Ante la audiencia de proposición de pruebas en el caso penal
contra ocho personas acusadas por el asesinato de Berta Cáceres,
programada para el 27 de julio, Erika Guevara Rosas, Directora para las
Américas de Amnistía Internacional, ha declarado: “El sistema de justicia hondureño debe considerar el asesinato de la
valiente defensora de derechos humanos Berta Cáceres integralmente y
analizar los móviles detrás del crimen, como así también los actores
políticos y económicos que podrían haber tenido injerencia en la
comisión de este delito inaceptable”. “Es imprescindible investigar a los autores materiales del crimen,
pero también a los probables responsables intelectuales. De no ser así,
las autoridades hondureñas estarían enviando el mensaje de que solo
quienes ejecutaron la orden de asesinar a Berta Cáceres y no quienes
ordenaron o planearon dicho crimen pagarán las consecuencias de su acto,
alentando de dicho modo otros ataques contra personas defensoras de la
tierra, territorio y medio ambiente”.
Reprograman audiencia de proposición de pruebas en caso Berta Cáceres para el 23 y 24 de agosto
Tegucigalpa.-El
Poder Judicial informó en las últimas horas que ante la inasistencia de
una de las defensas privadas, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción
Nacional ha reprogramado para el 23 y 24 de agosto, la audiencia de
proposición de pruebas en el asesinato de Berta Cáceres.
“La
Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, ante la no
presencia este día de una de las defensas privadas determinó
reprogramar para los días jueves 23 y viernes 24 de agosto la audiencia
de proposición de medios probatorios para el juicio oral y público en la
causa contra los ciudadanos, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny
Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry
Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar
Arnaldo Torres a quienes el Ministerio Público presume responsables
por los delitos de asesinato en perjuicio de Bertha Cáceres y asesinato
en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo
protegido”, establece el Poder Judicial en una nota de prensa emitida
ayer viernes.
Por
el delito de asesinato el Código Penal establece una pena entre 20 y 30
años de reclusión, mientras que por el delito de asesinato, en su grado
de ejecución de tentativa, una pena entre 13 años con 4 meses a 20
años.
Cáceres
fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de habitación de la
colonia El Líbano, de la ciudad de La Esperanza, en el occidental
departamento de Intibucá, donde por años ejerció resistencia ante la
construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, construido sobre el
río Gualcarque por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
La
extinta presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh), quien en el 2015 se hizo acreedora al
Premio Goldman por su aporte al medio ambiente, murió al instante tras
recibir los impactos de bala. Al momento del crimen se encontraba con el
también ambientalista, el mexicano Gustavo Castro, quien fue herido y
declarado, posteriormente, como testigo protegido por parte de la
justicia hondureña.
El
10 de marzo pasado un juez con jurisdicción nacional decretó auto de
formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por el delito
de asesinato, al expresidente de DESA Roberto David Castillo, acusado de
ser autor intelectual del asesinato Cáceres.
Abogados de la familia de Berta Cáceres solicitan que COPINH sea incluido como víctima
Friday, 27 July 2018 21:22
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Salvador Monroy Published inContexto
Integrantes del COPINH en las afueras del Tribunal de Sentencia, mientras se desarrolla la audiencia de proposición de pruebas
Los acusadores privados y representantes de la familia en el caso
del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, pidieron a la Sala I
del Tribunal de Sentencia, este 27 de julio de 2018, la representación
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,
(COPINH), por el grado de afectación que sufrió la institución con el
asesinato de su Coordinadora General.
Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia Cáceres Zúniga
En el caso del asesinato de Berta Cáceres se busca condenar a los
supuestos autores materiales Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny
Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry
Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar
Arnaldo Tareas, a quienes el Ministerio Público los presume responsables
de los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista y
asesinato en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un
testigo protegido. Según los hechos en fecha 3 de marzo de 2016, como a eso de las 11:40
de la noche y cuando la víctima se encontraba en su casa de habitación
en el colonia El Líbano en el municipio de La Esperanza, Intibucá, en
compañía del testigo protegido, varias personas ingresaron a la vivienda
de manera violenta, portando armas de fuego y dispararon contra la
humanidad de Berta Cáceres, quien murió en el acto y contra el testigo
protegido, quien recibió múltiples heridas de consideración, quedando
con vida. El Código Penal por los delitos de asesinato establece una pena que
va entre los 20 a 30 años de cárcel, mientras que por el asesinato en su
grado de ejecución de tentativa una pena entre los 13 años con 4 meses a
20 años de reclusión. Audiencia de proposición de pruebas Berta Isabel Zúniga Cáceres, hija de la malograda ambientalista,
indicó que este día se realizó la audiencia de presentación de pruebas,
previo a la celebración del juicio contra los ocho imputados en su
calidad de autores materiales de la muerte de Berta Cáceres
“La parte más complicada son las acusaciones contra las personas que
no forman parte del sicariato, los “gatos” o los que son fáciles de
atrapar y que están vinculados a la empresa DESA, en este caso Sergio
Rodríguez Orellana, quien es el gerente técnico ambiental, Douglas
Bustillo, fue jefe de seguridad y un agente diferente, Mariano Díaz
Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas”, señaló. Zúniga Cáceres manifestó que en el caso “esperamos precisamente la
acusación de la integridad de los hechos, ya que hasta ahora el
Ministerio Público y las autoridades de justicia sólo se han concentrado
en el hecho del asesinato mismo, pero a eso le antecedió un montón de
incidentes, de vigilancia, de ataques al COPINH, que también son
importantes , son parte del contexto y sobre todo de una persona que era
luchadora social y que muere por esa causa”, estableció. “También se presentará la acusación formal legal del COPINH, como una víctima. Para este día 27 de julio, se esperaba se supiera para cuándo será el
juicio para las ocho personas que están siendo juzgadas en el delito
que persigue la parte acusadora y el Ministerio Público. Avance normal
Abogado Omar Menjívar del equipo de apoderados legales de la familia Cáceres
Sobre el avance del caso para la búsqueda de justicia, el defensor de
la familia Cáceres, el abogado Omar Menjivar, apuntó que avanza
normalmente, en lo que tiene que ver con los ocho acusados . “La queja que tenemos los del equipo que conformamos la acusación
privada, que representamos al COPINH y a la familia de Berta, es la
falta de voluntad de parte del Ministerio Público para proceder contra
los que ordenaron la muerte de Berta Cáceres, los autores intelectuales,
porque todos los que están acusados en este caso, son empleados”. De acuerdo a Menjivar la tesis que sustenta el Ministerio Público y
el móvil de la muerte de Berta Cáceres fue su oposición a la
construcción de ese proyecto hidroeléctrico DESA, Agua Zarca, que es
propiedad de Desarrollos Energéticos, S. A. y para ello la fiscalía ha
acusado a quien fungió como gerente ambiental, al jefe de seguridad, al
presidente ejecutivo de DESA, pero todos ellos a pesar de estar ligados a
la sociedad, son sólo empleados. “Ellos no tomaron la decisión por su propia cuenta hay una sospecha
racional fundada de que los que ordenaron la muerte de Berta son los que
se sentían afectados y eran los propietarios del proyecto y contra
ellos no parece existir voluntad del Ministerio Público, ni siquiera de
seguir una investigación”, agregó Menjivar. La parte acusadora pide se abra una investigación profesional de
parte del MP, pero que la misma sea seria para determinar la
responsabilidad que podrían tener los socios de la empresa DESA. “En lo que estamos claros es que los que han sido acusados son
empleados de DESA y no serían los más interesados en ejecutar el hecho”,
destacó. Otro hecho que dejó claro Menjivar es “la confabulación que existió
de parte de agentes del Estado, de fuerzas de Seguridad Pública, de las
Fuerzas Armadas y la complicidad a nivel administrativo de varios entes
gubernamentales al facilitarle los trámites al proyecto para que
operara, burlando la voluntad de los pueblos índígenas en el cual está
sentado el proyecto, sin la consulta a los pueblos y en contra de
disposiciones que están contenidas en un tratado internacional como lo
es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
concluyó el apoderado legal.
Gobierno hondureño debe tener presión mundial para investigar crimen
de Berta Cáceres y ataques contra defensores del ambiente
Wednesday, 25 July 2018 23:08
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Salvador Monroy Published inContexto
Foto: Global Witness
En un informe publicado el 24 de julio por Global Witness se
indica que en el 2017 se registraron unas 207 muertes violentas en 22
países de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Mientras
en Honduras el gobierno debe ser presionado para que investigue el
crimen contra Berta Cáceres y violaciones a derechos humanos contra
miles de activistas en defensa de la tierra.
Honduras aparece en el informe con 5 muertes violentas el año pasado,
ubicándola en orden descentente en el octavo lugar, por debajo de
Brasil con 57 personas muertas, Filipinas con 48, Colombia 24, México
15, Congo 13, India 11 y Perú con 8 personas ligadas a la lucha del
medioambiente. La lista dada a conocer por Global Witness de asesinatos registrados
en el 2017, tambien detalla que en Nicaragua las muertes por la defensa
de la tierra y ambiente alcanzó a 4 personas, en Guatemala a 3,
Argentina, República Dominicana, Kenia, España, Myanmar y Turquía con 2
personas muertas en cada país y Liberia, Mozambique, Tanzania, Venezuela
y Zambia con 1 deceso en cada uno. En el informe se muestra claramente que la agroindustria es el sector
más vinculado a los asesinatos por su creciente desarrollo que ha
mostrado en los países en donde se han registrado las muertes de los
defensores de la tierra y el medio ambiente. Según Global Witness, 2017 es el peor año en cuanto a los registros
de muertes en los últimos años, al contabilizar la muerte de “cuatro
personas por año”, cifra record que preocupa tanto a los defensores de
los derechos ambientales y de las organizaciones internacionales. Igualmente la muerte de los 207 defensores de la tierra y el ambiente
ha desatado la ira de muchas personalidades en el mundo, entre actores,
escritores, defensores y organizaciones internacionales que han hecho
llamados enérgicos a los países para que paren la ola de violencia
contra los defensores en los países donde se han registrado las muertes y
castiguen a los responsables, en su mayoría empresas extractivas de
metales, madera y siembra de palma africana, café, entre otras. Entre los activistas ambientales de alto perfil que señala en su
informe Global Witness están Yuri Herrera, Margaret Atwood, Lily Cole,
George Monbiot, Ben Fogle, Paloma Faith y Martin Freeman. La información proporcionada por Global Witness vincula claramente a
las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año
pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90
asesinatos. El informe "¿A qué precio?" expone que la agroindustria ha superado a
la minería como el negocio más asociado a estos ataques y muertes de
ambientalistas en los 22 países en referencia. Anque la cifra de muertes dadas a conocer en el informe no son
exactas porque probablemente “sea mucho mayor”, de destaca que “el
asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas
para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte,
arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas
judiciales”. Otro factor y no menos importante es la relación que tienen los
productos que se fabrican en las tierras que se les quitan a los
sectores campesinos e indígenas en los países afectados, donde el
informe relaciona dicha violencia “con los productos que encontramos en
nuestras alacenas: agricultura a gran escala, minería, caza ilegal,
tala, en donde todos producen componentes e ingredientes de productos de
supermercado, como aceite de palma para champú, soya para carne y
madera para muebles”. El caso de Honduras Aunque se señala que en Honduras hubo una gran disminución en los
asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente,
deja claro que “empeoró la represión a la sociedad civil”, precisamente
por los reclamos a las empresas y al gobierno en el otorgamiento de
licencias ambientales para la explotación de energía renovable a través
de construcción de represas y proyectos mineros en varios sectores del
país. “En los últimos años se ha observado un mayor reconocimiento y acción
por parte de los gobiernos y las empresas; pero se debe hacer mucho más
y con urgencia para abordar este problema”, señala el informe. En opinión de Paloma Faith, música y activista quien se refiere sobre
Honduras dice que "a pesar de las protestas internacionales, todavía no
hemos visto a nadie enfrentar la justicia por el brutal asesinato de la
activista Berta Cáceres, quien recibió un disparo en 2016 durante una
campaña para detener el desarrollo de la represa de Agua Zarca sobre el
río Gualcarque en Honduras”. Y agrega que “su familia sigue luchando para que los responsables de
este ataque sean llevados ante la justicia. Todos deberíamos sumar
nuestras voces para apoyar su lucha y ejercer presión sobre el gobierno
hondureño, para garantizar que el caso de Berta y las violaciones de
derechos humanos contra muchos miles de activistas en el país sean
debidamente investigados", concluye Faith.
Alan García - Rio Blanco, Honduras
Una elección contenciosa detonó una represión aún mayor de la
sociedad civil en Honduras, uno de los países más peligrosos per cápita
para las y los defensores.
La corrupción es la causa de gran parte de la violencia perpetrada contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Cuando las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance,
tienden a no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que
así sea, como lo demuestra el caso de la represa de Agua Zarca en
Honduras. La represa, propiedad de Desarrollo Energético SA (DESA), se asienta
sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas Lenca del
occidente de Honduras. La líder indígena Berta Cáceres se opuso
ferozmente a la represa y recibió amenazas de muerte durante años.
Posteriormente, en marzo de 2016, fue brutalmente asesinada. Los dueños de la represa utilizaron acciones legales para intimidar a
quienes exigían una investigación adecuada sobre su asesinato. Por
ejemplo, el 28 de febrero de 2017, Suyapa Martínez, defensora de los
derechos de las mujeres, fue citada a presentarse a la Corte, acusada de
divulgar información inexacta y perjudicial sobre DESA. Luego, el caso
fue retirado por el tribunal.
¿Negligencia u omisión deliberada?
Fue un grupo internacional de abogados independientes (GAIPE), el que
arrojó luz sobre quién fue el responsable del asesinato de Berta. La
investigación del GAIPE concluyó que existían pruebas irrefutables de
que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales,
estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento de
su asesinato. El director ejecutivo de DESA, David Castillo, fue acusado
de planificar su muerte y permanece arrestado, desde la publicación del
informe - un acontecimiento bien recibido en medio de un panorama
sombrío. La investigación también expuso que, en el mejor de los casos, se
estaba ante un alarmante nivel de negligencia o, en el peor de los
casos, frente a omisiones deliberadas por parte de los investigadores
oficiales del Estado. El GAIPE examinó 40.000 páginas de evidencia, que
habían estado en posesión de los fiscales hondureños durante al menos 18
meses. Esta información crucial podría haberse utilizado antes para
investigar a Castillo y sus cómplices como sospechosos del asesinato de
Berta. Existen claros vínculos entre el gobierno y DESA, los cuales sugieren
un posible encubrimiento. Entre los jerarcas de la empresa se encuentra
una serie de ex funcionarios del gobierno; por ejemplo, el propio
Castillo trabajó para la inteligencia militar, mientras que cuatro de
los enjuiciados por el asesinato de Berta tienen vínculos con el
ejército. Incluso, el gobierno, junto con DESA, presentó cargos
legales contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), la organización a la que pertenecía y la cual
lideraba Berta, y no protegió a sus integrantes cuando fueron
amenazados. Además, la MACCIH, un panel internacional contra la corrupción en
Honduras, está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del
partido gobernante y las empresas que ganaron licitaciones para
construir proyectos hidroeléctricos, incluida la represa de Agua Zarca.
El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero de 2018
señalando la persistente resistencia del gobierno frente a sus
investigaciones. DESA insiste en que Agua Zarca no está vinculado a ningún acto de
violencia, que el proyecto siempre ha actuado de acuerdo con la ley
hondureña, y que el informe del GAIPE es un documento fabricado, que
contiene interpretaciones falsas basadas en conversaciones
seleccionadas, que han sido sacadas de contexto.
Más represión que nunca
El asesinato de Berta y la búsqueda de justicia se produjeron en
medio de la agitación política y los niveles alarmantes de violencia
contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En
nuestro informe de enero de 2017, “Honduras: el lugar más peligroso para
defender el planeta”, revelamos que más de 120 personas fueron
asesinadas entre 2010 y 2016, una cifra per cápita mayor a la presentada
en cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período. Demostramos
cómo empeoró la situación en un contexto de impunidad, corrupción y la
supremacía de los negocios a cualquier costo, lo que caracteriza al
régimen del presidente Juan Orlando Hernández. El informe provocó una
reacción hostil por parte de las autoridades, que amenazaron a nuestro
personal con el arresto, en medio de una sofisticada campaña en línea
para desacreditar nuestro trabajo y el de muchos otros activistas. Si bien el número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y
el ambiente parece haber disminuido en 2017, en general las personas
defensoras de derechos humanos enfrentan una mayor represión. La Red
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232
ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en
2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años
anteriores. Las elecciones del año pasado ofrecieron una posibilidad de cambio,
pero esas esperanzas se desvanecieron cuando las protestas callejeras
por el presunto fraude electoral, dejaron un saldo de más 30 personas
asesinadas. La ONU encontró que, al menos 16 de ellas, fueron asesinadas
por las fuerzas de seguridad del gobierno. El presidente Hernández fue
declarado ganador el 17 de diciembre de 2017. Pero el resultado fue
cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que hizo un
llamado a que se realizaran nuevas elecciones, declarando que “el
proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y
deficiencias (...) y carente de integridad”.
“Tendremos que matarte”
Las amenazas y los ataques contra personas defensoras de la tierra y
el medio ambiente siguieron siendo habituales en 2017. Por ejemplo, el 4
de agosto de 2017, Martín Fernández, coordinador del MADJ, una
organización que trabaja temas de derecho a la tierra y corrupción, fue
agredido por hombres armados. Fernández había estado inspeccionando el
daño ambiental causado por un plan hidroeléctrico en el norte de
Honduras. Otro miembro del MADJ, Luis Mejía, recibió una nota debajo de
su puerta después de que su casa fuera baleada el 12 de octubre de 2017.
La nota decía:
Luis no te queremos matar, pero si no te desapareces en tres días, sí te vamos a matar.
Luis, quien se ha opuesto muy activamente a la tala ilegal en sus tierras ancestrales, dejó su casa, temiendo por su vida.
El río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas locales y el sitio de la controvertida represa de Agua Zarca.
Por las buenas o por las malas - corrupción y represión en Honduras
Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron
asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016.
Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de
derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan
criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios
durante las protestas.
La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que
la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por
los fiscales.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE HONDURAS
- Abordar las causas fundamentales. Garantizar
que la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras) opere de manera efectiva, independiente y que se implementen
completamente sus recomendaciones.
- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Asegurar
que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
tome acciones para prevenir ataques contra personas defensoras, y que
sus medidas de protección se determinen según un análisis de riesgo
completo, que evalúe de forma integral las necesidades de la persona
defensora en riesgo.
- Garantizar la rendición de cuentas. Establecer
una comisión internacional independiente que investigue los abusos
contra los derechos humanos en el contexto de las elecciones
presidenciales de 2017 y sus consecuencias.
Global
Witness finaliza señalando que los defensores de la tierra nunca se
extinguirán a pesar de las acciones violentas de las sectores poderosos y
de la confabulación de los gobiernos, sin embargo apoyarán para que sus
voces se escuchen y puedan ser factores de cambio y a la vez se les
respeten sus derechos y decisiones de defender la tierra y el medio
ambiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará en
Tegucigalpa la próxima semana, para una visita corta del 30 de julio al 3
de agosto. El tiempo es corto pero la agenda de esta misión es ambiciosa.
Incluye los temas de justicia e impunidad, violencia, desigualdad,
institucionalidad democrática, derechos de niños, niñas y adolescentes y
jóvenes. También la Comisión Interamericana examinará la situación de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la libertad
de expresión. En particular, la CIDH analizará la situación de los derechos humanos
en el contexto postelectoral. De modo general, dará atención a la
situación de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de
justicia, a personas privadas de libertad incluyendo adolescentes en
contacto con la ley penal, y de modo excepcional a otros grupos en
situación particular de riesgo. Es una agenda interesante, pero no incluye una mención concreta a las
víctimas de los crímenes de corrupción ni a las víctimas de delitos
políticos cometidos por agentes policiales, militares y paramilitares de
la dictadura instalada por la embajada de Estados Unidos en esta
capital. Es por esa razón, o más bien es por esa omisión, que las madres, los
familiares y amistades de las personas prisioneras políticas van a
manifestarse frente al hotel donde se hospedará la Comisión. No es una manifestación en el centro de Managua, es en Tegucigalpa
carajo, donde Washington ha instalado un gobierno títere, un régimen
corrupto y autoritario, que viola masivamente los derechos humanos de la
población. No es Nicaragua en guerra silenciosa con la CIA y el Pentágono, es
Honduras sometida al golpismo paramilitar y narco, para ser otra vez
base de agresiones. Para convertirnos de nuevo en amenaza de
nicaragüenses y salvadoreños. La CIDH llega a un país que conoce bien, que está vigilado con total
atención después del golpe de Estado. Sabe que hay de nuevo un foco de
agitación social por las imposiciones del fondo monetario internacional y
la violencia institucional de la dictadura, que se basa en la
impunidad. Un ambiente de nuevas violaciones. Y la CIDH sabe,
igualmente, que las élites están agitadas por los procesos que empuja la
MACCIH en el seno de un poder judicial capturado por las mismas bandas
liberales y nacionalistas, los imputados. Y que eso es peligroso. Una cosa más. Esta visita de la Comisión Interamericana coincide con
un extraño esfuerzo de diálogo político extemporáneo que financia
particularmente la Unión Europea, el sistema de Naciones Unidas y el
Departamento de Estado gringo. Es un esfuerzo extraño porque la oposición política y las
organizaciones sociales serias decidieron desde el inicio no acompañar.
Decidieron no participar porque es inútil dialogar con los delincuentes.
Con los impostores. Participar habría sido la legitimación de la
estructura de muerte que causa la mayor parte de los problemas del país.
Sería avalar el fraude electoral realizado con la participación
cómplice de la comunidad internacional sumisa al Pentágono. Sería ir al
circo de los payasos. Entonces, ni soñar que cualquier nuevo esfuerzo por imponer el falso
diálogo político sea una solución en Honduras. Ni estamos diciendo que
esta dependencia de la OEA venga con esta recomendación. Estamos
diciendo que los financiadores quieren que aceptemos esta línea, pero
no. El país no acepta más estupideces. El país resiste y resistirá. Bienvenida la Comisión, a trabajar. A documentar. A denunciar. Y a
proceder contra los violadores de derechos humanos en el plano
interamericano. Tarde o temprano deben tener su momento de llanto, así
como las víctimas a cada instante.
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una visita in loco a Honduras
del 30 de julio al 3 de agosto de 2018 a invitación del Estado
hondureño. La CIDH realizará observación en terreno sobre la situación
de derechos humanos en el país, atendiendo temas relacionados con
justicia e impunidad, violencia, desigualdad, institucionalidad
democrática, derechos de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales y libertad de expresión.
En particular, la CIDH analizará la situación de derechos humanos en el
contexto postelectoral. Adicionalmente la CIDH dará atención a la
situación de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de
justicia, a personas privadas de libertad incluyendo adolescentes en
contacto con la ley penal y a otros grupos en situación particular de
riesgo. La Comisión agradece la cooperación del Gobierno de Honduras y
de las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y
preparación de la visita. La delegación que conducirá la visita estará encabezada por la
Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Segundo
Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva; las Comisionadas Flávia
Piovesan y Antonia Urrejola, y los Comisionados Francisco Eguiguren
Praeli y Joel Hernández García. Asimismo, integran la delegación el
Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria
Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del
Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para
la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad
García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades
gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunirá con
representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes. La
delegación visitará Tegucigalpa, el Bajo Aguan, San Pedro Sula, Tela y
Puerto Lempira. La delegación de la Comisión recibirá denuncias e
información en una oficina habilitada en el hotel Marriott de
Tegucigalpa durante todos los días de su visita, así como durante sus
traslados fuera de la capital. La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de la
visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 3 de
agosto a las 12:00 en el Hotel Marriott. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Tegucigalpa.- Un camino de esperanza recorre Centroamérica. Y
desde este viernes se instala el espacio #AquíSeRecuerdaHn un espacio
donde convergen las historias de lucha de hombres y mujeres, defensores y
defensoras que abogan por una Honduras para todos y todas. #AquíSeRecuerdaHn, es una iniciativa de las organizaciones nacionales
de derechos humanos que forman parte del Programa NEXOS bajo el
auspicio de la agencia de cooperación Hivos para la Embajada de Holanda
en Centroamérica, la Fundación Panamericana. Se trata de una instalación sensorial para que las y los
participantes revivan los triunfos de los derechos humanos en Honduras
por medio de recursos audiovisuales, recordar y visibilizar los triunfos
de los derechos humanos en Centroamérica, usando canales de
comunicación “Recordar es volver a vivir”. Desde este espacio se recuerda la trayectoria de lucha y defensa
histórica de los derechos humanos de la lideresa indígena Berta Isabel
Cáceres Flores, fundadora y coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hasta el
momento de su asesinato, la noche del 02 de marzo de 2016 en La
Esperanza, Intibucá. Y se recordará la trayectoria de Gladys Lanza Ochoa, luchadora
feminista y obrera, quien fue víctima del sistema de justicia hondureño,
falleció el 20 de septiembre del 2016 con una condena de 16 meses de
prisión, porque el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación
Padilla”, organización que lideró hasta su deceso, atendiera una
denuncia por abuso sexual y laboral de un funcionario, al que
públicamente Lanza denunció. Además del histórico papel de Berta Cáceres y Gladys Lanza, que marcó
la defensa de los derechos humanos en Honduras, esta noche se reconoce
la trayectoria de personajes que dedican su labor a la defensa de la
vida, de los bienes comunes de la naturaleza y las luchas territoriales
contra el extractivismo. Honduras es considerado, a nivel internacional, como uno de los países mas peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Desde esta noche y hasta el 13 de agosto, la cita es para visitar las
instalaciones del CAC-UNAH y recordar los procesos de defensa del
territorio, los bienes comunes de la naturaleza, la lucha
antimilitarista y el legado de estas dos grandes mujeres, Gladys Lanza y
Bertha Cáceres. En nuestro país las organizaciones que llevan a cabo #AquíSeRecuerda
son: El Centro de Promoción e Investigación de Derechos Humanos en
Honduras (CIPRODEH), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la
Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI PARTICIPA), Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro para
el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (SOMOS CDC), Fundación ACRA y el
Grupo Teatral Bambú. Por Centroamérica, camina la historia de líderes y lideresas que
incluso, fueron callados y calladas por las balas, la intimidación,
hostigamiento, persecución, exilio y la prisión. Sin embargo, existen
personajes que siguen el legado de la lucha por la vida y la memoria. Y
en Honduras se recuerda y se reconoce.
“Aquí se recuerda” recoge los triunfos de derechos humanos de Centroamérica
Tegucigalpa.- Varias organizaciones de
Honduras y el programa de derechos humanos Nexos implementado por Hivos
para la Embajada de Holanda en Centroamérica, lanzaron la campaña “Aquí
se recuerda”, que propone recoger los triunfos de derechos humanos de
Centroamérica. El lanzamiento se realizó en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el evento, las organizaciones reconocieron la trayectoria de doce
defensores que han trabajado arduamente en la defensa de los derechos
humanos, de los territorios, de la diversidad sexual y de las mujeres. Los homenajeados fueron Rosario García Rodas, lideresa Indígena Lenca
de Comaygua; Javier Medina Sandoval, fundador de la Asociación
Kukulkan; Hedme Fátima Castro, Directora Ejecutiva de la Asociación para
Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA); Pedro Canales, Incansable
e inclaudicable luchador por la defensa de los derechos humanos en el
sur de Honduras; Gilda María Rivera, feminista, activista y defensora de
los derechos humanos, y Juan Almendares Bonilla, médico, científico,
ambientalista y defensor de los derechos humanos por excelencia. También
se reconoció la labor de Bertha Oliva, coordinadora General del Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Donny
Reyes, Procurador de Derechos Humanos de la Comunidad Lésbico, Gay,
Transexual y Bisexual (LGTB); Irma Lemus Amaya, defensora de derechos
humanos que acompaña los procesos de recuperación de tierras del
movimiento campesino en el Aguán; Miriam Suazo, activista Feminista.
Defensora de los derechos humanos de las mujeres; Esly Banegas,
defensora de derechos humanos con amplia trayectoria a nivel nacional e
internacional en la lucha campesina, sindical y comunitaria, e Ismael
Moreno, sacerdote jesuita comprometido con las luchas del movimiento
campesino y popular. La campaña “Aquí se recuerda”, consiste en cabinas interactivas que
permite a los y las participantes “visitar” los triunfos de derechos
humanos de defensores del área centroamericana. Al acceder a cada cabina, se activa un sensor que reproduce audios
emblemáticos de eventos que tuvieron y tienen un resultado positivo en
la defensa de los derechos humanos en la región. Susana Rochna, asesora programa NEXOS / HIVOS, en su intervención
señaló que se diseñó esta campaña junto con los socios para hacerla
itinerante a lo largo de los países centroamericanos para recordar los
éxitos, los avances y las luchas notables que tienen los defensores de
los derechos humanos. Señaló que las organizaciones en Honduras tomaron una decisión
particular en honrar y destacar el trabajo de los defensores de derechos
humanos en cuerpo y alma. “Es muy importante y me satisface enormemente ver a defensores que uno admira”, expresó Rochna. Indicó que el trabajo de derechos humanos está acompañado de dolor,
de tristeza, la sensación de derrota, pero no es así, porque hay
personas notables que sin las cuales este país no sería lo que es. Honduras es considera uno de los países más peligroso para ejercer la
defensoría de los derechos humanos, donde en los últimos años se han
visto caer a muchos, mientras otra cantidad es víctima de amenaza y
perseguida judicialmente. “Los defensores son criminalizados y estigmatizados como criminales y
es muy importante reconocer el sacrifico que hacen en su trabajo por
convertir nuestros países más gobernables, más democrático, más justo y
más equitativos”. Este proceso es acompañado por la Fundación Panamericana, y en
Honduras por el Centro de Promoción e Investigación de Derechos Humanos
en Honduras (CIPRODEH), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la
Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI PARTICIPA), Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro para
el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (SOMOS CDC), Fundación ACRA y el
Grupo Teatral Bambú.
En Danlí finalizó gira de articulación de la Convergencia contra el Continuismo
Por Riccy Ponce Tegucigalpa.- En el oriente del país finalizó giras
por departamentos que la Convergencia contra el Continuismo tenía
planificadas, con el objetivo de organizarse por sectores de cara a la
movilización del 30 de agosto en Tegucigalpa. Las reuniones de planificación iniciaron el 9 de junio en San Pedro
Sula con representantes del departamento de Cortes y El Progreso, Yoro,
finalizando en Danlí, El Paraíso, el domingo 22 de julio. Carlos
H Reyes, líder sindicalista y miembro de la Convergencia, expresó que
el calendario se cumplió tal como se había programado y que un elemento
central en todas estas giras es que en ningunas de las regiones se
encuentran articuladas, todo ha estado desunido y ha ido acompañada de
una serie de expresiones de frustración en los compañeros que han
asistido a las reuniones. Definitivamente ni nosotros creíamos que se pudo haber dado, pero en
cada región los compañeros que se encargaron de convocar lo hicieron
muy bien, por ejemplo la reunión de Danlí tuvo un enorme éxito,
definitivamente por la capacidad de convocatoria de los compañeros,
principalmente de Mario Argeñal. Agregó que todos los encuentros sostenidos a nivel nacional ha sido
de una gran riqueza, de una gran experiencia y de una gran cantidad de
mensajes que todo esto hay que saberlo organizar. Asimismo dijo que en todos los lugares donde se realizaron las
reuniones las visitas estuvieron concurridas de varias organizaciones y
que hay un principio garantizando de articularse, que hay interés en
unirse, en luchar por una convergencia que tiene como principio no
solamente luchar contra el continuismo, sino también contra la
profundización del modelo neoliberal. Además agregó que para sacar la estrategia y la táctica a seguir en
la primera movilización que se hará por parte de la Convergencia el día
30 de agosto en Tegucigalpa, en el marco del Día Nacional e
Internacional del Detenido Desaparecido, hay mucho que trabajar a partir
de la asamblea de Siguatepeque y el compromiso es de todos. La Convergencia no sustituye ninguna organización, no somos paralela
de nadie, lo que nos interesa es que cada una de las organizaciones se
enriquezca, no solo para sí misma, si no que para todos y que se junte
que articule, que fortalezcamos porque la única manera de hacer algo
es estando juntos, porque solo juntos podemos hacer algo nuevo en toda
esta crisis que estamos padeciendo en el país, finalizo Carlos H Reyes. Para María Elena Méndez, socia fundador del Centro de Estudios de la
Mujer y miembro de la Convergencia contra el Continuismo, expresó que en
las reuniones “se ha logrado tener una visión de cómo ha impactado este
neoliberalismo a nivel de los territorios y ver que la problemática del
mismo ha llevado a explotar los bienes naturales y además de los bienes
naturales, a militarizar los territorios, a criminalizar a las y los
luchadores sociales, a penetrar en el tejido social, creando miedo y
terror hacia las ciudadanos y ciudadanas que luchan por transformar y
desmilitarizar los territorios, y que luchan por derrocar esta
dictadura”. También añadió que hay tres elementos que se ha coincidido, el
primero es fortalecer los procesos organizativos de los diferentes
movimientos sociales; el segundo la formación política para lógicamente
tener un pensamiento estratégico que nos permita encarar una ruta desde
lo local, lo regional, lo nacional y el tercero la articulación y la
unidad. La Convergencia Contra el Continuismo ha realizado un trabajo arduo
de articulación en diferentes lugares del país, como ser Santa Bárbara,
San Pedro Sula, San Nicolás, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias,
Los Valles en Santa Barbará, Comayagua, La Paz, Marcala, Tegucigalpa, El
Bajo Aguan, Atlántida, Choluteca, Valle, Nacaome, Intibucá, Lempira,
Olancho y Danlí de cara a la asamblea del 28 de julio en Siguatepeque.
Tegucigalpa.-La
madrugada de este sábado la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume,
puso a las puertas de la libertad a funcionarios y exfuncionarios
públicos acusados de haber participado en el saqueo de más de 282
millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
durante el año 2013, más conocido como el caso Pandora.
Tegucigalpa.-El
expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) ha celebrado
este sábado la decisión judicial que ha puesto a las puertas de la
libertad a funcionarios y exfuncionarios públicos acusados de haber
participado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el año 2013.
La
madrugada de este sábado la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume,
otorgó medidas distintas a la prisión a 24 imputados, sobreseimiento
definitivo para tres y auto de formal procesamiento con prisión
preventiva contra el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo
Regalado Weinzemblut.
Lobo
Sosa, quien era el presidente de Honduras cuando se originó el saqueo,
publico un Twitter en el que califica la resolución de Álvarez Sagastume
como una correcta aplicación de la justicia y celebra porque, según él,
“se ha puesto en orden a quienes por lograr sus objetivos, violentan
los derechos humanos, el debido proceso y hasta la dignidad de la
persona humana”.
¡Felicidades
Líderes Nacionalista, se ha hecho Justicia!, dijo Lobo Sosa al
dirigirse a sus correligionarios del Partido Nacional que han salido
librados de la cárcel.
Para
que los 24 imputados se defiendan en libertad, la jueza Lidia Álvarez
Sagastume, modificó el delito de lavado de activos y lo sustituyó por el
delito de encubrimiento que tiene una pena máxima de 5 años y que se
puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión.
En
junio pasado, Lobo Sosa se solidarizó con sus correligionarios
incluidos en el listado de 38 imputados en el conocido caso como la Caja
de Pandora. En aquel momento, su comentario generó múltiples reacciones
en las redes sociales. La mayoría coincidió que estaba actuando así
porque su esposa, Rosa Elena Bonilla, se encuentra en similares
condiciones, ya que guarda prisión desde el 28 de febrero pasado,
acusada por dirigir una red que blanqueó dinero del Estado, en sus
funciones de primera dama.
Un
documento judicial elaborado en Estados Unidos señala que el
expresidente hondureño, Porfirio Lobo, recibió $ 500,000 por parte de
la banda criminal Los Cachiros como soborno, de acuerdo a una
publicación de la agencia de noticias AFP, del 18 de marzo del 2017.
Jacobo Regalado el único que ha quedado preso por el caso Pandora
Tegucigalpa.-
Jacobo Regalado Weinzemblut, se convirtió en el único implicado en el
caso Pandora que seguirá en la cárcel por este acto de corrupción,
según la resolución adoptada la madrugada de este sábado por la jueza
natural, Lidia Álvarez Sagastume.
La
jueza otorgó medidas distintas a la prisión a 24 imputados,
sobreseimiento definitivo para tres y auto de formal procesamiento con
prisión preventiva contra Regalado Weinzemblut, es decir que el
exsecretario de la SAG se convierte en el único en seguir recluido en el
Primer Batallón, mientras continúa el proceso judicial.
Para
que los 24 imputados se defiendan en libertad, la jueza Lidia Álvarez
Sagastume, modificó el delito de lavado de activos y lo sustituyó por el
delito de encubrimiento que tiene una pena máxima de 5 años y que se
puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión.
Regalado Weinzemblut ha sido acusado de los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.
Caso
Pandora se le conoce al saqueo de 282 millones de lempiras de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SGA), durante el año 2013 y fue
puesto a la luz pública luego de una investigación del equipo integrado
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH) y de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la
Corrupción del Ministerio Público (Ufecic).
Pese
a pertenecer a las filas del Partido Liberal, Jacobo Regalado
Weinzemblut, fue nombrado como secretario de la SAG por el expresidente
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), en el llamado gobierno de Unidad
Nacional. Lobo Sosa integró a su gabinete de gobierno a representantes
de los diferentes partidos políticos como una supuesta salida a la
crisis política, suscitada en Honduras a raíz del golpe de Estado del 28
de junio del 2009.
Evo Morales a Correa: "El capitalismo y el imperialismo son el peor enemigo de la humanidad"
Publicado: 19 jul 2018 16:22 GMT - RT
En una nueva edición de 'Conversando con
Correa', el expresidente ecuatoriano intercambia posturas con el actual
mandatario de Bolivia, Evo Morales, respecto al "nuevo orden mundial" y
el futuro de América Latina en este contexto.
En
una nueva edición de 'Conversando con Correa', el expresidente
ecuatoriano intercambia posturas con el actual mandatario de Bolivia,
Evo Morales, respecto al "nuevo orden mundial" y el futuro de América
Latina en este contexto
SEPA MÁS: https://es.rt.com/61nz
En este nuevo programa Rafael Correa invitó al presidente de Bolivia, Evo Morales, a dialogar sobre lo que definió como "el nuevo e injusto orden mundial", en el cual "el Capital tiene más derechos que los seres humanos". Coincidiendo
con esta mirada, Morales consideró importante en este contexto
"identificar quiénes son los enemigos internos y quiénes los enemigos
externos" de los pueblos.
"Por encima de nuestra situación económica, social, cultural, primero está nuestra dignidad".
Evo Morales, presidente de Bolivia
En este sentido, señaló que en Bolivia los internos "son los partidos de derecha, sumidos al imperio". A su vez, dijo que "el enemigo externo es la embajada de EE.UU.",e ironizó que "no hay golpes de Estado" en territorio estadounidense "porque no hay embajada de EE.UU. allí". "Por
encima de nuestra situación económica, social, cultural, primero está
nuestra dignidad", enfatizó el jefe de Estado boliviano, afirmando que
"el capitalismo y el imperialismo son el peor enemigo de la humanidad".
El modelo económico para América Latina
Correa
remarcó que hoy por hoy "ninguna economía puede ser cerrada, pero eso
no implica que cuanto más abierta mejor". Y agregó que no se puede
analizar "aisladamente el problema económico del problema social, del
problema político". Así, para el expresidente ecuatoriano, las
decisiones económicas hay que tomarlas "en función de un proyecto
nacional".
"Los países industrializados no quieren que haya competencia porque somos un mercado de ellos".
Evo Morales, presidente de Bolivia
Por su parte, Morales se preguntó: "¿Hasta cuándo América Latina va a ser exportadora de materias primas?". "Los países industrializados no quieren que haya competencia" porque "somos un mercado de ellos", denunció. "Hay
que aprovechar los recursos naturales respetando la madre tierra, pero
también darle valor agregado", dijo Morales, señalando que en Bolivia
están pasando "de la nacionalización a la industrialización". El problema es que "para eso hay que importar tecnología".
El conocimiento y la ciencia para el futuro
Finalmente,
ambos líderes abordaron el problema de la explotación de los recursos
naturales, con qué objetivos y de qué forma. Para Correa resulta
necesario "movilizar los recursos naturales hacia la ciencia, la
tecnología, becas para nuestros jóvenes, para ir hacia esa economía de los recursos infinitos, basada en las ideas".
"Se deben combinar dos cosas: explotar los recursos naturales pero cuidando el medio ambiente".
Evo Morales, presidente de Bolivia
"El conocimiento se privatiza, mientras que los bienes ambientales se consumen sin restricciones cuando debería ser al revés", agregó. Por
su parte, Morales completó esta idea señalando que se deben "combinar
dos cosas: explotar los recursos naturales pero cuidando el medio
ambiente". Durante este encuentro, Rafael Correa y Evo Morales
profundizan también en otras cuestiones de actualidad y de gran
interés, un diálogo que podrán ver en el video del programa que les
ofrecemos aquí en su totalidad.
Bolivia, único país del mundo en elegir los jueces por voto popular
Aunque no lo creas, el pueblo
elegirá por voto popular a sus principales jueces nacionales por segunda
vez. La primera vez lo hicieron en 2011.
El próximo domingo, 03 de diciembre, cerca de
6.5 millones de bolivianos/as acudirán a las urnas para elegir, por
voto popular directo, a 52 magistrados del organismo judicial. Sí,
aunque no lo creas, el pueblo elegirá por voto popular a sus principales
jueces nacionales, por segunda vez. La primera vez lo hicieron en 2011. Un total de 597 candidat@s fueron postulantes para estas elecciones. De ell@s,
96 fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional
(en base a sus méritos académicos y laborales). De estos, 18 serán
electos como magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (9
titulares, 9 suplentes); 18 para el Tribunal Constitucional
Plurinacional (9 titulares, 9 suplentes); 10 para el Tribunal
Agroambiental (5 titulares, 5 suplentes); y 6 para el Consejo de la
Magistratura (3 titulares, 3 suplentes). Estos jueces, al igual que el resto de las autoridades públicas por
elección popular, son revocables. El tiempo de sus funciones es de 6
años, sin posibilidad de reelección. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Art. 197 de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dispone: “…
estará integrado por magistrados/as elegidos con criterio de
plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del
sistema indígena originario campesino”. De esta manera, se garantiza la
representación de pueblos indígenas y campesinos. A diferencia de otros procesos electorales, en las elecciones
judiciales, los candidatos no deben estar adscritos a ningún partido
político (no hacen campaña electoral por sí mismos). Es más, sólo el Órgano Electoral Plurinacional está autorizado para
difundir el perfil y las propuestas de todas las y los candidatos, en
igual proporción y tiempo, en los medios de información. Y lo realiza en
los cuatro idiomas más hablados del país. No existe país en el mundo, mucho menos los países con democracias
“avanzadas”, donde los magistrados o jueces principales sean electos por
voto popular. En 5 de los 50 estados de los EEUU de Norteamérica
también se eligen jueces, pero no es de alcance nacional. ¿Por qué Bolivia optó por la elección de jueces por voto popular? El nefasto sistema neoliberal convirtió a Bolivia en una marca
mundial en la corrupción pública, en tiempos muy recientes. A principio
del presente siglo, el país se coronaba como campeona y/o sub campeona
en corrupción pública internacional. Pero, ningún funcionario público
era investigado y/o condenado por esos u otros delitos públicamente
evidenciados. Diputados y senadores de los partidos políticos, entre patadas y
puñetazos, se distribuían los cupos de los tribunales de justicia para
elegir a sus allegados, quienes a su vez, por este favor, jamás les
investigaban/juzgaban como acto lealtad política a sus padrinos
políticos corruptos. Fue en ese contexto de corrupción pública generalizada del sistema
judicial nacional, y la impunidad cínica de los políticos, que se optó
por las elecciones de magistrados por voto popular. Y así se dispuso en
la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009). La finalidad fue democratizar el sistema judicial mediante elección
popular de los magistrados, y así atenuar los males del sistema judicial
como: la retardación de la justicia, la desigualdad en el acceso a la
justicia, el cuoteo político del organismo judicial, entre otros. ¿Por qué la teoría política de la democracia occidental no permite la elección de jueces por voto popular? La moderna teoría política del Estado democrático plantea como uno de
sus principales bases la división e independencia de los clásicos tres
órganos de poder de todo Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Los
integrantes del Legislativo y del Ejecutivo deben ser electos por voto
popular. Los integrantes del sistema Judicial, según esta teoría política
occidental, deben ser nombrados por los “representantes políticos de
turno”, NO pueden ser electos por voto popular. Esto, para prevenir a
los pueblos de la “tiranía judicial de las mayorías políticas
circunstanciales”. Bajo este argumento arcaico, y contrastante con la realidad, abogados
como Zaffaroni o políticos como Macri repelieron en la Argentina
reciente la democratización del sistema judicial de dicho país. Después de más de 200 años de la vigencia de esta premisa
democrática, se constata que los sistemas judiciales son evidentes
botines políticos que sirven para enriquecer/proteger con la impunidad a
los políticos-empresarios-militares corruptos, y en no pocos casos para
criminalizar a defensores de derechos. Los estados neoliberales
llevaron esta perversión a su máxima expresión. En otros términos: la justicia es imparcial (buena) en la medida que
los jueces sean electos por los ricos, pero es mala y populista si los
juzgadores son electos por voto popular. Y, lo más aberrante, aún hay
humanidad que asume esta falacia como verdad. ¿Qué resultados dejó en Bolivia la elección de jueces en 2011? La primera elección, por voto popular, de magistrados, como proceso,
hizo que las y los bolivianos se interesen y debatan la elección de sus
magistrados. Antes, el nombramiento de magistrados era tan
desconocido/misterioso/corrupto como los contratos “reservados” de
privatización en la época neoliberal. Ahora, es la ciudadanía (rural y
urbana) quien decide quiénes serán sus magistrados, aunque luego de un
filtro previo de candidatos en el Legislativo. El sistema judicial boliviano, hace una década atrás, había tomado la
misma o peor velocidad de caída libre de sus pares de Honduras o
Guatemala. En la actualidad, en estos países, la gente no sólo desconfía
de los jueces impuestos por los ricos, sino que los repudian, y
“dirimen” los conflictos jurídicos con pistola y machete (promedio de 20
asesinatos por día). Y, del total de estos asesinatos a mano armada, sólo un promedio del
5% es llevado al sistema judicial. Sin el cambio judicial impulsado en
Bolivia, el país sería una marca mundial en criminalidad. Los males capitales del sistema judicial boliviano (corrupción,
retardación, discriminación…) aún persisten. En el país sólo existe un
total de 1,008 jueces para resolver un total de más de 800 mil causas en
trámite. De esos mil juzgadores, apenas se elige, por voto popular, a
52. Pero, nadie puede dudar del inicio de la democratización del sistema
judicial. Hace falta, no sólo aumentar la calidad y cantidad de juzgadores, y
presupuesto económico correspondiente, sino, sobre todo,
actualizar/modificar las currículas de formación universitaria para
profesionales del derecho. Hace falta que boliviano/as transiten de
víctimas o espectadores (del asunto judicial) a defensores/actores de
derechos en el sistema judicial. Hace falta incursionar en la cultura de
la conciliación, antes que el litigio judicial. En este contexto, todo proceso de democratización judicial, por más
incipiente que fuese, es siempre benigno para los pueblos. La pregunta
es: ¿quiénes y por qué será que se oponen o convocan a voto nulo en las
elecciones judiciales en Bolivia? ¿No será que temen perder el último
“gancho” del cual pende su impunidad y privilegios legalmente
permitidos? Fuente: Ollantay Itzamná para Alainet
El papel de las ONG en las nuevas tácticas golpistas del imperialismo
Por Movimiento Político de Resistencia
KAOS EN LA RED - Publicado en: 28 julio, 2018
Esta red de ONG estadounidenses promueven los intereses del imperialismo en todo el mundo y han demostrado ser eficaces.
En los últimos años han estallado
varias “revueltas” en todo el mundo. Aunque todas tienen sus propias
características, la mayoría de ellas tienen una cosa en común: la
presencia durante los eventos, pero también aguas arriba, de varias ONG
estadounidenses. Tienen dos caras. Uno es aparente: democratización,
lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos. El otro es
desestabilizar los países en los que operan y promover los interses del
imperialismo.
Aunque no ocultan sus actividades, siguen siendo muy poco conocidas, por
lo que vamos a presentar cuáles son esas ONG y sus métodos de
actuación.La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) es una agencia federal independiente creada en 1961. Está
organizada en torno a nueve oficinas especializadas, una de las cuales
se dedica a la “promoción de la democracia”. Por una parte, financia a
los extranjeros que llevan a cabo proyectos democráticos en sus países
y, por la otra, a otras ONG estadounidenses para que pongan en marcha
sus propios proyectos relacionados con la democracia. El National Endowment for Democracy (NED) es una organización privada
bipartidista sin fines de lucro. Creada en 1983, también tiene como
objetivo promover la democracia. Para ello actúa de tres maneras.
Publica trimestralmente Journal of Democracy, que se centra en el
estudio teórico de la democracia y en el análisis más práctico de los
movimientos prodemocráticos en todo el mundo; financia a actores
estadounidenses o extranjeros que tienen objetivos compatibles con los
suyos propios y financia a cuatro ONG norteamericanas afiliadas a él que
desarrollan proyectos supervisados sobre el terreno. Son las
siguientes: 1) El Instituto Republicano Internacional (IRI), que se ocupa de los
movimientos políticos y de la sociedad civil de derecha en el
extranjero. De este modo, puede contribuir a la creación o al desarrollo
de un partido político o de un observatorio electoral, a la formación
de un candidato a las elecciones, a la educación cívica o al
establecimiento de movimientos estudiantiles. Esto puede ser simple
asesoramiento, financiación o incluso el suministro de equipos
informáticos, educativos y de ropa (camisetas, insignias, pegatinas con
la efigie del movimiento). A pesar de su orientación ideológica, el IRI
se presenta como no partidista y por lo tanto independiente del Partido
Republicano. 2) El Instituto Nacional Demócrata (NDI) es la ideología opuesta al
IRI: trata con los llamados movimientos de izquierda. Por otro lado, en
términos de su funcionamiento, se le parece mucho: también se presenta
como no partidista y por lo tanto independiente del Partido Demócrata y
sus acciones son del mismo orden. 3) El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) es la
tercera ONG afiliada a la NED. Para fortalecer la democracia, el CIPE
desarrolla proyectos con empresarios y políticos extranjeros para llevar
a cabo reformas orientadas al mercado y a la empresa privada. También
ayuda en la lucha contra la corrupción. 4) El Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional
(ACILS), también llamado Centro de Solidaridad, tiene como objetivo
fortalecer la democracia en el mundo, a través de los sindicatos,
mediante el desarrollo del poder económico y político de los
trabajadores. Fundada en 1983 por Gene Sharp, la Institución Albert Einstein (AEI)
es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo difundir
la democracia en todo el mundo mediante el estudio de métodos de acción
no violenta y su uso en conflictos pasados para fomentarlos para el
presente y el futuro. Para llevar a cabo su misión, la AEI publica
numerosos escritos, disponibles gratuitamente en varios idiomas en su
sitio web. De la dictadura a la democracia es la referencia de LA
organización. Sharp describe 198 métodos no violentos que pretenden
convertir los pilares del apoyo a una dictadura, como la policía, el
partido, la justicia y los medios de comunicación serviles, en
debilidades. Estos incluyen demostrar, comunicar en masa, confraternizar
con las fuerzas de seguridad ofreciendo flores o comida, y usando
logotipos y eslóganes fuertes. Estos métodos deben permitir presionar al
líder, pero también atraer la simpatía, o incluso el apoyo, de la
opinión pública internacional, de los medios de comunicación extranjeros
y de algunos gobiernos, para derrocar al gobierno en el poder. La AEI
también entra en contacto directo con algunos disidentes extranjeros
para formarlos en estos métodos. Finalmente, Freedom House, fundada en 1941, es una organización
privada, no partidista y sin fines de lucro que promueve la democracia
mediante la asistencia a iniciativas no violentas en países donde las
libertades están restringidas. Para ello se utilizan dos procesos. En
primer lugar, Freedom House escribe muchos informes, que a lo largo de
los años han ganado cierto peso, como se lee, por ejemplo, en la ONU. En
segundo lugar, financia a los defensores de los derechos humanos y a
los líderes de la sociedad civil en el extranjero, en particular para la
formación con la AEI, así como con los medios de comunicación. Estas diferentes ONG ofrecen diferentes tipos de asistencia:
financiera (USAID, IRI, NDI, CIPE, ACILS, Freedom House); organizativa
(USAID, IRI, NDI, CIPE, ACILS); de visibilidad (NED, Freedom House);
material (IRI, NDI, CIPE, ACILS) y técnica (AEI). Se han comprometido
presupuestos considerables. En 2011, fueron 1.800 millones de dólares
para la Oficina de Democracia de USAID, 136 millones de dólares para
NED, 75 millones de dólares para IRI, 148 millones de dólares para NDI,
19 millones de dólares para CIPE, 30 millones de dólares para ACILS, un
millón de dólares para AEI y 40 millones de dólares para Freedom House. Dado que algunas organizaciones son financiadas parcialmente por
otras, la suma total no corresponde a la suma de esos presupuestos. Sin
embargo, esto sigue siendo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta
que la tendencia presupuestaria de los últimos años va en aumento para
la mayoría de estas ONG. Esta financiación mutua (especialmente de USAID
y la NED) revela que, lejos de actuar de forma independiente, todas
estas ONG están forjando vínculos y colaborando entre sí. Se trata,
pues, de una verdadera red de promoción del imperialismo, compuesta por
actores complementarios, en pleno desarrollo y dotados de medios
financieros muy importantes. Con el fin de promover el imperialismo, esta red de ONG ha
establecido una especie de escenario modelo que aplica más o menos
estrictamente en todo el mundo. Consta de varios pasos. La primera es
elegir prioridades. Mientras que estas ONG están activas en casi 100
Estados del mundo, no están activas de la misma manera en todas partes.
Fijan objetivos prioritarios y, en función de estos objetivos, afectan a
diferentes medios de un lugar a otro. En los últimos años, un número significativo de países se ha
convertido en escenario de acontecimientos vinculados a las prioridades
establecidas por esta red de ONG americanas. En 2000 la “revolución de
las excavadoras” derrocó a Slobodan Milosevic en Serbia; un intento de
golpe de Estado contra Hugo Chávez fracasó en Venezuela en 2002; en
Georgia, la “revolución de las rosas” derrocó a Edward Shevardnadze en
2003; en 2004 le tocó el turno a Viktor Yanukovich, que fue derrocado
por la “revolución naranja” en beneficio de su rival Viktor Yushchenko;
la “revolución de los tulipanes” de 2005 derrocó a Askar Akayev en
Kirguistán; el mismo año la “Revolución del Cedro” derrocó al gobierno
pro-sirio en el Líbano; en 2009 la “revolución verde” trató de derrocar
al presidente Mahmud Ahmadineyad, que acababa de ser reelegido; la
“revolución jazmín” derrocó al régimen de Zine el-Abidine Ben Ali; en
2012 Hosni Mubarak fue destituido del poder en Egipto y la “revolución
blanca” tampoco logró derrocar a Putin en Rusia. Una vez establecidas las prioridades, las ONG identifican a los
actores locales con los que cooperarán. Sólo entonces se proporcionará
asistencia financiera, organizativa, de visibilidad, material o técnica a
los actores seleccionados, dependiendo del ámbito de competencia de la
ONG activa en el país en cuestión. Los acontecimientos mencionados anteriormente están vinculados a toda
una serie de actores locales que estuvieron en contacto con una u otra
de estas ONG americanas o incluso obtuvieron ayuda de ellas. En Serbia,
por ejemplo, Vojislav Kostunica, sucesor de Milosevic, recibió
asistencia del NDI, mientras que el movimiento estudiantil Otpor
(“Resistencia”), que lideró la protesta popular, fue asistido por el IRI
y el AEI. Tras el éxito y la eficacia de Otpor, Freedom House contrató a
varios de sus ejecutivos para fundar el Centro de Estrategias de Acción
No Violenta Aplicada (CANVAS), que desde entonces ha ofrecido una
formación similar a AEI. En Venezuela, el sindicato patronal
Fedecámaras, que lideró la protesta y del que Pedro Carmona ocupó el
lugar de Chávez durante dos días, contó con el apoyo del CIPE, mientras
que USAID ofreció su ayuda al canal de televisión RCTV para llevar a
cabo una verdadera propaganda contra Chávez durante el golpe. En
Georgia, Saakashvili, que llegó al poder después de Shevardnadze, fue
apoyado por el NDI y Kmara, un movimiento estudiantil que dirigía una
protesta popular, estaba cerca del NDI, el AEI y CANVAS. El Ioutchenko
ucraniano pudo contar con la ayuda del IRI y Pora, el movimiento
estudiantil de protesta, el NDI, el AEI y CANVAS. Lo mismo ocurrió con
el movimiento estudiantil KelKel en Kirguistán, mientras que el
periódico de oposición MSN fue apoyado por Freedom House. En Líbano, el
movimiento popular “Alianza del 14 de marzo”, que ganó las elecciones
organizadas tras la dimisión del gobierno pro-sirio, fue apoyado por el
NDI y el AEI. En Irán, la NED ayudó a Freedom Of Information, una
organización estadounidense que trabaja para mejorar la difusión de
información por parte de los opositores políticos iraníes, mientras que
la AEI y CANVAS apoyó a algunos disidentes y ciberdisidentes. La Unión
General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), un sindicato activo durante la
movilización popular contra Ben Ali, recibió asistencia de ACILS y
varios disidentes y ciberdisidentes fueron asistidos por el NDI, AEI y
CANVAS. En Egipto, el Movimiento 6 de abril recibió asistencia de USAID,
NDI, Freedom House, AEI y CANVAS. Finalmente, el movimiento de protesta
ruso Da, liderado por jóvenes activistas, recibió el apoyo del NED. A través de los movimientos ciudadanos, compuestos esencialmente por
jóvenes, son capaces de reunir un importante movimiento popular. Luego,
para que los actores locales en contacto con las ONG puedan pasar a la
acción, debe haber un detonante, en la mayoría de los casos elecciones.
Si el dirigente en el poder gana, los actores locales denuncian los
fraudes electorales con el fin de movilizar a la población para que
exijan su salida (Serbia, Georgia, Ucrania, Kirguistán, Irán, Rusia).
Pero el detonante es a veces diferente: una manifestación que degenera
(Venezuela), el asesinato de una personalidad (Líbano con el ataque a
Rafiq Hariri), el suicidio simbólico de un anónimo (Túnez), sin olvidar
el famoso “efecto dominó” (Egipto). Una vez que se ha producido el desencadenante, los acontecimientos
observados en los distintos países son muy similares. Así, un movimiento
popular se hace cargo de la dirección de la protesta y desarrolla una
doble campaña. Una negativa, que consiste en responsabilizar al
dirigente en el poder de todo lo que se denuncia (corrupción, censura,
falta de libertad, pobreza); la otra positiva, para movilizar al máximo a
la población. Para ello, el movimiento utiliza las técnicas de la AEI:
una serie de manifestaciones pacíficas, confraternización con la
policía, comunicación de masas, un mensaje único y claro contra el
dirigente, el uso de un logotipo fácilmente identificable, que se puede
encontrar en casi todas partes en el campo de acción. Esta red de ONG estadounidenses promueven los intereses del
imperialismo en todo el mundo y han demostrado ser eficaces. El
movimiento “popular” creado, financiado y asistido por la red a menudo
logra ejercer tal presión sobre el Estado que finalmente los que están
se ven obligados a abandonar sus puestos en beneficio de otros, más
sumisos.
The New York Times - Caos en la reunificación de los menores migrantes: EEUU “ha creado un trauma tan innecesario”
| CUBADEBATE
Carolina
Ramos, a la derecha, fue llevada a Nueva York para reunirse con sus
hijos, de los que había sido separada en la frontera. Los menores
estuvieron al cuidado de Cayuga Centers en el vecindario de Harlem del
Este. Foto: Gregg Vigliotti/ The New York Times.
Llegaron cubiertos por la oscuridad de la noche y se fueron de la misma manera. En lo que parecía ser una evacuación masiva de niños inmigrantes
separados de sus padres en la frontera suroeste de Estados Unidos, más
de una decena de furgonetas blancas se formaron afuera de Cayuga Centers en Harlem del Este la noche del 25 de julio, mientras el gobierno federal hacía esfuerzos para cumplir con la fecha límite para reunir a las familias, el 26 de julio. Un video de Telemundo mostró a las furgonetas mientras un reportero
describía que los niños eran conducidos al exterior en pares mientras
sostenían sobres. Probablemente, se trataba de los registros clínicos y
educativos del gobierno que otros niños, previamente entregados, habían
recibido. Para la tarde del jueves, alrededor de doscientos de esos niños
habían dejado las agencias del área de Nueva York, de acuerdo con el
alcalde de Bill de Blasio, que ofreció una conferencia de prensa.
Alrededor de cien niños, quienes por numerosas razones determinadas por
el gobierno no pudieron reunirse con sus padres, permanecen en Nueva
York. En todo Estados Unidos el jueves fueron reunidas más de mil 400 familias migrantes. Para subrayar el caos generalizado y la incertidumbre que ha marcado
la implementación del gobierno federal de estas reunificaciones, así
como los cambios a su llamada política de tolerancia cero en la
frontera, De Blasio dijo que todavía no está seguro de qué les pasó a los niños después de dejar la ciudad de Nueva York. “La mejor información con la que contamos es que doscientos ya no están aquí”, dijo De Blasio, pero eso no significa necesariamente que han regresado con sus padres. El alcalde indicó que Cayuga Centers, una de las nueve
agencias en el área metropolitana de Nueva York que han cuidado a los
niños separados, tenía al mayor grupo de ellos, tal vez más de
trescientos en un momento dado. Sin embargo, el número exacto de
niños en la ciudad nunca quedó claro para los funcionarios locales y
estatales, porque el gobierno federal declinó darlo a conocer y no
permitió que las agencias que cuidaban a los niños comentaran ningún
detalle. A pesar de haber enviado cartas al gobierno federal para solicitar
información básica sobre los niños ahí, y a pesar las peticiones de los
alcaldes de otras ciudades, “nadie obtiene respuestas”, dijo De Blasio en la conferencia de prensa. La mañana del 26 de julio, las calles afuera de los dos centros de Cayuga en Harlem rebosaban de actividad. Los niños subieron a las furgonetas con sus mochilas de
personajes como el Hombre Araña y Hello Kitty, tal vez rumbo a un paseo y
no hacia el aeropuerto para tomar un vuelo para reunirse con sus padres. Una madre, Carolina Ramos, salió del edificio de Cayuga en Park Avenue con sus dos hijos, de los que ella dijo había estado separada durante 120 días,
y cuatro globos. Manejó durante doce horas acompañada de sus familiares
desde Charlotte, Carolina del Norte, para recoger a su hija de 10 años y
a su hijo de 17. “Estoy feliz, tranquila, agradezco a Estados Unidos de que ahora
estoy con mis hijos”, dijo Ramos, quien le dio a su hija un oso de
peluche de la mitad del tamaño de la niña. Abogados y trabajadores sociales trataban frenéticamente de
determinar si los niños que ya habían sido enviados fuera de Nueva York
se habían, efectivamente, reunido con sus padres. The Door, una agencia que trabaja con jóvenes de escasos
recursos, dijo que llevaba el caso de una firma pro bono sobre tres
clientes cuyos hijos habían sido llevados esta semana de Nueva York a El
Paso, Texas. Uno había sido reunido con su padre en un centro de
detención familiar, en Texas, pero el destino final de la familia era
desconocido. Los abogados todavía desconocen dónde, o si, los otros
otros dos niños se han reunido con alguno de sus padres. “El gobierno separó a sus familias con mala fe y el gobierno está reuniendo a las familias de mala fe”, dijo Eve Stotland, directora legal de The Door. “Ha creado un trauma tan innecesario”.
Los
niños abordaron furgonetas afuera del edificio de Cayuga Centeras en
Harlem del Este, pero su destino era desconocido. Foto: Gregg Vigliotti/
The New York Times.
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