Honduras: Libre responsabiliza al gobierno Hernández del asesinato de estudiantes
“Los
vídeos que circulan públicamente de la captura de los jóvenes
estudiantes, quienes fueron sustraídos ilegalmente y por la fuerza,
responden a las características de los escuadrones de la muerte...”,
indica el comunicado de Libre, principal partido político de oposición
en Honduras; aquí, publicación literal de la postura.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
COMUNICADO
ESCUADRONES DE LA MUERTE QUE ASESINARON A LOS ESTUDIANTES ESTÁN BAJO LAS ÓRDENES DEL RÉGIMEN DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.
Frente
a la escalada criminal de grupos paramilitares que operan al servicio
del régimen ilegal de Juan Orlando Hernández, expresamos nuestro total
repudio y denunciamos la oprobiosa impunidad con la que operan y
mantienen como rehén al Estado hondureño:
Los
escuadrones de la Muerte continúan operando como parte de la política
de Estado que impulsa la tiranía de Juan Orlando Hernández, quien en
este momento encubre el secuestro y el vil asesinato de los jóvenes
estudiantes del Instituto Técnico Honduras que unos días atrás
protestaron por los altos precios del transporte.
Los
vídeos que circulan públicamente de la captura de los jóvenes
estudiantes, quienes fueron sustraídos ilegalmente y por la fuerza,
responden a las características de los escuadrones de la muerte, cuya
existencia hemos denunciado por varios años, sin que las pseudo
autoridades hayan tenido al menos un gesto para investigar estos hechos.
1. Exigimos el desmantelamiento público e inmediato de los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares
2.
La aprehensión inmediata, juzgamiento y condena de los autores
materiales e intelectuales del asesinato de los jóvenes estudiantes del
Instituto Técnico Honduras, (militares y policías de cúpula del gobierno
saben quiénes son).
3. Investigación independiente formada por personalidades fuera del ámbito gubernamental, dirigido por Alto Comisionado de NNUU.
4. Suspensión de los organismos de cúpula de policía, y militares por considerarlos cómplices silenciosos, de estos crímenes, mientras se realiza la investigación.
Responsabilizamos
a Juan Orlando Hernández, quien en su condición de jefe del régimen
opresor, sostenido bajo el imperio de la fuerza, deviene obligado a
respetar códigos y tratados internacionales que mandan el irrestricto
respeto a la vida de nuestros compatriotas, y castigar los crímenes
contra la humanidad.
LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS PRESOS POLÍTICOS
Tegucigalpa MDC 1 de septiembre de 2018.
JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES
Presidente Constitucional
2006-2010
Coordinador General
Manuel Zelaya: Escuadrones de la muerte asesinaron a los estudiantes del ITH
Asimismo, afirma que existe una escalada de grupos paramilitares. Además, el comunicado señala que estos grupos “operan al servicio del régimen ilegal de Juan Orlando Hernández”.
A criterio de Zelaya, el estado “en este momento encubre el secuestro y el vil asesinato de los jóvenes del Instituto Técnico Honduras (ITH)”.
El expresidente Zelaya hace mención de los vídeos que circulan públicamente de la captura de los dos jóvenes. En el cual, se observan supuestos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En consecuencia LIBRE exige “el desmantelamiento público e inmediato de los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares”.
Del mismo modo, la aprehensión inmediata, juzgamiento y condena de los autores materiales e Intelectuales del asesinato de los jóvenes estudiantes del ITH. A juicio del coordinador de LIBRE “los militares y polleras de cúpula del gobierno saben quiénes son”.
Por otra parte, solicitan una investigación independiente formada por personalidades fuera del ámbito gubernamental. Lo anterior, dirigido por Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Cadáveres de la Montañita evidencian resurgimiento de escuadrones de la muerte (vídeo)
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Con la aparición de estos dos estudiantes en el sector de la Montañita
donde aparecieron 16 cuerpos en los años 80 de los que eran luchadores
sociales en aquel entonces, dijo Gilberto Ríos del movimiento social y
político Los Necios.
Ahora
claramente nos vemos enfrentados a una política de seguridad del
Estado, además de la clara participación de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) que ha sido señalada por los medios de
comunicación y las redes sociales.
A
criterio de Ríos, la forma en que ha salido a defenderse la ATIC, es
pobre porque en vez de anunciar una investigación a lo interno, ha
salido a culpar a la oposición política y social del país.
Nota relacionada Escuadrones de la Muerte es una vieja práctica
Esto
es grave, señaló Ríos quien señaló que se le suma el asesinato del
estudiante universitario en San Pedro Sula, donde supuestamente estaría
involucrada la DPI y no se han esclarecido los hechos.
Como
no tenemos institucionalidad en Honduras, acudimos a la sede regional
de las Naciones Unidas donde además se está apoyando un dialogo falso y a
la par de este se están dando asesinatos de jóvenes en el país y se ha
evidenciado más desde la semana recién pasada, dijo Gilberto Ríos del
movimiento social y político Los Necios.
Vea la entrevista completa…
Patrones de ejecución extrajudicial en Honduras 12 años después de la Sentencia Cuatro Puntos Cardinales
Por: Wendy Funes/Asociación de Jueces por la DemocraciaRegistros estadísticos indican que entre los años 2010 y el 2016, alrededor de 1,200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas, dice un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Tegucigalpa.
– Desde 1998, la organización no estatal Casa Alianza viene denunciando
la existencia de escuadrones de ejecución sumaria o extrajudicial y/o
arbitraria en Honduras.
A
la voz de denuncia de Casa Alianza se han ido sumando diferentes
sectores. En 2002, la Dirección de Medicina Forense hizo un estudio
sobre el patrón de este tipo de muertes; la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Cuatro Puntos Cardinales,
describe la forma en que la policía nacional ejecutó sumaria o
extrajudicialmente a cuatro jóvenes.
Desde
inicios de la actual década, diversos actores de la oposición política
de Honduras denuncian que hay escuadrones de ejecución sumaria.
Con
el paso del tiempo, según las fuentes consultadas, los patrones de los
agresores se han ido haciendo más organizados, según se puede analizar
en las escenas del crimen, tienen mayor experiencia criminal; carros más
fuertes y de modelos recientes, siempre sin placa; usan indumentaria
policial ya sea falsa y/u oficial, tienen acceso a planificación,
logística, rutas de escape, complicidad en los entes estatales, armas
sofisticadas y lo más importante para seguir operando: impunidad.
Del
carro gris y el carro rojo que atacaba a jóvenes en las esquinas, se ha
pasado al etiquetamiento o estigmatización de las futuras víctimas, de
su rol o de los territorios que habitan, criminalización, vigilancia,
allanamiento, secuestro, tortura, asesinato y en algunos casos marcas
distintivas en los cuerpos que bien podría ser una firma criminal que
permite la impunidad como el embalaje de cadáveres en determinados tipos
y colores de bolsas o sacos.
Persisten
las manos maniatadas, los bozales en la boca, las señales de
sometimiento de las víctimas y los tiros de gracias y los disparos de
contacto, es decir, cerca del cuerpo, según los dictámenes forenses.
Otro
elemento del modus operandi es el discurso justificante de la ejecución
de jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables que se reproduce de
manera invariable en los medios masivos de comunicación cuya visión es
reduccionista, con lenguaje hegemónico y siempre parcializado con el
poder público.
Perfil de las víctimas seleccionadas
También
ha ido variando la lista de características de las víctimas. A inicios
de los 90, el perfil era contra jóvenes relacionados, por el Poder
Público, con maras y pandillas y con la evolución de los crímenes de
Estado, ya sea por omisión o acción, se han convertido en víctimas de
este delito, abogados, periodistas, funcionarios que denunciaban e
investigaban irregularidades, estudiantes de movimientos estudiantiles
de secundaria o de las universidades, indígenas, campesinos, activistas
críticos, miembros de la diversidad sexual, defensoras de derechos
humanos e invariablemente la juventud en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre
las víctimas, los Hechos Probados del Caso Servellón García y otros vs.
Honduras, del 21 de septiembre de 2006, llamado también Cuatro Puntos
Cardinales porque los cuerpos aparecieron dispersos en varios puntos de
la capital de Honduras, describen:
“Ese
contexto de violencia se materializa en las ejecuciones extrajudiciales
de niños y jóvenes en situación de riesgo, por parte tanto de agentes
estatales como de terceros particulares. En ese último caso, la
violencia se da, entre otros, al interior de las pandillas juveniles o
entre pandillas rivales o como consecuencia de la actuación de supuestos
grupos clandestinos de limpieza social”.
“La
violencia ha obedecido a un patrón común en relación con: a) las
víctimas, que son niños y jóvenes en situación de riesgo; b) la causa de
las muertes, que son ejecuciones extrajudiciales caracterizadas por la
extrema violencia, producidas por armas de fuego y armas blancas, y c)
la publicidad de los crímenes, ya que los cuerpos de las víctimas quedan
expuestos a la población”.
“A
principios de los años 90, y en el marco de la respuesta estatal de
represión preventiva y armada a las pandillas juveniles, pasa a existir
un contexto de violencia ahora marcado por la victimización de niños y
jóvenes en situación de riesgo social, identificados como delincuentes
juveniles causantes del aumento de la inseguridad pública. Las muertes
de jóvenes sindicados como involucrados con “maras” o pandillas
juveniles se tornaron cada vez más frecuentes entre 1995 y 1997. Así,
por ejemplo, entre los años 1995 a 2002 murieron violentamente al menos
904 menores”, dice esta sentencia.
Registros
estadísticos indican que entre los años 2010 y el 2016, alrededor de
1,200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas, de los
cuales, el 52% eran de secundaria mientras que el 13,5% universitarios,
dice un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos.
Escuadrones de la Muerte es una vieja práctica
Por: Oscar Miguel Marroquín
Militares de alto rango, gobierno y empresa privada son el cerebro de los escuadrones de la muerte.
Los
primeros se dedican a reclutar dentro del ejército o policía a
elementos dispuestos a ganar algún dinero extra, por el trabajo
extrajudicial realizado, es decir, secuestro y posterior asesinato de la
o las victimas previamente identificadas como dirigentes de huelgas o
movimientos sociales en contra del gobierno.
El
gobierno se encarga de proporcionar información exacta de las posibles
víctimas, información que es obtenida del sistema de inteligencia y
proporcionada a militares de mucha confianza para la planificación de
las ejecuciones.
Generalmente
empresarios y banqueros de ultraderecha también ponen su cuota en estas
acciones, donan fuertes cantidades de dinero a los militares para la
compra en ocasiones de armas y explosivos, además, para pagar a los
ejecutores de las víctimas.
Los
medios de comunicación en manos de la oligarquía nacional también
participan del festín de la muerte, es decir, son quienes se encargan
del trabajo ideológico que permita hacer creer a la sociedad que las
víctimas son delincuentes, drogadictos o asesinos, con esto intentan
ganar en el imaginario colectivo la idea de que los victimarios al haber
asesinado a los posibles delincuentes le hicieron un favor a la
sociedad.
Por
eso es por lo que la niña Soad Bustillo asesinada hace tres años, es
inmediatamente asociada por la prensa con maras; Mario Enrique Suárez
Gómez y Gerson Daniel Meza Medina fueron víctimas recientemente de los
Escuadrones de la Muerte, casi de inmediato una vez más la prensa
oligárquica intenta sin conseguirlo, colocar ante la sociedad a estos
dos jóvenes como posibles delincuentes.
Con
estos asesinatos la oligarquía y el gobierno buscan matar dos pájaros
de un tiro, es decir, sembrar el terror dentro de los sectores
opositores o sindicales según sea el caso, pero, además, buscan eliminar
físicamente a quienes se atreven a confrontar políticas de gobierno
consideradas impropias para la sociedad o sectores de esta.
Los
Escuadrones de la Muerte son una vieja práctica que sirvió a los
gobiernos durante muchos años en toda América Latina en un intento por
erradicar los movimientos sociales y grupos guerrilleros considerados
principalmente una amenaza para la seguridad nacional, las oligarquías
latinoamericanas proveyeron millones de dólares a los militares para la
formación de estos escuadrones.
En
conclusión, los Escuadrones de la Muerte en Honduras, simplemente ha
despertado, nunca desaparecieron han estado permanentemente vivos en la
policía y ejército esperando el llamado para su reactivación.
Ahora estos criminales ya operan en plena impunidad.
En plantón exigen una investigación exhaustiva del asesinato de 2 jóvenes del ITH
Tegucigalpa.- Representantes de las organizaciones sociales que integran el Comité Organizador del Foro Mesoamericano a realizarse en Honduras en octubre próximo, realizaron un plantón frente a la sede de las Naciones Unidas en esta capital, para exigir una investigación seria y el esclarecimiento del secuestro y posterior asesinato de los estudiantes Gerson Meza (18) y Mario Suárez (19) del Instituto Técnico Honduras (ITH).
Gerson Meza y Mario Suárez, estudiantes del ITH, fueron asesinados el pasado viernes 31 de agosto, horas después de la gran movilización convocada por la Convergencia contra el Continuismo (CCC) en el marco del Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido.
En los videos y fotografías de la captura ilegal de los estudiantes, que circularon en las redes sociales, se observa a los captores con uniformes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
A través de un comunicado, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) señaló que : Los escuadrones de la muerte continúan operando como parte de la política de estado que impulsa la tiranía de Juan Orlando Hernández, quien en este momento encubre el secuestro y el vil asesinato cometido el 30 de agosto, de los jóvenes estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH), que unos días atrás, protestaron por los altos precios del transporte.
Los videos que circulan públicamente, de la captura de los jóvenes estudiantes, quienes fueron sustraídos ilkegalmente y por la fuerza, responden a las carcterísticas de los escuadrones de la muerte, “cuya existencia hemos denunciado por varios años, sin que las pseudo autoridades hayan tenido al menos un gesto para investigar estos hechos”, detalla el comunicado.
El partido LIBRE afirmó que frente a la escalada criminal de grupos paramilitares que operan al servicio del régimen ilegal de Juan Orlando Hernández, “expresamos nuestro total repudio y denunciamos la oprobiosa impunidad con la que operan y mantienen como rehén al estado hondureño”.
El líder del movimiento social y dirigente del partido LIBRE, Gilberto Ríos, dijo a www.defensoresenlinea.com que “queda mas que claro, con la evidencia presentada por la prensa con los videos y las fotos que han circulado, que el estado es el que está tratando de frenar todo un movimiento de cambio a nivel nacional que viene desde hace más de 10 años y que comenzó su estapa de represión más fuerte con el golpe de estado, luego con los fraudes electorales y la represión a los movimientos sociales”.
Recordemos el asesinato de Bertha Cáceres y el de Margarita Murillo, y de muchos dirigentes a nivel nacional, que lo que grafica eso claramente, es que hay una élite que no permite la oposición política en Honduras y que con cada sector que se levanta; es asesinado uno de sus líderes o amedrentado o tiene que salir al exilio; es decir que vivimos en un estado de plena represión, sostuvo Ríos.
Consultado acerca del origen de esta gran represión que experimenta la ciudadanía, el dirigente del movimiento social apuntó que es claro que el país vive una influencia de Colombia, “estamos viviendo la colombianización en Honduras, recordemos lo que fue el gobierno de Uribe que tiene más de 7 mil 500 dirigentes sindicales asesinados y ahora mismo, después de los acuerdos de paz, hay más de 140 líderes sociales asesinados; lo que significa que lo que se está implementado en Honduras es colombianización y tenemos además agentes de entrenamiento e intercambio con el ejército y la policía colombiana, también está presente aquí la Dirección Administrativa de Seguridad que es el DAS de Colombia, asessorando a la Policía Nacional para justamente reprimir a los sectores de oposición.
Ríos señaló que con estas ejecuciones, ,”quieren darle un ejemplo de terror a los jóvenes, limitar la protesta pública, quieren amedrentar a las masas para que no se manifiesten en las calles; para que no se exijan los derechos y eso no lo vamos a permitir, ya tenemos varias generaciones que hemos sufrido este modelo económico, político y social y sencillamente para nosotros esto tocó fondo y no tiene más límite, por lo que no pararemos en manifestarnos , no importa lo que nos pase; necesitamos cambios, y que se vaya Juan Orlando del poder”.
CIDH otorga audiencia temática sobre los presos políticos en Honduras
Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y la Coalición contra la Impunidad, solicitaron el pasado 17 de julio la audiencia “Situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto de conflicto postelectoral en Honduras”.
La audiencia ha sido concedida por la CIDH para el 3 de octubre en el Salón “Wittemyer Courtroom”, University al Colorado Law School, de 9:00 a 10:00 de la mañana.
Durante la audiencia, las organizaciones peticionarias informaran a los Comisionados de la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos que se han documentado a raíz de la crisis post electoral, como es el caso de las personas que han sido privadas de libertad por participar en las protestas contra el fraude electoral y la reelección ilegal.
La crisis post electoral dejó en Honduras a 22 presos políticos, pero el 30 de agosto esta cifra aumentó, luego que se conociera que un juez enviara a prisión a 12 ciudadanos acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, durante las protestas que se dieron después del 26 de noviembre pasado.
Estas 12 personas fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, sumando así 34 personas privadas de libertad por razones políticas.
El régimen de Juan Orlando Hernández ha negado que existan presos políticos en Honduras y que los que están son por su participación en actos tipificados como delitos, cuando de todo es conocido que durante las protestas por el fraude electoral y la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, centenares de personas fueron detenidas de las cuales 34 han sido privadas de libertad.
La CIDH convoca a audiencias dos veces al año. El objetivo de este tipo de audiencias temáticas —solicitadas por personas u organizaciones— es poner a la Comisión al tanto de alguna problemática e instalar el debate en la agenda de los Estados y los organismos del Sistema Interamericano.
Las audiencias serán públicas.
No llamar a declarar a los Atala es una laceración a la perspectiva de búsqueda de la verdad: Copinh
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informaron a la
comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de
proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas
acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello,
a Berta Cáceres y atentar contra el ambientalista mexicano Gustavo
Castro.
Esta
audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que
dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado
varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la
información que falta, dijo Berta Zúniga Cáceres quien dio lectura al
comunicado.
Concluye,
entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de
nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque
sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de
COPINH que eran parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en
defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.
Esto,
en lo concreto, significa el rechazo del testimonio de quienes son
parte de la Junta directiva y tenían voz de mando frente a todo el
trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta
Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y
del señor Daniel Atala Midence. La “justicia” hondureña sigue sin tener
las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la
empresa.
Además,
el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que
sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado
sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso
popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los
intereses que ella adversaba, dice el informe del Copinh.
Nota relacionada A 30 meses del asesinato de Berta Cáceres, el Copinh sigue reclamando justicia
Esta
es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya
que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo
organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la
necesidad reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.
La
Corte Interamericana ha considerado que “la ejecución de un líder
sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un
individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a
asociarse libremente, sin miedo o temor”
Eso
es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura
de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de
marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su
trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.
Fuera
de los tribunales se siguen viviendo actos de racismo y de estigma
hacia la organización que hace parecer que los juzgados son el COPINH y
Berta y no los imputados: palabras criminalizantes, lenguaje sesgado y
negación a la posibilidad de entrar a presenciar la audiencia de la
lideresa del pueblo Lenca, no son actos menores.
Se
ha modificado la fecha de inicio del juicio para este 17 de septiembre
en clima de mucha hostilidad, dejando claro que el juicio será una gran
batalla en todos los ámbitos y por eso pedimos el fuerte acompañamiento
nacional e internacional que de manera concreta acompañe al COPINH
durante estos días, concluye el informe del Copinh.
COPINH pide respaldo de la comunidad diplomática en Honduras en juicio de asesinato de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
día de ayer, viernes 31 de agosto se ha hecho pública la intensión de
hacer comparecer en juicio contra los primeros procesados en la causa
Berta Cáceres a 4 miembros de la familia Atala Zablah, miembros del
Consejo de Administración de la asociación mercantil DESA (Desarrollos
Energéticos SA de CV) dueños del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.
La
petición fue presentada en la audiencia de proposición de pruebas por
la acusación privada de las hijas, madre e hijo de Berta y de COPINH,
conformados por los abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia: Víctor Fernández, Omar Mejivar, Ariel Madrid y Rodil Vásquez.
El
propósito es que comparezcan como testigos para acreditar el
tratamiento que se le daba a nivel interno de la empresa al “problema”
COPINH y Berta Cáceres que dio paso a sumir a sus empleados, gerentes y
directivos en actuaciones ilícitas que culminaron en darle muerte a la
lideresa Berta Cáceres y atentar contra la vida del compañero Gustavo
Castro en la nefasta noche del 2 de marzo de 2016.
Esta
audiencia iniciò el viernes 31, luego de múltiples atrasos y
suspensiones por el incumplimiento de entrega de información por parte
del Ministerio Público hondureño que ha obstaculizado en acceso a
información a lo que lo nuestra representación peticionó el uso de la
palabra a la coordinadora de COPINH y una de las hijas: Bertha Zúniga,
para plantear la inexistencia de condiciones para desarrollar la
proposición de pruebas y el juicio en 10 días debido a las
irregularidades denunciadas en estas últimas semanas.
Por
tanto, el COPINH hace un llamado a la comunidad diplomática en
Honduras, organizaciones sociales y de Derechos Humanos a respaldar y
hacer presencia sostenida en estos momentos críticos del proceso en los
que empieza a desenmascarase al operativo criminal que arrancó la vida
de nuestra hermana.
La
comunidad internacional con sus organizaciones de acompañamiento como:
PBI, OACNUDH, Peace Watch, entre otros y comunidad diplomática: entre
estas embajadas europeas y estadounidense han presenciado algunas de las
audiencias, pero para estos momentos llamamos a mantenerse durante el
desarrollo de toda la sesión y el proceso.
El
COPINH, familia y abogados necesitamos hoy más que nunca de la
solidaridad, respaldo para enfrentar esta nueva etapa en la búsqueda de
la justicia integral que ya ha desatado una nueva campaña de
criminalización dirigida a nuestra organización.
Audiencia de proposición de pruebas en el caso de Berta Cáceres.
Foto:COPINH
La Defensa de Sergio Rodríguez, encargado de Asuntos Ambientales
de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, se opuso en la
audiencia de proposición de pruebas que inició desde el viernes 31 de
agosto de 2018, a que Daniel Atala Midence, directivo de la empresa
hidroeléctrica, sea llamado a declarar como testigo en el caso del
crimen contra Berta Cáceres.
El COPINH denunció que en la CSJ no permitieron
que sus miembros
entraran a las audiencias a pesar que son públicas.
Foto:COPINH
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Además de Rodríguez están como imputados Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, capturados por la ATIC en el marco de la Operación “Jaguar” entre mayo de 2016 y febrero de 2017.
No quieren que se investigue a DESA
La abogada Celeste Cerrato quien junto a Jahir López son del equipo de la defensa de los involurcados, adujo que "el juzgamiento no es contra DESA, aquí quien está sentado es Sergio Rodríguez, así que deben juzgarse solo las personas que están sometidas al proceso".
Los abogados acusadores privados que representan a la familia de Berta Cáceres propusieron que se llamara como testigo a Atala Midence. El tribunal preguntó a los fiscales si esta información es cierta a lo que respondieron que “haciendo uso al derecho de reserva de la información y la secretividad en las investigaciones, no podemos pronunciarnos sobre posibles investigaciones a Daniel Atala, porque no estamos autorizados para hablar sobre investigaciones de autoría intelectual en el caso”, informó el COPINH, al finalizar este sábado parte de la audiencia de proposición de pruebas la que continuará el lunes 03 de septiembre de 208.
Otra de las pruebas solicitadas por los abogados acusadores es el análisis de los aparatos con información sobre Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, se decomisaron en los allanamientos a la hidroeléctrica DESA.
Para el abogado Omar Menjívar, quien integra el equipo de profesionales del derecho que representan a la familia de Berta Cáceres, el Ministerio Público ha sido hermético durante todo el proceso al no informarles de la evidencia que ha ido recabando, “ha soltado algunas cosas por presión, pero aún no ha entregado las ultimas pericias que ha recolectado y que lo sigue haciendo, proceso que debió concluir unos 30 días antes del juicio oral y público”.
El lunes 03 de septiembre de 2018 la parte acusadora hará las objeciones a las pruebas de la defensa de los imputados. La audiencia de proposición de pruebas continuó este sábado. Han sido largas jornadas hasta de más de 12 horas diarias.
Según una nota de prensa publicada en el sitio web del Ministerio Público “La acción promovida ante los Tribunales de la República por el delito de Asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa contra un Testigo Protegido, está sustentada jurídicamente y ha sido dirigida contra los presuntos responsables de su autoría; siendo testigos de ellos diversas organizaciones de derechos humanos que han participado como veedores en las distintas audiencias del proceso penal”.
El COPINH denunció en las últimas horas que en la Corte Suprema de Justicia donde se desarrolla el juicio, los guardias de seguridad han impedido que miembros de esta organización puedan permanecer en las audiencias a pesar de que son públicas y no se le debe limitar a nadie el acceso, y los que logran entrar son sujetos a minuciosos registros.
Recurso de abogados acusadores para que se graben audiencias
Momentos en que el abogado Rodil Vásquez presentó
el recurso en el Tribunal de sentencia. Foto:COPINH
A la derecha los imputados en el
crimen de Berta Cáceres: a Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny
Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry
Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar
Aroldo Torres Velásquez.
Foto Izquierda: The Guardian . Foto de la derecha: Proceso Digital
Para este viernes 31 de agosto de 2018 se ha programado en la Sala
de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, la
audiencia de presentación de pruebas y para el 10 de septiembre de 2018,
el inicio a juicio, oral y público en el caso del crimen contra Berta
Cáceres, defensora de derechos de pueblos indígenas , pero todo indica
que el mismo se realizará a puertas cerradas.
Cáceres fue asesinada en su casa en Colonia El Líbano, La
Esperanza, Intibucá el 02 de marzo de 2016. Hasta la fecha han sido
capturados como supuestos autores materiales Mariano Díaz Chávez,
Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin
Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson
Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
La familia en reiteradas ocasiones ha denunciado que falta la detención de los autores intelectuales señalando en ese sentido la participación de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, (DESA), en contubernio con el ejército, la policía y otros entes estatales. Pasosdeanimalgrande.com le da seguimiento al proceso judicial y para ello consultó a Berta Zúniga Cáceres, hija de la víctima, quien explicó cómo avanzan las investigaciones sobre la participación del Ministerio Público en la presentación de pruebas y el nombramiento de peritos que participarán en el juicio. A continuación la entrevista realizada a Berta Zúniga Cáceres. Pasos de Animal Grande (PAG): ¿El Tribunal ha negado la solicitud de transmisión de las audiencias en vivo? Berta Zúniga Cáceres (BZC): Para nosotros es algo extraño ya que los juicios son públicos, para la audiencia de proposición de pruebas se entiende que es público y debe de prevalecer el principio de publicidad en los juicios orales. Debe existir una veeduría nacional e internacional en el proceso y esa decisión restringe que la sociedad se dé cuenta de cómo se irá desarrollando el juicio. PAG: ¿El Ministerio Público ha dicho que no ha dado la información a la acusación privada porque pidieron los resultados de pericias que no se han realizado y que todo lo que han solicitado se encuentra en el almacén de evidencia de dicho ministerio? BZC: El Ministerio Público dijo que no había dado la información y que nosotros supimos que existía y que se mantuvo oculta durante más de un año. Hemos estado presionando para que muy específicamente nos den esa información, no sabemos cuál es la respuesta en donde se especifique dónde está el expediente en el juzgado, hasta que en la audiencia de presentación de pruebas se vaya a evacuar. El Ministerio Público con esto queda super mal, ellos revisaron cosa por cosa de dónde estaban o no estaban y ellos dijeron que no habían hecho pericia de la mayor parte de los aparatos, del arma de Mariano sí es del mismo calibre, según informe de la policía que fue a allanar el sector el mismo día, el arma de Emerson que aparentemente es el arma homicida, entonces estas son parte de las irregularidades. En esta próxima audiencia el Tribunal debió ordenar toda la evidencia, darnos la información, la tienen que poner a disposición de las partes, para ello el Tribunal había dado las fechas del 27 y 28 de agosto para que el Ministerio Público entregara la información y vimos que todavía ayer los fiscales andaban corriendo entregando papeles y para hoy ya sabremos qué es exactamente lo que ellos están entregando. PAG: ¿El Tribunal aceptó todas las solicitudes de pericias para extraer la información de los aparatos ? BZC: Ya se juramentaron cuatro peritos del Ministerio Público, un perito particular de la parte acusadora y otro de la defensa. El de nosotros es para hacer la exposición y poner la información ante Honduras, porque somos los primeros en presentar eso, sin embargo estamos a distiempo, eso empieza el viernes 31 de agosto y termina el sábado 1 de septiembre, eso no corresponde a un óptimo debido proceso, ya que se debió celebrar en un mes de este año. Se está intentando que los peritos puedan hacer un análisis un poco rápido de la información que hay y ver si tiene una utilidad probatoria, de tenerla tendríamos la oportunidad de una nueva audiencia que se llama audiencia incidental, que está entre la apertura del juicio y la realización del juicio como tal. Allí tendríamos un poco de oportunidad para recabar más pruebas pero vemos que eso sería un poco complicado, sin embargo esperamos que todo nos sirva para este proceso el hecho que ya esté la pericia y que forme parte de un expediente judicial. En todo caso, las pruebas nos podrían servir para otro proceso judicial, en el caso que se le sigue a David Castillo. A juicio PAG: Se confirman las fechas del juicio para el 10 de septiembre hasta el 19 de octubre (6 semanas). ¿Es suficiente tiempo o no para la parte acusadora? BZC: La verdad no sabemos si es bastante tiempo, debería ser suficiente, sin embargo el Tribunal expresó que tenían otros juicios pendientes que están calendarizados y que se podrán hacer otros juicios de manera paralela. Debería alcanzar el tiempo, si es que empieza realmete a la fecha. Ya se ha reafirmado que la audiencia se va a realizar el 10 de septiembre, pero vamos a ver qué pasa mañana (31 de agosto) si lo van a reafirmar. Observadores PAG: ¿Hay un grupo de observadores internacionales que hizo pública una carta enviada al Fiscal General sobre la preocupación de la falta de acceso a la información en el caso de Berta Cáceres? BZC: La causa de Berta Cáceres sigue convocando a muchos sectores a nivel internacional, hay presión para que no se dé impunidad en el caso. Hay un claro interés para una comunidad muy grande que ha hecho presión durante todo el tiempo, así que nosotros creemos que es una buena acción dedicada a observar, a ser veedores y también a analizar cómo se está desarrollando este proceso en aras de contribuir a que no haya más impunidad, que se mejoren los protocolos, el tratamiento a las víctimas, a que se resuelvan los casos emblemáticos. PAG: ¿El Bufete Amsterdam sacó otro ataque panfletario contra el COPINH en medios de prensa hondureños y dio a conocer que iban a venir al juicio? Nosotros sabíamos que ellos estaban cabildeando para traer observación internacional al proceso, sabemos que si vienen ellos es porque no encontraron en el país quién hiciera observación y el bufete ha tenido que anunciar que ellos vienen. Nosotros sabemos que ellos tienen toda una empresa pagada, que han sido pagados para desprestigiar al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para construir una narrativa diferente que desvincule a la empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), ese es su objetivo y eso es lo que van a observar durante el proceso y van a producir análisis y a raíz de eso decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que los están acusando por negligencia, entre otras cosas que vayan desligando a DESA. Ellos se están moviendo ya más agresivamente, la empresa se deja visibilizar a través de esa compañía especializada para librarse de la carga de este juicio, para nosotros evidencia mucho ya que son bufetes carísimos y que no pueden ser pagados por cualquier persona. Indicios de que Colombia prepara una agresión contra Venezuela
Cuatro movimientos dentro del tablero geopolítico de la región
se convierten en serios indicios de una probable acción militar y
operación de bandera falsa contra Venezuela, de la que el Estado
colombiano sería el principal operador.
Agosto 30 de 2018, 4:10 pm - MISIÒN VERDAD
La
velocidad de estos movimientos se la ha imprimido el regreso del
uribismo al poder, que en sus primeros veinte días de gobierno ha hecho
de Venezuela su principal centro de acción nacional e internacional.
Primer indicio: movimientos diplomáticos y magnicidio frustradoDos decisiones diplomáticas de Iván Duque dejan clara su decisión de asumir una política hostil contra Venezuela. A pocos días de haber sido electo y antes de ser investido, anunció públicamente que no designará embajador en Venezuela, en tanto Nicolás Maduro sea presidente, pues no lo reconoce como tal.Por otro lado, el martes 28 de agosto a sólo 21 días de asumir la presidencia, Duque anunció el retiro de Colombia de UNASUR, el cual se hará efectivo en seis meses. Según dijo, esta medida tomada fue tomada por su gobierno en virtud de que este organismo ha servido para avalar lo que él llama "la dictadura en Venezuela". En realidad, es presumible que la principal razón para este retiro sea la resolución del consejo de seguridad de este organismo en el año 2009, según la cual "queda proscrito, entre los Estados miembros de UNASUR, el uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como cualquier tipo de agresión militar o de amenazas a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de los demás Estados miembros". Como ya se ha hecho costumbre, entre una decisión y otra, apareció una alta funcionaria estadounidense dando instrucciones al gobierno colombiano desde el departamento Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Esta vez fue la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien el día 8 de agosto dijo: "Es momento de que los países de la región que también sufren con la migración, condenen al presidente Nicolás Maduro y le digan que es momento de irse". Tres acciones diplomáticas muy agresivas y consecutivas, a las que se suma el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, el cual tuvo a sus principales organizadores y financistas en el lado colombiano, actualmente protegidos por el gobierno de este país. Segundo indicio: primer falso positivo contra Venezuela y la consolidación del segundoEl 21 de agosto el Estado colombiano denunció la presunta violación de su espacio aéreo por parte de dos helicópteros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La cancillería venezolana calificó esta denuncia como un falso positivo relacionado con los intereses tocados en Colombia por las nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro.Mientras tanto, otro falso positivo continúa avanzando: la presunta "crisis de refugiados" de origen venezolano en la región. Perú juega con las personas que migran desde Venezuela emulando el doble juego que representara la política de "pies secos, pies mojados" que durante años tuvo Estados Unidos con Cuba. Así, mientras incita a migrar a Perú anunciando una presunta tarjeta de trabajo que entregará a quienes emigren desde Venezuela únicamente hasta diciembre de este año, declara el 28 de agosto una emergencia sanitaria en su frontera debido a esta migración. Paralelamente, en Colombia se siguen manipulando las cifras para hablar de una crisis generada por un supuesto aumento de personas que solicitan refugio en Colombia. Colocados en la frontera los "Cascos Blancos", la Comisión Noruega para los Refugiados y la Cruz Roja colombiana, esta semana llegó a la costa caribeña, a pocos kilómetros al oeste de la frontera marítima con Venezuela, un buque hospital estadounidense que el presidente Evo Morales develó como una operación encubierta contra la soberanía venezolana. Tercer indicio: Colombia perderá el próximo año su autosuficiencia petroleraEl anuncio de las medidas de control sobre la gasolina venezolana casi cuesta la vida al presidente Maduro, y ha generado otras muchas reacciones desde el establishment colombiano, porque significa una pérdida económica para las mafias que se lucran de ella. Para el propio Estado y la debacle de esa economía paralela generaría, como ya lo ha hecho en el pasado, una crisis social en Cúcuta que develaría el abandono del gobierno de Bogotá a su principal ciudad fronteriza.Significa, asimismo, la cercana pérdida de la autosuficiencia petrolera de Colombia. Es una razón menos difundida, aunque publicada por un informe de la Contraloría General de Colombia, de hace dos años, en el que se afirma que este país comenzará a perder su capacidad de autoabastecimiento de combustible a partir de 2019 y será definitiva a partir de 2021, lo cual le obligaría a importar, obviamente, desde el proveedor más cercano, es decir, desde Venezuela. Medidas desesperadas como el fracking que cuenta con el respaldo del presidente Duque comienzan a generar polémica en el país, y es poco probable que realmente sirvan para paliar por completo la crisis de abastecimiento de combustible que se generaría en Colombia. Cuarto indicio: UNITAS LIX- 2018El último indicio es el ejercicio militar UNITAS LIX- 2018 que se realizará en la ciudad de Cartagena a partir de la primera semana de septiembre del año en curso.Esta acción conjunta se realizará en la costa caribeña colombiana a pocas millas náuticas de la frontera marítima con Venezuela. Con ella, se aumentará para esta fecha la presencia de efectivos estadounidenses en Colombia y se concentrarán buques y submarinos procedentes de Estados Unidos y 13 países más, entre ellos Reino Unido. El pasado 14 de julio el presidente Duque se reunió con el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, para reforzar los lazos cooperativos y de defensa entre ambos ejércitos. El año pasado, en pleno inicio del golpe blando promovido por Washington y la oposición local, Rusia advirtió que el Comando Sur generaba inestabilidad en Venezuela, esto a raíz de las provaciones que realizaba para intensificar las protestas violentas. Este mismo año, en marzo, Tidd declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado, sobre la necesidad de aumentar el presupuesto para aislar la creciente influencia china y rusa en la región, en un claro guiño que señalaba a Venezuela. Tres datos interesantes que vale la pena agregar: en primer lugar, luego de 11 años sin participar, regresa Ecuador a estas maniobras (país que acaba de anunciar su salida de la ALBA), dirigidas por Estados Unidos; en último lugar, durante dos días (el 30 y el 31 de agosto), esta acción militar coincidirá con el ejercicio Estrella Austral 2018 que se realiza en Chile, desde el 22 hasta el 31 de agosto, el cual es un ejercicio conjunto también dirigido por los Estados Unidos que está enfocado en el entrenamiento para la realización de tareas multinacionales, básicamente de tipo aéreo. Cuatro indicios que deben considerar las autoridades de Venezuela, y también el resto de los actores de América Latina y el Caribe interesados en que no se desencadene un contexto de alta beligerancia en la región. Colombia atacará
LA HAINE - 29/08/2018
El ingreso de Colombia en la Otan confirma que son los altos mandos militares de EEUU quienes terminan dictando la agenda
1
Colombia -no el pueblo colombiano sino el poder de la oligarquía de ese
país- ha adoptado en los últimos años una política destinada a
convertirla en una especie de satélite privilegiado de los EEUU en la
región. Es una política que tiene expresión económica, consistente en
colocarla bajo el paraguas del poderoso vecino del norte. Las cifras lo
confirman. Como también las conexiones financieras que han proliferado
con el correr del tiempo y que cada vez son más sólidas. Pero lo que más
llama la atención en esa relación es el énfasis que las partes colocan
en el aspecto militar. Es lo que algunos analistas llaman "la inserción
de Colombia como país belicista en el escenario latinoamericano y
caribeño", al convertirse, por ejemplo, en "socio global" de la Otan y
todo cuanto significa haber dado este paso.
2. Por una parte está un aspecto poco divulgado sobre algunas actuaciones del organismo, y de los intereses que guían a sus socios principales -EEUU y Unión Europea-, como es la recluta de mercenarios con experiencia en la lucha anti subversiva y participación en misiones guerreristas que despliega la Otan en el mundo. Esto está ligado al propósito de los EEUU de volver a ganar posicionamiento en la región suramericana con el visto bueno de dóciles líderes políticos del continente. 3. El ingreso de Colombia en la Otan confirma que son los altos mandos militares de EEUU quienes terminan dictando la agenda en asuntos de seguridad y defensa en Latinoamérica. Hay que tomar en cuenta, además, que la cooperación militar entre Colombia y EEUU va más allá de coaliciones como la Otan, ya que incluye el Plan Colombia y la instalación de numerosas bases militares. Colombia ocupa el segundo lugar en el ranking de los Ejércitos más potentes de América Latina y el 40 en el mundo, por encima de Venezuela, que en el global se ubica en el puesto 52 .Todos los sistemas operativos, comunicaciones, defensa aérea, helicópteros, drones, radares, operaciones especiales y hasta raciones de comidas y municiones, están adaptados, o en proceso de serlo, a los parámetro y sistema de la Otan. El presupuesto total de defensa de Colombia es de US$ 2.145.000.000, su personal militar total son 511.550 efectivos. Tiene un potencial total de 450 aeronaves. Colombia no tiene tanques, pero tiene 1.345 vehículos blindados de combate. Sus activos navales totales son 234 unidades. No tiene portaaviones, pero tiene 11 submarinos. Según Globalfirepower, Colombia cuenta con un amplio potencial de hombres en armas y el ejército más grande de la región después de Brasil. Las fuerzas especiales de Colombia, brigadas de paracaidistas, lanceros y comandos de jungla, están entre las mejores del mundo. Colombia posee la mayor flota de helicópteros de América Latina. Muchos artillados y con misiles de Israel que pudieran detectar y aniquilar tanques. 4. Colombia es un país superarmado, con alianzas militares y apoyos poderosos. Dispone de personal militar calificado y con amplia experiencia. Además, su dirección tiene una política con visión militar, armada, estimulada por potencias como los EEUU, países europeos y los israelitas. Su liderazgo civil maneja opciones militares. Los mensajes de líderes como Uribe, Santos y Duque son del mismo corte. Su tono no varía. En lo que sistemáticamente afirman priva la obsesión antivenezolana. Venezuela es el "enemigo" al que hay que derrotar en el terreno que sea y al costo que sea. Hay que acabar con el proceso bolivariano y con el gobierno de Maduro, es algo siempre presente en sus objetivos. Desmontar la República bolivariana y garantizarse el control de la gran riqueza que existe en su territorio. 5. ¿Para qué se prepara militarmente la Colombia uribista, santista y duquesista, si ya no hay en su territorio frentes guerrilleros? Por el lenguaje que utilizan sus dirigentes y por la carrera armamentista que adelanta en forma solapada, lo hace para intentar una aventura. Así lo consideran observadores en Venezuela y en Latinoamérica. Una aventura contra Venezuela. Una agresión bélica, y no una política de paz y diálogo. Ésta es la que práctica Venezuela con sinceridad. Pero no hay que desdeñar hipótesis cuando el telón de fondo de la situación y la actitud del vecino presagia tortuosos y lamentables desenlaces. Por las palabras y las armas que posee el poder oligárquico colombiano es que hay que juzgar sus decisiones. Porque de que trama algo lo trama. No hay duda. Por eso la importancia de estar alertas, de fortalecer la alianza Pueblo-Fanb, de rodear a la institución castrense y prepararnos para hacer frente a cualquier eventualidad. El viejo dicho militar de que guerra avisada no mata soldado está plenamente vigente. www.ultimasnoticias.com.ve EEUU contra la recuperación de Venezuela: vuelve la amenaza del embargo
Desde Estados Unidos no sólo se toman decisiones con respecto a
la desestabilización del país por vía de la violencia política, sino
también de la economía y, en específico, contra su industria más
importante: PDVSA.
Agosto 27 de 2018, 3:25 pm - MISIÒN VERDAD
Desde
el año pasado algunos medios radicados en Estados Unidos han venido
anunciando que el gobierno de Donald Trump pretende imponer sanciones a
PDVSA de manera más agresiva, refiriéndose específicamente a la no
compra del petróleo venezolano por parte de ese país.
De hecho, un embargo total sería uno de esos estacazos que la Casa Blanca cree poder asestar para influenciar la caída del Gobierno Bolivariano, pues Estados Unidos es uno de los mayores compradores de crudo venezolano. A este plan se le conoce como la "opción nuclear", tal vez debido a las terribles consecuencias inmediatas que podría acarrear esta medida en la economía y las finanzas de Venezuela, pero sobre todo en la población del país. Sin embargo, en vista de que los operadores políticos estadounidenses también conocen de antemano lo que podría suceder a nivel social, en vista de que el gobierno de Nicolás Maduro podría capitalizar en favor de la cohesión nacional un factor de agresión como lo sería un embargo petrolero, tienen otros ítems en la mesa que piensan utilizar. Uno de los medios web que más acompaña el relato del establishment del Partido Demócrata en Washington D.C., McClatchy, reseñó el reciente 24 de agosto, a través de funcionarios anónimos de la Casa Blanca, que "la administración (trabaja) con sanciones más quirúrgicas que bloqueen la venta de petróleo y de productos de procesamiento de petróleo por parte de las compañías estadounidenses a Venezuela, para así entorpecer la industria petrolera sin impactar directamente en el pueblo venezolano". Esto con el objeto de "maximizar la presión" en el presidente Nicolás Maduro, según las palabras de un funcionario citado mas no referido por parte del medio capitalino. Justo en un momento en el que el gobierno venezolano busca cambiar la situación de la economía local bajo un conjunto de medidas que resguardan el salario de los trabajadores y que, asimismo, apunta a reordenar los factores (externos e internos) que apuntalan la inestabilidad económica. Los detalles específicosSegún el reporte de McClatchy, el gobierno de los Estados Unidos busca prohibir la venta por parte de las compañías estadounidenses a Venezuela de unos 3.5 millones de barriles de petróleo y otros productos refinados como la nafta pesada, usada por PDVSA y sus socios en varias empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, la mayor región productora de crudo del país. La nafta sirve para diluir una gran parte de la producción de petróleo extrapesado y convertirla en grados exportables.En una nota de Reuters de julio 2017, se refiere que las importaciones venezolanas de nafta pesada de Estados Unidos promediaron 33 mil barriles por día el año pasado, frente a los 25 mil barriles de 2016. Desde 2006 se importa desde Estados Unidos a Venezuela petróleo ligero, específicamente para procesar en su refinería Isla de 335 mil barriles por día en Curazao. Una parte se mezcla para producir crudos exportables. Después de importar 30 mil barriles por día el año pasado, las compras se han reducido a 19 mil barriles por día en 2017 debido a retrasos en los pagos, producto del bloqueo financiero a través de una Orden Ejecutiva firmada por Trump, y el bajo rendimiento productivo de la instalación. También, en el año 2017 Venezuela tuvo que importar combustible desde Estados Unidos para compensar la disminución de la producción local. Compró 48 mil barriles por día de gasolina, destilados y componentes, nada más en los primeros cuatro meses de 2017. En 2018 los niveles de importación bajaron debido al relanzamiento de la industria petrolera. Afectaciones y riesgosLo que ha impedido a la Administración Trump, según McClatchy, tomar nuevas acciones contra el país son las extremas consecuencias que un embargo podría provocar en la población venezolana, además de poner en riesgo los negocios de empresarios energéticos estadounidenses y afectar al consumidor promedio en los Estados Unidos, que ya de por sí ve cómo se incrementa cada vez la gasolina.Pero las presiones desde Miami y otras regiones de ese país bajo el lobby intervencionista a la Casa Blanca con relación al tema Venezuela han hecho retomar los planes de sanciones, que presentarían en los próximos tres meses, según la publicación. Por ello, este paquete de próximas sanciones avisadas por medios estadounidenses debe verse como una respuesta inmediata al plan del Presidente de la República, que tomó como medida fundamental el cambio de patrón de referencia a la economía venezolana (del petrodólar a la criptodivisa Petro). Sin embargo, ya se encuentra en proceso un cuasi embargo por parte de Estados Unidos a Venezuela, puesto que ha disminuido, desde septiembre de 2017, la venta de petróleo venezolano a compañías estadounidenses. Según el portal Banca y Negocios, las exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos entre enero y mayo de 2018 registraron una caída de 48% (equivalente a 58,7 millones de barriles), si se comparan con el mismo período de 2017, según las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Acorde a esa misma fuente, entre enero y mayo Estados Unidos pagó por la venta de crudo 30% menos que en el mismo periodo del año anterior, para un total de 3 mil 536.4 millones de dólares a Venezuela (a 60.2 dólares el barril), mientras que en 2017 el costo promedio del barril estaba en 45.1 dólares. Todo ello equivale a una pérdida por concepto de venta de crudo venezolano de 8 mil 235.8 millones dólares, la cifra más baja en los últimos nueve años. Además, como ya respondimos en Misión Verdad, es una falacia que Estados Unidos no necesite el petróleo de otros países. Por ello empresas como ExxonMobil siguen expandiéndose en el mercado global energético, con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos como principal apoyo de su negocio. La fabricación de una crisisActivar un embargo total contra Venezuela busca que algunos factores económicos produzcan una conmoción social a nivel nacional, pero este no es el verdadero motivo por el que el establishment estadounidense no desea aplicar una medida de ese nivel, aun cuando el Gobierno Bolivariano tenga cómo sortear esa prohibición hacia otras regiones y actores relacionados, como China (el mayor importador de energía fósil en el mundo).Más bien, un embargo pondría en evidencia a la camarilla que presiona por una medida de este tipo, sobre todo en el sur de Florida (donde vive la mayor cantidad de venezolanos "en el exilio" en ese país), y compromete políticamente a Estados Unidos ante la opinión pública en la región latinocaribeña con relación a Venezuela. Por otro lado, más allá de que bajaría el volumen de divisas para la importación de bienes básicos en Venezuela (un 90% de las divisas extranjeras habidas entran por medio de la exportación petrolera), el embargo también afectaría directamente a la industria petrolera venezolana, pues un tercio del crudo nacional se refina en instalaciones estadounidenses. Pero ello preocuparía también a los empresarios refinadores en la costa del golfo, pues sus instalaciones están, en su mayoría, adecuadas tecnológica e industrialmente para procesar petróleo pesado y extrapesado, justamente los tipos de crudo con que Venezuela cuenta en la Faja del Orinoco. Así, un embargo de este tipo tendría una doble repercusión inmediata y a mediano plazo, tanto en Venezuela como en Estados Unidos: en una potencial aunque improbable "crisis humanitaria" en estricto sentido aquí, implicaría un alza nada cómoda en los combustibles, allá. Las alianzas que el gobierno de Nicolás Maduro fortalece con China y Rusia podrían enmendar un escenario de "crisis humanitaria" en caso de embargo petrolero estadounidense, pues los productos refinados que necesitarían las distintas instalaciones de PDVSA y sus socios en la Faja Hugo Chávez pueden encontrarse en los mercados correspondientes a los aliados euroasiáticos. Hay que tomar en cuenta que Venezuela contaría con unos 28 mil millones de dólares (a unos 60 dólares por barril), para los 1.3 millones de barriles producidos al día, según datos de la OPEP para 2017. De ellos, casi unos 12 mil millones de dólares provienen de firmas estadounidenses, que usualmente pagan en efectivo. El déficit de tal cantidad de dinero sería el financiamiento de una "crisis" que el Gobierno Bolivariano ya está intentado paliar a través de las conocidas medidas de reconversión económica, pero el Pentágono ya espera que tales consecuencias lleguen a un punto de ebullición necesario para justificar tanta coordinación a nivel militar con sus socios en la región, a través de juegos de guerra y la última gira de James Mattis, secretario de Defensa estadounidense. El embargo daría combustible para sobredimensionar, aún más, la propaganda humanitaria contra Venezuela, a los fines de proyectar como "urgente" una intervención de estas características. Pero, finaliza el reporte de McClatchy, los oficiales del Pentágono y burócratas del establishment también presionan por que componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomen acciones contra su propio gobierno, a raíz de esta enunciada crisis. Un plan que ha fracasado pero que no deja de ser peligroso, cuyo hilo más visible fue el atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. |
