Suspenden juicio oral y público contra ocho de los señalados en el asesinato de Berta Cáceres
Tegucigalpa.- El juicio oral y público contra ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres fue suspendido hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la recusación contra el Tribunal de Sentencia, interpuesto esta mañana por la familia de la lideresa indígena, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y por el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
“Hoy hemos presentado a primera hora denuncia contra los miembros integrantes de la sala primera del Tribunal de Sentencia y posteriormente presentado recusación ante la secretaria del despacho contra este tribunal”, expresó el abogado Rodil Vásquez.
Según Rodil Vásquez el juicio se suspenderá hasta que los superiores jerárquicos resuelva si procede o no la recusación interpuesta, si no procede el Tribunal volverá a conocer del proceso y procederá a citar a las partes, señalado nueva fecha para el juicio.
Continuó señalando que si el superior jerárquico establece que hay razón para la recusación, los va a extrañar del proceso y nombrará a otro Tribunal para que siga conociendo de la causa.
Por su parte Laura Zúniga, hija de la extinta activista de los bienes comunes y de los pueblos indígenas, con respecto a la suspensión del juicio por la recusación presentada, añadió que “el juicio se ha alargado porque se pensaba empezar hoy y ahora vamos a esperar cuando empieza, pero es necesario, no vamos a cargar con las falencias que ha tenido el Ministerio Público y la misma justicia en asumir este caso y vamos a ser igual de rigurosos como si faltara poco o mucho, porque lo que exigimos es una justicia de calidad”.
“La denuncia fundamentalmente es por abuso de autoridad, por encubrimiento, por retardo de justicia y por incumplimiento a los deberes de los funcionarios”, indicó el apoderado legal de la familia Cáceres”.
“El tribunal no hizo valer las resoluciones que emitió al incumplimiento reiterado por parte del Ministerio Público, y a la petición nuestra de proceder conforme a la ley, que es denunciando a los fiscales por desobediencia y abuso de autoridad”, sostuvo Rodil Vásquez .
Asimismo sostuvo que “al incumplir las resoluciones que el mismo Tribunal emitió en virtud de la petición reiterada que hemos venido haciendo durante los dos años y medio que lleva el proceso de que el Misterio Público ponga a disposición de las partes y en este caso puntualmente de las víctimas todas las evidencias, resultado de las diligencias investigativas desarrolladas en el mismo”.
Como el Ministerio Público no lo hizo, entonces procedimos plantearle esa situación al Tribunal y el Tribunal resolvió una y otra vez que el MP debía entregarnos esa información, al no hacerlo y el Tribunal consentir esa actitud del Misterio Público, no óbstate peticionarle nosotros que hiciera lo correspondiente en el marco del deber de denuncia que tiene el Tribunal al incumplimiento de sus propias resoluciones, entonces hemos interpuesto hoy denuncias contra el Tribunal por esos delitos y además la recusación”.
Por su parte Laura Zúniga Cáceres añadió que “nos preocupó mucho el tema que se negara las pruebas que tenía que ver con el contexto en el que se da el asesinato y se redujera este asesinato político y de alto impacto, al simple hecho del dos de marzo, de las balas sobre el cuerpo de Berta Cáceres, eso fue una de las cosas, otra de las cosas que nos preocupó mucho fue la permisividad que tuvo con el Ministerio Público, quien nos ha negado reiteradamente desde hace más de dos años y medio la información sobre la investigación sobre el proceso judicial de Berta Cáceres”.
La hija de la lideresa indígena sostuvo que “es algo que nos preocupa, porque primero no es parte del proceso que se debería llevar a cabo y después nos pone en desventaja frete a una estructura criminal que se armó para asesinar a nuestra compañera, a mi mami, Berta Cáceres.
Continuó señalando que van a hacer exigentes con las instituciones de justicia hondureña. Primero porque este es un caso insigne que debería de tener una justicia a la altura, porque sentar un precedente de verdad y de justicia para Berta Cáceres es sentar u precedente de justicia para Honduras, y es lo que necesitamos y en eso no vamos a negociar o vamos a flaquear en justicia, porque es lo que merecemos.
Los señalados como autores materiales so Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
En respaldo a Copinh y a la familia de Berta Cáceres se realiza plantón frente a CSJ
Con cantos y bailes ancestrales y gritando consignas exigiendo justicia y castigo para los asesinos, los manifestantes recorrieron varias calles de la Capital hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, sitio donde está ubicado el Tribunal de Sentencia.
Ahí se ha establecido un plantón acompañado por centenares hombres y mujeres de todas las edades, en respaldo al Copinh y la familia de Berta Cáceres.
La empresa DESA ha enviado un grupo de personas a confrontarse con las comunidades organizadas en el COPINH que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir un debido proceso en la causa Berta Cáceres.
El Copinh responsabiliza a la empresa DESA y a sus directivos de cualquier agresión en contra de las personas que han llegado a acompañar a la familia en el inicio del juicio oral y público.
Con la presencia de observadores nacionales e internacionales hoy ha dado inicio el juicio oral y público contra los supuestos responsables de haber asesinado a la activista hondureña en la media noche del día 2 de marzo de 2016 en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza.
Por este crimen emblemático han sido detenidas nueves personas ligadas a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), dueña del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Los acusados por el asesinato de Berta Cáceres están Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, acusados de autores materiales y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
Familia de Berta Cáceres y COPINH recusan a Tribunal de Sentencia
Así lo confirmó la familia de la hija de la extinta defensora de los pueblos indígenas y de los bienes comunes y sus apoderados legales durante una conferencia de prensa ofrecida en las afueras de la Sala de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, lugar donde se realizará el juicio oral y público contra los acusados de su asesinato.
“Nosotros y nosotras hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso”, señalaron los familiares en un comunicado que le dieron lectura a los medios de comunicación nacional e internacional que cubren el juicio contra los responsables de su muerte.
Agregaron que ante los hechos expuesto el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
“A través de nuestros representantes legales del Movimiento Amplio Por La Dignidad y Justicia (MADJ) hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”, señala contundentemente la familia y sus apoderados legales en el comunicado.
La activista hondueña Berta Isabel Cáceres Flores, fundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016 cerca de la medianoche, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Berta Cáceres realizó constantes denuncias vinculadas con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Por su asesinato nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
“Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, expresa el comunicado.
Asimismo señala que “a lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aun así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte”.
LA HORA DEL JUICIO
La población conoce como ladrones a los ladrones, como narcos a los traficantes y a los lavadores de capitales, y como asesinos a los ex miembros del 3-16 y a muchos integrantes de la policía y el ejército.
SIN EMBARGO, en los tribunales y en los medios de incomunicación los jueces corruptos y los periodistas vendidos se empeñan en llamarlos imputados con derecho a la presunción de inocencia. Como si viviéramos en un Estado de Derecho. Como si esta dictadura fuera una democracia.
A contrario sensu, como bien decía hace unos años el periodista Napoléon Mayrena Tercero en Radio América, en la lucha contra la corrupción y la impunidad es más justo asumir a los imputados como culpables. Y no como inocentes.
Por eso todo el mundo aquí sabía que Callejas era como Ali Baba y que sus 40 ladrones se pusieron al frente del golpismo, y hoy esos pandoros conducen en Red la dictadura.
Con razón el poeta Roberto Sosa llamaba a Callejas el ladrón de las manos de ceda, y a la Corte Suprema de Justicia la casa de temibles abogados que perfeccionan el día con palabras que han adquirido el filo de una arma blanca. Y donde los jueces besan el puñal.
En esta lógica asistimos el próximo lunes al juicio oral y público contra los asesinos de la lideresa indígena lenca, la más emblemática después del tata lempira y Etempica, la carismática Berta Cáceres.
Los sicarios, sus contratistas y los ejecutivos de la empres DESA que ejecutaron el crimen, están de sobra identificados. Y deben ser sentenciados aunque el sistema quiera favorecerlos.
Pero como dijimos el sábado anterior, citando la reclamación universal del COPINH y de la familia Cáceres Flores, faltan los autores intelectuales que están en el banco FICOHSA, en el Partido Nacional, las Fuerzas Armadas y en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y esos se creen dueños de los jueces. Y creen que pueden tapar el sol con billetes y con balas.
No es casual la campaña lanzada esta semana por el COHEP contra las comunidades hondureñas que rechazan la imposición de minas, represas y saqueos de las riquezas naturales. Se quejan de tener 2,700 millones de dólares paralizados por la resistencia popular.
Los empresarios parásitos agrupados en este cartel de presión creado por la embajada de Estados Unidos en 1967, hacen llamados en un comunicado a las fuerzas de represión policiales, militares y judiciales para que le tapen la boca a Guapinol y a todas las aldeas que rechazan sus proyectos de muerte.
En realidad se trata de un contra-ataque del COHEP a la campaña DESA CULPABLE lanzada la semana anterior por el COPINH y la familia Flores, antes del juicio de este lunes en Tegucigalpa.
Por este atrevimiento de los falsos empresarios es que ocurre esta semana un contraste verdaderamente hermoso, el mundo que conoció a Berta Cáceres ha comenzado a llegar paulatinamente a Tegucigalpa para acompañar al pueblo lenca en su reclamación de verdad y justicia. Y a todos los pueblos que luchan por defender su entorno.
Están aquí por el convencimiento que Berta no murió, se multiplicó en millones de seres y en millones de colectivos organizados. Y están aquí para hacerle saber a la señora Alin Flores y a su COHEP que los pueblos originarios se respetan, y que la memoria de Berta va a perseguirle siempre. Igual que a la familia Atala y a todas las familias inversionista de la muerte y la destrucción.
El campamento de solidaridad internacional instalado en esta capital es una prueba mínima que las organizaciones con influencia social y política en Norteamérica y Europa, están aquí para hacer la vigilancia del juicio. No se perdona ni se olvida una ofensa que no ha sido esclarecida ni castigada.
Y que a nadie le quepa duda que la gigantesca red mundial que tejió Berta tiene capacidad para abordar a los electores y a los políticos de los países donde se deciden las inversiones. Y a sus gobiernos, y particularmente a las empresas y a los bancos que ponen a rodar su dinero, muchas veces sin saber dónde los intermediarios lo colocan, sin respeto a nada ni a nadie.
Por eso hacemos llegar esta noche toda nuestra admiración y ternura a las comunidades concentradas en Guapinol, en el departamento de Colón, donde no han cesado de construir la solidaridad hasta expulsar la empresa irrespetuosa de la ley y de la vida que subió a su montaña con maquinarias destructoras, sin autorización de los que mandan. La gente es la que manda. Cuando no hay Estado de Derecho, la gente sensata es la que gobierna. Cuando no tenemos gobierno sino dictadura, es el pueblo valiente quien se autogestiona.
Entonces, la hora del juicio ha llegado. Y nos toca vigilar. Y acompañar. Empecemos por este caso, y vayamos por los demás.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 septiembre 2018
Juicio de Berta Cáceres en la mirada internacional
Tegucigalpa.- Un grupo de 17 organizaciones nacionales e internacionales ya se encuentran en el país para observar el juicio contra los asesinos de Berta Cáceres, que inicia este lunes 17 de septiembre de 2018.
Entre estas organizaciones se encuentran personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional que han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, en el juicio de la lideresa indígena.
El primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
Por su parte Joseph Berra de The Promise Institutefor Human Rights, UCLA School of Law qui, experto en derechos humanos, expresó que “el caso a sonado y la comunidad internacional, está a la espera para a ver si se cumple o no con la justicia; nuestra misión es estar velando sobre todo por el cumplimiento de los estándares internacionales”.
También expresó que “ahora no hemos formulado un juicio todavía sobre el proceso, pero si hay unas preocupaciones al entrar a la etapa del juicio oral y público, que esperamos que sean resueltos y sobretodo en acceso a la información y a capacidad de las partes de participar”.
Berra dijo que necesitan monitorear el juicio para ver si este da el resultado esperado.
“Lo que sabemos ahora es que dentro del proceso con el Tribunal de Sentencia que ha ordenado al Ministerio Público dar acceso a información recabada en las investigaciones, entonces, está por ver si se van a cumplir. Lo que nos da preocupación es que eso fue en enero con esta resolución de la corte diciendo que tiene que entregar eso y según nuestra información, algunos de los materiales incautados no han hecho la extracción de la información”.
Añadió el experto que eso es problemático al iniciar el juicio, pero puede haber posibilidad de incorporar eso al mismo.
La misión observadora va a estar durante todo el juicio, no siempre las mismas personas porque tenemos nuestros compromisos propios, pero nos hemos comprometidos a tener un equipo presente durante cada día del juicio, sostuvo.
El papel de la misión es observar el juicio y hacer un informe al final y si vemos oportuno hacer algún análisis y explicar para el público internacional lo que está sucediendo en el proceso, lo veremos en el momento, si es oportuno o no, pero el informe tiene que ser al final, agregó Josehp Berra.
Por su parte Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, agregó que “creemos que una misión internacional de observación de expertos pueda ayudar a presionar para que se tomen las acciones que se deben, el respeto a las derechos de las víctimas, el respeto al derecho del debido proceso que es lo que nosotros siempre hemos estado intentando garantizar, si ha habido irregularidades que hemos denunciado, la falta del acceso a la información, el maltrato hacia las victimas y un montón de irregularidades.
No se nos ha entregado la última información que hace unas dos semanas se dio respuesta de aparatos que no habían sido periciadas, entonces nosotros creemos que no hay condiciones para hacer el juicio como corresponde, entonces ojala esta misión internacional y especialistas en derecho ayude a que se subsane a través de su participación activa pública, se subsanen lo errores que ya se han venido cometiendo, pero que los tribunales y todas las instancias de justicia sepan que están siendo vigilados por la comunidad nacional e internacional, añadió Zúniga Cáceres.
También dijo que “ este no es cualquier caso, que es un caso emblemático y que no puede ser tratado como cualquier cosa, obviamente nosotros esperaríamos lo mismo en todos los procesos, en todos los casos, pero sabemos que no es así, entonces el proceso de búsqueda de justicia también ayude a tener un abordaje diferente de las víctimas y un abordaje de diferente a los crímenes de alto impacto, a los que debe ser considerado los contextos en los que se producen estos crímenes.
Zúniga Cáceres, con respecto al actuar al Ministerio Público, expresó que el Ministerio Público hasta ahora había dicho que unos pocos días que toda la información estaba en los antecedentes judiciales, a pesar de que nosotros insistíamos en que no, que hacía falta información que habían aparatos que de los que no se sabía nada, hasta la audiencia del 23 y 24 de agosto que iba a ser supuestamente la audiencia de proposición de pruebas es que el tribunal pone contra la pared al Ministerio Público cuestionándolo.
Se excusaban en la secretividad del proceso en que no podían dar toda la información, en que no podían dar información que dañara a terceros, pero allí lo que cabe es que ha habido una actuación negligente del Ministerio Público, que no se entiende bajo que parámetros se estaba haciendo extracciones de unos aparatos, pero más allá de eso nosotros tenemos un compromiso con la verdad, con reconstruir que fue lo que pasó esa noche del 2 de marzo, pero que fue lo que pasó también meses antes, finalizó Zúniga Cáceres.
Asimismo Olivia Zúniga Cáceres, también hija de la lideresa indígena Berta Cáceres, dijo que conla vista de observadores internacionales se podría lograr líneas de investigación.
“Nosotros podríamos lograr que se inicien líneas de investigación contra la empresa, contra la junta directiva la empresa de Desarrollos Energéticos S.A (DESA), eso sería el logro más importante, sin embargo necesitamos realmente articular un trabajo a gran escala porque estamos sufriendo una envestida financiada por la empresa DESA.
El acompañamiento para nosotras es muy grato, una palabra es un consuelo en medio de un proceso judicial que ha sido con tantas irregularidades, con tanta injusticia donde se ha discriminado de manera racista, se han mostrado actos de xenofobia contra la gente indígena del pueblo lenca, en donde se ha demostrado de qué lado está el poder judicial de nuestro país y el poder mediático también, en el caso de proteger a la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., añadió Olivia.
En este caso nos consuela, nos sentimos confortados y mi abuela desde su casa en La Esperanza esta confortada por el hecho de que hay observación internacional en este proceso, y que no solo se van a estar rindiendo informes sobre cada paso que se dé tanto de lado de los tribunales, y también del lado de las víctimas en este caso de nuestra parte, también de las acciones que se desarrollen para procurar la justicia para Berta Cáceres y también van a estar haciendo acciones internacionales para seguir luchando por la justicia.
La delegación integrada por representantes de las 17 organizaciones son Abogados Sin Fronteras Canadá, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Observatoire International des Avocats, Guatemala Human RightsCommission– USA, DueProcess of LawFoundation, ThePromiseInstitutefor Human Rights, UCLA School of Law, National Lawyers Guild.
Así como Federación Internacional de los Derechos Humanos, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, ImpunityWatch, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación , Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, La Comisión Internacional de Juristas, El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Regional: Francisca, CEJIL.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), tenía medida cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2009. Mismas que no se le respetaron y fue asesinada en su casa, ubicada en La Esperanza, Intibucá, el dos de marzo del 2016.
Foto:Peace Brigades International
Peace Brigades International con el apoyo del Grupo Parlamentario
de Derechos Humanos del Reino Unido, han enviado una carta al Comité
Nobel de Noruega para nominar para el Premio Nobel de la Paz 2018 al
colectivo mundial de Defensores y defensoras de derechos humanos (HRDs).
El Premio Nobel de la Paz es otorgado desde 1901. Se entrega el 10 de
diciembre de cada año a quienes han hecho el mejor trabajo o la mayor
cantidad de contribuciones para la paz en el mundo.
La petición sucede en el marco del vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, (HRDs). La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este instrumento internacional según resolución número A/RES/53/144 , el 8 de marzo de 1999.
En sus considerandos la Asamblea de Naciones Unidas dijo "Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas como las que resultan del apartheid, de todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales"
Los argumentos de la propuesta del Nobel 2018 para la comunidad mundial de defensores y defensoras
La argumentación de los proponentes Peace Brigades International y el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Reino Unido, es que "Es un momento ideal y oportuno para reconocer y celebrar los esfuerzos de estas personas extraordinarias que, a pesar de las amenazas de violencia y criminalización, hostigamiento, intimidación, tortura y asesinato continúan luchando pacíficamente contra la injusticia y exigen la implementación y el fortalecimiento del estado de derecho".
El 9 de diciembre de 2018 marcará el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos (HRDs). Es un momento ideal y oportuno para reconocer y celebrar los esfuerzos de estas personas extraordinarias que, a pesar de las amenazas de violencia y criminalización, hostigamiento, intimidación, tortura y asesinato continúan luchando pacíficamente contra la injusticia y exigen la implementación y el fortalecimiento del estado de derecho. Desde 1998, más de 3000 defensores de los derechos humanos han sido asesinados por defender los valores fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU.
Al reconocer los entornos cada vez más hostiles en todo el mundo, en los que los defensores de los derechos humanos deben trabajar, el recién fallecido ex-secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo recientemente:
"Defender los derechos humanos requiere valor, perseverancia, vigilancia y una sólida base de conocimiento y evidencia. Tenemos que estar atentos a la protección de los defensores de los derechos humanos, ya que cuando se violan los derechos de los defensores, se vulneran todos nuestros derechos".
En la misma línea y destacando el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en promover y fomentar democracias estables y una paz sostenible, el Embajador Steffen Kongstad, Representante Permanente de Noruega ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dijo: "Amenazas y ataques contra los derechos humanos los defensores pueden obstaculizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, socavando la cohesión social y, en última instancia, la estabilidad y el desarrollo ".
A pesar de este reconocimiento y respeto en los más altos niveles de la comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos son asesinados todos los días. Los y las defensores/as de derechos humanos que sufren desproporcionadamente son aquellos activistas que trabajan a nivel comunitario y de base, en regiones aisladas y de poblaciones marginadas, que carecen de redes y recursos para llamar la atención internacional. Los defensores de los derechos humanos pueden ser líderes comunitarios, abogados, periodistas, activistas medioambientales, víctimas de abusos, sindicalistas y profesores.
Es por estas razones urgentes que Peace Brigades International con el apoyo del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Reino Unido ha nominado al colectivo mundial de HRDs para el Premio Nobel de la Paz 2018. Es el mayor logro humanitario a través del cual se reconocerá a los HRDs y se celebrara su compromiso con defender y construir sociedades que sean pacíficas, seguras, inclusivas, tolerantes, justas y sostenibles para todos. La nominación es actualmente apoyada por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as y algunos gobiernos, diplomáticos y parlamentarios de todo el mundo.
Creemos que otorgar el Premio Nobel de la Paz a la comunidad global de HRDs marcará un hito en la legitimación del trabajo crucial que emprenden para proteger a la humanidad y visibilizar las tendencias de persecución que sufren.
Además, este premio colectivo marcaría una primicia mundial. Al nominar a un colectivo en lugar de individuos u organizaciones, enfatizamos que las tendencias que hacen que la defensa de los derechos humanos sea cada vez más arriesgada y cada vez más admirable, son globales. Buscamos resaltar que la comunidad en sí misma es esencial para la defensa de los derechos humanos y es la idea de comunidad lo que motiva a las personas a tomar enormes riesgos defendiendo los derechos de los demás y promoviendo la paz.
En Inglés Aquí
Lea la Declaración de Defensores de Derechos Humanos
La petición sucede en el marco del vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, (HRDs). La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este instrumento internacional según resolución número A/RES/53/144 , el 8 de marzo de 1999.
En sus considerandos la Asamblea de Naciones Unidas dijo "Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas como las que resultan del apartheid, de todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales"
Los argumentos de la propuesta del Nobel 2018 para la comunidad mundial de defensores y defensoras
La argumentación de los proponentes Peace Brigades International y el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Reino Unido, es que "Es un momento ideal y oportuno para reconocer y celebrar los esfuerzos de estas personas extraordinarias que, a pesar de las amenazas de violencia y criminalización, hostigamiento, intimidación, tortura y asesinato continúan luchando pacíficamente contra la injusticia y exigen la implementación y el fortalecimiento del estado de derecho".
La carta está circulando en el mundo en inglés y español para que sea apoyada por la mayor cantidad de personas firmándola, este es el texto de la misma:
Firme esta petición para respaldar el Premio Nobel de la Paz 2018 para la comunidad global de Defensores de los Derechos Humanos
Estimados miembros del Comité Nobel de Noruega,El 9 de diciembre de 2018 marcará el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos (HRDs). Es un momento ideal y oportuno para reconocer y celebrar los esfuerzos de estas personas extraordinarias que, a pesar de las amenazas de violencia y criminalización, hostigamiento, intimidación, tortura y asesinato continúan luchando pacíficamente contra la injusticia y exigen la implementación y el fortalecimiento del estado de derecho. Desde 1998, más de 3000 defensores de los derechos humanos han sido asesinados por defender los valores fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU.
Al reconocer los entornos cada vez más hostiles en todo el mundo, en los que los defensores de los derechos humanos deben trabajar, el recién fallecido ex-secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo recientemente:
"Defender los derechos humanos requiere valor, perseverancia, vigilancia y una sólida base de conocimiento y evidencia. Tenemos que estar atentos a la protección de los defensores de los derechos humanos, ya que cuando se violan los derechos de los defensores, se vulneran todos nuestros derechos".
En la misma línea y destacando el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en promover y fomentar democracias estables y una paz sostenible, el Embajador Steffen Kongstad, Representante Permanente de Noruega ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dijo: "Amenazas y ataques contra los derechos humanos los defensores pueden obstaculizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, socavando la cohesión social y, en última instancia, la estabilidad y el desarrollo ".
A pesar de este reconocimiento y respeto en los más altos niveles de la comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos son asesinados todos los días. Los y las defensores/as de derechos humanos que sufren desproporcionadamente son aquellos activistas que trabajan a nivel comunitario y de base, en regiones aisladas y de poblaciones marginadas, que carecen de redes y recursos para llamar la atención internacional. Los defensores de los derechos humanos pueden ser líderes comunitarios, abogados, periodistas, activistas medioambientales, víctimas de abusos, sindicalistas y profesores.
Es por estas razones urgentes que Peace Brigades International con el apoyo del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Reino Unido ha nominado al colectivo mundial de HRDs para el Premio Nobel de la Paz 2018. Es el mayor logro humanitario a través del cual se reconocerá a los HRDs y se celebrara su compromiso con defender y construir sociedades que sean pacíficas, seguras, inclusivas, tolerantes, justas y sostenibles para todos. La nominación es actualmente apoyada por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as y algunos gobiernos, diplomáticos y parlamentarios de todo el mundo.
Creemos que otorgar el Premio Nobel de la Paz a la comunidad global de HRDs marcará un hito en la legitimación del trabajo crucial que emprenden para proteger a la humanidad y visibilizar las tendencias de persecución que sufren.
Además, este premio colectivo marcaría una primicia mundial. Al nominar a un colectivo en lugar de individuos u organizaciones, enfatizamos que las tendencias que hacen que la defensa de los derechos humanos sea cada vez más arriesgada y cada vez más admirable, son globales. Buscamos resaltar que la comunidad en sí misma es esencial para la defensa de los derechos humanos y es la idea de comunidad lo que motiva a las personas a tomar enormes riesgos defendiendo los derechos de los demás y promoviendo la paz.
Firme esta petición para respaldar el Premio Nobel de la Paz 2018 para la comunidad global de Defensores de los Derechos Humanos:
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BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL IRRUMPIÓ EN DESFILE DE OPOSICIÓN HONDUREÑA
Por
segundo año consecutivo la Policía Nacional, interrumpió la marcha
popular del 15 de septiembre. De igual manera que lo acontecido el
pasado 1 de mayo, los antimotines lanzaron gases cuando el mar de gentes
llegó a la plaza central de Tegucigalpa.
También
en San Pedro Sula se reprimió a la población, que en su descontento con
el actual régimen, se acercó a inmediaciones del Estadio Francisco
Morazán, donde se realizaba el desfile oficialista con un sólo colegio
público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En represión terminó nuevamente la marcha popular del 15 de septiembre,
por segundo año consecutivo la Policía Nacional, obligó a terminar
apresuradamente el desfile patrio.
El
tradicional desfile, que surgió en 2009 con el Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP), nunca había sido reprimido hasta que en 2017
se oficializó la reelección presidencial, que finalmente canjeó Juan
Hernández, de forma muy cuestionada.
La
movilización que inició en la “plaza Tigo”, al final del bulevar
Morazán, fijó rumbo hacia el parque central de Tegucigalpa, en todo el
trayecto se denotó la fuerte presencia policial; sin embargo, no hubo
enfrentamiento a pesar de la evidente indignación de la población que
reclamó al cuerpo de Policía “defender a un dictador”.
Varios
organismos de derechos humanos se hicieron presentes para evitar el
duelo entre manifestantes y Policía; sin embargo, igual que el pasado 1
de mayo, las bombas empezaron a ser lanzadas cuando el mar de gentes
escuchaba el discurso del expresidente Manuel Zelaya.
Durante
todo el desfile, destacó la presencia de ancianos, niños e incluso
mascotas, quienes fueron altamente afectados por los gases tóxicos,
además varios puestos de comida ubicados en el lugar, quedaron en
abandono por la irrupción de las autoridades.
Vea nuestra galería: “Brutal represión a opositores hondureños en marcha del 15 de Septiembre”.
De
momento, a falta de datos oficiales, se reportan varios detenidos y al
menos 20 personas tuvieron que ser socorridas al perder el conocimiento
resultado del gas lacrimógeno. En el ataque policial, fue abatido un
vehículo del canal UNE TV, que transmitía en directo el discurso de
Zelaya y la finalización de la jornada.
Todo
lo anterior, ocurrió mientras el gobierno festejaba en el Estadio
Nacional, muy cerca del casco histórico de la capital, repitiéndose lo
ocurrido el 27 de enero en la toma de posesión del segundo mandato de
Hernández.
En represión culmina movilización del 15 de septiembre en capital hondureña
Una nueva jornada de represión vivió la
capital de Honduras, Tegucigalpa, al cierre de la movilización convocada
en el marco del 15 de septiembre, cuando se celebra el 197 aniversario
de la patria.
La movilización en Tegucigalpa arrancó a
las 9:30 de la mañana, con la participación de organizaciones sociales y
populares en denuncia a la implantación del actual régimen que dirige
Juan Orlando Hernández.
El recorrido fue desde el bulevar
Morazán hasta el parque Central, durante la protesta todo transcurrió
con normalidad, la población cantó sus consignas y se tomó fotografías
con sus pancartas.
En la protesta participaron
organizaciones estudiantiles, populares y gremiales, asimismo diputados,
regidores y políticos del partido Libertad y Refundación, LIBRE.
Al llegar al parque Central, se
desarrolló un plantón para dar lectura a los discursos políticos, cuando
estaba por culminar la participación del ex presidente Manuel Zelaya
Rosales, la Policía Preventiva empezó a lanzar bombas lacrimógenas sobre
la plaza y la represión cobró fuerza.
La gente salió corriendo para buscar
refugio, mientras que los uniformados lanzaron gas y empezaron a
perseguir a un grupo de jóvenes que en señal de autodefensa empezaron a
lanzar piedras.
Varias personas resultaron afectadas por los efectos del gas, en una represión que duró más de treinta minutos.
De esa forma y bajo un ambiente de
violación a los derechos humanos culminó una nueva protesta por la
exigencia de una verdadera independencia para el país.
En ciudades como El Progreso y San Pedro
Sula fue reducida la participación de la ciudadanía, mientras que en
Tocoa y Tela la demanda de las organizaciones giró entorno a la
cancelación de concesiones otorgadas por el gobierno a empresas que
están contaminando y privatizando ríos, además de la deforestación de
los blosques.
Honduras. Corredor Seco y baratela pública
Por Javier SuazoKAOS EN LA RED - Publicado en: 25 agosto, 2018
¿por qué se llegó a la situación actual, donde miles de familias
enfrentan riesgo permanente de inseguridad alimentaria y pobreza?
“El problema del agro hondureño es que
los actores reales se corrompieron, y abandonaron la lucha agraria por
limosnas y el silencio en una alcaldía, diputación o puesto público”.
Marco Virgilio Carias
Se estima que los afectados en el Corredor Seco
Centroamericano suman más de 3.5 millones de personas (FAO: 2018),
asentadas en países principalmente del Triángulo Norte (Honduras,
Guatemala y el Salvador). Es un problema agravado por la falta de
lluvias, disponibilidad de alimentos y pobreza estructural que enfrentan
las familias rurales, en especial los campesinos sin tierra,
minifundistas y los trabajadores (as) estacionales. Un grupo de mayor
vulnerabilidad son las mujeres jefas de hogar, con problema de acceso a
tierra y demás activos productivos, empleos dignos y protección social
para sus hijos.
Aunque las soluciones planificadas ameritan del
concurso de todos, incluyendo a organizaciones campesinas y de mujeres,
se sigue pensando en la compensación social focalizada-burocrática como
la principal estrategia para enfrentar la pobreza extrema e inseguridad
alimentaria, sin considerar opciones alternativas como la entrega masiva
de tierras productivas no utilizadas a los campesinos de cada país,
municipio, región y departamento, la revisión, ajuste o derogación del
RD-CAFTA que vuelve a las economías de la región dependientes y mendigas
alimentarias y la priorización de programas y proyectos de inversión en
sectores dinámicos como el forestal, industrial y agroalimentario,
generadores netos de ingresos, empleos y alimentos.
En el caso de Honduras, el gobierno de la República
declaró emergencia nacional para enfrentar la sequía que afecta familias
localizadas en el llamado “Corredor Seco” del país. Es una intervención
recurrente del Ejecutivo frente a los problemas de baja producción,
inseguridad alimentaria y pobreza que enfrentan las familias rurales,
atribuidos al cambio climático. Antes del Golpe de Estado (junio 2009),
los (as) afectados por las sequías se estimaban en 3,800 familias (SAG:
2009), pero hoy se habla de 65,000 familias localizadas en 74 municipios
de siete (7) departamentos del país; o sea, el problema es mucho mayor
ya que la población a atender se multiplicó por más de 1600%.
Una de las preguntas sin respuesta por las
autoridades de gobierno y funcionarios y técnicos de agencias de
cooperación internacional, es ¿por qué se llegó a la situación actual,
donde miles de familias enfrentan riesgo permanente de inseguridad
alimentaria y pobreza?
Una explicación es que la crisis alimentaria se
atribuye no solo a la irregularidad (retrasos) en el régimen de lluvias
que afecta las fuentes de agua, los cultivos y la producción, sino
también por los escasos recursos para inversión productiva, la baja
productividad agrícola y la situación de pobreza y riesgo social de las
familias localizadas en zonas de menor desarrollo. A ello se suma, la
corrupción (véase la “olla de Pandora”, donde más de 200 millones de
lempiras destinados al agro fueron desviados a bolsillos de políticos y
funcionarios corruptos), y el mal manejo de la ayuda alimentaria.
El gobierno para enfrentar la crisis alimentaria por
la baja producción agrícola, recorre a políticas de compensación social
(ejemplo: bono solidario productivo) y entrega de raciones alimentarias,
acompañado de la construcción de pequeñas obras de riego y
almacenamiento de aguas-lluvias, muchas de las cuales, como los
reservorios de agua, resultan insuficientes. Estas medidas son
paliativos a la crisis, las cuales se descontinúan una vez que el cambio
climático es menos severo.
El gobierno y ciertas agencias cooperantes dicen muy
poco de los impactos negativos que tiene el RD-CAFTA en la producción
agroalimentaria hondureña, donde gran parte de esta producción (granos
básicos principalmente) ha sido sustituida por importaciones al bajarse
(no pagarse) los aranceles. Esta situación se agravará a futuro, al
eliminarse los aranceles a productos como el maíz y arroz, por lo que la
producción de bienes salarios (generada por pequeños productores)
estará desprotegida totalmente. La crisis alimentaria generada, en parte
por la liberalización comercial, curiosamente, es un aliciente para
aumentar el monto de las importaciones de granos por la agroindustria,
tal como ha sido denunciado por productores de granos básicos de la
Costa Norte de Honduras. De acuerdo a cifras que manejan los
agroindustriales, Honduras debe importar solo en arroz 3.3 millones
quintales para suplir la demanda interna.
El decreto de emergencia aprobado por el gobierno en
Consejo de Ministros, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018,
contempla la asignación de 100 millones de lempiras para atender a las
familias afectadas, aumento de raciones alimenticias otorgadas por el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la canalización de créditos para
las siembras de postrera y la conformación de una Fuerza Tarea
multiinstitucional para enfrentar la sequía y crisis alimentaria. Se
contempla agilizar la aprobación de 52 millones de dólares para ejecutar
y ampliar proyectos de riego, varios de los cuales están fuera del
Corredor Seco, con el objeto de aumentar la producción de granos y
alimentos en el país.
La otra pregunta sin respuesta aún por el gobierno,
es ¿cuándo se aprobará un nuevo decreto de emergencia para atender las
familias localizadas en el Corredor Seco? En 2014, según el Comisionado
de los Derechos Humanos, se aprobó un decreto igual, por lo cual,
deberíamos esperar que en 2022 se apruebe otro decreto parecido, o sea
destinado a enfrentar la crisis alimentaria de las familias asentadas en
estos municipios con medidas compensatorias, especialmente con fondos
de transferencias monetarias condicionadas (TMC) autorizados por el FMI.
El gobierno de la República no cree en la
planificación de mediano y largo plazo, incluyendo la planificación
sectorial. La lección del FMI es que hay que achicar el Estado ya que el
Mercado es sabio. La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
todavía no cuenta con un Plan de Desarrollo del Sector Agroalimenrtio
2018-2022, o 2018-2030, que permita visualizar no solo las orientaciones
de política en el sector, sino también aquellas intervenciones
diferenciadas (programas, proyectos, incentivos) por regiones,
municipios y departamentos. Al parecer, sigue vigente la polica del
desarrollo del sector formulada por el gobierno del presidente Ricardo
Maduro (2002-2005), sin que se haga un intento por evaluarla y
actualizarla.
La urgencia de este plan o estrategia de desarrollo
agroalimentario se justifica por la vigencia de intervenciones
atomizadas ejecutadas por instituciones públicas, cooperantes, gobiernos
locales y organizaciones de sociedad civil, donde cada uno dice tener
la verdad y la solución del problema creciente de inseguridad
alimentaria y pobreza en los municipios del Corredor Seco que,
curiosamente, van en aumento, por lo que ya se empieza hablarse de la
Honduras Seca.
Esta práctica de “anti desarrollo” desde fuera, ha
inmovilizado a organizaciones campesinas y ambientalistas en dichos
municipios, donde varios de sus “lideres” se han sumado a las acciones
compensatorias que ejecuta el gobierno en conjunto con agencias
cooperantes. Se cuentan con los dedos las organizaciones que representan
a las familias campesinas afectadas, por lo que desde la base social no
existe un interlocutor válido, siendo sustituido por instituciones
públicas, alcaldías o agencias cooperantes.
Hay que construir una solución permanente a la crisis
alimentaria desde la base social, más allá de la compensación social
burocrática y autoritaria que ha resultado insuficiente, cara y
corrupta.
Tegucigalpa, 23 de agosto de 2018
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras: gremios empresariales y la campaña insidiosa contra defensores de la madre tierra
La ceiba 13 de septiembre de 2018.- La Asociación Hondureña de
Productores de Energía Renovable (AHER) en las últimas semanas ha
emprendido una campaña de desprestigio en contra de defensores de la
madre tierra, cargada de un odio visceral contra los que ellos dicen se
oponen a la instalación de proyectos de supuesta energía renovable. El
tono de las acusaciones nos hace recordar la cacería de brujas desatada
en la década de los 80 del siglo pasado, cuando los reclamos sociales
eran categorizados como actitudes subversivas.
Para colmo de males, el pastor y ministro de la presidencia Ebal Díaz, declaró a los medios de comunicación que “que podría existir una estrategia de fuerzas ideológicas del extranjero para boicotear la economía nacional”, dando entender con sus declaraciones un posible retorno a las prácticas de hostigamiento hacia la población civil que rechaza la destrucción de los hábitats funcionales de sus comunidades, tal como esta sucediendo en este momento con los habitantes de Guaipinol y de otras zonas del país, que se encuentran en la mira de los empresarios con intereses en la implementación de proyectos extractivos.
La campaña desatada por la AHER, señala que la actitud de defensa de la madre tierra asumida por las comunidades tiene paralizada la inversión de 265 millones de dólares. La directiva de la AHER, la Sra. Elsía Paz solicitó al gobierno “garantizar la paz en las zonas donde se desarrollaran los proyectos hidroeléctricos”, agregó además “solicito a los organismos internacionales que antes de financiar grupos organizados de violencia, audite las zonas a través de una debida diligencia de campo”.
Es muy probable que las señora Paz crea que los informes provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe de la relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli Corpus, y el de Global Wittness, entre otros, tiene el propósito de “tragiversar” la calamitosa situación que atraviesan comunidades indígenas y campesina que defienden sus territorios y formas de vida.
La sra Paz en febrero del año pasado en un tweet dirigido a Juan Orlando Hernández señaló a la Fiscalía de las Etnias como una amenaza. Paz además acusó en marzo del presente año, el abandono del país de empresarios del rubro de la energía, ante el proceso en contra del egresado de West Point, el Sr. Roberto Castillo procesado por el asesinato de Berta Cáceres.
Es indudable que se viene dando una ofensiva en contra de la líder asesinada Berta Cáceres y de organizaciones indígenas y ambientalistas defensoras de sus territorios y la madre tierra, con el propósito de lograr desvincular a militares y empresarios involucrados en el asesinato.
Los miembros de la AHPER poseen una visión desfasada en cuanto a la viabilidad de sus proyectos ya que descartan los efectos del cambio climático y la muy posible disminución de precipitaciones pluviales especialmente en las zonas centro y sur del país. El Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL han efectuado proyecciones sobre las consecuencias del cambio climático en la producción de energía hidroeléctrica en América Latina.
Definitivamente el siglo XXI es el de la energía solar y eólica. Tanto las termoeléctricas como las hidroeléctricas son formas obsoletas de producción de energía. Casos come el desplome en Laos de la represa Xepian-Xe Nam Noy, acontecida el pasado julio, y la actual crisis de Hidroituango en Colombia, son indicadores de los enormes riesgos que representan las hidroeléctricas.
La AHPER envió una misiva al Congreso Nacional el pasado 12 de septiembre, en la cual exigen a los diputados que se “acelere la discusión y aprobación del anteproyecto de Ley de Consulta”, elaborado por el Estado y el PNUD; documento que ha sido fuertemente criticado por la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la Sra Vicky Tauli-Corpuz, la cual fue enfática en señalar en sus observaciones sobre el anteproyecto, que no se apega a estándares internacionales en materia de derecho indígena.
Todo parece indicar que los integrantes de AHPER claman por el derramamiento de sangre con el propósito de aterrorizar las comunidades. Parece ser que el asesinato de Berta Cáceres y otros lideres y liderezas es insuficiente y en nombre del desarrollo reclama al estado ofrendar más víctimas.
Rechazamos y condenamos esta criminalización y estigmatización de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
Defender la naturaleza es defender la vida¡¡¡¡
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Para colmo de males, el pastor y ministro de la presidencia Ebal Díaz, declaró a los medios de comunicación que “que podría existir una estrategia de fuerzas ideológicas del extranjero para boicotear la economía nacional”, dando entender con sus declaraciones un posible retorno a las prácticas de hostigamiento hacia la población civil que rechaza la destrucción de los hábitats funcionales de sus comunidades, tal como esta sucediendo en este momento con los habitantes de Guaipinol y de otras zonas del país, que se encuentran en la mira de los empresarios con intereses en la implementación de proyectos extractivos.
La campaña desatada por la AHER, señala que la actitud de defensa de la madre tierra asumida por las comunidades tiene paralizada la inversión de 265 millones de dólares. La directiva de la AHER, la Sra. Elsía Paz solicitó al gobierno “garantizar la paz en las zonas donde se desarrollaran los proyectos hidroeléctricos”, agregó además “solicito a los organismos internacionales que antes de financiar grupos organizados de violencia, audite las zonas a través de una debida diligencia de campo”.
Es muy probable que las señora Paz crea que los informes provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe de la relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli Corpus, y el de Global Wittness, entre otros, tiene el propósito de “tragiversar” la calamitosa situación que atraviesan comunidades indígenas y campesina que defienden sus territorios y formas de vida.
La sra Paz en febrero del año pasado en un tweet dirigido a Juan Orlando Hernández señaló a la Fiscalía de las Etnias como una amenaza. Paz además acusó en marzo del presente año, el abandono del país de empresarios del rubro de la energía, ante el proceso en contra del egresado de West Point, el Sr. Roberto Castillo procesado por el asesinato de Berta Cáceres.
Es indudable que se viene dando una ofensiva en contra de la líder asesinada Berta Cáceres y de organizaciones indígenas y ambientalistas defensoras de sus territorios y la madre tierra, con el propósito de lograr desvincular a militares y empresarios involucrados en el asesinato.
Los miembros de la AHPER poseen una visión desfasada en cuanto a la viabilidad de sus proyectos ya que descartan los efectos del cambio climático y la muy posible disminución de precipitaciones pluviales especialmente en las zonas centro y sur del país. El Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL han efectuado proyecciones sobre las consecuencias del cambio climático en la producción de energía hidroeléctrica en América Latina.
Definitivamente el siglo XXI es el de la energía solar y eólica. Tanto las termoeléctricas como las hidroeléctricas son formas obsoletas de producción de energía. Casos come el desplome en Laos de la represa Xepian-Xe Nam Noy, acontecida el pasado julio, y la actual crisis de Hidroituango en Colombia, son indicadores de los enormes riesgos que representan las hidroeléctricas.
La AHPER envió una misiva al Congreso Nacional el pasado 12 de septiembre, en la cual exigen a los diputados que se “acelere la discusión y aprobación del anteproyecto de Ley de Consulta”, elaborado por el Estado y el PNUD; documento que ha sido fuertemente criticado por la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la Sra Vicky Tauli-Corpuz, la cual fue enfática en señalar en sus observaciones sobre el anteproyecto, que no se apega a estándares internacionales en materia de derecho indígena.
Todo parece indicar que los integrantes de AHPER claman por el derramamiento de sangre con el propósito de aterrorizar las comunidades. Parece ser que el asesinato de Berta Cáceres y otros lideres y liderezas es insuficiente y en nombre del desarrollo reclama al estado ofrendar más víctimas.
Rechazamos y condenamos esta criminalización y estigmatización de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
Defender la naturaleza es defender la vida¡¡¡¡
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Almagro afirma que no se debe descartar una "intervención militar" contra Venezuela
Publicado: 15 sep 2018 02:51 GMT | Última actualización: 15 sep 2018 04:18 GMT - RT
El secretario general de la OEA hizo el
pronunciamiento desde Colombia, en una localidad vecina a la frontera
con Venezuela.
El
secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el fronterizo puente
internacional Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia, el 14 de septiembre de
2018.
Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
Luis
Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), afirmó durante su actual visita a Colombia que se deben
considerar incluso las alternativas militares para despojar a Nicolás Maduro y su Gobierno de las riendas de Venezuela.
"En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción", aseveró Almagro en una rueda de prensa en la localidad de Cúcuta, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela, según recoge NTN24.
Al pronunciarse desde el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, el secretario general añadió que la situación que vive el pueblo venezolano es resultado de las políticas del mandatario de la nación caribeña, y "hace que las acciones diplomáticas [para derrocarlo] estén en primer lugar, pero [que] no debamos descartar ninguna acción".
Bogotá ha solicitado fondos que le permitan atender la supuesta
"crisis humanitaria" de migrantes venezolanos que cruzan a territorio
neogranadino, lo que Maduro calificó de "campaña mediática" emprendida por "factores injerencistas" que pretenden justificar una acción armada en contra de Venezuela bajo el pretexto de la movilidad humana.
Previamente, Caracas denunció "planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares" contra Venezuela por parte del Gobierno de EE.UU., subrayando que los mismos medios norteamericanos señalan a la Administración de Donald Trump de estar involucrada en un plan para perpetrar un golpe de Estado contra Maduro.
"En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción", aseveró Almagro en una rueda de prensa en la localidad de Cúcuta, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela, según recoge NTN24.
Al pronunciarse desde el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, el secretario general añadió que la situación que vive el pueblo venezolano es resultado de las políticas del mandatario de la nación caribeña, y "hace que las acciones diplomáticas [para derrocarlo] estén en primer lugar, pero [que] no debamos descartar ninguna acción".
Previamente, Caracas denunció "planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares" contra Venezuela por parte del Gobierno de EE.UU., subrayando que los mismos medios norteamericanos señalan a la Administración de Donald Trump de estar involucrada en un plan para perpetrar un golpe de Estado contra Maduro.
Gobierno de Venezuela denunciará ante ONU a Luis Almagro
| CUBADEBATE
A
través de la red social Twitter, Delcy Rodríguez acusó a Almagro de
‘atentar contra la paz de América Latina y el Caribe’. Foto: Prensa
Latina
A través de la red social Twitter, acusó a Almagro de ‘atentar contra la paz de América Latina y el Caribe’.
‘Venezuela denunciará ante la ONU y otras instancias internacionales a Almagro, quien de forma vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General de la OEA, por promover la intervención militar en nuestra Patria y atentar contra la paz de América Latina y el Caribe!’, escribió Rodríguez.
Asimismo, acusó al funcionario de pretender ‘revivir los peores expedientes de injerencia armada imperialistas en nuestra región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA’
Las acusaciones de las autoridades venezolanas tienen como base unas declaraciones realizadas por el máximo representante de la OEA, este viernes, en una rueda de prensa que dio en el lado colombiano del puente binacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela.
‘En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción’, manifestó Almagro.
Los reiterados anuncios de un posible ataque militar contra la Revolución bolivariana se acrecientan en los últimos tiempos por parte de los Gobiernos de los Estados Unidos, Unión Europea y sus aliados en la región, quienes desconocen la legitimidad de los poderes electos por el pueblo, en aras de socavar las instituciones y plagarlas de tutela extranjera.
(Con información de Prensa Latina)
"Atentar contra Venezuela es atentar contra América Latina"
Evo condena llamado de Almagro a intervención militar en Venezuela
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó ayer el llamado del
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, a una intervención militar en contra del gobierno de Nicolás
Maduro, en Venezuela.
En un mensaje de su cuenta de Twitter, el mandatario también denunció que Almagro se haya alineado a la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, que pidió no descartar una opción militar para “resolver la crisis” venezolana.
Condenamos el llamado de Luis Almagro a una intervención militar contra el hermano Nicolás Maduro. Así confirma que dejó de ser secretario general de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Trump, escribió.
Asimismo, reiteró su respaldo a la soberanía de los pueblos de la región, y especialmente del país bolivariano.
Atentar contra Venezuela es atentar contra América Latina, sentenció.
La víspera, el titular de la OEA visitó la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, ocasión en la que acusó al gobierno venezolano de violaciones de los derechos humanos y de “impulsar una emigración masiva”.
En una rueda de prensa luego de este momento, expresó: “Sobre la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, yo creo que no debemos descartar ninguna opción”.
En un mensaje de su cuenta de Twitter, el mandatario también denunció que Almagro se haya alineado a la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, que pidió no descartar una opción militar para “resolver la crisis” venezolana.
Condenamos el llamado de Luis Almagro a una intervención militar contra el hermano Nicolás Maduro. Así confirma que dejó de ser secretario general de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Trump, escribió.
Asimismo, reiteró su respaldo a la soberanía de los pueblos de la región, y especialmente del país bolivariano.
Atentar contra Venezuela es atentar contra América Latina, sentenció.
La víspera, el titular de la OEA visitó la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, ocasión en la que acusó al gobierno venezolano de violaciones de los derechos humanos y de “impulsar una emigración masiva”.
En una rueda de prensa luego de este momento, expresó: “Sobre la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, yo creo que no debemos descartar ninguna opción”.
New York Times vs. ABC, la pugna interna en EEUU por Venezuela llega a los medios
Septiembre 12 de 2018, 2:00 am - MISIÓN VERDAD
La
publicación de un artículo de opinión por parte del "periodista" Emili
J. Blasco pareciera confirmar la maniobra en los pasillos profundos del
poder estadounidense de exponer los intentos fallidos que la
Administración Trump ha hecho en función de cumplir con la agenda en
común que tiene en la región latinoamericana con neoconservadores que lo
adversan: eliminar toda influencia política del chavismo y revertir la
integración regional en beneficio del caos neoliberal.
Este documento, publicado por el medio español ABC, apunta a que sería un funcionario interno quien filtró la información que, días anteriores, sacó The New York Times (NYT) sobre conversaciones de Estados Unidos con militares golpistas venezolanos. El objetivo, según Blasco, es "torpedear la línea dura mantenida por Trump hacia el régimen chavista y forzar al presidente estadounidense a volver a la línea de diálogo mantenida durante la era Obama".
Utilizando el recurso de las fuentes anónimas, señala al diplomático Mike Fitzpatrick, actual subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, como "posible responsable de la filtración" y hace referencia a los vínculos de esta figura pública con el ex secretario de Estado interino de EEUU, Thomas Shannon, quien se aproxima a esa supuesta línea del diálogo asociada a grupos demócratas, por apoyar los espacios de diálogo que el Estado venezolano impusiera a la oposición nacional a finales del año pasado.
En 2012, se valió de la cobertura del delicado estado de salud del Presidente venezolano para diseñar una operación mediática que mellara la confianza de la población en la figura de Chávez en el período de elecciones presidenciales.
Blasco ganó el premio "Vocento de Comunicación" por esas publicaciones. Además, la fama ganada le sirvió para escribir libro El Bumerán Chávez: los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Sin abandonar su agenda personal contra el chavismo, en 2015 motorizó las falsas pruebas que acusaron a Diosdado Cabello de ser el líder del "Cartel de los Soles" y el supuesto narcotraficante estrella de todo el continente.
La crisis estructural que vive la esfera del poder institucional estadounidense es reflejada en una recriminación contradictoria: las incursiones en la guerra, rasgo fundamental de todo presidente norteamericano, se proyectan en Trump como algo extraordinario. La causa fundamental es que la administración de Washington ha, moderadamente, reconocido la influencia geopolítica que ganó Rusia al involucrarse en el conflicto sirio, cohesionada en su política exterior frente a la decadencia de Occidente.
Otros tratamientos poco tradicionales en zonas de influencia (caso Norcorea y México, por ejemplo) le hacen ruido al poder fáctico, atacando posiciones tibias en cuestiones nodales de carácter global, mediante el aparato mediático dominante.
Declarar la fidelidad a intereses corporativos o aplicar meticulosamente el programa beligerante de la industria militar en el resto del planeta no son elementos suficientes para esquivar los efectos de materializar el primer encuentro de un presidente estadounidense con un líder norcoreano. Estos casos, por muy tímidos que sean, inquietan y preocupan a una fracción del Estado profundo.
El capítulo que se abre involucrando a Venezuela, un país que se cotiza alto en los objetivos de las fuerzas que chocan dentro del Estado norteamericano, toma sustancia con la intervención de Blasco. Este tiene, en los datos aportados, muy bien ubicado el perfil del supuesto "topo" dentro del Departamento de Estado.
Michael Fitzpatrick ha fungido como portavoz parcializado en los contados acercamientos de su país con Venezuela. Si bien sus declaraciones no se alejan mucho de la agenda oficial que presiona la salida de Maduro con bloqueos y sanciones, en la nota se le relaciona con el alto funcionario Shannon, quien "como alto cargo del Departamento de Estado hasta febrero de 2017 (…) fue el máximo promotor del diálogo con Venezuela que protagonizó Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España".
Esta asociación construye el relato de un sector que contiene las pretensiones militares en la región, prefiriendo las rutas diplomáticas de acercamiento. Blasco descalifica categóricamente la suposición circunstancial de modificar el tono incriminatorio y de "mano dura" hacia Venezuela, argumentando que eso sólo serviría para intensificar "la dictadura y la represión" y acentuar la "crisis humanitaria" en el país.
En el camino de adjudicarle a los demócratas la culpa de flexibilizar las condiciones de negociación con el régimen venezolano, niega a propósito al directorio de Nicolás Maduro como el verdadero responsable de los canales de diálogo que se han producido entre Washington y Caracas, además en clara situación de desventaja para la primera parte.
Así fue que ocurrió, recién electo para el mandato presidencial de 2018, la reunión de Maduro con el Senador Bob Corker, buscando capitalizar una victoria política con la liberación del agente de la CIA, Joshua Holt, en el marco de una denuncia hecha contra el ex encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, quien estableció contacto con golpistas del sector militar y que derivó en su expulsión inmediata del país.
Este encuentro, gestionado por el Estado venezolano, dejó en evidencia la pobre capacidad del Departamento de Estado para mantener una narrativa unificada con respecto a la desaprobación a la institucionalidad del país. Ahora los arquitectos del caos que imperan alrededor de la Administración Trump, hacen gala de la desmemoria selectiva utilizando esta y otras victorias del chavismo en los procesos de diálogo para restablecer el orden político interno, como insumo de campaña que descoloque las decisiones en asuntos exteriores que toma el presidente y que garantice su salida del despacho oval.
Ocurre, entonces, que el operador de la ABC interviene allí donde las decisiones tomadas con respecto al país venezolano quedan mal paradas, lavando la cara pública de Estados Unidos. Para ello cita a las fuentes que aseguran que el contacto con militares venezolanos no fue iniciado por el gobierno norteamericano. "El gobierno de Trump accedió a reunirse para tener información, pero en ningún momento se comprometió a prestar ayuda, ni siquiera la de aportar material para la transmisión de mensajes cifrados", afirmó Blasco.
Material difundido por el portal de Bloomberg refuta esa tesis, al mostrar que las reuniones de militares disidentes de la FANB fueron coordinadas por Estados Unidos junto al apoyo de Colombia. Los recurrentes llamados al sector de la defensa nacional por parte de funcionarios públicos como Rex Tillerson y Marco Rubio a forzar un cambio de régimen antes de la concreción electoral del 20 de mayo, también reduce ese flojo argumento de la "mera actitud de escucha" que, según Blasco, tuvo la participación estadounidense en el fallido golpe de Estado.
En todo caso, la evidencia aquí tiene un propósito que supera las fronteras de lo obvio. No es denunciar las operaciones de desestabilización en el país y el resto de los gobiernos del continente por intereses transnacionales, sino emplear esos insumos para instigar el enfrentamiento interno contra el ocupante de la Casa Blanca.
Para colocarlo en dos platos: NYT responde al Partido Demócrata y a la élite neoliberal que adversa a Trump. Con su filtración, boicoteó una operación secreta que buscaba lograr un golpe de Estado en Venezuela, para seguir proyectando mediáticamente la incapacidad de Trump. Ante esto, el infomercenario Emili J. Blasco ataca a los demócratas (jefes políticos del NYT) colocándolos como gestores del diálogo, y por ende de la "oxigenación de la dictadura", para validar la "mano dura" de Trump y una acción de fuerza.
Pero lo cierto es que las dos élites enfrentadas en Estados Unidos desean el socavamiento de la Revolución Bolivariana, así que la discusión en torno a los métodos es más bien una estrategia empleada para restarle fuerza al otro y así capitalizar políticamente una acción alocada que deje todo el crédito a un solo sector.
Lo que sí es cierto es que el gobierno venezolano ha sabido darle lectura a los mecanismos alternos de intereses foráneos de empujar a la insurrección en el seno militar, desactivando rigurosamente los conatos de golpismo. Esta movida le deja la tarea en casa al enemigo de operar en el inestable margen de gobernabilidad, producto de la camorra armada por el establishment norteamericano.
Este documento, publicado por el medio español ABC, apunta a que sería un funcionario interno quien filtró la información que, días anteriores, sacó The New York Times (NYT) sobre conversaciones de Estados Unidos con militares golpistas venezolanos. El objetivo, según Blasco, es "torpedear la línea dura mantenida por Trump hacia el régimen chavista y forzar al presidente estadounidense a volver a la línea de diálogo mantenida durante la era Obama".
Utilizando el recurso de las fuentes anónimas, señala al diplomático Mike Fitzpatrick, actual subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, como "posible responsable de la filtración" y hace referencia a los vínculos de esta figura pública con el ex secretario de Estado interino de EEUU, Thomas Shannon, quien se aproxima a esa supuesta línea del diálogo asociada a grupos demócratas, por apoyar los espacios de diálogo que el Estado venezolano impusiera a la oposición nacional a finales del año pasado.
Blasco y la propaganda contra Venezuela
Hay que detenerse y averiguar sobre el autor de la nota. Emili J. Blasco, corresponsal en Berlín y después en Washington de la ABC, medio corporativo español de influencia global que ha intensificado la propaganda contra el país desde que tomara el mando el presidente Nicolás Maduro. Fue el autor de una violenta campaña necrófila durante el último año de vida de Hugo Chávez.En 2012, se valió de la cobertura del delicado estado de salud del Presidente venezolano para diseñar una operación mediática que mellara la confianza de la población en la figura de Chávez en el período de elecciones presidenciales.
Blasco ganó el premio "Vocento de Comunicación" por esas publicaciones. Además, la fama ganada le sirvió para escribir libro El Bumerán Chávez: los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Sin abandonar su agenda personal contra el chavismo, en 2015 motorizó las falsas pruebas que acusaron a Diosdado Cabello de ser el líder del "Cartel de los Soles" y el supuesto narcotraficante estrella de todo el continente.
Conspiraciones que clarifican el estado actual de la política en Washington
Continuando con las informaciones que arroja el texto, Blasco se hace eco de la conspiración filtrada que narra el NYT, suministrando datos que aumentan la paranoia en el seno de un conflicto que inició con la postulación presidencial de Donald Trump y que tendrá su etapa cumbre en las elecciones de medio término que se celebrarán este 2018.La crisis estructural que vive la esfera del poder institucional estadounidense es reflejada en una recriminación contradictoria: las incursiones en la guerra, rasgo fundamental de todo presidente norteamericano, se proyectan en Trump como algo extraordinario. La causa fundamental es que la administración de Washington ha, moderadamente, reconocido la influencia geopolítica que ganó Rusia al involucrarse en el conflicto sirio, cohesionada en su política exterior frente a la decadencia de Occidente.
Otros tratamientos poco tradicionales en zonas de influencia (caso Norcorea y México, por ejemplo) le hacen ruido al poder fáctico, atacando posiciones tibias en cuestiones nodales de carácter global, mediante el aparato mediático dominante.
Declarar la fidelidad a intereses corporativos o aplicar meticulosamente el programa beligerante de la industria militar en el resto del planeta no son elementos suficientes para esquivar los efectos de materializar el primer encuentro de un presidente estadounidense con un líder norcoreano. Estos casos, por muy tímidos que sean, inquietan y preocupan a una fracción del Estado profundo.
El capítulo que se abre involucrando a Venezuela, un país que se cotiza alto en los objetivos de las fuerzas que chocan dentro del Estado norteamericano, toma sustancia con la intervención de Blasco. Este tiene, en los datos aportados, muy bien ubicado el perfil del supuesto "topo" dentro del Departamento de Estado.
Michael Fitzpatrick ha fungido como portavoz parcializado en los contados acercamientos de su país con Venezuela. Si bien sus declaraciones no se alejan mucho de la agenda oficial que presiona la salida de Maduro con bloqueos y sanciones, en la nota se le relaciona con el alto funcionario Shannon, quien "como alto cargo del Departamento de Estado hasta febrero de 2017 (…) fue el máximo promotor del diálogo con Venezuela que protagonizó Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España".
Esta asociación construye el relato de un sector que contiene las pretensiones militares en la región, prefiriendo las rutas diplomáticas de acercamiento. Blasco descalifica categóricamente la suposición circunstancial de modificar el tono incriminatorio y de "mano dura" hacia Venezuela, argumentando que eso sólo serviría para intensificar "la dictadura y la represión" y acentuar la "crisis humanitaria" en el país.
En el camino de adjudicarle a los demócratas la culpa de flexibilizar las condiciones de negociación con el régimen venezolano, niega a propósito al directorio de Nicolás Maduro como el verdadero responsable de los canales de diálogo que se han producido entre Washington y Caracas, además en clara situación de desventaja para la primera parte.
Así fue que ocurrió, recién electo para el mandato presidencial de 2018, la reunión de Maduro con el Senador Bob Corker, buscando capitalizar una victoria política con la liberación del agente de la CIA, Joshua Holt, en el marco de una denuncia hecha contra el ex encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, quien estableció contacto con golpistas del sector militar y que derivó en su expulsión inmediata del país.
Este encuentro, gestionado por el Estado venezolano, dejó en evidencia la pobre capacidad del Departamento de Estado para mantener una narrativa unificada con respecto a la desaprobación a la institucionalidad del país. Ahora los arquitectos del caos que imperan alrededor de la Administración Trump, hacen gala de la desmemoria selectiva utilizando esta y otras victorias del chavismo en los procesos de diálogo para restablecer el orden político interno, como insumo de campaña que descoloque las decisiones en asuntos exteriores que toma el presidente y que garantice su salida del despacho oval.
Ensamblaje extranjero de golpes de Estado: motivos para no dudar
Legitimar las acusaciones que Venezuela lleva haciendo desde principios de 2017, que sitúa a Estados Unidos como autor intelectual de acciones encubiertas dirigidas a propiciar un golpe militar, es un costo ineludible que debe pagar el oligopolio mediático para poder llevar a cabo la estrategia de desacreditación hacia la política exterior de Trump.Ocurre, entonces, que el operador de la ABC interviene allí donde las decisiones tomadas con respecto al país venezolano quedan mal paradas, lavando la cara pública de Estados Unidos. Para ello cita a las fuentes que aseguran que el contacto con militares venezolanos no fue iniciado por el gobierno norteamericano. "El gobierno de Trump accedió a reunirse para tener información, pero en ningún momento se comprometió a prestar ayuda, ni siquiera la de aportar material para la transmisión de mensajes cifrados", afirmó Blasco.
Material difundido por el portal de Bloomberg refuta esa tesis, al mostrar que las reuniones de militares disidentes de la FANB fueron coordinadas por Estados Unidos junto al apoyo de Colombia. Los recurrentes llamados al sector de la defensa nacional por parte de funcionarios públicos como Rex Tillerson y Marco Rubio a forzar un cambio de régimen antes de la concreción electoral del 20 de mayo, también reduce ese flojo argumento de la "mera actitud de escucha" que, según Blasco, tuvo la participación estadounidense en el fallido golpe de Estado.
En todo caso, la evidencia aquí tiene un propósito que supera las fronteras de lo obvio. No es denunciar las operaciones de desestabilización en el país y el resto de los gobiernos del continente por intereses transnacionales, sino emplear esos insumos para instigar el enfrentamiento interno contra el ocupante de la Casa Blanca.
Para colocarlo en dos platos: NYT responde al Partido Demócrata y a la élite neoliberal que adversa a Trump. Con su filtración, boicoteó una operación secreta que buscaba lograr un golpe de Estado en Venezuela, para seguir proyectando mediáticamente la incapacidad de Trump. Ante esto, el infomercenario Emili J. Blasco ataca a los demócratas (jefes políticos del NYT) colocándolos como gestores del diálogo, y por ende de la "oxigenación de la dictadura", para validar la "mano dura" de Trump y una acción de fuerza.
Pero lo cierto es que las dos élites enfrentadas en Estados Unidos desean el socavamiento de la Revolución Bolivariana, así que la discusión en torno a los métodos es más bien una estrategia empleada para restarle fuerza al otro y así capitalizar políticamente una acción alocada que deje todo el crédito a un solo sector.
Lo que sí es cierto es que el gobierno venezolano ha sabido darle lectura a los mecanismos alternos de intereses foráneos de empujar a la insurrección en el seno militar, desactivando rigurosamente los conatos de golpismo. Esta movida le deja la tarea en casa al enemigo de operar en el inestable margen de gobernabilidad, producto de la camorra armada por el establishment norteamericano.
Al cierre de esta publicación, NYT publicó una nota editorial
afianzando su posición y afirmando que "el presidente Maduro necesita
irse, pero un golpe respaldado por Estados Unidos no es la respuesta",
reafirmando su postura de choque contra las gestiones del actual
gobierno estadounidense.
El senador Marco Rubio, expuesto por la
filtración del medio neoyorquino, tildó de estúpida la publicación. De
esa forma confirmó que a través de Venezuela también se narra la disputa
a muerte de las élites estadounidenses.
