Exigimos justicia y respeto para las mujeres indígenas hondureñas
La Paz, Honduras.-
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Indígena, decretado el 05 de septiembre, hace 35 años, la Red de
Defensores/as de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (Redhil-Paz),
que forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional
hacemos el siguiente pronunciamiento:
1.- A 12 días del inicio del Juicio Oral
y Público contra ocho supuestos autores materiales del crimen de
nuestra compañera defensora de los derechos indígenas, Berta Cáceres,
exigimos que se haga justicia por su asesinato, ejecutado el 02 de marzo
del 2016, y que suma a más de 281 activistas asesinados y asesinadas,
especialmente en Latinoamérica.
2.- Demandamos la protección y defensa de la mujeres indígenas que
luchamos por nuestros bienes comunes, nuestro cuerpo y territorio. No queremos que continúen los crímenes, persecución, hostigamiento, vigilancia y acoso a consecuencia de nuestra identidad histórica.
luchamos por nuestros bienes comunes, nuestro cuerpo y territorio. No queremos que continúen los crímenes, persecución, hostigamiento, vigilancia y acoso a consecuencia de nuestra identidad histórica.
3.- Solicitamos que la representación en
espacios políticos y sociales sea consensuada, y que las mujeres sean y
nos sintamos parte, mediante elecciones incluyentes de acuerdo a
nuestras leyes.
4.- Seguiremos luchando por el respeto a
las tradiciones, costumbres e idiosincrasia de la cultura Lenca y demás
pueblos indígenas en Honduras.
Recordamos que este día es en honor a la
guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto con su esposo “Túpac
Katari” lideró parte importante de la rebelión aymara-quechua contra la
explotación y abuso de los conquistadores españoles en el Alto Perú, que
comenzó en 1780.
La fecha se eligió durante el Segundo
Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América que se reunió en
1983 en Tihuanacu (Bolivia), y desde entonces cada año se conmemora el
rol, esfuerzos y resistencias de mujeres de distintas zonas por la
sobrevivencia de sus pueblos, y no ser avasallados por el progreso
económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones.
Durante los últimos años, los
principales conflictos que suelen enfrentar estas comunidades han estado
marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De
281 casos en 25 países, de acuerdo a un informe de la organización
internacional, Frontline Defenders, el 49% defendían la tierra, los
derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. La gran mayoría de
ellos murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre
la industria hidroeléctrica, minería y la agroindustria.
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (Redhil-Paz)La Paz, 05 de septiembre del 2018
Día Internacional de la Mujer Indígena: 3 historias de resistencia por la sobrevivencia de sus pueblos
Chile (El Desconcierto).-
Las historias de Bartolina Sisa, de las hermanas Quintreman y de Berta
Cáceres demuestran que la resistencia indígena aún se encuentra vigente
en Chile y en Latinoamérica. Con esta efeméride se conmemoran esfuerzos y
resistencias de mujeres de distintas zonas que lucharon por defender
sus territorios.
El 5 de
septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en
honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto con su esposo
“Túpac Katari” lideró parte importante de la rebelión aymara-quechua
contra la explotación y abuso de los conquistadores españoles en el Alto
Perú, que comenzó en 1780.
La fecha se eligió durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América que se reunió en 1983 en Tihuanacu (Bolivia), y desde entonces cada año se conmemora el rol, esfuerzos y resistencias de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos, y no ser avasallados por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones.
Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar estas comunidades han estado marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinados en 25 países, y de ellos, el 49% defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. La gran mayoría de ellos murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre la industria hidroeléctrica, minería y la agroindustria.
En total son más de mil defensores quienes además han sufrido acosos, detenciones o han sido sujetos a campañas de desprestigio. Las historias de resistencia indígena aún se encuentran vigentes en Chile y en Latinoamérica, y a continuación, se exponen tres episodios a lo largo de su historia.
1. Bartolina Sisa, líder de la insurgencia contra los conquistadores
La fecha se eligió durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América que se reunió en 1983 en Tihuanacu (Bolivia), y desde entonces cada año se conmemora el rol, esfuerzos y resistencias de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos, y no ser avasallados por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones.
Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar estas comunidades han estado marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinados en 25 países, y de ellos, el 49% defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. La gran mayoría de ellos murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre la industria hidroeléctrica, minería y la agroindustria.
En total son más de mil defensores quienes además han sufrido acosos, detenciones o han sido sujetos a campañas de desprestigio. Las historias de resistencia indígena aún se encuentran vigentes en Chile y en Latinoamérica, y a continuación, se exponen tres episodios a lo largo de su historia.
1. Bartolina Sisa, líder de la insurgencia contra los conquistadores
Bartolina Sisa nació en 1750, y
era tejedora e hiladora. Adquirió el rubro del comercio de coca y tela
gracias a su familia –que a su vez lo adquirió para liberarse del
sometimiento al que estaban condenados todos los pueblos originarios de
esas tierras–por lo que logró independizarse a los 19 años. Durante sus
viajes por ciudades, pueblos, minas y cocales del virreinato observó el
sometimiento que sufrían los indígenas por parte de las autoridades, los
blancos españoles, y de ahí se generó su “convicción de protesta contra
todo sistema colonialista de explotación”.
Su
rebelión unió a dos pueblos rivales (aymaras y quechuas), y en un
comienzo convocó a más de cuarenta mil hombres para sitiar la ciudad de
La Paz; luego ese número se duplicó. Sisa era hábil en combate, por lo
que fue nombrada Virreina –y su esposo “Túpac Katari” Virrey del Inca–, y
con ese título, organizó campamentos militares durante la sublevación
en distintas zonas del virreinato.
La
insurgencia tuvo importantes avances, pero luego de meses de
resistencia, Sisa fue traicionada y capturada, y luego también lo fue su
esposo a fines de 1781. Ambos fueron brutalmente descuartizados.
Bartolina Sisa fue obligada a presenciar el descuartizamiento público de
Túpac Katari en la plaza de Peñas, y luego, después de casi un año de
encierro, el 5 de septiembre de 1782, se le condenó a ser sacada a la
plaza mayor atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir
cruelmente.
2. Chile: Las hermanas Quintreman contra Endesa
Desde 1995, las hermanas
mapuche Nicolasa y Berta Quintreman lideraron de forma tenaz el primer
gran movimiento ambientalista chileno, cuando la empresa Endesa anunció
la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa en la
comuna de Alto Biobío, que destruiría las comunidades Queupuca Ralco y
Ralco Lepoy debido a que contemplaba la construcción de una represa que
inundaría sus terrenos y territorios sagrados.
La
población pehuenche cuestionó fuertemente el proyecto, debido a que la
inundación obligaría a las comunidades a desplazarse, y se consideraba
que su construcción iba a afectar el equilibrio ecológico de la zona.
Para este pueblo, el Alto Bío Bío es considerado un territorio sagrado, y
un espacio donde la conexión vital de la tierra con sus habitantes
significa el cuidado del río, los bosques, las lagunas y los animales.
Las
hermanas Quintreman se negaron a firmar los acuerdos con Endesa que
inundarían sus territorios, y sus críticas fueron avaladas por un
informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que
señaló que el proyecto tenía “serias implicaciones humanas,
étnico-culturales y ecológicas, y graves consecuencias jurídicas
históricas”. Sin embargo, la construcción se inició en 1997, gracias a
un acuerdo entre el gobierno de Eduardo Frei y Endesa.
Sin
embargo, tanto Berta como la ñaña Nicolasa –nombrada así por su
sabiduría– no abandonaron su lucha. En el caso de la segunda, hasta el
día de su muerte el pasado 24 de diciembre de 2013, cuando fue
encontrada ahogada en el lago Ralco. Para Berta, continúa hasta hoy.
3. Berta Cáceres, la activista de Honduras que no cedió ante China
El 3 de marzo de 2016, la
activista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres fue encontrada
muerta en su vivienda, en medio de un fuerte conflicto con el gobierno y
la instalación de una represa hidroeléctrica.
En 1993,
Cáceres fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y desde ese espacio lideró
las manifestaciones en defensa del medioambiente. Era líder de la
comunidad indígena lenca –la mayor etnia indígena de Honduras– y desde
2006 organizó a su pueblo contra la construcción de la represa de Agua
Zarca, que pretendía instalarse en el noroeste del país en el Río
Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su
supervivencia.
Finalmente,
luego de una ardua tarea de oposición, en 2013 la iniciativa de la
empresa estatal china Sinohydro retiró su participación en el proyecto
hidroeléctrico, y explicó que su decisión se motivó en la continua
resistencia comunitaria.
En
contraste con las amenazas de violaciones, linchamientos, ataques a su
madre e hijas que no la detuvieron, su lucha en defensa de los recursos
naturales en el occidente de Honduras fue reconocida en 2015, cuando
recibió el Premio Medioambiental Goldman.
Las
informaciones con respecto a su muerte aún no se esclarecen. En un
comienzo se señaló que la víctima sufrió de un robo, sin embargo, según
han señalado sus familiares, “todos sabemos que fue por su lucha”. Su
crimen se mantiene impune hasta hoy.
Garífunas e indígenas protestan frente al CN por Ley de Consulta Libre
La movilización inició desde las instalaciones del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), hacia el
Congreso Nacional.
Tiempo.hn/ Tegucigalpa,agosto 17, 2018
Por Fernando Guillen
Pueblos Indígenas y Garífunas se movilizaron este viernes
hasta el Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Consulta
Libre e Informada.
Miriam Miranda, una dirigente garifuna expresó públicamente su desacuerdo ante una reforma a la ley. “Este Gobierno está condenando al exterminio todos los derechos de los pueblos indígenas, con esta ley “, dijo Miranda.
Miriam Miranda, una dirigente garifuna expresó públicamente su desacuerdo ante una reforma a la ley. “Este Gobierno está condenando al exterminio todos los derechos de los pueblos indígenas, con esta ley “, dijo Miranda.
Los representantes de los
garífunas calificaron de “irresponsables” a los diputados por aprobar
leyes “en contra del pueblo”. “Se introducen leyes hemiciclo que son
desconocidas por las comisiones creadas para eso”, dijo Miranda.
“Esta
ley la conoce la comisión de energía y no la comisión de los pueblos
indígenas”, dijo la lider garifuna. Agregó que la comisión de los
pueblos indígenas esta liderada por Ashanty Crisanto.
“Esta ley de
Consulta Libre e Informada viene a legalizar las violaciones a los
derechos humanos”, dijo Miriam Miranda. Añadió que esta ley viene a
impulsar la expropiacion de las tierras de los indígenas.
“En este
momento hay territorios en resistencia y persecución para los líderes
en varios puntos del país”, lamentó Miranda. Los manifestantes se
apostaron desde muy temprano en los alrededores de las instalaciones del
Banco Central de Honduras.
La movilización inició desde las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), hacia el Congreso Nacional.
Lea también: !Insólito!! A la cárcel mandan a indígena lenca por sembrar maíz
La movilización inició desde las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), hacia el Congreso Nacional.
Lea también: !Insólito!! A la cárcel mandan a indígena lenca por sembrar maíz
Ley de Consulta Libre e Informada
Esta ley de Pueblos Indígenas y Garífunas se constituye bajo el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Según el anteproyecto de ley, tiene la finalidad de obtener el acuerdo y consentimiento previo de los pueblos indígenas o establecer su rechazo, en el ejercicio de su libre determinación.
La Consulta-Consentimiento Previo, Libre e Informada constituye un deber del Estado, que deberá realizarla de buena fe, de manera concertada con los pueblos y/o comunidades indígenas. De igual forma, con los territorios colectivos y/o ancestrales susceptibles de ser afectados de manera directa o indirecta, y bajo normas y procedimientos propios.
Tensión en Campamento por la vida en Tocoa
A continuación la nota que se ha divulgado al respecto:
Inversiones Los Pinares, una de las 3 empresas mineras que llegó al Municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, con licencia ambiental y contrato minero emitido por el gobierno de Honduras, está generando serios conflictos que ponen en peligro vidas humanas.
A 38 días del “Campamento por la Vida” en contra de la minería, se ha denunciado que la empresa minera ya empezó a destruir los ríos San Pedro y Guapinol, la situación alcanza un momento crítico.
Los empleados de la empresa minera se tomaron la calle hacia el campamento y amenazan con no dejar pasar más gente de afuera. La confrontación se ha abierto entre vecinos de las comunidades, sectores y el municipio, entre quienes están a favor de la empresa y los que están en contra.
La relación entre la empresa minera y su gente, frente al movimiento social es tensa y muy delicada. Durante 5 años ha corroído en complicidad con el gobierno municipal el tejido social, a través de ayudas y dádivas a dirigentes y grupos.
El Comité Municipal fundamenta la lucha en la defensa del derecho humano al AGUA. La postura expresada verbal y por escrito al gobierno central a través de la Comisión encabezada por el Dr. Izaguirre de MIAMBIENTE , el 13 y 15 de agosto es que cancele los proyectos concesionados; porque vale más la vida del pueblo que la ganancia de una empresa.
Responsabilizamos al gobierno de Honduras, al gobierno Municipal de Tocoa por su vinculación a la minería y a la empresa minera Inversiones Los Pinares, por la crisis social y hechos violentos que según puedan ocurrir. El Comité “exige derechos y rechaza la violencia gubernamental y empresarial que estamos viviendo”.
Exigimos al gobierno central la inmediata cancelación de todos estos proyectos. El pueblo sigue firme en su lucha pacífica, la provocación gubernamental y empresarial, está desencadenando una realidad lamentable.
El derecho humano al AGUA y el ambiente es innegociable.
Tocoa, Colon, 07 de septiembre 2018 Comite Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
“Nos llamamos mejor al silencio porque no podemos tocar temas como
la corrupción donde algunos funcionarios y autoridades locales de este
departamento están involucrados porque si los mencionamos corremos el
riesgo de perder vida y en peligro la de nuestra familia”, dijeron
varios periodistas entrevistados en el municipio de La Paz, departamento
de la Paz, Honduras.
El departamento de La Paz se ubica en la zona central de Honduras.
Cuenta con más de 200 mil habitantes y su población es descendiente de
la etnia lenca. Su riqueza natural ha atraído la voracidad empresarial.
Sus ríos vistos como mercancía están casi prohibidos para sus habitantes. El establecimiento de hidroeléctricas propiedad de la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López y su esposo, han acaparado el vital líquido, el cual según defensores y defensoras de derechos humanos en el futuro cercano será un sueño.
La persecución, amenazas, crímenes y hostigamiento contra quienes defienden los territorios ha generado el silencio en el sector. Los periodistas y comunicadores sociales en su mayoría han optado por callar para no tener problemas, solo unas pocas voces se escuchan, algunas de ellas han querido ser silenciadas con querellas o amenazas de juicios por funcionarios estatales o empresarios con el fin de generar el temor.
“Aquí no se respeta la libertad de expresión e información, hay autocensura limitando ese derecho más cuando se realiza cobertura independiente”, dijo otro comunicador social del municipio de La Paz, que solicitó reserva de la fuente por temor a represalias.
Se incluye en las estrategias contra la prensa independiente la desacreditación en redes sociales. Lo que más les preocupa a quienes ejercen el periodismo es que está prohibido abordar temas como el de la minería, hidroeléctricas, actos de corrupción, entre otros, los que se convierten en temas delicados y peligrosos.
El cierre de espacios informativos no es nada nuevo ya que la libertad de expresión está condicionada en parte por el premio o castigo a través de la publicidad oficial.
Según informaron varios de los entrevistados solamente hay dos medios de comunicación, una radio local y un canal de televisión. La información sale de La zona por medio de comunicadores sociales que la transmiten hacia la capital del país, generalmente sin recibir una remuneración, lo que precariza la vida de éstos, y además puede o no difundirse dependiendo si toca intereses de gente poderosa.
En un conversatorio realizado por la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, sobre la situación de la Libertad de expresión e información en La Paz, los trabajadores de la comunicación manifestaron que se suman a esos obstáculos la falta de acceso a la información.
El cierre de fuentes informativas dificulta asimismo la labor periodística, según los denunciantes los diputados de este departamento no le dan entrevista a todos los comunicadores, hay alguna prensa tarifada y no pueden tener acceso a la información quienes no son afines al gobierno de turno.
En este departamento la mayoría son comunicadores sociales que ejercen el periodismo a través de espacios independientes que pagan en esos medios, pero hay un peligro latente de cierre por hablar lo que pasa y que afecta a la población.
A pesar de estar divididos por el tema de la política , se sienten oprimidos por no poder expresarse con toda libertad y el temor a las amenazas les lleva a hacer malabarismos para poder informar en mínima medida a la población.
En este municipio fue querellado el comunicador social Gilberto Gálvez, por la alcaldesa Gilma Ondina Castillo, por haber publicado en su página de Facebook críticas del mal uso de fondos públicos. Al final un tribunal desestimó la causa por la argumentación del área legal de la ASOPODEHU que apoyó jurídicamente al afectado.
La falta de protección estatal para los periodistas y comunicadores sociales de la zona está dejando prácticamente sin la información vital a la sociedad de La Paz, lo que violenta el derecho a la libertad de expresión e información, y coloca al ejercicio periodístico en un escenario de arenas movedizas.
El problema es que cuando denuncian ante las instancias estatales sobre amenazas que están viviendo, la información se filtra o los casos son engavetados dejando en completa indefensión a los periodistas.
El Mecanismo de Protección en Honduras entró a funcionar en el 2016, después de que se aprobara en mayo de 2015 la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección.
De esas solicitudes 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales pero fueron cerradas 6 y están en proceso 67, según una investigación de pasosdeanimalgrande.com.
Otra medida que se ha anunciado es la creación en marzo de 2018 de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), pero todavía no se le ve acción, supuestamente no cuenta ni siquiera con mobiliario para operar, aunque según información de fuente creíble, para el presupuesto de este año se había negociado la inclusión un millón de dólares para su funcionamiento, pero no se sabe dónde fue a parar ese dinero pues ahora se aduce falta de recursos.
Vea investigación reciente de pasosdeanimalgrande.com sobre la situación de los periodistas aquí en este Link
Sus ríos vistos como mercancía están casi prohibidos para sus habitantes. El establecimiento de hidroeléctricas propiedad de la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López y su esposo, han acaparado el vital líquido, el cual según defensores y defensoras de derechos humanos en el futuro cercano será un sueño.
La persecución, amenazas, crímenes y hostigamiento contra quienes defienden los territorios ha generado el silencio en el sector. Los periodistas y comunicadores sociales en su mayoría han optado por callar para no tener problemas, solo unas pocas voces se escuchan, algunas de ellas han querido ser silenciadas con querellas o amenazas de juicios por funcionarios estatales o empresarios con el fin de generar el temor.
“Aquí no se respeta la libertad de expresión e información, hay autocensura limitando ese derecho más cuando se realiza cobertura independiente”, dijo otro comunicador social del municipio de La Paz, que solicitó reserva de la fuente por temor a represalias.
Se incluye en las estrategias contra la prensa independiente la desacreditación en redes sociales. Lo que más les preocupa a quienes ejercen el periodismo es que está prohibido abordar temas como el de la minería, hidroeléctricas, actos de corrupción, entre otros, los que se convierten en temas delicados y peligrosos.
El cierre de espacios informativos no es nada nuevo ya que la libertad de expresión está condicionada en parte por el premio o castigo a través de la publicidad oficial.
Según informaron varios de los entrevistados solamente hay dos medios de comunicación, una radio local y un canal de televisión. La información sale de La zona por medio de comunicadores sociales que la transmiten hacia la capital del país, generalmente sin recibir una remuneración, lo que precariza la vida de éstos, y además puede o no difundirse dependiendo si toca intereses de gente poderosa.
En un conversatorio realizado por la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, sobre la situación de la Libertad de expresión e información en La Paz, los trabajadores de la comunicación manifestaron que se suman a esos obstáculos la falta de acceso a la información.
El cierre de fuentes informativas dificulta asimismo la labor periodística, según los denunciantes los diputados de este departamento no le dan entrevista a todos los comunicadores, hay alguna prensa tarifada y no pueden tener acceso a la información quienes no son afines al gobierno de turno.
En este departamento la mayoría son comunicadores sociales que ejercen el periodismo a través de espacios independientes que pagan en esos medios, pero hay un peligro latente de cierre por hablar lo que pasa y que afecta a la población.
A pesar de estar divididos por el tema de la política , se sienten oprimidos por no poder expresarse con toda libertad y el temor a las amenazas les lleva a hacer malabarismos para poder informar en mínima medida a la población.
En este municipio fue querellado el comunicador social Gilberto Gálvez, por la alcaldesa Gilma Ondina Castillo, por haber publicado en su página de Facebook críticas del mal uso de fondos públicos. Al final un tribunal desestimó la causa por la argumentación del área legal de la ASOPODEHU que apoyó jurídicamente al afectado.
La falta de protección estatal para los periodistas y comunicadores sociales de la zona está dejando prácticamente sin la información vital a la sociedad de La Paz, lo que violenta el derecho a la libertad de expresión e información, y coloca al ejercicio periodístico en un escenario de arenas movedizas.
El problema es que cuando denuncian ante las instancias estatales sobre amenazas que están viviendo, la información se filtra o los casos son engavetados dejando en completa indefensión a los periodistas.
El Mecanismo de Protección en Honduras entró a funcionar en el 2016, después de que se aprobara en mayo de 2015 la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección.
De esas solicitudes 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales pero fueron cerradas 6 y están en proceso 67, según una investigación de pasosdeanimalgrande.com.
Otra medida que se ha anunciado es la creación en marzo de 2018 de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), pero todavía no se le ve acción, supuestamente no cuenta ni siquiera con mobiliario para operar, aunque según información de fuente creíble, para el presupuesto de este año se había negociado la inclusión un millón de dólares para su funcionamiento, pero no se sabe dónde fue a parar ese dinero pues ahora se aduce falta de recursos.
Vea investigación reciente de pasosdeanimalgrande.com sobre la situación de los periodistas aquí en este Link
Tela se suma a los municipios libre de proyectos extractivistas
Luego
de varios años de luchar en defensa de los bienes naturales, y luego de
más de 500 días de permanencia en los campamentos dignos, las
comunidades de Tela, Atlántida lograron declarar al municipio libre de
proyectos hidroeléctricos, térmicas y mineras.
La declaratoria se realizó a través de
un cabildo abierto desarrollado en el parque central donde se dieron
cita las comunidades. Desde muy temprano los ciudadanos y ciudadanas
llegaron con espíritu de alegría al ser parte de la jornada histórica
que vendría a respaldar la lucha en defensa de los bienes naturales.
Por unanimidad al ser consultada por las autoridades municipales la población dijo NO a los proyectos extractivistas.
El abogado Martín Fernández, coordinador
del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), dice que la
declaratoria es un triunfo para las comunidades, sin embargo no
significa que el fantasma del extractivismo vaya desaparecer
completamente en Tela.
En ese sentido considera sumamente importante que la ciudadanía continúe en el proceso organizativo y de articulación.
“Es una obligación extender toda la
experiencia alcanzada desde las comunidades que han ejercido soberanía
en sus territorios. Poco a poco esperamos que el país sea emancipado de
todos los procesos explotadores que impulsan sectores económicos
poderosos que han creído que pueden aprovechar las riquezas naturales,
sin que exista oposición de las comunidades”, señala el profesional del
derecho.
Papel de las comunidades
Desde el Golpe de Estado del 2009, y
siguiendo el ejemplo de Blanca Jeannette Kawas, primera ambientalista
asesinada en Honduras, las comunidades de Tela luchan en defensa de los
bienes naturales.
El sector Florida, ubicado entre los
municipios de Arizona en Atlántida y Morazán en Yoro, pero perteneciente
a Tela libró una heróica batalla contra los empresarios Lenir Pérez,
yerno de Miguel Facussé quien pretendía instalar una minera en la
comunidad Nueva Esperanza, y Gustavo Urrutia, una extractora de óxido de
hierro en la comunidad de El Carmen, Tela, para su posterior
comercialización en el mercado internacional.
Sin embargo, la organización de la
población logró que en el año 2014 se declarara el sector como libre de
explotación minera. La declaratoria fue ratificada a inicios del 2018.
Siempre en la Cordillera Nombre de Dios,
en el trayecto carretero que de Tela conduce a El Progreso, Yoro, se
encuentra la comunidad de Paujiles. Sus pobladores y pobladoras desde
hace más de 500 días se resisten a la construcción sobre el Río Mezapa,
de la represa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (HIDROCEP), propiedad
del empresario Jason Hawit.
La población de Paujiles, ha sido
víctima de represión, campañas de desprestigio e incluso la
criminalización de al menos 25 líderes y lideresas comunitarias.
El 30 de julio del 2018, los Juzgados de
lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula ordenaron a la
Municipalidad de Tela, detener la construcción de la represa
hidroeléctrica, pero a pesar de la presión de las comunidades, la
corporación municipal y la justicia siguen sin cumplir la sentencia.
Esas luchas y el nivel de conciencia que
han adquirido las comunidades organizadas bajo el acompañamiento del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fueron determinantes
para que la declaratoria no siguiera siendo un sueño y se volviera una
realidad.
Albertina López, luchadora del sector
Paujiles señala que ellos no bajarán los brazos y seguirán trabajando
para detener la construcción de hidrocep. Sueña con avanzar hacia una
declaratoria de todos los municipios del departamento de Atlántida.
“Sabemos que a pesar que se dé una
declaratoria, el peligro no se detiene. Continuaremos con nuestro
objetivo; liberar a Honduras de los proyectos que atentan contra la
madre tierra”, comenta Albertina López.
Concesiones
Según un reciente estudio presentado por
“Oxfam Internacional”, el departamento de Atlántida tiene más de 34
concesiones mineras. El informe señala que de aprobarse todas las
concesiones que están solicitadas, no menos del 75 % de los ríos del
país se verían afectados. El informe además destaca que en el
departamento de Atlántida el 100% de los ríos estaría siendo afectado
severamente.
El Estado de Honduras ha otorgado 302
concesiones para la explotación y exploración minera en una superficie
territorial de 2.173 kilómetros cuadrados, dejando daños al medio
ambiente y a la vida de las comunidades.
El departamento de Atlántida se
constituye como uno de los departamentos más afectados por proyectos
extractivistas, se estima que existen al menos 24 concesiones
hidroeléctricas, mismas que se aceleraron a partir del golpe de Estado
de 2009.
Sacerdote dice en carta enviada al Papa que el cardenal Rodríguez es cómplice del sistema dictatorial y corrupto de Honduras
El sacerdote Bernardo Font, culpa a Rodríguez por haber perdido su patrimonio y dice que ha entablado una demanda por daños y perjuicios a su persona y a sus bienes, en los tribunales de justicia de Honduras.
A través de la demanda pide que se le devuelvan todos los bienes materiales que ha perdido desde su expulsión hasta el día de hoy, y su reintegro a su servicio pastoral.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
sacerdote, Bernardo Font Ribot, envió la misiva al Papa Francisco el
pasado 5 de julio y en ella denuncia que ha quedado en la quiebra por
poner a la orden del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, sus
bienes patrimoniales heredados por su familia y que luego, cuando ya no
tenía nada, el jerarca de la iglesia católica hondureña lo desechó,
suspendiéndolo del sacerdocio, tras 50 años de servicio pastoral.
Font
Ribot, de origen español y con residencia en el municipio de Amapala,
departamento de Valle, Honduras, pone en conocimiento a Francisco que
conoció a Rodríguez Maradiaga a través del padre Marco Renieri y del
padre Juan Pablo Peluquín, en la parroquia de la colonia Miraflores de
Tegucigalpa.
En
la misiva el religioso dice que luego de ponerse al servicio del
Cardenal Rodríguez Maradiaga, éste lo nombró como Secretario Ejecutivo
de los Medios de Comunicación de la Iglesia Católica, donde puso a
disposición su patrimonio heredado de sus padres, consistente en varias
empresas de bienes y raíces, acciones en compañías aéreas y otras, tanto
en Honduras como en Puerto Rico.
Font
insiste en la carta que ayudó a Rodríguez Maradiaga a conformar los
medios de comunicación de la iglesia católica y además de ello,
contribuyó en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, y en la
parroquia Miraflores, en manos del padre Marco Renieri, y en la
Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa.
Font
dice en el escrito que desde un inició fue muy claro con Rodríguez
Maradiaga sobre sus actividades empresariales, e incluso lo invitó que
investigara sus negocios en Puerto Rico, a lo que el religioso le
respondió: “No abandone sus negocios, mejor ayúdenos”.
Cuenta
que continuó con sus trabajos empresariales, porque consideraba que de
esa fuente podría ayudar más a la iglesia local. Pero que un día
inesperadamente, fue víctima de calumnias por parte del abogado Jorge
Alberto Madariaga, quien lo sorprendió con un contrato de compra-venta
de un bien inmueble (un terreno), lo que después se solucionó de manera
pacífica y a conformidad con las partes.
Posterior
a este episodio, cuenta que el cardenal Rodríguez Maradiaga, junto con
sus dos asistentes en la arquidiócesis, el ex obispo el auxiliar Juan
José Pineda Fasquelle y el padre Carlo Magno Núñez, en una acción
deliberada, el 9 de febrero de 2005, lo suspendió del sacerdocio, sin la
menor oportunidad de explicación y defensa a la que mínimamente podría
aspirar.
Font
sigue contando que el año 2015 le envió una carta a Rodríguez Maradiaga
pidiéndole una explicación sobre su suspensión, pero lastimosamente,
hoy a tres años no ha recibido una respuesta.
Al
no tener respuesta, el religioso se pregunta si fue desechado por el
Cardenal porque ahora ya no tiene recursos económicos o si fue víctima
de hermanos religiosos que deseaban ascender a una posición de mayor
poder en la Arquidiócesis o por venganza del exobispo auxiliar, Juan
José Pineda Fasquelle.
Font
dice que a raíz de la situación en la que se encuentra actualmente, ha
sido marginado y afectado económica, moral y sicológicamente, que se ha
visto obligado a tomar tratamientos médicos prescritos contra la
profunda depresión emocional en la que ha caído.
El
sacerdote pide justicia y que algún día se le reintegre al servicio
pastoral del que fue “usado y tirado, después de que di lo mejor de mi
vida y mis recursos para apoyar las acciones de un arzobispo que hoy
está henchido de poder y soberbia”.
Mediante
la carta, el religioso informa al Papa Francisco que ha procedido a
entablar una demanda por daños y perjuicios a su persona y a sus bienes,
proceso que está activo en los tribunales de justicia de Honduras,
“cuyos resultados aspiro sean a mi favor. De no ser así procederé a las
instancias internacionales de acuerdo a los tratados judiciales,
comerciales, penales y de derechos humanos suscritos entre la República
de Honduras y los demás países firmantes”, advierte.
Descargue aquí: Carta del sacerdote Bernardo Font enviada al Papa Francisco
CRISIS DE LA IGLESIA
Mediante
la misiva el padre Font le dice al pontífice que en la iglesia católica
hondureña hay atropellos contra muchos sacerdotes y una “crisis
dramática”, en temas tan delicados como la “crisis de homosexualismo en
el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, y por cierto, dicha crisis
está relacionada con el Obispo Auxiliar Juan José Pineda Fasquelle”.
También
apunta que existe descuido del clero hondureño, marginación y
persecución de aquellos clérigos que no son afines al gobierno, pues
penosamente la jerarquía, con pocas excepciones, está en demasiada
evidencia en complicidad con el sistema dictatorial y corrupto”, e
incluso informa a Francisco que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, ha sido señalado por la sociedad hondureña de ser cómplice de
lo antes señalado.
Congreso de Honduras se niega a interpelar a director de la ATIC por crimen de estudiantes
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Congreso Nacional se negó este jueves a interpelar al director de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Ricardo Castro, para
que despeje las dudas sobre la participación o no de agentes de esa
órgano de investigación en el rapto, tortura y asesinato de los dos
estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH).
La
negativa del Poder Legislativo se dio ante una moción presentada por el
diputado suplente del Partido Libertad y Refundación, Dario Morán, que
exigió la interpelación de Ricardo Castro en el término de diez días por
el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes Gerson Daniel Meza
Medina (18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19).
La moción de Morán no fue tomada en consideración por la cámara legislativa y pasó a ser engavetada.
Morán
estableció que su moción es muy importante para establecer quiénes son
los autores materiales e intelectuales del horrible crimen donde existe
la sospecha sobre la participación de los agentes de la ATIC. Si ellos
no fueron es
Gerzon
y Mario, fueron sacados el miércoles 29 de agosto de una vivienda en el
barrio Bella Vista de Comayagüela, por cuatro hombres vestidos con
uniformes, pasamontañas y armas de la ATIC. Posteriormente, el viernes
31 fueron encontrados ejecutados en La Montañita.
Una ejecución extrajudicial que embarra a la ATIC
Crimen de estudiantes pone en evidencia la manipulación del Estado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
crimen de los dos jóvenes estudiantes la semana pasada en Tegucigalpa
ha dejado un mal sabor en la sociedad hondureña, que sigue exigiendo una
respuesta coherente y lógica de los hechos.
Los
estudiantes del instituto Técnico Honduras, Gerson Daniel Meza Medina
(18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19), aparecieron ejecutados el vienes
31 de agosto en la aldea La Montañita, al oriente de Tegucigalpa.
LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Noticia Relacionada: Estado de Honduras debe atender las peticiones y no criminalizar la protesta de los estudiantes: COIPRODEN
Los
jóvenes participaron en las tomas del colegio los días anteriores a su
crimen. Junto a sus compañeros exigían una rebaja a los combustibles y
un bono estudiantil para cubrir los gastos de transporte. Durante las
protestas fueron reprimidos por la policía con el lanzamiento
indiscriminado de gases lacrimógenos.
Durante
los días de las protestas, en los medios de comunicación pertenecientes
a las corporaciones, comenzaron a llamarlos de vagos y vándalos.
Pasaron
unos pocos días de las protestas, cuando el miércoles 29 de agosto las
redes sociales comenzaron a informar que los muchachos habían
desaparecido. Sus familiares no informaron nada al respecto.
A
los dos días siguientes, en horas de la tarde del viernes 31 ya se
conoció a través de los medios de comunicación y la misma policía
informó que, los muchachos habían sido encontrados ejecutados en la
aldea La Montañita, una zona boscosa, ubicada al oriente de la capital
Tegucigalpa, donde en los 80, durante la “guerra fría”, se convirtió en
un cementerio clandestino.
Los
cuerpos fueron tirados atados de pies y manos y con señales de tortura.
Sus bocas tenían mordazas. Así fueron ingresados a la morgue de
Medicina Forense, mientras seguidores de redes sociales comenzaron a
publicar varias fotografías que evidencian la cronología cuando en horas
del día, Gerzon y Mario, eran sacados de una vivienda en el barrio
Bella Vista de Comayagüela, por cuatro hombres vestidos con uniformes,
pasamontañas y armas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC). El vehículo donde fueron subidas las víctimas era un pick up,
doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, mismas características de
las unidades de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado
hondureño.
A
raíz de las evidencias fotográficas, la gente comenzó, siempre a través
de las redes sociales, a acusar a la ATIC de ser la responsable del
doble crimen y de haber emprendido una campaña de limpieza social para
deshacerse de los estudiantes que luchan contra el sistema político y
económico.
Ante
las acusaciones, el departamento de comunicaciones de la ATIC salió al
paso limitándose a decir que los uniformes que andaban los captores de
los estudiantes no pertenecían a la unidad de investigación.
Las
críticas sobre la reacción no se hicieron esperar ya que la agencia
evidenció que su preocupación estaba centrada en caracterizar el
uniforme y no en dar respuesta al crimen.
Posteriormente,
el domingo a las 8:00 de la mañana, mediante un comunicado informal
publicado en sus redes sociales, la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (Fusina), aseveró que existe “un grupo
criminal que se hace pasar por agentes de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) y son los responsables de asesinar a los
jóvenes estudiantes: Gerzon Meza y Mario Suarez”.
¿IRRESPONSABILIDAD O MANIPULACIÓN?
Sin
presentar las pruebas del caso, Fusina, que integra a todas las
agencias de seguridad, investigación e inteligencia del Estado, aseguró
que no son agentes de la ATIC los que participaron en el crimen de los
estudiantes.
Ante
los últimos cuestionamientos, la ATIC se definió ser un ente técnico
que se ha convertido en el brazo fuerte de la Fiscalía y que goza del
respaldo de la comunidad nacional e internacional.
Ayer
en un programa televisivo el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y
Pandillas (FANAMP), Amílcar Hernández, dejó entrever que los
estudiantes del Técnico Honduras eran miembros de maras y pandillas. De
acuerdo a la lógica de Hernández, la vinculación de los muchachos con
las maras y pandillas, se puede constar en las publicaciones que hacían
en las redes sociales.
“Sólo
es de ingresar a las páginas de Facebook y ahí puede usted determinar
cómo andaban estos jóvenes”, dijo temerariamente el director de la
FANAMP.
Hasta
el momento el director de la ATIC, Ricardo Castro, no se ha pronunciado
sobre el tema. Sin embargo, Casa de Gobierno emitió ayer domingo un
comunicado en el que asegura que en el crimen de los estudiantes no
participaron agentes de la ATIC. Curiosamente el gobierno hace la
aseveración sin haber efectuado ningún proceso de investigación y a la
vez sustenta que la agencia de investigación es “un ente organizado
eminentemente técnico y científico que en los últimos años se ha
convertido en el brazo fuerte y eficiente del Ministerio Público”.
Para
el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, las aseveraciones de
Fusina y del gobierno son desafortunadas porque no pueden asegurar que
los hombres que ejecutaron a los estudiantes no son agentes de la ATIC
sin antes hacer una investigación.
Ruelas
dijo que por los elementos que rodean el hecho, el caso de los
estudiantes es una ejecución “arbitraria, extrajudicial”, porque los
jóvenes fueron sacados de una vivienda sin mediar conflicto y porque
luego, para ser vistos, fueron encontrados ejecutados con balazos en la
cabeza, atados de pies y manos y con señales de tortura.
Añadió
que lo que se espera de la autoridad es una repuesta con altura y
responsabilidad, “pero lo que recibimos es una respuesta infantil”, ya
que hasta el momento la respuesta de la ATIC es que no son sus agentes
los que están involucrados en el caso.
Hasta
el momento el Estado lo que ha dicho es, “yo no fui, fueron falsos
agentes”, pero entonces, “la pregunta es cómo lo saben si estaban
encapuchados, cómo lo saben si no han hecho la investigación a fondo.
El
protector de la niñez y juventud en riesgo social, apuntó además que
las acciones del gobierno, son un intento por lavar la cara de una
institución gubernamental, olvidándose del problema central, que es el
crimen de los estudiantes.
ESCUADRONES DE LA MUERTE
En
medio de la polémica, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya
Rosales, emitió un comunicado en su condición de coordinador del Partido
Libertad y Refundación (Libre) en el que establece que en el país
existen escuadrones de la muerte y que bajo las órdenes del régimen de
Juan Hernández, asesinaron a los estudiantes.
No
es la primera vez que Zelaya Rosales hace estas fuertes aseveraciones,
lo hizo hace más de dos años. En esta oportunidad ha demandado una
investigación independiente formada por personalidades fuera el ámbito
gubernamental, dirigidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Hasta
este lunes en horas de mediodía, la representante de la OACNUDH en
Honduras, María Soledad Pazo no se había pronunciado sobre el tema.
Noticia Relacionada: ¿Qué se esconde detrás de la muerte de la jefa regional de la ATIC?
ANTECEDENTES DE LA ATIC
El
11 de junio del presente año se produjo la muerte misteriosa de la
agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández Mancía. La joven de 28 años
venía trabajando desde hace tres años en la unidad de investigación y
estaba asignada en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán.
Paradójicamente, inició como investigadora de crímenes en la Unidad de
Homicidios.
Su
caso ha sido envuelto en un velo de misterio. Por un lado, el director
de la ATIC, Ricardo Castro alega que la joven se suicidó; en tanto la
directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, sostiene que el
informe forense establece que el caso de Hernández Mencía es un
homicidio.
Cuando
se comenzó a ejecutar la tercera operación “Avalancha” de la ATIC en
contra de la MS – 13 y en la semana de su muerte, Sherrill procesaba y
coordinaba información confidencial. Algunas evidencias de casos se
embalaron para ser trasladadas a San Pedro Sula y Tegucigalpa.
En este caso se presume el involucramiento de los mismos compañeros de la ATIC.
A
finales de junio, la directora de Medicina Forense denunció ante el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que por el manejo
del crimen de la investigadora de la ATIC, había recibido amenazas a
muerte.
Una
fuente reveló a este medio de comunicación que la ATIC estaba
“infiltrada” por la MS-13 y que ya existían muchos crímenes cometidos
por sus agentes.
Hace
tres semanas dos hombres fueron acribillados en horas del día en una
gasolinera en San Pedro Sula por hombres con indumentaria de la ATIC.
Otro
notorio crimen que pone en entredicho al sistema de seguridad y
justicia en Honduras, es registrado contra Sara Yesennia Castillo, una
joven de 15 años, quien fue capturada el 21 de julio por agentes de la
ATIC, acusada por el delito de tráfico de drogas. De acuerdo a la ficha
presentada por la agencia de investigación, la joven era integrante de
la pandilla 18 y residía en la colonia Tiloarque de Comayagüela.
Castillo fue encontrada ejecutada ayer domingo en una plantación de caña
en el municipio de Villanueva, Cortés en el norte de Honduras.
Al
momento de su captura, la ATIC presentó a la joven ante los medios de
comunicación y difundió sus fotografías en los medios de comunicación y
redes sociales, pese a que el Código Penal prohíbe la exposición de los
menores de edad.
Los Ecos del Secreto
Diálogo con sangre y terrorismo de Estado
por Juan Almendares
Opinión
04/09/2018
16 de mayo de 2018: Declaraciones de Donald Trump: “Los Migrantes (hondureños) no son personas, son animales”.
16
de julio: Haide Fulton embajadora de Estados Unidos en Honduras indicó
que la visita del alto jefe militar de su país una muestra de la
perdurable relación de seguridad entre Estados Unidos y Honduras.
17
de agosto de 2018: La Presidencia de Honduras ha declarado “Información
Reservada” las licencias ambientales y estudios técnicos y todo trámite
ambiental, según publicación de La Gaceta, viernes 17 de agosto de 2018
28 de agosto de 2018: Firma del diálogo entre los partidos políticos sin la presencia del partido Libre
1
de septiembre: Asesinato de los dos Jóvenes Estudiantes, Mario Suárez y
Gerson Medina de 18 y 19 años crímenes de los estudiantes, Mario Suárez
y Gerson Medina, de 18 y 19 años, escandalizó a la sociedad luego que
trascendiera un video de supuestos agentes de la ATIC deteniéndolos.
2
de septiembre: asesinato del joven universitario Kevin Mencía Orellana
quien era integrante de un Movimiento estudiantil de la Unah-vs http://www.laprensa.hn/hondura
Honduras
ha sido considerado el país más violento del mundo tomando como
indicador la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin
embargo, esta aseveración está basada en una premisa falsa que asume que
los seres más violentos del mundo son los de la población hondureña,
particularmente los jóvenes.
A
nuestro modo de entender la violencia de Honduras es estructural,
histórica y tiene una profunda relación en las últimas décadas por la
ocupación militar norteamericana: neocolonización y las doctrinas de
seguridad nacional diseñadas por el Pentágono y las dictaduras militares
de America Latina.
En tal
sentido, a partir de la década de los ochenta se inicia la ocupación
militar económica, política, cultural, mediática y religiosa del país
con los consecuentes actos de corrupción y narcotráfico, Irán contra
Gates y la utilización histórica de nuestro territorio por la CIA y el
Pentágono para que nuestros soldados sean mercenarios y aliados a las
tropas invasoras, como en 1954 para agredir a Guatemala, en los años
ochenta y noventa para servir de campos de entrenamiento de las tropas
nicaragüenses y salvadoreñas así como el envío de soldados hondureños
para invadir la República Dominicana e Irak.
A
partir del golpe militar orquestado por Estados Unidos y la derecha
latinoamericana estadounidense y europea, progresivamente Honduras se
convierte en un Estado Militar Policial punitivo y persecutorio
(seguritización “securitization”, en inglés, del Estado) con reducción
de los gastos sociales como educación, salud y con prioridad los gastos
militares consolidándose el neoliberalismo, una de las formas extremas
de la violencia del capitalismo.
Es
paradójico que tanto el gobierno de Estado Unidos y sectores
importantes de la comunidad internacional consideran a Honduras una
democracia cuando, desde el punto de vista fáctico y real, es una
democracia con ocupación militar donde los militares que dieron el golpe
de Estado participan en las elecciones y los que garantizan las
elecciones son los propios militares golpistas.
A
pesar de que esto es un secreto a voces se hace caso omiso la OEA y sus
instituciones de derechos humanos guardan silencio ante los crímenes
cotidianos donde reina una impunidad de más del 90% y la politica
criminal del Estado se caracteriza por una construcción multimillonaria
de cárceles de máxima seguridad donde se practica en forma cotidiana la
tortura y sirven como bodegas para colocar a los presos políticos. Por
otra parte, las nuevas formas de Policía Militar que ponen en práctica
la doctrina de Seguridad Nacional, asesinan a los jóvenes, niños, niñas,
violan a mujeres y la excusa tradicional es que no hay suficiente
dinero para fortalecer la seguridad y el Ministerio Público.
En
consecuencia de lo anterior, las altas violaciones a los derechos
humanos y los altos niveles de corrupción están en correspondencia con
la política del Pentágono y la militarización de la sociedad hondureña.
Una
de las formas de ocultar esta realidad es a través de leyes perversas
donde todo lo que pongan en evidencia la crueldad de este sistema es un
secreto de Estado.
En
estas consideraciones vale la pena mencionar que es un secreto de Estado
no informar de los gastos confidenciales del Ejecutivo, el Congreso y
otras dependencias del Estado, y ahora con la información reservada con
licencias ambientales es una forma de impunidad para ocultar la
corrupción y también no llegar a la verdad sobre grandes crímenes que
han ocurrido por la acumulación capitalista, por desposesión y desalojo
que afecta profundamente a las zonas indígenas, campesinas y a
pobladores.
La sociedad política está “acorazada de coerción” o sea se ha producido la romanización de la Politica Militar.
La
hegemonía corresponde a una agenda patriarcal imperial que utiliza los
medios de comunicación, los aparatos de inteligencia, las instituciones
educativas particularmente la universidad y el nivel secundario, así
como también la teología fundamentalista para preparar el terreno,
criminalizar la protesta de la niñez, la juventud y justificar
posteriormente las masacres de estudiantes y jóvenes a nivel nacional.
Una
de las formas de descarar esta realidad y hacer ver a Honduras un país
democrático ha sido la estrategia de entrenamiento mediático, una agenda
patriarcal es imperial de un diálogo entre fuerzas políticas cuando
simultáneamente están ocurriendo el hambre, la miseria, el terrorismo de
Estado, tortura y asesinato mas de jóvenes por eso calificamos este
diálogo con sangre y terror.
Nosotros consideramos que la muerte programada de Honduras es responsabilidad del Estado Policial Militar y el Pentágono.
Por
lo tanto, planteamos a la comunidad nacional e internacional que
tenemos como tarea fundamental desmantelar la ocupación militar, luchar
contra esta guerra no declarada contra el pueblo, y que sean todos los
sectores conscientes amantes de la paz y de la justicia los que
levantemos las manos y las voces en protesta contra este gran crimen que
está gestando el Pentágono y el Estado Militar Policial que golpea a
Honduras y a todo el corazón de la humanidad.
Tegucigalpa, Honduras, 3 de septiembre del 2018
Se calla en Honduras, Trump en su laberinto
¿Más
con qué cara va a venir a denostar el gringo al nativo, por un uso
deshonesto de fondos de campaña, si él andaba por allá pagando hetairas
con las contribuciones? Lo que pasa es que ya sin Trump ahí, para
escogerlo y sostenerlo, quién podrá defender a JOH?
Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
¡Hoy
si papa!, tiene que preocuparse JOH, porque el hombre de verdad, el que
decidió que fuera por segunda vez Presidente, está él mismo en aprietos
y luce como un elefante balanceándose para buscar una salida del
laberinto que ha construido sobre la tela de una araña letal de tantas
mentiras. Aun si, aquí quieren esconderlo. Susurran ¿sucederá lo
inimaginable que ya sin embargo ha sucedido?
En
lucha desigual, la institucionalidad defiende su dignidad contra la
indebida influencia, dice hoy el Fiscal Sessions, a quien sus
congresistas de Trump le han dicho que no lo toque. Cuidadito.
Aunque
sus fanáticos (y va a tener fanáticos Trump hasta el final, como los
tuvo Hitler) no darán su brazo a torcer, hay conciencia general
ciertamente del problema de Trump. La prensa se alzó en armas y se
rehúsa ya a colaborar, posando de “fake news”. Una valla estacada a la
vera de una carretera en Nueva Jersey reza con casi expiación
desesperada, ¡Nuestro líder!/ ¡el idiota! Y su ex secretaria privada “La
Omarosa” acaba de publicar un libro en que lo acusa de racista,
machista, voluble y violento.
Mientras
los voceros oficiales se esmeran en desprestigiarla y en controlar los
daños derivados del proceso judicial. El spin imposible. Como
desprestigiar quieren también a quien por décadas, fue el hombre de los
trabajitos sucios, su abogado personal, Sr. Cohen. Que antes decía ¡que
Trump no sabia nada!
Por
ahora, los votos republicanos de calidad siguen alineados. No hay
ninguna seguridad de lo que va a pasar en los cruciales comicios de
noviembre en los EUA, las elecciones llamadas del medio del término o
período, que definirán el control partidario en el Congreso. En efecto
un poder independiente que en múltiples ocasiones de su historia ha sido
capaz de poner coto al exceso presidencial y aun, en un par de
ocasiones, ha destituido a un Presidente en funciones.
El último Richard Nixon en un juicio político, fundamentalmente por esconder información
sobre sus actividades de espionaje interno. Pero últimamente, los
jerarcas del Partido, han estado recomendando en forma pragmática a los
candidatos republicanos… que tomen distancia de Trump, es decir, si
quieren flotar. Que se aparten de las canalladas y cochinadas que cada
día salen a la luz. ¿Qué culpa tendrá el día?
Cualquiera
diría que todo esta ya perdido, dada la cantidad de macaneos que se
traen la hueste y su cabecilla alrededor del planeta, los tratados
denunciados, comerciales o ambientalistas, o aun militares, los
desafueros en la frontera contra los derechos humanos, los fracasos
manifiestos en materia de política exterior, en la cual no se ha
concretado nada, ni Maduro, pero se ha puesto tanto en riesgo, la
volatilidad de la guerra comercial con China y la riña con Canadá y sus
amigos europeos.
Internamente,
dadas las amenazas contra el voto y la desprotección de los recursos no
renovables hay enojo. Pero no. El desempleo ha bajado sustancialmente y
a muchos y a la base de Trump les importa más, entienden eso más
concretamente que su volatilidad. A ellos les habla “el Bucloso” cuando
proclama como todo un Calígula que después de él, el diluvio o el
incendio. ¡Si me sacan, los asolará la pobreza! Llegarán ¡los bárbaros
del Sur! ¡Pudiera llegar Mel!
Estamos
obligados -eso si- a entender que, mientras al Sr. Manafort, Jefe de
Campaña del actual mandatario el año antes de la elección, a quien Trump
acaba de llamar repetidamente en público un buen hombre, honesto y
valiente (y ha insinuado ¡que lo va a perdonar!) acaba de ser condenado
por un gran jurado a decenas de años de prisión como culpable de fraude
bancario y otros malos manejos financieros. Y aun sus correligionarios
le advierten a don Donaldo contra su anunciada tentación de amnistiar a
Manafort, que aun puede ser sometido a más presión.
A
más acusaciones más graves. Mientras que el abogado de muchas décadas
del Sr. Trump, el Sr. Cohen acaba de aceptar, antes de ir al juicio, que
por instrucciones del actual Presidente de los EUA le hizo pagos de
varios cientos de miles de dólares, o sea muchos millones de lempiras, a
un par de connotadas prostitutas, no para honesto ejercicio del sexo
urgente, si no para el cínico ocultamiento, para que en la campaña y
para evitar la repercusión, callaran ante el ávido morbo el hecho de que
mantuvieron largas relaciones sexuales con Trump, estando éste recién
casado ya con Melania.
Confrontada
inclementemente con estos datos, la portavoz de La Casa Blanca (¿quién
no la compadece a Sanders?) proclama ayer en la Conferencia de Prensa
rutinaria que El Presidente no ha hecho nada malo. No ha sido implicado!
Y no hay cargos criminales en su contra. Y no hay aún. Ni nada ilegal
en disfrutar del sexo profesional, supongo, aun si yo prefiero el
amateur, naif.
Recuerdo -con cariño- a un ex primer ministro canadiense que protegía – públicamente-
a su joven y fiel amante inteligente. Asistía con ella a los eventos y
caminaba con ella en las calzadas. A mi me gustan. No soy yo quien va a
criticar a ningún caballero porque le gusten las damas, aunque difiera
en el estilo y los afeites. Pero haciendo a un lado los jugos
hormonales, ¿de verdad no hay nada malo en comprar -con fondos de
campaña cívica- un ocultamiento de una información pertinente, sobre el
carácter de un candidato a la suprema magistratura de la mayor
democracia del mundo, sobre su hipocresía, y su mal gusto?
Será
que acaso, de haberse conocido estos hechos, los que también calló por
una coima la prensa amarillista, ¿no se hubieran abstenido de votar por
Trump o hubieran incluso votado contra él, muchos estadounidenses de la
llamada derecha cristiana, madre de los Reyes, poderoso movimiento
político fundamentalista que lo apoyó hasta el último día, lo ha seguido
defendiendo, aun con remilgos y se resiste a renunciarlo?
Trump
anduvo feliz la semana anterior, firmando y mostrándole al mundo ¡el
decreto ley que lo obliga a publicar los nombres de los políticos
centroamericanos investigados entre otras cosas por malos manejos
financieros de sus campañas!¡Va a ser como luchar contra la M.S. y el
Chapo!
¿Más
con qué cara va a venir a denostar el gringo al nativo, por un uso
deshonesto de fondos de campaña, si él andaba por allá pagando hetairas
con las contribuciones? Lo que pasa es que ya sin Trump ahí, para
escogerlo y sostenerlo, quién podrá defender a JOH? ¿Quién va a dar un
centavo por su alma de turista de la religión? ¿Quién le va a mantener
erectos y saludando a los chafarotes de plomo? ¿Quién le conservará fiel
a la derecha retardataria que también tiene intereses más allá de los
inmediatos y quiere sobrevivir a la debacle y a la empresa
estadounidense que pronto tendrá aquí nuevo procónsul?
Organismos internacionales váyanse y llévense todos los ladrones que les hacen el juego
Estamos hartas y hartos de este juego de los organismos internacionales y si van a seguir en lo mismo que se vayan de Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Organismos internacionales váyanse de mi país y llévense todos los
ladrones que les hacen el juego, váyanse ya no los queremos más en
Honduras, gritó Kathia Cooper, una madre y abuela indignada ante el
edificio de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
Les
dijo a los organismos internacionales “que no se engañen, porque
entendemos este juego en el que ellos se están prestando para querer
legitimar un gobierno total y completamente ilegitimo que perdió las
elecciones, pero que les hace el juego fácil a todas sus maniobras”.
Cooper
fue parte de una manifestación frente al edificio de las oficinas
regionales de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, hasta
donde llegaron para pedir justicia para los jóvenes que están siendo
asesinados supuestamente por los órganos represores del Estado.
Nota relacionada Organismos internacionales y periodistas discuten plan para frenar crímenes y ataques a libertad de expresión en Honduras
La
señora Cooper señaló que trabajó más de 50 años con el sueño y la
esperanza de heredarle a sus hijos y nietos un mejor país, pero hoy no
hay patria porque se la han robado y están dejando a los hondureños sin
patria, dijo.
Manifestó
con fuerza que se presentaron ante las naciones Unidas indignadas y con
dolor de ver cómo están asesinando a los jóvenes estudiantes por el
hecho de protestar y reclamar su derecho a la educación y a una vida
mejor.
