaba en coma por el impacto que le causó la detencion de su hijo.
Se realizaron denuncias públicas y se abortó la versión de los hechos de las Fuerzas Armadas, que señalaba que Juan Humberto era un delincuente de la zona.
La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el COFADEH ante la CIDH en octubre de 1992, y, diez años después, en el 2002, el caso es turnado ante la Corte Interamerica.
El 7 de junio de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado de Honduras de violar los derechos humanos de Juan Humberto, consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Juan Humberto Sánchez, era padre de dos niñas, residente en la república de El Salvador, trabajaba como operador en Radio Venceremos del FMLN. Es recordado como el Mártir del Río Negro.
En ninguno de los casos de desaparición forzada hay personas juzgadas o que estén pagando alguna pena por esos casos, lo que sí es verdad es que el Estado de Honduras mantiene una deuda pendiente con los familiares de todas las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.
Honduras continúa sin cumplir Sentencia de la Corte-IDH en el caso Juan Humberto Sánchez
El 7 de junio de 2003, la Corte-IDH emitió su sentencia en el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos derivadas de la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, por parte de agentes militares.
Juan Humberto Sánchez fue detenido los días 10 y 11 de julio de 1992 por las Fuerzas Armadas de Honduras, por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Tras desconocer su paradero, el 22 de julio de 1992 su cadáver fue hallado en una poza del río Negro. A pesar de la gravedad de los hechos y los esfuerzos de sus familiares por obtener justicia, hasta el día de hoy no han sido identificados los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y muerte de Juan Humberto.
Cabe recordar que en su Sentencia, la Corte constató el estado de impunidad respecto de los hechos del caso y observó que las detenciones de Juan Humberto Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente. En consecuencia, ordenó al Estado realizar las investigaciones correspondientes.
Además de lo anterior, se encuentran pendientes de cumplimiento la medida consistente en la implementación de un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones, lo cual es fundamental para evitar la repetición de hechos como los ocurridos a Juan Humberto Sánchez.
Las organizaciones integrantes de la Mesa de Seguimiento exigimos al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, para que finalmente, dé respuesta al clamor de justicia que por años ha mantenido la familia de Juan Humberto y prevenga la repetición de hechos tan graves como los ocurridos en este caso.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana al Estado de Honduras.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Casa Alianza Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) Caritas Diócesis de San Pedro Sula Pastoral Penitenciaria. Diócesis de San Pedro Sula. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Asociación de Jueces por la Democracia Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Hollywood se une a zozobra de madre hondureña separada de bebé
Estrellas
del cine se han unido a la lucha de una madre apartada de su hijo en
Estados Unidos, entre otros, Ryan Reynolds, Jamie Lee Curtis, James
Franco y 27 celebridades que leyeron la carta que escribió Miriam, una
hondureña, cuyo hijo de 18 meses fue arrebatado de sus brazos luego de
cruzar la frontera.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Mi nombre es Miriam, soy hondureña, el 15 de enero de 2018, dejé mi
casa en El Progreso, departamento de Yoro, zona central de Honduras;
escapé con mi hijo (18 meses de edad) a Estados Unidos, aquí podríamos
pedir protección al gobierno. Huímos de Honduras después que un militar
gaseó nuestra casa (lanzamiento de gas tóxico, bomba lacrimógena).
El
20 de febrero de 2018, cruzamos el puente Brownville, Texas, y les
dijimos a unos oficiales de migración que necesitábamos asilo, después
de eso los oficiales tomaron a mi hijo y dijeron que lo llevarían a un
lugar y yo a otro y, pregunté: “¿Por qué están separando a mi hijo? Y no
me dieron ninguna razón. Yo misma estoy llorando, porque puse en un
vehículo oficial a mi hijo, lloro ahora recordando como los oficiales
fronterizos se llevaron a mi hijo. Me estaba volviendo loca, preguntando
¿Dónde está mi hijo?”.
Y
sigue contando que “después de las primeras semanas de que mi hijo y yo
fuimos separados estaba deprimida y no quería comer. Estoy tratando de
ser fuerte por mi hijo y trabajando duro para poder reunirme con él, una
vez que estemos juntos”.
La
lucha de esta madre contra la política de “Cero Tolerancia” contra los
inmigrantes del presidente Trump, ha llegado a la meca del cine,
Hollywood, y 30 de sus celebridades se han unido solidarios a esta madre
hondureña, entre otros, Ryan Reynolds, Jamie Lee Curtis, James Franco y
otros 27 actores que leyeron la carta que escribió Miriam, cuyo bebé
fue arrebatado de sus brazos luego de cruzar la frontera.
Las
celebridades simplemente leen el sentir de la “catracha” a quien le
arrebataron a su único hijo, mientras su esperanza era buscar una mejor
forma de vida en Estados Unidos.
El
vídeo de apoyo a Miriam grabado por los famosos actores fue publicado
por American Civil Liberties Union (ACLU, siglas en inglés).
El
drama de esta migrante ha generado una completa revolución en redes
sociales. Pues, según medios internacionales que recogen la historia de
esta hondureña, esta es la cruda verdad de cientos de miles de
centroamericanos que huyen de la violencia, corrupción, miseria y falta
de oportunidades por malos gobiernos en sus países y, luego tras cruzar
la frontera y pedir asilo terminan atrapados en un régimen de “Cero
Tolerancia” en EE.UU., al final en lugar de recibir ayuda y auxilio, se
hallan con más de lo mismo: sufrimiento.
Ver: My Name Is Mirian
Foto: amecopress.net
La organización feminista JASS-Honduras (Asociadas por lo Justo),
es del criterio que el femicidio está influenciado y abastecido por el
sistema de impunidad que impera en el país, según lo manifestó Daysi
Flores de dicha organización a pasosdenimalgrande.com
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), en Honduras una mujer es asesinada cada 18
horas. Las cifras preliminares indican que de enero al 30 de junio del
2018 se registran 127 muertes violentas y durante el 2017 se produjeron
alrededor de 389 femicidios. En los últimos 15 años, los crímenes contra
mujeres superaron los 5 mil 600, y el 90 por ciento de los casos siguen
impunes.
El Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), reveló que el 27 por ciento de las mujeres acepta que han sufrido violencia física en algunos momentos de su vida y según UNICEF en el 2016 casi 9 de cada 10 delitos contra la niñez, afectaron a las niñas.
Para Deysi Flores de JASS-Honduras, las cifras son alarmantes así como los índices de impunidad que predominan en Honduras.
Flores reflexionó diciendo que “por qué tenemos tantos índices de femicidios, porque al final si alguien mata a una mujer se sabe que lo más probable es que no se pague por eso”.
Para la defensora la violencia contra las mujeres en Honduras es un problema de salud pública, y no solo estoy hablando de la violencia física, estoy hablando de la violencia sexual, los índices de violencia sexual son terribles y además hay violencia estatal, por qué porque si se es víctima de violencia sexual ni siquiera puede acercarse, no se cuenta en los protocolos de atención de violencia sexual con la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, PAE.
Lo anterior significa que si una mujer está en los días fértiles y es víctima de una violación probablemente va a quedar embarazada y no hay ninguna forma de evitarlo”, indicó.
Según Flores “el femicidio es la expresión última de la violencia contra las mujeres, es violentar la vida, te maten por el solo hecho de ser mujer”.
Para la representante de JASS-Honduras es lamentable que la mayoría de los femicidas no estén pagando por eso y los datos son preocupantes a nivel nacional.
Crimen organizado
Sobre el crimen organizado y el papel del Estado en su combate señaló que “toda la política de seguridad y la guerra contra las drogas está comprobado a nivel regional que eso significa una guerra contra la población, son maquillajes que utilizan las personas que gobiernan los países sustentar la utilización de recurso, básicamente provenientes desde los Estados Unidos”.
Flores dijo que el no contrarrestar el narcotráfico es porque muchísimas veces el crimen organizado tiene infiltradas todas las instancias nacionales e internacionales, y muchas veces como en México donde se habla de narcoestado.
Agregó que en países como Honduras todas las políticas de mano dura contra el crimen organizado no son reales, son solamente, una pantomima, precisamente porque hay unos niveles de impunidad y de corrupción que no permiten llevar a cabo investigaciones veraces”.
Solidaridad
JASS-Honduras se solidarizó al igual con otras organizaciones feministas, con la directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien denunció ser víctima de amenazas el 01de julio anterior ante el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH).
“Ella ha denunciado la intimidación, no es una situación de si creemos o no creemos y ella está denunciando públicamente y creemos que hay que solidarizarse y este es un reflejo de la vulnerabilidad en que se encuentra todo el sistema de justicia del país que va ligado a los altos índices de impunidad”, destacó la entrevistada.
Asimismo dijo que si no tenemos un sistema de fiscales que ayuden y colaboren en la plena prueba, todos los asesinatos y los crímenes se quedarían impunes porque al final se pierden los fundamentos para acusar, la ley está basada en la presentación de pruebas y en la presunción de inocencia.
El Ministerio Público y Medicina Forense son partes claves para probar los delitos y judicializarlos, si no, pasa como el caso de Margarita Murillo o el de Berta Cáceres, en donde se violentan las escenas de los crímenes y todavía aún, con las respuestas que hay y con la gente que se ha atrapado, no existe forma de llegar a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos”, concluyó.
El Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), reveló que el 27 por ciento de las mujeres acepta que han sufrido violencia física en algunos momentos de su vida y según UNICEF en el 2016 casi 9 de cada 10 delitos contra la niñez, afectaron a las niñas.
Para Deysi Flores de JASS-Honduras, las cifras son alarmantes así como los índices de impunidad que predominan en Honduras.
Flores reflexionó diciendo que “por qué tenemos tantos índices de femicidios, porque al final si alguien mata a una mujer se sabe que lo más probable es que no se pague por eso”.
Para la defensora la violencia contra las mujeres en Honduras es un problema de salud pública, y no solo estoy hablando de la violencia física, estoy hablando de la violencia sexual, los índices de violencia sexual son terribles y además hay violencia estatal, por qué porque si se es víctima de violencia sexual ni siquiera puede acercarse, no se cuenta en los protocolos de atención de violencia sexual con la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, PAE.
Lo anterior significa que si una mujer está en los días fértiles y es víctima de una violación probablemente va a quedar embarazada y no hay ninguna forma de evitarlo”, indicó.
Según Flores “el femicidio es la expresión última de la violencia contra las mujeres, es violentar la vida, te maten por el solo hecho de ser mujer”.
Para la representante de JASS-Honduras es lamentable que la mayoría de los femicidas no estén pagando por eso y los datos son preocupantes a nivel nacional.
Crimen organizado
Sobre el crimen organizado y el papel del Estado en su combate señaló que “toda la política de seguridad y la guerra contra las drogas está comprobado a nivel regional que eso significa una guerra contra la población, son maquillajes que utilizan las personas que gobiernan los países sustentar la utilización de recurso, básicamente provenientes desde los Estados Unidos”.
Flores dijo que el no contrarrestar el narcotráfico es porque muchísimas veces el crimen organizado tiene infiltradas todas las instancias nacionales e internacionales, y muchas veces como en México donde se habla de narcoestado.
Agregó que en países como Honduras todas las políticas de mano dura contra el crimen organizado no son reales, son solamente, una pantomima, precisamente porque hay unos niveles de impunidad y de corrupción que no permiten llevar a cabo investigaciones veraces”.
Solidaridad
JASS-Honduras se solidarizó al igual con otras organizaciones feministas, con la directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien denunció ser víctima de amenazas el 01de julio anterior ante el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH).
“Ella ha denunciado la intimidación, no es una situación de si creemos o no creemos y ella está denunciando públicamente y creemos que hay que solidarizarse y este es un reflejo de la vulnerabilidad en que se encuentra todo el sistema de justicia del país que va ligado a los altos índices de impunidad”, destacó la entrevistada.
Asimismo dijo que si no tenemos un sistema de fiscales que ayuden y colaboren en la plena prueba, todos los asesinatos y los crímenes se quedarían impunes porque al final se pierden los fundamentos para acusar, la ley está basada en la presentación de pruebas y en la presunción de inocencia.
El Ministerio Público y Medicina Forense son partes claves para probar los delitos y judicializarlos, si no, pasa como el caso de Margarita Murillo o el de Berta Cáceres, en donde se violentan las escenas de los crímenes y todavía aún, con las respuestas que hay y con la gente que se ha atrapado, no existe forma de llegar a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos”, concluyó.
Trump, el enjaulamiento de los ”animals”y el choque de las civilizaciones
Por: OFRANEH
En
medio una gira frenética por América Latina del Vicepresidente de los
Estados Unidos Mike Pence, abordó el candente tema de la “cero
tolerancia” asumida por la administración Trump, en cuanto al
recrudecimiento del fenómeno migratorio, situación que ha conllevado a
la separación de miles de menores de sus progenitores. Pence señaló a
los “honorables” presidentes del triángulo de la muerte, la importancia
del respeto a las fronteras y el apego a las leyes.
En
el 2014, se dio una avalancha migratoria hacia los Estados Unidos, que
incluyó a más de 60 mil menores de edad, situación que rebalsó a las
autoridades migratorias estadounidenses, dando lugar a una ambigua
respuesta de parte de la administración de Barack Obama. Los medios de
comunicación estadounidenses sirvieron para difundir las imagines de
hordas de menores que cruzaban la frontera, desatando temores atávicos
entre la todavía mayoría blanca, de una factible suplantación en las
estructuras de poder, incrementando de esta forma el racismo que
prevalece dentro de la sociedad estadounidense.
PROPUBLICA
viene efectuando un mapeo de los centros de detención de menores,
señalando la existencia de 99 posibles lugares en que las autoridades
del ICE tienen retenidos a 2.047 menores además de 8,886 que habían
cruzado la frontera antes que Trump decretara la “cero tolerancia”.
Trump
y su séquito de Republicanos han venido indicando sobre la existencia
de una ley para separar familias, la cual supuestamente fue aprobada por
los demócratas en 1997 pero en realidad fue promulgada en mayo de 2018.
Ciertamente la detención de menores y su separación de sus progenitores
se ha convertido en un negocio que supera los mil millones de dólares.
Solo el contrato para reacondicionamiento de un Wallmart en Texas, la
empresa Southwest Key recibió la cifra de $458 millones.
Más
allá de la crisis humanitaria que se está dando, la indiferencia de las
autoridades en reunificar los menores con sus progenitores, existe a
nivel político, la horripilante manipulación del racismo, que se
encuentra latente entre buena parte de la población de los Estados
Unidos; país que fue construido por las diferentes oleadas migratorias
que se encargaron de eliminar o domesticar a las poblaciones vernáculas.
Donald
Trump fue elegido entre los republicanos con el empuje de grupos de
extrema derecha que van desde la denominada Alt Right, pasando por el
Partido del Te, hasta el Ku Kus Klan; Grupos que no han escondido su
tendencia a posiciones extremas en cuanto al racismo fundamentado en la
superioridad blanca.
La
manipulación de los temores primigenios de la población de origen
anglosajón en Estados Unidos ha sido uno de los temas recurrentes
de Steve Bannon, uno de los promotores del denominado Al Right, que
desde el Portal del Breibart News se ha encargado de resucitar “el
Choque de Civilizaciones”, tema sobre el cual el politólogo Samuel
Huntington publicó un libro en 1996, donde planteaba como los blancos en
Estados Unidos se están convirtiendo en una minoría demográfica, dando
lugar a una estampida del racismo que llega a uno de sus momentos
cúspides con la política de “cero tolerancia” emprendida por Trump, y la
aparentemente jugará un rol central en las elecciones parlamentarias
del próximo noviembre.
Para
Mike Pence – promotor del traslado de la embajada estadounidense a
Jerusalen- la reunión efectuada ayer con los mandatarios de Guatemala,
El Salvador y Honduras, sirvió para refrendar el colonialismo al que se
ven sometidos los países centroamericanos, los que probablemente se
verán obligados a criminalizar la migración ilegal, para así poder
continuar recibiendo las dádivas de la ayuda imperial.
No
obstante que la administración Trump emitió el 20 de junio una
suspensión de la separación de familias, promovida por la política
de“cero tolerancia” emitida por el fiscal general Jeff Sessions el
pasado abril; el chantaje que viene efectuando la administración Trump
continúa, ya que a las familias detenidas se les conmina aceptar la
deportación para así poder obtener la reunificación, además que no
existe plan gubernamental alguno para solventar la problemática de las
familias separadas.
Nota relacionada Los “Agujeros de Mierda” responden a Trump desde Honduras
El
periódico digital “The Intercept” indicó que 81 de los menores
detenidos fueron entregado a una agencia de adopción. El hecho ha
fomentado una alarma ante la posible conversión de los menores en
“huérfanos sociales”. la caída en picada del reservorio de infantes para
la adopción que ha dado a nivel mundial, como el producto de cambio de
leyes nacionales referentes a los procesos de adopción, o la suspensión
de los mismos pro cuestiones éticas ha dado lugar a una reducción del
80% de las adopciones comparado con las cifras del año 2004. La crisis
de los menores enjaulados ha conllevado a pensar a algunas instituciones
que se viene de forma premedita cociendo un auge de adopciones de los
menores separados.
Todo
parece indicar que no existirán mayores cambios de la política
estadounidense en relación al enjaulamiento de los “animals”
provenientes de los países “Shitholes”.
Reportan que Trump consideró invadir Venezuela en el momento álgido de la crisis política
Publicado: 4 jul 2018 20:54 GMT - RT
Según una fuente anónima consultada por la
agencia AP, sucedió el pasado mes de agosto, durante una reunión con el
secretario de Estado y un asesor de seguridad nacional.
Un alto funcionario de Washigton reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempló invadir Venezuela el pasado mes de agosto.
Según esta información, publicada por la agencia AP, al final de una reunión en el Despacho Oval donde se discutía el tema de las sanciones contra el país suramericano, el mandatario se dirigió a sus ayudantes e hizo la pregunta: "¿Por qué EE.UU. no puede simplemente invadir un país conflictivo?".
Este comentario supuestamente sorprendió al secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de seguridad nacional, H.R. MacMaster, que ya no forman parte del Ejecutivo estadounidense.
En ese posible intercambio, la fuente, cuya identidad no ha sido revelada, comentó que los dos exfuncionarios le habrían explicado al presidente que una acción militar sería contraproducente y que podría perder el apoyo de los gobiernos del resto de la región, ganado con tanto esfuerzo, para "castigar al presidente Nicolás Maduro".
Al parecer, Trump hizo referencia a intervenciones pasadas en América Latina y el Caribe, como la invasión a Panamá, en 1989, que dejó por lo menos 5.000 víctimas, según organizaciones sociales, y la intervención a Granada, en 1983.
Tras esas declaraciones, algunos gobiernos latinoamericanos adversos al de Maduro –como los de Colombia, México y Perú– manifestaron su rechazo a una eventual incursión militar.
De igual manera lo expresó el Mercado Común del Sur (Mercosur), que una semana atrás había suspendido a Venezuela del bloque económico –conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– por "ruptura del orden democrático".
Una semanas después, el 25 de agosto, la administración de Trump dictó nuevas sanciones contra el país sudamericano, al firmar una orden ejecutiva que prohibió a los bancos estadounidenses realiza
Además, la fuente anónima reveló que un mes más tarde, en septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump habló en una cena privada con cuatro gobernantes latinoamericanos, entre los que se encontraba el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le hizo la misma pregunta sobre una eventual intervención. Al parecer, la respuesta también fue negativa.
La Casa Blanca había advertido a Caracas que de realizarse las elecciones presidenciales, donde Maduro resultó electo el pasado 20 de mayo, se intensificaría la presión sobre el país suramericano, que ha catalogado las medidas punitivas como "bloqueo económico".
Hace una semana se llevó a cabo la gira del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pence, por la región para tratar el tema de la "crisis venezolana" y pedir que se aislara al país suramericano. Es la tercera visita durante la administración de Trump para abordar la misma temática.
Según esta información, publicada por la agencia AP, al final de una reunión en el Despacho Oval donde se discutía el tema de las sanciones contra el país suramericano, el mandatario se dirigió a sus ayudantes e hizo la pregunta: "¿Por qué EE.UU. no puede simplemente invadir un país conflictivo?".
Este comentario supuestamente sorprendió al secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de seguridad nacional, H.R. MacMaster, que ya no forman parte del Ejecutivo estadounidense.
En ese posible intercambio, la fuente, cuya identidad no ha sido revelada, comentó que los dos exfuncionarios le habrían explicado al presidente que una acción militar sería contraproducente y que podría perder el apoyo de los gobiernos del resto de la región, ganado con tanto esfuerzo, para "castigar al presidente Nicolás Maduro".
Al parecer, Trump hizo referencia a intervenciones pasadas en América Latina y el Caribe, como la invasión a Panamá, en 1989, que dejó por lo menos 5.000 víctimas, según organizaciones sociales, y la intervención a Granada, en 1983.
El día después
El 11 de agosto, un día más tarde de la supuesta reunión, el mandatario manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad.Tras esas declaraciones, algunos gobiernos latinoamericanos adversos al de Maduro –como los de Colombia, México y Perú– manifestaron su rechazo a una eventual incursión militar.
Foto de familia durante la Cumbre anual de Mercosur. Luque (Paraguay), 18 de junio de 2018.
/ Mario Valdes
/ Reuters
Una semanas después, el 25 de agosto, la administración de Trump dictó nuevas sanciones contra el país sudamericano, al firmar una orden ejecutiva que prohibió a los bancos estadounidenses realiza
Además, la fuente anónima reveló que un mes más tarde, en septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump habló en una cena privada con cuatro gobernantes latinoamericanos, entre los que se encontraba el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a quien le hizo la misma pregunta sobre una eventual intervención. Al parecer, la respuesta también fue negativa.
Sanciones y presiones
Washington, que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, ha impuesto medidas punitivas a sus altos funcionarios desde 2008, pero se incrementaron en 2017. Además de las restricciones a la compra de deuda y activos públicos y a las transacciones con petro, la criptomoneda venezolana.La Casa Blanca había advertido a Caracas que de realizarse las elecciones presidenciales, donde Maduro resultó electo el pasado 20 de mayo, se intensificaría la presión sobre el país suramericano, que ha catalogado las medidas punitivas como "bloqueo económico".
Hace una semana se llevó a cabo la gira del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pence, por la región para tratar el tema de la "crisis venezolana" y pedir que se aislara al país suramericano. Es la tercera visita durante la administración de Trump para abordar la misma temática.
Las reuniones en las que Trump planteó una invasión militar a Venezuela
Julio 4 de 2018, 1:40 pm - MISIÒN VERDAD
Trump presionó a sus asesores para que respalden una intervención
La agencia de noticias Associated Press (AP) emitió este miércoles una información donde revela que el presidente estadounidense Donald Trump presionó a sus asesores para que avalaran la "posibilidad de invadir Venezuela", según un alto cargo de su gobierno familiarizado con esta conversación realizada en agosto del año pasado.El diálogo se dio luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Trump consultó a sus asesores sobre las sanciones contra la República Bolivariana. En este marco, el presidente estadounidense afirmó que "si Venezuela es una amenaza para la región, ¿por qué simplemente no lo invadimos?".
Varios de los presentes en esta reunión, como el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y el general Hebert Raymond McMaster, ex director del Consejo de Seguridad Nacional, se opusieron a la idea bajo el argumento de que una "invasión podría ser contraproducente y provocar la pérdida del apoyo regional al aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro", de acuerdo al cable firmado por el corresponsal de AP en Colombia, Joshua Goodman.
Sin embargo, el contra-argumento de Trump para respaldar la idea de la invasión se basó en los antecedentes de las intervenciones militares de Estados Unidos en Granada y Panamá en la década del 80. Aún sin emitir una orden a favor de una invasión, la idea sobrevoló por un tiempo más por la cabeza de Trump, quien al día siguiente de la reunión planteó en una conferencia de prensa que para Venezuela no se descartaba "una opción militar".
Las consultas a cuatro presidentes latinoamericanos acerca de la invasión
Tiempo después, el presidente Trump volvió a la carga con la idea al planteársela directamente a su par Juan Manuel Santos, según le confirmaron a AP dos altos funcionarios colombianos que tampoco quisieron revelar su identidad. La negativa de Santos fue pública en unas declaraciones posteriores a la reunión.Pese a eso, en septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense consultó en una cena privada a cuatro presidentes latinoamericanos, incluido Santos, sobre la posibilidad de realizar una intervención militar en Venezuela. Los cuatro rechazaron la propuesta y afirmaron estar seguros de esta decisión después de que Trump insistiese sobre la idea.
Esta versión de los hechos fue respaldada por los tres funcionarios citados y por el medio estadounidense Politico en febrero. De acuerdo a este último, los presentes en dicha reunión fueron Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, además de otros altos funcionarios y diplomáticos de otros países de la región.
Finalmente, el ex director del Consejo de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, supuestamente logró que Trump desistiese de la idea de invadir Venezuela.
Las repercusiones inmediatas de la propuesta de invadir
Inmediatamente la "opción militar" fue nombrada por Trump en agosto, países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Perú la rechazaron y abogaron por una "solución diplomática", de acuerdo a Reuters. Esta disonancia fue pública y notoria, por lo que revelación de AP es creíble en tanto y en cuanto la posibilidad de intervención militar fue centro del debate público después de que la Administración Trump impusiese duras sanciones contra Venezuela.Mientras que los tanques de pensamiento más influyentes de la política exterior estadounidense se dedicaron a desmontar esta idea.
Uno de ellos fue el Consejo de Relaciones Exteriores, quien en puño y letra de Shannon K. O'Neill, su investigadora principal para América Latina, afirmó que una invasión sería contraproducente para Estados Unidos porque obligaría a ocupar el país con 150 mil soldados y aumentaría su desprestigio en la región respecto a sus aliados, mucho más si Venezuela se convierte en un pantano como Irak y Afganistán.
Por otro lado, Frank Mora, subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para América Latina entre 2009 y 2013, advirtió en la revista Foreign Affairs que una intervención militar en Venezuela distraería a Washington de zonas más calientes y estratégicas del mundo como Asia y Medio Oriente. Además de que implicaría enviar 200 mil soldados, 20 mil más que en Irak, sin la certeza de poder controlar completamente el país, ni asegurarse el objetivo de cambiar el rumbo político de la República Bolivariana en el largo plazo.
Más allá de estas consideraciones, que solo no fueron tenidas en cuentas por los sectores opositores más recalcitrantes a favor de una intervención, la revelación de AP pone de manifiesto el poco margen de maniobra que tiene la Administración Trump para imponer planes a sus aliados más cercanos en la región. Ni siquiera países como Colombia y México, altamente dependientes de Estados Unidos, acompañaron este tipo de propuesta.
Lo que, además, se observa en el contexto actual en el que, un mes después de las elecciones presidenciales, no existen mayores medidas de peso en lo económico contra Venezuela, más allá de las impuestas por la Administración Trump. Esto desnuda que la estrategia de extrema dureza de Estados Unidos tiene serios problemas para conseguir actores regionales que la movilicen por los canales regulares.
Incluso, revelaciones recientes como las de AP y Bloomberg acerca de fallidos golpes e invasiones, parecen apuntar a revivir la atención respecto a Venezuela, mientras se proyecta una supuesta fragilidad del Gobierno Bolivariano ante la posibilidad de una amenaza externa o conspiraciones en el seno militar. Sin embargo, en última instancia son una precisa radiografía de la previsible brutalidad e improvisación con la que actúa la Administración Trump en América Latina, por estar secuestrada por el ala más reaccionaria y antipolítica de Estados Unidos en lo que respecta a la región.
En contraste, el dato político subyacente a cables como el de AP demuestra que Venezuela tiene mucho más margen de maniobra en lo diplomático para movilizar un consenso hacia su favor. Quizás de esto derive la insistencia del presidente Nicolás Maduro de promover una instancia de diálogo nacional, respaldada por importantes actores internacionales, que aíslen las posiciones más beligerantes de la Administración Trump.
Por último, pareciera que la forzada dureza de la Administración Trump respecto a Venezuela e Irán fuesen concesiones a los lobbies más reaccionarios de la política exterior estadounidense. Sobre todo porque difieren en gran medida de la flexibilidad que muestra Trump respecto a temas mucho más ríspidos, donde avanza por la arena de la negociación como en los casos de Rusia, Corea del Norte y China.
En todos estos, el patrón de conducta se observa similar en tanto y en cuanto a medidas altamente agresivas contra los países referidos (en lo comercial, financiero y económico) le suceden conversaciones y acuerdos. Paradójicamente, este modelo de negociación difícilmente se traslade a Venezuela o Irán en el corto plazo, donde claramente Trump avanza a un todo o nada. En esta tónica se abre el interrogante de si Venezuela tiene la capacidad política de crear un espacio de negociación que rompa con esta falsa dicotomía en el mediano plazo.
Maduro: "Una intervención militar de EE.UU. jamás solucionará los problemas de Venezuela"
Publicado: 5 jul 2018 02:35 GMT | Última actualización: 5 jul 2018 03:32 GMT - RT
El mandatario venezolano replicó a
informaciones de prensa según las cuales el presidente de EE.UU., Donald
Trump, habría planteado la posibilidad de una invasión a su país.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela, el 24 de mayo de 2018
Marco Bello / Reuters
El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este miércoles toda
amenaza de invasión de tropas estadounidenses y, tras afirmar que tal
paso no solucionaría los problemas internos de su país, dijo que las
fuerzas armadas venezolanas deben estar preparadaspara defender el territorio nacional.
"Venezuela debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas, con sus propias soluciones", declaró Maduro durante un acto de ascenso de oficiales militares en el Panteón Nacional (Caracas). Allí agregó que "no será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela".
Además, el mandatario aseguró que Venezuela necesita una fuerza militar de "la máxima moral combativa" para defender el "derecho a la independencia, la integridad y la soberanía de nuestra amada Patria".
Con esas palabras comentó el mandatario venezolano un reporte, publicado por la agencia AP, según el cual el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría considerado en agosto del año pasado una invasión a Venezuela. Trump supuestamente asomó la posibilidad de una acción militar mientras se discutía en la Oficina Oval el tema las sanciones contra el país sudamericano, según reveló un alto funcionario de Washington cuya identidad no ha sido revelada. La iniciativa del jefe de la Casa Blanca no obtuvo apoyo entre sus asistentes.
Un día después de la supuesta reunión, el 11 de agosto, Donald Trump manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad. Por su parte, las autoridades de varios países latinoamericanos condenaron en su momento esas amenazantes declaraciones del líder estadounidense.
"Venezuela debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas, con sus propias soluciones", declaró Maduro durante un acto de ascenso de oficiales militares en el Panteón Nacional (Caracas). Allí agregó que "no será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela".
Además, el mandatario aseguró que Venezuela necesita una fuerza militar de "la máxima moral combativa" para defender el "derecho a la independencia, la integridad y la soberanía de nuestra amada Patria".
Con esas palabras comentó el mandatario venezolano un reporte, publicado por la agencia AP, según el cual el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría considerado en agosto del año pasado una invasión a Venezuela. Trump supuestamente asomó la posibilidad de una acción militar mientras se discutía en la Oficina Oval el tema las sanciones contra el país sudamericano, según reveló un alto funcionario de Washington cuya identidad no ha sido revelada. La iniciativa del jefe de la Casa Blanca no obtuvo apoyo entre sus asistentes.
Un día después de la supuesta reunión, el 11 de agosto, Donald Trump manifestó en una rueda de prensa que Washington manejaba "muchas opciones" respecto a la situación de Venezuela y que "no descartaba una opción militar". "Tenemos nuestras tropas en todo el mundo, en lugares muy, muy lejanos" y Venezuela "no está lejos", expresó en esa oportunidad. Por su parte, las autoridades de varios países latinoamericanos condenaron en su momento esas amenazantes declaraciones del líder estadounidense.
Bloomberg confirma que EEUU planificaba un golpe militar en Venezuela
Este medio financiero publicó un reportaje basado en un
presunto informe judicial en el que devela una operación militar
coordinada por Estados Unidos y Colombia y que iba ser ejecutada por un
grupo de oficiales venezolanos. Las conexiones de ese plan fallido, que
pretendía derrocar y enjuiciar al presidente Maduro, señalan a María
Corina Machado a lo interno y a parte del establishment de Washington y
Colombia en el exterior.
Junio 28 de 2018, 8:00 pm - MISIÒN VERDAD
Sobre la "Operación Constitución"
El medio radicado en Nueva York, publicó un reportaje el día de ayer sobre la llamada "Operación Constitución". Los objetivos eran detener las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y enjuiciarlo (cuestión que analizaremos más adelante).Se suponía que el golpe debían darlo militares venezolanos de varios rangos con la ayuda de oficiales colombianos y estadounidenses, pero no prosperó. "Entonces algo falló", describe Bloomberg. A mediados de mayo, confirmado en su momento por el Presidente de la República, una docena de militares y un par de civiles fueron arrestados por el Estado debido a sus vínculos con un golpe y magnicidio. Según el medio, los conspiradores creen que fueron traicionados por un doble agente.
Los corresponsales a cargo de la redacción de este este artículo no proveen nombres de los conspiradores, a quienes les otorga el beneficio periodístico del anonimato.
Hacen mención a que algunos militares venezolanos "anónimos" dicen que "la única esperanza por un retorno a la estabilidad (del país) es reemplazar a Maduro mediante la fuerza. Eso parece poco probable luego del fracaso del golpe".
Ante el "descontento" de algunos grupos militares con respecto al Gobierno, según el medio, Maduro ha tomado nota, y exige lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a su figura como comandante en jefe.
El reportaje ubica los precedentes de este intento de golpe en supuestas reuniones secretas que se dieron entre oficiales de la FANB en Caracas, a raíz de la conformación de la célula paramilitar del ex policía Oscar Pérez. Esta asunción sería usada como "inspiración" del golpe militar fallido.
No es la primera vez que se neutraliza un atentado de este nivel en Venezuela. La denominada y también fallida Operación Jericó (2015) tuvo sus nexos directos con Estados Unidos. La defección de oficiales militares venezolanos que se agrupan en torno a un plan golpista, con vínculos directos a dirigentes opositores, suele ser apoyada por el establishment estadounidense. El mismo Raúl Baduel contó que un intermediario de la Casa Blanca le ofreció bienes raíces y millones de dólares a su nombre si se unía a la causa estadounidense desde el lado militar.
Ya sabemos en qué terminó la historia de Baduel, y asimismo el de otros militares que decidieron trabajar al lado de Washington, como Leamsy Salazar.
Resalta, asimismo, es el momento en que se publica esto en Bloomberg, centrando parte de su argumento en la figura de María Corina Machado, quien según la información manejada por la periodista Sebastiana Barráez también estaría implicada en la conspiración.
La exposición de María Corina Machado
De hecho, Bloomberg expone de dos formas a María Corina Machado en su artículo: por un lado, toma sus palabras, en entrevista exclusiva, para decir que ella no tiene conexiones con esta trama. "Ellos quieren silenciar mi voz, porque los etiqueté de narcodictadura. Quiero ser clara: deseo a Nicolás Maduro fuera del poder ahora mismo. Pero lo quiero vivo para que así pueda enfrentar a la justicia que su régimen le ha negado a los venezolanos".Posteriormente, cita una supuesta encuesta del servicio de inteligencia, sin espeficiar cuál, en la que Machado tendría una alta aprobación entre los oficiales de la FANB.
Debemos recordar que tanto ella como Antonio Ledezma, ambos parte de la coalición Soy Venezuela, fueron acusados de ser las caras políticas de la Operación Jericó (continuación del "Golpe azul"). Este es un antecedente que pone bajo doble sospecha su figura en el contexto de la "Operación Constitución", más allá de lo señalado en torno a sus conexiones con el fallido plan golpista.
Uniendo los puntos, no podemos olvidar tampoco que en medio de ese contexto conspirativo de mayo pasado se divulgó un audio de Machado en el que incita a los militares venezolanos a "rescatar el honor militar", otra manera de decir golpe de Estado.
Que Bloomberg le dé tanto protagonismo a la dirigente de Soy Venezuela no parece una casualidad, sobre todo en momentos en los que su figura asciende en una campaña de victimización publicitada por algunos presidentes de la región (caso Iván Duque), ex presidentes reunidos del Grupo IDEA, voceros de la clase política estadounidense como Marco Rubio, quien encuentra en María Corina Machado su espejo en Venezuela, además de la canciller canadiense Chrystia Freeland.
Tratar otorgarle ese rol de víctima también sugiere que probablemente sabían de la operación y ahora se mueven rápidamente a controlar los daños una vez neutralizado el plan.
El abolengo y la reacción violenta son las marcas de Machado. Sabiendo entonces que ella estaba siendo impuesta mediáticamente como una especie de jefa de la oposición (en medio del vacío enorme en ese sector), la asunción de su figura viene a responder por las necesidades del golpismo militar que Estados Unidos pretendía cristalizar.
EEUU abandona las sombras
En el contexto de los llamados a un golpe en el seno de la FANB por parte de altos funcionarios estadounidenses, Machado estaba siendo encumbrada para dirigir el ala "civil" de la "Operación Constitución". El reportaje de Bloomberg infiere que factores extranjeros intentaban coordinar las acciones en el seno de los militares.No fue casual entonces la gira de Rex Tillerson, apenas unos días antes de fuera despedido por Trump de su puesto como máximo representante diplomático de la Casa Blanca, por algunos países de América Latina, los reunidos en el Grupo de Lima. Tal gira se centró en la "situación venezolana", en un contexto en el que la oposición venezolana a lo interno estaba incapacitada políticamente para propiciar un escenario de "cambio" y geopolíticamente se condensaba una fuerte disputa por los recursos de la región entre Estados Unidos y los aliados euroasiáticos China y Rusia.
En esa oportunidad (febrero de este año), convidó a la FANB para que se levantara contra el chavismo, al igual que lo hizo en 2017.
Aquellas declaraciones del ex Secretario de Estado en 2017 fueron respaldadas por Todd Robinson, hasta hace dos meses el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, quien en aquel febrero reciente dijo a Runrunes que "es evidente que el sector militar tiene mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no".
Palabras que traen consigo el deseo del involucramiento de la FANB al ansiado cambio de régimen en Venezuela. Así lo denunció en su momento Delcy Rodríguez.
En febrero, también, Marco Rubio escribió vía Twitter que "el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas (sic) en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restablecer la democracia mediante la eliminación de un dictador".
A todas estas declaraciones, que conforman el aspecto público del llamado estadounidense a la FANB, se debe incluir a los actores colombianos conectados a este proceder.
El eje Washington-Bogotá toma protagonismo en este escenario por varias razones:
- Las giras de altos funcionarios estadounidenses como Tillerson en su momento y el vicepresidente Mike Pence, han tenido como punto nodal sus visitas a Colombia. Este país es el principal "socio" de Estados Unidos en la región. La alianza diplomática y política entre ambos es vital para la concreción desestabilizadora en Venezuela, como lo resaltara recientemente el presidente Maduro.
- El vínculo militar entre el Pentágono y el ejército colombiano es muy estrecho, hasta el punto de que Colombia tiene nueve bases militares estadounidenses, y recientemente se confirmó al país latinoamericano como "socio global" de la OTAN, institución liderada también por Estados Unidos.
- El embajador gringo en Colombia declaró en agosto de 2017 que "desde que empezó la crisis venezolana, por culpa de los bolivarianos, se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por parte de los venezolanos en contra de sus vecinos", una apreciación sospechosa tomando en cuenta que el vecino país tiene experiencia en montar banderas falsas (conocidos también como falsos positivos).
- La expansión de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela toma su forma con Colombia como puntal, con la conformación de un "grupo de trabajo estratégico" que supone la institucionalización por la vía diplomática, no sólo en el vecino país sino en el Grupo de Lima en su conjunto, de las operaciones de bloqueo financiero. Ya hubo un primer caso de embargo de 25 mil cajas CLAP por parte del gobierno de Santos por este acuerdo.
- En Bogotá, la capital colombiana, se realizó una audiencia dirigida por el ficticio Tribunal Supremo de Justicia "en el exilio" en donde se acusó a Maduro por su incomprobada corrupción en el escándalo Odebrecht. Esto fue en abril reciente. El uso de esta ciudad como sede para este tipo de acciones pudiera responder a la alusión hecha por Bloomberg de que Bogotá fue donde se planificó la "Operación Constitución".
- En Colombia cuenta con el apoyo de Iván Duque, quien acaba de ser elegido presidente de su país de la mano del uribismo (enemigo acérrimo del chavismo en la región). Duque se entrevistó con María Corina Machado en la frontera colombo-venezolana, en una reunión muy mediatizada en la que el presidente electo, en ese momento candidato, dijo: "Vamos a trabajar sin descanso para que entre todos los países de América Latina acorralemos diplomáticamente a la dictadura y Venezuela pueda hacer una transición hacia la democracia".
El fallido golpe militar entonces va de la mano con la conexión Bogotá-Washington, que trabajaron de manera conjunta para cristalizar los intereses de Estados Unidos. No contaron con que la estructura de seguridad e inteligencia venezolana pudiera neutralizar el plan, y que la FANB a día de hoy se mostrara unida en torno a la estabilidad política y social de Venezuela.
Asimismo llama la atención que entre los objetivos del golpe se incluyera un juicio a Maduro, en un momento en el que se prepara desde la OEA un expediente que pretende procesar al Presidente venezolano por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Está claro que se busca no sólo derrocar al chavismo sino judicializarlo para así destruir su imagen internacionalmente, al estilo serbio.
Lo que hizo Bloomberg, en todo caso, fue exponer a Estados Unidos como principal agente golpista en Venezuela. Seguramente vendrán más intentos de este tipo, en los que se busque penetrar el cuerpo de la FANB ante la ineficacia política de la oposición venezolana para concretar un cambio de régimen.
Operador del golpe contra Zelaya busca replicar ese formato en Venezuela
Junio 7 de 2018, 3:10 pm - MISIÒN VERDAD
En un artículo presentado por Jose R. Cárdenas, jefe de la USAID para América Latina durante el mandato de George W. Bush, en la revista Foreign Policy
(FP), expone la apremiante necesidad de avanzar en las agresiones
contra la nación venezolana mediante un golpe de Estado militar.
Haciendo un ejercicio mínimo de reflexión sobre las recientes acciones injerencistas, poco exitosas en el marco de la Asamblea General de la OEA, del gobierno estadounidense y contra el país, el artículo publicado en la famosa revista FP sugiere que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia, por supuesto, a imagen y semejanza de Washington. "Estados Unidos y sus aliados deben sentar las bases para que las partes restantes del gobierno venezolano que no están en deuda con Maduro le quiten la elección de sus manos", reza la publicación.
Rechazando toda labor de acercamiento entre los dos países, una posibilidad que viene manejando la diplomacia venezolana con estructuras de la Administración Trump y aprovechando las constantes contradicciones internas en su gestión, Cárdenas plantea que ningún canal de diálogo resolverá la crisis en Venezuela y que es precisamente el ejército venezolano "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela", en una clara insinuación a la carta de golpe militar que manejan los operadores de la guerra contra Venezuela en paralelo a las presiones económicas y mediáticas en torno a la "crisis humanitaria".
La sentencia no proviene de cualquier opinador en el campo de las relaciones internacionales, sino de un actor político que ha participado en operaciones de desestabilización contra países latinoamericanos y que forma parte de la institución adjunta del Departamento de Estado de EEUU que se encarga de financiar a ONG alineadas a su política exterior. Específicamente, José Cárdenas dirigía la USAID en América Latina, organismo con largo expediente de financiamiento a estructuras desestabilizadoras en Venezuela y la región, cuando ésta actuó en el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.
Participó activamente en las preparaciones del escenario que en 2009 propició el derrocamiento. Además de su tarea de propaganda en la misma revista FP, deslegitimando al gobierno de Zelaya y apoyando la conspiración militar, en un parecido nada casual con la campaña tomada ahora en Venezuela, Cárdenas financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39,2 millones de dólares a organizaciones que protagonizaron los antecedentes para la intervención militar.
Otros 15 millones de dólares fueron destinados a la industria privada nacional, que financió a la Asociación Hondureña de Maquiladores, una fachada para que Visión América, firma a la que estaba asociado Cárdenas, prestara apoyo al sector golpista liderado por Roberto Micheletti.
Además, del dinero otorgado, 2 millones correspondía a la "Ayuda Militar y de Seguridad" que incluía la "preparación y entrenamiento de militares, al igual que el financiamiento de algunas actividades" teniendo en cuenta que el Pentágono también tuvo participación directa en la alteración de las fuerzas armadas hondureñas.
Ligado profundamente al lobby político del Sur de la Florida, Cárdenas fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el periodo de Bush hijo y defensor de su método de "ataques preventivos" como política exterior. También figuró en 2017 como posible asesor de Donald Trump, siendo una fuente de consulta del presidente norteamericano sobre asuntos de América Latina.
Es fácil discernir que la "opinión" de Cárdenas expresa un curso de acciones en proceso para alterar la unión cívico-militar venezolana, utilizando el contexto económico nacional auspiciado por los operados financieros internacionales y sus repercusiones en asuntos tan sensibles como la distribución de alimentos y la adquisición de insumos médicos, como argumento para captar mandos oficiales dentro de la FANB.
El llamado de Cárdenas a "rescatar a su país del abismo, mantener el orden constitucional, cumplir sus juramentos de defender la vida de todos los venezolanos y abrir un camino a la reconstrucción política, económica y social de su país", no sólo está acompañado por una insistente campaña de operaciones psicológicas que buscan desmoralizar a la FANB, sino también por un conjunto de acciones que desde la revolución de color violenta del año pasado, hasta la fecha, han intentado infiltrar el estamento militar para quebrar su línea de mando y orientación estratégica a favor de los intereses nacionales de la República.
En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, desde el mismo momento de su proclamación, ha hecho denuncias de actividades conspirativas de grupos militares que han sido arrestados y que tienen como núcleo financiador a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. La expulsión del encargado de negocios, Todd Robinson, justamente, apunta a la neutralización de estos focos puntuales dirigidos a fabricar "levantamientos militares".
La maniobra para impulsar la ejecución de un golpe de Estado militar tuvo, en su momento, al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, como principal incitador. Durante su gira por Latinoamérica a principios de este año, hizo un llamado abierto a la FANB para derrocar al presidente Maduro, respaldado por Marco Rubio en una publicación desesperada en su cuenta de Twitter donde afirmaba que apoyarían un golpe de Estado "mediante la eliminación de un dictador".
Esta declaración luego sería respaldada abiertamente por Todd Robinson, reafirmando que no se trataba de una propuesta lanzada al aire, sino de una agenda apoyada por la diplomacia estadounidense y auspiciada por quienes, desde el Congreso, caso Marco Rubio e Ileana Ros, han hecho de las sanciones contra Venezuela una práctica recurrente.
En tal sentido, el publicitado golpe militar sería la mutación lógica de "La Salida" de 2014 y de la revolución de color de 2017, según el cálculo de estos portavoces del lobby antivenezolano.
El frente internacional contra Venezuela, en continuo movimiento, avanza en operaciones psicológicas y comunicacionales para intentar fracturar a la FANB, en vista de que el uso de la vía diplomática (la OEA), y política (la reelección de Nicolás), no han resultado ser exitosas.
Las súplicas de Cárdenas para seducir a miembros de la FANB, dirigidas políticamente a intentar romper la base militar del Estado venezolano, ilustran el agotamiento en cuanto a la aplicación de recusos políticos contra el país y expone la incompetencia de la administración norteamericana para concretar las acciones que conlleven a un cambio de gobierno en el corto plazo.
Haciendo un ejercicio mínimo de reflexión sobre las recientes acciones injerencistas, poco exitosas en el marco de la Asamblea General de la OEA, del gobierno estadounidense y contra el país, el artículo publicado en la famosa revista FP sugiere que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia, por supuesto, a imagen y semejanza de Washington. "Estados Unidos y sus aliados deben sentar las bases para que las partes restantes del gobierno venezolano que no están en deuda con Maduro le quiten la elección de sus manos", reza la publicación.
Rechazando toda labor de acercamiento entre los dos países, una posibilidad que viene manejando la diplomacia venezolana con estructuras de la Administración Trump y aprovechando las constantes contradicciones internas en su gestión, Cárdenas plantea que ningún canal de diálogo resolverá la crisis en Venezuela y que es precisamente el ejército venezolano "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela", en una clara insinuación a la carta de golpe militar que manejan los operadores de la guerra contra Venezuela en paralelo a las presiones económicas y mediáticas en torno a la "crisis humanitaria".
La sentencia no proviene de cualquier opinador en el campo de las relaciones internacionales, sino de un actor político que ha participado en operaciones de desestabilización contra países latinoamericanos y que forma parte de la institución adjunta del Departamento de Estado de EEUU que se encarga de financiar a ONG alineadas a su política exterior. Específicamente, José Cárdenas dirigía la USAID en América Latina, organismo con largo expediente de financiamiento a estructuras desestabilizadoras en Venezuela y la región, cuando ésta actuó en el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.
Participó activamente en las preparaciones del escenario que en 2009 propició el derrocamiento. Además de su tarea de propaganda en la misma revista FP, deslegitimando al gobierno de Zelaya y apoyando la conspiración militar, en un parecido nada casual con la campaña tomada ahora en Venezuela, Cárdenas financió a través de supuestos programas de desarrollo y con un presupuesto de 39,2 millones de dólares a organizaciones que protagonizaron los antecedentes para la intervención militar.
Otros 15 millones de dólares fueron destinados a la industria privada nacional, que financió a la Asociación Hondureña de Maquiladores, una fachada para que Visión América, firma a la que estaba asociado Cárdenas, prestara apoyo al sector golpista liderado por Roberto Micheletti.
Además, del dinero otorgado, 2 millones correspondía a la "Ayuda Militar y de Seguridad" que incluía la "preparación y entrenamiento de militares, al igual que el financiamiento de algunas actividades" teniendo en cuenta que el Pentágono también tuvo participación directa en la alteración de las fuerzas armadas hondureñas.
Ligado profundamente al lobby político del Sur de la Florida, Cárdenas fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el periodo de Bush hijo y defensor de su método de "ataques preventivos" como política exterior. También figuró en 2017 como posible asesor de Donald Trump, siendo una fuente de consulta del presidente norteamericano sobre asuntos de América Latina.
Es fácil discernir que la "opinión" de Cárdenas expresa un curso de acciones en proceso para alterar la unión cívico-militar venezolana, utilizando el contexto económico nacional auspiciado por los operados financieros internacionales y sus repercusiones en asuntos tan sensibles como la distribución de alimentos y la adquisición de insumos médicos, como argumento para captar mandos oficiales dentro de la FANB.
El llamado de Cárdenas a "rescatar a su país del abismo, mantener el orden constitucional, cumplir sus juramentos de defender la vida de todos los venezolanos y abrir un camino a la reconstrucción política, económica y social de su país", no sólo está acompañado por una insistente campaña de operaciones psicológicas que buscan desmoralizar a la FANB, sino también por un conjunto de acciones que desde la revolución de color violenta del año pasado, hasta la fecha, han intentado infiltrar el estamento militar para quebrar su línea de mando y orientación estratégica a favor de los intereses nacionales de la República.
En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, desde el mismo momento de su proclamación, ha hecho denuncias de actividades conspirativas de grupos militares que han sido arrestados y que tienen como núcleo financiador a la embajada de Estados Unidos en Venezuela. La expulsión del encargado de negocios, Todd Robinson, justamente, apunta a la neutralización de estos focos puntuales dirigidos a fabricar "levantamientos militares".
La maniobra para impulsar la ejecución de un golpe de Estado militar tuvo, en su momento, al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, como principal incitador. Durante su gira por Latinoamérica a principios de este año, hizo un llamado abierto a la FANB para derrocar al presidente Maduro, respaldado por Marco Rubio en una publicación desesperada en su cuenta de Twitter donde afirmaba que apoyarían un golpe de Estado "mediante la eliminación de un dictador".
Esta declaración luego sería respaldada abiertamente por Todd Robinson, reafirmando que no se trataba de una propuesta lanzada al aire, sino de una agenda apoyada por la diplomacia estadounidense y auspiciada por quienes, desde el Congreso, caso Marco Rubio e Ileana Ros, han hecho de las sanciones contra Venezuela una práctica recurrente.
En tal sentido, el publicitado golpe militar sería la mutación lógica de "La Salida" de 2014 y de la revolución de color de 2017, según el cálculo de estos portavoces del lobby antivenezolano.
El frente internacional contra Venezuela, en continuo movimiento, avanza en operaciones psicológicas y comunicacionales para intentar fracturar a la FANB, en vista de que el uso de la vía diplomática (la OEA), y política (la reelección de Nicolás), no han resultado ser exitosas.
Las súplicas de Cárdenas para seducir a miembros de la FANB, dirigidas políticamente a intentar romper la base militar del Estado venezolano, ilustran el agotamiento en cuanto a la aplicación de recusos políticos contra el país y expone la incompetencia de la administración norteamericana para concretar las acciones que conlleven a un cambio de gobierno en el corto plazo.
